29 de septiembre de 2021

ROSARIO- SANTA FE.

 


El exfiscal obtuvo ayer la libertad condicional

Beneficio para Ponce Asahad

Antes de quedar libre, prestó una declaración muy importante para el avance de la causa por juego ilegal clandestino. 


Ponce Asahad no puede tener contacto con imputados en la causa.. Imagen: Sebastián Granata

El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad obtuvo ayer la libertad condicional tras permanecer algo más de un año detenido por haber sido señalado por el empresario del juego clandestino, Leonardo Peiti, de haberle cobrado coimas mensuales en dólares para brindarle protección. El fiscal destituido alcanzó el beneficio luego de firmar un juicio abreviado que lo condenó a la pena única de 6 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por participar de una organización ilícita, pero las partes aceptaron la figura del imputado colaborador, al haber confesado que cobró coimas del juego ilegal, que reduce la condena a 3 años de prisión efectiva. Por el tiempo transcurrido que estuvo preso, la defensa del ex fiscal solicitó ayer en audiencia de ejecución se le otorgue la libertad y cumpla en dicha condición el resto de la pena impuesta, pedido que avaló la jueza Eleonora Verón por lo que Ponce Asahad, quien se encontraba detenido en una dependencia de la PSA, quedó libre. 

Luego de la audiencia, el fiscal Matías Edery dijo a Rosario/12 que Ponce Asahad prestó una declaración muy importante para el avance de la causa, que fue valorado por la jueza positivamente, primero para reducirle la condena y después para otorgarle este beneficio. Según trascendió, esa declaración será dada a conocer públicamente en las próximas horas.

"También le impuso reglas de conducta, además de las habituales: no puede tener ningún tipo de contacto con los imputados nombrados en la causa, entre otros el senador Armando Traferri, ni con sus abogados. Y si alguno se intenta contactar con él, tiene la obligación de comunicarlo a la fiscalía bajo pena de perder la libertad condicional y tener que volver a cumplir el resto de la condena preso", agregó.  

Cuando se firmó el juicio abreviado, homologado por la jueza Isabel Más Varela, los fiscales le atribuyeron a Ponce Asahad haber conformado una asociación ilícita integrada además por el ex fiscal Regional Patricio Serjal, que fue imputado y está detenido, el ex empleado de la fiscalía Nelson Ugolini, el fallecido capitalista de juego de Rafaela, David Perona, el ex jefe policial Alejandro Torrisi, y Peiti. 

La organización se desplegó en Rosario, Villa Gobernador Galvez, Gálvez y Rafaela, y su objeto fue "usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas efectuadas por medios electrónicos no autorizadas", según detallaron los fiscales en el acuerdo que aceptó la defensa de Ponce Asahad.

"Los organizadores de esta asociación ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos", plantearon los fiscales, quienes valoraron que el acuerdo confirmó reuniones y contactos con el senador Traferri.

"La información aportada por Ponce Asahad dentro de la presente investigación proporcionó datos suficientes que permitieron un avance de la investigación; nos referimos a los llamadas entre él y Traferri que pudieron ser corroborados y la reunión que tuvo Peiti con Traferri en  Ricardone, donde vive el actual senador. Así mismo reconoció los encuentros que se le atribuyeron con Peiti y aportó información que permite entender y comprender el funcionamiento de la organización criminal", agregaron.

En agosto, los fiscales citaron a audiencia imputativa al senador por San Lorenzo, pero no se presentó. Unos días más tarde, el juez penal Juan José Mascali admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del legislador provincial, luego de que el propio magistrado en un fallo anterior había declarado inconstitucional la inmunidad de los legisladores que obligaba a Traferri a presentarse en la audiencia, por lo que el tema fue elevado a la Corte Suprema de Justicia santafesina, que debe definir la cuestión de fondo.


FUNES

 “Estoy muy triste, nosotros no estamos acostumbrados, ni nos vamos a acostumbrar a hechos de estas características. A la hora en que se dio este último ataque, estaban los empleados municipales limpiando a 30 metros, vieron cómo se bajan de la moto y empiezan a disparar (...). Estamos incorporando tecnología para saber quiénes entran y quiénes salen de la ciudad".

(Intendente de Funes, Roly Santacroce, luego de ordenar la clausura de la concesionaria Gaetano Automotores, baleada en la madrugada del lunes pasado)


En dos semanas , la Nación envía 575 efectivos a la provincia 

Un nuevo desembarco de fuerzas federales

Además en marzo próximo se creará una unidad móvil para reforzar la seguridad en Santa Fe, con mil efectivos más. El gobernador Perotti celebró los anuncios.

Por Jose Maggi

Manzur, Fernández y Perotti en la conferencia de prensa de ayer.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció ayer junto al gobernador Omar Perotti el despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales entre los próximos 15 y 20 días, como así también la creación en marzo próximo de una unidad móvil para reforzar la seguridad en la provincia de Santa Fe, con mil efectivos más. Los anuncios se dieron tras una reunión de  la que también participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. "Es una noticia importante para la provincia -destacó el mandatario santafesino- y una señal concreta de una decisión del Gobierno nacional de tomar este tema como propio, con responsabilidad y definición que el presidente Alberto Fernández dejó claramente establecido cuando visitó Santa Fe”.

Perotti destacó: “Esta ayuda, además, se necesita porque estamos en la reconversión de nuestra institución policial. Eso requiere tiempo para la formación de cada uno de sus nuevos agentes y el acompañamiento para esos tiempos de formación. Estos hechos concretos definen la presencia de una unidad móvil creada para abordar este tema. Eso es un diferencial, no es una instancia más. Para el territorio santafesino es una muy buena noticia porque sentimos que este tema es tomado de acuerdo a la magnitud que tiene, con la seriedad que corresponde y sin dudas abre una expectativa importante en todos nuestros ciudadanos”.

El gobernador apuntó que “la mejor forma de empezar a resolver un problema es ponerlo sobre la mesa y enfrentarlo. Eso es lo que se está haciendo, que la Nación tome esta decisión habla a las claras de la magnitud de lo que hay que resolver y que nos requiere a todos: la decisión nacional tomada, la provincia con su responsabilidad en su institución policial y también el esfuerzo de todos los legisladores nacionales, porque necesitamos que la estructura federal en territorio provincial también se fortalezca. Necesitamos que se cubran cargos y la creación de nuevos. Todos tienen su granito de arena para aportar a la solución de este problema”.

En rigo este es el noveno desembarco federal en ocho años, aunque puede contabilizarse una decena si se computa la anunciada llegada de la tanqueta blindada china de un grupo especial presentado exactamente un año atrás. Y se produce cuando el departamento Rosario ya lleva 170 homicidios dolosos en lo que va del año, la mayoría por cuestiones vinculadas con el dominio del territorio para el narcomenudeo; los últimos tres se cometieron en el anochecer de este lunes en un lapso de cuatro horas.

“Vamos a desplegar esa cantidad de efectivos de las fuerzas federales nacionales y luego completaremos con el envío de más personal para conformar una unidad que se desplegará en la provincia con el propósito de reforzar la seguridad en la provincia de Santa Fe”, anunció Aníbal Fernández durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, tras anteriores reuniones con Perotti, apenas asumió, y el ex ministro de Seguridad provincial y titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación santafesino, Marcelo Sain.

Parte del plan se completa con la promesa de enviar otros mil efectivos en marzo próximo para esta nueva unidad, que será de Gendarmería Nacional, según trascendió de voceros oficiales. Según la gestión de Frederic, había hasta hace dos semanas unos 3.500 efectivos federales repartidos en la provincia (la mitad en Rosario), casi el doble de los 1.900 que dijeron haber recibido de la gestión de Patricia Bullrich, de los cuales los últimos 160 llegaron a principios de este mes y otros 300 en marzo último.

“Decidimos sumar 575 efectivos que estarán en Santa Fe en 15 o 20 días. El traslado es inmediato. La ubicación es no solamente en Rosario y Santa Fe Capital, sino también las vías que confluyen desde una hacia otra y lo que viene desde el norte”, precisó Fernández. Y añadió: “Gendarmería tiene el desarrollo de sus centros conocidos como Unidades Móviles. Estamos creando la Unidad N° 7, que es la que va a vivir en Rosario y será destinada específicamente a la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo en Rosario y la ciudad de Santa Fe. Y las vías de acceso a estas ciudades desde cualquiera de sus puntos cardinales, con lo que estamos atacando toda una problemática que nos preocupa mucho”.

“Estamos llevando 1.575 efectivos entre hoy y marzo, con respuesta inmediata y con conclusiones que tienen que ver con la participación adicional de lo que puede estar ordenándonos la Justicia del lugar. Tenemos entonces los dos movimientos, los 575 efectivos que estamos llevando en poquitos días, más la Unidad Móvil Nº 7, más el resto de las fuerzas puestas al servicio de la solución de un problema bastante complicado y que nosotros queremos darle un punto final”, reiteró el ministro.

Por parte Manzur afirmó que “la instrucción del presidente” Alberto Fernández “es redoblar esfuerzos para reforzar la seguridad en Santa Fe” y que se trabaja con ese objetivo desde el gobierno, y las carteras de Seguridad e Interior.

“Tenemos la instrucción del presidente de redoblar esfuerzos para darle seguridad a la provincia. Trabajamos desde el gobierno y los ministerios de Seguridad e Interior para acompañar al pueblo de la provincia en estos momentos”, señaló el jefe de Gabinete en declaraciones a la prensa, inaugurando una nueva etapa del vínculo Nación-provincia, habida cuenta de que él mismo acaba de asumir tras dejar la gobernación de Tucumán y que Aníbal Fernández acaba de reemplazar a Sabina Frederic, cuestionada por Santa Fe.

En buen romance el plan para Santa Fe tiene cinco puntos elementales: el primero es el reordenamiento de las fuerzas federales en el territorio. A diferencia de lo que sucedió con la administración de la exministra de Seguridad, Sabina Frederic, Fernández tiene pensado un operativo de mutiplicación del número de efectivos para dar así respuesta a una de las dos cuestiones troncales que consideran necesarias de cara los comicios de noviembre: la seguridad y el campo. Con ese objetivo Perotti también estuvo ayer junto al ministro de Agroindustria, Julián Domínguez.

El segundo punto tiene que ver con las funciones especiales, como la creación de una nueva unidad de gendarmes, mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria suma esfuerzos 

El tercer punto tiene que ver con convertir a Rosario, y vías de acceso y salida que tiene, en el centro de los esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico. Por fuera del consumo interno y la violencia del narcotráfico, lo cierto es que la gran zona portuaria de la esta región es vista desde hace tiempo como una vía de salida de tóxicos varios.

Asimismo se proyecta una inyección de capital a las fuerzas de seguridad para combatir directamente la violencia del narcomenudeo. El desembarco de la PSA para asistir a la Justicia provincial y federal en las investigaciones contra el narcotráfico se mantendrá “siempre y cuando lo determine la Justicia”, sostuvo Fernández en conferencia de prensa.

El último punto tiene que ver con que exista una percepción de la ciudadanía de que los efectivos policiales están en la calle. Que se note la “presencia” por parte de la sociedad. La decisión de reforzar la presencia de fuerzas federales en Rosario tienen como componente central la buena relación entre Aníbal Fernández y Marcelo Sain.


La defensa pidió el archivo de la causa de exjefes policiales

En nombre de Grau y Odriozola

Desde Santa Fe

La defensa solicitó ayer el sobreseimiento de los ex jefes de Policía de la provincia, Rafael Grau y Omar Odriozola, y el archivo de la causa que los investiga por supuesta “asociación ilícita” y “fraude al Estado”, en la que otros seis imputados ya se declararon culpables y aceptaron procesos abreviados y condenas que rondan los tres años de prisión. El pedido fue planteado en una audiencia oral ante la jueza Rosana Carrara, quien ahora notificará de su resolución por escrito en el plazo legal. Así, ambos comisarios quedaron entre dos extremos: el eventual cierre de la investigación -que requieren sus abogados defensores Pedro Fontanetto y Virginia Balanda- o el juicio público al que los quieren llevar los fiscales que los acusan, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. Grau y Odriozola estuvieron al mando de la Policía de Santa Fe en los gobiernos de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz y el segundo de ellos hasta llegó a postularse como candidato a intendente de Recreo por el Frente Progresista.

Los fiscales Jiménez y Hernández, de la Unidad de Delitos Complejos, ya imputaron a Grau y Odriozolla, dos veces y por los mismos cargos. La primera, el 7 de enero de 2020, pero seis meses después, el 4 de julio, el juez Luis Octavio Silva, rechazó la acusación y alivió la situación procesal de ambos comisarios. La segunda, el jueves pasado, 23 de setiembre, que es igual a la anterior, aunque formalizada 20 meses después. En ambos casos, los fiscales pidieron la misma pena para ambos ex funcionarios: 9 años de prisión, 10 de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 90.000 pesos.

A Grau y Odriozola los acusan por liderar una supuesta “asociación ilícita que se dedicó -al menos- entre enero de 2015 y febrero de 2016 a defraudar al Estado provincial simulando la reparación de móviles policiales, así como también la adquisición de repuestos y acarreos a tal efecto”, dice la denuncia fiscal. “La organización delictiva –como la llaman- estuvo integrada por funcionarios policiales” y terceros ajenos a la fuerza.

En la audiencia, el defensor de Grau pidió el sobreseimiento de su defendido y el cierre del proceso porque entre la fallida imputación de enero de 2020 y la de la semana pasada no se realizó ninguna medida investigativa. “Recién cuando pedimos el archivo de la causa", los fiscales se apuraron "a citar a una nueva audiencia imputativa”, dijo Fontanetto. La nueva imputación es la misma que la anterior, “salvo en algunos detalles”, explicó el abogado. Y citó la sentencia del juez Silva que rechazó la acusación hace un año por “falta de pruebas”. Desde entonces, “no se avanzó en nada. La causa no se movió”, reveló Fontanetto.

“No pedimos el archivo para dilatar, lo pedimos porque ya no hay más con qué continuar esta investigación que ha violado garantías constitucionales. No negamos que se haya defraudado al Estado, pero siempre se intentó dirigir la cuestión hacia Grau, y por eso lo terminaron llamando a Odriozola, porque no cerraba por ningún lado. Ni Grau ni Odriozola tuvieron nada que ver con lo que perpetró el último eslabón de la cadena”, que son los imputados que firmaron los procesos abreviados y aceptaron las condenas, concluyó.



Proyecto de She Taxi en el Concejo Municipal

Ellas buscan que haya paridad al volante

Presentaron una iniciativa parlamentaria para ampliar el 5% actual de mujeres taxistas y modificar cláusulas que consideran proscriptivas

Por Lorena Panzerini

"Vinimos con valor a recuperar lo que por miedo perdimos", dijeron las taxistas.. Imagen: Sebastián Joel Vargas

Conductoras que trabajan con la app She Taxi presentaron un proyecto de ordenanza propio en el Concejo Municipal para exigir licencias extraordinarias hacia la paridad de géneros. "No vamos a claudicar en nuestra exigencia ni desistir de lo que por ley es nuestro, pues vinimos con valor a recuperar lo que por miedo perdimos", remarcaron en la presentación, donde recuerdan que la brecha entre géneros da cuenta de la "desigualdad de oportunidades", ya que las conductoras solo tienen un 5% de representación al volante, en el servicio de taxis y remises de la ciudad.

 

"Las conductoras profesionales en relación de dependencia del servicio público de transporte de pasajeras/os de taxis y remises de la ciudad, nucleadas en la plataforma digital She Taxi exigimos se nos otorguen nuevas licencias de taxis extraordinarias a modo de necesidad de urgencia", reza el proyecto presentado por las trabajadoras de la app luego de que se enviaran notas a diferentes bloques y comisiones, y de que en agosto pasado se manifestaran frente al Concejo con el reclamo "mi licencia, mi derecho". La iniciativa busca revertir "la situación de discriminación histórica en relación al cupo y la paridad" en el sector. En ese sentido, plantearon que la sociedad está "desprovista de la cantidad de mujeres necesarias conduciendo el servicio de taxis".

Según detalla el proyecto, en lo que va de 2021 se registran 613.775 solicitudes en la aplicación, de las cuales 148.213 "no tuvieron respuesta por falta de conductoras profesionales". En ese sentido, consideran que "la desigualdad de oportunidades entre varones y mujeres existe en la modalidad 'titulares' y de 'choferes' en relación de dependencia". Además, plantearon una "situaciones de discriminación", y cuestionaron que "la única ausencia es el Estado que inexplicablemente posterga a la mujer en los espacios de trabajo vinculados a la conducción de vehículos". Por lo que apelan "al compromiso con los tratados contemplados en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer". 

Al mismo tiempo, destacaron que las conductoras resuelven "a diario en materia de seguridad las dificultades planteadas por las/los usuarias/os. Creemos imprescindible contar con las herramientas que el estado debe proporcionar para poder satisfacer la demanda evidenciada". También remarcaron que implementan "innovación tecnológica con herramientas únicas en el mundo, como nuestro botón de pánico virtual"

El proyecto plantea que se otorgue "la titularidad de una nueva licencia de taxi a toda conductora profesional en relación de dependencia habilitada por el municipio"; que se disponga "como único requisito contar con carnet profesional habilitado"; que no se obligue al pago de radio taxi, dado que "la posibilidad de trabajo está asegurada en la plataforma digital She Taxi de manera gratuita, como así también en las demás plataformas que brindan igual servicio"; la desobligación de pago del canon: "Para acceder a una licencia las trabajadoras deben disponer de un capital para adquirir un vehículo de unos 2 millones de pesos, siendo un factor excluyente. Si a eso le sumamos el pago de un canon solo estamos sumando exclusión para las conductoras que, en su mayoría, son único sostén de familia", aseguraron. Y que "a través del Banco Municipal se establezca una línea de crédito accesible para la conductora que no disponga del capital para la compra del vehículo".

Fuente:Rosario12


Cónclave de Ctera y el Presidente

Alesso, “conforme” tras la reunión con Alberto Fernández

 

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