Perotti recibió al secretario general de los petroquímicos
Una mesa de trabajo por la continuidad de Dow
El gobernador se alineó con la Casa Rosada en la defensa de la planta industrial en Puerto San Martín. Los ministros Costamagna y Pusineri llevarán adelante las negociaciones.
Desde Santa Fe
El gobierno de Omar Perotti se alineó ayer con la Casa Rosada en la defensa de la planta de poliuretano de Dow Argentina en Puerto San Martín para evitar el cierre y su desguace. El gobernador armó una mesa de trabajo con sus ministros de la Producción, Daniel Costamagna, y de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, y el líder del sindicato de trabajadores petroquímicos (SOEPU), Mauricio Brizuela, en pos del gran objetivo: revertir la decisión de la multinacional de cerrar la fábrica y demoler sus instalaciones para evitar la competencia. Tras el encuentro, Brizuela anunció el “compromiso” de Perotti de hacer “todos los esfuerzos necesarios para la continuidad de la industria”, que considera estratégica para Santa Fe y el país. “Hoy podemos decir que la Nación y la provincia están alineadas para mantener la industria en actividad”. Costamagna coincidió que el gobernador asumió un “gran desafío” y “vamos a trabajar fuerte para preservar la fuente de trabajo y la unidad productiva”.
La decisión del gobernador se conoció a cinco días del pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al presidente de la Nación Alberto Fernández para evitar el desguace de la planta de Dow. “Alberto, no tenemos que permitir que cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos para toda la industria”, le dijo Cristina en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, en Tecnópolis, mientras el mandatario asentía con la cabeza.
El sindicato de petroquímicos ya propuso que la industria sea declarada de “utilidad pública”. Y la Multisectorial -que se formó en la zona- consideró el intento de Dow de cerrar la fábrica y demolerla como “un avasallamiento que no se puede permitir, revela una posición abusiva que no debe ni puede aceptarse”.
Ayer, Perotti analizó la situación con el líder del SOEPU, Mauricio Brizuela y decidió armar una mesa de trabajo con sus ministros Costamagna y Pusineri para actuar en la línea que Cristina le planteó al Presidente: impedir el cierre de la planta. “Es un equipo importante”, dijo Brizuela. “La verdad es que nos llevamos tranquilidad y el compromiso” del gobernador “de hacer todos los esfuerzos para mantener en forma productiva la planta de Dow en Puerto San Martín”.
Después de la decisión de Perotti y “las declaraciones de la vicepresidenta, hoy podemos decir que la Nación y la provincia están alineadas para mantener esta planta productiva por la importancia que tiene en Santa Fe y en el país”, agregó Brizuela. “Es muy importante sostener el diálogo y desarrollar una hoja de ruta. Nosotros también tenemos contactos con la Nación, así que la mesa de trabajo del gobierno de la provincia es clave para lograr el objetivo que la producción siga siendo nacional”. remarcó.
Costamagna y Pusineri ratificaron que la “voluntad” de Perotti es sostener “la continuidad de la planta de Puerto San Martín y las fuentes laborales”. El ministro de la Producción dijo que la fábrica es clave, “por lo que implica en sí misma” y por su importancia en otras industrias”, entre las que mencionó los rubros colchones, muebles y línea blanca. “Son numerosas las industrias” que dependen de esos insumos y “muchos puestos de trabajo” en juego. En Dow trabajan 120 obreros y se estima que dependen otros 500 puestos de trabajo indirectos.
“Por la diversidad productiva de la provincia, por la importancia que tiene para Santa Fe y el país, y la cantidad de puestos de trabajos, tantos directos como indirectos, es fundamental la continuidad de la unidad" económica. Perotti asumió “un gran desafío”. “Vamos a trabajar fuerte para lograrlo”, planteó Costamagna.
El ministro de Trabajo ratificó que la voluntad de Santa Fe es que la empresa y las fuentes laborales continúen “con los actuales titulares” o con otros, si la multinacional “decide no seguir explotando” la planta. “Porque ya hay interesados en comprar la empresa”, anunció. “Nosotros no vemos por qué una empresa que es rentable, que tiene una producción local importante no pueda seguir en funcionamiento. Y ese es el objetivo que tiene la provincia en el trabajo conjunto que estamos encarando con la Nación”, concluyó Pusineri.
En dos meses comienza el juicio a policías por la muerte de Casco
La Nación asume el rol de querellante
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, recibió ayer a la familia de Franco Casco, el joven que fuera golpeado, torturado y asesinado por efectivos de la policía rosarina en 2014, para transmitirles que la Secretaría volverá a asumir el rol de querellante que tuvo en 2015 y que fue abandonado durante la durante la presidencia de Mauricio Macri.
En la reunión, de la que también participó el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, Pietragalla expresó el compromiso de la actual gestión con los familiares de víctimas de violencia policial y con las políticas que se están llevando adelante para formar con perspectiva de derechos humanos a las fuerzas de seguridad. “Si bien la violencia institucional es transversal a todos los gobiernos, no todos reaccionamos igual. Este gobierno tiene un fuerte compromiso contra la violencia institucional y por eso acompañamos activamente los reclamos de verdad y justicia”, expresó el Secretario de Derechos Humanos.
Cabe recordar que el 6 de octubre de 2014, Franco Casco, que por entonces tenía 20 años, fue abordado por efectivos de la Ccmisaría 7° de Cafferata al 300 cuando se dirigía a la estación de trenes para regresar a Buenos Aires. Según se desprende de la investigación, Casco fue llevado a un calabozo que no reunía las condiciones apropiadas y al que eran llevados jóvenes por "averiguación de antecedentes". De acuerdo a testimonios brindados en la causa, allí fue golpeado y torturado.
Si bien la Policía manifestó que el joven había sido liberado luego de ser apresado por atentado y resistencia a la autoridad, más tarde se supo que hubo irregularidades en su detención. Su cuerpo fue encontrado en el río Paraná el 30 de octubre de ese año por la Prefectura Naval. Luego de la autopsia correspondiente, se determinó que murió antes de ser arrojado al río, con un tiempo de inmersión compatible con la fecha de su desaparición.
El próximo 6 de diciembre comenzará el juicio que tiene a 19 efectivos de la policía provincial, varios de ellos de la comisaría 7° de Rosario, acusados por desaparición forzosa.
La causa Casco tiene profundas ramificaciones en el poder estatal porque se usaron fondos reservados para pagar la defensa de los policías de Asuntos Internos acusados por ocultar el crimen. Es más, el gobierno de Omar Perotti es querellante en esta causa que comenzó con la denuncia del entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, el 4 de Agosto de 2020, ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Sain presentó por entonces pruebas y recursos necesarios para avanzar con la pesquisa, que involucra a la gestión del ex Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y su ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad David Reinero.
La denuncia detalla también que José Manuel Alcacer y Lucas Peirone, abogados de los policías (que defendían a los cinco agentes acusados por la desaparición forzada y posterior homicidio de Casco) son socios en el mismo estudio jurídico, y fueron funcionarios políticos de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, durante las gestiones de Raúl Lamberto y Pullaro, ellos tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, no solo en la ya referida causa penal “Casco”, sino también en procesos penales ligados a investigaciones de las organizaciones narcocriminales más importantes que operaban en región.
Además, Alcacer fue defensor de Luis Alberto Paz, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico cuando era socio en su estudio jurídico del abogado Peirone (Defensor de Alvarado), quien era en ese momento asesor en la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
CONTADOR
Apelando a su profesión de contador, cada fin de año le gusta hacer un balance y evaluar el funcionamiento y los desempeños en cada uno de los ministerios. Por eso “por ahora” no tiene pensado introducir modificaciones en el gabinete provincial. Eso será después de las elecciones generales de noviembre. “Será mucho más cerca de diciembre”, adelantó el gobernador Omar Perotti. “Hay funcionamientos que me gustaría que se vayan adecuando a una nueva etapa, a una necesidad que cuando comenzamos no imaginábamos y ahora hay que transitar alternativas distintas”, explicó en declaraciones periodísticas.
Amenazas en relación al juicio por las balaceras de 2018
"Suelten a los Cantero, que vamos a matar a todos los fiscales"
"Suelten a los Cantero, que vamos a matar a todos los fiscales... liberen a Los Monos sino vamos a matar a todos los fiscales". La amenaza ingresó de manera telefónica, el lunes, a la central del 911 y derivó en un amplio refuerzo de la seguridad en la zona del Centro de Justicia Penal, donde ayer finalizó la etapa de prueba del juicio por las balaceras a objetivos judiciales de 2018.
Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Franco Carbone de la unidad de Flagrancia está a cargo de la investigación que tiene "medidas en curso, a la espera de resultados".
Los fiscales que están a cargo de la acusación en el debate donde está siendo juzgado Ariel "Guille" Cantero y otras seis personas, por las balaceras de 2018 a edificios y viviendas relacionadas con operadores de Justicia son Matías Edery, Miguel Moreno, Gastón Ávila y Aníbal Vescovo, quienes el próximo lunes realizarán el alegato de clausura del debate oral.
"El lunes por la tarde nos pusieron en aviso del 911 que ingresó una llamada en la que se pide la liberación de ciertas personas que están en el juicio que se está desarrollando porque sino iban a atentar contra la vida de los fiscales, no hacen referencia a algún fiscal, sino a la figura en general. Se dio aviso a Seguridad para que se evalúen los refuerzos en la seguridad de las personas involucradas en el juicio y en el Centro de Justicia Penal", indicó Sebastián Carranza, vocero del MPA en LT8.
22 personas debieron ser aisladas y están en seguimiento
Cumpleaños en un barrio cerrado
El primer test dio negativo, pero habrá que hacer otro cuando se cumpla una semana del evento en un country de Santo Tomé.
El festejo de un cumpleaños en un country de Santo Tomé al que asistió un integrante de una familia que regresó asintomática de un viaje al exterior y rompió el aislamiento un día antes de hacer el PCR --que luego arrojó tres positivos de coronavirus, probablemente con la variante Delta-- fue la causa por la que 22 personas debieron ser aisladas y están en seguimiento. La ministra de Salud, Sonia Martorano, y el secretario Jorge Prieto, confirmaron ayer la participación de uno de los menores que habían regresado de Estados Unidos y antes del hisopado fue al cumpleaños. El primer test realizado a las personas aisladas dio negativo, pero deberán hacer otro cuando se cumpla una semana del evento que desencadenó el aislamiento. Para descartar más contagios, la cartera sanitaria acordó con las autoridades del barrio cerrado la implementación del plan Detectar.
Antes de brindar los detalles sobre los contagios y las personas aisladas que estuvieron en el cumpleaños realizado en el country, Prieto llevó tranquilidad a la población al señalar que a partir de un trabajo intensivo de los controles confirmaron sólo 10 casos con la variante Delta en Santa Fe, todos con relación directa con viajes al exterior, pero sin contactos estrechos porque cada uno cumplió con el aislamiento correspondiente, ocho en Rosario, uno en Rafaela y otro en Santo Tomé, de donde es oriunda la familia que ingresó a la provincia desde Estados Unidos el pasado 4 de septiembre.
En Ezeiza, el PCR les dio negativo y tras el hisopado programado a los siete días, tres menores de 10 años resultaron positivos aún estando asintomáticos. "La gente ha respetado lo que son los protocolos al ingreso al país con la PCR negativa y un test rápido negativo, por eso queremos recordar que igual deben cumplir la cuarentena. Pero aparentemente hay un incumplimiento de un día previo porque el día 11 tendría que haberse realizado la PCR, y el día anterior asisten a un cumpleaños, tal vez pensando que su test había sido negativo, que es el gran error", consideró Prieto.
Al ser consultado por las 22 personas que debieron ser aisladas, el secretario de Salud dijo que "no son de otras provincias pero sí de otras localidades porque han compartido un espacio en común". En ese sentido, indicó que "es muy difícil marcar trazabilidad porque uno no puede recordar lo que ha hecho en 24 horas". De todos modos, contó que "se ha producido desde el 0800 y desde la región lo que hace a la notificación de cada uno, y cada uno ha declarado esto que es importante".
Prieto afirmó que están haciendo el seguimiento de los 22 contactos aislados. Si bien el primer test de todos dio negativo, el funcionario pidió no olvidar que el período de incubación va de 2 a 14 días. "Independientemente de los siete días, al ser un contacto estrecho el alta estaría a los 14 días y estaremos haciendo el seguimiento. Como se trató de casos asintomáticos, seguramente podamos reforzar con una PCR a los 14 días para asegurarnos de que no estemos con alguna variante que se nos pueda escapar. Por eso recomendamos la importancia de mantener la cuarentena, respetar las indicaciones y hacerse los chequeos", agregó.
Mientras aguardaban los resultados de la secuenciación de los tres casos sospechosos, el ministerio de Salud puso en marcha el plan Detectar en el country de Santo Tomé. Ayer, precisaron, se realizaron 26 pruebas de antígenos y 12 PCR. El objetivo es continuar con el operativo todo el tiempo que sea necesario para descartar que haya más contagios, especialmente de la variante Delta.
En tanto, Martorano confirmó que el fin de semana comenzarán a vacunar a menores de 12 a 17 años sin factores de riesgo con las más de 8 mil dosis de Pfizer que arribarán mañana. "Primero se realizará una prueba piloto en Rosario y Santa Fe", dijo la funcionaria. Por las diferencias en la distribución y conservación de la vacuna estadounidense con las otras que vienen aplicándose, ayer se realizó una capacitación a los equipos que trabajan en el vacunatorio de la ex Rural.
Perdió en seis departamentos de los senadores que lo "apoyaron"
Otra explicación de la derrota de Rossi
Desde Santa Fe
Ayer comenzó el escrutinio definitivo de las primarias del domingo, pero el provisorio ya dejó un resultado irrefutable. El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, perdió la interna peronista en los seis departamentos de los senadores del bloque de Armando Traferri, que apoyaron su postulación como senador nacional. Le ganó la candidatura del Frente de Todos, Marcelo Lewandowski, quien lo duplicó en votos en toda la provincia (66,9% a 33%). Pero en los departamentos del grupo Traferri la diferencias oscilaron entre 35 puntos en Belgrano y Las Colonias (que representan el presidente pro témpore del Senado Rubén Pirola y su colega Guillermo Cornaglia), 33 puntos en San Lorenzo (el pago de Traferri) y 29 y 27 puntos en Vera y 9 de Julio, donde operan Osvaldo Sosa y Joaquín Gramajo. La excepción fue San Javier, el territorio del senador José Baucero, donde también ganó Lewandowski, pero sólo por 16 votos. En la sumatoria, las estructuras políticas que responden a Traferri, Pirola, Cornaglia, Baucero, Gramajo y Sosa le aportaron a Rossi sólo 26.451 votos sobre los 163.501 que sacó en la provincia, apenas el 16% de su caudal electoral.
El triunfo de Lewandowski y de su compañera de fórmula Marilín Sacnun fue amplio en Santa Fe. Le ganaron a Rossi en los 19 departamentos por el doble de votos: 66,9% (331.075 sufragios) a 33,05% (163.501. Y lograron una de las mayores diferencias en Rosario por más de 39 puntos, donde la lista Celeste y Blanca obtuvo el 69,19% (134.752 votos) contra el 30,80 de Rossi (59.979), aún cuando éste tenía el apoyo de conocidos referentes territoriales: el secretario general del PJ rosarino y diputado nacional, Germán Martínez, y dos antecesores en el cargo: Eduardo Toniolli –que encabezó la lista de precandidatos a diputados nacionales- y el diputado Luis Rubeo.
Rosario fue uno de los cinco departamentos donde el Frente de Todos se impuso a la alianza Juntos por el Cambio: 33,12% (194.731 votos) contra 32,79% (192.789) Los otros son San Javier, Garay, San Lorenzo y Vera.
Pero uno de los focos políticos era el resultado de la interna peronista en los departamentos de los seis senadores del Nuevo Espacio Santafesino (NES) que apoyó a Rossi y postuló como compañera de fórmula para el Senado de la Nación a la vicegobernadora Alejandra Rodenas. En las primarias de 2017, en las que Rossi compitió contra Rodenas por las candidaturas a diputados nacionales, entre ambos adversarios sumaron el 100% de los votos peronistas. En 2021, los dos juntos, en la misma lista, sacaron el 33%. Otro dato indiscutible.
El lanzamiento de Rossi como precandidato a senador nacional se conoció en la última semana de julio, cuando recibió en su despacho del Ministerio de Defensa el apoyo de los seis senadores del NES. Al encuentro sólo asistieron cinco: Traferri, Pirola, Cornaglia, Baucero y Sosa. Más, el diputado Rubeo. Faltó el senador Gramajo, conocido por la distancia política que mantiene con Rossi desde hace años.
Rossi perdió en los departamentos de sus seis senadores aliados:
*9 de Julio (Joaquín Gramajo): Celeste y Blanca: 63,51% (3.682 votos), Rossi 36,48% (2.115). Diferencia: 27 puntos
*Belgrano (Guillermo Cornaglia): Celeste y Blanca 67,27% (4.430 votos), Rossi 32,72% (2.155). Diferencia: 35 puntos
*Las Colonias (Rubén Pirola): Celeste y Blanca 67,46% (8.199 votos), Rossi 32,53% (3.954). Diferencia: 35 puntos.
*San Javier (José Baucero): Celeste y Blanca 50,12% (3.277 votos), Rossi 49,87% ( 3.261). Diferencia: 16 votos.
*San Lorenzo (Armando Traferri): Celeste y Blanca 66,02% (21.854 votos), Rossi 33,97% (11.247 votos). Diferencia: 33 puntos
*Vera (Osvaldo Sosa): Celeste y Blanca 64,76% (6.836 votos), Rossi 35,23% (3.719). Diferencia: 29 puntos, lo que significa que Lewandowski también ganó en el pago chico del ex ministro de Defensa.
Los votos que militaron las estructuras políticas que responden a los seis senadores quedaron a la vista: Gramajo 2.115 votos, Cornaglia 2.155, Pirola 3.954, Baucero 3.261, Traferri 11.247 y Sosa 3.719. Entre los seis departamentos le aportaron a Rossi 26.451 votos (sobre los 163.501 sufragios que sacó en la provincia), apenas el 16,3% del total.
¿Qué pasó en los otros seis departamentos de los senadores más cercanos a la Casa Gris? También ganó Lewandowski: en Caseros por el 67% (Eduardo Rosconi), Castellanos 73% (Alcides Calvo), Garay 80,8% (Ricardo Kaufman), La Capital 61% (Marcos Castelló), San Martín 65% (Cristina Berra) y Rosario 69%.
Tramo final para el juicio a Los Monos por las balaceras
Cuál será el precio de desafiar a la Ley
Terminó la etapa de pruebas y los fiscales pidieron penas de 9 a 24 años de prisión para Ariel "Guille" Cantero y seis imputados más por atacar objetivos judiciales en 2018
Después de tres semanas, y con declaraciones de unos 150 testigos, este martes finalizó la etapa de producción de la prueba en el juicio por las balaceras a objetivos judiciales, cometidas entre mayo y agosto de 2018. Los fiscales Matías Edery, Miguel Moreno, Gastón Ávila y Aníbal Vescovo estuvieron a cargo de la acusación que sentó en el banquillo a Ariel "Guille" Cantero y otros seis imputados. Para el equipo fiscal, la prueba material y testimonial apuntó a demostrar el móvil del hecho que atribuyeron a un intento de influir en decisiones judiciales. El lunes se abre el tramo final con el alegato de clausura de la Fiscalía; mientras que miércoles y jueves está previsto que aleguen las defensas. Luego, el tribunal compuesto por Hebe Marcogliese, Pablo Pinto y Rafael Coria pondrá fecha al veredicto.
En su acusación, los fiscales pidieron penas de 24 a 9 años y medio de prisión, para los siete imputados. "El grupo disputó al Estado su autoridad, por el lapso de tres meses, manteniendo en vilo a una ciudad entera", expresó el fiscal Moreno cuando comenzó el debate. "Claramente fue intimidación y amedrentamiento hacia los magistrados que debían decidir cuestiones relacionadas con Cantero en sus causas penales", sumó en declaraciones a la prensa, durante aquella primera jornada.
Sobre el rol de Cantero, para quien piden 24 años de prisión, indicaron que es el de instigador -desde la cárcel- de 7 de 14 balaceras. "Es la persona que se encargó de determinar a los otros para que se cometan los delitos. Desde unidades penitencias se transmitía por mensajes de WhatsApp la información de cuáles eran los domicilios que debían atacarse, y personas en libertad pasaban y disparaban el frente de domicilios que habían sido de jueces, policías que declararon (en el primer juicio a la banda de Los Monos) y edificios judiciales", afirmó Ávila en aquel momento. La producción de la prueba, como algunos testimonios, dio cuenta de que los hechos generaron gran impacto y riesgos sobre personas.
Los ataques comenzaron el 29 de mayo de 2018. Además de Ismael Manfrín y Marisol Usandizaga, dos de los jueces que formaron parte del tribunal que ese año condenó a la banda de Los Monos por asociación ilícita y delitos conexos -donde Cantero fue sindicado jefe y recibió pena de 22 años-, también fueron blanco inmuebles vinculados a policías que colaboraron en esa investigación, de familiares del juez que instruyó aquel expediente y casas que habían pertenecido a dos camaristas que debían intervenir en la apelación por esas condenas. Las balaceras incluyeron ese año al Centro de Justicia Penal, la sede del Ministerio Público de la Acusación y la sede de la ex Policía de Investigaciones.
El juicio por esa saga comenzó el 20 de agosto. Dos noches antes había sido baleado el Centro de Justicia Penal, donde se llevó adelante el debate. En el inicio, la jueza Marcogliese preguntó a cada imputado sus datos personales y su actividad. “Oficios varios", respondió Cantero, que presenció las audiencias conectado por Zoom desde el penal federal de Marcos Paz, donde está detenido. Luego remató: "Contrato sicarios para tirarle tiros a jueces...”.
El pedido de pena de 24 años solicitada para Cantero también alcanza a Lucía Uberti y Matías Nicolás César; mientras que Daniel "Teletubi" Delgado y Leonardo "Chulo" Olivera, enfrentan el pedido de 13 años. En el caso de Leonel Fernández, pidieron 12 años; y para Oscar Enrique Chávez, 9 años y medio.
Fuente:Rosario12









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