Criminalizan a seis comunitarios de
Santiago Atitlán, por defender un
camino comunal
Por Diego Petzey, Resumen Latinoamericano 11 de marzo de 2022.
Seis comunitarios de Santiago Atitlán, Sololá, fueron ligados a proceso por los delitos de perturbación a la propiedad e instigación a delinquir, por defender un camino comunal, que atraviesa una propiedad de Gaspar Coché y que cerró para impedir el paso de la población. El juez impidió el ingreso de la prensa a la audiencia, aduciendo que se debe a los protocolos para prevenir la COVID-19.
Este 10 de febrero, el juez Alonzo Ixcot Macario, del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, ligó a proceso a seis comunitarios, por los delitos de perturbación a la propiedad e instigación a delinquir, por defender un camino comunal, ubicado en la entrada del sector Chutchaaj, del cantón Pachichaj, que atraviesa las propiedades de Gaspar Coché y que cerró para impedir el paso.
Los acusados tendrán que presentarse cada mes para firmar un libro de actas en el juzgado de paz del municipio. Se tiene previsto que la próxima audiencia se realice en agosto de este año.
Según la resolución del juez, no quedó claro quién es el que administra la tierra, si es la municipalidad o la autoridad ancestral cabecera del pueblo. Asimismo, dio un plazo de cinco meses para que el Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones y peritajes necesarios.
Gaspar Coché denunció a Juan Quiejú Pacach, Antonio Tacaxoy Lacan, Agustín Petzey Damián, Miguel Pablo Sicay, Pedro Chicajau Samuc y Cruz Coché por los delitos de usurpación, perturbación a la propiedad, instigación a delinquir y amenazas.
Para Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, y abogado defensor de los comunitarios, este es un problema de propiedad comunal. Añadió que con la documentación presentada ante el juez, no quedó claro quién administra las tierras comunales y tradicionales del pueblo, si es la municipalidad de Santiago Atitlán o la Autoridad Ancestral.
Para el abogado Castro, en este caso el sistema de justicia y las instancias del Estado no reconocen a las autoridades indígenas y ponen en duda la legitimidad de la autoridad ancestral.
Otras de las situaciones que ameritan prestar atención en este caso, dijo el abogado, es que en el contenido del expediente que se presentó a la Municipalidad de Santiago Atitlán, declara nula la calidad de Nicolás Sapalú como cabecera del pueblo. “Este es un claro ejemplo de racismo y discriminación y vamos a analizar las acciones que corresponderían en contra del señor alcalde municipal”, declaró Castro.
Juan Quiejú Pacach, integrante de la Comisión Ciudadana por la Transparencia y uno de los señalados, expresó que la acusación no les impedirá seguir defendiendo los bienes comunales y a oponerse a cualquier injusticia.
Para Pedro Chiquival, integrante de la autoridad ancestral de Santiago Atitlán, el Cabecera del Pueblo históricamente ha desempeñado un papel de resolución de conflictos. Y al ser la autoridad ancestral que resguarda los títulos de propiedad comunal la tierra de Santiago Atitlán procedió a solucionar la petición de los vecinos para habilitar el camino comunal.
A decir de Chiquival, antes de que los vecinos llegaran con la Autoridad Ancestral para buscar una solución, habían iniciado un proceso en el Juzgado de Asuntos Municipales desde el 16 de octubre de 2020. Sin embargo, un año después, en septiembre de 2021 el Juzgado se inhibió de seguir conociendo el caso, argumentando que era competencia de un juzgado civil y no resolvió nada.
Los orígenes del caso
El 17 y 24 de octubre de 2021, Nicolás Sapalú Toj, autoridad ancestral “cabecera del pueblo” Tz’utujil, de Santiago Atitlán, realizó dos asambleas comunitarias en el sector denominado Chutchaaj, del cantón Pachichaj, para encontrar una solución al cierre de un camino comunal.
Según la autoridad ancestral, las convocatorias a las asambleas fueron difundidas en una emisora de radio local con tres días de anticipación y en cada una se convocó a los señores Víctor Coché y Pedro Sosof Quiejú, para entablar un diálogo con ellos y solucionar la situación, según los vecinos ellos son los que habrían cerrado el camino.
En la asamblea comunitaria del 17 de octubre de 2021, varias personas indicaron que este sería el cuarto intento para entablar un diálogo con las personas que cerraron el paso. Sin embargo ninguna de ellas se presentó. En esta asamblea la Autoridad Ancestral y los vecinos marcaron con pintura roja el lugar donde había sido cerrado el paso y acordaron realizar otra asamblea el 24 de octubre para buscar una solución, por lo que organizaron una comisión para notificar e invitar otra vez a los señores a la asamblea.
En la segunda asamblea, familiares del señor Pedro Sosof Quiejú, uno de los que cerró el pasó, llegaron a la asamblea para expresar las razones del porqué habrían cerrado el paso y relataron que habían llegado a un acuerdo con Víctor Coché para cerrarlo, porque en sus terrenos se tiraba basura. Confirmó que si existe un camino que pasaba en el lugar, pero no atravesaba el terreno y dijo que ellos aceptan llegar a un acuerdo y habilitar el camino.
La autoridad Ancestral y vecinos en asamblea resolvieron habilitar el camino comunal. Cuando lo hicieron, una patrulla de la Policía Nacional Civil llegó al lugar, preguntando a las autoridades la razón de la asamblea. Tiempo después Víctor Coché y otras dos personas llegaron al lugar a tomar fotografías de los comunitarios que estaban abriendo el camino.
Antonio Coó Vásquez, de 84 años y vecino del lugar, quien participó en las dos asambleas comunitarias, relató que desde su niñez ha utilizado el camino comunal, que es muy importante para los agricultores que lo utilizan, asimismo, el señor Antonio Pop, también contó que desde niño utilizaba el camino para llegar a una de las orillas del lago de Atitlán, donde daba de beber a los caballos que cuidaba en aquella época.
Fuente: Prensa Comunitaria
Presidente pide archivar Ley contra
el aborto
Resumen Latinoamericano 11 de marzo de 2022.
La Ley penaliza con hasta 50 años de prisión el aborto en cualquiera de sus manifestaciones, siendo Guatemala el país de Latinoamerica y el Caribe con más embarazos de niñas menores de edad.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, solicitó este jueves al Congreso archivar el Decreto 18-2022, Ley para la Protección de la Vida y la Familia, el cual recrudece las penas de cárcel por aborto, y prohíbe el matrimonio igualitario, entre otras acciones.
En una alocución a la nación el mandatario expresó su preocupación por el hecho de que dicha legislación viola la Constitución de la República; además de dos convenciones internacionales de las que Guatemala es signataria.
“En primer lugar quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo; y, en segundo lugar, no podemos estar de acuerdo, a pesar de su coincidencia con que Guatemala haya sido declarada Capital Iberoamericana por la Vida. No podemos unir una cosa con la otra”, expresó el jefe de Estado de la nación centroamericana.
Quien además soslayó que se comunicó con la presidenta del organismo legislativo, Shirley Rivera, para solicitarle que archive la Ley, y en caso de que la normativa no sea archivada y llegue a su despacho, anunció que la vetará.
Al respecto, Rivera expresó que revisarían una vez más el Decreto. “Lo que vamos a hacer estudiar la iniciativa nuevamente. Todavía estamos en el plazo para poderla enviar o archivar. Veremos si en efecto tiene inconstitucionalidades y vamos a proceder como corresponda”, sostuvo la diputada.
Que estipula la Ley
La Ley establece que tiene por objetivo la protección del derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer; la libertad de conciencia y de expresión; así como también el derecho de los padres de orientar a sus hijos en materia de sexualidad.
Contempla entre sus artículos cambios al Código Penal, entre los que propone el aumento de las penas a cualquier tipo de aborto, independiente de cuál sea, con sanciones que oscilarían entre cinco y hasta 50 años de prisión, sin que estas penas sean conmutables.
Además, plantea que la educación sexual es exclusiva de los padres de familia, imposibilitando a cualquier centro educativo dar orientación sobre este tema; a lo que se agrega la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, e invalida cualquier unión de este tipo.
Fuente: TeleSUR
Envio:RL
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