53° Aniversario
Cordobazo: dirigentes sindicales y políticos lo recordaron en redes sociales
Dirigentes políticos y sindicales, ministros, diputados nacionales, y organizaciones de derechos humanos recordaron este domingo el 53° aniversario del Cordobazo, protesta obrero-estudiantil que ganó las calles de la capital de la provincia mediterránea para demostrar su oposición a la opresión política, económica y social de la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía.
La histórica jornada de lucha fue reprimida por la policía local, provocando la muerte de 20 manifestantes y cientos de detenidos, entre ellos los sindicalistas Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó en sus redes sociales la «unidad y protagonismo popular» de la movilizaciones que se llevaron a cabo en 1969, que son parte de «nuestra historia» y lo consideró «el camino para una Argentina más justa, libre y soberana».
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, compartió a través de su cuenta de Twitter un video realizado por la organización política La Cámpora, donde conmemora «53 años del levantamiento popular histórico».
En tanto la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FdT) en diputados, Cecilia Moreau, destacó el rol de las mujeres: «Un pueblo unido contra la dictadura de Onganía. Historias de resistencia y lucha. Ellas estuvieron ahí dando pelea», escribió en su cuenta de Twitter, junto a una foto de trabajadoras participando de las manifestaciones.
La diputada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, recordó en sus redes sociales a «el Pueblo unido en las calles, obreros y estudiantes contra la opresión de la dictadura», y agregó: «La dignidad de un Pueblo, ayer, hoy y siempre».
En tanto, el diputado nacional por el FdT Leopoldo Moreau escribió en su Twitter: «Hace 53 años el pueblo de Córdoba protagonizaba una de las jornadas de lucha más importantes de la historia: el Cordobazo. Nuestro homenaje y recuerdo a sus mártires y a sus dirigentes: Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres. Fue el golpe de gracia a la dictadura militar».
En términos políticos, la consecuencia inmediata significó la pérdida de legitimidad de Onganía, que se manifestó con la renuncia del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, el 4 de junio, menos de una semana después del «Cordobazo».
Y un mes después de esta manifestación histórica, en junio de 1969, renunció el gabinete en pleno de Onganía.
En ese sentido, el diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, describió el Cordobazo como «una gesta que fue un quiebre en la historia», donde apareció «el pueblo trabajador plantando bandera y marcando el camino», dijo en su Twitter.
Por su parte, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, recordó en sus redes «un nuevo aniversario del Cordobazo, una gesta histórica que nos enseñó la importancia de la unidad y la lucha para defender nuestros derechos».
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Catalano, destacó en su cuenta de Twitter: La «rebelión popular que marcó el comienzo del final de la dictadura de Onganía como parte de un proceso de organización popular, nos interpela, lxs trabajadorxs tenemos que discutir el proyecto de país, no sólo nuestras reivindicaciones inmediatas».
La cuenta de Twitter de la agrupación de derechos humanos HIJOS en su sede de Capital Federal señaló: «La memoria del Cordobazo está en nuestras banderas en cada lucha por la Patria grande, justa, libre, soberana y solidaria».
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El SiPreBA profundiza el plan de lucha por aumento salarial con paros, ruidazos y asambleas en las redacciones
A pocos días del Día del Periodista, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) anunció que profundizará el plan de lucha en reclamo de recomposición salarial y representación del gremio en paritarias, con un paro el martes 31 de mayo en Clarín, Olé y Página/12, y un cese total de actividades el jueves 2 de junio en Perfil. Además, el sindicato informó que «en ambas fechas se realizarán apagones de noticias, ruidazos y asambleas en todas las redacciones organizadas en nuestro sindicato, como las de Ámbito, Tiempo Argentino, Cronista, Infobae, La Nación, Noticias Argentinas y más». «Las empresas de medios de comunicación de prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, agrupadas en las cámaras AEDBA, AAER, APTA, THX Medios y la Agencia EFE, cerraron otra vez una paritaria para les trabajadores del área en el CCT 301/75 que consolida un atraso salarial que atenta contra la calidad de vida de les compañeres. Así, el pacto espurio a partir del cual estas importantes empresas pretenden hacer comunicación con salarios de miseria, pone al periodismo, y a quienes lo ejercen, en emergencia», sentencia el gremio.
Así se expresó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en sus redes sociales, a pocos días de un nuevo aniversario del Día del Periodista (7 de Junio): «desde el SiPreBA convocamos a profundizar el plan de lucha en las redacciones como repudio a otro pacto ilegítimo firmado por las cámaras empresariales que consolida el atraso salarial y pone en riesgo la calidad de vida de les trabajadores del sector». Además, volvió a exigir «una mesa de negociación por una recomposición real».
«En una nueva afrenta contra los sueldos, las empresas de medios de comunicación de prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, agrupadas en las cámaras AEDBA, AAER, APTA, THX Medios y la Agencia EFE, cerraron otra vez una paritaria para les trabajadores del área en el CCT 301/75, que consolida un atraso salarial que atenta contra la calidad de vida de les compañeres«, denuncian.
En la misma línea, el sindicato agrega: «al igual que en los últimos años, el ‘acuerdo’ de prensa escrita 2022/23 vuelve a perjudicar a las personas que trabajan en los principales diarios, agencias y revistas impresas y digitales del país (Clarín, La Nación, Infobae, Perfil, Página/12, El Cronista, Ámbito, Noticias Argentinas, entre otros). Así, el pacto espurio a partir del cual estas importantes empresas pretenden hacer comunicación con salarios de miseria, pone al periodismo, y a quienes lo ejercen, en emergencia«, remarcan.
En cuanto a los motivos por los que repudia «en todos sus términos» el convenio paritario» el SiPreBA especifica: «es insuficiente porque establece un ajuste sobre los salarios reales del 56%, al menos 14 puntos por debajo de las expectativas de inflación que se esperan para todo el período y que crecen a diario. Tampoco recompone los sueldos que están y seguirán, al final del año paritario, por debajo de la línea de pobreza. Con lo pautado, los salarios de prensa escrita consolidan una pérdida de más del 30% en los últimos dos años y un acumulado de degradación desde 2015 que roza los 50 puntos», destacan.
Asimismo, consideran que el acuerdo es «ruinoso», porque «por primera vez, se plantea un esquema de pagos de 6 cuotas, que agrava la situación económica del conjunto de las personas asalariadas y que trabajan bajo la modalidad de colaboraciones en nuestro gremio, con el absurdo de una cláusula de revisión recién para la última semana de febrero de 2023″.
También, consideran que se trata de un acuerdo «ilegítimo», porque «nuevamente se trata de una escala salarial pactada y firmada por un sindicato sin representación, sin afiliades ni delegades de base«, denuncian.
«Sostenemos, tal como hemos mostrado desde la construcción en la FATPREN (nuestra Federación que ahora – en coincidencia con este nuevo pacto salarial – está en un proceso de normalización forzado por una Justicia que atenta contra les trabajadores), que la defensa de los salarios y las condiciones laborales se construye desde la organización en asambleas, con debate y participación de les compañeres, así como ejerciendo nuestros derechos con medidas que exijan lo que necesitamos», destacan.
Por todo lo señalado es que anuncian que «junto al plenario de delegades y en representación de las asambleas, ante la novedad paritaria decidimos profundizar el reclamo ante estas empresas por una recomposición real y convocar a una serie de jornadas de lucha».
Las mismas «comenzarán el martes 31/5, con paro en Clarín, Olé y Página/12, y seguirán el jueves 2/6 con un cese total de actividades en Perfil«, detallan desde el gremio, que además anunció que «en ambas fechas se realizarán apagones de noticias, ruidazos y asambleas en todas las redacciones organizadas en nuestro sindicato, como las de Ámbito, Tiempo Argentino, Cronista, Infobae, La Nación, Noticias Argentinas y más».
Finalmente, el gremio agrega: «desde la Comisión Directiva, ratificaremos ante el Ministerio de Trabajo de la Nación nuestra intención de participar de la negociación colectiva y ejercer la plenitud de los derechos gremiales».
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Comunicado de Delegados Clarín
LA ASAMBLEA VOTÓ UN PARO DE 24HS EN CLARÍN Y OLÉ CONTRA LOS SALARIOS MISERABLES
En asamblea general en ambos turnos el jueves 26/5, quienes trabajamos en Clarín, Olé, revistas, portales y productos de AGEA, por UNANIMIDAD resolvimos:. Relanzar un plan de lucha por SUELDOS DIGNOS, reclamando una recomposición acorde a lo perdido en nuestros ingresos en los últimos años.. Exigir una mesa salarial urgente y que TODAS LAS PERSONAS que TRABAJAN en AGEA reciban SUELDOS por ENCIMA DE LA CANASTA BÁSICA. . Realizar un PARO de 24hs con presencia física en el lugar de trabajo en fecha a decidir y convocar por el SiPreBA y la Comisión Interna, durante la semana del 30/5. . Seguir con medidas de fuerza permanentes y rotativas: quite de colaboración, trabajo a reglamento, campañas de visibilización y asambleas, entre otras acciones. Las mismas serán adaptadas según las secciones y sectores. Además, votamos realizar un quite de firmas que acompañe la jornada de paro de 24hs. Estas decisiones se toman a partir de la urgente realidad salarial y la insuficiente paritaria que pactaron en 6 cuotas y por debajo de la inflación estimada, sumadas a las repetidas estafas que buscan esconder lo inmoral e ilegítimo, así como las recurrentes negativas de la empresa a negociar con nuestra representación sindical. La gravedad de la situación consiste en que muchos de nuestros sueldos quedaron por debajo de la línea de pobreza y, año tras año, acumulan pérdida de poder adquisitivo contra la inflación, como consecuencia de una decisión sistemática de licuarlos. Escenario que se contrasta con la realidad económica de una empresa que es parte de uno de los grupos corporativos más poderosos del país y se da el lujo de invertir millones en otras compañías a costa de mantener a raya nuestros salarios miserables.Ante esta situación y lo resuelto colectivamente, mantenemos el estado de asamblea permanente y en los próximos días la Comisión Interna informará los pasos a seguir.
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Nueva movilización al Congreso en reclamo de una ley de prórroga de los fondos de fomento a la cultura
Con la consigna «La Cultura No Caduca», Unidxs por la Cultura convoca a realizar una concentración, intervención artística y conferencia de prensa frente al Congreso Nacional este miércoles 1 de junio desde las 12, en reclamo a los y las legisladoras del tratamiento del Proyecto de Ley 3823-D-2021. «A pesar de que el 3 de mayo de 2022 la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de mayoría para llevar al recinto un Proyecto de Ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que garantizan fondos a las actividades culturales, aún hoy no hay fecha para el tratamiento en la Cámara de Diputados. Estas asignaciones específicas son el motor de nuestra cultura y dejarán de fomentar el trabajo de las industrias culturales impulsadas por el INCAA, INAMU, INT, medios comunitarios y bibliotecas populares. Esos fondos pasarán a manos de Rentas Generales, quedando bajo el arbitrio del Poder Ejecutivo de turno. A solo seis meses del desfinanciamiento total de la Cultura Argentina, el acervo identitario y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, diputados legislen a favor del pueblo», reclaman. Por ANRed.
Unidxs por la Cultura, que se autodefine como un «espacio de coordinación contra la caducidad de los impuestos específicos destinados a la cultura y por la soberanía cultural», ya había realizado el jueves 28 de abril un festival frente al Congreso de la Nación y en diferentes puntos del país, donde exhibieron sus obras para pedir a los y las legisladoras que «se sancione una ley de prórroga a los impuestos que de forma específica nutren los Fondos de Fomentos a los Institutos de Cine, Teatro, Música, a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), a los medios comunitarios y a la Defensoría del Publico». Y anteriormente habían realizado una protesta frente al Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA), que fue reprimida por la Policía de la Ciudad y tras la cual fue separado de su cargo al frente del instituto Luis Puenzo.
Ahora, nuevamente convoca a realizar una concentración, intervención cultural y conferencia de prensa frente al Congreso este miércoles 1 de junio desde las 12 en reclamo a las y los legisladores del tratamiento urgente del Proyecto de LEY 3823-D-2021.
«A pesar de que el 3 de mayo de 2022 la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de mayoría para llevar al recinto un Proyecto de Ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que garantizan fondos a las actividades culturales, aún hoy no hay fecha para el tratamiento en la Cámara de Diputados – denuncian desde Unidxs por la Cultura – Estas asignaciones específicas son el motor de nuestra cultura y dejarán de fomentar el trabajo de las Industrias Culturales impulsadas por el INCAA, INAMU, INT, medios comunitarios y bibliotecas populares. Asimismo, esos fondos pasarán a manos de Rentas Generales, quedando bajo el arbitrio del Poder Ejecutivo de turno. A solo seis meses del desfinanciamiento total de la Cultura Argentina, el acervo identitario y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, nos convocamos nuevamente para decir ‘La Cultura No Caduca’. Diputados legislen a favor del pueblo«, reclaman.
Los hashtags consigna que impulsan desde Unidxs por la Cultura son #EvitemosElApagónCultural, #TratamientoYa, #SoberaníaCultural, #TratamientoYA, #NoALaCaducidad, #SoberaniaAudiovisual, #NoAlApagónCultural y #LaBatallaNoTerminó.
Unidxs Por La Cultura está conformado por los siguientes colectivos y asociaciones:
Acción Mujeres De Cine – Actrices Argentinas (AA) – Asociación Civil Núcleo Documental Argentino (ADN) – Animadores Organizades de Buenos Aires, AOBA – Asociación Civil «Centro De Capacitación Profesional» de Formosa – Asociación Civil Colectividades Unidas Cultura, CULTURA COCINA – Asociación Civil De Artistas Lujanenses, ACAL – Asociación Civil El Mundo Desde Abajito – Asociación De Productoras Y Productores Audiovisuales de Santa Fe – Asociación de productores audiovisuales de Córdoba, APAC – Asociación De Productores De Animación de Córdoba, APA – Asociación De Productores Y Realizadores Independientes, APRI – Asociación De Técnicos Y Realizadores Audiovisuales de Chaco, ATRACH – Asociación Jujeña De Realizadorxs Audiovisuales, AJRA – Asociación Profesionales De La Dirección Escénica Argentina, APDEA – Junta Interna ATE INCAA – ATE Instituto Nacional Del Teatro (ATE INT) – Barricada Tv – Biblioteca Popular Amanecer Arroyo Leyes de Santa Fe – Biblioteca Popular De Villa De Las Rosas – Cámara De Producción Audiovisual De La Provincia De Entre Ríos, CAPAER – Cluester Audiovisual Corrientes – Clúster Audiovisual Tierra Del Fuego, CLÚSTERTDF – Colectivo De Cineastas, CDC – Contraimagen – Cooperativa De Trabajo La Rastrojera Tv de Misiones – Cooperativa De Trabajo Pares Limitada, PARESTV – Cooperativa Ppr, CANAL 4 MAR DE AJO – Coordinadora Nacional De Televisoras Alternativas, CONTA – Cuerpo De Delegadas Y Delegados De Ate Capital En La Defensoría Del Público – Cultura Movimiento Octubres, UTEP – Directores Independientes De Cine, DIC – Documentalistas De Argentina, DOCA – Escuela Unteatro – Esquina Rebelde (Centro Cultural), ER – Federación Audiovisual Argentina, FAVA – Federal Films – Frente de Organizaciones de la Animación Argentina, FOA – Frente De Organizaciones De La Animación Argentina – Fundación Cultural Del Acuífero Guaraní – Giramundo Tv – Grupo Documenta – Grupo Ojo Obrero, OO – Guionistas De Argentina, GUI.AR – Jj Circuito Cultural, JJ – Lá Compañía Teatral – La Sodería Casa De Teatro, LA SODE – Movimiento Audiovisual Platense, MAP – Movimiento De Espacios Culturales Y Artisticos , MECA – Mujertrova – Realizadorxs Integrales De Cine Documental, RDI – Red Argentina De Documentalistas, RAD – Red Argentina De Festivales Y Muestras Audiovisuales, RAFMA – Red Argentina De Mujeres De La Animación, RAMA – Red Audiovisual Rionegrina, RAR – Red de Animadores de Rosario, RAR – Red De Festivales Audiovisuales Patagónicos, RED-FAP – Red De Realizadores Audiovisuales De Misiones – Red De Salas De Teatro Independiente Pcia. Bs.As. – Teatro Situado. Revista De Artes Escénicas Con Ojos Latinoamericanos – Trabajadorxs Incaa – Union De Musicos En Cta De Les Trabajadores, UDEMUS – Unima Argentina (Titiriteros), UNIMA – Unión De Músicos En Cta De Les Trabajadores, UDEMUS – Unión De Teatristas Independientes De Argentina, UTIA – Unión Internacional De La Marioneta, UNIMA – Unión Nacional De Artistas Visuales, UNAV – Wayruro Comunicación Popular.
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Empresas recuperadas en Argentina en tiempos de Uber
Todo empieza con un vaciamiento. Tras una debacle patronal, el propietario decide llevarse todo lo que puede, empezando a transferir fondos de manera irregular e incurriendo en estafa. Deja de liquidar los impuestos, de pagar los insumos, a proveedores, deja de pagar a sus trabajadores. Aldo todavía recuerda ese momento que, en el caso de La Litoraleña, se dio en 2015: “Los primeros días, él no nos dijo nada. El subdelegado nos decía: ‘Mañana se deposita. Mañana, mañana, mañana’. Y en ese tiempo, que nos pagaban 40.000 pesos, te depositaba 2.000. ¿Qué hacés con 2.000 pesos? Nos venía envolviendo, envolviendo. Él estaba bien, los que sufríamos éramos nosotros. Y teníamos familias. Fue muy sufrido”. Por Facundo Ortiz Núñez.
La fábrica de tapas de empanadas y pascualinas en la que trabajaba desde hacía más de dos décadas se dirigía a la quiebra. Para Aldo, y para sus casi cien compañeros, la resignación suponía caer en el desempleo, perder los beneficios por antigüedad, y para los más veteranos, ver imposibilitada su jubilación. Suponía igualmente una derrota más amplia: a la pérdida de los puestos de trabajo se le sumarían la pérdida de la experiencia acumulada, del saber hacer que los trabajadores habían desarrollado con los años, del rol que la fábrica ocupaba en el vecindario. Perdían ellos, sus familias, los vecinos. Perdían todos. “Hasta que decidimos tomarnos la empresa. Fue duro. Pero no quedaba otra”.
El 27 de octubre de 2015, los empleados de esta fábrica del barrio porteño de Chacarita, reunidos en asamblea, tomaron una decisión: ocupar las instalaciones y parar las actividades después de meses de salario caído. Para entonces, la empresa había entrado en concurso de acreedores. El dueño había llegado a emitir 800 cheques sin fondo, la deuda acumulada superaba hasta diez veces el patrimonio de la empresa: le debía plata a todo el mundo. Y cuando supo que los empleados habían ocupado el lugar, puso fin a sus promesas vacías y mandó telegramas a 29 de ellos para avisarles de que estaban despedidos. Pero su Sociedad Anónima estaba desapareciendo, y, en términos efectivos, ya no estaba en sus manos. Ante el abandono y la incapacidad de la patronal, sus trabajadores la estaban convirtiendo en una empresa recuperada.
Ocupar
“Hay tres momentos que son comunes a la mayoría de las empresas recuperadas: el de la ocupación, el de la resistencia o la organización de esa ocupación, que significa abrir las puertas de la fábrica a la comunidad, recibir la solidaridad de otras experiencias, repensarse, buscar financiamiento, fondos de huelga para poder sostener esa ocupación, esa resistencia. Y después hay un tercer momento, que es la producción. Y esa decisión puede durar menos o más, puede ser más traumática o menos traumática. En este caso fue muy rápido”, explica Fabián Pierucci, hoy el presidente de la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña, que en la actualidad da empleo a 48 personas.
Él no era parte de la empresa antes de que la ocuparan, sino que se incorporó cuando ya estaba en marcha la formación de la cooperativa. Llegó como representante de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) que surgió en 2006 a partir de distintas agrupaciones de empresas recuperadas que proliferaron a comienzos de la década. Su objetivo en La Litoraleña era colaborar en las tareas de capacitación, transferencia tecnológica y gestión. Y también algo más: con el Grupo Alavío, estaba rodando una serie llamada “Redes de Trabajo y la Autogestión”. Filmó todo el proceso de ocupación de La Litoraleña y lo que vino después. Y nunca más se marchó.
La situación de partida era crítica. La palabra “cooperativa” hacía saltar las alarmas. Los proveedores no querían vender. Los clientes no querían comprar. El sindicato pastelero había dicho que los acompañaría en la lucha, pero, cuando formaron la cooperativa, se fueron también: sin un nuevo patrón al mando, perdían su cuota mensual. Los administrativos, gerentes, capataces, los vendedores, gran parte de los choferes, todos aquellos que estaban más cerca de la patronal siguieron el mismo camino. De los 115 empleados originales solo quedaron 70, los trabajadores de planta. Se había esfumado la jerarquía al completo, y con ella todo lo que sabían hacer. Los que mantenían la ocupación solo tenían experiencia de fabricación, ninguna de gestión.
El tejido que les permitiera resistir debía ser otro: los vecinos, que los ayudaron y apoyaron desde el primer momento. Otras cooperativas en situación similar, que los bancaron a lo largo de la ocupación trayendo alimentos. Las organizaciones sociales, que colaboraron en los momentos de movilización para hacer frente a las amenazas de desalojo, con la policía presente en la puerta todos los días.
“Empezamos a pensar como en una lógica inversa”, cuenta Pierucci. “A ver qué entraba, cuántas bolsas de harina, qué producción se hacía por día, qué cosas constituían el costo. Hay como que ir armando un rompecabezas”.
Uno se encargaba de recibir la harina, así que sabía cuántas bolsas solían entrar. Otro se encargaba de ser operario, así que sabía cuántas porciones de tapitas y empanadas se hacían al día. Rápidamente, los integrantes de la fábrica tuvieron que aprender a asumir otras responsabilidades, a negociar, pelear precios, a hacerse cargo de la administración del día a día de la empresa con el fin de mantener su fuente de trabajo.
“Estuvimos solamente una semana sin producir. Había en la cámara algo de producto el día del cierre. Y tiene un vencimiento corto. Treinta y pico días, si no se echa a perder. Eso no lo íbamos a tirar, así que se empezó a vender. Empezamos a recuperar clientes, a explicarles la situación…”. En apenas unos días, el 6 de noviembre, en medio de la ocupación, la producción volvía a arrancar.
Como siguiente paso, pidieron al juzgado que acelerara la quiebra y armaron la cooperativa, que se formó oficialmente en enero de 2016. Pero el mismo juzgado que verbalmente se había mostrado favorable al plan, cuando llegó el momento de decretar la quiebra, y frente al plan de negocio que le propusieron los trabajadores, les negó el permiso de explotación argumentando que la ocupación era ilegal. Comenzaba así un largo proceso judicial que sigue abierto hasta la fecha.
“Sale el (último) fallo en contra en plena pandemia, fin de 2020, que nos tenemos que ir de la fábrica. Otra vez. Y volvimos a apelar. Creo que vamos a ganar la apelación de nuevo, pero es como la historia sin fin. Hace seis años que estamos acá. Hoy estamos legalmente, está la fábrica habilitada como cooperativa. La ocupación, digamos, es un símbolo. Pero apelamos un fallo de desalojo, así que estamos con mucha inestabilidad”.
Resistir
La lucha contra el cierre de empresas y por la recuperación de fábricas y otras unidades productivas tiende a asociarse a la crisis iniciada en 2001. Sin embargo, aunque de manera menos visible, el proceso había comenzado al menos una década atrás, en pleno proceso de desindustrialización, y creció durante la década neoliberal, hasta llegar a un centenar durante el estallido social. Según los estudios que ha ido realizando el programa de Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en Argentina existen hoy día más de 400 empresas recuperadas, con alrededor de 15.000 trabajadores y trabajadoras. La realidad es que hoy, 20 años después, hay más empresas recuperadas que nunca.
Según Andrés Ruggeri, antropólogo social y coordinador de este programa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA desde 2002, esto indica que, para los trabajadores en situaciones de quiebra, la herramienta de la recuperación “tiene mucha proyección y se sigue usando. Sigue habiendo empresas recuperadas ahora, más de 50 de estas empresas recuperadas de las 400 son de los últimos dos o tres años. Y esto lo que indica es que cuando cierra una fábrica, una empresa, no necesariamente se va a convertir en una empresa recuperada, pero la opción de recuperarla está presente, aparece en la discusión”.
En esto contribuyen varios factores. Las experiencias pasadas han permitido ir reforzando redes sociales de apoyo que hoy ofrecen recursos a las nuevas empresas recuperadas, asesoramiento, abogados para el proceso judicial, experiencia acerca de lo que vaya o pueda suceder a continuación. “Cada experiencia evita, por asistencia de las redes, tener que empezar todo de cero, tener que descubrir el proceso como si nunca hubiera existido”.
Al mismo tiempo, la relación de este sector con el Estado resulta insoslayable. No es lo mismo tener enfrente un Gobierno que no interviene, que uno que se opone o uno que apoya. Hoy la situación se revela menos conflictiva que en otros momentos, como durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se puso en marcha el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y hay referentes históricos de las recuperadas que ocupan puestos en instituciones, lo que facilita el acceso a financiamiento.
“Pero las cuestiones fundamentales, que son cambios de legislación, cambios en lo estructural de la forma en que el Estado trata a las empresas recuperadas, no se ha modificado. Sigue habiendo precariedad, siguen sin tocarse las cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, con los derechos laborales. Con el ver que hay un sujeto trabajador diferente al trabajador asalariado típico, en relación de dependencia, y que tampoco es un empresario ni tampoco un cuentapropista. La empresa recuperada es una entidad distinta, un tipo de organización diferente. Ese tipo de trabajador, que es colectivo, sigue sin ser reconocido”.
En 2011, la reforma a la Ley de Quiebras dio prioridad a los trabajadores, en el papel, para recuperar una empresa en procesos concursales si se constituían como cooperativa. Pero la puesta en práctica dista mucho de cumplir la teoría. En la mayoría de los casos, la formación de la cooperativa no es más que el primer paso hacia un laberinto judicial. Los tribunales suelen fallar en contra de los trabajadores, obligándolos a apelar una y otra vez, a vivir bajo continuas amenazas de desalojo y otorgando a lo sumo prórrogas temporales.
En ocasiones, como sucedió en La Litoraleña, los anteriores dueños dejan grandes deudas que los trabajadores deben asumir y resolver. En su caso, lograron comprar la quiebra a partir de los créditos que quedaron de salario caído e indemnizaciones. Pero en el proceso debieron incluso hacer frente a un intento de remate del inmueble de las instalaciones, dictada arbitrariamente por un juzgado. La actual legislación sigue teniendo las suficientes lagunas como para estar abierta a la interpretación de un poder judicial que opera bajo lógicas de clase y con una visión patronal. De los jueces depende que se acepten o no los planes que propongan los trabajadores.
Este cruce de factores provoca una situación paradójica para las recuperadas. Por un lado, el diálogo con el Estado lleva a que el Ministerio de Desarrollo Productivo esté a punto de ejecutar el programa de financiamiento REDECO, el primero que se realiza con la finalidad específica de apoyar a las empresas recuperadas conformadas como cooperativas. Hasta 1.200 millones de pesos se invertirán en proyectos para compra de maquinarias y otras operaciones. Pero debido a la falta de compromiso con el reconocimiento del modelo autogestionado en sí, no sería imposible que, una vez se reciba un determinado aporte, los tribunales dicten al día siguiente una orden de desalojo.
La falta de reconocimiento institucional coloca a las empresas recuperadas en una zona gris de la economía. Deben pagar impuestos, pero no pueden acceder a créditos. Tampoco a aseguradoras de riesgo de trabajo, sino que han de contratar seguros por accidente. Deben aportar a la obra social, pero la jubilación que reciben es mínima. En su camino por el reconocimiento legal, han de cumplir con toda clase de requisitos administrativos —obtener permisos de explotación, municipales, registrar la fábrica, contratar seguros—, pero tienden a ser en buena medida invisibles para el poder hasta que no se produce una crisis.
Esta situación se agravó durante la pandemia y el aislamiento social preventivo obligatorio, que llevó incluso al cierre de casos emblemáticos del mundo de las recuperadas, como sucedió con el Hotel Bauen. Durante la pandemia, el Estado implementó dos herramientas para sostener los empleos. La Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP), que financiaba la mitad de los salarios de los trabajadores de empresas en relación de dependencia, y el Ingreso Familiar de Emergencia(IFE), destinado a los trabajadores no registrados, los cuentapropistas o integrantes de la economía popular. Pero los trabajadores de cooperativas de trabajo autogestionadas no eran ni una cosa ni otra. Algunas lograron entrar dentro de la categoría de los sectores esenciales para mantener sus actividades. El resto, hasta que llegaron parches de emergencia, no pudieron beneficiar de ninguna de las dos políticas.
“¿Y por qué se quedaron afuera? Porque nadie las veía. (…) Fue muy sintomático de hasta qué punto la autogestión es invisible en ciertos sectores del poder, incluso, ‘bienintencionados’. A lo sumo, los ven como un problema. ‘Bueno, qué hacemos con estos tipos’. Eso se lo pueden llegar a preguntar. Lo que no se plantean es: ‘Esto es una alternativa. Esto es una forma económica diferente y nos interesa que se potencie’. Eso de ninguna manera”.
A la raíz parece hallarse la falta de voluntad política. Pero hasta la voluntad política necesita una fuerza social que la impulse. Las grandes movilizaciones a comienzos de los 2000 en apoyo de las recuperadas y de lo que representaban en aquel momento, que lograron en ocasiones incluso que se votaran leyes de expropiación, hoy parecen haber quedado atrás. “(En 2001) eran parte de todo un gran proceso de movilización social, de cuestionamiento al sistema político, económico, y las empresas recuperadas eran una caja de resonancia de muchas cosas, mucho más de lo que representaban en números económicos, en la cantidad de gente implicada. Pero ahora están reducidas a lo que son. No les alcanza esa fuerza como para, por ejemplo, provocar que en el Congreso Nacional se vote una ley de trabajo autogestionado. Se ha convertido en un movimiento que, si bien es más grande que antes, es más débil simbólica y políticamente, porque ahora tiene menos capacidad de impactar en las políticas públicas”.
Producir
Hace 20 años, el fenómeno de las empresas recuperadas llegó a ser percibido por el campo popular como la punta de lanza de un proyecto impugnador que aspiraba a cambiar estructuralmente la sociedad, convirtiéndose en un mito para las luchas anticapitalistas dentro y fuera de las fronteras. Para el poder, ya sea con una mirada más o menos benigna, han sido interpretadas a lo sumo como una fórmula de emergencia y contención para sectores vulnerables. Pero a dos décadas de aquel momento, seguir entendiendo la autogestión como una isla al margen de la sociedad en la que transita les hace un flaco favor a las posibilidades reales de desarrollo de este modelo alternativo y a sus trabajadores.
Lo que fundamenta y permite el mantenimiento de una empresa autogestionada sigue siendo su capacidad de salvaguardar las fuentes de trabajo, producir y así asegurarles ingresos a sus trabajadores. Un pequeño emprendimiento puede quizá sostenerse en un mercado paralelo solidario, pero no hay forma de que una fábrica metalúrgica pueda asegurar decenas o centenares de salarios dignos a espaldas del mundo, menos aún ante crisis sistémicas. Se hace necesario realizar un balance crítico de estas experiencias si lo que se quiere es rearmar un proyecto desde abajo que pueda disputar el modelo económico, la gestión del trabajo y la distribución de la riqueza.
No cabe duda de que las experiencias de autogestión se ven obligadas a vivir remando contra grandes obstáculos. Pero hoy en día, la inestabilidad parece el pan de cada día de los trabajadores de cualquier rubro. Numerosas empresas recuperadas han sobrevivido hasta ahora a cambios de gobierno, aumentos inflacionarios, tarifazos e incluso a una pandemia. Y lo han hecho bajo la dirección de sus propios trabajadores, saltándose intermediarios, manteniendo un funcionamiento interno distinto a las lógicas capitalistas, apostando por un modelo más democrático y horizontal, prestándose ayuda y recursos unas a otras. Todo ello, mientras navegan en medio de un mercado agresivo que de solidario tiene más bien poco.
Para Andrés Ruggeri, las ventajas concretas de las recuperadas se mantienen, y seguramente expliquen por qué este modelo sigue creciendo: “Muchas han logrado reconstruir esos empleos y su actividad económica, y lo más importante no es que lo hayan logrado, sino cómo lo lograron. La cuestión de la autogestión, en muchos casos, es más cualitativa que cuantitativa. Es un trabajo con menos explotación. Implica también ganar mejores condiciones de trabajo, más libertad, más solidaridad, aunque parezca una palabra demasiado repetida, pero que es real, y en ese sentido, cualitativamente, permite dar otras respuestas. Una empresa autogestionada puede permitirse pensar cosas que a la empresa capitalista no le interesan, que tienen que ver no solamente con el bienestar de sus trabajadores, sino con el bienestar social general. Por ejemplo, plantearse que determinado producto no es bueno para el medio ambiente y buscar una solución. La empresa capitalista va a hacer los números y dice: ‘Si un producto más ecológico nos da más ganancia, vamos por ahí. Pero si perdemos plata, no nos interesa, que se hundan”.
En una época en la que vivimos una arremetida de renovadas formas de explotación al alero de las nuevas tecnologías, camufladas bajo el eslogan del “emprendimiento personal”, que solo fomentan la disgregación, el individualismo y la competitividad entre trabajadores en un contexto de creciente precariedad, las empresas recuperadas abren la puerta también a volver a tejer lazos entre trabajadores en un momento en que parecen haberse perdido.
En la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña se asentó desde el inicio la asamblea como órgano de decisión. Tienen un consejo de administración determinado por la Ley de Cooperativas que, en este caso, se corresponde con la dirección operativa de la fábrica. Sus reuniones responden a un órgano de planificación ampliado: participan los responsables de cada uno de los sectores del organigrama, y cualquier trabajador de la fábrica puede asistir. Todos los cargos, desde los miembros del consejo a los responsables de cada sector, se van rotando. Desde el primer al último integrante de la fábrica reciben el mismo salario, independientemente de sus responsabilidades; otra decisión que partió de aquella primera asamblea que llevó a la ocupación y al camino de la autogestión.
“Acá no hay plusvalía”, subraya Fabián Pierucci, que pronto completará sus tres años como presidente de la cooperativa, cediendo paso a un nuevo consejo. “Porque todos tenemos el mismo ingreso. No hay forma de que haya plusvalía en esta fábrica”.
En paralelo, la cooperativa mantiene una política de “puertas abiertas”. Intenta mantener un estrecho lazo con el barrio, realizando trabajo comunitario, apoyando a otras cooperativas en resistencia y recibiendo regularmente a escuelas para compartir la experiencia entre los más chicos. En mayor o menor medida, todas las empresas recuperadas intentan devolverle algo a la comunidad que las apoyó y alimentar la red que les permitió levantar su proyecto.
“No hay que idealizar estas experiencias. Tampoco infravalorarlas. Pero hay que estar todos los días”, añade.
El trabajo prosigue tras los muros de la fábrica de tapas y empanadas de Chacarita. Ataviados con sus redes para el cabello y uniformes blancos, los compañeros de la fábrica preparan la mezcla de harina y margarina, añaden las capas de hojaldre, se lamina, se reduce el espesor, se corta. La materia prima recorre su ciclo a través de las máquinas, siendo transportada y tratada de una cinta a otra por los trabajadores antes de encarar el envasado, hasta que el producto queda listo para el embalado, atraviesa el montacargas y las tapas ingresan al sector de frío para su posterior distribución.
“Es duro en algún sentido, pero afuera también. Lo que tiene es que la intensidad del trabajo es consensuada. ¿Vieron la película Tiempos Modernos de Chaplin? El forzudo que, cada vez que cambia la palanca, anda más rápido la velocidad de la cinta, y Chaplin se enloquece. No puede completar su tarea. Eso no existe acá. No existe. Tenemos nuestro comedor, nos reunimos, hacemos turnos, tenemos tiempos laxos. Nadie le va a molestar a nadie. Eso está buenísimo”.
Fuente: El Salto
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SociosPlus
Una solución moderna para denunciar injusticias en los sectores de trabajo.
En los últimos años a raíz del avance tecnológico y el impulso que provocó la pandemia en el desarrollo de nuevas aplicaciones, surgieron herramientas informáticas que dejando de ser un monopolio exclusivo de las empresas, se volvieron parte del entramado social. Los gremios no quedaron exceptuados de este fenómeno, de hecho existe una aplicación a medida, que puede ser utilizada por las organizaciones gremiales para la detección temprana de conflictos y por su puesto para su resolución.Por: Gastón Berenstein
Foto: Aratecnia
En el mundo laboral existen innumerables casos de injusticias que se llevan a cabo hacia los trabajadores. Estas injusticias pueden tener múltiples motivos, trabajo no registrado, horas extras impagas, violencia laboral, etc. Muchas veces, estas situaciones no se resuelven, ya que no son debidamente informadas al sindicato que es quien puede y debe proteger a los trabajadores, en general por los siguientes motivos:
- No hay presencia de delegados en la empresa.
- El trabajador teme las consecuencias de denunciar el hecho.
- El delegado o miembro de la comisión directiva no puede hacer seguimiento adecuado de todas las denuncias, etc.
Desde SociosPlus tenemos como propósito mejorar la vida de los trabajadores. Por esto, nos empezamos a preguntar: ¿cómo podemos encontrar una solución a este problema?
Con este desafío planteado fue que surgió la idea de que las y los trabajadores puedan denunciar hechos de injusticia en su ambiente laboral, de forma anónima o no. Para el caso de las denuncias anónimas, la aplicación de SociosPlus permite que se identifique a la empresa en la cual trabaja el afiliado, a los fines de poder eventualmente programar una visita con el sindicato. Estas denuncias pueden ser realizadas desde nuestra app de forma ágil y discreta, sin necesidad de acudir al gremio personalmente.
Para que las denuncias puedan resolverse, desarrollamos un panel dentro del sistema, donde delegados, delegadas y miembros de la comisión directiva puedan listar todas las denuncias que se reciben y tomar una acción con cada una, o bien mantener una conversación con el denunciante, para, por ejemplo, solicitar más información sobre algún aspecto específico del hecho mencionado.
Las denuncias realizadas poseen un estado en el sistema, de esta manera nos aseguramos que TODAS deben ser resueltas de algún modo. La resolución las puede dar el personal empleado del sindicato, o bien el afiliado cuando considera que el problema ya fue resuelto.
Con esta propuesta, una vez que se genera un volumen de datos considerable, con SociosPlus es posible extraer información de dichos datos para entender dónde y cómo se generan los conflictos, y planificar acciones enfocadas en mejorar la relación entre trabajadores y empleadores.
De modo que, si la mayoría de los conflictos se dan en una geografía específica, o en una empresa en particular, o incluso por información demográfica del trabajador (edad, género, etc.) o del comercio (tamaño, rubro, etc.).
Finalmente, nuestra app permite que los dirigentes tengan visibilidad del trabajo de los delegados y de la comisión directiva, pudiendo observar la cantidad de denuncias procesadas y como fueron resueltas.
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Hugo «Cachorro» Godoy se encamina a ser el próximo número 1 de la CTA Autónoma
La elección será en agosto de este año. El estatal Hugo «Cachorro» Godoy reemplazará al visitador médico Ricardo Peidro. Se espera que compita con una nómina de oposición para estar al frente de la CTA Autónoma hasta 2026.
El 11 de agosto está previsto que la CTA Autónoma tenga su Congreso para renovar sus autoridades nacional. En ese marco, están dadas todas las condiciones para que Hugo «Cachorro» Godoy sea el próximo secretario general.
El consenso para que Godoy sea el próximo número 1 de la central se gestó a través de acuerdos internos en ATE, el sindicato con mayor representatividad de la central, y con sus pares ceteístas a nivel nacional.
El visitador médico Ricardo Peidro, el actual secretario General de la CTA, también tiene su lugar asegurado: será uno de los secretarios adjuntos de Godoy.
Todavía no se sabe quien ocupará la otra silla que hasta ahora la tenía allí a la docente universitaria Claudia Baigorria.
Se espera que en el marco del proceso electoral aparezca también, al menos, una lista vinculada con la izquierda clasista que quiera competir por la conducción.
Godoy fue secretario General de ATE provincia de Buenos Aires en dos mandatos del 2003 al 2011. Luego, fue adjunto a nivel nacional entre 2011 al 2015. Y desde 2015 es el secretario general de ATE Nacional por lo. Es el adjunto de la CTA nacional desde 2014.
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Inesperada tensión en la paritaria de los estatales que pasó a cuarto intermedio para el miércoles
Aunque ya está definido el trazo grueso en torno al 60%, todavía no hay acuerdo final en la paritaria de los estatales. Con los detalles por definir, pasó a cuarto intermedio para este miércoles.
Los gremios que representan a los trabajadores del ámbito público, ATE y UPCN, negocian los últimos detalles con el Gobierno Nacional de lo que será la nueva paritaria. Como cada año, el entendimiento regirá desde junio de 2022 y hasta mayo del año próximo.
Tanto gremios como el Gobierno esperaban cerrar la paritaria de los estatales este lunes, pero finalmente la pulseada fue más tensa de lo esperado y decidieron pasar a cuarto intermedio.
El desacuerdo gira en torno a los tramos en que se va a dividir el 60% de aumento. La idea original era que el aumento sea pagado en 3 tramos a cobrarse este año y 2 el año siguiente, desde ATE afirmaron que buscan que la distribución sea 4 en 2022 y el último en 2023.
Otro punto en pugna es el del porcentaje de la primera cuota, mientras los gremios presionan para que sea alrededor de 20%, desde el gobierno buscan que sea menor.
Además, desde la gestión se planteó una cláusula de revisión para octubre de este año. Allí también hay idea gremial de acortar los tiempos para poder renegociar en septiembre.
La negociación de partes continuará el próximo miércoles 1 de junio a las 15 horas.
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Trabajadores de la salud pública de Río Negro confirmaron medidas de fuerza para toda la semana
Desde la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) dijeron que la medida tiene que ver, además de con las reivindicaciones, “con el funcionamiento del sistema sanitario”. Valoraron que el ministro de Trabajo los haya atendido.May 30, 2022 | Gremiales |
Los trabajadores nucleados en la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) anunciaron que mantendrán el paro de actividades laborales programado para esta semana, tras un encuentro que se desarrolló este lunes en Viedma con el secretario de Trabajo rionegrino, Jorge Stopiello.
El gremio reclama entre otras cuestiones recomposición salarial y que sean reconocidos como sindicato para tener participación en la discusión paritaria que se desarrolla en el marco de la mesa de la Función Pública de Río Negro.
«Dejamos en claro nuestros reclamos, nos explayamos en un montón de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema sanitario», dijo la secretaria general de Asspur, Cerisa Mullaly.
«Salimos de la reunión con el compromiso de Stopiello de trabajar sobre los reclamos, ahora esperamos una respuesta concreta y formal», agregó.
Desde Asspur se informó que mantiene firmes las jornadas de paro que se realizarán durante toda la semana en la mayoría de los hospitales públicos de la provincia de Río Negro, «sin atención en consultorios, laboratorios y otras áreas, sólo se atienden urgencias», se aclaró.
Mullaly dijo que el gremio vio «con ojos positivos» la recepción del Ministerio de Trabajo provincial, una decisión que «no es menor», valoró, ya que la cartera laboral «tiene injerencia en la mayoría de los puntos que nosotros reclamamos».
«Pero hasta ahora el paro continúa y se mantiene», añadió la gremialista, y remarcó que «por ahora no hay respuestas concretas, pero entendemos que no es menor el compromiso del ministro Stopiello».
Según informó la gremialista, este lunes el acatamiento al paro fue bastante alto con 25 hospitales «que están adhiriendo a la medida», detalló.
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Organizaciones gremiales porteñas se movilizó en reclamo de aumento de salarios
La movilización de UTE-Ctera, Sitraju y de Metrodelegados se trasladó hasta la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Piden también por el pase a planta de los empleados de la administración pública.
Sindicatos porteños de varias actividades realizaron este lunes un paro y movilización a la Legislatura de la Ciudad para reclamar la actualización salarial junto a otra serie de reclamos, con el pase a planta de trabajadores monotributistas del Gobierno local, la titularización de docentes interinos, el reconocimiento de los enfermeros como profesionales y la eliminación de subterráneos con asbesto.
Los gremios realizaron un acto conjunto a las 13.30 en Diagonal Sur y Perú, del que participaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Capital), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) y la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP, metrodelegados).
Roberto «Beto» Pianelli, secretario general de los metrodelegados, advirtió en el acto que «los trenes (por los subtes) que contienen material cancerígeno siguen estando», pese a la promesa que hizo el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta «hace cinco años» de sacarlos de circulación.
«Tenemos tres compañeros fallecidos y 54 afectados, le decimos a los legisladores que si no hacen la licitación prometida para reemplazar esos trenes, iniciaremos un plan de lucha y vamos a parar la ciudad», adelantó.
Los metrodelegados fueron los últimos en llegar a la esquina de Diagonal Sur y Perú, donde ya se encontraban las columnas de ATE Capital, UTE y Sitraju.
En diálogo con la agencia de noticias Télam, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, enumeró los reclamos de su gremio, centrados en la cuestión salarial y en las condiciones laborales vigentes para los trabajadores del Estado de la CABA.
«Exigimos salarios para salir de debajo de la línea de pobreza, el pase a planta de los 20.000 monotributistas que trabajan para el Gobierno de la Ciudad, la reincorporación de los 150 enfermeros y enfermeras que durante la pandemia trabajaron en la Unidades Febriles de Urgencia (UFU) y el reconocimiento de los y las enfermeras como profesionales de la salud», enumeró.
Actualmente, los enfermeros se encuentran en el escalafón general del sistema de salud porteño, por lo que sus salarios son inferiores a los de trabajadores de otras especialidades.
La secretaria de prensa de UTE, Paula Galigniana, informó por su parte que los principales reclamos de su gremio son la «titularización de los 3.000» docentes interinos y una «ley de paritarias» para los trabajadores de la educación de la Ciudad.
Además, la vocera informó que el Gobierno porteño está realizando descuentos a docentes porque el sistema rechaza de manera «intencional» los pedidos de licencias médicas.
Por otra parte, Laura Insaurralde, de la comisión directiva del Sitraju, le dijo a Télam que su sindicato reclama la «adelantar la reapertura de paritarias» porque los salarios están desactualizados respecto a la inflación.
La medida de fuerza se desarrolló desde las 11:30 en Avenida de Mayo 645, desde donde las organizaciones se movilizarán hacia la sede de la Legislatura porteña, en la calle Perú al 100.
«Hoy estamos en un nuevo plan de lucha, junto a organizaciones hermanas como el Sitraju, ATE, docentes y metrodelegados porque el salario no alcanza y las condiciones laborales son lamentables», señaló a Télam Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera).
La gremialista reclamó además ser «escuchados por los funcionarios del Gobierno porteño, poniendo con fuerza la acción en la calle, con la unidad de la clase trabajadora, en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo y salariales».
«Estamos movilizándonos además en defensa de la carrera profesional para los trabajadores y trabajadoras de la salud, sobre todo de las enfermeras que reciben destrato por parte del Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta», añadió.
UTE exige que «se abra la mesa para la solución de los problemas con las condiciones de trabajo, de seguridad y para resolver los graves problemas edilicios; la falta de calefacción, alimentos con proteínas para los niños y materiales y equipamiento para las aulas».
«Asimismo -apuntó la dirigente- rechazamos que hagan trabajar a los estudiantes para empresarios amigos de Larreta y les reduzcan las horas de clases».
Si bien ATE destacó la reapertura de paritarias para los estatales porteños con un aumento salarial del 60 % para 2022, también le exigió al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que ese incremento se traslade a otras formas de contratación, porque «aún falta el aumento a los contratados», alertó.
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Pablo Moyano dijo que no sabe si Guzmán es el ministro «apropiado» para luchar contra la inflación y se mostró «totalmente de acuerdo» con las retenciones
El secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, cargó hoy contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, al poner en duda sus condiciones para hacer frente a la inflación, al tiempo que señaló que el Gobierno «no le agarra la mano» a la situación.
«No sé si es el ministro de Economía apropiado para la lucha contra la inflación», soltó el jefe sindical respecto de Martín Guzmán.
En declaraciones radiales, el primogénito de Hugo Moyano aseguró estar «muy preocupado» por la incesante inflación, que en la medición del INDEC del mes de abril registró seis puntos, y le pidió al Gobierno que endurezca los controles de precios.
«(Al Gobierno) le falta más dureza, sentarse y decirles a los empresarios: ‘Viejo ya está, hasta acá se llegó . No se puede seguir jodiendo con el bolsillo de los laburantes. Los empresarios tienen voracidad de seguir acumulando dinero», fustigó.
«Los empresarios se aprovechan de las discusiones internas del oficialismo y de las operaciones políticas y mediáticas de la oposición», arrojó, y agregó que «la contracara es que la guita que siguen ganando en el campo no se refleja en la canasta familiar porque sigue yendo a las familias Roca, Pagani, etcétera».
En este sentido, le pidió al Poder Ejecutivo que aumente los derechos de exportación al campo, en medio de las contradicciones y posturas contrapuestas en el Gabinete nacional acerca de qué hacer con las retenciones.
«Yo estoy totalmente de acuerdo con volver a poner retenciones a los commodities y al campo. Estos se la llevan toda, hay muchísima evasión en la exportación de productos agrícolas», justificó, y recordó que cuando «el campo metió un tractorazo en Plaza de Mayo, el Gobierno retrocedió».
Guzmán venía siendo el blanco predilecto de las críticas del kirchnerismo duro, pero en la última semana Sergio Massa también dejó trascender su descontento y presionó con éxito al ministro para que adelantara la suba del mínimo no imponible de Ganancias y dejara el aguinaldo por fuera de los descuentos por este tributo. .
Justamente, Moyano participó junto a los líderes de la CGT Carlos Acuña y Héctor Daer de la reunión en la Casa Rosada con Massa, Guzmán y el presidente Alberto Fernández para discutir los detalles de la medida que beneficiará a trabajadores de clase media y media-alta. .
Tras ese encuentro, el Gobierno hizo el anuncio de la actualización del piso de Ganancias, que a partir del 1 de junio pasará a ser de 280.792 pesos ( frente a los 225.000 actuales), y también adelantó que el medio aguinaldo que los trabajadores cobrarán el mes que viene no estará alcanzando por este impuesto.
Pese a destacar «el avance para muchos trabajadores, Moyano aclaró que la aspiración es «eliminar la cuarta categoría, ya que el trabajo no es ganancia».
«El trabajo no es ganancia, cobrarle un impuesto al trabajador que hace horas extra, como el camionero que hace más kilómetros para hacerse un mango más, y que te lo saque el Estado es algo que debería eliminarse», sostuvo.
Este domingo en un acto en Avellaneda, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, lanzó un misil que pareció teledirigido a Guzmán: «Algunas veces estaremos en el gobierno y otras veces no, y cuando termine este Gobierno, algunos vamos a ir presos y otros volverán a dar clases a las universidades».
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Trabajadores del Ingenio Ledesma rechazaron propuesta de recomposición salarial de 47%
Por Redacción EDA -30 de mayo de 2022
En las últimas horas los trabajadores del azúcar del ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, rechazaron en asamblea una propuesta de aumento salarial de 47%, exigiendo una recomposición del 65%, en línea con las proyecciones inflacionarias para el año, y la incorporación de una cláusula gatillo que permita reabrir las negociaciones paritarias en caso de que el aumento de los precios supere lo acordado.
Con la participación de 170 trabajadores en la asamblea convocada por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), se acordó el lanzamiento de un plan de lucha contra la oferta de la empresa que dirige la familia Blaquier (que en el período 2020/2021 declaró ganancias por más de 5200 millones de pesos), con un primer evento que consistirá en una olla popular para visibilizar el reclamo salarial.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2168433326935513&output=html&h=60&slotname=7119025666&adk=4264570629&adf=2687309537&pi=t.ma~as.7119025666&w=468&lmt=1653957385&psa=1&format=468×60&url=https%3A%2F%2Festadodealerta.com.ar%2Ftrabajadores-del-ingenio-ledesma-rechazaron-propuesta-de-recomposicion-salarial-de-47%2F&host=ca-host-pub-2644536267352236&wgl=1&adsid=ChEI8NbRlAYQ4pXtkOiR9tacARI9AEztEwPpt3xyw267tzXk32KmgkZ2HMEyAO6SYSR79Y6Z1dptTKRl3bB3uv-mbmP14R6NMfpuX6R_CtpASA&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTAyLjAuNTAwNS42MSIsW10sbnVsbCxudWxsLCI2NCIsW1siIE5vdCBBO0JyYW5kIiwiOTkuMC4wLjAiXSxbIkNocm9taXVtIiwiMTAyLjAuNTAwNS42MSJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEwMi4wLjUwMDUuNjEiXV0sZmFsc2Vd&dt=1653957385912&bpp=49&bdt=8329&idt=49&shv=r20220525&mjsv=m202205240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D75fce98eba02f636-2216447eb5d20098%3AT%3D1653957357%3ART%3D1653957357%3AS%3DALNI_Ma1ufYjZzfeXWTomWbzldYSDBCYVw&gpic=UID%3D000005f1180e7c9d%3AT%3D1653957357%3ART%3D1653957357%3AS%3DALNI_MYPOHcpMPgB6ysMiJxMDE7PybfIrQ&prev_fmts=0x0%2C1005x124&nras=2&correlator=5607237481467&frm=20&pv=1&ga_vid=1689575286.1653957352&ga_sid=1653957379&ga_hid=1670164337&ga_fc=1&ga_cid=1588212440.1653957353&u_tz=-180&u_his=4&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=255&ady=1346&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759842%2C44763505%2C42531556%2C44760475%2C44761043&oid=2&psts=AGkb-H_dNR070fSWSFgv98_hf74703hUaesE3vB19fIV818WcstTlnVyGJWx3azGv2_mk3qgCY3hoace3A1kGAKsE8ffjlTg5bFnJyuhHgQp&pvsid=58629693354644&pem=202&tmod=1557654004&uas=3&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Festadodealerta.com.ar%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=JYrPAUYWdt&p=https%3A//estadodealerta.com.ar&dtd=71
La provincia de Jujuy, además, viene sufriendo una serie de aumentos en distintos rubros que implican una clara pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Mientras que a nivel nacional los alimentos registraron un aumento promedio de 7,2% durante marzo, en Jujuy la remarcación llegó al 10,6%. En las últimas semanas el boleto de colectivo aumentó un 19%, sumándose así al incremento de la tarifa del servicio de barrido y recolección de la empresa LIMSA (18%) y al inminente aumento de la tarifaria del servicio de energía eléctrica de EJESA (19%).
Las propuestas de la empresa implicaban llevar el básico a una cifra que seguía siendo muy interior a los $90.913 que, según la propia Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DiPEC), implican el límite de la Canasta Básica Total (CBT). El reclamo de los trabajadores del azúcar implica llevar el salario de la categoría más baja que hoy se encuentra en $59.000 a $97.350.
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El jefe de Gobierno propone pérdida de derechos laborales
Bajo el supuesto objetivo de crear empleo, Rodríguez Larreta anunció una pérdida de derechos laborales en una futura gestión de Cambiemos y culpó a los abogados laboralistas.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo declaraciones radiales el pasado 23 de mayo referidas, entre otras cuestiones, a la necesidad de realizar una reforma laboral (https://www.diarioconvos.com/2022/05/23/las-10-frases-de-horacio-rodriguez-larreta-en-radio-con-vos/).
La página web de la radio en la cual prestó tales declaraciones, sintetizó de esta manera:“Según el jefe de gobierno porteño, los propios sindicalistas se quejaron con él porque “las multas que se cobra a las empresas por despidos triplican las indemnizaciones que reciben los trabajadores. Eso no va para el trabajador, sino para los abogados laboralistas”.
No se sabe quiénes serían los supuestos sindicalistas, y amparándose en esa ignota fuente, el Jefe de Gobierno hace suyas afirmaciones que merecen ser replicadas. A esto hay que agregar que tales declaraciones han sido reproducidas con el mismo tenor por otros medios periodísticos, tratándose de una nueva embestida contra derechos laborales fundamentales.
Las trabajadoras y los trabajadores sin registración laboral o incorrectamente registrados (trabajo en “negro”) que son despedidos sin justa causa, tienen derecho al cobro de indemnizaciones -mal llamadas “multas”- que duplican la indemnización por antigüedad de la Ley de Contrato de Trabajo, más un 25% de las remuneraciones percibidas sin registración (todo esto según la ley 24.013, año 1991).
Ello sumado al incremento indemnizatorio del 50% de las indemnizaciones por antigüedad debidas y no pagadas (ley 25.323, año 1999), puede llevar a elevar las indemnizaciones por despido al triple de la indemnización por antigüedad.
La ley 24.013 es fruto de un proyecto legislativo de Menem y Cavallo en el marco de un blanqueo y pretende reparar al trabajador y a la trabajadora precarizados, que no recibieron aportes de seguridad social. La ley 25.323 (dictada en la época del presidente De La Rúa) indemniza al trabajador y a la trabajadora por no dejarle otra alternativa que hacer un juicio, el cual puede durar años para cobrar la indemnización por antigüedad que por ley les corresponde.
En consecuencia, esa “triplicación de las indemnizaciones” – en los pocos casos que procede, ya que es una falsa generalización – es fruto de derechos reconocidos anteriores al crecimiento económico iniciado en los años posteriores a la crisis del 2001, en que se verificó una de las etapas de mayor crecimiento del empleo en nuestro país. Es una muestra más de que la creación de empleo no tiene obstáculo en las leyes que amparan a los trabajadores y a las trabajadoras.
En cuanto a que la indemnización “…no va para el trabajador, sino para los abogados laboralistas”, es una mentira de muy fácil refutación. El art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que: “Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del Tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o sus derecho-habientes, aún en el supuesto de haber otorgado poder”.
Es decir que, todo pago que se realiza en un juicio laboral se debe realizar mediante depósito judicial a la orden del Tribunal, el cual transfiere luego las sumas depositadas a una cuenta bancaria de titularidad exclusiva del trabajador o trabajadora litigantes. Esto sucede así aún en el caso en que éstos últimos le hayan otorgado poder al abogado o abogada que los patrocinó en el juicio.
En consecuencia, afirmar que las indemnizaciones van “para los abogados laboralistas”, es una grosera falsedad destinada a desalentar a los trabajadores y trabajadoras en el reclamo de los derechos que por ley les corresponden.
Para finalizar, hay que señalar la idea de reducir derechos laborales para generar empleo, no es nueva y se viene reproduciendo desde hace décadas sin advertir que, como ha sido demostrado hasta el hartazgo, no son las cargas sociales o las indemnizaciones por despido las que impiden crear empleo sino la estructura económica del país que, vale la pena decirlo, mantiene a los principales gestores del Producto Bruto Interno, estamos hablando de las trabajadoras y los trabajadores, recibiendo menos del 40% del mismo, mientras los denominados erróneamente como “dadores de trabajo”, parte de los cuales se encuentran concentrados y son los responsables desde hace muchos años de la grave situación que vive la Argentina, se apropian del 60% restante.
A esto hay que agregar que, el mal llamado “costo laboral”, que son en verdad derechos humanos laborales esenciales, suele ser una parte menor del total del valor de los bienes producidos (en especial los alimentarios), que además se va incrementando en las cadenas de valor, con intermediarios a menudo especuladores y totalmente innecesarios. Agregándose además que, ese supuesto “alto costo” tan denostado, se asemeja a la mayoría de los que existen en la mayor parte del mundo.
Por todo ello, repudiamos los comentarios realizados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un intento más de instalar la idea sobre una reforma laboral regresiva y que no busca en verdad generar empleo.
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Harán un verdurazo frente al Congreso por una Ley de Agricultura Familiar
Bajo el lema «Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución», organizaciones sociales y campesinas desarrollarán este martes una protesta, entre las 10 y las 16, frente al Congreso de la Nación para exponer varios reclamos del sector.
Organizaciones sociales y campesinas volverán a instalarse este martes frente al Congreso con un «verdurazo» en reclamo de la reglamentación de la ley de Agricultura Familiar y por la «aplicación de políticas» de fortalecimiento de las economías regionales.
Según informó Télam, la protesta se desarrollará desde las 10 y hasta las 16, bajo el lema «Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución».
«Mañana la feria de agricultura familiar se instalará frente al Congreso con un nuevo verdurazo», indicaron a Télam referentes del Movimiento Popular La Dignidad y de la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar.
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Entre el amplio abanico de reclamos del sector figuran la «regularización dominial de la tierra, contratando trabajadores y trabajadoras agrimensoras, para iniciar las mensuras donde no hay conflictos legales; la recuperación de la maquinaria que se encuentra con problemas y que no se puede utilizar por falta de financiamiento y la reglamentación del Consejo de Agricultura Familiar Campesino Indígena«.
Las organizaciones reclaman la reglamentación de la ley 27.118 de Agricultura Familiar, la «continuidad de las obras de provisión de agua potable en el interior del país y el tratamiento y sanción del proyecto de ley número 0396-D-2022M», además del «impulso al Programa Nacional de Mercados Alimentarios de Cercanía y la incorporación de la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar al Consejo Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)».
_______________________________Observatorio gremial
Durante un semestre
El Reino Unido pone a prueba la semana laboral de cuatro días
El ensayo durará seis meses. En ese período, los trabajadores de las 60 empresas que participan del test, tendrán tres días libres por semana, pero sin sufrir una reducción de sus salarios.
Un grupo de 60 empresas y 3.000 trabajadores del Reino Unido comienzan la semana que viene una prueba para reducir la semana laboral de cinco a cuatro días, sin reducciones o quitas en los salarios. Está previsto que el ensayo se extienda durante seis meses y una vez finalizado las empresas evalúen si se mejoró la productividad de los trabajadores. En la Argentina hay dos proyectos que van en la misma línea.
La iniciativa fue impulsada por la Campaña 4 Días por Semana, la cual sostiene que un trabajador descansado es más productivo, comete menos errores y mejora la calidad de la mano de obra.
Desde la organización destacaron que la pandemia de coronavirus ofreció «una oportunidad única para un replanteamiento total del mundo del trabajo«. En la misma línea se expresa la consigna de la campaña: «Construyendo un mundo donde trabajemos para vivir, en lugar de vivir para trabajar».
Según lo estipulado en esta modalidad, el esquema laboral consta de una semana hábil de cuatro días, en la cual los trabajadores deben cumplir 32 horas (o menos) de servicio semanal, sin una reducción en el salario. Este esquema de trabajo ya fue implementado en empresas de Escocia, España e Irlanda.
Por el contrario, si se acumulan 40 horas semanales en cuatro días por semana, no se cumplirían los objetivos de descomprimir la presión sobre los trabajadores.
Desde la campaña destacaron que una semana laboral más corta tiende a registrar menos ausencias por enfermedad, porque «uno de cada cuatro días de enfermedad es el resultado directo del exceso de trabajo». Mientras que en una semana hábil más corta, se reducen ese tipo de ausencias. Puntualmente, el director de la campaña, Alex Soojung-Kim Pang, aseguró que los beneficios van a impactar mayormente en las pequeñas y medianas empresas.
Reducción de la semana laboral en Argentina
El Congreso de la Nación hay dos proyectos que van en sintonía con lo planteado en el Reino Unido. Se trata de los textos presentados por los diputados del Frente de Todos Claudia Ormaechea y Hugo Yasky. Ambos, además, cumplen roles como dirigentes sindicales en la Asociación Bancaria y la CTA, respectivamente.
El objetivo que persiguen los proyectos de ley es mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover la creación de nuevos puestos de trabajo. Actualmente, el tope semanal de horas laborables en Argentina es de 48; es decir, 8 horas diarias en una semana de seis días hábiles.
Mientras que el proyecto de ley de la legisladora Claudia Ormaechea propone una jornada máxima de 6 horas y un tope de 36 horas semanales, el texto firmado por Yasky sugiere una semana laboral con un máximo de 8 horas diarias y no más de cuarenta horas semanales.
Según los datos del INDEC, en el último trimestre del 2021 la desocupación en Argentina fue del 7%, mientras que el porcentaje de subocupación se ubicó en los 12,1 puntos porcentuales.
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Señales inquietantes sobre el debilitamiento del consumo privado
Por primera vez en diez meses, cayeron las compras en los supermercados. El rol de la inflación y los bajos salarios.
Por: Marcelo Di Bari
El consumo de bienes de primera necesidad está perdiendo el vigor que había recuperado después de la pandemia y hasta podría estar otra vez en retroceso. Así lo sugieren diferentes informes elaborados en las últimas semanas que dan cuenta de un estancamiento en ese rubro.
El que prendió la luz amarilla con más intensidad fue un organismo oficial, el Indec. En su encuesta mensual sobre supermercados, difundida en la última semana, concluyó que en marzo las ventas a precios constantes en todo el país bajaron un 0,1% con relación al mismo mes del año pasado. Aunque la caída es mínima, se trata de un cambio de tendencia importante, porque hacía diez meses (desde mayo de 2021) que la variación interanual era positiva. El dato es más preocupante si se tiene en cuenta que en marzo del año pasado la comparación con la misma época de 2020, último mes de relativa normalidad previo a la pandemia, había sido negativa en un 8,8 por ciento.
También es llamativo un informe algo más actualizado de la consultora Scentia, realizado en supermercados y comercios de cercanía. El relevamiento detectó que en abril la evolución interanual de las ventas en productos de consumo masivo, si bien positiva (4,7%), fue bastante más débil que el 6,2% de incremento acumulado en el primer cuatrimestre. También encontraron que en el AMBA la variación fue negativa (-1,2%) y que fueron los buenos números del interior del país los que permitieron mantener el indicador por encima del cero. Una vez más, la comparación es relativa porque se realiza sobre una base en la que la actividad estaba debilitada por la pandemia de coronavirus. «Todo este crecimiento del año viene asociado a bases más bajas. En junio se va a empezar a ver una desaceleración», dijo el director de la compañía, Osvaldo del Río.
La grieta
Esa grieta entre lo que pasa en el interior y en el AMBA también fue reflejada por el índice de confianza del consumidor que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. La metodología es completamente diferente, porque no mide compras efectivamente realizadas sino que evalúa las respuestas de los consumidores en base a su situación económica personal, su sensación sobre el momento actual y sus expectativas hacia el futuro. Ese índice de confianza creció en mayo un 3,5% en el interior y un 2,8% en el Gran Buenos Aires, mientras que en CABA directamente disminuyó un 0,6%. La dicotomía también se nota entre los grupos socioeconómicos: «Por nivel de ingresos del individuo, la confianza cayó 0,5% en el grupo de consumidores de ingresos más bajos, y subió 3,5% en los consumidores con nivel de ingresos más altos, siempre con respecto al mes de abril», agrega el estudio.
Estos claroscuros pintan un cuadro en el que el consumo de bienes masivos, como mínimo, se ha debilitado. Para la mayoría de los analistas, el combo de elevada inflación más caída de los salarios reales es el que explica esta tendencia.
«Crecen los riesgos de que se debiliten los drivers que explicaron la recuperación del poder adquisitivo y, por ende, del consumo», señala un estudio de la consultora Ecolatina. «Para empezar, la marcada aceleración inflacionaria, que desde el segundo semestre de 2021 fue contrapesada en materia de ingresos por la reapertura de paritarias, posiblemente comience a hacer mella en el poder adquisitivo en adelante: el salto de inicios de año y las perspectivas de registros elevados para los próximos meses pueden poner en jaque la continuidad en la recuperación del ingreso disponible», detalla el trabajo.
La cuestión es sensible para un gobierno cuya orientación siempre fue la de priorizar el consumo privado y la demanda interna como motores de la economía y que levantó esos principios para oponerse a la teoría del «derrame» de ganancias de los sectores más concentrados hacia el resto. «Hay un crecimiento del país con cifras como no veíamos hace muchos años; pero en ese crecimiento todavía nos quedan desfasados los asalariados informales. Estamos en un momento muy complejo, sobre todo para las clases media y media baja, con respecto a los precios y a los salarios», reconoció la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.
Quizás a eso se deben las medidas tomadas por el gobierno en los últimos meses: refuerzos de ingresos para jubilados y trabajadores no registrados, elevación del piso de paritarias, aceleración del cronograma de adecuación del salario mínimo y, este último viernes, la suba del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias. Se verá si estas acciones sirven para revertir la tendencia en el futuro inmediato.
Envio:RL
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