Dictamen Fiscal solicita la Suspensión
del Trigo Transgénico
Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021.
En el marco de la megacausa sobre los OGM en Argentina, el Fiscal Federal Dr. Fabián Canda, sumándose al reclamo multidinario de rechazo al Trigo Transgénico de la Corporación Bioceres, solicitó a la Justicia Federal la suspensión de la Resolución 41/20 de la Secretaria de Bioeconomía y Alimentos que autoriza su comercialización.
El Fiscal argumentó que la evaluación de los recaudos legales para justificar la procedencia de la medida cautelar suspensiva en relación al Trigo Transgénico no puede ser indiferente a la naturaleza de los derechos que se ven incididos por la Resolución N° 41/2020, advirtiendo que la misma padece vicios serios y graves que resultan suficientes para tener por acreditada la verosimilitud de la ilegitimidad, y por lo tanto se cumplen con los requisitos para la procedencia del dictado de una medida cautelar que suspenda dicha resolución, la que debería ser declarada nula.
Canda señala que la Resolución de la Secretaria de Bioeconomía y Alimentos se limitó a transcribir las conclusiones de los tres dictámenes técnicos exigidos por la Resolución N° 763/11 que reglamenta el procedimiento de autorización de la comercialización de las semillas genéticamente modificadas en Argentina.
Concretamente señaló que en el caso del Documento de Decisión emitido por la CONABIA, si bien la autoridad administrativa da cuenta de que la Comisión recomendó “… dar por finalizada la Segunda Fase de Evaluación del trigo genéticamente modificado concluyendo que los riesgos derivados de la liberación de este organismo vegetal genéticamente modificado (OVGM) al agroecosistema, en cultivo a gran escala, no difieren significativamente de los inherentes al cultivo de trigo no GM…”, transcribió parcialmente dicho informe técnico dado que en esa misma oportunidad dicho organismo afirmó que “en función de la características del trigo IND-00412-7- subsecuente a la eventual obtención de la autorización para su comercialización y con el fin de retrasar la selección de biotipos de malezas resistentes al glufosinato de amonio, se recomiendan las siguientes prácticas: rotar cultivos y herbicidas con diferentes mecanismos de acción; identificar las malezas presentes y definir el/los/ herbicida/s más adecuados para su manejo; seguir las instrucciones del marbete (dosis, momento de aplicación, precauciones respecto al uso,almacenamiento y preparación del producto); realizar monitoreos para verificar la eficacia del control en la malezas. Evitar su reproducción por semilla o proliferación vegetativa…”. No obstante lo expuesto, en la motivación del acto no se da cuenta, a los efectos de la autorización comercial de la semilla, de estas importantes recomendaciones efectuadas por el referido organismo técnico.
El Fiscal entiende que la mera transcripción de las conclusiones de las diferentes evaluaciones formuladas por los organismos intervinientes, no satisface el estándar de motivación suficiente exigido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la jurisprudencia del Fuero, lo cual torna ilegítimo el acto en cuestión, dado que la motivación constituye un elemento demostrativo de la razonabilidad del acto, cuyo adecuado desarrollo resulta imprescindible en el marco del ejercicio de potestades discrecionales, a efectos de evitar que la Administración recaiga en decisiones arbitrarias. Textualmente el Fiscal recalca en este aspecto que la autoridad administrativa omite invocar fundamento sólidos que tornen razonable la autorización comercial de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo IND-00412-7.
Luego el Dictamen Fiscal focaliza en el Principio Precautorio, señalando que las autoridades administrativas lo han ignorado abiertamente al dictar la resolución que avanza en la liberación de la comercialización del Trigo HB4. En tal sentido Canda apunta que la total indiferencia respecto de la aplicación del principio precautorio en el dictado de la Resolución N° 41/20 también trae aparejado indicios serios y graves de ilegitimidad en el elemento objeto del acto (art. 7 inc. c) de la ley 19.549).
Agrega que el objeto del acto administrativo ambiental será garante de la finalidad de preservación del ambiente por lo que la decisión en concreto adoptada deberá ser idónea y razonable para la satisfacción del bien jurídico medio ambiente cuidando, a la vez, restringir de la menor forma posible los derechos individuales en juego. Algo absolutamente ausente en la Resolución 41/2020.
De modo determinante, el dictamen fiscal señala que la decisión en punto a la autorización comercial de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo IND-00412 7 sin aplicar el principio precautorio, ante el grado de incertidumbre científica, supone una violación a la ley aplicable en tanto desconoce el objetivo primario de la tutela ambiental consistente en el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales (cfr. art. 41 CN y art. 2 inc. a) de la LGA).
Asimismo sostiene que la procedencia de la suspensión de la Resolución 41/2020 encuentra sustento en el principio in dubio pro natura que establece que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios de los mismos” ya que la medida cautelar que se solicita se encuentra estrechamente vinculado con la protección del ambiente y salud pública.
En esa linea, el Fiscal concluye su dictamen señalando que no puede perderse de vista la fuerte presencia del interés público en los procesos ambientales en tanto la mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividua. De esta forma, es claro que cuando se produce un daño ambiental se compromete el interés de toda la comunidad; por tanto, en estas actuaciones, se daría el supuesto de que la concesión de la medida cautelar suspensiva de los efectos de la Resolución N° 41/20 lejos de perjudicar o incidir negativamente sobre el interés público, lo beneficiaría.
Tras el Dictamen Fiscal, quien debe expedirse en los próximos días sobre la suspensión de la Resolución 41/2020 que autoriza la liberación del Trigo Transgénico, es la Defensoria Pública Oficial, para que luego el Juzgado Contencioso Administrativo Federal resuelva sobre la medida cautelar solicitada.
Acceso al Dictamen Fiscal
https://drive.google.com/file/d/1_UiFS1XG5Tt-wlNfsX1zjNoJtsziMO9y/view?usp=sharing
Este jueves se espera una nueva y
masiva jornada de movilización de
la Unidad piquetera
Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021.
Comunicado:
Jueves 14/10 Jornada nacional piquetera*
Las organizaciones de la unidad piquetera salimos a las calles desde La Quiaca a Tierra del Fuego
Luego de más de un mes presentado un programa de empleo genuino, para construcción de vivienda, obra pública, cuidado del medio ambiente, reconocimiento de las tareas de cuidado y líneas para enfrentar la violencia de género, que fue elaborado por el conjunto de las organizaciones piqueteras que luchamos en los barrios y conocemos sus problemáticas, y que permitiría el trabajo genuino para un millón de personas, con un listado de trabajadoras y trabajadores con oficios, no hemos obtenido ni siquiera una respuesta formal de parte del ministro Zabaleta. Quien al asumir su mandato expresó que no haría falta cortar calles porque su gestión abría el diálogo para todxs. Pero por el contrario vemos cómo de forma sistemática se incumple con garantizar cuestiones básicas como el alimento para comedores populares.
Nos enteramos por los medios, que el gobierno vuelve a la vieja y remanida fórmula de anunciar el cambio de planes sociales por «trabajo». Lamentablemente ya hemos escuchado gobiernos tras gobierno ésta fórmula vacía de contenido, porque no tiene un correlato con la situación económica. La apertura de nuevas fuentes de trabajo, las fábricas y la inversión pública, que debería ser el correlato de estos anuncios para creer que sean ciertos, son cambio una maniobra electoral del gobierno, encabezada por Sergio Massa en la cámara de diputados. Lanzan un programa llamado «Construir», que es un plan de subsidio a las patronales de la construccion y a la patota de la UOCRA. No crea un solo puesto de trabajo, como ya ocurrió con Macri y el programa «Empalme». Como ya ocurrio anteriormente con todo tipo de supuestos programas de empleo.
Denunciamos que es una maniobra para responsabilizar aquellos que sufren la falta de trabajo, producto de las políticas desastrosas de los gobiernos de las ultimas decadas.
El trabajo genuino surgirá del desarrollo de los planes económicos, que no estén al servicio de los subsidios a los capitalistas y al pago de la deuda y el FMI
Queremos trabajo genuino pero de verdad, no medidas cortoplacistas que sólo profundizan la precariedad de nuestras vidas.
Florece identidad: Nueva campaña
para homenajear a las abuelas en
su aniversario
Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021.
El 22 de octubre, en el Día Nacional del Derecho a la Identidad, Abuelas de Plaza de Mayo invitan a todos y todas a crear pétalos de diversos tamaños, formas y colores para construir colectivamente flores que inviten a pensar en nuestra identidad.
En el marco del 44° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo y en el Día Nacional del Derecho a la Identidad, convocamos a la sociedad, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad educativa a sumarse a la campaña “Florece Identidad”, con el objetivo de visibilizar, una vez más, la búsqueda de los cerca de 300 nietos y nietas que falta encontrar. Sólo con el ejercicio colectivo de la memoria florecerán las identidades de quienes aún viven sin conocer la verdad sobre su origen.
Desde el inicio de nuestra lucha hablamos de la necesidad común de resolver el delito de apropiación. Conocer nuestra historia, nuestro territorio, nuestros derechos nos permitirá proyectarnos como individuos y como sociedad hacia el futuro. En marzo último, convocamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Hoy, los invitamos a construir flores como una metáfora de la esperanza que venimos sembrando desde hace décadas, para ver florecer las identidades que nos faltan.
En el mes de la identidad, la propuesta es sencilla: invitamos a participar de la campaña #FloreceIdentidad creando pétalos de diversos tamaños, formas y colores para construir colectivamente flores que nos inviten a pensar quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. También convocamos a armar flores que den cuenta de la riqueza de una sociedad diversa. Pueden descargar la flor de la campaña para pegar en algún lugar visible, armar un esténcil, hacer collage, dibujar, pintar o copiar la imagen e intervenirla de la manera que se les ocurra, junto con la frase Florece Identidad. Luego, sugerimos registrar la acción con fotos y/o videos, y el viernes 22 de octubre, en el Día Nacional de la Identidad, difundirla por redes sociales.
No olviden poner las etiquetas de la campaña: #Abuelas44Años y #FloreceIdentidad, y etiquetarnos en @abuelasdifusion.
A los y las docentes e instituciones educativas les invitamos a recorrer los recursos y propuestas didácticas para trabajar en las aulas en este link.
El 22 de octubre, en el 44° aniversario de Abuelas, florece identidad.
Movilización contra las redes de la
trata en Florencio Varela: exigen
que vayan a la cárcel los cómplices
del ya encarcelado concejal Zisuela
Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021.
Una enorme manifestación de protesta discurrió en la tarde de este miércoles por las calles de Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires. La movilización repudió las redes de trata instaladas en la localidad y en la que participaban conocidos dirigentes políticos, sociales y sindicales de la zona. Solo uno de ellos, el ex concejal del partido Justicialista, Daniel Zisuela se encuentra encarcelado con una condena de 13 años, pero el resto de los implicados en la red de prostitución y trata de mujeres, varias de ellas menores de edad, gozan de libertad y no han recibido ningún castigo.
Los manifestantes marcharon hasta la Intendencia y alli volvieron a reclamar cárcel común para quienes como Zisuela fueron parte de esta red criminal.
Comunicado difundido por los organizantes:
CON LA LUCHA LOGRAMOS ENCARCELAR A ZISUELA, AHORA VAMOS POR TODOS LOS INVOLUCRADOS
El 16 de septiembre el movimiento de mujeres vivió una importante jornada. Cientos de personas se movilizaron a las puertas del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Quilmes, donde se dió a conocer la sentencia en el juicio contra Daniel Zisuela.
Zisuela es ex – concejal del Partido Justicialista en Florencio Varela, dirigente sindical y político que aprovechaba sus conexiones con el Estado para manejar una red de trata y explotación sexual de menores. Una causa escandalosa que muestra la íntima relación entre las redes de trata, el Estado, la policía y el poder político y sectores del poder judicial.
Mas allá de los escasos 13 años que dice la condena, la sentencia es histórica y abre la puerta a investigar a todos los involucrados en la red de trata por la que pasaron mas de 40 menores de edad entre los años 2013 y 2018. Zisuela no trabajaba sólo, era parte de una red de trata y prostitución de menores que también integran políticos patronales, policías, sindicalistas, empresarios y la justicia patriarcal.
Con la fuerza de haber encarcelado a uno de los que se creían “intocables” es que nos organizamos para conseguir la prisión para todos los que faltan que también por ser parte del estado o tener intimas conexiones con el se aprovechaban de las necesidades de menores en situación de vulnerabilidad para abusar de ellas y disponer de sus cuerpos como mercancía
Exigimos cárcel común y efectiva para:
Isabelino Barraza, Franco Risso, Hugo Pereyra, funcionarios del municipio
Amancia Baez, gerente del ANSES Varela
Darío Olmedo, secretario general de ATE Varela
Juan Olmedo, ex secretario general de la UOCRA Varela
Diego Gimenez, ex tesorero de la UOCRA y candidato a concejal por Juntos
Pamela Sosa, ex colaboradora de Daniel Zisuela, militante del Frente de Todxs
Octavio Astudillo, candidato de Juntos
Mirta Rojas, referente de Libres del Sur y candidata a concejal de la lista VAMOS POR VOS
Este 13 de octubre vamos a movilizarnos por las calles de Florencio Varela para que toda la ciudad se entere que el Municipio es cómplice de la trata y el abuso de menores. Sumate a luchar por justicia y para que ninguna piba más pase por esta situación
CARCEL A TODOS LOS RESPONSABLES
DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA YA!
Incendios, etiquetados y Pandora
Papers
Por Lea Ross, Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021.
Mientras Córdoba se prende fuego con el peor presupuesto para prevenirlo, Argentina figura como el segundo país con mayor tasa de fugadores de billetes. Entre ellos: los dueños de los alimentos procesados y de las principales vacunas, que operan como lobby para frenar, entre otros, el avance a una alimentación más sana. El escape de monedas es parte de una economía estancada que forja una base de trabajos comunitarios, como contracara del robo fashion.
Los incendios en el norte cordobés surgen con el peor crédito de los últimos 15 años para prevenir y combatir el fuego. Así lo revelan los cómputos de las ejecuciones presupuestarias anuales de la Provincia de Córdoba, que lo mide en pesos argentinos nominales. Pero si lo convertimos a dólares, para medir la capacidad adquisitiva, vemos que para todo el año están depositadas en la cuenta unos U$S 5 millones. Hay que remontarse al año 2005, recién surgía el Plan de Manejo del Fuego, cuando arrancaba con unos U$S 874 mil. La gráfica de abajo muestra la evolución de esos créditos anuales (línea verde), junto con lo ejecutado de ese monto hasta el mes de junio de cada año, que es aproximadamente el inicio de los riesgos de incendio. Como podemos contemplar, el saldo de la cuenta ha tenido una tendencia a la baja. Por su parte, vemos que lo pagado a mitad de año se ha mantenido estable, según la línea bordó.
Sin embargo, los descomunales incendios que ocurrieron el año pasado, las más magnánimas del siglo, y las de éste año, que serán recordado como las que más victimas fatales generó en poco tiempo (tres en total), ocurren en el marco mundial de los llamados incendios de la quinta generación. Esto serían focos de mayor tamaño y que fluyen de manera simultánea, ayudado por el cambio climático. Incluso, en Europa, se está advirtiendo el posible surgimiento de incendios de “sexta generación”, que directamente tienen capacidad para modificar la meteorología del territorio. Todo eso no logra expresarse en la evolución presupuestaria de la provincia, en tiempos donde la merma de fondos tienden al ritmo de las offshore.
La plata y la medalla de plata
Los Pandora Papers -como así también lo eran los Panamá Papers, los Bahama Papers, los Paradise Papers, etc.- son un concepto, una noción o una idea sobre cómo funciona el mundo. El amontonamiento de 12 millones de archivos filtrados, que documentan la existencia de nuevas empresas ocultas en guaridas fiscales (o tax haven en su nombre en inglés, y que debido a la confusión con heaven llevó a la errónea traducción de “paraíso fiscal”), exponen las goteras de un techo rebalsado por el propio funcionamiento capitalista. Un fenómeno que Argentina no es ajena, a tal punto que se sacó una conclusión (también errada) que seríamos el tercer país del mundo con más personas que ocultan sus bienes en el extranjero, cuando en realidad se reduce solo a los casos del reciente destape, que son gotitas que provienen de una enorme masa de agua acumulada en la azotea.
Ahora bien, si a esa cantidad de beneficiarios finales de cada país en ese trending topic lo adaptáramos por el tamaño demográfico respectivo, veremos que en nivel de casos de millón de habitantes, Argentina figura en el puesto número dos dentro de lo obtenido por los Pandora Papers, por debajo de la particularísima isla de Chipre. Allí, nuestro país sigue compitiendo palo a palo con el Reino Unido y manteniendo una situación casi seis veces más alejada que nuestro vecino Brasil, aún cuando ha sido sede del escándalo Odebrecht, donde la transferencia de coimas a funcionarios se canalizaba por canaletas offshore. Y finalmente, la potencia mundial de China se la contempla con una tasa muy diminuta, aún con su inmensa población.
En este 2 a 1 contra los ingleses se ventila que ellos tampoco ven con indiferencia éste fenómeno inherente a los mercados globales. De hecho, dos años atrás, el Partido Laborista Británico realizó ésta ingeniosa campaña entre Batman y el Guasón sobre la injusticia de éstas herramientas financieras. Con el riesgo de que el humilde servidor sea sospechado de tener un enorme peso en la edad más que en los bolsillos, todavía aquí espera la versión de Super-Hijitus, esbirro del multimillonario Gold Silver, contra el desequilibrado Dr. Neurus.
Zonas rojas, guantes blancos
En junio de 2016, el presente cronista había realizado un análisis de los más de 770 domicilios de la República Argentina que estaban guardados en los Panamá Papers. Se trata de direcciones particulares, donde habitarían lxs dueñxs de distintas sociedades offshore, de los cuales 30 se localizan en la provincia de Córdoba; 26 son de la ciudad capital, cuya localización se exponen en el siguiente mapa.
Más de la tercera parte de los casos está concentrada en la región noroeste de la ciudad, en los barrio Cerro de las Rosas, Villa Belgrano y Alto Verde. La expansión urbana en esa zona se fue agudizando en las últimas décadas, acompañada de la construcción de barrios privados en las afueras de la ciudad, en una suerte de transición entre los countries norteñas y el centro de la ciudad capital. Bajo las comodidades que mantiene la región, la zona ha estado acompañada de un crecimiento comercial para los vecinos. A su vez, otra tajada importante se encuentra en los alrededores del centro de la ciudad. De hecho, Nueva Córdoba ha sido el barrio que ha recibido un gran porte del boom inmobiliario, originario de la renta extraordinaria de la soja, pegado a la zona de la “city cordobesa” financiera. Los domicilios del noroeste y del centro concentran la mitad de todos las direcciones cordobesas registradas en los Panamá Papers.
Todo esto expone la interrelación entre la corrupción y el territorio. El crecimiento y desarrollo urbanístico va en paralelo con el acomodamiento de figuras que logran circular grandes cantidades de dinero, sospechada de manera clandestina.
Los Panamá Papers conforman un verdadero GPS para localizar las “zonas rojas” donde conviven los ladrones de guante blanco.
Glotones
Arcor y Aceitera General Deheza son las dos principales empresas de alimentos de la provincia de Córdoba. Sus dos dueños, Luis Pagani y Roberto Urquía, están dentro del top ten de los principales multimillonarios de la Argentina. Son uno de los tantos que ven con malos ojos la posible aprobación a la Ley de Etiquetado de Alimentos. Y en ambos, sus familias están involucradas en los negocios de las guaridas fiscales.
Según los registros del Estado de Florida (Estados Unidos), uno de los distritos predilectos para registrar sociedades en secreto, Luis Alejandro Pagani comparte con su esposa, María Eugenia Novoa, el paquete accionario de la empresa Li Atlantic Investment LLC, creada en noviembre de 2012, teniendo a Sergio Limonti, gerente en Arcor en Estados Unidos, como su agente. En los Panamá Papers, la pareja Pagani-Novoa también comparten la firma Roquel Properties LTD., registrada en las Islas Vírgenes Británicas y creada el 2 de abril de 2012. Como un chiste de pésimo gusto, ésta firma bajo la órbita de la corona británica se hizo justo en el aniversario 30 de la Guerra de Malvinas. A su vez, Luis y su hermano Alejandro Gustavo Pagani son socios y beneficiarios del Quinam Investments LTD., creado un mes después del Roquel, el 2 de mayo de 2012, también en las Islas Vírgenes Británicas.
Los dueños de Arcor, escrachados en la base de datos de los Panamá Papers.
Otros integrantes de la familia Arcor son Liliana María Pagani y Mario Enrique Pagani, que registraron Karoby Consulting Limited y Lafico Group Limited en la misma fecha que Quinam y en el mismo archipiélago colonizado. Todas las compañías británicas se computaron en un domicilio de Uruguay: Dr. Luis Bonavita 1294, registrado a nombre del matrimonio Víctor Daniel Martín, ejecutivo de Arcor, y Claudia Elena Bassano. Ambos también tienen su propia offshore británica, Ragley Enterprises Inc., también creada el 2 de mayo de 2012, y tienen una firma local llamada ISAV SA, con sede en el Complejo Capitalinas de ciudad de Córdoba.
Y en el caso de Aceitera General Deheza, no se tiene a mano sociedades en guaridas fiscales a nombre de Roberto Urquía, pero sí de sus socios y familiares. Su hermana Adriana Urquía y su esposo Miguel Acevedo, integrante de AGD y ex presidente de la Unión Industrial, son integrantes de cinco sociedades offshore, creadas a finales del año 2013, en Florida. La primera es del primero de agosto y luego disuelta el 29 de septiembre del año siguiente, y se llamó Oceana 906 B, LLC. El 20 de agosto, Acevedo y Urquía crearon Tamma Investments LLC. También está Jade 2204 LLC, registrada el 18 de noviembre; un día después, crearon Jade 1002 LLC. Finalmente, la última fue Oceana Bal Harbour 1202 SE-M, creada el 19 de diciembre. Todas fueron firmadas por el asesor Álvaro Castillo, bajo el domicilio de la Avenida Brickell al 1390, en el Suite 200, en Miami. Según los Panamá Papers, el tal Álvaro Castillo utilizó esa dirección para el armado de empresas “fantasmas”, de las cuales no se sabe quiénes son sus dueños, ni siquiera de dónde provienen. Encima no solo tiene conexiones con Estados Unidos, sino que también con las Islas Vírgenes Británicas y Taiwán.
Inyecciones
El día que se destaparon los Pandora Papers, que fue el domingo pasado, el humilde servidor publicó en su cuenta de Facebook que en el Registro Público de Panamá figuraba una empresa offshore llamada KEP SA, registrada en 2006 y disuelta en 2009, y que estaba a nombre del multimillonario farmacéutico local Hugo Sigman, creada por el bufet Alcol, donde provino la mayoría de los documentos filtrados.
El viernes pasado, los colegas que trabajaron en esos papeles especificaron que KEP tuvo como accionistas a dos compañías: Kevilmare Holding GmbH y Faro Investments GmbH. La primera está radicada en Austria, es la “madre” del grupo empresarial de Sigman, que opera en 50 países a través de 150 sociedades, y en 2020 cambió su nombre a Grupo Insud GmbH. La segunda tiene su sede en Viena y hay poca información al respecto.
Según los Pandora Papers, en 2008, Sigman giró U$S 120 millones desde las dos firmas hacia Kep SA. El 3 de abril de 2009, su dueño decidió disolverla. Sin embargo, la administración panameña lo oficializó el 20 de noviembre. Justo el mismo día en que el Ministerio de Salud de la Nación Argentina llamó a licitación para la construcción de una planta fabricadora de vacunas en la localidad de Garín. En menos de un mes, la ganó el consorcio de Novartis, de capitales suizos, y las locales Biogénesis Bagó y laboratorios Elea, ambos del emporio Sigman. Desde entonces, bajo el nombre de Sinergium Biotech, cada vacuna fabricada fue comprada por el Estado, por orden del Calendario Nacional de Vacunación. Quien se hizo cargo de aquella licitación fue el ministro de la cartera Juan Manzur, actual jefe de gabinete.
Izq.: Documento donde se anuncia la disolución de la offshore de Sigman el 20 de noviembre de 2009 (Fuente: Registro Público de Panamá). Der.: El Boletín Oficial señala el llamado a licitación para la instalación de una fábrica de vacunas, que la ganaría Sigman, en la misma fecha.
Finalmente, tanto el sector concentrado alimenticio -con las cordobesas Arcor y AGD, la santafecina Vicentín, la jujeña Ledesma, entre otros- como el sector concentrado farmacéutico -con Sigman a la cabeza- conforman un lobby que se nuclea en la Cámara de Biotecnología, para operar las políticas públicas que las benefician (como asegurarse la compra de sus medicamentos), repeler aquellas que las perjudican (como la Ley de Etiquetados) o mantener el panorama jurídico tal como ésta (aquella que le permite seguir fraguando billetes al exterior).
Choriplaneros
La fuga y ocultamiento de billetes llevan a una escasez de fondos en el país que, entre otras consecuencias, desacelera la inversión de capitales privados para la productividad y generación de empleos. Eso desencadena que millones de personas ejerzan sus propias fuerzas productivas para emprender trabajos comunitarios, sin recurrir al capital privado. De hecho, los movimientos populares que emprenden estos trabajos de la economía popular realizaron un plenario en el Estadio de Nueva Chicago, en el barrio porteño de Mataderos, que contó con la participación del presidente Alberto Fernández. El evento, que convocó a cuarenta mil personas, se dio en el marco de la crisis interna del Frente de Todxs, en el ínterin electoral, donde dentro del giro conservador del gabinete, una franja de la misma, encabezada por Sergio Massa, propone “reemplazar los planes sociales por trabajo”.
Con micrófono a mano, el mandatario declaró en una suerte de aclaración: “Cuando digo que quiero cambiar planes, no quiero cambiar planes por trabajo. Porque los que tienen planes trabajan. Lo que quiero es cambiar planes por empleo para que, de una vez por todas, todos tengan los derechos de un trabajador formal”.
Según un artículo de Nicolás Salas, para el portal ANRed, a la hora de analizar el proyecto de ley del Presupuesto 2022, donde incluye un balance financiero de lo que fue el año 2021, puede verse que el “Potenciar Trabajo” tiene un presupuesto total de $83.500 millones, un 0,2% del PBI, destinado a unas 950 mil personas que trabajan en el barrido, el reciclado, la producción de alimentos, la construcción, etc.
Por otro lado, tenemos los “planes” que lanzó el Estado para los empleadores de empresas privadas, como fueron el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), reemplazado por el programa de Recuperación Productiva (REPRO II), para ayudarlos en el pago de remuneraciones a su personal, que implicó un total de $ 80.147 millones, 4% menos que el Potenciar Trabajo pero abarcando a menos de la mitad de trabajadores/as: 420 mil personas. Si sumamos los $14.400 millones para contribuciones patronales y las $11.774 millones para programas de generación de líneas de crédito implicaron un total de $106.321 millones. Un 27,3% por arriba del Potenciar Trabajo.
No está demás en recordar que se constató que al menos 2.000 empresas usaron esos fondos girados por el Estado, en particular las ATP, para la compra de dólares y las apuestas en la timba financiera. Por si fuera poco, los beneficiarios de esos planes fueron grandes compañías como Clarín, Techint, Volkswagen, entre otros. “El caso del grupo mediático fue de los más resonantes ya que pidieron la asistencia al Estado cuando venían de fugar 650 millones de dólares, y muchas de sus empresas, como Cablevisión Holdings, mostraron un incremento en sus valores del 77% desde el inicio de la cuarentena”, señaló ANRed.
Pero también, son las mismas empresas que vienen recibiendo subsidios de distinta índole por parte del Estado, que luego terminan escondidos en cuevas fiscales, que luego adquirieren su exposición pública como las que acaba de ocurrir.
Jujuy: organismos de Derechos
Humanos pidieron la libertad
condicional de cinco mujeres de la
Túpac
Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021.
Denunciaron que sufren «condiciones inhumanas» de detención y «falta de atención médica», aparte de ser víctimas de «violencia ejercida por el servicio penitenciario» de la provincia.
Referentes de colectivos de derechos humanos se reunieron hoy con en el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para solicitar el otorgamiento de la libertad condicional para cinco mujeres integrantes de la Túpac Amaru con prisión domiciliaria que ya cumplieron dos tercios de sus condenas.
Además, denunciaron que las cinco referentes -María Graciela López, Patricia Cabana, Mirta Rosa Guerrero, María Sandra Condori y Adriana Noemí Condori- sufren “condiciones inhumanas” de detención y “falta de atención médica”, aparte de ser víctimas de “violencia ejercida por el servicio penitenciario” de la provincia.
De la entrevista con Lello Sánchez participaron el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), José Schulman; Carolina Ameijeiras y Susana Traversi, del Foro por la Democracia y la Libertad de los presos políticos; más el gremialista Rubén Ciuro, de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA) de la CTA. Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, y Diego Pietrafesa, secretario de DDHH de Sipreba, formaron parte de la comitiva.
Otro de los planteos transmitidos al titular del Ministerio Público de la Acusación fue el reclamo de que “se respeten” las garantías constitucionales de las cinco detenidas, quienes en enero de 2019 fueron condenadas a la pena de entre 6 y 7 años de prisión en el marco de la causa conocida como “Pibes villeros”.
“En la reunión denunciarnos las malas condiciones de detención de las compañeras de la Túpac Amaru y el cumplimiento de los dos tercios de sus condenas, por lo que insistimos en que se les debe otorgar la libertad condicional”, contó Schulman en declaraciones a Télam al finalizar el encuentro con el funcionario del ministerio público.
Según la comitiva de DDHH, durante la conversación Lello Sánchez les adelantó que “abrirá una investigación de oficio para indagar sobre las condiciones de detención” de las cinco activistas de la Túpac Amaru, como también de Milagro Sala, hoy en prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya, en la capital jujeña.
Schulman afirmó que en la reunión se denunció también “la decisión de la fiscalía de enviar a Milagro Sala a la cárcel, aun teniendo la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, al recordar que el tribunal hemisférico ordenó al Estado argentino que Sala esté en prisión domiciliaria por razones de salud psicofísica.
Sobre ese punto, Schulman señaló que Lello Sánchez “defendió la legitimidad de todo el proceso, inclusive la decisión de mandar a prisión” a la fundadora de la Túpac Amaru.
“Para nosotros es importante hacer visible las condiciones de detención de las afectadas y toda instancia de denuncia es una conquista”, destacó el referente de la Ladh, y adelantó que en los próximos días se reunirán con autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación para exponer sobre la situación actual de los “presos políticos” en Jujuy.
Por su parte, Ciuro, de la CTA, advirtió que en Jujuy “el armado de causas y la persecución siguen firmes” aunque al mismo tiempo consideró un logro de la comitiva que se hayan podido “plasmar las condiciones físicas y psíquicas que padecen las compañeras y compañeros detenidos”.
“Queremos que el Poder Judicial jujeño cumpla la ley”, remarcó el referente gremial, en relación al reclamo de que las cinco mujeres de la Túpac Amaru reciban la libertad condicional tras haber cumplido las dos terceras partes de condena.
Ciuro, de todas formas, aseguró que los organismos de DDHH “seguirán impugnando la causa (Pibes Villeros) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Nos parece fundamental estar acá acompañando a Milagro, una mujer perseguida y atacada por el poder político provincial por la construcción y organización popular que llevó adelante. Personalmente, fue un momento sumamente emotivo poder compartir con una compañera de su magnitud y dimensión”, señaló Gaudensi.
La delegación encabezada por Schulman presentó ayer un petitorio ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia jujeño, Federico Otaola, para reclamar el otorgamiento de la libertad condicional de las cinco mujeres de la Túpac Amaru, que sería contestada en los próximos días.
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