Buscan cambiar la lógica de explotación heredada del menemismo
Planes para la hidrovía que se viene
El Senado dio media sanción a la creación de la Comisión Bicameral de seguimiento y control de la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Cuáles son las opciones en carpeta.
El senado dio media sanción a la creación de la Comisión Bicameral de seguimiento y control de la licitación y el funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná. El proyecto fue votado por unanimidad y espera su turno para ser tratado en Diputados. "La unanimidad que se logró en la votación es el reflejo de la importancia que tiene”, expresó el senador Jorge Taiana. La concesión venció a fines de abril y se prorrogó por 90 días hasta que se defina qué hacer. Distintas propuestas para cambiar la lógica de explotación heredada del gobierno menemista.
Se prevé que la Bicameral estará integrada por seis senadores y seis diputados que podrán pedir a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de la Hidrovía que presenten informes a fin de monitorear y evaluar que el proceso se realice acorde al desarrollo armónico de la Nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente.
Podrá elaborar informes con propuestas concretas y auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía.
“Porque como ustedes saben, a través de un sistema de navegación troncal con la entidad que tiene el sistema de navegación del río Paraná, se cometen delitos, muchos de ellos de característica federal, que tienen que ver con la criminalidad económica. Estoy hablando del contrabando, la evasión fiscal, la trata de personas, pero también del narcotráfico", determinó la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun, redactora del proyecto.
La empresa Hidrovía S.A. administra, explota y controla desde hace 25 años la navegación de la principal puerta de entrada y salida de los granos (sobre todo soja) y materias primas que comercializa Argentina. Al igual que con las autopistas, las empresas de servicios públicos, YPF, y muchos etcétera, Carlos Menem y Domingo Cavallo privatizaron la obra permitiendo a las empresas concesionarias cobrar peaje por tonelada transportada a cambio del mantenimiento del dragado y balizado.
Se estima que se comercializan casi 100 millones de toneladas anuales y que la empresa belga Jan de Nul, asociada a la local Emepa de Gabriel Romero, factura 300 millones de dólares por año. En el Paraná también operan puertos privados de las principales empresas exportadoras de granos, como Vicentín. El Estado no controla.
Propuestas
"El sistema no puede quedar tal como lo dejaron Menem y Cavallo, bajo la lógica de privatizar a costa de desmantelar el aparato del estado, sin ninguna visión estrategia de la soberanía nacional", determina en diálogo con Página 12 Pedro Wasiejko, presidente de Astilleros Río Santiago.
El año pasado comenzaron a difundirse propuestas varias para cambiar la lógica de la explotación heredada del gobierno menemista. El propio Alberto Fernández junto al ex ministro de Transporte Mario Meoni anunciaron hacia fines del año pasado el "Acuerdo Federal por la Hidrovía" al que adhirieron los gobernadores de siete provincias involucradas y se trataba de crear por decreto una empresa estatal, Hidrovía Sociedad del Estado, para controlar la concesión de los trabajos de mantenimiento y profundización de la vía navegable en el río Paraná.
Esta iniciativa parecía quedar cada vez más lejos a medida que se acercaba la fecha de vencimiento del contrato y se confirmó el último 30 de abril cuando el gobierno extendió la licitación de manera precaria y temporal por 90 días más a la espera de una solución definitiva.
Quedó sin embargo el Consejo Federal de la Hidrovía integrado por los ministros de Interior, Desarrollo Productivo y Transporte junto con los gobernadores de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fé que recibió más de 70 propuestas para una futura explotación.
Las voces del complejo agroexportador, que destacan los logros obtenidos como el aumento de las exportaciones, del área sembrada y la eficiencia de las tareas de dragado y balizamiento que permitieron el transporte por el Río Paraná de mercaderías en buques de gran calado, difieren de las presentadas por el propio senador Taiana o el presidente de Astilleros Río Santiago.
"Lo que tenemos ahora es una situación transitoria por no haber hecho esto con tiempo. No es el mejor camino, había que tomar una decisión transicional: hacer caer la concesión de Hidrovía y ver el balizamiento y dragado y preparar una licitación de verdad con un debate serio para ver qué hacer con la vía central", reflexiona Jorge Taiana.
En vistas al futuro cercano, el senador recomienda hacer eje en cuatro puntos:
- Definir por dónde va a ser la traza por la que transiten los barcos desde el Río de la Plata hacia el mar. "Debemos definir una traza que sirva al interés nacional y no a los puertos privados de las transnacionales".
- Mecanismo de Control: hoy en día no existe un mecanismo de control estatal. Es decir no se sabe bien qué, por qué, cómo, dónde y cuándo se draga, ni cuál es el control que se ejerce sobre las empresas que usan el río.
- Cobro del peaje: hasta ahora es un sistema autopista, el peaje lo cobra quien concesiona. Taiana propone que lo haga el Estado, como sucede en otras partes del mundo. Actualmente se cobra por tonelada una tarifa plana de 3,60 dólares que es muy elevado. El control de toneladas transportadas se realiza en base a una declaración jurada que permite la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones y el contrabando.
- Definir prioridades: el desarrollo de la hidrovía debe estar acompañado por una estrategia de desarrollo de los puertos, sobre todo de los provinciales y de obras complementarias para para mejorar el río.
Pedro Wasiejko opina que la extensión de la concesión por estos 90 días "es prudente, y más con el lamentable fallecimiento del ministro. Sobre todo da tiempo a que el nuevo Ministro de Transporte evalúe las opciones y las lleve a cabo".
Si bien afirma que el modelo ideal sería que el consorcio se lleve adelante por una empresa pública, propone de manera pragmática algunos puntos y mayores precisiones sobre el planteo de Taiana:
- Varias licitaciones: que la concesión no sea a una única empresa, sea pública o privada. "Para el tramo Santa Fe- Confluencia, que por sus características y la de los barcos que la transitan implica una menor necesidad de dragado y capacidad de inversión, la figura ideal sería una empresa estatal", afirma y agrega que el resto del tramo se puede dividir entre el Paraná (desde Santa Fé al Río de la Plata), y el del Río de la Plata incluído el mantenimiento del Canal de Magdalena: "¿Por qué no hacer divisiones para mantenimiento y dragado y que compitan diferentes empresas?", se pregunta. Esta condición permitiría que el Estado argentino tenga mayor margen de negociación para pedir por ejemplo un mayor componente nacional tanto en los empleos como en la draga e incluso que se utilicen equipos con algún componente nacional.
Con respecto a los planteos antes mencionados por el senador Taiana, precisa que el Estado debe quedarse con una parte de lo recaudado en la explotación, y destinar un 2 por ciento a organismos de control y entre el 8 y 10 por ciento para obras complementarias que permitan el acceso de los puertos por donde pasa el río "y que no sea una autopista para algunos que pueden, sino para el conjunto".
Aún quedan 75 días para que se venza la extensión del último 30 de abril; 75 días de debate y de visibilización de las diferentes formas que puede tomar la explotación del río. Porque como aseguraba Alcira Argumedo, "no estamos discutiendo sólo sobre la Hidrovía, discutimos un modelo de país". Y Wasiejko refuerza: " Este puede ser el puntapié inicial para cambiar estructuralmente la matriz menemista. El año que viene vencen las licitaciones de sistema eléctrica y hidroeléctrica, y lo que aprendamos de esta situación puede prepararnos para el debate futuro".
"Yo no hubiese hecho una confrontación judicial con el gobierno nacional", dijo el gobernador
Clases presenciales: Gerardo Morales cargó contra Horacio Rodríguez Larreta y recalentó la interna macrista
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se metió en la puja entre Nación y Ciudad respecto a las clases presenciales, y criticó la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de recurrir a la Justicia para que no cerraran las escuelas en plena segunda ola de contagios. El dirigente radical también se diferenció del ala dura de Juntos por el Cambio y pidió tener “una mirada más dialoguista”.
“Yo no hubiese hecho una confrontación judicial con el gobierno nacional. Yo no hubiese ido a la Corte como fue Horacio Rodríguez Larreta porque hay que buscar diálogo y acuerdos para administrar la crisis”, expresó Morales.
En una entrevista con Fm Milenium, el mandatario provincial reconoció que “la judicialización en medio de la pandemia genera un tironeo donde solo pagan los platos rotos los chicos y las familias”.
Si bien remarcó que está en “total desacuerdo con parar las clases presenciales”, pese al aumento sostenido de casos de Covid-19 en su provincia y al fallecimiento de 14 trabajadores de la educación desde el regreso de la presencialidad en las aulas, Morales sostuvo que lo último que haría es "confrontar" con el Gobierno nacional por este tema.
“Lo que hacen las instancias de judicialización es romper puentes con el gobiernos nacional y esto no es aconsejable ya que las provincias no pueden trabajar solas”, señaló.
Proyecto de ley de emergencia Covid
Al ser consultado sobre el "proyecto de ley Emergencia Covid" impulsado por el Poder Ejecutivo, que establece criterios sanitarios objetivos para determinar qué lineamientos deben adoptar las jurisdicciones de acuerdo a su situación epidemiológica, Morales dijo que “la ley debería ser de adhesión voluntaria de las provincias”.
Cabe destacar que en el artículo 21, la iniciativa menciona una serie de condiciones que serán tenidas en cuenta para el cierre de escuelas pero también abre una instancia de negociación para “morigerar o dejar sin efecto” la suspensión.
“La gente lo que quiere es soluciones a los problemas y hoy uno de los problemas más importantes es la pandemia, la economía y la educación. Creo que hay que dialogar más y volver a como trabajamos el año pasado”, recordó Morales.
Y agregó: “El año pasado hubo un trabajo de mucha coordinación entre el Presidente, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta con los gobernadores. Ese es el camino”.
El papel de la oposición
Con respecto del rol de la oposición en estos momentos, el gobernador de Jujuy se diferenció del ala dura de Juntos por el Cambio y dijo que él tiene “una mirada más dialoguista”.
“Hay referentes que no tienen responsabilidad de gobierno y profundizan una grieta, con beneficio cero, no gana nadie. Los que gestionamos somos más dialoguistas, los que no tienen responsabilidad profundizan la grieta”, aseveró.
Además, ratificó su apoyo a la gestión de Alberto Fernández en pos de beneficiar a su provincia. “Yo en gestión hago lo que tengo que hacer. Yo firmé el consenso fiscal con el Gobierno nacional y nuestro bloque de JXC votó en contra. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para privilegiar la gestión de mi provincia”, aseguró.
“En lo que pueda ayudar al gobierno nacional lo tengo que hacer. Yo deseo que en la gira que hizo el Presidente le vaya lo mejor posible. En momentos difíciles de pandemia, prorrogar los pagos, mejorar la tasa de interés, va a mejorar la economía y la situación de la gente”, agregó.
Finalmente pidió que haya límites en los reclamos que Juntos por el Cambio le hace al Ejecutivo nacional, puesto que “tenemos que convivir con el coronavirus de manera responsable”. “La prioridad es ver cómo la peleamos todos los días”, concluyó.
El Aporte de las Grandes Fortunas permitió obtener el triple de la cifra esperada
50 mil millones de pesos para la urbanización de los barrios populares
La secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño asegura que este momento se están haciendo obras en cien barrios de todo el país y que en el corto plazo se sumarán otros 50.
La urbanización de los barrios populares dispondrá este año de 50 mil millones de pesos para financiar sus obras con el aporte extraordinario a las grandes fortunas. La cifra es el triple de lo que el programa preveía tener para el 2021. “Con estos ingresos, estamos seguros de poder urbanizar 400 barrios durante este año, y tal vez llegar a más”, aseguró la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, a PáginaI12. Hasta ahora se habían comenzado trabajos en unas cien villas y asentamientos; la falta de recursos era una de las limitaciones --aunque no la única-- que condicionaban el avance del programa. La disponibilidad de estos recursos tiene que ver con que un 15 por ciento del impuesto a las grandes fortunas fue destinado, por ley, al FISU (Fondo de Integración Socio Urbana), un presupuesto específico para estas obras.
El incremento fue resaltado por Miño al final de una semana en la que las organizaciones sociales criticaron al Gobierno por la falta de impulso a las políticas de generación de empleo. Ante el agravamiento de la crisis económica por la segunda ola de covid, los movimientos están planteando que el Estado no puede limitarse a ampliar políticas asistenciales como la Tarjeta Alimentar, sino que debe incluir cambios en el modelo económico. El impulso a los planes de vivienda es parte de la agenda demandada.
La urbanización de los barrios populares está planteada como un programa de menor tamaño que el Potenciar Trabajo, pero su importancia deriva de otros aspectos. Uno de ellos es su posibilidad cierta y probada de generar trabajo en el corto plazo y entre los argentinos más afectados por la exclusión laboral, ya que la construcción --y en especial las obras que pueden realizarse sin grandes maquinarias-- emplean mano de obra intensiva. Otro aspecto del programa es que fue diseñado por los movimientos sociales, que pusieron una cláusula para que un 25 por ciento de los trabajos sean realizados por cooperativas o cuadrillas de la economía popular.
Así, garantizan que parte de los recursos que salen del Estado queden y circulen en los barrios. Para ilustrarlo con un ejemplo actual de su implementación: en estos días, la cooperativa Construir Trabajo, del MTE, coloca tanques de agua y hace veredas en un barrio de La Matanza. Compra la ropa de trabajo a otras cooperativas textiles, encarga la comida diaria a vecinos del lugar donde hacen la obra, y el transporte a una empresa familiar. Si en la obra generan un excedente (por terminarla antes de lo pautado, por ejemplo), la ganancia se reparte entre los trabajadores. La formación de la cooperativa ha ayudado a sus integrantes a tener mayor continuidad laboral, y su experiencia acumulada a resolver mejor su posición en el mercado laboral.
Un tercer aspecto relevante del programa es su potencial para instalarse como política de Estado, en el sentido de convertirse en un mecanismo permanente, que ayude a dar cumplimiento al derecho a una vivienda digna.
La urbanización, con todo, no sólo estuvo frenada sólo por dificultades de presupuesto: en 2020 permaneció inactiva por falta de gestión política, lo que terminó en la renuncia de María Eugenia Bielsa al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en noviembre pasado. El programa fue entonces traspasado al ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo. En esa cartera se constituyó el Fondo para su financiamiento, al que es derivado el 9 por ciento del impuesto a la compra de dólares para el ahorro -el llamado dolar PAIS-. A esto se agragó ahora el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas.
En la Secretaría aseguran que este momento se están haciendo obras en cien barrios de todo el país. Si se consulta a referentes de los movimientos populares, su impresión es que el programa no llegó todavía a tanto, porque parte de las obras tuvieron retrasos o interrupciones. Sin embargo, Miño aclaró que el programa “tiene tres líneas de ejecución: las gobernaciones, los municipios y las organizaciones”, es decir que por los movimientos sólo pasan una parte de los proyectos. Contó también que las obras que se están haciendo son en su mayoría para llevar el agua potable al interior de las viviendas. "Las veredas son también muy pedidas, algo que los vecinos quieren que se haga antes que nada". Luego hay proyectos centrados en la red eléctrica, creación de espacios comunes para el deporte y “una gran diversidad de trabajos, que dependen de la situación concreta de cada lugar”.
En el corto plazo, la secretaria dijo que se sumarán "unos cincuenta proyectos que tienen su aprobación prácticamente lista, y que se van a empezar a hacer entre este mes y el que viene. Para mediados de año queremos llegar a los 200 barrios. El objetivo que nos encomendó el ministro es llegar a los 400 anuales”.
“Ninguno de los proyectos que recibimos es de ejecución inmediata porque cada obra necesita de su planificación, no se puede poner un caño en cualquier lado, hay estudios previos necesarios. Pero la Secretaría tiene un equipo de doscientas personas, con arquitectos, agrimensores y técnicos. Los tiempos hoy no son tan largos: desde que un proyecto es aprobado hasta que puede empezar a hacerse, con los materiales en la puerta de la obra, no pasa más de un mes y medio”.
La comparación con el 2019 sirve para medir el paso dado en lo presupuestario. Durante el primer año de gobierno del Frente de Todos, la Secretaría de Integración Socio Urbana ejecutó apenas cien millones de pesos en obras. En los primeros cuatro meses de 2021 el presupuesto utilizado pasó a 4.300 millones. Esperaban contar para todo este año con un presupuesto de 15 mil millones, es decir tres veces menor del disponible con el Aporte de las Grandes Fortunas.
Definiciones del Presidente sobre la renegociación de la deuda, la inflación y las clases presenciales
Alberto Fernández: "Es inexplicable la suba de precios de los alimentos"
Tras su gira por Europa, en el que recolectó apoyos para la renegociación de la millonaria deuda que firmó el gobierno macrista con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández anticipó que la búsqueda de mayores plazos de pago llevará "más tiempo" de negociaciones con el FMI. El Presidente insistió en que el organismo internacional debe modificar la tasa de interés que dispuso cobrar al país: "El FMI debe tener la necesidad de revisar la sobretasa, que es una tasa adicional que pagan aquellos países que han excedido su cupo crediticio. Como consecuencia de eso nosotros hoy, en vez de estar pagando un punto de interés, estamos pagando tres", indicó.
Para Fernández, "el mundo debe revisar esas prácticas que son muy nocivas para los países".
El mandatario remarcó el "balance positivo" de la gira por Portugal, España, Francia e Italia, al indicar que "se cumplió con el objetivo planteado" antes de subir al avión presidencial. "Logramos lo que nos propusimos, que era pedirle a Europa que prestara particular atención a lo que estaba pasando en la negociación de Argentina con el FMI".
Además, el jefe de Estado se refirió a la deuda con el Club de Paris y a las conversaciones que mantuvo con Emmanuel Macron sobre la deuda que mantiene con ese organismo. "Le dije que necesitamos tiempo, Argentina hoy no está en condiciones de hacer esos pagos al Club de París. Es una deuda más chica que la que tenemos con el Fondo, y creemos que vamos apoder hablar con ellos y lograr que nos esperen, que es lo que necesitamos. Confió en que antes vamos a cerrar el acuerdo con el FMI", aseveró el funcionario.
Otro de los temas que se refirió Fernández en su entrevista con C5N correspondió a la inflación, luego de que el INDEC marcara una suba del 4,1 por ciento en abril. "Es inexplicable los aumentos de los precios. No hay ninguna razon para explicar las subas de marzo y abril", dijo el Presidente en relación al aumento de los precios de los alimentos. Y agregó: "Están perjudicando mucho a la gente, no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados"
"Yo celebro que Argentina exporte carne, pero no que le hagan pagar los precios que le hacen pagar a los argentinos. Y no estoy de acuerdo con lo que pasa con las industrias alimenticias que han aumentado los precios de manera inadmisible", indicó. "Algunos aprovecharon el momento y ganaron lo que no debían ganar., Yo celebro que ganen plata, pero no celebro que lo hagan a costa de los argentinos. Las ganancias no pueden ser desproporcionadas en un tiempo de pandemia. Si uno gana mucho y otro pierde mucho, eso no es una sociedad, eso es una estafa", analizó el mandatario.
Por último, Fernández hizo mención a las restricciones para frenar el impacto de la segunda ola de contagios de Covid-19. "Las restricciones son muy necesarias. En los lugares en donde se cumplieron, como el GBA, la caída de los casos fue más significativa que en la Ciudad, donde las clases siguieron y los controles estuvieron más relajados. Cuando yo tomé esta medida, los infectólogos me decían que si en dos semana no parábamos todo, los contaigos iban a llegar a los 40 mil casos diarios. Tomamos las medidas, me criticaron, fueron a la Justicia... pero el número de caso se frenó", completó el Presidente.
Noticia en desarrollo.
Se trata esta semana sin el respaldo del macrismo
La estrategia para que sea ley el proyecto Emergencia Covid para regular restricciones
El Frente de Todos analiza modificaciones y se multiplican las reuniones para sumar voluntades en otros sectores de la oposición. El detalle del "poroteo".
Esta semana comienza el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que establece criterios epidemiológicos básicos para gestionar las restricciones de todo el país. La iniciativa se debatirá el miércoles o jueves en el Senado, sin embargo todos los ojos están puestos en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta aún con los votos necesarios para su aprobación. Frente a la cerrada negativa de Juntos Por el Cambio a debatir el proyecto, el bloque del Frente de Todos analiza modificaciones y emprende reuniones informales con el objetivo de sumar voluntades en otros sectores de la oposición. El interbloque del mendocino José Luis Ramón ya anunció su apoyo, pero se mantiene la incógnita del camino que adoptarán les legisladores de Consenso Federal, así como otros bloques provinciales, muchos de los cuales proponen la firma de acuerdo federal entre todes los gobernadores y gobernadoras, de manera de brindarle mayor legitimidad a la norma.
Los números no terminan de cerrar en la Cámara de Diputados. Se da por descontado que el proyecto será aprobado en el Senado la semana que viene, en donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría, sin embargo, en Diputados, al Frente de Todos aún no le da la aritmética para alcanzar a sancionar la ley.
Juntos Por el Cambio anunció, incluso antes de conocer la letra del proyecto, que no acompañaría ninguna iniciativa que le diera "superpoderes" al presidente Alberto Fernández, por lo que el oficialismo debe ir a pescar votos entre los otros 23 legisladores que no forman parte de los bloques mayoritarios. En esas aguas nadan el interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo --6 miembros-- y un frecuente aliado del gobierno, el interbloque Federal, 11 miembros que suelen dividirse a la hora de votar, los dos diputados de izquierda, el monobloque del Movimiento Popular Neuquino y los dos diputados del bloque Acción Federal.
Con el objetivo puesto en sancionar la ley antes del 21 de mayo, fecha en la que vence el último DNU presidencial que fija las restricciones por la pandemia, les diputades y senadores del oficialismo trabajan a contrarreloj analizando posibles modificaciones al proyecto original que le permitan sumar adhesiones entre estos bloques de la oposición. "Estamos trabajando articuladamente con varias propuestas de modificaciones que nos fueron acercando. Las estamos analizando y consensuando con la Nación. La idea es que cuando el proyecto llegue a Diputados lo haga ya con las modificaciones, de manera que puedan construir los consensos que necesitan ahí. Creo que en la medida que sigamos profundizando en estas posibles modificaciones se va a poder construir una mayoría", explicó la senadora María de los Ángeles Sacnun a PáginaI12.
Dos de las modificaciones que se están analizando fueron propuestas por el diputado José Luis Ramón durante una reunión el jueves. La primera propone que el proyecto fije un límite temporal para la vigencia de la ley, la segunda que se modifique el artículo 4 en donde se llama a las provincias "delegadas del gobierno federal". El primer cambio tiene que ver con que el proyecto original sostiene que las facultades delegadas al Ejecutivo regirán "mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria", frente a lo cual varios legisladores --no sólo Ramón-- exigen que se fije un plazo de inicio y uno de finalización.
El segundo cambio, que refiere a cambiar la denominación "delegadas del gobierno federal", fue también una demanda que se escuchó repetidas veces durante el plenario de comisiones en el que participaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el miércoles pasado.
Poroteo
En el caso de cumplir con estas modificaciones, el interbloque de Unidad Federal, que conduce José Luis Ramón, anunció ya que acompañará el proyecto del oficialismo. Esto significa que a los 119 votos que ya tiene el Frente de Todos deberían sumarse seis más, incluido el del rionegrino Luis Di Giacomo, cuya adhesión había sido puesta en duda luego de que el senador por su mismo partido, Alberto Weretilneck, se hubiese manifestado en contra. "El senador se paró de manos cuando no incluyeron modificaciones en el dictamen, pero él tiene la misma postura que nosotros", confirmaron del espacio a este diario. Por otro lado, el Frente de Izquierda ya anunció que no acompañaría el proyecto, lo mismo desde Juntos Por el Cambio.
La gran incógnita es qué hará el interbloque Federal, que incluye a los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti y a les integrantes de Consenso Federal. Figuras como Graciela Camaño se niegan a acompañar el proyecto, sin embargo, una parte de este bloque, liderada por el "Topo" Rodríguez, sostiene que podría apoyarlo en el caso de que se llegase antes a un acuerdo federal con todes les gobernadores, de modo que la norma viniese acompañada de una mayor legitimidad. Lo mismo se plantea desde el Partido Socialista, que cuenta con una banca ocupada por Enrique Estévez: "Tal como está el proyecto no lo vamos a acompañar, pero estamos abiertos al debate. Es una gran oportunidad para generar consensos", indicaron del partido. Mientras tanto, los cuatro diputados cordobeses aguardan indicaciones de Schiaretti, quien fue operado hace unos días y estuvo manteniendo reposo. "Se está analizando la conveniencia de que intervengan terceras decisiones en la gestión de la pandemia en la provincia", explicaron fuentes del bloque de Córdoba Federal. Si bien predomina una mirada negativa respecto al proyecto - vinculada más que nada a la posibilidad de que la ley "avasalle las autonomías provinciales -, la postura de estos sectores dependerá de cómo avancen las negociaciones del gobierno nacional con los gobernadores.
Proyecto
El proyecto de Emergencia Covid, enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo y dictaminado sólo tres días después, establece un marco normativo con criterios epidemiológicos básicos que determinan las acciones a tomar ante cada escenario para combatir la segunda ola de coronavirus. Basándose en determinados indicadores, el proyecto establece un semáforo sanitario (Bajo Riesgo, Mediano Riesgo, Alto Riesgo, Alarma Epidemiológica) a partir del cual cada región deberá tomar una serie de medidas restrictivas preestablecidas. Una de las mayores críticas realizadas por parte de la oposición tiene que ver con la facultad que le da al Poder Ejecutivo de implementar restricciones adicionales en casos de gran emergencia en los que las medidas provinciales no hayan logrado tener efecto. "Acá no hay superpoderes porque se respeta la consulta previa, los datos epidemiológicos y sanitarios objetivos del lugar, la proporcionalidad y la progresividad. Lo que se hace es regular con cuestiones objetivas y establecer un método de decisiones por ley", respondió, frente a esto, la senadora Sacnún.
Fuente:Pagina12
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