¿En qué consiste el plan contra la
desocupación que la Unidad Piquetera
presentó al ministro Zabaleta?
Resumen Latinoamericano, 09 de Septiembre de 2021.
Tras la multitudinaria movilización del 18 de agosto, las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera se reunieron el viernes 3 de septiembre con el flamante ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, ante quien presentaron su plan integral contra la desocupación, el hambre y la pobreza, que plantea la generación de un millón de puestos de trabajo genuino bajo convenio por medio de un «Gran Plan de Obra Pública y Vivienda» financiado por el Estado Nacional – que incluya la construcción de viviendas en todo el país – y la universalización de un seguro a la persona desocupada que cubra la canasta básica. «El plan que proponemos se debe financiar con los recursos provenientes de los recursos que actualmente el Estado destina al pago de la deuda, subsidios a las viejas privatizadas y al gran capital», sostienen.
Ante la asunción de Juan «Juanchi» Horacio Zabaleta como flamante ministro de Desarrollo Social de la Nación, la primer demostración de fuerza en la calle de las organizaciones sociales no alineadas al gobierno nacional y nucleadas en la llamada Unidad Piquetera – que agrupa a 40 movimientos sociales -, fue la multitudinaria movilización de más de 15o.000 personas el miércoles 18 de agosto en reclamo de trabajo genuino y la universalización de los programas sociales vigentes. Allí también denunciaron que los beneficios sociales están actualmente limitados a cupos que se distribuyen desde el ministerio de Desarrollo Social a través de los intendentes, las ONG y las propias organizaciones sociales.
La movilización se dio en el marco de un crecimiento de la cantidad de beneficiarios y beneficiarias de los programas Potenciar Trabajo, dependientes de Desarrollo Social, que se incrementaron durante 2020, pasando de alrededor de 600.000 a alrededor de 1.000.000, aunque resultan insuficientes para las 9 millones de personas que tramitaron el IFE en el peor momento de la pandemia, los 18,1 millones que en marzo vivían en hogares pobres, los 2,5 millones que cayeron en esta situación entre marzo del 2020 y el mismo mes de este año y los 1,2 millones que, en el mismo período, se hundieron en la indigencia.
Así se vio desde el aire la multitudinaria movilización de la Unidad Piquetera del 18 de agosto, cuyos referentes luego se reunieron con el ministro Zabaleta. Foto: Prensa Obrera.
En ese contexto, la Unidad Piquetera no comparte el proyecto de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) – conformada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, y un sector del Frente Popular Darío Santillán -, que apunta a generar un salario básico universal. A esa propuesta, la Unidad Piquetera le opone el reclamo de trabajo genuino bajo convenio y un seguro a la persona desocupada atado a los salarios de convenio.
Con esta propuesta central y tras la masiva movilización, se reunieron el viernes 3 de agosto con el ministro Juan Zabaleta, ante quien presentaron su plan integral contra la desocupación, el hambre y la pobreza, que plantea la generación de un millón de puestos de trabajo genuino y la universalización de un seguro al desocupado que cubra la canasta básica.
El plan pretende «reemplazar la política de planes sociales y asistencialismo creada por los gobiernos de los últimos años 20 años, sin conseguir modificar la situación de pobreza, desocupación e indigencia en la que millones de familias se encuentran; y la generación y estímulo de trabajo genuino bajo convenio, y con todos los derechos conquistados por las y los trabajadores», detalla la propuesta entregada a Zabaleta.
Al mismo tiempo, el plan «abarca la necesidad de dar respuesta a la falta de urbanización, escuelas en todos sus niveles (desde jardines maternales hasta los estudios secundarios), conjuntamente con las viviendas populares que permitan empezar a resolver el drama social de la vivienda propia que sufren millones de personas en nuestro país».
Esto en un contexto donde, señalan las organizaciones de la Unidad Piquetera, la crisis socioeconómica lo único que ha hecho es agudizarse: «en la Argentina los barrios populares nunca dejaron de crecer. Las últimas cifras oficiales (diciembre de 2016) ubican a estos asentamientos en 4.416. Sin embargo, las estimaciones de organizaciones sociales que trabajamos en el territorio sostenemos que esa cifra ascendió a unos 5.000. La mayoría de ellos están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Dentro de ella, los municipios que suman la mayor cantidad de asentamientos son los de La Plata y La Matanza, en ese orden. En la Argentina, unas 870.000 familias, esto es unos cuatro millones de personas, viven en asentamientos, en viviendas precarias, en muchos casos sin agua potable, cloacas y luz. El último censo realizado sobre los asentamientos de todo el país determinó que el 78,5% de los barrios son de baja densidad poblacional y el 68% tienen viviendo menos de 150 familias. Las Villas representan el 21,5% y son las que tienen mayor densidad poblacional. Más de la mitad de las familias viven en estos barrios desde antes del 2000. El 93% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente y el 70,5% a la red de energía eléctrica (datos del Renabap). La provincia de Buenos Aires es la que concentra la mayor cantidad de Barrios Populares. El último relevamiento determinó que son 1.783, pero las últimas estimaciones elevan esa cifra por arriba de los 2.000″.
Foto: Silvana Colombo
Es por eso que en este delicado contexto de crisis, consideran que «el trabajo genuino y las obras públicas no solo son imprescindibles para el desarrollo nacional, sino que constituyen un acto de justicia indelegable del Estado, que debe figurar entre las principales prioridades».
Por todo ello, plantean «la urgencia de desarrollar un ‘Gran Plan de Obra Pública y Vivienda’ para crear 1.000.000 de puestos de trabajo financiado por el Estado Nacional que incluya la construcción de viviendas en todo el país«. Para esto, proponen conformar una » ‘Mesa Inter Ministerial’ con las organizaciones sociales donde participen el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Intervención Socio Urbana, y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat».
«Desde nuestra parte nos ponemos a disposición y acercamos el relevamiento con el cual hemos construido una gran ‘Bolsa de Trabajo’ de 100.000 trabajadoras y trabajadores de nuestras organizaciones con diversos oficios y profesiones», sostienen desde la Unidad Piquetera, y detallan los oficios en los que están formados sus integrantes: «Electrotécnicos, Programador de computación, Albañil, Solador, Escayolista, Yesista, Acabados, Empapelador, Pintor, Electricista, Gasista, Jardinería, Revestimientos continuos, Ayudante de mantenimiento básico de edificios, Enfermeras, Auxiliares de limpieza, Cocineras/os, Auxiliares de cocina, Costureras/os, Mampostero, Oficial de miras, Pavimentador, Pocero saneamiento, Encofrador, Ferrallista, Tejador, Pizarrista, Aplicador de revestimientos, Alicatador-soldador, Instalador de sistemas de impermeabilización, Impermeabilizador de terrazas, Cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, etc».
Desde la Unidad Piquetera están convencidos «de que la conversión de planes sociales en trabajo no se va a resolver con programas como el ‘empalme’ o ‘enganche’ que no dieron ningún resultado concreto y que constituían un subsidio encubierto a las patronales y un ataque a los convenios colectivos de trabajo«. Por lo que entienden que «esa reconversión es solo posible con trabajo genuino, bajo convenio y sin eliminar derechos conquistados».
En cuanto a cómo se puede financiar ese plan integral que proponen, las organizaciones sociales detallaron: «el plan que proponemos se debe financiar con los recursos provenientes de los recursos que actualmente el Estado destina al pago de la deuda, subsidios a las viejas privatizadas y al gran capital. En lo que va del año, el Banco Central destinó 800.000 millones de pesos a pagar intereses a la banca privada, el Estado pagó más de 1.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y se están pagando las cuotas al Club de París, mientras no se resuelven las necesidades de los barrios populares, además de los compromisos que ya ha establecido el Gobierno para los próximos años en pagos exorbitantes que postergan las más elementales necesidades del pueblo».
Foto: Franco Fafasuli / Infobae
Al mismo tiempo, exigen «el reconocimiento a través un salario con todos los derechos a los trabajos que desde hace décadas venimos realizando en los barrios populares las organizaciones sociales, donde se destacan las tareas vinculadas al cuidado y la reproducción de la vida donde en su amplia mayoría son nuestras compañeras las que están al frente de los comedores, merenderos, experiencias productivas y educativas», remarcan.
Asimismo, desde la Unidad Piquetera consideran que este plan integral no puede estar desarticulado de otras medidas macro económicas en relación al resto de la clase trabajadora. En ese sentido, remarcan «la necesidad de fortalecer y apoyar a las y los trabajadores de las empresas recuperadas y unidades productivas, tomando medidas urgentes para que no se pierdan estos puestos de trabajo ante la crisis económica». Para esto, señalan: «se debe promover: garantía salarial estatal, eximiciones impositivas y créditos no bancarios para su desarrollo, implementación efectiva y amplificación del Compre Social incorporando todas las dependencias del Estado, y promoviendo desde el Estado la comercialización de su producción».
Finalmente, consideran que el plan integral, también, debe complementarse con una la siguiente batería de medidas:
- La «prohibición real de los despidos».
- La «continuidad de la producción bajo control de sus trabajadores de toda empresa que cierre o despida».
- La «construcción de polos educativos en los barrios populares que incluyan jardín de primera infancia, escuela primaria y secundaria».
- Un «plan de viviendas populares y accesibles con un % del salario mínimo vital y móvil en todo el país».
- La «promoción y estímulo para la contratación de trabajadores y cooperativas de cuidadores domiciliarios desde el sistema público, obras sociales y prepagas».
- El «reconocimiento salarial para promotoras de género, salud comunitaria, tareas ambientales, y educativas».
- La «apertura de concursos en hospitales, jardines de infantes y escuelas para cubrir vacantes de auxiliares, limpieza y cuidado de personas».
- El «pase a planta o mejor convenio de la actividad de todos los precarizados, tanto en el Estado como en el sector privado».
- El «reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, creación de nuevos turnos de trabajo utilizando la capacidad instalada ociosa».
- Un «Ingreso Universal para todas las personas en edad laboral que tengan una situación de vulnerabilidad social», con «montos de este ingreso deben estar atados a la canasta básica que se precisa para no ser pobre».
- El «aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil».
- El «financiamiento para los refugios contra situaciones de violencia, como también la ampliación y aplicación del cupo laboral trans».
- Un «plan de acceso a la tierra para vivir y producir, constituyendo un ‘Banco de Tierras’, con el objetivo de repartir 500.000 hectáreas, fiscales y ociosas, para vivir y producir a través de cooperativas de trabajo u otras formas organizativas del trabajo»
- «Promover el acceso a la Energía Renovable»
- «El Fortalecimiento y Reconocimiento de las experiencias educativas populares, como también el estímulo para desarrollar nuevas experiencias (educación en todos los niveles, espacios de niñez, alfabetización, jardines de primera infancia, centros educativos complementarios, talleres de juventud, escuelas de oficios y formación profesional)».
Fuente: ANRed – Foto portada: Damián Dopacio / NA
Morir presas, carbonizadas y abrazadas
en una celda
Resumen Latinoamericano, 09 de septiembre de 2021.
Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia estaban detenidas en una brigada policial femenina de Tucumán sin condiciones para alojar personas presas. Hacía meses que esperaban el traslado a una unidad penitenciaria, pero la única de la provincia está colapsada.
El jueves 2 de septiembre a las 17.30 los vecinos que viven cerca de la Brigada Femenina de Policía de la ciudad de Concepción, en Tucumán, vieron salir humo de ese edificio.
La Brigada está a la vuelta del destacamento de Bomberos voluntarios y a 200 metros de un hospital. Pero el pedido de ayuda no salió de adentro. Fueron los vecinos quienes llamaron a los bomberos para pedir auxilio.
Ya era tarde: Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia habían muerto carbonizadas en su celda. Ninguna llegaba a los 30 años. Las cuatro estaban detenidas en la Brigada con condenas de entre 3 y 6 años y hacía meses que esperaban ser trasladadas a la única cárcel de mujeres de la provincia: la Unidad 4 de Banda del Río Salí. Ese día iniciaron una protesta para exigir el traslado.
“Las cuatro murieron abrazadas”, contó después la madre de una de ellas. “Vivían en una celda de tres metros por tres; dormían en el piso, en unos colchones sucios. No tenían cocina; no podían cocinarse nada”, dijo. Comían lo que les llevaban sus familiares.
La Brigada Femenina de Concepción no está en condiciones edilicias para alojar presas. Pero ni en la Unidad 4 ni en las seccionales hay más lugar.
Como sucede en el resto del país, las cárceles hace años que están colapsadas. Y en 2020 la pandemia agravó la situación de sobrepoblación y crisis carcelaria. La CIDH recomendó a los Gobiernos, en abril del año pasado, reducir la población carcelaria para garantizar en el distanciamiento social en las prisiones. También pidió proveer productos de higiene y protección necesarios para evitar la propagación del virus, garantizar la atención médica adecuada y facilitar la toma de muestras para la detección efectiva tanto para las personas encarceladas como para el personal penitenciario.
En marzo de este año varias organizaciones de derechos humanos solicitaron a la CIDH una audiencia pública por la situación específica de las mujeres privadas de la libertad durante la emergencia sanitaria. Ni las leyes, ni la Justicia, ni las políticas públicas tienen una perspectiva de género interseccional que contemple el contexto en el que llegan las mujeres y LGBT a ser detenidas: situaciones de vulnerabilidad, pobreza, violencia que se agravan en el contexto de encierro.
La muerte de cuatro mujeres no fue suficiente para que la noticia se ganara una tapa.
“Las llamas impidieron a los policías acceder a la celda”, repiten la mayoría de las notas que salieron en los medios locales y nacionales. No mencionan si había matafuegos alrededor o algún otro tipo de elemento de seguridad.
Familiares de las cuatro mujeres contaron que la celda en la que murieron tenía cerradura y candado. Imposible salvarse del incendio sin la ayuda exterior.
Desde la Brigada, la versión oficial de cómo se inició el incendio fue que una de las detenidas prendió fuego de manera intencional un colchón. Tanto las familias de las víctimas como la organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, lo desmintieron. Desde Andhes informaron que una de las detenidas golpeó un foco de una instalación eléctrica que sacó chispas e hizo que se prendiera. Las víctimas estaban reclamando por su traslado.
La jefa de la Brigada y tres efectivas subalternas que estaban de turno en el momento del incendio fueron pasadas a disponibilidad. El ministro de Seguridad, Claudio Maley, informó que se inició una investigación.
Fuente: Cosecha Roja
Miles de migrantes acudirán a las urnas
por primera vez para elecciones
legislativas
Por Fernanda Paixão, Resumen Latinoamericano/Brasil de Fato/ 9 de septiembre de 2021.
Fuerzas políticas en la Capital Federal compiten por nuevo electorado: ahora 417.000 migrantes son elegibles para votar.
La provincia y ciudad de Buenos Aires concentran el 70% de los habitantes extranjeros de Argentina.
Por primera vez, el registro electoral de migrantes en la Capital Federal de Buenos Aires se realiza de forma automática en un año electoral en Argentina. De poco más de 20 mil migrantes registrados para votar en la ciudad, el mecanismo ha aumentado a 417,000 migrantes en el padrón electoral, un incremento del 2000%.
Este domingo 12 de septiembre, se dará a conocer el termómetro sobre la participación de este nuevo electorado expresivo en la elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO).
El nuevo escenario se refleja en el fortalecimiento de los derechos políticos de la población migrante, que ahora representa el 16% del electorado en la ciudad de Buenos Aires. Como resultado, también se refleja en los renovados esfuerzos de las principales fuerzas políticas para capturar estos votos.
Por un lado, está la coalición de gobierno, el Frente de Todos (FdT), que, como señala la tradición de elecciones anteriores, representa una corriente de preferencia del voto migrante; y, por otro lado, Juntos por el Cambio (JxC) .
Esta, una coalición de derecha, lleva como historia las políticas anti-migratorias del expresidente Mauricio Macri, cuyo partido ha reinado en Buenos Aires durante 14 años.
La provincia de Buenos Aires también cuenta con un registro automático, vigente desde 2009. Sin embargo, una mejora en el sistema de automatización aumentó significativamente el electorado migrante, en un 25%. Este año, alrededor de 800.000 habitantes extranjeros de la provincia podrán acudir a las urnas el próximo día 12.
Aunque en mayor número en comparación con la Capital Federal, los migrantes representan el 6,7% del electorado en la provincia de Buenos Aires.
Evolución del electorado migrante en la provincia de Buenos Aires. / Ana Paula Penchazadeh / Datos: Tribunal Superior de Justicia C.A.B.A.
Panorama migrante
Actualmente, alrededor de 2 millones de extranjeros viven en Argentina, según el Anuario Estadístico de las Migraciones de Argentina 2020, de la Red de Derechos Humanos Conicet.
Las nacionalidades más predominantes son Bolivia, Perú y Paraguay. Como la mayoría de los habitantes nacionales, la población migrante también se concentra especialmente en la ciudad y provincia de Buenos Aires.
La investigadora en temas migratorios, Ana Paula Penchaszadeh, quien coordinó el equipo del Anuario, ha impartido talleres para capacitar a este nuevo electorado para participar en las elecciones del país, que adoptan el voto en papel y el sistema de listas de candidatos por partidos.
«La provincia y la ciudad de Buenos Aires concentran en conjunto el 70% de la población migrante del país», señala la investigadora.
«Es una fuerza electoral que definitivamente cambia el mapa y, además, el voto siempre tiene una dimensión estratégica. Esto significa que cuanto más peso tiene este voto, más posibilidades tiene de incidir en la política y generar transformaciones. Ningún candidato va en contra un candidato. minoría que puede inclinar la balanza «, concluye.
Migrantes inscritos en el padrón electoral según nacionalidad en la ciudad de Buenos Aires en 2021. / Ana Paula Penchazadeh / Datos: Corte Superior de Justicia C.A.B.A.
El sociólogo chileno Pablo Cossio vive en Argentina desde hace 10 años y votará por primera vez en la ciudad de Buenos Aires.
«Incluso cuando la política y el proceso electoral son temas de interés, la burocracia dificulta que los migrantes se registren para participar en las elecciones», señala Cossio.
«Ahora, incluso con el registro automático, muchos aún desconocen este derecho. Con la organización, recorremos barrios populares para informar a la gente. De cada veinte personas que me paro a hablar, solo dos saben que ahora pueden votar», dice. .
Además, el sociólogo destaca que la falta de construcción de una identidad como sujeto político, participante activo de los procesos institucionales y políticos del país, aleja a muchos migrantes del proceso electoral.
Blancos de xenofobia y racismo estructural, algo que atraviesa todas las corrientes políticas, los migrantes aún no pueden ser elegidos, lo que agrava el problema de la representación.
«Las fuerzas políticas van a hablar a favor de los migrantes, pero, en concreto, están lejos de conocer y realmente poder mejorar las condiciones de vida de los migrantes en Argentina», señala Cossio.
Movimientos politicos
Las corrientes más cercanas a la comunidad migrante, como las comunidades más vulnerables en general, son los partidos de izquierda, como el Frente de Izquierda (FIT), para realizar labores de base. En las últimas elecciones legislativas, en 2017, tuvieron el 10% de los votos de los migrantes en la capital federal.
«Es interesante notar que el electorado migrante no vota como los nacionales», señala Pechaszadeh. «En un distrito donde siempre gana el Partido Republicano (PRO), en 2017, el peronismo kirchnerista porteño tenía el 48% de los votos de los migrantes, el PRO 28% y el FIT el 10%».
Como la fuerza política progresista más poderosa, el peronismo acaba siendo también el voto estratégico de los migrantes. En la campaña para estas elecciones, la FdT ha realizado un trabajo divulgativo, según señaló Paula Arraigada, primera candidata a diputada trans por la capital federal.
“Es una coherencia de sostener nuestra militancia, que viene del feminismo popular. Nuestro espacio político está interesado en los migrantes no solo por el resultado electoral, sino porque nos enfocamos en atender a poblaciones vulnerables. En gran medida, las necesidades de las personas migrantes son también las necesidades de la comunidad trans ”, dice, señalando temas de vivienda, documentación y participación activa en la sociedad.
«Queremos que la población migrante esté en espacios de toma de decisiones. Defendemos las políticas públicas para los migrantes, así como para las personas trans, afro, chabolistas, campesinos, personas con cuerpos no hegemónicos», continúa Arraigada, resaltando la intención de la coalición. luchar por la posibilidad de que los migrantes también puedan ser elegidos en el futuro.
Ante el desafío de captar el voto de los migrantes, Juntos por el Cambio ha invertido en campañas en redes sociales, medios de comunicación y, en zonas más pobres, ha invertido en viajes presenciales. El coordinador de la campaña migratoria es el diputado Claudio Romero, presidente del PRO en la capital federal.
“Lo que hemos hecho es contarle a las personas migrantes todo lo que hemos hecho durante todos estos años. Que desde el primer día que lleguen a la ciudad puedan disfrutar de servicios como cualquier ciudadano nacional, educación pública y un excelente sistema de salud”, enumera. “Contamos que todos estos servicios, agua, luz, no aparecen por arte de magia, pero están disponibles porque hay un gobierno presente”.
Al ser consultado sobre el desafío del partido ante el rotundo rechazo de la población migrante al decreto Macri que facilitó las exportaciones de migrantes, la diputada manifestó que la medida era necesaria.
«El narcotráfico es un problema que ha entrado en los barrios populares. La gente buena no debe preocuparse, porque aquí tiene la libertad de estudiar, trabajar y gozar de plena salud como individuo», dice.
Como proyecto dirigido a la población migrante, Romero destaca el tema laboral. Pretenden facilitar el registro de personas jurídicas para el autoempleo y promover la regularización del trabajo.
Las elecciones generales, que definirán los próximos cargos legislativos en cuestión, tendrán lugar el 14 de noviembre.
Edición: Leandro Melito
«¿Quién protege a las mujeres en
la provincia de Salta?»
Resumen Latinoamericano, 09 de septiembre de 2021.
Habló la médica que fue detenida en Salta por garantizar una Interrupción Legal del Embarazo en Tartagal.»Estoy cumpliendo con la Ley Nacional, no sucedió otra cosa. Aclaro que yo no soy ginecóloga ni cirujana, yo indico tratamientos autoadministrados Yo no puedo obligar a nadie a abortar. Además nadie reflexiona, que va a movilizar a una médica a obligar a una paciente a abortar ¡por favor!. Yo soy médica residente por lo tanto no actúo sola, la institución avaló el procedimiento legal, porque hemos interconsultado con todo el mundo, fue valorado por un equipo interdisciplinario. ¡Explíquenme por favor, por que me ponen presa!. Si estuvieramos en la edad media, yo estaría muerta en la hoguera. Ésto parece una cacería de brujas, es increíble jamás en mi vida, me imaginé que iba a vivir algo así» explicó la médica integrante de la Red de profesionales de la Salud por el Derechos a Decidir.
La semana pasada se hizo pública la detención de una médica del Hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal en Salta por garantizar una interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El procedimiento fue solicitado por una joven de 21 años que cursaba un embarazo de 22 semanas. La profesional que intervino en el caso es la única en dicho hospital que no es objetora de conciencia.
Una vez en libertad la médica dió su explicación sobre los hechos y dijo: «una de las primeras cosas que yo me pregunto con todo lo que sucedió, es ¿quién protege a las mujeres en la provincia de Salta?. Aparentemente existe como una organización mafiosa, entre la justicia, algún sector político, la iglesia y protectores de ginecólogos abusadores que no solo, no les importó avasallar la intimidad de la paciente, cuando accedió a la Interrupción Legal de Embarazo, en dónde la han expuesto, mintiendo sobre la historia clínica. Y si hubieran dicho la verdad, tampoco habría que hacerlo. Pero han mentido, para defender sus intereses particulares y políticos. Esa paciente fue utilizada políticamente, yo también y su familia. No solo la han expuesto sino que ahora la estan obligando a hacer una falsa denuncia. Lo que tiene que enteder la paciente, es que si ella hace una falsa denuncia compromete su estado de libertad, porque hay pruebas suficientes para demostrar que lo que ella dice no es cierto».
Agregó «yo le pido a ésta organización mafiosa que nos dejen trabajar, que no conocen las necesidades sanitarias del norte de Argentina, déjennos laburar como corresponde y continuar con nuestros servicios públicos y que se dediquen a otra cosa, ¡por favor!. Dejen de jugar a la democracia. Es una vergüenza que hayan obligado a mi paciente a mentir y dar un falso testimonio. Hago un llamado a la racionalidad. ¿Quién nos protege en Salta?. He dicho miles de cosas respecto al ginecólogo abusador, porqué éste es un caso típico de lawfare (guerra jurídica) de libro, respecto a que mi causa no tiene ningún tipo de interés jurídico. Es muy sencillo, la historia clínica esta perfectamente escrita, donde yo indico un tratamiento autoadministrado, que hay testigos, que está el consentimiento informado, que tengo conversaciones con mi paciente. Estoy cumpliendo con la Ley Nacional, no sucedió otra cosa. Aclaro que yo no soy ginecóloga ni cirujana, yo indico tratamientos autoadministrados, la pastilla que se usa es el misoprostol que se coloca por debajo de la lengua por media hora porque es de absorción sublingual y luego se traga. Cada tres horas se repite el procediciento hasta la expulsión. La cantidad de pastillas que se usa, depende de la edad gestacional de la paciente, pero es un tratamiento autoadministrado. Yo no puedo obligar a nadie a abortar. Además nadie reflexiona, que va a movilizar a una médica a obligar a una paciente a abortar ¡por favor!».
Finalmente manifestó «yo soy médica residente por lo tanto no actúo sola, la institución avaló el procedimiento legal, porque hemos interconsultado con todo el mundo, fue valorado por un equipo interdisciplinario. ¡Explíquenme por favor, por qué me ponen presa!. Si estuvieramos en la edad media, yo estaría muerta en la hoguera. Ésto parece una cacería de brujas, es increíble jamás en mi vida, me imaginé que iba a vivir algo así. La otra cosa que tenemos que entender es cuáles son los móviles de esta organización mafiosa que no es solo encubrir a los ginecólogos abusadores en Tartagal, sin también quieren que la Ley no se cumpla de hecho. Tenemos una Ley nacional que es constitucional, que la aprobó el Congreso de la Nación Argentina y parece que Salta lo que quiere hacer es que no se aplique de hecho como si fueran superlegisladores. Yo soy la única médica no objetora de la zona y meterme presa implica que no se garantice la Ley IVE en Tartagal ni en las zonas aledañas que me derivan«.
Fuente: ANRed
La lluvia no impidió que se llevará
adelante el reclamo por la reparación
a las travestis
Resumen Latinoamericano 9 de setiembre de 2021.
Este jueves al mediodía se llevó adelante el reclamo por la reparación a las travestis la carta se presentó en medio de un hermoso grupo de personas travesti trans y medios de prensa.
Las travestis son sobrevivientes de un estado que las privó del goce de todos los derechos. Este jueves se concentraron sin banderas políticas para solicitar una audiencia con el presidente Fernández a partir de las 12:00 frente a la Casa Rosada.
Buscan que el diálogo sea representación directa con la comunidad, sin intermediaries. Sus relatos dan cuenta que sus biografías están atravesadas por prácticas genocidas. Al día de hoy continúan con un promedio de 32 años de vida, aun con las buenas condiciones de incluirlas en políticas públicas.
Acerca de la implementación de políticas la comunidad travesti considera que son fallidas e insuficientes, porque quienes reciben algún plan social comen una sola vez al día y porque como lo expresan todas las normativas internacionales respecto de crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad es indemnizar «de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición»
Fotos de Luar Pepe
Envio:RL
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