Aprueban denuncia contra exgobernante
por mortal represión
Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento peruano declaró hoy procedente una denuncia contra el ex fugaz gobernante Manuel Merino, por la violenta represión contra las protestas que lo obligaron a renunciar en 2021.
El grupo legislativo dio así luz verde al dictamen presentado por la fiscalía de la Nación, contra Merino y quienes fueron su primer ministro, Ántero Flores Arñaoz, y titular del Interior, Gastón Rodríguez.
Los tres fueron señalados como presuntos autores de los delitos de homicidio de los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado, baleados por la Policía, y de lesiones graves causadas por los uniformados a 78 manifestantes.
Según el procedimiento constitucional establecido, el dictamen aprobado hoy con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el caso pasará a la Comisión Permanente del Congreso para que disponga la investigación de fondo y el plazo.
Tras las pesquisas, la citada comisión determinará si denuncia a los acusados ante el pleno, a fin de que este decida si somete a Merino, Flores y Rodríguez a la justicia común, para su juzgamiento.
El informe de la fiscalía establece que “según las investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio Público se habría utilizado de forma excesiva la fuerza” contra los manifestantes, parte de un movimiento en gran medida juvenil y espontáneo contra Merino y sus ministros de extrema derecha.
Merino reemplazó al presidente Martín Vizcarra, destituido por el Parlamento por la imprecisa causal de “incapacidad moral permanente” tras acusaciones de corrupción que le hicieron empresarios de la construcción.
Uno de los elementos claves para la vacancia de Vizcarra fueron las declaraciones del fiscal Germán Juárez, de que tenía evidencias contundentes de la culpabilidad del gobernante, aunque un diario hizo notar que, tras más de un año del cese de Vizcarra, Juárez no ha presentado aún una acusación formal contra el exmandatario.
FUENTE: Prensa Latina
CIDH preocupada por mal uso de
figura de vacancia presidencial
Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021
Recuerdan que esta figura debe ser entendida en el marco de la protección de la institucionalidad democrática, dejando a comprensión que su uso debería ser limitado.}
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso reiterado en el Congreso del Perú de la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.
Señalan que la falta de definición objetiva de dicha figura “permite un alto grado de discrecionalidad que puede socavar la separación e independencia de los poderes públicos y la gobernabilidad del país”.
Por ello, recuerdan que esta figura debe ser entendida en el marco de la protección de la institucionalidad democrática, dejando a comprensión que su uso debería ser limitado.
En los últimos cinco 5 años, la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, citada en el artículo 113 de la Constitución, ha sido utilizada por el Congreso en 4 oportunidades.
Una en diciembre de 2017, otra en marzo de 2018 y otras dos en setiembre y noviembre de 2020, generando en esta última ocasión protestas sociales donde murieron dos jóvenes.
El llamado de atención de la CIDH se produce a días de que fuera desestimada otra solicitud de vacancia que usó la misma figura para intentar vacar al actual presidente Pedro Castillo.
Dicha solicitud había sido presentada por la congresista Patricia Chirinos el 10 de noviembre, pero no procedió al no alcanzar los votos suficientes el último 7 de diciembre.
La CIDH cerró su comunicado recordando que la separación de poderes y el acceso al poder con sujeción al Estado de Derecho “son elementos esenciales de la democracia representativa”.
Y que los mecanismos de Control Constitucional en el Perú, deben funcionar en forma independiente y oportuna, “de manera que se limite cualquier tipo de discrecionalidad inconsistente con la democracia”.
FUENTE: Servindi
Pasco: Hallan con vida a 4 indígenas
que buscaban a líder asesinado
Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2021
A la izquierda, el presidente de la ANAP, Jennrri Zegarra, junto a los cuatro indígenas hallados tras dos días de búsqueda. Foto: ANAP/Cortesía
Indígenas que buscaban a Lucio Pascual y reportaron como desaparecidos, fueron hallados con vida el lunes 6 de diciembre, confirmó a Servindi el presidente de ANAP.
Los cuatro indígenas asháninka reportados como desaparecidos en el distrito de Puerto Bermudez, región Pasco, donde hace una semana asesinaron al líder nativo Lucio Pascual, fueron hallados con vida.
Así lo confirmó a Servindi el presidente de la Apatyawaka Nampitsi Ashaninka Pichis o Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), Jennrri Zegarra, quien señaló que el hallazgo se produjo el lunes 6 de diciembre.
Zegarra también habló sobre las amenazas que reciben desde el 2012 las comunidades nativas de la zona por colonos que siembran hoja de coca y la ponen al servicio del narcotráfico.
“Siento que en algún momento yo podría ser la próxima víctima. Pido que el Estado no nos deje abandonados”, dijo el dirigente que llamó a las autoridades a frenar esta situación.
Indígenas encontrados
El primer indígena en ser encontrado el lunes 6 de diciembre alrededor de las 3:00 p.m. fue Abdias Pascual Yumanga, hermano del líder nativo Lucio Pascual, cuyo cadáver fue hallado el viernes 3.
Abdias fue ubicado en la comunidad nativa Loreto, del sector Alto Loreto, a cuatro horas de la comunidad nativa San Alejandro, donde se encontró al día siguiente a los otros tres indígenas.
Ellos son Beri Yumanga Shario, madre de la víctima, Jabiel Pascual Marincana y Yosner Pascual Canchivo, quienes junto a Abdias habían salido en busca de Lucio Pascual.
Según Jennrri Zegarra, presidente de la ANAP, los cuatro indígenas fueron encontrados en buen estado de salud, aunque dos de ellos presentaban malestares porque llevaban días sin comer.
Contaron que no pudieron regresar antes debido a la crecida de un río que les impidió el pase.
Jennrri Zegarra (izq. de polo negro) junto a los cuatro indígenas que habían desaparecido en la búsqueda de Lucio Pascual. Foto: ANAP/Cortesía
El martes que los encontraron tampoco pudieron retornar, por lo que caminaron un poco en medio del bosque hasta las 6:30 p.m. para encontrar señal y pedir apoyo a la Policía.
Los efectivos, por intermedio de la Seguridad Indígena Amazónica, les informaron que enviarían un helicóptero para rescatarlos, el cual recién llegó al día siguiente a la 1:30 p.m.
Solo así, al fin pudieron ser trasladados de regreso a su comunidad La Paz de Pucharini.
Sobre el cadáver de Lucio Pascual, que ya ha sido localizado, Zegarra comentó que aún no ha podido ser traslado debido justamente a las complicaciones climáticas de la zona.
“El grupo de la Policía, la Fiscalía y de Salud que ha viajado al lugar, porque está muy lejos de aquí, todavía no regresa. Estamos a la espera”, comentó el líder indígena a Servindi.
Amenazas y demandas
La Paz de Pucharini es una comunidad que pertenece la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, ubicada en del distrito de Puerto Bermudez, departamento de Pasco.
Es, además, una de las 148 comunidades que integran en total Puerto Bermúdez y Constitución, dos distritos de Pasco que albergan un 80% y 60% de población nativa, respectivamente.
En esta zona, al menos desde el 2012, la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP) ha venido enfrentado el avance del cultivo de hoja de coca ilegal, según Zegarra.
“Ese año yo asumí como fiscal de la ANAP. Nos preocupaba el aumento de los cultivos y consumo de droga en los jóvenes, por eso organizamos varios congresos y emitimos pronunciamientos”, cuenta.
La ANAP es una de las federaciones de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI SC), base regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Es a partir de ese momento, según Zegarra, que las amenazas empezaron a llegar, las que se intensificaron contra él cuando asumió como presidente de la organización, en 2017.
“En mi caso, es por terceras personas. Van y le dicen a un jefe comunal que me atenga a las consecuencias porque en cualquier momento me van a matar, y ellos me cuentan luego”, dice.
Ante esta situación, la ANAP impulsó la creación de la Seguridad Indígena Amazónica, conformada por indígenas que tratan de resguardar sus comunidades del ingreso de colonos.
Seguridad Indígena Amazónica conformada por la ANAP ante la ausencia del Estado y la presencia cada vez mayor del narcotráfico. Foto: ANAP/Cortesía
Aunque intentan darle seguridad a su pueblo con sus propios recursos, esto no ha evitado que este año se reporte la desaparición y muerte de algunos indígenas de la zona.
En julio, Mario López Huanca, secretario de la organización indígena que coadministra la Reserva Comunal El Sira, murió a los cuatro días de haber sido baleado en Puerto Bermúdez.
Mientras que, en octubre, se reportó la desaparición del jefe de la comunidad Alto San José, Santiago Meléndez Dávila y de Luis Tapia Meza, presidente de rondas indígenas de la comunidad Alto Lorencillo.
Jennrri Zegarra, presidente de la ANAP, está convencido de que estos hechos son represalias de los colonos y narcotraficantes que se benefician con el cultivo de hoja de coca en sus territorios.
“Muchas veces hemos alertado a las autoridades, pero seguimos en lo mismo. Siento que en algún momento podría ser yo la próxima víctima”, señaló el dirigente indígena.
Con el reciente asesinato de Lucio Pascual, el presidente de la ANAP espera que las autoridades tomen realmente cartas en el asunto y les brinden la protección que tanto necesitan.
Además, pide el Estado los apoye con la construcción de carreteras, la instalación de vías de comunicación y de electrificación porque en muchas zonas no hay luz todavía, apuntó.
FUENTE: Servindi
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario