Igualdad de trato para mujeres en la carrera policial
Para remover todos los obstáculos vigentes
Para las autoridades no alcanza sólo con aumentar la cantidad de mujeres ingresantes sino cambiar la organización.
El gobierno provincial presentó un paquete de medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el ingreso, desarrollo y crecimiento profesional de mujeres y disidencias en la carrera policial. En ese sentido, se apuntó a políticas para compatibilizar la vida laboral y las tareas de cuidado de personas gestantes en la institución, y así "favorecer la igualdad de género y diversidad". La idea es avanzar con una "remoción de obstáculos", indicaron sobre las resoluciones que fueron anunciadas por el ministro de Seguridad, Jorge Lagna; la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena y la subsecretaria de Bienestar y Género de la Policía, Natacha Guala, en el marco de lo que consideraron un "día histórico".
"Son medidas tendientes a acompañar, no alcanza solamente con aumentar el porcentaje de mujeres que ingresan sino de tener perspectiva de género a la hora de pensar la organización institucional, de desarrollar medidas que las acompañen y que permitan que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones que los varones y a su vez, de actualizar la normativa interna de nuestra policía, de acuerdo a marcos normativos nacionales e internacionales que establecen derechos de las mujeres y las diversidades", indicó Guala sobre lo que consideró una "histórica ampliación de derechos".
Las nuevas medidas apuntan a un Protocolo para el cuidado de aspirantes y cursantes del Instituto de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe (ISEP) que estén transitando un embarazo, post parto o período de lactancia. "Para el caso de las aspirantes, se elimina el requerimiento del examen subunidad beta, reemplazándolo por una declaración jurada que permite que puedan continuar con los exámenes intelectuales para el ingreso, conservando la posibilidad de rendir los prácticos por un plazo de hasta dos años. Para el caso de cursantes, se establece una licencia por embarazo, posparto o lactancia, durante la que podrán cursar las materias teóricas y tendrán un plazo de hasta un año posterior al nacimiento para reincorporarse y finalizar sus estudios", expresa una de las resoluciones.
En tanto, el Protocolo para el cuidado del personal policial participante de cursos de ascensos policiales que se encuentren transitando período de embarazo, post parto o lactancia apunta a "eliminar los requisitos excluyentes para los cursos de perfeccionamiento que habilitan ascensos". Así, para el caso de personas gestantes que integran la institución y quieran realizar esos cursos "se prevé la posibilidad de cursar los módulos teóricos y contarán con un plazo de hasta dos años desde que culmina el período de gestación para cumplimentar los exámenes físicos establecidos".
Además, la resolución sobre traslado temporal para el personal policial en período de gestación y lactancia, busca "incorporar la perspectiva de género a la asignación de destinos laborales", por lo que "prevé el derecho de personas gestantes o en período de lactancia a solicitar un traslado voluntario de forma temporal a un destino laboral lo más cercano posible a su residencia".
Lagna recordó: "Tomamos algunas medidas desde el principio de nuestra gestión, como eliminar ese cupo para entrar a la Policía que era insostenible. De los 1647 aspirantes que entraron este año hay 1000 mujeres. En los 12 mil inscriptos que hay ahora, el porcentaje de mujeres es de alrededor del 60%".
Guala apuntó a que "el ingreso tenga que ver con la idoneidad y no con el género". Al mismo tiempo, indicó que "por ser una institución históricamente masculina y habitada por hombres hace que las mujeres estén expuestas en muchos casos, hay diferentes tipos de situaciones, algunas tienen que ver con discriminación laboral, que se buscan eliminar con estas medidas. Otras, pueden tener que ver con situaciones de violencia que también venimos trabajando en el desarrollo de protocolo y prevención mediante capacitación".
Arena agregó: "Trabajamos transversalmente. Estas tres medidas que estamos tomando en la policía son demandas históricas. No surgieron cuando llegamos a la gestión. Nosotros las tomamos como gestión, como gobierno y las trabajamos hace un año. Esto se está aplicando, está en ejecución. Siempre decimos que cuando cierren brechas de desigualdad o por cuestiones de género, vamos a haber llegado al objetivo".
Por su parte, la jefa de policía provincial, Emilce Chimenti, estuvo en la presentación e indicó que era "una lucha histórica". "Como mujer fue difícil llegar hasta acá. Tengo dos hijos, familia y siempre tuvimos que relegar algunas cosas para poder llegar a los cargos. Con estas medidas podemos avanzar y continuar nuestra carrera. La idea es que todos tengamos la misma posibilidad", celebró.
En tanto, Lagna también adelantó que con el Ministerio de Igualdad y Género hay un "proyecto muy importante para juntar el punto violeta de Rosario con la comisaría de la mujer. Queremos hacer un ámbito multiagencial para que la víctima no sea revictimizada cuando tiene que ir a declarar a diferentes estamentos. Creemos que va a ser muy importante, porque tendrá un kinder, espacios de contención", anticipó.
ABOGADAS
Tras una nueva balacera
Estaciones de servicio cerrarán de 22 a 6 durante el fin de semana
Ante una nueva balacera en estaciones de servicio, esta vez en la YPF ubicada frente a la sede de Jefatura de Policía -Lagos al 5200-, los representantes del sector anunciaron una medida de tres noches consecutivas: las expendedoras no atenderán entre las 22 y las 6 de la mañana.
“Tendremos una guardia mínima para atender urgencias como ambulancias y móviles policiales”, explicó Ismael Marcón, del gremio de trabajadores, en LT8. En tanto, Sebastián Estevez, de la Cámara de Estaciones de Servicio, agregó en Canal 3 que "esta tarde nos atenderá el ministro de seguridad de la provincia".
El de anoche es el cuarto hecho, en poco más de 48 horas. Para Marcón, “es insólito, como una burla, frente a Jefatura de Policía", lamentó sobre lo ocurrido pasadas las 23.30 del jueves.
La seguidilla comenzó el martes por la noche, con una balacera contra la expendedora de combustible de San Martín y Saavedra, la noche de miércoles las balas llegaron a una estación de GNC de Mendoza y Circunvalación. Esa misma noche, fue atacado otro surtidor de Villa Gobernador Gálvez.
Las estaciones de servicio quieren reunión con el gobernador
Las balas que picaron muy cerca del surtidor
Después de tres balaceras en 24 horas en comercios del sector, dueños y empleados de las estaciones quieren reunirse con Perotti. "Estamos desconcertados", dijeron.
El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior (FAENI ) Alberto Boz, y el secretario del gremio de trabajadores de estaciones de servicios, Ismael Marcón, le pidieron una reunión urgente al gobernador Omar Perotti para plantearle la gravedad de la situación que atraviesa el sector, luego de sufrir tres balaceras en 24 horas en comercios del sector. La salida diplomática llegó al cerrar la tarde, luego de una extensa reunión entre los actores del rubro estacionero, preocupados por los tiroteos de los últimos días, que mediaron sin exigencia de dinero alguno a los propietarios. Es que el horizonte se había vuelto oscuro cuando más temprano en la jornada el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar), Sebastián Estévez anunciara que analizaban junto al Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios el cierre del turno noche entre las 22 y las 7 de la mañana. "Fueron tres ataques en menos de 24 horas. Es una locura", subrayó Estévez en diálogo con LT8. "Cuando se dio lo del primer ataque nos pareció un hecho aislado. Esta situación nos tiene muy preocupados pero, además, muy desconcertados. Si uno dijera que hubo pedido de dinero, de protección, pero no. Los dueños de las estaciones atacadas no recibieron ningún tipo de pedido", planteó Estévez.
El primer ataque se produjo la noche del martes contra el establecimiento ubicado en San Martín y Saavedra propiedad del ex titular de Cesgar, Daniel Giribone. Dos hombres que se desplazaban en moto balearon la estación de servicios, propiedad de esa familia desde hace 86 años.
El miércoles, fue el turno de una estación de GNC ubicada en Mendoza y avenida de Circunvalación, que también fue baleada por desconocidos que en esta oportunidad emplearon un automóvil para desplazarse y efectuar los disparos.
El tercer ataque se produjo en Villa Gobernador Gálvez, cuando fue baleado un comercio del rubro también desde un auto, ubicado en calle Cervantes al 100 bis, en ete caso por dos hombres a bordo de una moto. En ninguno de los tres casos hubo que lamentar víctimas.
El presidente de Cesgar desde hace dos meses, y con pertenencia desde hace 9 años en la entidad, Estévez asegura nunca haber vivido una situación como esta: "Hubo hechos de inseguridad pero con esta modalidad de que pase alguien y tire tiros, nunca", resaltó.
"Sí había robos por las cuales en su momento tomamos acciones junto al sindicato del rubro que fue retirar el efectivo de noche, con lo cual las compras de combustible solo puede hacerse con tarjeta de crédito o débito. Esto se mantiene y en su momento dio muy buen resultado porque, de 2,5 robos por día a estaciones de servicios se redujo a menos de 1", aseguró.
"Todo puede suceder, no descarto nada. Pero no tenemos nada en firme, por eso estamos desconcertados", dijo Estévez sobre la posibilidad de que los ataques estuvieran relacionados con una modalidad extorsiva impuesta por bandas delictivas vinculadas al narcotráfico.
Posteriormente el titular de Cesgar recordó que el último miércoles fueron citados por el secretario de Seguridad de la provincia, Germán Montenegro, y por el subsecretario, Alberto Mongia, quienes los consultaron sobre si evaluaban algún tipo de pista respecto a los ataques. "A Daniel (Giribone, titular de la estación de servicios de Saavedra y San Martín) le preguntaron incluso si había tenido algún problema con algún empleado y no, nada de eso. Por eso tanto desconcierto. Ni tampoco en la cámara ni en el gremio hay situaciones que puedan generar alguna sospecha", admitió.
En esta linea sobre las medidas que podrían llegar a tomar ante este tipo de situación, Estévez reveló que se está evaluando "cerrar el turno noche, entre las 22 y las 7 de la mañana. Hoy a la tarde tenemos una reunión con el sindicato y seguramente allí saldrá alguna decisión", adelantó en referencia a lo que pasaría por la tarde.
"Hemos tenido suerte en estas tres balaceras porque sólo hubo daños materiales. Pero si le pegan a algún empleado, a algún playero o a un cliente es otra cosa. El ataque de anoche fue a una estación de GNC, le podía haber pegado a algún regulador y estaríamos hablando de otra situación", se lamentó el titular de Cesgar.
Es la segunda condena para un ex jefe de la federal
Un poliladrón muy complicado
Desde Santa Fe
El Tribunal Oral condenó ayer al ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe Marcelo Lepwalts a cuatro años y seis meses de cárcel por “asociación ilícita”. Es la segunda condena en siete meses, en un hecho sin precedentes en la Argentina. En abril, el mismo Tribunal -con otra integración- lo había sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por seis delitos, entre ellos “tenencia de estupefacientes”, “cohecho” y “abuso de autoridad” y lo inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos. En el primer juicio, también fueron condenados cinco efectivos que operaban bajo su mando en una “empresa criminal” que el fiscal Martín Suárez Faisal llamó “Delegación Santa Fe SA”. Pero en el segundo, que terminó ayer, eso ya no ocurrió. Los cinco ex subordinados de Lepwalts no compartieron el banquillo con su ex jefe porque optaron por admitir su culpa antes –en un proceso abreviado- a cambio de una pena de tres años de prisión. Lepwalts escuchó el veredicto por teleconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde cumple la primera condena y allí escuchó la orden del Tribunal para que se practique “el cómputo legal de la pena impuesta”, que -si se suma- es de ocho años y nueve meses. Los fundamentos se conocerán el 23 de noviembre.
Aún cuando se realizaron dos juicios, se trata de la misma investigación que estuvo a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez. En el primero, Lepwalts fue juzgado por los jueces Luciano Lauría (que presidió el Tribunal), María Ivón Vella y José María Escobar Cello, que dictaron sentencia el 8 de abril. La condena fue por unanimidad a cuatro años y tres meses de prisión por seis delitos: “incumplimiento de deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad”, “sustracción de elementos de prueba”, “falsedad ideológica de documento público”, “cohecho” y “tenencia simple de estupefacientes”. Más, “inhabilitación perpetua” para ocupar cargos públicos.
Ayer, el Tribunal estuvo integrado por los jueces de Rosario, Germán Sutter Schneider (que lo presidió), Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano. Y como en el anterior, la condena a Lepwalts también fue unánime: a cuatro años y seis meses de prisión como “coautor del delito de asociación ilícita”.
En el primer juicio, también fueron condenados cinco policías federales que actuaban al mando de Lepwalts: su ex número dos Cristian Bogetti (cuatro años y tres meses de prisión por los mismos cargos que su ex jefe), Michael Juan Arbildo (3 años y cuatro meses), Carlos Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Leonel Bustos, a tres años cada uno. Más, el empresario Guillermo Kernc a cuatro años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, “cohecho” y “tenencia de arma de guerra”. Pero en el segundo juicio, Bogetti y compañía ya compartieron el banquillo porque se declararon culpables en un proceso abreviado, a cambio de tres años de prisión.
En el alegato, el fiscal Suárez Faisal pidió una pena de ocho años para Lepwalts al considerarlo “jefe de una asociación ilícita” que integraban sus subalternos para “perpetrar delitos” y “recaudar dinero”. El Tribunal lo condenó a cuatro años y seis meses al considerarlo “coautor”.
El fiscal describió la empresa criminal que respondía a Lepwalts a la que llamó “Delegación Santa Fe SA. “Era un lindo grupo, muy unido”, dijo Suárez Faisal. “Sí, unidos en la delincuencia más abyecta para un funcionario público”. Y calificó al caso de “extrema corrupción policial” porque hacían “lo contrario de que lo debían hacer” que es “sostener el orden público”. “Una falta absoluta de respeto a la institución y en definitiva a la sociedad en su conjunto”, precisó
En la primera condena, –el 8 abril- el Tribunal explicó cómo operaba a Lepwalts. “Su peligrosidad no se revela quizás a través de los cánones ortodoxos propios de los delitos que exigen violencia, sino por el contrario, proviene de su conducta fría, insensible y maquinadora, que revelan su alto grado de desprecio por las normas y pautas de convivencia social”, dice el primer voto del juez Lauría. Y coincidió con la descripción de la “empresa criminal”, que Suárez Faisal llamó “Delegación Santa Fe SA”. La meta de Lepwalts desde que asumió la jefatura de la Policía Federal en Santa Fe en marzo de 2018, hasta que cayó, el 9 de mayo de 2019, “obedeció pura y exclusivamente al objetivo de armar un grupo de trabajo adecuado a su plan estratégico de beneficiarse personalmente”, agregó.
Roberto Mirabella, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos
Apelación a la lucidez de quienes no votaron
Plantea el escenario del domingo entre la defensa de la producción santafesina y el modelo de "timba financiera" macrista. Duro con Losada, la forastera.
Roberto Mirabella propone a ese tercio de santafesinos que faltó a la cita en las PASO (un millón de personas) a que este domingo acuda con lucidez: apoyar el rumbo de gobierno del Frente de Todos, o retroceder al modelo que impuso el macrismo. Es la ecuación para revertir los 168 mil votos de diferencia con los que la suma de Juntos por el Cambio para Diputados aventajó al Frente de Todos. Y por eso no se cansa de repetir y confrontar aciertos propios como Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito con personajes aterrizados en política, aunque residan hace muchos años fuera de Santa Fe: previsible chicana a la candidata a senadora macrista, Carolina Losada.
Mirabella advirtió este momento de salida de pandemia y poder adquisitivo deteriorado para explicarse que la opinión pública no perciba lo positivo de varios indicadores de recuperación económica. "Es que recién ahora estamos saliendo, después de un tiempo de mucha incertidumbre y temor. Eso determina la percepción de la realidad. Miedo a perder el empleo, a resignar poder de compra, a perder vínculos sociales y humanos. Pero hay ciertos indicadores que marcan un repunte de la economía en muchos rubros", dijo en diálogo con Rosario/12.
-De cualquier modo en política esa cuenta la pagan los oficialismos.
-Hay un bombardeo informativo importante contra la gestión de gobierno. Es una mezcla de cosas, hay mucha bronca acumulada, expectativas de estar mejor y no se puede. Es probable también que haya cuestiones que estamos pagando por la pandemia.
-¿Cuánto podrá atraer el FdT de los votos en las PASO que fueron a otros frentes que ya no están en carrera?
-Es el momento de consolidar muchas cosas que se están haciendo. Inversiones de obra pública, que estaban paradas hace muchos años, como el gasoducto, autopistas. Hay mucho por hacer pero no se hace frenando la producción y cerrando empresas. Tenemos que apostar por los que producen, trabajan y generan empleo. Apostar por acciones que igualan oportunidades como el Boleto Educativo Gratuito, o ayudar al poder de compra con Billetera Santa Fe. El 14 de noviembre no hay que frenar este rumbo.
-¿Le cabe al FdT disputarle el voto al FAP, o eso le queda mejor a JxC?
-Nadie quiere volver atrás, ni a la pandemia ni a un sistema político que privilegió la timba financiera y la destrucción del empleo. Apostamos por seguir construyendo el desarrollo industrial, el empleo. Eso es lo que está en discusión. Generar mayor acceso al crédito para el que produce. Nosotros tenemos el mejor equipo para defender a Santa Fe que en Buenos Aires. Es raro que alguien que vive hace más de 15 años encerrada en un country de Tigre quiera ahora transformar una provincia que no conoce. Esto debemos reflexionar para la elección del domingo. Hay gran cantidad de gente que no votó en las PASO, la invitamos a ir pensando en esta perspectiva.
-¿Qué reflexión le merece el ascenso de figuras sin recorrido en política, en un espacio colectivo?
-Respeto que todo el mundo quiera participar e involucrarse, pero a mí no se me ocurriría ser candidato en Tigre, donde vive Losada, por más que pudiera hacerlo. ¿Quieren ponerle un freno... a qué? ¿A la producción? ¿A las empresas? ¿A la generación de empleo? ¿Al Boleto Educativo Gratuito? ¿A Billetera Santa Fe? Esto es lo que está en discusión. Es raro que vengan gobernadores de Jujuy, de Corrientes, el jefe de Gobierno de CABA a hacer campaña a Santa Fe cuando lo primero que deberían hacer es pedirle una reunión a Perotti y preguntarle cómo hizo para hacer el BEG o Billetera Santa Fe.
-A la vez, este fenómeno de caras conocidas extra política es una fórmula de éxito. ¿Cómo interpela a la clase política?
-Lo mismo que pasa en Rosario donde 4 de 5 candidatos a concejal son periodistas. Nosotros llevamos como candidato a senador a un periodista deportivo que le ganó la elección a la intendenta de Rosario. Yo no juzgo eso, sino los proyectos que hay. No cuestiono la profesión de Losada sino cómo hará para transformar Santa Fe cuando no vive acá. Pero estaría ofendiendo la inteligencia de la ciudadanía que elige mayoritariamente estas opciones electorales. No interpelo por ahí, porque es como si mañana yo volviera a la música y tuviera éxito y los músicos se quejen por eso... algo que no va a pasar, está claro.
-La pregunta de rigor, que Fein le hizo en el debate incluso, es si los legisladores FdT santafesinos exigirán el pago de la deuda de Nación, según el fallo de la Corte.
-Me hubiera gustado que estuviera preocupada cuando era intendenta y Lifschitz firmó el convenio del pacto fiscal con Macri y no permitió así que siguiéramos reclamando en tiempo y forma.
-¿Y la posición sobre la ley de Humedales, cajoneada en una comisión donde hay varios legisladores santafesinos?
-Dije públicamente que estoy comprometido a avanzar en este tema. Soy un defensor del ambiente, que tenemos que cuidar.
-Omar Perotti ha demostrado algún disenso en ocasiones con Casa Rosada. ¿Será así la línea legislativa de FdT Santa Fe?
-Cuando un legislador de Corrientes defiende la yerba mate, uno de Jujuy defiende la minería, San Juan la minería, uno de Neuquén el petróleo está bien; ¿ahora cuando nosotros defendemos nuestras economías regionales está mal? Para nada. Yo represento a Santa Fe, no a Capital Federal. Losada representa a Capital Federal. Nosotros vamos a defender economía de Santa Fe, la leche, la carne, el biodiesel a partir del aceite de soja, el autopartismo, las carroceras, la metalmecánica. El equipo que armamos es el mejor para hacerlo.
Clara García, candidata a senadora nacional del FAP
"La oposición responsable"
Cuestiona a Perotti haber interrumpido políticas esenciales para abordar la problemática de la seguridad iniciadas por el socialismo.
"Estoy segura de que nuestra fuerza política va a ser la que más haya crecido desde las PASO hasta las generales porque es la que ha trabajado mejor para Santa Fe", afirmó Clara García, candidata a senadora nacional por el Frente Amplio Progresista (FAP). Con fuertes cuestionamientos al gobierno provincial al considerar que interrumpieron políticas esenciales para abordar la problemática de la seguridad iniciadas por el socialismo, entre otras el fortalecimiento de la justicia, la falta de inversión presupuestaria y los programas sociales, García dijo que los gobiernos nacionales le soltaron la mano a Santa Fe. "Cada vez que otras fuerzas políticas han tenido lugares de decisión, la provincia quedó relegada, como con la deuda histórica y la obra pública, donde vemos claramente que provincias como Córdoba y Buenos Aires tienen una tajada muchísimo mayor", amplió la diputada socialista. "La grieta pesa en el país, pero sabemos que somos la oposición responsable, la que puede mostrar los logros", agregó.
De cara a las generales del domingo, García destacó a Rosario/12 que en las PASO la lista que encabezó obtuvo un resultado positivo en los 19 departamentos de la provincia, ganando por el doble de votos a la lista contrincante, pero que al día siguiente se reunió con Rubén Giustiniani para encarar la campaña de manera conjunta. "Nosotros empezamos la campaña con un golpe muy fuerte, con la falta de nuestro líder natural del Frente Progresista y además un ordenador en política hacia adentro y hacia afuera, con lo cual este tiempo ha sido la demostración de que el FAP está vivo, entero, y presente, peleando claramente en ser un actor político de nuestra provincia", enfatizó. Y agregó: "Ahora con un apoyo muy fuerte por parte del intendente Pablo Javkin con quien hicimos un lanzamiento de campaña en Santa Fe del que también participaron los intendentes de Santa Fe, Villa Gobernador Gávez y Sunchales y la intedenta de Santo Tomé".
La candidata a ocupar una banca en la Cámara alta nacional dijo que la relación con el radicalismo, luego de que un sector decidiera sellar una alianza con Juntos por el Cambio, "tiene el afecto del camino recorrido durante décadas, en especial en los últimos 12 años en la provincia, sin compartir la decisión que tomaron, y en todo caso reivindicando a los radicales que sí están en este espacio, que también son muchos y a quienes vemos con un sentido de coherencia, con ideas que se sostienen en el tiempo".
--¿Cómo trabajaron para convencer al electorado que son la fuerza alternativa en la provincia en un escenario marcado por la polarización?
--Es una realidad política nacional, que también tiene mucha fortaleza desde despachos porteños políticos y comunicacionales. Sin embargo, creo que la realidad no es sólo blanco o negro, tiene una paleta de colores. Más allá de las formas más moderadas, en el fondo de la postura política estamos seguros que nuestra fuerza es la que ha trabajado mejor para Santa Fe. La provincia quedó relegada en el tema de la inseguridad. Los gobiernos nacionales no comprendieron que en un tema tan duro, violento y dramático como el del narcotráfico iba a tomar un voltaje. Quizás hubo una decisión de soltar la mano, originalmente hacia Rosario.
--Desde el gobierno provincial cuestionan la postura del FAP al señalar que tienen una cuota de responsabilidad tras haber gobernado durante 12 años.
--Sin dudas. Soy una persona autocrítica en lo personal y también en mi espacio político. Sin embargo, todo lo que la provincia tenía para iniciar, fundamentalmente en los últimos cuatro años, estuvo encarado: fortalecer a la justicia, impartir fuertemente en las fuerzas de seguridad y en los programas sociales. El gobernador desarmó el Ministerio de Justicia, una decisión incorrecta y hoy sentimos esa falta. En estos dos años no mandaron pliegos de fiscales. Tuvo ministros controvertidos, pero además una falta de plan y de programa que se traduce en la inversión presupuestaria.
--Ustedes han realizado fuertes cuestionamientos en ese sentido.
-Los números hablan. Sobre un presupuesto que tenía en 2021 de 9.200 millones de pesos, solamente invirtió 650, un 7%. Por otro lado, interrumpió programas sociales potentes como el Plan Abre, el Vuelvo a Estudiar y el Nueva Oportunidad, programas enfocados en jóvenes vulnerables, muy fáciles de coptar por el delito. Este segundo año de Perotti en 2021, comparado con el segundo de Miguel (Lifschitz) va a terminar con el doble de asesinatos. Eso denota no sólo una foto si no también una falta de programa. El hecho de que Rosario tenga ya su séptimo jefe policial en estos dos años muestra una falta de rumbo de la gestión.
--¿Qué escenario político asoma en la provincia después del domingo?
--Perotti ya tuvo un golpe duro en las PASO, creo que va a volver tenerlo después de las generales. Va a ser muy duro pensar en un gobierno sin reelección con los resultados tan adversos. En todo caso hacemos un llamamiento a que gestione, invierta, que no haga clientelismo y trate por igual a todos los municipios y comunas sea cual fuere su color político.
Informe sobre contaminación del río Paraná
Los caños de las barrancas
Los efluentes industriales vertidos desde Villa Constitución hasta Timbúes sobrepasan los parámetros normales de contaminantes.
Un informe realizado por el Instituto Soberanía reveló que la mayoría de los efluentes industriales vertidos en el río Paraná, desde Villa Constitución hasta Timbúes, sobrepasan los parámetros normales aproximados de contaminantes que se pueden encontrar en el río. Se tomaron muestras de líquidos vertidos por decenas de caños que asoman en las barrancas, muchos de ellos se ven actualmente por la histórica bajante del Paraná. En los análisis detectaron presencia de coliformes, un grupo de especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los alimentos. "Algunos de los resultados preliminares son alarmantes", apuntaron desde el equipo cuyo referente es el diputado provincial Carlos Del Frade, quien presentó esta semana un pedido al Poder Ejecutivo para que informe qué controles realiza en las empresas.
El pasado 15 de agosto, el equipo sobrevoló el litoral del Paraná entre Villa Constitución y Timbúes. Tomaron imágenes que demuestran los cambios de color que se producen entre los efluvios de las empresas asentadas en la costa y el contacto con el agua del río. El 5 y 19 de octubre tomaron muestras para analizar y determinar los componentes de estos residuos y en qué proporción lo contaminan.
"Los desagües en algunos casos son obras regulares, en otros casos chorrean directamente desde la barranca, se pueden observar caños, vertientes de cemento y hasta verdaderas cataratas de desechos. Existen cerca de 75 vertientes industriales y cerca de 25 cloacales", precisaron, para luego adelantar que la mayoría de los efluentes industriales sobrepasan los parámetros "normales aproximados” de contaminantes que se pueden encontrar en el Paraná, con presencia de coliformes totales, bacterias cuya presencia en el agua indica contaminación microbiana reciente, sin informar de su origen y una deficiente calidad del agua.
También hallaron rastros de coliformes fecales, familia de coliformes que están presentes específicamente en el intestino y por lo tanto pasan a las heces de humanos y animales. Y escherichia coli, bacteria de origen fecal que pertenece al grupo de las bacterias coliformes fecales. Es un indicador específico de contaminación fecal en el agua, responsable de gastroenteritis. La especie de bacteria coliforme es el mejor indicador de la contaminación fecal y de la posible presencia de patógenos.
Según el informe, en niveles normales el Paraná tiene cada 100 ml de agua: coliformes totales (de 3 mil a 4 mil), coliformes fecales (entre 200 y 350), escherichia coli (entre 200 y 350) . En un resumen de los resultados de las muestras tomadas en algunas de las empresas de la región, Cargill, Dreyfus Lagos, Cofco, Renova, Fábrica Militar y Yeruba, se encontraron entre 23 y 48 mil coliformes totales.
"Si bien los resultados son preliminares, y estamos en proceso de avanzar con la detección de sustancias más complejas de detectar y analizar, es concluyente el daño que estos residuos sin tratar (o mal tratados) hacen al medio ambiente y a la salud humana. Muchos de estos caños y desagües se encuentran cerca de las tomas de agua de las ciudades de la región, pero también donde miles de santafesinos y santafesinas pescan, se bañan o utilizan el río para esparcimiento", señala el informe que fue presentado el pasado miércoles en el auditorio de Empleados de Comercio, donde se difundió el documental "Los 100 caños, enemigos ocultos del Paraná".
En sus conclusiones, destacan que el Instituto Nacional del Agua estima que entre finales de octubre y noviembre el Paraná podría llegar a su nivel más bajo desde que comenzó la sequía. "Si la bajante se mantiene por largos períodos, como se prevee, no solo habrá un problema de cantidad de agua, sino también de calidad. Al estar las aguas tan bajas, la concentración de contaminantes y la probabilidad de bacterias es mayor", advirtieron.
Fuente:Rosario12
Elecciones 2021
La veda en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas generales del domingo próximo comenzó a regir a las 8 de este viernes, con la prohibición de realizar actos públicos de campaña y actividades de proselitismo.
Según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral (CNE), la veda electoral comienza a las 8 de este viernes por la mañana, es decir 48 horas antes del inicio del acto electoral, y las prohibiciones rigen hasta las 21 del domingo, tres horas después del cierre de los comicios.
Durante la veda no se permite realizar actos públicos de campaña ni proselitismo, como así tampoco publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales, prohibición que se mantiene también durante la elección y hasta 3 horas después de su cierre.
Asimismo, está prohibido vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado hasta tres horas después del cierre de comicios, o sea las 21 del domingo, y ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino
Para los electores, en tanto, queda prohibida la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada.
En tanto, los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, como obras de teatro, no podrán realizarse durante el desarrollo de los comicios y hasta pasadas tres horas luego de ser clausurados, es decir hasta las 21 del domingo.
A pesar de que desde la Cámara Nacional Electoral ya han aclarado en elecciones pasadas que las propagandas proselitistas en las redes sociales se encuentran contempladas dentro de la prohibición que establece la ley, es un ámbito muy complejo de controlar y, por ende, las publicidades de hecho continúan porque se hace a través de cuentas de usuarios individuales o falsas.
Quejas por el cronograma de taxis
El Sindicato de Peones de Taxis de Rosario afirmó que el nuevo cronograma de servicio anunciado por el municipio “no puede significar la esclavización de las y los choferes” para que se eviten multas. Alertan sobre “impunidad patronal” y reclaman “políticas públicas contra la precarización” en el sector.
El gremio de empleados taxistas emitió un comunicado en el que ponen reparos al cronograma que propuso la Municipalidad –ante la falta de vehículos, sobre todo en horario nocturno–, al afirmar que “los titulares esclavizan a sus trabajadores para no recibir multas”. Y avisaron: “Lamentablemente, las denuncias que estamos recibiendo de los trabajadores y trabajadoras taxistas nos están dando la razón y de la manera más penosa”.
“Ni el cronograma propuesto por la intendencia ni la asignación de licencias tendrán resultados positivos si no se articulan políticas públicas contra la precarización, ilegalidad y todo tipo de abusos de parte de los titulares de licencias de taxis”, afirmó el SPT. “Se trata de un servicio público y la impunidad patronal en nuestra actividad parece no tener límites ni toparse con ningún tipo de control para la evasión y prácticas que atrasan casi dos siglos en materia laboral”, agregó.
En este sentido, desde el gremio recordaron que “desde un primer momento, advertimos que la poca disponibilidad nocturna de taxis está dada por la falta de choferes y no de vehículos, y que en consecuencia ningún esfuerzo del municipio orientado a resolver esta dificultad sería producente sin abordarse el problema de fondo, la oferta laboral de baja calidad y alto riesgo para quienes se desempeñan a bordo de un vehículo a altas horas de la noche”.
“Como venimos expresando públicamente –continuó el escrito– desde que comenzó la pandemia, para erradicar la mala registración, y todo lo que ello conlleva para un/a asalariado/a y su familia, requiere de voluntad política porque la infraestructura y las propuestas ya existen, entre ellas una propia del SPT, la fiscalización en el CITA de los recibos de sueldo en coordinación con el Ministerio de Trabajo provincial”.
“¿Por qué el municipio no lo pone en marcha de una vez si es consciente de la falta de choferes?”, se preguntaron desde la entidad gremial, y siguieron: “Siempre acompañamos nuestras permanentes peticiones y llamados de atención con iniciativas concretas y predisposición para colaborar, no entendemos qué está esperando el Ejecutivo para atender nuestro reclamo, que hoy se convertiría en una resolución de fondo para toda la ciudadanía”.
Al respecto, indicaron: “¿O será que las autoridades pensaron que titulares que no cumplen sus más básicas obligaciones iban a asumir el peso de sus responsabilidades sin ejercer más y nuevos abusos sobre los peones si no se suman controles siquiera sobre las cuestiones más mínimas?”.
En este punto, una denuncia grave del SPT advierte que “nos toca comprobar que los empleadores, dueños de las licencias de taxis, no sólo no les interesa garantizarles derechos laborales a los/las choferes que tienen bajo relación de dependencia, sino que para evitar una multa y asegurar las 16 horas que las unidades deben circular en la calle son capaces también de someter a sus trabajadores a jornadas laborales extenuantes sin respetar ningún descanso y cargándoles ambos turnos para remontarse a tiempos que, con la sangre de muchos esclavos y obreros, fueron desterrados”.
El comunicado de prensa del Sindicato de Peones de Taxis cierra: “Si de verdad quieren satisfacer la demanda de taxis, que se pongan firmes contra aquellos que no comprenden que hay prácticas que ya fueron abolidas”.
Fuente:RedaccionRosario
Furor por el tren Rosario-Buenos Aires: se vendieron 8 mil pasajes en un día
Se vendieron 270 mil pasajes en una semana y los destinos de las ciudades más importantes del país fueron cubiertos.
La temporada de verano en el país promete bastante y los rosarinos ya reservaron sus lugares para vacacionar en los próximos meses. Para llegar a destino, el tren se consolida como una propuesta cómoda, sustentable y económica.
"En un día se vendieron 8 mil tickets para el servicio rosario-Buenos Aires, fue un récord", aseguró Diego Giuliano, Secretario de Transporte de la Nación, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9. "La ciudadanía quiere el tren y lo prefiere frente a otros medios de transporte. Es un medio de movilidad muy económico y cómodo", agregó.
El funcionario destacó la inversión del Gobierno nacional, con nuevas unidades y ramales ferroviarios restaurados, para volver a poner en marcha a los trenes, los cuales estuvieron "abandonados durante muchos años".
"Se vendieron 270 mil pasajes en una semana y los destinos de las ciudades más importantes del país fueron cubiertos", indicó el ex concejal rosarino, y volvió a remarcar: "Hemos tenido en todo el país un furor en materia ferroviaria".
En cuanto a la demora en el servicio Rosario-Buenos Aires, pasó de tardar 6.25 horas a 8 horas 15 minutos, Giuliano explicó que el problema fue generado por nuevas restricciones que impuso la concesionaria del tramo ferroviario.
"NCA (Nuevo Central Argentino) tiene la concesión de la vía Rosario-Buenos Aires desde hace más de 30 años, y el Gobierno decidió no prorrogarle la adjudicación", recordó el Secretario de Transporte de la Nación, y continuó: "Se estableció que haya una reducción de la velocidad en todos los paso a nivel, tanto rurales como urbanos, y esto ralentizado el tren en dos horas. Estamos trabajando en reasumir la estructura ferroviaria Rosario-Zárate en los próximos meses, eso nos va a dar una velocidad distinta".
Sobre la actitud de la empresa, el funcionario comentó: "Hay 35 barreras automáticas que no fueron recibidas por el concesionario y que ya están instaladas". "Es necesario invertir en ese tramo para reducir el tiempo, en esto estamos comprometidos", afirmó.
Fuente:RosarioPlus
Justicia que llega tarde
Humedal sin ley: allanaron una plantación ilegal de maíz
de 5 mil hectáreas en las islas Lechiguanas
La empresa El Mapuche, dedicada a agricultura y ganadería, fue denunciada hace un año por organizaciones ambientalistas, en pleno avance de las quemas, por levantar terraplenes, secar los terrenos, llevar semillas y agroquímicos. Pudo sembrar, cosechar y vender antes de que el juez actuara
12 de noviembre de 2021
Cosecha ilegal de maíz en las Islas Lechiguanas. Imagen de video de Unidos por la Vida y el Medio Ambiente.
La Justicia Federal ordenó este miércoles el allanamiento de un campo de 5 mil hectáreas en un área protegida de las islas Lechiguanas donde hay una plantación ilegal de maíz, producción vedada por su característica y escala en el humedal. Allí encontraron máquinas cosechadoras y silobolsas. El procedimiento es consecuencia de varias denuncias de organizaciones ambientalistas, pero se concretó después de un año, cuando el daño al fragil ecosistema estaba hecho y los negocios facturados.
El campo es propiedad de la empresa El Mapuche SRL., dedicada a la explotación agrícola y ganadera con domicilio en María Ignacia (Estación Vela), del partido bonaerense de Tandil. Los responsables son Fabio Ernesto Di Fonzo, como productor, y Juan Pedro Nazar –hermano del creador de la marca de indumentaria Cardon– como propietario de los terrenos. El primero ya tiene denuncias por actividades prohibidas en las islas, y otros allanamiento pedidos por la Afip por comercialización de granos en negro.
La inspección de esta semana estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Los efectivos constataron la presencia de silobolsas con maíz recién cosechado y otros contenedores con granos. El puestero del lugar confirmó que habían ingresado maquinarias para levantar la cosecha en embarcaciones que ya fueron identificadas.
Era fija: primero los diques, después el fuego, y ahora las máquinas rurales llegan al Delta
Organización ambiental de Ramallo aportó información sobre siembra en el humedal recién incendiado
Hubo un aviso de la Justicia que fue violado: una medida cautelar dictada en diciembre pasado por el mismo juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso, por la que se estableció la “prohibición absoluta” de ingreso y uso de maquinarias, de aplicación de agroquímicos, movimiento de suelos, entre otras actividades perjudiciales para la conservación de esa área de humedales. La medida no se cumplió, y la Justicia no actuó hasta un año después.
Las acciones legales se iniciaron con la denuncia por actividad agrícola ilegal que presentaron las organizaciones Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (Upva) y Cuenca del Río Paraná. Pero los colectivos ambientalistas no están conformes con el accionar del juez Alonso: “Actuó solo, sin comunicarle al fiscal y a las organizaciones denunciantes, y comisionó a la Prefectura para que allane el predio de islas que en primera instancia no pudo controlar, ya que las máquinas ingresaron a pesar de la prohibición”, reprocharon. Y agregaron: “Si bien el juez confirmó que la cautelar fue violada, lo hizo después de que el maíz fue levantado y vendido”.
Por eso, señalaron que “la demora en el accionar del juez permitió la explotación del lugar y no logró evitar que se dañe el ambiente”.
El conjunto de islas Lechiguanas comprende unas 250 mil hectáreas de humedales ubicadas en la zona del Delta del departamento Gualeguay, en el sur de Entre Ríos, frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, que resultan vitales para la biodiversidad de la zona y el sustento del medio ambiente.
Todo ilegal
Fabián Maggi, abogado especializado en derecho ambiental, recibido en la UNR y parte del equipo legal de la ONG Cuenca del Río Paraná, explicó al sitio ERA Verde que en las 5 mil hectáreas allanadas se construyeron “terraplenes y otras obras hidráulicas, como canalizaciones y depresiones en el terreno”. El ambientalista recalcó que se trata de “una zona de mucho valor ambiental, a punto que era una zona de estudio del Conicet, que la monitorea desde hace varios años y ahora fue destruida por estos empresarios que justamente decidieron hacer una explotación agrícola ganadera”.
Lo denunciaron hace un año, pero pudo secar, sembrar, cosechar y vender
Embarcación que transportaba maquinaria, semillas y agroquímicos a la explotación allanada un año después. Foto: Unidos por la Vida y el Medio Ambiente.
En noviembre de 2020, en pleno avance de los incendios que habían comenzado a principios de año, el colectivo Upva de Ramallo presentó una denuncia por las quemas frente a esta localidad que involucraba al mismo productor, Fabio Di Fonzo. En esa presentación, lo consideraron responsable de atentado ambiental por desviar ilegalmente un curso de agua y así dar el primer paso hacia la sequía y quema de una zona que, interpretaron con buen tino, se pretendía vaciar de agua para cultivos como los comprobados esta semana.
“Nuestra organización lleva nueve años. Desde agosto (de 2020) venimos padeciendo las quemas en las islas del lado de Entre Ríos porque las tenemos a 7 kilómetros. Hicimos varias denuncias, pero Prefectura no se hizo cargo. Dicen que no es su jurisdicción. Lo mismo con el municipio”, contó en esa oportunidad la integrante de Upva Evangelina Romano a Radio Tandil.
La organización, junto a las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental, presentó ante la Justicia entrerriana en julio del año pasado un pedido de medida cautelar “por daño ambiental”, sustentada “en el principio precautorio y la ley general de ambiente”.
“Cuando empezaron las quemas, ya teníamos conexión con organizaciones sociales de Entre Ríos y de Santa Fe porque los focos de incendio son ciento por ciento antrópicos, es decir que los produce el hombre. Ya sea por accidente o, como en este caso, un tema agropecuario. Lo comprobamos porque hicimos un seguimiento de investigación de campo que nos llevó tres meses”, explicó Romano.
“No dijimos ni una palabra para verificarlo y agarrarlos con las manos en la masa. Hay un encubrimiento detrás del sector agropecuario para sembrar en las islas. Ahora se hizo visible gracias a un video que conseguimos con un dron identificando la máquina”, refirió la ambientalista. Añadió que detectaron un mosquito (para fumigar), un camión hidrante, agroquímicos como glifosato y 24D y semillas. “Todo ese material está registrado en fotos, también los tenemos en video fumigando”, insistió Romano. El colectivo registró cosechadoras trillando y el buque “Flecha Misionera” operando en horario nocturno para evadir los controles de Prefectura.
La organización encaró una investigación con la biológa e investigadora del Conicet Natalia Morandeira. El trabajo permitió cursar una denuncia con pruebas sobre dos terraplenes en las Lechiguanas que cierran para secado sendas áreas de 800 y 4500 hectáreas.
“Cerraron el paso que se llama Zanjón de San Gregorio debido a unas fotos que empezaron a circular por redes sociales, para que la gente no pasara. Los isleños y quienes tienen sus ranchos allí tampoco podían pasar. Cerraron con cadenas porque estaban fumigando y no querían que los vieran. Hicieron un terraplenado para que el agua no se filtre, secando aún más los humedales. Hicieron un secado con bombas de todas las lagunas internas. Y todo para preparar la siembra”, contó Romano a Radio Tandil hace más de un año.
“El productor que denunciamos en nuestro comunicado es Fabio Di Fonzo. Lo sabemos porque los isleros nos dijeron que anda allí con la maquinaria y con un helicóptero”, dijo entonces. Pasó un año, el empresario sembró, cosechó y vendió sin que la Justicia interviniera.
Fuente:ElCiudadanoyLaregion
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