La Policía, hecha para la guerra,
viola, asesina y desaparece
ciudadanxs
Por Julie Turkewitz y Sofía Villamil. Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021.
Fue una fuerza hecha para la guerra, una que ahora ha encontrado un nuevo frente, en las calles de las ciudades colombianas, donde la policía ha sido acusada de tratar a los manifestantes civiles como enemigos del campo de batalla.
Las manifestaciones que empezaron hace dos semanas como un paro nacional debido a la molestia por una propuesta de reforma tributaria relacionada con la pandemia, ahora se han transformado en un grito colectivo de indignación por las acciones de la policía nacional del país. Los oficiales han golpeado, detenido y matado a manifestantes en los últimos días y en ocasiones han abierto fuego contra manifestaciones pacíficas y lanzado latas de gas lacrimógeno desde vehículos blindados, según más de una decena de entrevistas realizadas por The New York Times con testigos y familiares de los fallecidos y heridos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció en una entrevista el miércoles que algunos agentes habían sido violentos, pero dijo que no veía que el problema fuera sistémico.
“Ha habido actos de abuso de fuerza”, dijo. Pero “solo decir que podría haber alguna posibilidad de que la policía colombiana sea vista como un abusador sistemático de los derechos humanos, bueno, eso no solo será desleal, injusto, sino que no tendrá ningún fundamento”.
Sin embargo, los críticos afirman que la violencia y la creciente cifra de muertos son señales de que es urgente una reforma policial. Y el llamado para llevar la policía al frente ha removido a un país agotado con la guerra y las atrocidades causadas por paramilitares, guerrilleros y las fuerzas de seguridad.
“Ellos nos ven como el enemigo, sabiendo que somos ciudadanos”, dijo Alexis Medina, un manifestante de 29 años que dijo haber sido detenido por oficiales de policía que lo obligaron a beber su orina. “Tome o le tumbo los dientes”, dice que le dijeron.
Al menos 42 personas han muerto, entre ellos un oficial de policía dijo el gobierno el martes. Human Rights Watch y otras organizaciones dijeron que la cifra es posiblemente más alta.
“Es una policía muy buena para la guerra”, dijo Óscar Naranjo, un ex jefe de policía que ha impulsado una transformación al interior del cuerpo. Pero después que el país llegó a un acuerdo con su mayor grupo rebelde (las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) la sociedad cambió, dijo.
Antes del acuerdo, las protestas a menudo estaban estigmatizadas y eran asociadas con la guerrilla, dijo. El acuerdo, firmado en 2016, abrió un nuevo espacio para el diálogo político y la protesta y, al mismo tiempo, dio lugar a una generación que creyó que sería la primera en décadas en vivir en paz. Sin embargo, dijo Naranjo, la policía aún no se ha ajustado a este nuevo marco.
Indicó que la institución “tiene que acelerar su proceso para adaptarse a la nueva situación de posconflicto”.
En medio de la agitación, el presidente Iván Duque inició un diálogo formal con líderes de la sociedad civil y reiteró el “respeto a la protesta pacífica” por parte del gobierno y dijo que toda la violencia contra civiles y funcionarios públicos “deben ser investigadas y sancionadas”.
Pero en la entrevista, Duque aseguró que no creía que la policía necesitara una reforma significativa. Dijo que la policía tiene una política de “tolerancia cero” hacia el abuso y señaló el hecho de que el inspector general de la policía ha abierto al menos 65 investigaciones sobre presuntas faltas de conducta. La policía también suspendió a cinco personas, dijeron las autoridades.
Su ministro de Defensa, Diego Molano, que supervisa la policía nacional, ha dicho que la gente ha disparado a los agentes policiales, cientos de los cuales han resultado heridos. Culpó de los disturbios a los grupos armados que quedan, a quienes el gobierno identifica como “terroristas”.
“Las organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica”, dijo Molano.
Las imágenes de abuso policial de los últimos días han suscitado preocupación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y funcionarios en EEUU, que financia las fuerzas de seguridad desde hace años y atraviesa por su propia reflexión sobre la conducta policial. Las protestas que comenzaron hace más de dos semanas han dejado al menos 42 muertos.
La fuerza de policía de Colombia es una de las pocas (si no es que la única) en América que depende del ministerio de Defensa, junto con el ejército, un cambio que se dio en los años 50 después de un sangriento conflicto civil en el que partidos políticos rivales usaron a la policía para atacarse mutuamente.
En aquel momento, el gobierno buscaba profesionalizar y despolitizar la labor policial al consolidar un sistema fragmentado bajo una fuerza nacional, dijo Juan Carlos Ruíz, profesor y experto de seguridad de la Universidad del Rosario de Colombia.
Para inicios de este siglo, la policía se había convertido en un actor crucial en la estrategia de contrainsurgencia dirigida a erradicar a las FARC, en la que el ejército expulsaba a los rebeldes del territorio y la policía resguardaba ese terreno. La estrategia funcionó, obligando a los rebeldes a negociar. Y le valió a la policía “niveles muy altos de confianza ciudadana”, dijo Paul Angelo, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Pero desde el acuerdo de paz, poco ha cambiado dentro del cuerpo de policía.
Juan Manuel Santos, que era presidente cuando se firmó el acuerdo, había apoyado durante mucho tiempo el traslado de la policía fuera del Ministerio de Defensa. Pero la idea era impopular entre las fuerzas armadas, en parte porque la policía aporta dinero y recursos humanos al ministerio, dijo Angelo. Cuando Santos firmó el acuerdo de paz, le quedaba poco tiempo en el cargo y aún menos capital político. El cambio nunca se llevó a cabo.
Ahora, los defensores de la reforma de la policía presionan de nuevo para que la fuerza de 140.000 integrantes pase del Departamento de Defensa al Ministerio del Interior, y para priorizar la formación en Derechos Humanos, limitar el armamento y juzgar a los agentes que cometen delitos en tribunales ordinarios en lugar de cortes militares.
En una entrevista, el jefe de la policía nacional, el general Jorge Luis Vargas, dijo que se había presentado un plan de reforma al país a principios de este año. Sin embargo, comentó que la policía no debería salir del Ministerio de Defensa.
“La situación de narcotráfico y de grupos al margen de la ley en este momento no lo permite”, dijo, calificando estos temas como “el principal problema de Colombia”.
Las protestas del paro nacional comenzaron a finales de abril, cuando Duque propuso una revisión de los impuestos para ayudar a completar un déficit fiscal exacerbado por la pandemia. El país ya estaba en vilo: después de un año de restricciones relacionadas con la covid, el brote no hacía más que empeorar, junto con la pobreza, la desigualdad y el desempleo.
Duque retiró la propuesta fiscal poco después de que comenzaran las manifestaciones. Pero después de que la policía respondió con fuerza pesada, las protestas no han hecho más que acelerarse. En algunos lugares, los manifestantes han bloqueado las principales carreteras, impidiendo el paso de alimentos y otros productos.
Cali, la tercera ciudad más grande del país, ha sido el escenario de algunos de los peores actos de violencia. El 3 de mayo, la policía abrió fuego contra manifestantes pacíficos que habían salido a una vigilia para conmemorar a otros muertos en las manifestaciones, según tres testigos entrevistados por The New York Times.
Claudia Vásquez, de 48 años, relató que la noche comenzó con velas y oraciones, hasta que los helicópteros empezaron a rugir sobre sus cabezas, iluminando con un reflector gigante a los asistentes, muchos de ellos niños y personas mayores. Luego llovieron gases lacrimógenos. Los policías llegaron en motos, dijo, “y les dieron bala”.
Entre los muertos estaba Kevin Agudelo, de 22 años, que quería protestar contra la “desigualdad social” y la “falta de oportunidades”, dijo su amigo de infancia, Jesús Giraldo, también de 22 años.
Agudelo había crecido en un barrio pobre, había ido a la escuela pública, y aspiraba a estudiar en una universidad local, pero no tenía los medios, dijo Giraldo. Había estado trabajando en una tienda de artículos para el hogar y tratando de ahorrar.
“Él está muy joven”, dijo Giraldo. Que “todo lo que uno aspira en la vida, cortárselo así tan bruscamente a esta edad, me parece demasiado injusto”.
Parte del desafío para la policía ha sido el tamaño de las protestas, que han atraído a miles de personas a las calles casi todos los días durante las últimas dos semanas.
El país cuenta con una fuerza policial antidisturbios, conocida como ESMAD, o Escuadrón Móvil Antidisturbios, cuyos agentes están entrenados para hacer frente a grandes multitudes. Llevan un pesado equipo antibalas y no se les permite llevar armas letales, dijo Ruíz.
Pero las manifestaciones fueron tan grandes que la policía nacional intervino como refuerzo. Sus agentes llevan muy poca protección, y portan pistolas con munición real.
Cientos de personas han resultado heridas por los agentes, según Temblores e Indepaz, organizaciones de Derechos Humanos de Colombia.
Entre ellos está Juan Pablo Fonseca, de 25 años, un estudiante de cocina que salió a protestar en Bogotá, la capital, el 1 de mayo. Cuando la policía empezó a lanzar gases lacrimógenos, trató de escapar, dijo. Entonces se dio la vuelta y se encontró cara a cara con uno de los agentes del ESMAD con blindaje corporal.
“Apuntó y disparó”, dijo Fonseca, quien perdió el ojo por una lata de gas lacrimógeno.
Temblores e Indepaz han recibido más de mil informes de detenciones arbitrarias durante las protestas. Human Rights Watch dijo que varias personas han sido golpeadas mientras estaban detenidas.
“Nunca he visto a la policía incurrir en este nivel de brutalidad sostenida en toda Colombia”, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de América de la organización. “A menos que el presidente Duque cambie de rumbo, estos recientes acontecimientos perjudicarán aún más la posición de Colombia en Washington y Europa”.
Entre los heridos está Johan Moreno, de 27 años, abogado en el departamento de Santander, cerca de la frontera nororiental del país. El 4 de mayo, Moreno se puso un chaleco gris en cuyo bolsillo se leía “equipo jurídico” en letras naranjas y salió a documentar la violencia en las calles. Cuando varios agentes lo rodearon, levantó las manos y les dijo que era un “defensor de derechos humanos”.
Eso no lo protegió. Los policías lo tiraron al suelo, lo patearon, lo agarraron por el cuello y le golpearon la cabeza, contó.
Lo que más recuerda, dijo, son las palabras del capitán, mientras perdía y recuperaba la consciencia. “Usted no es un defensor de derechos humanos”, dijo, según Moreno, “usted es un [improperio] guerrillero y le voy a enseñar a que se desmaye de verdad”.
Fuente: PaCoCol
El Gobierno elige a exinsurgente
como gestor de paz con la guerrilla
del ELN
Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021.
ELN expresó en un comunicado del 12 de mayo que las declaraciones del Gobierno sobre un diálogo son una «cortina de humo». | Foto: PL
Se cumplen cinco años del asesinato de Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en Honduras. ¿Consideras que se haga justicia en el caso cuando falta saber quiénes son los autores intelectuales del crimen?.
El rapero Pablo Hasel está en prisión, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía. ¿Considera que este caso va en contra de la libertad de expresión?
El Ejecutivo designó al exinsurgente Gilberto Astudillo como gestor de paz para acercarse con la insurgencia del ELN.
El Gobierno colombiano anunció este domingo la designación del exinsurgente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Tulio Gilberto Astudillo Victoria —conocido como Juan Carlos Cuéllar— como gestor de paz para gestionar espacio de diálogo con ese grupo armado.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseveró que la decisión fue tomada por el propio presidente de la nación, Iván Duque, por medio de la resolución 099 de este 16 de mayo de 2021.
Se espera que Cuéllar “contribuya con su conocimiento y experiencia en la estructuración de estrategias y acciones para la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación» del país, dijo Ceballos ante la prensa nacional.
Actualmente, Cuéllar permanece recluído en la cárcel de Jamundí, luego de que la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de la cúpula del Comando Central (COCE) del ELN por el secuestro masivo de 64 personas en septiembre del año 2000 en Cali.
El Gobierno colombiano suspendió en febrero de 2019 los diálogos de paz con el ELN, luego de que la insurgencia se adjudicara el atentado con coche bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, hecho que dejó un saldo de 22 víctimas mortales y 60 heridos.
ELN emitió un comunicado en que desconfía de la voluntad verdadera para el diálogo por parte del Gobierno de Iván Duque.
Por su parte, ELN ha reiterado en varias ocasiones que Cuéllar no los representa, y expresó mediante un comunicado el pasado 12 de mayo que considera los anuncios de acercamiento del Gobierno «una cortina de humo».
El pasado 11 de mayo, el Gobierno colombiano anunció también haber sostenido acercamientos con el ELN en pro de una voluntad de paz y desmovilización.
El Gobierno Duque acelera los acercamientos en medio de masivas protestas que ya cumplen 19 días en Colombia, donde los ciudadanos exigen el cese de la violencia y un modelo más justo y equitativo.
Relato de las noches: represión en
Bogotá
Resumen Latinoamericano/Colombia Informa, 16 de mayo de 2021.
15 may, CI.- Como ya es costumbre, una nueva noche de represión se vivió en la capital del país el pasado 12 de mayo. De forma casi sincrónica, los distintos puntos de manifestación fueron intervenidos por la Fuerza Pública de forma violenta.
La movilización que se encontraba en el Parque Nacional desde las 8 de la mañana, se movió a la Plaza Bolívar y la mantuvo permanentemente llena hasta las 6:30 de la tarde. A esa hora llegó el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y arremetió contra las y los manifestantes. Luego de esto, en el Norte de la ciudad (exactamente en el Portal de Suba) la movilización que se congregó allí fue dispersada por los uniformados. Así mismo ocurrió en el sector del Portal 80 y Monumento a los Héroes. En este último lugar, el arte había sido el protagonista de esa jornada. h
En el Sur de la ciudad la situación no era distinta. En la localidad de Usme, los jóvenes se congregaron en el Puente de la Dignidad –como fue rebautizado este lugar en el sector de Santa Librada– en una manifestación que sobre las 8 de la noche fue intervenida por la Policía. Las personas que allí estaban fueron perseguidas por las calles de los barrios aledaños, sitio en el que ciudadanos denunciaron que se escucharon disparos de arma de fuego. Por último, en el sector de Portal Américas fue reprimido sobre las mismas 8 de la noche.
El Portal Américas
Este ha sido uno de los puntos de congregación constante en estos 18 días de Paro Nacional. Las y los jóvenes han sido los protagonistas, manifestándose de forma pacífica y creativa. Incluso crearon el Espacio Humanitario Al Calor de la Olla, que tiene como fin evitar que el Portal sea utilizado como centro de tortura y violencia.
Sobre las 8:30 de esa noche, las y los manifestantes fueron dispersados y fuertemente reprimidos por los agentes. Violaciones de Derechos Humanos, varios heridos e irregularidades en el accionar de la Policía fue el resultado. En medio del cubrimiento en el lugar (que quedó registrado en un envivo), un joven fue golpeado brutalmente por varios policías cuando se encontraba afuera de un local comercial. Los uniformados, al percatarse de la presencia de la prensa, detuvieron la agresión dejando al joven golpeado en un andén.
La persecución era constante en la zona. Entre las cuadras del barrio Chicalá y Villa Anita los manifestantes eran acorralados por grupos de motorizados que buscaban capturar, atemorizar o golpear a quien estuviera en el lugar. En el video en vivo en la red social Instagram, quedo también evidencia de cómo a pesar de ser esta una zona residencial, el Esmad disparaba gases y aturdidoras, causando daños materiales en la infraestructura y en la salud de los habitantes.
Hacia el final de la jornada quedaron grabados los tiros director que hizo un motorizado dela policía contra un manifestante. El policía se devolvió e intentó nuevamente disparar contra un grupo de mujeres que estaban en el lugar, pero al observar que había prensa en el lugar se abstuvo de atentar contra ellas. Recordamos que muy cerca a este mismo punto, en la noche del 10 de mayo y por un tiro directo realizado desde una tanqueta de la policía, fue herido nuestro corresponsal.
Con este mismo patrón fueron agredidas defensoras de DD.HH. y personal de primeros auxilios, quienes en medio de un procedimiento de verificación de un detenido fueron atacadas con bolillos, bombas aturdidoras y gases lacrimógenos; dejando el saldo de una defensora golpeada en varias partes de su cuerpo.
Al acercanos a este sitio, varios habitantes del sector denunciaron que en esos días habían motos de la policía sin placa y uniformados con las chaquetas al revés en la zona. Según relataron, la policía hostigó al personal de Derechos Humanos, institucional y prensa que estaban en ese sitio verificando la captura de un joven.
En una rueda de prensa el 13 de mayo, varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, concejalas y concejales condenaron el silencio de la Administración Distrital, en cabeza de Claudia López, ante los múltiples casos de violencia policial que se han presentado en el marco del Paro Nacional.
Según reporta la Campaña Defender la Libertad, solo en Bogotá hay dos personas asesinadas presuntamente por el accionar de la policía (Dylan Barbosa fue arrollado por una tanqueta del Esmad y Daniel Zapata fue herido en su cráneo por un gas lacrimógeno), ocho casos documentados de tortura, aterrizajes de helicópteros de guerra al interior del Portal de Transmilenio y el Colegio Claretiano de Bosa, y 28 heridos entre el pasado 28 de abril y este 11 de mayo.
Preguntas ineludibles
Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021.
En diversos escenarios se asume la reflexión sobre la fractura de la sociedad colombiana en forma de estallido social. Abordar esta discusión busca dar respuesta urgente a dos preguntas ineludibles: ¿Cuál es la caracterización de la crisis?, y ¿Cuáles son los escenarios de su salida?
Mientras Iván Duque se pasea orondo y remeda al gran burgués que paga su limosna con chapitas y botones, en diversos escenarios se asume la reflexión sobre la fractura de la sociedad colombiana en forma de estallido social. Abordar esta discusión busca dar respuesta urgente a dos preguntas ineludibles: ¿Cuál es la caracterización de la crisis?, y ¿Cuáles son los escenarios de su salida?
En ese contexto se puede analizar la crítica elaborada por Hernando Gómez Buendía para El Espectador, quien con la plena intención de desalentar el paro, afirma que las demandas costarían cerca de 81 billones de pesos, equivalentes a cuatro reformas tributarias. Esa valoración es un ejercicio manipulador en la línea de quienes solo ven el lado del gasto público y lo tratan como si fuera limosna para el pueblo.
Gómez Buendia como muchos otros intelectuales funcionan como aquellos borriquitos que aprendieron solo un camino y para no salirse del renglón se limitan a repetirlo. Para ellos, solo existe una situación en la que el trabajo es una cosa que se vende en favor de los más ricos, por ende les es imposible entenderlo como la contribución que todas las personas en edad de trabajar puede aportar a la sociedad. Aporte del que se benefician solidariamente todos y que es el fondo de donde proceden los recursos que financian el gasto público.
Resulta más bien interesante la intervención de Gilberto Tobón S. en el programa “Nos cogió la noche” en la que sostiene, de forma descarnada, que el país funciona con un capitalismo de pira en el que las instituciones del Estado son apenas un medio para los negocios de una pequeña élite.
Sin embargo, el claro diagnóstico de Tobón se deja arrastrar por el escepticismo al afirmar que aquí todos estamos corrompidos, lo que impide ver que el mismo paro está forjando formas de cambio. Podríamos citar tambien al exministro de hacienda Juan Carlos Echeverry, quien al recomendar la lectura del Ensayo Sobre la Ceguera de Saramago, identifica al país con una nación de ciegos, precisamente en un momento en que la reflexión crítica recorre calles y ciudades como nunca antes.
Caracterización de la crisis y posibles salidas
A tono con la situación, abordaremos aquí el tema de las posibles caracterizaciones de la crisis, mientras sabemos que miles de personas están abocadas a encontrar respuestas colectivas a los problemas, labor implementada en muchas ciudades y regiones del país en las Asambleas Populares. Como ya se sabe, el estallido se produjo frente a la iniciativa de la reforma tributaria de Carrasquilla, a lo que siguió el incendio del país logrado por la presidencia bicéfala de Uribe-Duque, al dar un tratamiento militar al descontento popular.
Este diagnóstico se limita a la existencia de una crisis fiscal bajo la disculpa que en 2020 se habría gastado mucho en subsidios. Requiriéndose tapar el hueco para evitar que las calificadoras de riesgo lo rajaran y que la estabilidad macro se viese trastocada. A lo anterior se sumó un discurso de apariencia social, tendiente a reducir la pobreza, cuando en realidad quería contener la potencial explosión social. Desde el gobierno ya se habia caracterizado y por eso adelantaron importantes inversiones para la represión.
Luego de 17 días del paro, siendo menos capaces que los borriquitos –con disculpas a estos-, hoy siguen afincados en la posición de la crisis fiscal y es por eso que la mesa de negociación la asumen como un escenario para desactivar el paro, tal como han urgido con su llamado la ANDI y el Consejo Gremial.
Reactivación de la protesta social
La actitud guerrerista del “dúo incendio” logró activar la protesta que había quedado congelada a fines de 2019. Momento en el que ya se había evidenciado una crisis social con muchas facetas, que implican problemas como: pensiones, salud, empleo, educación, minero-energética, ambiental, productiva…, y la lista se amplía. También las discusiones habían mostrado lo fatuo de hacer cuentas sobre cuánto costarían las demandas sociales, pues la amplia lista (104 puntos del pliego de emergencia) evidencia que todo el ordenamiento del país es el que falla. Es por eso que la posible salida exigía de un conjunto de nuevas leyes y reformas que reordenasen el país.
La crisis social sería, al menos, producto de las leyes con las que se implementó la Constitución de 1991 y que darían paso al “modelo” neoliberal. Ese modelo convirtió en mercancías servicios esenciales para la reproducción de la vida en sociedad como salud, educación, pensiones, vivienda… Además, sumó ventajas legales que han permitido a empresas capitalistas reducir sistemáticamente y con facilidad el salario y facilitó la entrega indiscriminada de recursos naturales a multinacionanes, sobre todo extranjeras, a las que se les anima cobrándoles mínimos impuestos.
Al sumar la venta de estas mercancias y los montos de esas ventajas, durante treinta años, fácilmente se encuentra la fuente de los más de treinta mil millones de dólares que tienen como capital legal los grandes grupos, a los que se deben sumar los 52 mil millones de dólares que tienen algunos colombianos en cuentas en el extranjero, y que incluso el exministro Cárdenas Santamaría llamó a echarles el ojo.
Sí las políticas neoliberales hubieran causado la crisis social, esta sería el reporte de que este «modelo» no funciona. En ese sentido se requeriría cambiarlo porque promueve la riqueza especulativa bancaria –como la de Luis Carlos Sarmiento-, desincentiva la producción nacional, y genera desigualdad y pobreza. En su lugar, sería más adecuado un modelo de regulación capitalista que promoviese una mejor redistribución del ingreso nacional, la actividad productiva y que no descansase en el extractivismo que perjudica el medio ambiente y las poblaciones rurales mediante la guerra.
Pero aún hay más, porque los resultados anteriores solo habrían sido posibles debido a que el Estado ha sido capturado por una élite y usado en su exclusivo beneficio. Alcaldías, gobernaciones, Congreso, Gobierno Nacional, Fiscalía, Corte Suprema y todo el aparato judicial, son instituciones que hacen parte de un negocio, el de la industria de la corrupción, mediante el cual las empresas privadas se apalancan y se apropian de los recursos del presupuesto público, que en 2021 supera los más de trescientos trece billones de pesos.
La amplísima lista de los llamados “escándalos y carteles” son la clara evidencia de la forma mafiosa cómo se acumula el capital en el país. El capitalismo pirata del que habla Tobón. Por lo tanto, también habría una crisis de la institucionalidad del Estado, que genera una crisis de representación, o una crisis de legitimidad que justificaría la desobediencia civil en curso.
Ahora bien, si las instituciones estatales, que en el papel se definen como democráticas y de derecho, no representan a la ciudadanía. Lo que habría desencadendo el paro sería una crisis de gobierno en camino de ser una crisis de gobernabilidad. Es más, el gobierno bicéfalo es el principal agitador de las contradicciones sociales, no solo por tomar una posición cerrada y absurda para defender los privilegios de la élite mafiosa, sino por querer sostener ese ampuloso régimen mediante la violencia, antes que sobre el consenso.
La impericia del gobierno ha sido señalada por César Gaviria y hasta por la ANDI, que le tiró de las orejas y pidió que les cobre impuestos a ellos, que son los de la plata. Sin embargo, el mal olor del gobierno apenas distanció a los gremios, partidos y grandes medios de comunicación, pero aún lo rodean, pues saben que de ello depende la maltrecha institucionalidad.
Las reducidas y esquemáticas lecturas que hemos mencionado podrían evidenciar la crisis de un tipo de capitalismo: elitista, mafioso, y militarista, es decir de sello colombiano. Ese capitalismo se debe a la viejas herencias del pasado conservador y en consecuencia algunos se atreven a decir que se requiere más capitalismo, un nuevo tipo de capitalismo basado en la competencia e innovación y acompañado de instituciones vitalizadas por un real Estado de derecho democrático y social. Para ello, entonces, las reformas tienen que cubrir la institucionalidad estatal, afectar las reglas de juego del mercado y el capital, y forjar ciudadanos activos.
¿Más capitalismo?
Frente a los que piden más capitalismo u otro tipo de capitalismo, hay otros que argumentan que esa relación social es la causante de todas las problemáticas antes mencionadas. Situación que se expresa hace ya tiempo en crisis como las de 2002, 2008, o las de Grecia, Italia o Chile.
En Colombia, desde los años setenta el capitalismo tiene serios problemas para acumular capital a través de la explotación “normal” de la mano de obra, de ahí que, para sostener su rentabilidad intensifica la carta de bajar el ingreso de los trabajadores. Lograndolo en el largo plazo mediante el sometimiento violento del proletariado y las demás clases populares. Esa crisis estructural se manifiesta y acompaña de varias de las anteriores, pues las formas mafiosas y la utilización del Estado para beneficio de una élite son los mecanismos con los que se compensa la ineptitud e inviabilidad de esa relación social.
Así que de acuerdo a esa versión, no se trata de un asunto meramente sectorial, institucional, de ausencia de representación o de malas herencias, sino de un tema estructural. De allí que es el capitalismo el que debe ser superado y en su lugar se debería forjar una sociedad poscapitalista, que podríamos llamar socialista.
Siempre que por socialismo entendamos un proceso volcado a superar la explotación del trabajo y no algunos esperpentos capitalistas que se hacen pasar en su nombre. Se trata entonces de una sociedad en que la forma de producción material no entra en pleno choque con la democracia, como sucede bajo el capitalismo, y más bien permite su verdadera implementación en la historia, pues hasta ahora la democracia ha sido reducida a una ideología que habla de igualdad, cuando en la práctica existe todo lo contrario.
| Esquema de lecturas sobre la crisis | ||
| Tipo de crisis | Actor principal | Salidas |
| Crisis fiscal | Capital y gobierno | Reforma tributaria = 12 billones |
| Crisis sectoriales. (empleo, salud, pensiones, ambiental, productiva, educativa, pobreza) | Diversos sectores sociales y gremiales | Reformas parciales, y/o nuevas leyes. |
| Crisis de gobierno, o de régimen de gobierno uribista | Algunos partido políticos | Sacar a la ultraderecha y dar paso a fuerzas democráticas |
| Crisis de gobernabilidad | Algunas fuerzas de izquierda | Cambio en la institucionalidad |
| Crisis del modelo neoliberal | Algunas organizaciones sociales y movimientos de izquierda | Un modelo de redistribución del ingreso nacional que sea socialmente incluyente |
| Crisis del capitalismo | Algunas fracciones de izquierda | Poscapitalismo o socialismo |
Confundir en la caracterización de la crisis puede dificultarnos el diálogo y los posibles acuerdos sobre las salidas alternativas. En todo caso, se debe tomar en cuenta que no hay relación unívoca entre tipo de crisis y la salida que se produzca. Pues esto depende de la conciencia colectiva y de la alternativa organizativa que se forje en medio de ella. Por eso insistimos, que el pueblo colombiano ya ha empezado a allanar ese camino de las alternativas de salida mediante las asambleas populares, que probablemente desemboquen en una Asamblea Nacional Popular.
Cerramos aquí, pues en medio del paro no hay tiempo para tanta lectura. Advirtiendo lo esquemático de las visiones presentadas y notando que ellas ni son excluyentes, ni tampoco necesariamente complementarias.
Foto de portada: Getty Images
Fuente: Trochando sin Fronteras
Comité Nacional de Paro: El paro
nacional se fortalece, exigimos
garantías para negociar // Convocan
para el 19 día de protesta nacional
Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2021.
| Esos procesos de negociación pensamos que deben adelantarse con el Comité Nacional de Paro, con los sectores sociales movilizados, con los procesos regionales y locales en paro, y con la juventud y las diversas ciudadanías que están en las calles protestando / |
En respuesta a la comunicación del día sábado, suscrita por el ministro de Trabajo y el alto comisionado para la Paz, en la que se convoca a una primera reunión de la mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro, hemos acordado acudir, para tratar un único punto, las garantías y prerrequisitos para que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando, para que una vez sea acordado y verificado su cumplimiento se pueda dar inicio a las diferentes negociaciones.
La magnitud y gravedad de la violencia física, sexual y afectiva desatada contra quienes protestamos exige que ninguna persona más pierda la vida, su integridad física o su libertad personal en medio de las protestas. No es posible una negociación sin el cese de la violencia.
El Comité Nacional de Paro articula 26 sectores sociales del nivel nacional, 29 comités departamentales, y más de 300 comités municipales. Reconocemos que otros sectores sociales y de la ciudadanía se han sumado a la convocatoria de paro nacional, y por eso no pretendemos ni queremos asumir la vocería de toda la ciudadanía que se encuentra movilizada desde el pasado 28 de abril.
Acudimos a esta mesa de negociación con el propósito de lograr compromisos del Gobierno Nacional, ciertos y verificables, para el cese de la violencia y el ejercicio libre de la protesta, y para que avanzado en este tema se puedan abrir varios procesos de negociación que permitan resolver los reclamos que están expresando en la calle los colombianos.
Esos procesos de negociación pensamos que deben adelantarse con el Comité Nacional de Paro, con los sectores sociales movilizados, con los procesos regionales y locales en paro, y con la juventud y las diversas ciudadanías que están en las calles protestando. Aspiramos a que el Gobierno entienda la complejidad y se comprometa de manera seria y vinculante a detener la violencia y a abrir los diversos procesos de negociación.
Agradecemos a la comunidad internacional que ha expresado su preocupación con la violencia policial desatada contra los manifestantes, la falta de garantías para la protesta y que aboga por una solución negociada con el Comité Nacional de Paro. Reiteramos nuestro aprecio por el apoyo y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal con monseñor Héctor Fabio Henao; del jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu; de la jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julieth de Rivero.
La ciudadanía después de 18 días del inicio del paro nacional mantiene la extensión y la cantidad de movilizaciones pacíficas por todo el país, inmensas manifestaciones de dignidad que tienen que oírse, a pesar de la brutal violencia policial desatada, y que ha cobrado la vida de al menos 50 personas, ha producido heridas a 578, de los cuales 37 han recibido lesiones oculares, han detenido arbitrariamente al menos a 1430, han presuntamente desaparecido a 524, y han cometido violencia sexual contra 21 mujeres.
Esta violencia no se ha detenido, así lo muestra el demencial ataque del Esmad contra los jóvenes en Popayán, y muy especialmente la detención arbitraria y los abusos sexuales cometidos por la Policía Nacional en la ciudad de Popayán contra la joven Alison Méndez, lo que provocó posteriormente su suicidio. Este patrón de violencia policial contra las mujeres merece todo el repudio de la sociedad, así como la imputación de responsabilidad para los comandantes de Policía. La ciudadanía movilizada exige que se acabe el Esmad, la comunidad internacional a una sola voz reclama que se detengan los abusos y excesos de la Fuerza Pública.
El paro nacional continúa. Estaremos acordando corredores humanitarios que permitan el paso de la misión médica, de insumos médicos, alimentos esenciales y combustibles, etc. Convocamos a continuar la constitución y fortalecimiento de los comités de paro en todos los municipios y localidades movilizadas, a realizar asambleas populares, a llevar a cabo una gran caravana de solidaridad con los jóvenes y los sectores sociales movilizados en Cali, y con las mingas indígenas en todo el país.
Finalmente convocamos para el próximo miércoles 19 de mayo a una gran movilización, pacífica, todos a la calle, con nuestra bandera y la cacerola, con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad.
¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional!
«Agradecemos a la comunidad internacional que ha expresado su preocupación con la violencia policial desatada contra los manifestantes», puntualizó el Comité.
El Comité Nacional de Paro confirmó este domingo que las movilizaciones que ya completan 19 días seguirán suscitándose en el país con el objetivo de que cese la violencia y se efectúen los reclamos por un modelo más justo.
«Convocamos para el próximo miércoles 19 de mayo a una gran movilización, pacífica, todas y
todos a la calle, con nuestra bandera y la cacerola, con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad», indica el Comité en su comunicado.
La organización donde confluyen fuerzas sindicales, políticas, sexo diverso y universitarias, instó a la ciudadanía a seguir fortaleciendo los comités populares en cada zona de Colombia, «estaremos acordando corredores humanitarios que permitan el paso de la misión médica, de insumos médicos, alimentos esenciales, y combustibles», agregaron.
«Convocamos a continuar la constitución y fortalecimiento de los comités de paro en todos los municipios y localidades movilizadas, a realizar asambleas populares, a llevar a cabo una gran caravana de solidaridad con las y los jóvenes y los sectores sociales movilizados en Cali, y con las Mingas Indígenas en todo el país», detalla su pronunciamiento.
Frente a la representatividad en Colombia, el Comité explica que en la nación existen muchas fuerzas populares que se han sumado al cese de actividades ante las injusticias generadas desde el Ejecutivo.
«Acudimos a esta Mesa de Negociación (con el Ejecutivo) con el propósito de lograr compromisos del Gobierno, ciertos y verificables, para el cese de la violencia y el ejercicio libre de la protesta, y para que avanzado en este tema se puedan abrir varios procesos de negociación que permitan resolver los reclamos que están expresando los colombianos», indica el Comité Nacional de Paro.
Frente a los hechos de represión perpetrados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del Ejército, el Comité agradeció las muestras de solidaridad de la comunidad internacional, «nuestro aprecio por el apoyo y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal con Monseñor Héctor Fabio Henao, del jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, de la jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julieth de Rivero», acotan.
La organización no gubernamental Temblores presentó el balance realizado por la referida Plataforma sobre la represión, señalando que entre el 28 de abril y el 12 de mayo, en todo el país se reportaron 2.110 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, así como 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios y 1.055 detenciones.
Además, han recibido denuncias por 442 intervenciones violentas en medio de protestas pacíficas, 30 personas han sido víctimas de lesiones oculares, mientras que en 133 casos hubo disparos de arma de fuego, 16 víctimas de violencia sexual y tres por violencia basada en género.
Envio:RL
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