Los 3 «no» del FMI que eclipsan el
acuerdo
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 6 enero 2022.
«El camino hacia el acuerdo con el FMI no luce allanado. Al contrario, tiene más pozos de los que -ahora- el Gobierno quisiera. Los tiempos se acortan, el Banco Central ya no tiene reservas suficientes para completar los pagos de acá hasta marzo, pero tampoco hay certezas del momento exacto de la firma», opina Claudio Zlotnik-iProfesional
En su nota publicada en el sitio iProfesional este martes, afirma que el presidente Alberto Fernández, «está convencido de que, a esta altura, la negociación con el Fondo Monetario se juega principalmente en el terreno político. Y que, en los hechos, advierte que las principales objeciones que está planteando el organismo van en ese sentido. Que así como el préstamo del FMI al gobierno de Mauricio Macri se decidió por cuestiones políticas, la demora actual también hay que interpretarla en esa línea.»
Y desarrolla cuáles son en su opinión, los tres obstáculos para llegar al acuerdo con el organismo internacional. Los compartimos a continuación.
Los tres «no» del FMI
Desde el punto de vista técnico, ahora el Fondo se puso muy duro con el pedido de déficit fiscal al que debería llegar la Argentina este año. Los técnicos aseguran que el 3,3% prometido por Guzmán luce muy insuficiente.
El Fondo reclama un punto menos de desequilibrio; que el rojo de las cuentas públicas sea de 2,3%. A lo sumo del 2,5%.
El Gobierno está dispuesto a rebajar los subsidios económicos, que el año pasado treparon al 3,1% del PIB (entre lo que el Estado pone para las tarifas de luz y gas y otros 0,8% del PIB para mantener bajas los viajes en transporte público).
También a descongelar los precios de los combustibles, que ayudarían a mejorar la recaudación de este año, que ya no contará con el ingreso extraordinario del impuesto a las grandes fortunas.
Uno de los puntos en discusión refiere a la obra pública. Ahí la Casa Rosada resiste una rebaja. Al contrario, el Gobierno busca que la obra pública asegure la inversión del Estado en este 2022.
Como ya publicó iProfesional, Cristina Kirchner avala el acuerdo con el FMI a condición de que no haya un ajuste en las inversiones en infraestructura.
Guzmán le planteó a la titular del FMI que el acuerdo no debe interrumpir la recuperación
Guzmán suele repetir en público algo que ya planteó también a Kristalina Georgieva: que el acuerdo no debe interrumpir la recuperación de la actividad económica.
El ministro acaba de demostrar que es la mejor manera de sobrellevar el acuerdo: la recaudación en diciembre registró una suba de 73,6% interanual, lo que implicó un incremento del 65,9% para el total de la recaudación a lo largo del 2021. Alrededor de 13 puntos por encima de la inflación.
En simultáneo, el ministro aplicó un verdadero «ajuste» sobre las cuentas públicas, que se siente en el principal rubro del gasto público: las prestaciones sociales. Tanto las jubilaciones, pensiones, los pagos de la AUH, de las asignaciones familiares y también de la tarjeta «Alimentar» muestran un deterioro real (descontada la inflación) del 13,4% en el último año.
Las transferencias a las universidades también tienen un ajuste real, en ese caso del 4,4% interanual.
Siempre de acuerdo a los registros oficiales, las transferencias a las provincias cayeron 27%.
Los otros puntos en conflicto, donde hasta el momento el FMI planteó un «no» y pospuso las pretensiones de la Argentina fueron en los costos que le cobran al país por los créditos vigentes.
También se mantiene la negativa a alargar los plazos del «stand by«, que siguen en diez años como máximo.
La negociación -se sabe- debería desembocar en un acuerdo a diez años de plazo, con cuatro años y medio de gracia.
La apuesta del Gobierno, ahora, es que un apuntalamiento político debería lubricar el acuerdo. Es lo que se necesita con urgencia, antes de que se termine el verano.
El rechazo en el Congreso del Presupuesto 2022 complicó ese tránsito, que ahora la casa Rosada intenta retomar en la cumbre con gobernadores.
¿Será la punta para desatar el nudo? ¿O para cerrar trato hará falta ceder en el punto fiscal? La respuesta, a esta hora, se sigue negociando. Mientras siguen corriendo los minutos rumbo a los (impagables) vencimientos de marzo.
Mar negro
Por Claudia Rafael, Resumen Latinoamericano, 6 enero 2022.
Bastaba entonces tener de 6 a 12 años y ser hija o hijo de trabajadores para que la Fundación Eva Perón y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social sellaran el pasaporte a “la Feliz”. Era la meca de niñas y niños que en aquel primer peronismo conocieron el mar. Siete décadas después la historia es otra. La fugacidad de un futuro que se escapa como la arena entre los dedos hace que los sueños sean cortos y que el destino de país parezca agotarse velozmente. Hace rato que Mar del Plata dejó de espejarse en la felicidad. Y de la Gendarmería en Chapadmalal a la explotación petrolera en ese mar hay apenas un suspiro. Hace poco más de dos años, en pleno macrismo, esta agencia escribía que “el gobierno dio una estocada feroz a la simbología popular de la historia argentina”.
Se trataba de la cesión de parte del Complejo Turístico Chapadmalal a la Gendarmería nacional impulsada por Patricia Bullrich. En las últimas horas de un aciago 2021, la firma de Juan Cabandié en un decreto que habilita la explotación petrolera aguas adentro, frente a las costas marplatenses, por parte de una empresa noruega, permitiría repetir la frase y agregar que la estocada no es sólo a la simbología popular sino además al ambiente y la naturaleza. Pero hay un detalle que, además, hermana a unos y otros en el mismo y exacto modelo extractivo. Para llegar al decreto con firma de Cabandié, hay que viajar al 1 de octubre de 2018 en que Mauricio Macri abrió la licitación pública internacional para adjudicar permisos de exploración hidrocarburífera en las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste, pertenecientes a la Plataforma Continental Argentina. A los que, un año después, se sumaron otras cinco áreas en el Mar Argentino. Un total de casi 230.000 kilómetros cuadrados. El 16 de abril de 2019 se abrieron los sobres de las ofertas. Un grupo de empresas ofertó 995 millones de dólares para explorar la plataforma submarina. Y quedaron las puertas abiertas para ampliar la concesión por 35 años.
El viernes 3 de diciembre pasado, un sol intenso de mediodía marcaba 28° según el Servicio Meteorológico. Alberto Fernández –ya no MM en la presidencia- recibió a Pablo González y Sergio Affronti, presidente y CEO de YPF y a Al Cook y Nidia Alvarez, vicepresidente ejecutivo de la división internacional de Equinor y presidenta de Equinor Argentina. Se terminó de sellar en ese encuentro lo que concretaría Juan Cabandié 27 días después, cuando el país entero sólo pensaba en el final de un año que dolió hondo a las grandes mayorías.
No hay inocentes en esta historia. Macri licitó y concesionó; Alberto Fernández coronó y Juan Cabandié tomó la lapicera y firmó. Pino Solanas repetía años atrás que “el neoliberalismo logró imponer en América Latina la idea de que las concesiones de bienes públicos son contratos que, de hecho, se toman a perpetuidad”. Y decía también: “Los recursos estratégicos hidrocarburíferos seguirán causando guerras, golpes de Estado y asesinatos encubiertos”. El abogado ambientalista Enrique Viale escribió sobre la concesión a Equinor para la exploración y explotación petrolera actual en el Mar Argentino que “con una inversión de solo 982 millones de dólares (menos del 0,4% de las divisas que generarían estas concesiones hasta el año 2035), las petroleras, mayoritariamente transnacionales, tendrían libre disponibilidad de más 150.000 millones de dólares hasta el año 2035”.
Y que, por la Ley 27.007 “las concesiones offshore son a 30 años, con opción a extensión por 10 años más, por lo que durante ese período las petroleras extranjeras dispondrían libremente de 300.000 millones de dólares que jamás ingresarían al país”.
Más de 70 años antes de esa firma, otro decreto, el 1740, ampliaba derechos e incluía vacaciones pagas obligatorias. La conquista de Mar del Plata para los trabajadores era parte de ese avance popular. El diario La Capital escribía en 1954 que “Mar del Plata hasta ayer constituía para los trabajadores una meta inalcanzable. Hoy merced a la perfecta organización existente en materia de turismo social, planificada y establecida por su gobierno, vemos llegar hasta las playas opulentas y magníficas a hombres y mujeres de trabajo de cualquier punto del país”.
Se rompe con esa simbología popular cuando se expone la vida a la posibilidad de derrame de petróleo. Cuando se pone en marcha una técnica sucia y contaminante de por sí. Cuando se regala la riqueza de un país a grandes empresas internacionales. Cuando se convoca a una audiencia popular de la que resultan 333 exposiciones en contra y sólo 12 a favor pero se determina escuchar únicamente a esa minoría. Cuando se sigue abonando un modelo extractivo desde cada una de sus múltiples facetas: explotación petrolera mar adentro, megaminería, agronegocio que avanza sobre bosques nativos, provincias en llamas, ríos vaciados y agotados.
Se trata –escribía este lunes Carlos del Frade– de “minorías que usan los bienes comunes para sus negocios particulares con una fenomenal impunidad construida por sectores cómplices de las justicias y los gobiernos municipales, provinciales y nacionales”.
Minorías que diagraman un país a contramano de la construcción de un destino amoroso para las infancias. Que diseñan un futuro a medida de sus oropeles y sus propios intereses aunque eso mismo implique el estallido de la humanidad (incluyendo a esas mismas minorías) en pedazos.
Minorías que no cuentan con que a veces los pueblos, a fuerza de soportar golpes, traiciones y desprecio, se organizan y logran dar vuelta –como una taba- su propia historia.
Fuente: Pelota de trapo
La soja transgénica y los agrotóxicos
también castigan a La Matanza
Por Cecilia Gárgano*, Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022.
En pleno conurbano bonaerense también impactan las fumigaciones con agrotóxicos. En Virrey del Pino, partido de La Matanza, las familias se organizaron y exigen que se priorice la salud por sobre los negocios del agro. Una escuela fumigada, la articulación con las Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba y la crónica de una asamblea barrial que solo pide una cosa: que no los envenenen más.
La entrada al barrio Nicole está en el kilómetro 35 de la Ruta Nacional 3, a la altura de Virrey del Pino, en La Matanza, el partido más extenso y poblado de Buenos Aires. Mucho calor y el viento levanta tierra de las calles. En la Escuela 210 habrá, como todos los sábados desde octubre, una reunión de la Asamblea Vecinxs Envenenadxs por Glifosato. En la puerta se arriman algunas personas. Uno de ellos pregunta: “¿Ven esas lomitas? No son sierras, es relleno sanitario”. La contaminación del Ceamse (uno de los basureros más grandes del país), también de la empresa Klaukol, así como las inundaciones, son parte de las históricas problemáticas socioambientales de la zona. La postergación en La Matanza ahora suma a los agrotóxicos.
Conurbano fumigado y el “sojal” de La Matanza
Lucía vive próxima a un campo sembrado de soja, lo llaman “el sojal” y está a pocas cuadras de la escuela. Ella se quiere mudar porque sabe que está expuesta a agrotóxicos en forma cotidiana. Cuenta de su alergia, de los volantes que repartió junto a un docente del establecimiento educativo. El mismo al que asiste Adrián, de 9 años, uno de los tres hijos de Erika Gebel y Miguel Rodríguez, que hace nueve años viven a metros del mismo campo, en el barrio Oro Verde.
Cuando Erika y Miguel decidieron dejar atrás la vida en la Capital lo hicieron buscando un entorno más sano para criar a sus hijos. El campo sembrado ya había desplazado al tambo histórico del lugar. A su alrededor había otras viviendas, casas quintas: nada que los alertara sobre la peligrosidad de habitar en sus inmediaciones.
Pero hace algunos años comenzaron un periplo sanitario buscando respuestas a las enfermedades compartidas por todo el grupo familiar: dolores de cabeza persistentes, alergias, sangrados de nariz, problemas de tiroides, irritación de las vías respiratorias. Las mismas que relatan a lo ancho y largo del país cientos de comunidades fumigadas en donde también proliferan distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, entre una larga lista de patologías tan recurrentes como no relevadas por ningún organismo estatal.
Después de consultas médicas reiteradas, por iniciativa personal, Erika decidió probar suerte en el área de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Recién entonces se inició un pedido de estudios que, durante la cuarentena, dio como resultado niveles alarmantes de glifosato (el herbicida al que es resistente la soja transgénica) en los cuerpos de Adrián y Miguel, mientras que el resto de la familia presentó signos de exposición a otros plaguicidas.
Desde entonces se puso al hombro la movilización, junto a vecinas y vecinos, y docentes de la zona organizaron la Asamblea. Dice que le pusieron ese nombre porque el glifosato es el agrotóxico más conocido, aunque es sólo una parte de los cócteles químicos en uso en la producción agrícola. También cuenta que recibió amenazas pero que no tiene temor: “Miedo me da cuando voy a la toxicóloga”, reconoce, micrófono en mano.
Madres de Ituzaingó, agrotóxicos en La Matanza y la unión de luchas
El encuentro del sábado es particular, hay invitadas. Sofía Gatica y María Godoy son dos referentes de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, uno de los hitos en la lucha contra los efectos sanitarios del agronegocio. Un juicio que avanzó con una condena inédita (aunque con sabor a poco, la condena penal dispuso tres años convertidos a tareas comunitarias), que espera su segunda etapa, suspendida por la pandemia.
Sofía dice que su barrio se parece a éste del conurbano: también es un barrio popular, olvidado por los poderes de turno. Cuenta que la lucha fue dura, que consiguieron mucho, también que para cuando llegó el fallo muchos de sus hijos e hijas ya habían muerto. Recuerda el histórico acampe en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, que después de cuatro años logró impedir la instalación de una fábrica de Monsanto (hoy Bayer-Monsanto). Entrelaza anécdotas hilarantes (como las perras en celo que llevaron al campamento para impedir las mordidas de los perros de la policía, o las zanjas cavadas de noche para que no avanzaran los camiones) con dos advertencias: “Van a empezar a ver mujeres con pañuelos en la cabeza” y “van a enfrentar vecinos contra vecinos”.
En su relato reconstruye cómo transitaron los territorios transformados estrategias de lucha (la calle, los tribunales, los festivales) aparece el puente: remarca que es necesario unir las luchas, saber que no se trata de experiencias aisladas, sino lo contrario, un país repleto de luchas por la salud y el ambiente que se enfrenta a empresas y gobiernos que solo buscan el lucro.
Fallos judiciales contra los agrotóxicos y ordenanzas para todos los gustos
Solo en la provincia de Buenos Aires, según la compilación realizada por el abogado Fernando Cabaleiro (de organización Naturaleza de Derechos), existen 34 fallos judiciales y un dictamen de la Procuración Nacional, todos centrados en la problemática en torno al uso de agrotóxicos. A pesar de que la soja transgénica fue autorizada para todo el país, nunca se estableció una distancia a nivel nacional para las fumigaciones terrestres que conlleva.
De los 62 cultivos transgénicos aprobados desde 1996 (de la soja RR al trigo HB4), 50 fueron diseñados para ser resistentes a agrotóxicos. Sin embargo, las distancias terrestres para las fumigaciones no se fijaron con un criterio nacional para los centros urbanos, los poblados, las escuelas rurales, ni los cursos de agua.
En cuanto a la ley provincial que regula la aplicación de plaguicidas cuyo objetivo es “la protección de la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola” (Ley 10.699) fue sancionada en 1988, casi una década antes del inicio del boom sojero. Para las aplicaciones aéreas, un decreto reglamentario (499/91) fijó una protección de dos kilómetros únicamente para los centros poblados, dejando desprotegidas viviendas, escuelas rurales, establecimientos agroecológicos, cursos de agua y pozos de extracción del agua de consumo.
Las diversas localidades, libradas a su suerte, comenzaron entonces a pedir ordenanzas ante los Concejos Deliberantes para lograr distancias de protección a las fumigaciones. El resultado es tan disímil que en una misma provincia (como Buenos Aires) existen municipios que fijaron distancias de resguardo de 2000, 500, 200, 150, 100, 50 metros, y otros que no fijaron ninguna distancia. Distancias divergentes para los mismos daños.
Monocultivo y territorios de sacrificio
El avance de la frontera agrícola liderado por el monocultivo sojero “pampeanizó” el país. La expansión uniformó entornos desplazando a otros cultivos, actividades productivas, concentrando a su paso el uso y la propiedad de la tierra, devastando la diversidad natural y social. La agricultura familiar y campesina fue relegada a los márgenes del agronegocio.
El capítulo neoliberal de esta matriz agrícola intensificó un paradigma químico como solución de los problemas de la agricultura que ya venía desplegándose en las décadas anteriores. A lo largo de estos veinticinco años las voces de las poblaciones afectadas han denunciado en forma insistente los efectos sanitarios y ambientales: las mismas enfermedades se replican, sobran los estudios nacionales y extranjeros que han alertado la presencia de agrotóxicos en los suelos, el aire que respiramos, el agua (incluidas las napas subterráneas y el agua de lluvia), productos de uso masivo como toallitas y tampones, en alimentos, hasta en la leche materna.
Si hasta hace algunos años esta problemática era considerada propia de los pueblos rurales fumigados, hoy se sabe que centros urbanos y rurales están unidos por la misma devastación socioambiental.
En aras de la entrada de divisas (los dólares que necesita el país “para no caernos del mapa” -al decir de los gobiernos de turno-) se sacrifica la salud colectiva, los suelos (desmontes, pérdida de bosques nativos e incendios incluidos), con daños tan irreversibles como inocultables: en las tierras más fértiles del país el agua ya no es apta para su consumo, nuestras infancias presentan daños genéticos por exposición a agrotóxicos.
Mientras tanto, la desigualdad social lejos de reducirse se agiganta y la tasa de ganancia del bloque agroexportador se multiplica.
Tejer desde abajo hasta que paren de fumigar
Sofía Gatica y María Godoy comparten experiencias: “Si sacan fotos busquen un punto de referencia, sino no valen en un juicio. Si hacen un relevamiento ambiental, tiene que haber un escribano público”. Son atentamente escuchadas por el grupo de vecinas y vecinos de La Matanza.
Entre las dos despliegan un mapa hecho a mano que muestra la ubicación de los distintos casos de enfermedades en su barrio, donde el 33 por ciento de la población tiene cáncer. Mientras que el Estado no produce datos (de la cantidad de agrotóxicos utilizados, tampoco de sus efectos epidemiológicos o ambientales), las poblaciones son instadas a probar con evidencia certera los daños que sufren sus cuerpos y territorios.
Además de conseguir evidencias probatorias, las poblaciones afectadas en la mayoría de los casos se ven obligadas a financiarlas. El barrio Nicole de La Matanza no es la excepción. Cae la noche y sobre una pizarra se van completando los números del bingo que organizaron para recaudar fondos. Un niño va cantando: “Treinta y cuatro, tres-cuatro… cinco, solito el cinco”. Miro mi cartón y grito: “¡Línea!” Mientras saboreo el premio (unas pizzetas riquísimas hechas por una integrante de la Asamblea) pienso en el laberinto que vuelve a empezar: como en Lobos, como en Pergamino, como en toda Entre Ríos, como sucede a lo largo del país donde se dibuja el mismo mapa de saqueo. ¿Habrá que muestrear toda la Argentina? ¿Se nos irá la vida en eso? Mientras las evidencias sobran, las decisiones permanecen ausentes.
El lazo que se teje desde abajo, esta vez en pleno conurbano bonaerense, contrarresta las políticas estatales de fragmentación. Viene a avivar un nuevo encuentro que seguirá creciendo, hasta que paren de fumigar.
Fuente: Tierra Viva
Diego Taboada: «Las prospecciones
sísmicas se superponen con un
área muy relevante para las ballenas
francas»
Por Rosario Escobar, Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022.
Le preguntamos al presidente del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Diego Taboada, acerca del impacto en cetáceos de la exploración y explotación sísmica. Nos respondió con argumentos contundentes basados en cincuenta años de investigación.
Diego Taboada es el presidente del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) y VicePresidente de Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Areas de Influencia. Ayer lo entrevistamos en el marco de la enorme movilización en todo el país en contra de la exploración offshore que aprobó el gobierno de Alberto Fernández a la altura de Mar del Plata, Río Negro y Santa Cruz.
¿Qué riesgos traen las prospecciones sísmicas sobre las especies, en particular para los cetáceos que habitan el mar argentino?
Desde el ICB llevamos adelante un programa de investigación que lleva más de cincuenta años monitoreando a la población de ballenas francas en Península Valdés. A partir del conocimiento adquirido contribuimos al manejo y a la conservación de esta especie tan emblemática en el Atlántico Sur.
Entre los diversos proyectos en los que participamos hoy, quiero destacar uno especial llamado “Siguiendo ballenas”, que utiliza dispositivos satelitales y se desarrolla entre varias organizaciones e instituciones. La información aportada por las ballenas monitoreadas es de altísimo valor para su conservación porque nos permite localizar ambientes claves para su ciclo de vida, sustenta la importancia de las áreas marinas protegidas, como así también la regulación de actividades industriales.
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Desde el ICB nos preocupa la superposición que existe entre los recorridos de los individuos de ballena franca marcados con rastreadores satelitales y el área donde se realizarían las prospecciones. Los mapas satelitales destacan que las ballenas hacen un uso muy intensivo del área. Es conocido el impacto que las actividades de exploración y explotación petrolera pueden generar sobre la fauna marina en general, los cetáceos en particular, y sus hábitats.
Las actividades propuestas generarán impactos que coadyuvan a la degradación del hábitat, que ya se encuentra afectado por numerosas amenazas como la sobrepesca, el calentamiento global y la contaminación, entre otras.
Estuviste participando de la audiencia pública sobre la adquisición sísmica offshore hace unos meses. Finalmente se conoció hace seis días que el Ministerio de Ambiente resolvió a favor de la exploración petrolera por la empresa Equinor. ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones que desde el #ICB vienen desarrollando sobre el impacto en la fauna de esta práctica?
Los monitoreos de las rutas de las ballenas muestran el impacto negativo que las prospecciones sísmicas pueden ocasionarles a ellas y a su hábitat. En primer lugar, los desplazamientos de miles kilómetros, como se ve en la imagen, muestran que las áreas de campaña CAN 100, 108 y 114 ―y no solamente estas, sino todas las que se van a proponer con el tiempo― se superponen con áreas muy relevantes para las ballenas francas durante toda su época de alimentación, que es en primavera y en verano. Los recorridos destacan que las ballenas hacen un uso intensivo de esas áreas de interés, es conocido el impacto que puede generar en la fauna marina la exploración y explotación petrolera. En segundo lugar, los cetáceos dependen de la producción y percepción del sonido para la mayoría de sus funciones vitales, tales como obtener información de su entorno, detectar presas, predadores, orientarse, comunicarse y para su reproducción. Por lo tanto, la introducción de ruido de alta intensidad, como es el caso de las prospecciones, afecta funciones biológicas esenciales y también genera daños fisiológicos y físicos que pueden llevar a la muerte.
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¿Qué argumentos a favor conocés o escuchaste sobre este tipo de prácticas? ¿Qué contradicciones les encontrás desde el punto de vista científico y de las investigaciones que hay hasta el momento?
¿Argumentos a favor? Ninguno, solo modelos basados en criterios energéticos obsoletos y que no se condicen con los compromisos ambientales asumidos por el Estado nacional. Un derrame de petróleo siempre es una catástrofe ambiental que se extiende en el tiempo y en el espacio marino. Destruye hábitats, especies y sus interrelaciones. No existe el riesgo cero para este tipo de actividad. Por lo tanto, un derrame de petróleo en cualquier lugar del Mar Argentino tendría consecuencias negativas para todo el ecosistema, incluyendo las costas de Chubut, afectando por muchos años la calidad de vida de las personas, las especies marinas y la actividad turística que ellas generan.
Síntesis de los argumentos en contra de este tipo de prácticas
La experiencia y evidencia científica de más de 50 años estudiando ballenas francas australes en el Mar Argentino y el Atlántico Sudoccidental, sustentan nuestros argumentos en rechazo. Algunos de ellos son: Las áreas donde se realizarán las prospecciones sísmicas se superponen con un área muy relevante para las ballenas francas durante su época de alimentación en primavera. Asimismo, se solapan con hábitats que albergan una gran biodiversidad y son escenario de importantes procesos ecológicos, como el desove de especies de importancia ecológica y comercial, la migración del calamar, y la alimentación de aves, tortugas y mamíferos marinos, como la ballena franca austral. Debido a su valor ecosistémico, estas mismas áreas fueron identificadas como potenciales Áreas Marinas Protegidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, por lo que esta decisión se contradice en absoluto. Los cetáceos dependen de la producción y percepción del sonido para la mayoría de sus funciones vitales. El sonido emitido por los cañones en las prospecciones sísmicas pueden alcanzar una distancia de 4000 km. Este ruido de alta intensidad puede afectar sus funciones biológicas esenciales y generar daños fisiológicos y físicos que los pueden llevar a la muerte. Adicionalmente, existe evidencia científica de los efectos negativos que ocasionan estas actividades sobre la fauna marina, desde cambios en el comportamiento hasta la interferencia en funciones vitales, pudiendo incluso producir la muerte. Las actividades propuestas por Equinor Argentina degradan un ecosistema que ya se encuentra amenazado por la sobrepesca, el calentamiento global y la contaminación. No hay forma de que la industria petrolera pueda garantizar un “riesgo” o impacto bajo en la biodiversidad y, consecuentemente, en la población. Los antecedentes destructivos hablan por sí mismos. Para mitigar y adaptarnos a los efectos del Cambio Climático, necesitamos alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con el Acuerdo de París. Gran parte de ese logro consiste en transicionar hacia energías renovables y no seguir fomentando la explotación y uso de los combustibles fósiles.
Fuente: Izquierda diario
Organismos de derechos humanos
sobre el espionaje macrista: “Pone
en peligro la democracia”
Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022.
Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, H.I.J.O.S., Familiares, CELS, MEDH y APDH, entre otros organismos de derechos humanos, se reunieron ayer con el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de inteligencia, el diputado Leopoldo Moreau, quien hizo un detallado resumen del informe que esa Comisión elaboró y elevó para su aprobación al Congreso de la Nación sobre los hechos de espionaje ilegal cometidos desde las máximas esferas del Estado, en el período comprendido entre 2016 y 2019.
En el informe se detalla cómo se utilizó el poder del Estado para implementar un plan sistemático de espionaje político ilegal, que fue diseñado con premeditación.
“Las maniobras muestran claramente la complicidad del poder político, el Poder Judicial y los medios concentrados de comunicación, con el fin de perseguir dirigentes políticos, opositores, referentes sindicales y sociales y a un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil. Fueron espiadas aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales, gremiales y religiosas entre otras, 307 ciudadanos y ciudadanas, lo que generó distintas situaciones de hostigamiento, persecución y criminalización. Se armaron causas penales que tuvieron como consecuencia la prisión ilegal de dirigentes políticos, sociales, sindicales, ex funcionarios y empresarios”, describieron en un comunicado luego de la reunión.
“Expresamos una enorme preocupación ante estos hechos, que involucraron a las más altas autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires, que incurrieron en prácticas ilegales que ponen en peligro el Estado de derecho y las instituciones democráticas”
“Es mucho lo que ha perdido nuestra patria en los períodos en que se violentó la democracia, sistema en el que la mayoría de los y las argentinas hemos decidido vivir y que nuevamente se pone en peligro ante estas prácticas, a las que ya les hemos dicho NUNCA MÁS”, sintetizaron.
El texto lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S Regional Capital; Asamblea Permanente por los Derechos; Humanos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Matanza; Centro de Estudios Legales y Sociales; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Consultado por Canal Abierto, Luis María Alman Bornes, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y de ATE Nacional, opinó: “La importancia del informe de la Comisión Bicameral que nos presentó el diputado Moreau nos brinda un detallado testimonio de la violación a los derechos humanos perpetrados durante los últimos años utilizando nuevas y sofisticadas formas de persecución política”.
“Nos preocupa como MEDH la presencia de resabios ideológicos de la última dictadura cívico-militar en instituciones de un Estado de derecho, que se reintroducen como una herramienta al servicio del lawfare contra los movimientos sociales, eclesiales y sindicales identificados con el campo popular”, agregó el dirigente.
Más repudios
Hace algunos días, la Comisión Provincial por la Memoria se expresó duramente en contra del espionaje ilegal de Cambiemos, en relación al último capítulo revelado de la saga, en un comunicado titulado “Nunca más GESTAPOS, nunca más persecución al sindicalismo, nunca más inteligencia ilegal”
“La CPM manifiesta su más enérgico repudio a las operaciones ilegales para perseguir judicialmente al sindicalismo y a los dichos de Marcelo Villegas, Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Lo que se ve y oye en el video que trascendió en las últimas horas tiene una profunda gravedad institucional porque pone en evidencia prácticas ilegales, violentas y autoritarias de funcionarios a cargo de la administración del Estado en plena democracia”, escribieron.
“Los gremios son la expresión de una trayectoria de lucha y organización del sindicalismo en Argentina que está íntimamente ligada con el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora. Se trata de conquistas históricas que no pueden ser desconocidas por ningún funcionario público y mucho menos puestas en el foco de la persecución”, agrega.
Además, en su afán de consolidar una embestida contra los gremios, el ex ministro Villegas recurre a la figura de la GESTAPO, la policía secreta oficial de la Alemania nazi, manifestando su deseo e intención de contar con una fuerza que cumpliera esta función. La Gestapo, tenía facultades que la eximían de cualquier control legal, judicial o administrativo. Entre sus atribuciones y prácticas estaban la de detener sin procedimiento legal alguno, alojar en campos de concentración, torturar y asesinar a los considerados por el gobierno “enemigos del Estado”. Ninguno de los presentes en la reunión contradijo o se horrorizó frente a los dichos del Ministro”, sintetizan desde el organismo bonaerense.
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Macri, la AFI y la Gestapo
En abril de 2021 la Comisión Bicameral de Inteligencia denunció que durante el Gobierno de Mauricio Macri se montó un “Estado paralelo, clandestino y secreto” de espionaje ilegal y pidió crear una comisión para investigar a los jueces, fiscales y miembros de la Corte que pudieron haberse apartado del Estado de derecho.
La Bicameral se reunió el pasado 28 de diciembre para debatir sobre el fallo emitido por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi que, a pesar de las pruebas, rechazó la existencia de una asociación ilícita durante el gobierno de Cambiemos para espiar a dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Sin embargo, reconocieron que hubo agentes de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal que, según entendieron los jueces, por su cuenta hicieron espionaje ilegal. De acuerdo a Llorens y Bertuzzi, esos ex espías de la AFI “utilizaron sus posiciones y recursos del Estado para intentar obtener dinero por su cuenta o compartir información”, en beneficio de “intereses particulares”, descartando “la idea de un plan transversal a la estructura del Estado”.
Consultado por la reunión de Villegas con el intendente de La Plata Julio Garro y ex autoridades de la AFI por la cual se destapó la investigación sobre la “Gestapo antisindical”, Leopoldo Moreau señaló que el hallazgo de ese video “corrobora que quienes participaban en este plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política no eran cuentapropistas, como sostiene el fallo de Bertuzzi y Llorens”.
“Esto corrobora la existencia de una mesa judicial que recogía todas estas informaciones obtenidas ilegalmente y las transformaba en causas judiciales con pruebas falsas, testigos guionados y con falsos arrepentidos”, advirtió.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández también reclamó que “la Justicia debe investigar sin demoras” la Gestapo macrista.
El mandatario destacó la denuncia que hizo la AFI por las persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores durante el gobierno anterior.
“Se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros”, resaltó, y luego se preguntó: “¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?”
fuente: Canal Abierto.
Massoni chocó en una camioneta
sin patentes y sin los papeles en
regla en accidente con mujer herida
en acceso a Rawson
Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022.
Le iban a hacer el control de alcoholemia y de narcóticos para verificar si andaba manejando ebrio o drogado, según se comentaba en el lugar. El hecho ocurrió este miércoles después del mediodía en la rotonda “De los lobos” y se trató de una colisión en cadena de la que participó el polémico ex funcionario que –por lo que trascendió desde la misma policía– andaba en un vehículo sin las patentes y aparentemente sin los papeles en regla violando flagrantemente la Ley; como siempre fue su costumbre.
Massoni, al momento del choque conducía una “Nissan Frontier” que habría adquirido hace poco en una concesionaria de Trelew que –curiosamente– durante su gestión como ministro de Seguridad de la provincia fue la que más vehículos le vendió al Estado. Los mal pensados –que no se arrepienten de lo que afirman– sospechan que pudo haberla adquirido con plata de algún supuesto “retorno” o con la de “algún vuelto”.
El problema con el seguro ahora lo tendrá el conductor que fue chocado por el vehículo de Massoni, teniendo en cuenta la situación irregular en la que andaba circulando el ex ministro que debería dar el ejemplo.
Murió Jorge Izquierdo, histórico
dirigente del gremio judicial
Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022.
Jorge Izquierdo, un histórico dirigente gremial neuquino, murió ayer a los 74 años. Estuvo en el Poder Judicial cuarenta y siete años, seis meses y tres días. Desde su ingreso participó en el sindicato, del cual más tarde se convirtió en secretario general. Su intervención sindical lo llevó a liderar la CGT local, creó la CTA neuquina junto con otros trabajadores, fue secretario general de la Federación Judicial Argentina.
Más conocido como el “Pete” Izquierdo, este gremialista de cuna dedicó su vida a defender los derechos de los trabajadores y participó de luchas que marcaron la historia neuquina como la pueblada de Cutral Co en 1996 o las movilizaciones durante la crisis de 2001.
Su interés por el resguardo de los derechos de los trabajadores se despertó de muy chico, es que su padre, empleado del ferrocarril, fue secretario general de la Unión Ferroviaria.
“Mi papá participó en la huelga de 1958 y estuvo 40 días fugado de casa porque lo buscaban los militares, a mis tíos también, y en el 1959 vino su retiro”, comentó en una entrevista concedida a este diario en 2013.
Su niñez la pasó en las colonias ferroviarias que estaban en las calles Independencia y Santa Fe, de las que hoy ya no queda nada.
Allí vivía con sus tres hermanos varones, su padre y su madre. A los 8 años un accidente le marcó la vida: cruzó debajo de un tren que le agarró la pierna y tuvieron que cortársela. Pero este cambio abrupto en su cuerpo no le impidió continuar normalmente con sus ideas y anhelos.
A los 17 años, Izquierdo comenzó a participar del gremio judicial de la mano de su fundador, Nicanor Eduardo Briceño. Primero como secretario de actas, después fue secretario de la mesa directiva, y desde 1972 hasta 1976 secretario general, cargo que ocupó nuevamente desde 1982 hasta el año 2000.
“También en la década del ’70 participé de los congresos de la Federación Judicial Argentina, en 1975 accedí a la secretaría de prensa suplente, y vino el golpe de Estado. En 1981 organizamos la agrupación 4 de Agosto, en plena dictadura militar, para reivindicar a los trabajadores judiciales”, recordó en aquella oportunidad.
Su travesía por el sindicalismo neuquino lo llevó a liderar la CGT, luego de ganarle una elección por un voto al actual dirigente petrolero Guillermo Pereyra.
Ya en los ‘90 fue uno de los dirigentes que trabajó para fundar la CTA en Neuquén. “Luchamos con Julio Fuentes a brazo partido contra el neoliberalismo. Y debo decir que para mí fue un orgullo”, aseguró.
El Rengo reconoció que su vida dedicada al sindicato hizo que no pudiera darle todo lo que su familia necesitaba. “Creo que descuidé a mis hijas, abracé al sindicato y le dediqué gran parte de mi vida, mañana tarde y noche, en momentos de conflictos muy duros, contra la dictadura militar, contra el menemismo y el sobichismo, contra políticas que no incluían a los trabajadores”, aseveró.
Fuente: LM Neuquén
Guillermo Folguera: «Cosa rara la
Patria de los que dicen «hacer Patria»
Resumen Latinoamericano 6 de diciembre de 2022.
El conocido activista que lucha contra el extractivismo, Guillermo Folguera, escribió en su instagram un texto muy significativo sobre el actual momento del país en que el gobierno está llevando una ofensiva global para destruir lo poco que queda del territorio, siguiendo las ordenes del FMI.
Cosa rara la Patria de los que dicen «hacer Patria».
Parece que entregarle el mar a petroleras extranjeras y reventar los ecosistemas marinos es hacer Patria.
También parece que Patria es entregarle el agua a las megamineras canadienses.
Dicen que para Patria convienen Arauco o los grandes estancieros, antes que los pueblos originarios.
También Patria son millonarios argentinos que fundan empresas biotecnológicas o son CEOs de empresas chinas.
Cosa rara la Patria de los que dicen «hacer Patria»
El gobernador Rodríguez Sáa se
opone al pago de la deuda y pide
que se haga un plebiscito sobre el
acuerdo con el FMI
Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022.
El gobernador de San Luis respaldó al gobierno nacional en las negociaciones aunque pidió un plebiscito para conocer la opinión del pueblo sobre el acuerdo con el organismo internacional. FacebookTwitterWhatsAppTelegramCompartir
El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, compartieron con los gobernadores cómo se desarrollan las negociaciones con el FMI por el préstamo que tomó Mauricio Macri por 45 mil millones de dólares. Según informaron, hay diferencias importantes aún, ya que el FMI pide un ajuste en las cuentas públicas que el gobierno no está dispuesto a cumplir, porque atentaría contra el crecimiento de la actividad.
Luego de la presentación, todos los gobernadores peronistas mostraron su apoyo al gobierno nacional en las negociaciones. Sin embargo, la diferencia la marcó Alberto Rodríguez Saá, mandatario de San Luis, quien planteó la posibilidad de realizar una consulta popular para saber si la gente está a favor o no de un acuerdo.
“La deuda no se uso para construir una calle, un camino. Se usó la apariencia legal del acuerdo con el FMI para una fuga de capitales. Fue una estafa”, insistió el gobernador puntano. Además, planteó como opción la de llevar una queja ante el Tribunal Internacional de La Haya, ya que el organismo internacional violó sus propios estatutos porque buena parte del préstamo se usó para la salida de capitales, algo que el propio FMI reconoció.
Hasta el momento, la posibilidad de un plebiscito era algo propuesto por organizaciones políticas sin responsabilidad ejecutiva. Es la primera vez que un gobernador habla de una opción así, que por el momento no está dentro del menú de posibilidades del gobierno nacional.
La agrupación Soberanxs celebró la postura del gobernador de San Luis de no pagar la deuda con el FMI y pasar a la ofensiva; qué dijo Alberto Fernández
Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2022.
El gobernador de San Luis respaldó al gobierno nacional en las negociaciones aunque pidió un plebiscito para conocer la opinión del pueblo sobre el acuerdo con el organismo internacional. FacebookTwitterWhatsAppTelegramCompartir
El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, compartieron con los gobernadores cómo se desarrollan las negociaciones con el FMI por el préstamo que tomó Mauricio Macri por 45 mil millones de dólares. Según informaron, hay diferencias importantes aún, ya que el FMI pide un ajuste en las cuentas públicas que el gobierno no está dispuesto a cumplir, porque atentaría contra el crecimiento de la actividad.
Luego de la presentación, todos los gobernadores peronistas mostraron su apoyo al gobierno nacional en las negociaciones. Sin embargo, la diferencia la marcó Alberto Rodríguez Saá, mandatario de San Luis, quien planteó la posibilidad de realizar una consulta popular para saber si la gente está a favor o no de un acuerdo.
“La deuda no se uso para construir una calle, un camino. Se usó la apariencia legal del acuerdo con el FMI para una fuga de capitales. Fue una estafa”, insistió el gobernador puntano. Además, planteó como opción la de llevar una queja ante el Tribunal Internacional de La Haya, ya que el organismo internacional violó sus propios estatutos porque buena parte del préstamo se usó para la salida de capitales, algo que el propio FMI reconoció.
Hasta el momento, la posibilidad de un plebiscito era algo propuesto por organizaciones políticas sin responsabilidad ejecutiva. Es la primera vez que un gobernador habla de una opción así, que por el momento no está dentro del menú de posibilidades del gobierno nacional.
La agrupación Soberanxs celebró la postura del gobernador de San Luis de no pagar la deuda con el FMI y pasar a la ofensiva; qué dijo Alberto Fernández
Rodríguez Saá y el default, 20 años después. Como si fuera un homenaje a la declaración parlamentaria de su hermano Adolfo en 2001, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, reavivó la idea de no pagar la deuda externa, con una propuesta que puso en guardia al presidente Alberto Fernández y agitó la interna del oficialismo.
“Negociar con el Fondo, con la catástrofe que significa para los próximos años y la condena a las futuras generaciones, y no denunciar esa deuda como odiosa, como una estafa, es un camino equivocado que no comparto. Disculpen, sé que es una verdad incómoda”, dijo Rodríguez Saá el miércoles en su intervención durante la reunión en la que Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaron ante los jefes provinciales el estado de la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobernador puntano propuso dos caminos: denunciar al FMI ante el Corte Internacional de La Haya o convocar a una consulta popular para que sean los argentinos quienes decidan por la vía del voto si quieren que se siga negociando una reestructuración del préstamo que contrajo Mauricio Macri en 2018 o si se desconoce el pago por considerar que el dinero “se usó para la fuga de capitales”. Dijo que la propuesta de Guzmán está “plagada de buenas intenciones”, pero insistió que él no está de acuerdo. Se encargó también de criticar la reestructuración de la deuda privada que cerró el ministro en 2020. Habló de una “pérdida inconcebible de soberanía”, en relación con la cláusula que fija a los tribunales en Nueva York como lugar de resolución de eventuales conflictos.
La postura crítica de Rodríguez Saá fue celebrada por la agrupación Soberanxs, que publicó un tuit de apoyo: “Soberanxs abraza la intervención de Alberto Rodríguez Saá en reunión con @alferdez y @Martin_M_Guzman insistiendo con consulta popular y llevar al FMI a la Corte Internacional por sus responsabilidades antes de un acuerdo q condene al ajuste”
Rodríguez Saá habló por Zoom desde su provincia, mientras lo oían 12 gobernadores sentados a una mesa en la Casa Rosada. En su discurso de 10 minutos aludió al inca Atahualpa, a San Martín, a Juan Manuel de Rosas y a Simón Bolívar para construir un particular hilo temporal de sostén de su argumentación.
“En el año 1531 aproximadamente en la plaza de Cajamarca, Perú, le llevaron al Inca Atahualpa una Biblia, que no la aceptó. Los españoles lo tomaron como una ofensa y fue el ardid para ponerlo preso, tomar el gobierno de los incas en Perú y para liberarlo le pidieron llenar una pieza con oro y con plata. El inca va preso y empieza a mirar a los carceleros que juegan al ajedrez, un juego que no entendía. Un día le ofrecen jugar y él ganó. El carcelero le cuenta a Pizarro, asustado, y Pizarro ordena que lo maten. Ahí nació la deuda externa, el pensamiento único, la represión contra los pueblos”, dijo, al empezar su relato.
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Dijo después que “en 1821 el general San Martín, protector del Perú, dicta un reglamento provisorio en el que pone el tema de la deuda externa. Y dice que la deuda que no ha sido para beneficiar a los pueblos, que ha sido un instrumento de colonización no se debe pagar”. De Rosas rescató un discurso de 1835 en el que pidió poner delante la deuda interna a la externa. Y citó finalmente una supuesta frase de Bolívar : “Odio más a la deuda que a los españoles”. De ahí llegó a la teoría de la “deuda odiosa”, aquella que es contraída por una dictadura y que por eso puede ser cuestionada su legitimidad.
“En la Argentina el señor Macri y su gobierno duplicaron la deuda externa. Ese préstamo con el FMI fue una estafa y se usó como ardid; la apariencia legal para producir una fuga de capitales que no solo se comió los 45.000 millones de dólares del préstamo sino otros 45.000 millones más. La fuga se calcula en 90.000 millones. Con la plata no se ha realizado una alcantarilla, un cordón cuneta de una cuadra. Es una deuda absolutamente odiosa, con la doctrina que se rige el mundo”, denunció.
Aunque dijo que no se sentía incómodo por esas palabras, el presidente Fernández se sintió compelido a responder. “Es tu parecer, absolutamente respetable. Solo quiero hacer un par de observaciones. Yo denuncié penalmente por administración fraudulenta a quienes contrajeron esta deuda. No es una causa indeterminada, tienen nombre y apellido quienes fueron denunciados”, dijo. Y se mostró en contra de la tesis de la deuda odiosa: “Hay algunos otros aspectos más discutibles de lo que vos planteas. Es difícil considerar deuda odiosa a la que ha tomado un gobierno elegido popularmente. Y en este caso además la contrajo inmediatamente después de haber ganado las elecciones de 2017″
Envio:RL
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