2023: Incierto escenario electoral y
conflictividad social en alza
Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2023.
Lejos de la euforia mundialista, la historia sigue su curso
«Con los gobiernos progresistas lo fundamental que cambió fue que se profundizó el capitalismo. Es necesario comprender cómo el progresismo en el gobierno ha destruido los movimientos sociales y las comunidades… Por ejemplo, en Argentina los militantes luego de mucho trabajo en las periferias instalan los bachilleratos populares, que son escuelas para adultos que no han terminado de estudiar. Y luego el gobierno, como sabe que allí empieza a organizarse la gente en los barrios y empieza a acudir masivamente al bachillerato, a dos cuadras pone un bachillerato del gobierno, financiado, con maestros que ya no son militantes, mientras el bachillerato popular lo levantaron ladrillo por ladrillo compas, aquí trabajando lo hace una empresa. Pero al bachillerato le ponen ‘Che Guevara’ o ‘Pacha Mama’ y eso confunde. Y la gente, que no sabe, dice ‘bueno, el bachillerato Che Guevara’ y no sabe que es del gobierno. Eso es parte de la acción política de los ‘gobiernos progresistas’. Y eso lo complementan con políticas sociales: la bolsa de alimentos, un pequeño subsidio, etc. Se trata de dos dispositivos juntos. Movimientos que parecen populares, pero son oficialistas y, a la vez, políticas sociales. ¿Qué busca esto? Algo fundamental: desgarrar, destruir el tejido comunitario militante, destruir las comunidades de base, la capacidad de organización y de lucha. Para muchas personas que estuvieron en movimientos, ahora el Estado les resuelve la vida o por lo menos sus mayores urgencias, pero para los cuadros y dirigentes de esos movimientos, ese apoyo del gobierno es una escalera para adquirir bienes personales. Y confunden otra cosa: institución y práctica, la comunidad, el movimiento. Son prácticas… o, dicho de otro modo, las prácticas colectivas, son las que hacen comunidad. La comunidad no es una institución, el movimiento no es un aparato, son las prácticas colectivas las que le dan forma. Sin eso todo lo demás es una cáscara vacía”.
Raúl Zibechi.
Periodista y activista social uruguayo.
El Gobierno Nacional culmina su mandato en condiciones que – si se analizan sin concesiones desde la renuncia a expropiar al monopolio alimentario Vicentin hasta la aceptación del fallo de la Corte Suprema que impone endeudar al Estado Nacional para privilegiar a la capital – puerto – propios y ajenos reconocen como un fracaso. De modo tal que, salvo ante un fanatismo ciego, no hay artificio retórico capaz de desvincular de ese desenlace a la gran electora de Alberto Fernández. El sentimiento generalizado de zozobra que eso produce se vio circunstancialmente interrumpido por la masiva irrupción en escena de un pueblo harto de reveses y con ansias de celebración, aunque más no sea ante la victoria de la Selección Nacional de Fútbol. Dicho fenómeno generó un impasse en la grieta de la que hablan los medios hegemónicos, reinstalando un generalizado sentimiento de autoestima nacional, dotado de cierto aire malvinizador allí donde los sectores más plebeyos consiguieron estampar su marca. En tanto, el Ejecutivo continúa apostando a desgastar al movimiento social en lucha incumpliendo los acuerdos, y a maquillar sus desatinos celebrando con toda la pompa el 40° aniversario de una democracia de bajísima intensidad, que de ningún modo constituyó la meta de lxs 30.000 compatriotas que se jugaron el pellejo contra la dictadura oligárquico – militar genocida.
Paciencia de lo macro y urgencias de lo micro
Hace poco en la provincia de Salta, a 5.000 metros de altura, se inauguró el telescopio Qubic, que buscará pruebas sobre los primeros instantes del cosmos.
En el proyecto trabajan alrededor de 150 investigadores internacionales que podrán analizar a distancia los datos obtenidos.
Se trata de un aparato de un metro veinte de altura, un diámetro de ochenta centímetros y un peso de 800 kilos, que hoy tiene 256 sensores, pero en un futuro tendrá cerca de mil.
El Qubic es fruto de una colaboración entre seis países: Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido y Argentina. El lugar elegido para su emplazamiento, cercano a San Antonio de los Cobres, en el mismo predio donde se encuentra el telescopio argentino-brasileño LLAMA, cuenta con un entorno de aire muy limpio, sin polvo y de muy baja humedad, lo que ayuda a evitar interferencias.
Ese telescopio deberá ser capaz de registrar eventos de hasta unos 13.800 millones de años para poder probar la teoría del Big Bang y demostrar que hubo un momento en el que la materia y la energía estaban acopladas, y los fotones no podían viajar libremente.
En el mundo, hay unos 17 proyectos que buscan detectar este modo de polarización, en una suerte de carrera científica para ver qué grupo de investigación es el primero en lograr un resultado. Uno de ellos es el nuestro.
¿Aportará ese desarrollo una mayor valoración de lo creado, y saberes capaces de modificar la conducta de esta especie inteligente cuyos mandantes vienen aniquilando al único planeta – hogar con que contamos, en el marco de una nueva era geológica que el pensamiento crítico denomina capitaloceno (el reinado de un sistema enemigo de todo lo que vive)?
Por lo pronto – y como sostiene el sicoanalista argentino Marcelo Percia -, acaso el máximo dislate de nuestra civilización haya sido anhelar con tanta fuerza durante la pandemia recuperar esta “normalidad” atroz.
Lo cierto es que, en el más inmediato escenario de nuestra cotidianeidad, ya se van asordinando los ecos de las multitudes que de norte a sur del país y sin distinción social se dieron cita en incontables espacios públicos para celebrar otro mérito que también nos atañe: La obtención de la tercera Copa Mundial de Fútbol, al cabo de 36 años de intentar imponernos en la final de ese campeonato. Ante dicho resultado, desaparecieron momentáneamente los tormentos del COVID y la inflación. Porque un grupo de compatriotas que lo dejó todo hasta el último aliento, con inolvidable empeño arrodilló al equipo de un país con vasta tradición colonialista. No obstante, y pese a no haber sido ese el origen del team que mordió el polvo de la derrota, nuestras barriadas populares desplegaron toda su memoria histórica volviendo a corear «el que no salta es un inglés«. Ese gesto merecería no pasar desapercibido ni para una dirigencia política vitalicia ni para una militancia escarmentada, que han dejado de confiar en el potencial de lxs más humildes.
Haciéndose eco de dicho espíritu, Juan Grabois no vaciló en surfear sobre la oleada nacionalista, tomando la iniciativa de ingresar a la estancia que tiene el empresario británico Joe Lewis a la vera de Lago Escondido, en Río Negro. El dirigente social del Frente Patria Grande y una delegación de militantes – entre ellos, el diputado nacional Federico Fagioli – iniciaron un campamento en señal de protesta para que se garantice el acceso al espejo de agua, con la consigna “Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también”.
La contracara de lo antedicho aparece al constatar que de un tiempo a esta parte hay un mayor porcentaje de población con trabajo formal que es pobre y hay más gente cubierta por planes sociales; este último dato, que el Gobierno reivindica como un logro, es consecuencia del empeoramiento en las condiciones del mercado laboral, según se desprende de recientes datos suministrados por la UCA.
Las mediciones de esa universidad fueron particularmente relevantes durante la intervención del Indec, cuando el organismo primero manipuló los índices de la encuesta permanente de hogares y luego directamente dejó de publicarlos, mientras la presidenta y sus ministros decían que medir la pobreza era estigmatizante pero también que había menos pobres que en Alemania.
Los números que se desprenden del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina indican que en el último año la pobreza aumentó del 42,4 al 43,1 por ciento, pero la indigencia bajó levemente, del 9 al 8,1 por ciento debido al aumento del gasto social.
De manera que, sin la asistencia del Estado, la indigencia sería del 19,6% y la pobreza del 50 por ciento, según los supuestos de la UCA.
Los datos, aclararon los investigadores de esa institución, resultan volátiles en el marco de una inflación que crece al 7% mensual y una canasta básica que aumentó más que los precios en el último año.
En términos de grupos etarios, la indigencia creció del 13,1 al 69,5 entre 2010 y 2022 entre los jóvenes de hasta 17 años y del 0,5 al 1,6 por ciento entre las personas de más de 60 años. En tanto, la pobreza pasó del 49,5% al 61,6% entre los más jóvenes y del 6,5% al 14,1% entre las personas mayores.
La encuesta de la UCA muestra también que, a grandes rasgos, no variaron las carencias multidimensionales, mientras que la inseguridad alimentaria severa bajó del 8.2 al 7.9 entre el tercer trimestre del 2021 y el mismo período de 2022.
A la vez, ha crecido el porcentaje de población sin jubilación ni empleo formal.
Al realizar un cruce de la pobreza por ingresos y multidimensional, se observa que el nivel llega al 39,2%, frente al 37,8% de 2021. De tal modo, solo 27,6% de la población no es pobre bajo ningún formato.
Como contrapartida, el 51,7% de la población tiene un programa social, sin contar las jubilaciones, y el 40% de los niños recibe ayuda alimentaria. Datos duros que se alejan de la Argentina Peronista a la que prometen retornar algunxs dirigentes de dicho movimiento.
“La pobreza multidimensional experimentó una dinámica ascendente a lo largo del período. De 2010 a 2017 se observa un escenario caracterizado tanto por niveles de pobreza por ingresos más bajos en términos relativos como por el descenso progresivo de carencias no monetarias. La crisis del 2018 da inicio a otra etapa signada por el deterioro de las condiciones de vida”, indicó la UCA. El conurbano bonaerense es el territorio que peores condiciones muestra en términos de pobreza multidimensional: pasó del 39,4 al 46,5 por ciento desde 2010.
El fuerte deterioro social se refleja en otros campos, ya que la capacidad de ahorro viene descendiendo en forma sistemática desde 2011 y por supuesto los sectores marginales pierden más; en paralelo, al menos hasta el triunfo de La Scaloneta, venía en aumento el malestar anímico de la población.
El derrape socioeconómico de la última década tuvo su correlato en el mercado laboral, ya que el porcentaje de población con empleo pleno cayó del 45,1 al 40,7 por ciento desde 2011 y, aunque también cayó el desempleo abierto, subió el subempleo. Además, el 17,1% de los trabajadores con empleo pleno son pobres.
Se trata de un problema estructural: no se crean buenos empleos. Pese al temor de varios sindicatos, el final del régimen de doble indemnización no empeoró la situación de los empleados.
Del total de la población ocupada, el 16% está en el sector público, el 30% en empresas privadas y el 53,6% en microempresas o cuentapropistas; este último rubro saltó desde el 46,9 del 2011.
En términos de remuneración, el promedio actual mensual está en $79.000, pero los empleados del sector público llegan a unos $111.000, los privados formales a $110.000, los informales a $ 62 mil y los de la economía social a 50.000 pesos, según este informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina.
Más allá de los números, tal como lo describió la UCA, la raíz de esta brecha social es la ausencia de estabilidad macroeconómica y la persistencia de un “modelo fallido de desarrollo”.
Valdría la pena detenerse a considerar profundamente ese último “detalle”.
Una clase política que no ofrece soluciones
El nulo liderazgo de Alberto Fernández funciona como un acicate para que los gobernadores peronistas se reúnan con cada vez mayor frecuencia.
Entre ellxs – y también lxs intendentes del GBA – la decisión de la vice causó sorpresa, pero más que nada por la anticipacióncon la que comunicó que no jugará en la elección de 2023.
En tal circunstancia, el Presidente no se animó a armar el albertismo, y los jefes comunales en actividad y en uso de licencia se juntaron en la Fundación que conducen políticamente Alberto Descalzo y Julio Pereyra – los últimos “barones” que quedaron de la vieja guardia peronista -, y en el Consejo Federal de Inversiones varios gobernadores celebraron una reunión con la Mesa Sindical Nacional Peronista para diseñar una estrategia electoral de cara al año que comienza, sin Cristina y mucho menos con La Cámpora.
Sin embargo, a diferencia de algunos jefes provinciales, entre los cuales no está Axel Kicillof, por supuesto, lxs intendentes bonaerenses no quieren saber nada con emanciparse de la vicepresidenta de la Nación. Presumen que no hay margen para una discusión política rupturista con “la jefa” y su hijo.
Hoy por hoy existe consenso en descartar que el candidato pueda ser el Primer Mandatario. En consecuencia, ni La Cámpora tiene a Cristina ni los intendentes a Sergio Massa. Daniel Scioli espera a marzo para salir a la cancha.
Pero en esas reuniones crece el pleno apoyo a la realización de unas PASO.
Y, con respecto a la relación con Máximo Kirchner y La Cámpora, también coinciden en que “no es momento de hacer nada. Hay que esperar cómo decanta todo”. Lo que también queda claro, aunque no lo formalizan, es que el temor más importante reside en la reedición de Unidad Ciudadana en aquellos lugares donde gobernadores e intendentes no quieran darle lugares a los “pibes que ya dejaron de serlo hace mucho tiempo”.
El intendente de Ensenada Mario Secco, admitió que si Cristina no revierte su decisión “estamos al horno”.
En tanto, sus colegas de la Primera y Tercera sección electoral dieron otro paso como bloque político que busca consolidarse hacia la discusión electoral del año que se inicia, compartiendo una reunión con dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera el cotitular de la CGT Héctor Daer. Si bien no estuvieron todos los intendentes de los municipios que controla el peronismo, el encuentro estuvo representado por la llamada “Liga” de jefes comunales que se presentará oficialmente con un encuentro el próximo 21 de enero en el Partido de la Costa.
A los gobernadores e intendentes que nunca terminaron de aceptar la muerte de Néstor Kirchner – porque eso les cambió las reglas de juego con quien lo sucedió – no les interesa demasiado el futuro del “proyecto nacional y popular” sino que pueda haber un referente que los haga volver con la suma del poder, sea en las próximas elecciones o en el 2027.
Y el mundo sigue girando.
Dilemas y horizontes de Nuestra América
Más allá de la expectable asunción presidencial de Lula Da Silva en Brasil, la región se encuentra frente a un fenómeno semejante al proyecto de la Alianza para el Progreso de los años 60. Cuando el Gobierno de EE.UU., para contrarrestar el avance de las fuerzas revolucionarias en el continente, inspiradas en el reciente triunfo en Cuba, apostó por los partidos de corte demócrata cristiano y de centro, con el objetivo de modernizar el capitalismo, satisfacer algunas demandas sociales que no amenazaran al modelo, llamándolo como en Chile, “revolución en libertad”, y evitando así una verdadera revolución anticapitalista.
De tal modo, los gobiernos progresistas en su mayoría trataron de encabezar los movimientos sociales y subordinarlos a su institucionalidad, para evitar cualquier crítica popular, en muchos casos acusando a las voces disidentes de «hacerle el juego a la derecha», disminuyendo así los espacios realmente democráticos y ofreciendo de esta forma una enorme concesión a los sectores conservadores, siempre dispuestos a recuperar el poder.
Valdría la pena preguntarse, en consecuencia, qué ocurrió con la izquierda que construyó esta trampa para caer en ella. ¿En qué momento la izquierda nostramericana dejó de ser revolucionaria, confundiendo la habilidad política con el oportunismo? Acaso deberíamos buscar alguna respuesta en el plano cultural.
Sabido es que durante todo el siglo XX gran parte de los escritores, intelectuales y artistas latinoamericanos eran de izquierda. Prácticamente cualquier acto creativo humanista partía inevitablemente de la crítica a una sociedad groseramente injusta y aspiraba a un cambio radical del sistema, algo que abonaba toda posición ética. Por eso la lucha de los defensores del sistema se ensañó tanto contra estxs críticxs más agudos de la realidad y a la vez contra el arte y contra la cultura, que fueron percibidos por el poder como algo sospechoso y a todas luces innecesario.
La cultura de salón para las élites siempre representó una mirada colonial, antagónica al sentir popular y fue confinada en una pequeña capa urbana elitista mayormente avergonzada por su nostramericanidad de origen. Todo el resto fue visto casi como un arte comunista, que representaba al enemigo sistémico del poder.
En tal sentido, la famosa anécdota sobre los militares quemando libros referidos al cubismo (ya que seguramente tenían que ver con Castro), no es solo una ilustración tragicómica de la brutalidad del fascismo continental, sino también una política cultural constante de las dictaduras y las democracias coloniales.
Afortunadamente, en el siglo pasado, los líderes políticos de la izquierda regional tuvieron suficiente lucidez para no copiar mecánicamente las políticas culturales soviéticas, o aquella idea del realismo socialista como «la única vía del arte revolucionario». Hasta la censura política, quizás muy comprensible, como por ejemplo en Cuba, muy pocas veces se convirtió en una censura cultural, un hecho que fortaleció enormemente a los movimientos sociales y dio mucho sentido humanista a sus luchas políticas. Con tanta crítica a la izquierda, hoy tan debilitada y confundida mundialmente, vale la pena recordar y destacar logros y virtudes como esta.
En la actual búsqueda de bases para la sociedad humana del futuro, cuando entendemos lo irrisorio y relativo del poder político institucional en los países del Sur Global, donde desde las presidencias nacionales, cercadas y presionadas por miles de poderes fácticos locales y globales, no pueden controlar lo que se supone que controlan, deberíamos rescatar la enorme experiencia de la organización territorial de los pueblos autóctonos, dado que por la crónica ausencia del Estado, esas comunidades originarias y campesinas desde hace décadas supieron organizarse para autogobernarse.
Allí también podemos encontrar las raíces de la democracia real del futuro, donde la consciente participación de todxs es obligatoria. Pensando en el futuro después de esta sangrienta agonía y un posterior colapso del imperio neoliberal mundial, todo indica que nuestra única oportunidad está en retornar del individualismo a los valores comunitarios, los que permitieron sobrevivir y salir de las cuevas a nuestros ancestros de todos los continentes, en su primer ejercicio de humanización. La profunda tradición comunitaria de los pueblos originarios de todo el mundo puede ser la clave y la esperanza para un mañana de todxs.
En este momento histórico, entre otras cosas, se enfrentan dos miradas antagónicas: la individualista del occidente capitalista y la comunitaria de diferentes tradiciones sociales humanas cuya cultura no es la de «tolerar» sino la de tratar de comprender al otro, armonizando y equilibrando los elementos de la vida. Entonces, el conflicto netamente político se trasladará a una lucha entre la construcción mediática y corporativa de las falsas izquierdas europeas, que desde hace décadas son derechas, y las culturas originarias que desde la coherencia de su cosmovisión humanista y comunitaria seguirán defendiendo a la madre tierra y al ser humano.
¿Y la izquierda nostramericana? En la tormenta que viene, su único salvavidas y la más potente de sus naves para llegar al puerto de sus sueños, hoy, igual que ayer o mañana, es la cultura. Este inexplicable y tan poco práctico absurdo que nos hace humanos.
Ante semejante desafío, no hay que olvidar que la tierra nos alimenta, ni que el Norte Global viene por ella. Sus semillas forman parte de la historia de nuestra cultura. El desarrollo de los pueblos está, en gran parte, vinculado al camino de las semillas agrícolas, que vienen siendo seleccionadas, mejoradas, conservadas, multiplicadas e intercambiadas. Por eso, ellas constituyen un elemento central en la producción de alimentos, de nuestros saberes, y en la defensa de la Soberanía Alimentaria.
Ante los intentos de cooptación de la agroecología y de sus conceptos fundamentales, como diversificación, resiliencia o regeneración, debemos ser claros en la defensa de la agroecología de base campesina, que tiene un objetivo muy preciso: alcanzar la Soberanía Alimentaria. Probablemente la Madre de todas las Batallas en el mundo que se avecina. –
Alberto Fernández pedirá el juicio político
del presidente de la Corte Suprema,
Horacio Rosatti
Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2023.
Lo hizo a través de una carta publicada por el Año Nuevo. En el texto, el mandatario afirmó que convocó a los gobernadores para impulsar el proceso contra el titular del máximo tribunal. También pedirá investigar «las conductas de los restantes miembros» de la Corte.
El presidente Alberto Fernández anunció este domingo que pedirá el juicio político del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que «se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones«, tras la difusión de informaciones «jamás contradichas» que dejan al descubierto «el vínculo escandaloso entre parte de la política y la justicia» en el marco de «un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la República».
Para el Presidente, «las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado».
En los últimos días se difundieron supuestos chats de Telegram entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el principal operador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde éste le recomendaba al funcionario de Larreta los pasos a seguir para que la Corte pueda convalidar judicialmente el reclamo del senador Luis Juez a un lugar en el Consejo de la Magistratura.
También se revelaron intercambios sobre el amparo otorgado por la Corte Suprema al Gobierno porteño, a través del cual le aumenta por su cuenta, sin respetar la división de poderes, el porcentaje de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en perjuicio de todas las demás provincias.
«Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere», destacó Fernández en su comunicado para explicar la decisión que había tomado: «Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica».
El anuncio fue realizado a través de un mensaje por el Año Nuevo, publicado en las redes oficiales del Gobierno, en el que señaló que también impulsará que se investiguen «las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal».
Asimismo, Fernández resaltó que le ordenará al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, que «promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo«.
Entre los chats filtrados, también hay una serie de intercambios entre D’Alessandro y el empresario Marcelo Violante, el empresario que maneja el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad, con expresos pedidos de ayuda para licitaciones en curso y la mención de sobres con dólares destinados al funcionario.
El texto completo del mensaje
Buenos Aires, enero 1 de 2023
Querido Pueblo Argentino:
Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos.
Contra los pronósticos de muchos, hemos logrado cumplir con los objetivos económicos que nos habíamos trazado. Trabajamos en ordenar las cuentas fiscales y logramos que nuestro déficit no supere el número que teníamos programado.
Pudimos hacerlo en una economía pujante que ha permitido que nuestro producto bruto interno acabe creciendo muy por encima del 5%. En este año que termina habremos registrado un récord de inversiones y de exportaciones. Pudimos sortear la falta de divisas y nuestras reservas de libre disponibilidad han crecido significativamente.
El empleo también ha crecido. Desde nuestra llegada al gobierno, el empleo registrado del sector privado creció un 4,1%. Esa cifra contrasta en mucho con los cuatro años que nos precedieron en los cuales el empleo registrado privado se contrajo el 3,5 % expulsando de sus empleos formales a casi 220 mil trabajadoras y trabajadores.
Registramos hoy una tasa de desempleo del 7,1% que se presenta como la segunda más baja desde 2003. A la vez, 21 provincias de Argentina observan tasas de desempleo ínfimas. El trabajo sigue creciendo en Argentina con un modelo de desarrollo y ordenamiento fiscal.
Tenemos por delante dos desafíos importantes. El primero, seguir trabajando para que la inflación que heredamos y que se potenció con la guerra desatada, siga su camino descendente. El segundo, mejorar los ingresos de los que trabajan que han padecido una perdida significativa en los cuatro años que precedieron a nuestra llegada. Ocuparnos primero de los últimos sigue siendo nuestro compromiso.
Terminamos el año disfrutando el éxito de nuestra Selección Nacional de Fútbol. La merecida obtención del título que durante tanto tiempo nos resultó esquivo llenó de alegria a la Argentina en pleno. Toda nuestra gratitud para el plantel de jugadores y para el equipo técnico. Nos han demostrado lo que somos capaces de hacer unidos cuando el valor de las convicciones asoma en nosotros.
Aún cuando todo lo dicho nos da la tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto, recientemente han quedado al descubierto las peores practicas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho.
En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado.
Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere. Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica.
He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal.
También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo.
Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado.
Sepan que cumpliré mi juramento y haré observar la Constitución.
Mis mejores deseos de felicidad para todas y todos ustedes.
Muchas Gracias.
El agua, el nuevo botín: Una empresa
estatal israelí en la Argentina
Por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2023
Firma del acuerdo en Buenos Aires
Reforma estructural de un bien escaso y caro. Los estados provinciales en Argentina y sus territorios son campo de disputa en que actúan los capitales y sectores sociales que impulsan la apropiación, mercantilización y financierización de los bienes de la naturaleza. El agua dulce sin contaminar es uno de los recursos más escasos en la Tierra y, por tanto, estratégico para la vida de la humanidad y de todas las formas de vida en el planeta. Este año, el Estado nacional acordó con la estatal Mekorot Israel National Water Co. iniciar una reforma estructural de la gestión de los recursos hídricos en cinco provincias. Los alcances de esta reforma estructural complementa y supera las reformas de la década de los ’90 que privatizó y desarticuló los servicios públicos de agua y cloacas, de acuerdo a la escasa documentación pública disponible. Con la administración nacional en un aparente segundo plano, los gobiernos de Río Negro, Catamarca, Mendoza, San Juan y La Rioja avanzan en la reforma hídrica, proceso paralelo a la ampliación de la frontera (neo) extractivista y transferencia de riqueza colectiva al capital privado.
La empresa estatal israelí que secó el río Jordán —aquel en cuyas aguas fue bautizado Jesús y ungido Mesías por el cristianismo— se afianza en la Argentina para el proceso de creación de un mercado del agua de consumo humano, productivo e industrial. A diez años del proyecto frustrado en la provincia de Buenos Aires, Mekorot Israel National Water Co firmó un acuerdo con el Gobierno nacional que le permite iniciar negocios para la gestión integral de los recursos hídricos de cinco provincias, en tanto que mantiene avanzadas conversaciones al menos con dos municipios sobre la costa del río Paraná. La misma empresa realiza inversiones en infraestructura de agua y salubridad por otro memorándum de entendimiento firmado el año pasado, los que se articulan estratégicamente.
“Uno de los objetivos principales de la política hídrica en Israel fue que la gestión del recurso esté centralizada en pocas instituciones con una clara delimitación de las facultades y responsabilidades de cada una”, según el análisis de Evangelina Dardati, economista chilena. Mekorot es uno de los cinco puntales de ese modelo.
La empresa firmó un acuerdo para la gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien a su vez lo hizo con los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro. Las declaraciones oficiales de funcionarios públicos y de los directivos de la empresa permiten interpretar los alcances del acuerdo de negocios plasmados en los respectivos convenios particulares. Arancelamiento de todos los servicios de aguas, modificación de las leyes provinciales y de sus organismos de aplicación, reordenamiento total de los usos y destinos de la infraestructura existente, creación de valores económicos y financieros para establecer un costo del agua en la Argentina, nacionalización y centralización de algunos sectores del mercado, entre otros objetivos de esta gran reforma que pretende completar y perfeccionar la de los ’90.
En este caso, el conflicto se plantea por dos frentes. Por una parte, por el plan de negocios neoliberal para el agua dulce potable, recurso estratégico comparable a la tierra libre de agroquímicos y de ocupantes con título de propiedad privada. Por otra, Mekorot es una de las empresas cuyas prácticas fueron condenadas por el Relator Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Michael Lynk, con rol clave en el proceso calificado como apartheid contra el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén este. El último informe del Comisionado se hizo público en el 25 de marzo pasado; un mes después después, una misión argentina encabezada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, recorrió las obras modelo de Mekorot que privan de a Palestina agua en calidad y cantidad suficiente para una vida digna.
El interés de siempre
Como para empezar de cero, sin el lastre de los negociados menemistas, los funcionarios públicos nacionales y provinciales insisten en hablar del acuerdo con Mekorot como reciente, de menos de dos años.
La Argentina e Israel firmaron en 1995 un acuerdo de cooperación comercial y económica. Uno de los antecedentes importantes es el acuerdo del Gobierno de La Pampa e Itzhak Aviran, embajador de Israel en la Argentina a partir de una gestión personal de Osvaldo Roberto Schvartzer, en su rol de presidente de la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad de Ben Gurión. El economista estuvo involucrado en los 90 en el cobro y uso de 17 millones de pesos en concepto de ATN (aportes del tesoro nacional) cedidos por la cartera de Carlos Corach a la embajada israelí en Buenos Aires. Años después, le armó la gira de negocios por Israel a Mauricio Macri cuando era Presidente.
Para 2003 Jorge Sobisch, gobernador de Neuquén, avanzó con un proyecto de irrigación de 40.000 hectáreas en el que aparece el grupo de intereses que confluía en la embajada de Israel. Dos años después, le otorgó en forma directa (sin licitación ni concurso público) a la consultora The Israeli Consulting and Technological Company Ltd. (ITC) el diseño de un proyecto de desarrollo agroproductivo para la zona comprendida entre Arroyito, El Chocón y Challacó. El ingeniero Ernesto Schvartzer, sobrino de Osvaldo, armó ITC, brazo técnico-comercial de la Universidad Ben Gurion, con la que ejecuta proyectos de agricultura intensiva en varios países. Hicieron pie en el Valle de Antinaco (La Rioja), Formosa, Salta —de la mano del grupo Socma (Macri)—, así como en Choele Choel y el Idevi (Río Negro), con el discurso de la ampliación de la frontera agropecuaria y la incorporación de tecnología eficiente para el riego de suelos áridos.
El grupo de negocios incluyó socios locales. En 2007 fructificó la alianza con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de la República Argentina (FENTOS). Ese mismo año el gobierno de Río Negro alcanzó un acuerdo con objetivos generales similares a los de hoy. En 2008 Chubut firmó un convenio marco con la dupla gremial-empresaria cuyo desarrollo se fue licuando. Ese mismo año, el ex gobernador Daniel Scioli decretó de interés público un proyecto de saneamiento de aguas en La Plata, que no soportó los cuestionamientos técnicos y políticos y naufragó. En 2009 la empresa anunció su interés por participar del armado y emplazamiento del Polo Industrial y Tecnológico de Bariloche. Por su parte, Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba y también en 2010, analizó en ese entonces la posibilidad de un acueducto entre el río Paraná y Córdoba.
Muchos de estos proyectos merecen revisarse en profundidad para entender un modo de acumulación de capital asociado a los Estados, los elencos locales de los partidos políticos y la burocracia sindical en el anclaje territorial del modelo neoliberal.
Otros capitales trasnacionales acapararon la atención con la transformación estructural del territorio que emergió con la soja transgénica, los desmontes masivos y el acaparamiento de tierras rurales para nuevas rentas de la naturaleza. Así, no llamó la atención cuando en 2020 reapareció Mekorot en negociaciones con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), las que se formalizaron el año pasado. “Mekorot contribuirá en el desarrollo de proyectos de alto impacto para el fortalecimiento de las capacidades de gestión en los servicios de agua y saneamiento a través de un equipo de expertos israelíes con experiencia probada en la gestión de los recursos hídricos. La realización de estudios de viabilidad y de proyectos de tecnología aplicada a los recursos hídricos es uno de los puntos incluidos en el acuerdo. También la elaboración de informes, el asesoramiento, el fortalecimiento de los marcos legales y la planificación”, informó la Cámara de Comercio Argentino Israelí.
El proyecto, lxs proyectistas
“Queremos nacionalizar la gestión de los recursos hídricos. Tenemos un borrador en base a la experiencia de Israel, Estados Unidos y Australia, y al regreso del viaje discutiremos con los gobernadores las mejores opciones. Nuestra propuesta es que haya una sola autoridad del agua en el país”, dijo De Pedro a la salida de la planta Eshkol, en abril. Participa de este proyecto Malena Galmarini, presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la presencia de José Luis Lingeri, integrante del directorio y nexo con las fallidas inversiones en La Plata y Bahía Blanca de hace una década.
Mekorot tiene dos subsidiarias, Mekorot Desalination and Enterprise y Mekorot Development & Enterprise LTD. Esta última es la que integró la UTE para una obra en La Plata que Lingiere conoció de adentro. Por parte de la empresa, participó de las negociaciones con el ENOSHA Moti Shiri, director ejecutivo de Mekorot Desalination. En el acuerdo canalizado por CFI, Barak Graber y Diego Berger. Graber integra los directorios de las firmas con que desarrollaron y operan dos plantas desalinizadoras en Chipre. En tanto, Berger juega de local; nació en Argentina y se radicó en Israel. En mayo participó de actividades en Chile, donde informó al Senado sobre aspectos de la gestión del agua en vista de la reforma constitucional que por entonces se definía.
Los anuncios oficiales no fueron acompañados por la documentación pública correspondiente. La única copia disponible se publicó en el Boletín Oficial después de que la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza la reclamara formalmente con una abogada. De esa copia se desprende que al menos Mendoza firmó dos acuerdos con el CFI. El 11 de agosto acordó la realización del “Plan integral para la sustentabilidad del sistema hídrico provincial” por el plazo de dos años. El 5 de septiembre el “Convenio marco de cooperación – Lineamientos técnicos, parámetros y principios de funcionamiento aplicables a la elaboración de un plan maestro para el sector hídrico de la provincia”.
Rodolfo Alejandro Suárez, gobernador de Mendoza, refrendó por decreto el primer acuerdo, que en los considerando indica que comprende cinco proyectos concurrentes: “1) Plan Maestro para el sector hídrico; 2) Código de Aguas para la Provincia de Mendoza; 3) Herramientas para la optimización de la disponibilidad hídrica; 4) Fortalecimiento del programa de inversiones en cauce; y 5) Fortalecimiento de la gobernanza del sistema”. En el segundo acuerdo consta que la cooperación se inicia con la contratación por parte del CFI a la consultora Mekorot Israel National Water para definir los lineamientos técnicos, parámetros y principios de uso sostenible de los recursos hídricos y la adquisición de las capacidades necesarias para la gestión sustentable de estos. Esos términos vagos se delimitan un poco más cuando indica que el proyecto realizará “un análisis del potencial de los recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas); la creación de proyecciones de la demanda de agua (urbana, rural y de riego) para crear un sistema de asignación que permita regular la demanda de agua; definir planes alternativos de abastecimiento de agua”, entre otros objetivos. Mendoza tiene una ley provincial de aguas y una autoridad de aplicación local, el Departamento General de Irrigación (DGI).
Otros pocos detalles surgen de las declaraciones de lxs gobernadorxs firmantes. Río Negro anunció que en dos meses entregará el contenido para el desarrollo del Plan Maestro local, que quedó en manos del Departamento Provincial de Agua (DPA), autoridad de aplicación del código de aguas local. La propuesta propia incluirá una “evaluación de alternativas de desalinización para abastecimiento de agua potable en la región sur y en poblaciones de la zona atlántica; la planificación y optimización de la reutilización de los efluentes generados en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales; un análisis de funcionamiento y eficiencia de los sistemas de riego y drenaje, para realizar posteriores planes de reacondicionamiento o modernización; un análisis económico, balance prospectivo y recomendaciones para alcanzar un desarrollo equilibrado, trabajando sobre el valor económico del agua que permita alcanzar un financiamiento genuino de la gestión integrada de los recursos hídricos”, informó la gobernadora Arabela Carreras.
La provincia hizo propio el viejo interés de Mekorot por una planta desalinizadora en Sierra Grande, opción que reflotó el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde en Punta Colorada.
Palestina, pueblo originario
Maren Mantovani, coordinadora de relaciones internacionales de la campaña palestina Stop the Wall (Paremos el muro), regresó a la Argentina por Mekorot. Había participado de la campaña de esclarecimiento “Buenos Aires, aguas turbias” por el proyecto de La Plata. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los DD.HH. organizaron la presencia de la activista en Esquel (Chubut), donde planteó el tema del dominio del agua para tener el control territorial en el caso de Palestina.
“La acción de Mekorot en Palestina es mucho más que la mercantilización del agua, es el uso estratégico del control del agua para expulsar a las comunidades de los territorios al despojarlos del recurso”, argumentó Mantovani en una conversación virtual. Israel tiene centralizado el uso del agua que es exclusivo dominio estatal. En el control estatal del recurso, Mekorot es la única empresa del sector, brazo técnico de la estrategia de gobierno para con Palestina.
En los reclamos internacionales, consta que extrae una cantidad de agua de los territorios palestinos ocupados que excede la regla de usufructo de las Regulaciones de La Haya y, por lo tanto, viola el derecho internacional humanitario (DIH). Israel prohíbe totalmente a los palestinos abrir nuevos pozos; al mismo tiempo, Mekorot perfora al lado sus pozos más profundos para los asentamientos israelíes de forma ilimitada, mientras restringe el suministro de agua para las comunidades palestinas en la misma región. Estas prácticas empresarias son violatorias de numerosos pactos internacionales.
“Como Sudáfrica y Namibia, Israel comete el delito de apartheid”, sintetizó Mantovani. En ese sentido, en su informe en la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial Lynk advirtió sobre “la transición de un estado de ocupación —que ya supone un desafío al derecho internacional—, a convertirse en un régimen de apartheid asumido por el gobierno israelí (…). Su prohibición incluso constituye una norma imperativa del derecho internacional”.
Dice la Biblia que el pueblo de Israel cruzó a la tierra prometida por el sur del río Jordán, cuyo caudal languidece por años de sobreexplotación para riego y agua potable de la colonización de los territorios palestinos. En su desembocadura, el mar Muerto desciende al perder el único aporte de este afluente de agua dulce.
Envuelto en los discursos del cambio climático y la transición de la matriz energética, la reforma estructural que plantea el gobierno nacional para con el agua dulce potable, en acuerdo con los gobernadores de distinta extracción política, plantea un conflicto de impacto masivo y al mediano plazo. De todos modos, cuesta imaginar un futuro en que las petroleras paguen a precio de mercado el agua del fracking en Vaca Muerta, que los estancieros paguen por usar el agua sin restricciones o se cobre el derroche en piscinas de las viviendas de alta gama.
FUENTE: El Cohete a la Luna
Envio:ResumenLatinoamericano
"Hay motivos suficientes para avanzar en la destitución"
Juicio político a Horacio Rosatti: el Frente de Todos delinea cómo será el debate en Diputados
La presidenta de la comisión de Juicio Político de Diputados, Carolina Gaillard, afirmó que el presidente de la Corte Suprema se arrogó facultades del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Paso a paso, cómo es el debate que definirá si se destituye a Rosatti y se investiga a los otros magistrados.
La Cámara de Diputados comienza a delinear cómo será el tratamiento del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso en los próximos días, luego de que días atrás se conocieran presuntos chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en el que le adelanta información sobre el fallo por la coparticipación que benefició al Gobierno porteño.
Aunque Fernández todavía no envió a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político, la discusión parlamentaria comienza a perfilarse, ya que el Frente de Todos debe conseguir dos tercios de los votos en el recinto para que la discusión pase al Senado. La primera instancia será en la comisión de Juicio Político, que deberá discutir si considera que existen motivos suficientes para impulsar el juicio político.
Para la diputada por el Frente de Todos Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Juicio Político, existen motivos suficientes para avanzar en la destitución a Rosatti e investiga al resto de los jueces de la Corte. “Vimos al presidente de la Corte arrogarse aspectos correspondientes al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, como ocurrió con el Consejo de la Magistratura. A esto se suman los chats de su vocero con el ministro D’Alessandro sobre qué defensa debía hacer del fallo de la coparticipación, es un escándalo”, advirtió.
En declaraciones a AM750, Gaillard recordó que la comisión que preside podría abocarse al pedido de juicio político una vez que Alberto Fernández envíe el proyecto al Congreso y convoque a sesiones extraordinarias, incluyendo la solicitud en el temario de iniciativas a tratar. “Se tienen que reunir los integrantes de la comisión, se aborda el caso, se estudia la apertura de un sumario y se busca obtener un dictamen”, enumeró la diputada respecto a cómo sería el debate.
Para que la Cámara baja se transforme en “acusadora” se requieren dos tercios de los votos de los presentes. No es un punto menor, sobre todo porque el Frente de Todos no cuenta a priori con los votos suficientes.
Si avanza, el Senado deberá discutir la destitución. Gaillard detalló que no se trata del primer pedido de juicio político impulsado contra los jueces de esta Corte, y recordó que la propia Coalición Cívica tiene presentado un proyecto para destituir a Ricardo Lorenzetti.
Reunión clave con los gobernadores
A su regreso de Brasil, a donde viajó para presenciar la asunción de Lula da Silva y mantener una reunión bilateral con el mandatario, Alberto Fernández se reunirá este martes con un grupo de gobernadores peronistas en la Casa Rosada para terminar de delinear el pedido de juicio político.
A priori, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anticipó que acompañará la presentación ya que existen elementos de una “absoluta colaboración entre la Corte y los sectores de Cambiemos”.
La Carta de Alberto Fernández
"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti", destacó Fernández en el texto difundido por el gobierno aludiendo al conflicto entre las provincias, acompañadas por el Estado Nacional, y la capital porteña por la distribución de la Coparticipación Federal. La Corte Suprema falló a favor del amparo solicitado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y dispuso que el gobierno nacional le entregue el 2,95 por ciento con el que Caba fue beneficiada durante la presidencia de Mauricio Macri en el período 2015-2019.
"Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional", aseguró Fernández en alusión al doble rol de Rosatti, como presidente de la Corte y del órgano encargado de la designación y sanción de jueces. Fernández también agregó que era su deber "promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica".
A su vez afirmó que en los últimos meses se había visto "un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina" y detalló que "diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia", aludiendo a otro escándalo judicial en el que se revelaron chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, principal operador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El funcionario judicial le recomendaba a D'Alessandro los pasos a seguir para que la Corte pueda convalidar judicialmente el reclamo del senador Luis Juez a un lugar en el Consejo de la Magistratura.
"Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado", indicó Fernández exponiendo algunas de las razones para impulsar el juicio político a Rosatti y el resto de los integrantes de la Corte.
Lunes a las 10.30 en el Palacio Itamaraty
Primera bilateral entre Lula y Alberto Fernández: La reconstrucción de una alianza geopolítica
La comitiva argentina viajó a Brasilia sin tener confirmado el encuentro que finalmente se anuncio poco antes de la jura de Lula Da Silva. El objetivo del encuentro será avanzar con un acuerdo de integración energética, financiera y de intercambio comercial. Los detalles. El viaje de AF y el saludo de CFK.
Tras asistir a la asunción de Lula da Silva, el presidente Alberto Fernández extendió su permanencia en Brasilia para mantener con él, este lunes, una reunión bilateral. La intención de los mandatarios es avanzar en la redacción de un acuerdo de integración energética, financiera y de intercambio comercial, un tema que viene siendo trabajado desde que Lula fue electo. El objetivo es que pueda estar terminado en los próximos días, para ser firmado el 23 de enero, durante la primera visita oficial que Lula realizará a la Argentina como parte de su nuevo mandato.
Así, en el regreso de Lula al Planalto hubo un gesto sobre la importancia que tanto Da Silva como Fernández le otorgan a la recomposición de una alianza geopolítica entre Brasil y Argentina, que aunque necesariamente estará en tensión con las derechas, tiene sobre todo ingredientes económicos.
“Vivo esto con alegría porque el pueblo brasilero ha reivindicado con justicia a Lula y lo ha vuelto a poner en el lugar que le correspondía”, dijo Alberto luego de participar en los actos de jura. Pero no fue una observación triunfalista; el presidente agregó de inmediato que ve a Lula “muy realista, manteniendo sus compromisos pero también registrando los límites que le presente le fija”.
También la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió un mensaje sobre el significado político que tiene para la región el regreso de Lula a la presidencia. "Amanece un nuevo día en la América del Sur. Fuerza Lula! Fuerza Brasil!", escribió en sus redes.
Bilateral
El encuentro entre Lula y Alberto se realizará este lunes a las 10.30 de la mañana en el palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña. Además de Alberto, participará el canciller Santiago Cafiero, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y habrá otros dos funcionarios por parte de Brasil.
La comitiva argentina había viajado al país vecino sin tener seguridad sobre que esta cumbre pudiera concretarse, pero a primera hora de la tarde, mientras comenzaban los actos oficiales de jura y asunción, el canciller Santiago Cafiero informó sobre su realización.
Fernández había llegado a Brasilia el domingo al mediodía, con el tiempo justo para almorzar en la residencia del embajador argentino, Daniel Scioli, donde estuvo acompañado por Cafiero, por la vocera Gabriela Cerruti y por la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini.
Luego el Presidente y su delegación fueron hasta el Congreso Nacional de Brasil, donde tuvo lugar la Sesión Formal de Toma de Posesión de Lula. Y más tarde asistieron al cambio de mando y la entrega de los atributos presidenciales en el Palacio del Planalto, la sede del Poder Ejecutivo, donde Lula, rodeado de representantes de etnias y minorías sociales, recibió la banda presidencial de manos de Aline Souza, una mujer negra de 33 años, cartonera.
Lo político y lo económico
Brasil es el principal socio comercial de Argentina: en 2022 fue el destinatario del 14,1% de nuestras exportaciones. El comunicado oficial del gobierno argentino sobre la asunción de Lula y el viaje de Alberto Fernández puso el acento en este aspecto, “la interdependencia productiva” de los dos países. Habló, en ese sentido, de la expectativa sobre una cooperación estratégica que ayude a la generación de empleo de calidad para ambos pueblos.
La Cancillería, a través de Cafiero, puso en cambio el foco en lo político. “Siempre recordamos con el presidente Alberto Fernández cuando él siendo candidato, lo vinimos a visitar cuando estaba injustamente encarcelado”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores.
Agregó que todo el proceso por el que Lula recuperó la libertad, se presentó nuevamente como candidato presidencial y ganó la elección con el voto popular “es un legado muy importante para las democracias de América Latina, porque en Brasil hubo un mecanismo diseñado para proscribir, para apartar, que también incluyó la salida de Dilma Rousseff del gobierno. Hay mucho para revisar y comprender” sobre cómo “a los movimientos populares se los persigue y los líderes populares que se atreven a llevar adelante modelos de producción, de empleo para sus habitantes y se revelan contra los modelos extractivistas, de especulación financiera, son castigados”.
Scioli, a su vez, transmitió las expectativas económicas del gobierno. “Este es el renacer de la relación entre Brasil y Argentina, por el impacto que va a tener el aumento del comercio bilateral” indicó.
En ese sentido, aseguró que “la afinidad entre Alberto y Lula” va a expresarse en la firma rápida del acuerdo de integración financiera y energética, “porque Brasil necesita del gas argentino”, mientras que el intercambio comercial va a aumentar con la implementación de un sistema “que permitirá usar monedas locales, haciendo una compensación dentro de los 180 días”.
Sobre la premura en redactar el acuerdo, el embajador señaló que el ministro de Economía, Sergio Massa ya estuvo hablando del tema con su par brasileño, Fernando Haddad. Por otra parte, para esta semana, después del encuentro cara a cara de los presidentes, fue pautada una reunión de trabajo de los cancilleres, de manera que la preparación del acuerdo no se demore.
La visita de Lula a Argentina reflejará que la voluntad de recomponer las relaciones bilaterales se extiende a lo regional. Da Silva llegará a Buenos Aires para participar aquí de la Cumbre de Jefes de Estado de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que tendrá lugar el 24 de enero, y en la que la principal noticia será el regreso de Brasil al bloque, de donde se retiró por decisión del ultraderechista Jair Bolsonaro.
"Una falacia absoluta”
Agustín Rossi desmintió la operación sobre una supuesta "mesa militar" en la AFI
El interventor de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Agustín Rossi, desmintió las acusaciones sobre una supuesta red de escuchas a cargo de ese organismo y aclaró que el pedido de informes que al respecto presentó Juntos por el Cambio en el Congreso ya fue respondido. Según el funcionario, el motivo por el cual fueron difundidas esas versiones es porque los grupos concentrados y la oposición “están preocupados por mantener el poder sobre la Corte Suprema”.
Las versiones sobre el organismo de inteligencia surgieron a través de una nota publicada en el diario Clarín, donde se afirma que la oposición de derecha “denunció” la existencia de una “mesa militar” de espionaje. Además, se sugieren supuestos “enlaces con empresas telefónicas” con sede en Misiones, provincia de donde provienen los escandalosos chats del ministro porteño Marcelo D’Alessandro y sus vínculos con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.
Estos dos puntos, según ese artículo periodístico, habrían sido “denunciados” a través de un pedido de informes a la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el diputado Leopoldo Moreau. Es más, se asegura también que la AFI “aún no había contestado” esos planteos.
"Una falacia absoluta”
Rossi salió a rechazar de plano esas afirmaciones. “Son una falacia absoluta”, dijo durante una entrevista por radio Futurock.
Según explicó, el pedido de informes “no es una denuncia” sino un texto que incluyó un cuestionario con preguntas sobre esos temas, y fue presentado “dos días antes de navidad”, es decir entre el 22 y 23 de diciembre del año pasado. Además, fue “respondido dos días después de navidad”; o sea el 27 de ese mismo mes.
Es decir que la AFI sí dio explicaciones sobre los cuestionamientos de la oposición. Sim embargo, en el artículo publicado en un diario “se construyó una nota sobre el pedido de informes, pero sin la respuesta”. Lo cual supone una clara intencionalidad de desinformación.
Es más, añadió Rossi, “la respuesta a la Comisión Bicameral había sido presentada antes de que salieran a la luz los chats” que narran las relaciones espurias entre D’Alessandro, mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, y un asesor directo del presidente de la Corte Suprema.
El titular de ese organismo aclaró que no puede brindar precisiones sobre el cuestionario ni la respuesta oficial porque ese tipo de información está vedada por la ley de intelgencia.
“No existe ningún tipo de mesa y no está dentro de la incumbencia de la AFI”
La otra “falacia” de ese artículo, siempre según los dichos del ex ministro de Defensa, refiere a la presunta existencia de una “mesa militar” integrada, entre otros, por el ex titular del Ejército César Milani.
“No existe ningún tipo de mesa y no está dentro de la incumbencia de la AFI” la existencia de un armado de ese tipo, remarcó el funcionario. Además, rechazó tener vínculos con el ex integrante del Estado Mayor Conjunto: “A Milani no lo veo desde que renunció como jefe del Ejército, en mayo de 2015”, sentenció.
Rossi consideró que el motivo por el cual fue publicada esa información que en su título habla de “operaciones de inteligencia ilegal sobre opositores y militares” es una reacción de los grupos concentrados frente a la evidencia de lo que demuestran los chats y las escuchas entre macristas y altísimos funcionarios del Poder Judicial.
Se ve que “el jefe de la mafia, que es (el máximo accionista de Clarín, Héctor) Magnetto está preocupado por la Corte, por el destino” que podrían tener los integrantes sobre los que él tiene influencia.
“No está preocupado por sus esbirros, (Jorge) Rendo y los otros que fueron a Lago Escondido, sino que le interesa mantener el poder sobre la Corte Suprema. Por eso sale atacar a hora y no lo hizo antes”, señaló.
Activar Patrimonio, un programa del Ministerio de Cultura de la Nación
Cuando el patrimonio también es político
La convocatoria, que ya tiene sus ganadores, pone el foco en la preservación y difusión de aquellos registros, acervos y colecciones con valor histórico-cultural para las comunidades.
Por Laura Gomez
Ampliar la visibilidad y el acceso al patrimonio cultural es el principal objetivo de Activar Patrimonio, un programa destinado a adjudicar diez becas de $300.000 para el fomento de proyectos e iniciativas culturales que contribuyan a su puesta en valor. En octubre el Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, anunció la convocatoria abierta a artistas, curadorxs e investigadorxs de todas las disciplinas para llevar a cabo, en el lapso de dos a cuatro meses, una propuesta de trabajo capaz de promover, valorizar y difundir los patrimonios en distintos puntos del territorio argentino con toda su riqueza, singularidad y diversidad. Los sesenta proyectos seleccionados se pondrán en práctica al inicio de 2023. Para este programa se destinó la suma de 18 millones de pesos distribuidos en sesenta becas de $300.000: treinta dirigidas a museos e institutos nacionales y otras treinta a museos argentinos provinciales, municipales y comunitarios.
La iniciativa pone el foco en la preservación y difusión de aquellos registros, acervos y colecciones con valor histórico-cultural para las comunidades. Ahora la cartera responsable anunció los sesenta proyectos seleccionados: algunos parten de investigaciones artísticas o académicas e intervenciones técnicas enfocadas en las colecciones de museos e institutos, y otros apuestan a cruces entre varios organismos atravesados por una misma temática. “Activar Patrimonio es un programa fundamental que hemos sostenido durante toda nuestra gestión porque permite otorgar becas de trabajo para abrir los patrimonios a la investigación, y particularmente a la investigación artística con el fin de que nuevos mediadores, más allá de los equipos propios de los museos, puedan detectar y desplegar muchos de los infinitos sentidos que cada pieza patrimonial alberga”, explica a este diario Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio.
La convocatoria estuvo abierta hasta noviembre a curadorxs, investigadorxs y artistas de diversas disciplinas –música, actuación, performance, literatura, poesía, dramaturgia, ensayo, artes plásticas, escultura, artes visuales, fotografía– sin restricciones de edad ni experiencia artística. El único requisito era contar con la ciudadanía argentina o bien con residencia permanente en el país. La propuesta de trabajo podía ser una investigación académica, curatorial o artística, y el soporte elegido para la presentación del resultado final, de libre elección: texto impreso o digital, instalación artística, producción audiovisual, modelo 3D, muestra digital o presencial, entre otras opciones.
El concepto de patrimonio cultural muchas veces puede tornarse algo difuso porque las definiciones académicas imponen cierta distancia, pero programas como estos permiten un acercamiento a la comunidad y revalorizan la importancia de su preservación y difusión. Este tipo de iniciativas habilita la apertura de nuevos enfoques de análisis en torno a las colecciones y los objetos que pertenecen a instituciones culturales. González asocia el programa a un lema muy importante para la Secretaría que dirige, “los patrimonios son políticos”, y asegura que en este despliegue de sentidos también se debe recordar que “un patrimonio no tiene nunca un significado fijo, unívoco, universal y eterno, sino que se va construyendo como el propio relato de la historia, entonces se trata siempre de ver qué historias queremos contar o cómo queremos contar nuestros pasados en función de cómo queremos vivir nuestros presentes y cómo queremos imaginar nuestros futuros”.
El anuncio de la convocatoria proponía algunos ejes temáticos. Es interesante recordarlos porque dan cuenta de la perspectiva con la que se diseñó este programa. Uno de los focos eran las comunidades de pueblos originarios, es decir, aquellos bienes culturales, fondos, documentos y archivos que pudiesen visibilizar las culturas de los pueblos nativos habitantes del territorio mediante textos, relatos orales, piezas arqueológicas o patrimonio natural y social. Otro foco eran las comunidades de migrantes e inmigrantes, con proyectos que involucraran el patrimonio material, simbólico e histórico, e imaginarios vinculados a los relatos y a la cultura material procedentes de los grupos que llegaron de Europa a fines del siglo XIX, las corrientes migratorias internas desde las provincias hacia las ciudades o bien aquellas procedentes de los países limítrofes a mediados del siglo XX y aún en la actualidad.
Otro eje propuesto eran los colectivos de diversidad cultural para promover una exploración crítica sobre los modos de rememorar y narrar la historia de colectivos invisibilizados, subalternizados o racializados, como las personas afroargentinas e identidades marrones, una mirada desde la perspectiva multicultural y decolonial. Por último, los colectivos de diversidad sexual e identidad de género para reflexionar en retrospectiva sobre los colectivos de mujeres, la comunidad LGTBIQ+ y las disidencias sexuales desde la óptica de los feminismos y las miradas alternativas.
De la totalidad de beneficiarixs, en la categoría de museos argentinos provinciales, municipales y comunitarios hay siete becas para la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro para Santa Fe, dos para Tucumán, Catamarca, Entre Ríos, Chaco y Córdoba, y una para las provincias de Salta, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Tierra del Fuego y Misiones. En la segunda categoría de museos e institutos nacionales, veinticuatro proyectos provienen de Buenos Aires y CABA, tres de Córdoba, dos de Tucumán y uno de Tierra del Fuego.
Con respecto a los ejes temáticos, varios proyectos apostaron por la mirada de género, como el de Yasmín, Daniela y Micaela Anzoátegui e Idman Iván Addur (Quilmes) que lleva por título Espacio público y género: desplegando archivos para reconstruir el entramado feminista de Adela García Salaberry, o el proyecto de María Emilia Ghiglione (Paraná), Perspectiva de género en las narrativas museográficas del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano”. Otros exploran la memoria y los derechos humanos, como Un cielo gris claro - Favario, su sombra y los otros, de Maximiliano León Quintero (Rosario) o La producción de saberes desde la configuración de La Escuelita de Famaillá como Sitio de Memoria, de Ana Verónica Teitelbaum y Pablo Hernández (Famaillá).
Mientras que otros apostaron a revalorizar la cultura de los pueblos originarios, como María Magdalena García Barrese (Confluencia) con La representación de las leyendas de pueblos originarios neuquinos en Adolfo Bellocq. El caso de la colección del Museo Gregorio Álvarez o el proyecto de Valentín Mansilla y María del Rosario Haddad (Córdoba), Del campo al archivo, del archivo al campo. Escuchas comunitarias del pasado sonoro-musical Qom. Un panorama diverso y actual que subraya aquel lema: el patrimonio también es político.
Fuente:Pagina12
02.01.2023 / Judiciales
Comenzó el juicio a los ocho rugbiers por el crimen de Fernando Baéz Sosa
El juicio a los ocho rugbiers acusados por el crimen del joven de 18 años asesinado a golpes en 2020 en Villa Gesell empezó este lunes pasadas las 10.
El debate será en los tribunales de la ciudad de Dolores, donde se espera la declaración testimonial de los padres de la víctima. Los acusados estarán presentes en la primera audiencia.
El juicio estaba previsto para las 9, aunque se demoró y comenzó a las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, el proceso durará cuatro semanas. Durante las audiencias se buscará determinar la responsabilidad penal de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), acusados por el asesinato de Fernando.
En la primera audiencia de este lunes, está previsto que los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García presenten ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari su acusación contra los ocho jóvenes imputados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" y "lesiones leves".
Luego harán lo propio los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan a los padres de la víctima , y más tarde será el turno de la defensa particular de los imputados, a cargo de Hugo Tomei.
Finalizada la presentación de los lineamientos de las partes, los únicos dos testimonios de la primera jornada serán los de Graciela Sosa Osorio y Silvino Báez, padres de Fernando, quienes llegaron a Dolores en la tarde del 1 de enero. En lo que va del proceso, los rugbiers no brindaron declaración en el arranque del debate oral, aunque se espera que esten presentes durante todas las jornadas.
Los ocho imputados, quienes llegan a juicio con prisión preventiva, fueron trasladados en la madrugada del domingo desde la Alcaidía 3 del penal bonaerense de Melchor Romero hacia la Unidad 6 de Dolores y estarán presentes en la audiencia de apertura. Según detallaron fuentes del caso, los acusados quedaron alojados en esa unidad, en celdas de dos personas, y antes del inicio de cada audiencia serán trasladados al Palacio de Tribunales de Dolores, ubicado en la calle Belgrano 141 de esa ciudad.
El juicio se desarrolla en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones, la misma en la que casi 23 años atrás se realizó el debate oral por el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas.
GRACIELA SOSA: “NUESTRA VIDA ES UN CALVARIO”
A las 9 de la mañana, Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de Fernando Báez Sosa, ingresaron a las cercanías de Dolores y brindaron declaraciones para los medios presentes.
"Nuestra vida es un calvario. El vivir y no estar con Fer ya no es vida. Tratamos de ser fuertes para estar en este momento que esperamos casi tres años del asesinato de Fernando", sostuvo la mamá de Fernando.
Y expresó: "Me gustaría saber por qué lo hicieron. Sólo sé que mi corazón está destrozado. Es como una herida sangrante que no tiene cura. Ojalá pudiera calmar este dolor tan grande que tengo".
Ante la pregunta sobre un posible pedido de disculpas por parte de los presuntos asesinos, la madre sentenció: "No creo que lo hagan. Son tan cobardes. Tampoco necesito que me lo pidan".
Ambos fueron tajantes a la hora de señalar las expectativas de una posible condena: "Queremos cadena perpetua y que cumplan como se debe. No que dentro de un año que tengan buena conducta y les den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestra alma, en nuestro corazón. Estamos devastados, cansados de tanta tristeza que invade nuestro corazón".
LA ACUSACIÓN
La fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Villa Gesell sostiene que los acusados atacaron a Báez Sosa entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable "Le Brique", ubicado en avenida 3 y paseo 102.
Según la acusación, los ocho imputados "acordaron darle muerte" al joven estudiante de derecho, y para ello "previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles", luego de que "minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado" con él, "quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos".
El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y de teléfonos celulares de testigos, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.
02.01.2023 / DEUDA
El Gobierno trata de despejar vencimientos con el primer canje de deuda del año
En enero el Tesoro tiene que enfrentar vencimientos de deuda en pesos por $1,1 billones, de los cuales $800.000 están en manos del sector privado.
En enero el Tesoro tiene que enfrentar vencimientos de deuda en pesos por $1,1 billones, de los cuales $800.000 están en manos del sector privado. Los bonos a canjear vencen en el primer trimestre e incluyen Lecer, Ledes, Boncer y Botes. El tipo de cambio oficial comenzó el año con un ritmo de apreciación más lento y se fue acelerando, pero por detrás de la inflación. La primera canasta a elección incluye un 25% de la LEDE a abril, 35% de la LEDE a mayo y 40% de una nueva LEDE a junio. La otra canasta está compuesta por 35% Dual a julio, 35% de Dual a septiembre y 30% de Dual a febrero 2024.
UN AÑO DESAFIANTE
De acuerdo con Portfolio Personal Inversión (PPI), el Gobierno enfrenta este año "un escenario muy preocupante si no se logra estirar la duration en los próximos meses". "A modo de resumen, manteniendo las variables de roll-over y de extensión de duration, la ventana entre julio/septiembre (antes de las elecciones) se vuelve inviable", advirtió la sociedad Agente de Liquidación y Compensación del mercado bursátil.
PPI sostiene que "si a ello se le suma una gran tenencia de títulos por parte del BCRA (deben ofrecerle una conversión, porque la Carta Orgánica prohíbe su participación en licitaciones primarias), no sorprende el canje". "Sí parece muy llamativo el momento. Anunciar una operación por el estilo el jueves 29 de diciembre para el primer martes del año siguiente, teniendo en cuenta que el lunes es feriado en Estados Unidos, no es muy prolijo", señaló PPI.
El reporte privado planteó que "por lo general, si uno quiere que la operación traccione y exhiba una buena adhesión, se debería haber anunciado la semana que viene para captar la atención de los inversores". "Nuestra hipótesis es que el canje estará muy destinado a limpiar las tenencias en manos del sector público. De acuerdo con nuestros números, estimamos que el 44,3% de los ocho títulos elegibles están en manos del sector público", indicó PPI.
Por esa razón, afirmó que de base "ese será el piso de aceptación de la operación, aunque no se puede descartar algo de participación privada (a pesar del timing incómodo)". "El Tesoro podría aprovechar la demanda por letras a tasa fija de corto plazo (LEDEs) por letras ajustables (LECER) ante el optimismo sobre la inflación para los próximos tres meses", indicó la consultora. PPI advirtió que "teniendo una adhesión ´interesante´ (un 15/20% por arriba de la tenencia pública), no resuelve el problema del segmento pesos".
El 2023 llegó con aumentos en casi todos los rubros
El nuevo año llegó con subas en Transporte, prepagas y monotributo, entre otros.
El 2023 comenzó con aumentos en casi todos los rubros. Suben los colectivos y trenes del área metropolitana, las prepagas, la luz, el gas, la nafta y el gasoil, el Monotributo, entre otros.
Una de las principales subas serán los colectivos en el área metropolitana (AMBA). Para el tramo más corto, del boleto mínimo pasará de $ 25,20 a $ 35, un alza de 39%. Para el resto de los tramos, entre 3 y 6 km la tarifa será de $ 39; entre 6 y 12 km aumentará a $ 42; entre 12 y 27 km, a $ 45; y para más de 27 km de recorrido el costo será de $ 48. En todos los casos se mantiene la tarifa social, con un descuento de 55%.
Para los servicios ferroviarios del AMBA, el pasaje mínimo pasará de $ 17,25 a $ 22 en las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín (un incremento del 27%); en la línea Urquiza, irá de $ 11,25 a $ 17 (51% más); en las líneas Roca y Belgrano Sur, de $ 10,75 a $ 17 (un 58%) y en la línea Belgrano Norte, de $ 9,50 a $ 17 (79%). A los sectores que forman parte de la tarifa social, dicen en Transporte, también se les descontará el 55 %.
A partir de marzo y hasta diciembre, las tarifas del transporte tanto de colectivos como de trenes se ajustarán mensualmente según la inflación general de la Región Gran Buenos Aires del INDEC.
El alza de 13,8% que se había decidido en las cuotas de la medicina privada para diciembre se dividió en dos. Ya hubo un incremento y ahora en enero toca pagar el segundo, de 6,9%.
En el caso de las naftas, la suba del 4% de cada mes que las petroleras pactaron con el Gobierno vendrá con unos días de retraso y se concretará a partir de la segunda quincena.
En enero, será la última etapa de quita de subsidios en la boleta del gas para los sectores de mayores ingresos (Nivel 1). Ya tuvieron una del 20% en octubre (originalmente debía ser en septiembre), otra del 40% en noviembre y queda una de 40% en enero.
En luz, hay posiciones encontradas sobre cuándo será la última quita de subsidios. Desde Energía dijeron que la remoción del 40% de la ayuda estatal que queda impactará en algunos usuarios del Nivel 1 en enero y en otros en febrero.
Además, la cuota del Monotributo, que pagan los trabajadores autónomos que facturan hasta $ 6.019.594,89 por año (al 31 de diciembre de 2022) tendrá un incremento del 72,48% frente a enero de 2022. La diferencia con años anteriores es que el componente de la cuota que va a la obra social no será igual para todas las categorías, como sucedía hasta ahora. Será fijo para las tres primeras (A, B, C) y desde la D se irá incrementando a medida que lo haga la facturación tope de cada categoría. Eso hará que la cuota final a pagar no aumente en la misma proporción para todos los monotributistas. Las escalas más altas tendrán un alza del 100%.
Fuente:Diagonales
EL VERANO EN LA HISTORIA
Semana Trágica: el enero de 1919 que selló con sangre la historia de la represión a la clase obrera
La Semana Trágica arrancó con una huelga y terminó con cientos de trabajadores, inmigrantes y judíos muertos. El rol del Ejército, Yrigoyen y la Liga Patriótica.
A pesar de ser una estación asociada al descanso y lo pasatista, el verano también tiene su presencia en la historia. La “Semana Trágica”, ocurrida en enero de 1919, fue uno de los acontecimientos más oscuros en la genealogía de la protesta social en el siglo XX argentino. Hubo que esperar a las insurrecciones urbanas de Rosario y Córdoba de 1969, para volver a presenciar hechos con una magnitud asimilable.
Desde diciembre de 1918, las y los trabajadores de la fábrica metalúrgica Vasena, ubicada en el sur porteño de Barracas, mantenían un conflicto con sus empleadores, a raíz de una serie de reclamos: aumento del salario, jornada laboral de 8 horas, reincorporación de los obreros despedidos por su acción gremial y eliminación del trabajo a destajo (el pago a cambio de una tarea o una cantidad determinada de productos). La falta de negociación patronal derivó en la huelga. La empresa buscó vías para desactivarla: contrató nuevos trabajadores para que hagan las tareas, convocó rompehuelgas y buscó un aliado en el gobierno, que envió policías y bomberos para custodiar el lugar. Paradójicamente, el gobierno más popular de esas últimas décadas, a cargo del radical Hipólito Yrigoyen. Los choques empezaban a crecer.
A comienzos de enero, los huelguistas hirieron a un policía (que a los pocos días murió), y a un puñado de vecinos. De ahí en adelante, las cosas se salieron de control: el 7 de enero la policía desató una balacera contra los trabajadores. Murieron cuatro y los heridos se contaron por decenas. Lo que había empezado como una protesta de un grupo de obreros de una fábrica pasaba a ser algo más grande: se sumaban al paro los trabajadores marítimos, los metalúrgicos, los obreros del calzado, curtidores y los del tabaco (luego también los del transporte y comerciantes), graficando cómo se estaba transformando la época, con un movimiento urbano creciendo a la sombra de un modelo que seguía siendo en esencia agroexportador de materias primas. El 8 de enero las centrales sindicales declararon la huelga general.
La jornada del 9 de enero se inició con una multitudinaria marcha fúnebre desde el sur de la ciudad hasta el cementerio de la Chacarita (foto), donde enterrarían a los trabajadores asesinados por la policía dos días antes. En el camino se produjeron enfrentamientos, y la policía abrió fuego. Se estimaron 50 muertos. Paralelamente, en los talleres Vasena, miles de trabajadores y vecinos de los barrios del sur rodearon la fábrica y comenzaron a apedrearla, hasta iniciarse un incendio en la entrada. De nuevo las respuestas represivas fueron las balas, produciendo otros 30 muertos y heridos. Los grupos de choque incluían a civiles armados pagados por los patrones.
Arrinconadas, las fuerzas se acuartelaron y el Ejército entró en escena para “restablecer el orden”: al día siguiente el general Luis Dellepiane marchó con sus tropas desde Campo de Mayo, teniendo bajo su control a todas las fuerzas, incluidos los civiles armados. Buscaban «hacer un escarmiento que se recordará durante 50 años». Rompieron la huelga y reprimieron a los manifestantes. La Capital quedó militarizada.
Recuperado el orden a sangre y fuego, se inició la cacería contra anarquistas, comunistas, inmigrantes y sindicalistas por los barrios obreros (principalmente del sur), y también contra la población judía, sobre todo en Villa Crespo y Once. Ahí cobra protagonismo la Liga Patriótica Argentina, una organización paraestatal que funcionó como fuerza de choque de los sectores propietarios contra la clase obrera, así como grupo de presión frente al gobierno nacional. Había empresarios, militares, políticos, gente de la clase alta que hablaba de «terror blanco», entre ellos el abogado y miembro del directorio de Vasena, el senador radical Leopoldo Melo. La misma Liga que un grupo de comandos civiles de Bariloche reivindica hoy en día contra poblaciones mapuches.
La “Semana Trágica”, en la que murieron un estimado de 700 personas y decenas de niños fueron desaparecidos, se inscribió en un contexto de huelgas y marchas obreras masivas, transformaciones urbanas con trabajadores precarizados, oligarquía, hacinamientos, y la crisis de la Primera Guerra. La brutalidad de la represión ordenada por el gobierno y articulada por sectores propietarios contra los trabajadores fortalecieron el puño de hierro de la contrarrevolución de la que el Ejército salió fortalecido. En los años venideros esa institución tomaría tanto poder como para liderar el primer Golpe de Estado en 1930, justamente al mismo presidente que en enero de 1919 “ayudó” a restablecer el “orden” frente a las protestas obreras. «
El miedo del gobierno radical al «enemigo rojo»
El clima insurreccional y la magnitud de la protesta produjeron un impacto profundo y un extendido temor de parte de los sectores dominantes y la mayoría de la dirigencia política, incluido el propio oficialismo, liderado por el presidente radical Hipólito Yrigoyen. El gobierno más popular que había tenido la Argentina en décadas se cargaba cientos de trabajadores muertos y heridos. Dos años después le sumaría las matanzas de obreros en el sur que dieron origen a La Patagonia Rebelde. En la Semana Trágica, los miedos de Yrigoyen se conectaban con el fantasma de la Revolución de Octubre (ocurrida en Rusia en 1917) y su irradiación local de la mano de inmigrantes anarquistas y comunistas con mucho protagonismo en el movimiento obrero. El “enemigo rojo” se conformaba, entonces, de una mezcla de anarquistas, comunistas, inmigrantes rusos y eslavos, obreros y judíos. Todos serían el blanco de los ataques en 1919.
Fuente:TiempoArgentino
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