Siguen las amenazas a la
comunidad de Casilda, Santa Fe
Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2023.
La resistencia popular en Casilda a la tala de árboles en su mayor espacio verde –el parque municipal Sarmiento– para erigir allí la nueva sede de Tribunales fue reprimida nuevamente este jueves por la mañana. La Asamblea Ciudadana Autoconvocada Casildense en defensa del parque F. Sarmiento y el Arroyo Candelaria denuncia que está actuando la policía y la seguridad de la empresa.
Las fuerzas represivas actuaron entre infancias, personas mayores y resto de la comunidad que resiste.
Basta de extractivismos.
Obra deseada en lugar indeseado
Es la posición que sostienen vecinos de Casilda que se organizaron en una Asamblea Ciudadana. Resisten que la construcción de un edifico de Tribunales que concentrará dependencias hoy dispersas sea justo en el Parque Sarmiento.
Insisten en que se trata del único pulmón verde de la ciudad, definido como humedal por la ley provincial de áreas protegidas, además de un terreno bajo riesgo hídrico según un estudio de la UNR.
Plantar cemento allí, argumentan, resta en lugar de sumar para la calidad de vida de los casildenses. Hay un largo derrotero de este conflicto socioambiental cuyo último capítulo judicial se cumplió a fines de diciembre, cuando una audiencia de partes sirvió como corolario de una presentación de amparo en la que cada quien expresó su postura.
La obra más ambiciosa de la historia de Casilda
El lote en cuestión, de 3.650 metros cuadrados, tiene acceso por bulevar Ovidio Lagos, entre Catamarca y San Luis. La obra se promociona como la más ambiciosa en la historia de Casilda. Está proyectada una superficie cubierta total de 4.521 metros cuadrados en cuatro niveles más subsuelo para estacionamiento. Los trabajos incluyen una “refuncionalización” del parque Sarmiento que no está clara, sobre un espacio elegido por los casildenses para numerosas actividades de recreación, incluso escolares, deportivas e infantiles.
El convenio para la obra se firmó en 2007 con la cesión del predio, propiedad del Estado provincial, al Poder Judicial. Contó con el respaldo del Ejecutivo local, comandado por el entonces intendente y hoy senador provincial Eduardo Rosconi, y la aprobación del Concejo Municipal.
La iniciativa durmió tres lustros hasta que este 2022 se anunció la licitación pública 26/22, con un presupuesto de 1.300 millones de pesos y un plazo para la ejecución de la obra de 730 días a partir de la adjudicación. En paralelo, se reactivó la resistencia de miles de vecinos que pusieron sobre la mesa lo que consideran una irracional elección del sitio de emplazamiento.
El edificio fue pensado para alojar la Defensoría General, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, la Oficina de Gestión Judicial, el Fuero Penal, los Juzgados Civil 1 y 2, el de Familia, el de Menores, la Asesoría de Menores, el Juzgado de Circuito, la Fiscalía de 1º Instancia, la Cámara Gesell y un futuro Juzgado Laboral.
Diversas organizaciones repudian los actos de represión producidos en Casilda el pasado 12 de enero:
Los organismos, organizaciones y personas abajo firmantes, expresamos nuestro más enérgico repudio ante la represión desatada en la ciudad de Casilda. La represión se da en el marco del acampe que mantienen como protesta organizaciones ambientalistas y habitantes preocupados por la deforestación del pulmón verde de esa ciudad.
Más allá de la razón que asiste a quienes defienden el medio ambiente, ya que debe ser preocupación de todos y cada uno de los seres que poblamos este mundo, rechazamos profundamente la utilización de la fuerza como modo de resolver un conflicto por parte de las autoridades.
Solidarizándonos con todos aquellos que vivieron episodios violentos, creemos que no debiéramos naturalizar estas situaciones ni el gobierno permitirlo.
Protestar es un derecho, Reprimir es un delito.
No a la criminalización de la protesta
13 de enero 2023
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas- Rosario
Colectivo Nacional de Ex Pres@s Polític@s y Familiares – Rosario
Ronda de las Madres de Pla 25 de Mayo
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas V.G.Galvez- Y. Medina
Asociación Anahí – Filial Rosario
Museo de la Memoria
APDH Regional Rosario
MEDH ROSARIO
Documenta Baigorria
Espacio por la Memoria, la Verdad y la justicia del Cordón Industrial
Secretaria de DDHH y Género – Facultad de Psicología – UNR
Asociación DDHH Cañada de Gomez
Multisectorial contra la Violencia Institucional
PyMA Puerto San Martín
Camino al Frente Programa Radial
Escuela de Formacion Politica “Lisandro Gringo Viale”
Fundación Igualar
Taller Había una vez…
Biblioteca Vigil
AMSAFE Provincial
UTEP
CTA de lxs Trabajadorxs
Movimiento Evita
Corriente Peronista Descamisados
Acción Popular
Guadalupe Aguirre
Daniel A. Berrettoni. Periodista
Reclamaron el cese de la violencia
en Perú este jueves frente a la
Embajada en Buenos Aires
Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2023.
Este jueves por la tarde centrales obreras junto a Peruanxs Autoconvocadxs en Buenos Aires se movilizaron a la embajada de Perú en Buenos Aires para reclamar por la crítica situación que se vive en Perú tras el golpe de Estado al Presidente Castillo.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, compartió unas palabras antes de entregar la carta a las autoridades de la embajada de Perú en Buenos Aires.
La movilización se da en el marco del Paro Nacional Cívico Popular que realizan en Perú tras haberse cumplido más de 40 días del golpe de Estado al presidente Pedro Castillo y ante una avanzada represiva que lleva 50 muertes y cientos de heridos en violentas represiones.
Carta al Embajador Peter Camino Cannock
En el marco de la marcha, los representantes del movimiento sindical en Argentina entregaron una carta firmada por Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTAA; Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA T y Gerardo Martinez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. A continuación el texto del pronunciamiento.
Acompañadas por los peruanos y peruanas radicados en este país, trabajadores afiliados/as en nuestras organizaciones, que firman al pie de este documento, una vez más expresan su profunda preocupación por la crítica situación del ESTADO DE DERECHO en el hermano país de Perú, se solidarizan y acompañan al pueblo peruano, agredido por el ilegítimo gobierno de Dina Baluarte.
Se han cumplido más de 40 días desde que fuera quebrado el orden constitucional, tras su interrupción forzosa el 07 de diciembre de 2022 por una decisión ilegítima del Congreso Nacional al declarar la vacancia del presidente legítimo Pedro Castillo.
Frente a este hecho, el pueblo peruano ha salido a protestar legítimamente, manifestando su voz y exigiendo la restitución del Presidente Pedro Castillo, quien legítimamente representa la voluntad popular expresada de forma democrática en las urnas. Como repuesta, el nuevo gobierno ha instaurado el Estado de Emergencia, desplegando a las fuerzas armadas en las calles y extendiendo las atribuciones de las fuerzas policiales para actuar contra la población civil, hechos que nos retrotraen a los momentos más obscuros de la historia de nuestra Patria Grande.
La consecuencia trágica y repudiable de esta medida se encarna en las más de 50 víctimas fatales, entre las que se cuentan menores de edad, y centenares de personas heridas, resultado entre otros factores del uso de munición letal durante la represión a las protestas.
Así también, se ha iniciado una persecución contra dirigentes políticos, sindicales, periodistas y comunicadores de la prensa alternativa; se ha suprimido el derecho a la libertad de circulación y de reunión de la ciudadanía, y se han registrado agresiones por parte de las fuerzas de seguridad contra personal sanitario que se hallaba socorriendo a civiles heridos. Nos hacemos eco del posicionamiento emitido por la Defensoría del Pueblo de su país, que expresó que este tipo de prácticas están fuera del marco legal.
Dada esta situación de persecución y violencia contra los pueblos olvidados del interior, reafirmamos que el derecho a la protesta, la libertad de expresión y pensamiento no son ni pueden ser sinónimo de terrorismo y sedición, sino que conforman un derecho humano fundamental que como tal debe ser garantizado siempre por todo gobierno.
Esta violenta represión estatal tiene como resultado múltiples asesinatos, violación a los derechos humanos, detenciones arbitrarias de manifestantes, abusos sexuales y persecución a dirigentes sociales y sindicales, con la finalidad de darle ficticia estabilidad al gobierno que asumieron en alianza el 7 de diciembre.
Por lo expuesto, es indiscutible que no existe en estos momentos en el Perú garantías para la vida de los ciudadanos, como tampoco seguridad jurídica; ni garantías de debido proceso parlamentario, fiscal o judicial para quienes se oponen a estas medidas antidemocráticas que no respetan la voluntad popular. Nos preocupa especialmente que no se ofrezcan garantías a quienes en su justo derecho humano y ciudadano opten por participar del próximo paro nacional convocado para el 19 de enero. Motivo por el cual, solicitamos como hermanos de la Patria Grande y veedores de la democracia en nuestra región, haga llegar a través de la Cancillería nuestra preocupación y el pedido de detener la ola de violencia que ya ha producido numerosas muertes y daños que se vienen produciendo por acción de las fuerzas policiales al servicio del gobierno de facto que en 40 días ya ha dejado detrás 50 muertos y cientos de heridos. Además de las vidas interrumpidas, lo que está en juego es el propio tejido social e institucional del pueblo peruano en su conjunto.
Desde las Centrales Sindicales de la Argentina nos solidarizamos con los reclamos del pueblo de Perú, para que el gobierno interino convoque de forma urgente a una asamblea constituyente y a elecciones generales para restablecer la institucionalidad democrática.
Exigimos el respeto al ejercicio de los derechos de huelga y libertad sindical, como así también a la protesta social pacífica. Condenamos el uso de la represión y la violencia armada por parte de las fuerzas de seguridad. Igualmente, nos unimos a la preocupación de varios gobiernos de la región por la integridad física y la libertad del presidente Pedro Castillo.
Por último, apoyamos el llamado a un PARO NACIONAL CÍVICO POPULAR convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y La Asamblea Nacional de los Pueblos de Perú para este 19 de enero.
La fuerza del pueblo organizado y los trabajadores es crucial para conseguir la auténtica paz y un camino hacia la restauración de la democracia en Perú.
La Unidad Piquetera advierte por
posibles medidas de fuerza ante la
suspensión de 155 mil Potenciar
Trabajo
Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2023.
Las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera repudiaron la suspensión de 154.441 personas del Potenciar Trabajo, anunciada por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. «En 50 días la ministra convocó a auditoría virtual a 1.300.000 personas del Programa Potenciar Trabajo y dio de baja a 160.000. Lleva adelante la receta impuesta por el FMI. Ella, junto al ministro Sergio Massa, como representantes del Frente de Todos, aplican estas demandas ajustando a los sectores que menos tienen. Este trámite es la excusa pero el objetivo real es el ajuste. ¿O en que quedaron las denuncias antes mencionadas sobre lxs beneficiarixs que manejaban cifras millonarias en dólares? En nada. El anuncio del recorte se da justo cuando se conoce que el costo anual de vida para los sectores más vulnerables es del 104% anual y la inflación se calcula en 95% anual», denuncian. Solicitan en «forma urgente» una reunión con Tolosa Paz, se declaran en «estado de alerta en todo el país» y anuncian que si no tienen respuestas en los próximos días, lanzarán «medidas de fuerza, movilizaciones y otras acciones».
El lunes 16 de enero la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció la suspensión de 154.441 personas beneficiarias del programa Potenciar Trabajo. Justificó el recorte asegurando que se trata de personas beneficiarias que no revalidaron sus datos a través de la aplicación Mi Argentina, y confirmó cerca de un 89% sí actualizó su información personal. A éstas personas suspendidas en febrero sólo se les liquidará la mitad del beneficio, teniendo la opción de reclamar para poder validar sus datos y volver a cobrar normalmente. Si no lo hacen, podrían ser efectivamente dados de baja, informó la ministra.
En un comunicado titulado «El Gobierno ajusta a quienes menos tienen por pedido del FMI«, las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera fijaron su posición de rechazo a la medida de suspensión masiva: «en 50 días la ministra convocó a auditoría virtual a 1.300.000 personas del Programa Potenciar Trabajo y dio de baja a 160.000. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, lleva adelante la receta impuesta por el FMI. Ella junto al ministro Sergio Massa, como representantes del Frente de Todos, aplican estas demandas ajustando a los sectores que menos tienen», remarcan.
En la misma línea, agregan: «a los graves problemas con la entrega de alimentos a los comedores populares, las interminables demoras en la entrega de herramientas a los emprendimientos productivos y las bajas naturales del programa Potenciar Trabajo (por fallecimiento, jubilación y otras causas), que se dan sistemáticamente y no son reemplazadas, se agrega ahora la baja compulsiva de 160.000 personas del Potenciar Trabajo que, por diferentes causas, no pudieron realizar la actualización de datos. Este trámite es la excusa pero el objetivo real es el ajuste. ¿O en que quedaron las denuncias antes mencionadas sobre lxs beneficiarixs que manejaban cifras millonarias en dólares? En nada. Porque fue puro humo, para que el eje del problema sean los sectores pobres organizados y no la súper exprimidora de los precios, boletas de los servicios, transporte, alimentos, vestimenta, remedios y salud en general, y largos etcéteras, que se vuelven imposibles de costear», sostienen.
Foto: Nicolás Solo (Indymedia).
Consideran que ésta medida significa un «ajuste acelerado«: «con la intención de impulsar el ajuste del gasto fiscal que le reclama el FMI, que es de un 0.8% del PBI, la tercera ministra de Desarrollo Social de este gobierno ideó un sistema que, sin dudarlo, es shock contra los programas sociales. El ex ministro Juan Pablo Zabaleta anunció a mediados del 2022 un proceso de auditorías presenciales hechas por universidades que fue un fracaso. Varias personas se presentaron pero con constantes demoras y suspensiones por parte del gobierno. Como el objetivo es hacer campaña en contra de las organizaciones y de las personas que se enmarcan en el Programa Potenciar Trabajo para convalidar el recorte, Tolosa Paz cambió de un plumazo el sistema de auditorías presenciales por otro que está concluyendo ahora, a 50 días de lanzado, invalidando las auditorias ya realizadas, reemplazando todo por una validación exclusivamente por internet«, denuncian.
«Tal cual lo pide el Fondo para enero, el gobierno busca reducir el gasto social mucho más que el de subsidios con el lema ‘orden y transparencia’. – agregan – Por esta razón, sacó del programa a 160.000 trabajadorxs. El anuncio del recorte se da justo cuando se conoce que el costo anual de vida para los sectores más vulnerables es del 104% anual y la inflación se calcula en 95% anual. En un país en el que la pobreza y la falta de los servicios básicos caracterizan la situación de millones de personas, donde la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000, la obstinación de perseguir a los sectores mas vulnerables porque un fiscal y el FMI lo requieren, reclamanado la validación de datos exclusivamente por internet y celular, es una canallada de un gobierno ajustador«, sentencian.
Con respecto a esta nueva modalidad, consideran que es una excusa para avanzar con la suspensión masiva de personas beneficiarias del programa Potenciar Trabajo: «la falta de conectividad y los problemas de la aplicación le sirven a la ministra para cumplir con su propósito dejando a decenas de miles sin el ingreso que es vital en este contexto cuando no son capaces de dar empleo formal y registrado. Este paso que ahora toca a nuestro sector es uno de los tantos perjuicios a nuestra clase que tiene planificado el FMI y que cuenta con artífices muy disciplinadxs dentro del gobierno del Frente de Todos. Lxs jubiladxs perdieron escandalosamente frente a la inflación y las paritarias del 2023 Massa busca cerrarlas en un 60%, cuando el salario viene en caída libre hace años frente a las altísimas y extraordinarias ganancias de las empresas».
Asimismo, consideran: «se amparan en la transparencia del sistema pero llevan adelante una política cruel que busca sacar tajada de lxs trabajadorxs aisladxs, sin acceso a la información y en situación de pobreza extrema. Mientras a las empresas energéticas se les reducen las deudas y se aumentan los subsidios a los grandes especuladores favoreciéndolos con un dólar preferencial, se les saca el único ingreso a casi 160.000 personas, muchas de ellas mujeres que son el único sostén del hogar, que además pierden su obra social y sus aportes jubilatorios como monotributistas sociales. ¡Un ataque brutal que estuvo precedido por una campaña de todo el arco político patronal, donde no hubo grietas desde Cristina, que dijo que había muchos planes, hasta Larreta y Bullrich que los quieren eliminar de un saque».
«Toda esta farsa tuvo escenas dantescas cuando anunciaron hace unos meses que había 250.000 beneficiarixs que pagaban bienes personales y tenían yates y compraban dólares – recordaron – Todo lo cual quedó desmentido poco después pero que, sin embargo, sirvió al objetivo de estigmatizarnos y crear un clima favorable a las bajas que reclama el FMI y cumplir con las patronales que ven en los montos de los programas competidores de los bajísimos salarios que pagan. ¡Las bajas no son por ‘compra de dólares o por pagar bienes personales’ sino por falta de validación!«, señalan.
Imagen: Télam.
Ante esta amarga situación, desde la Unidad Piquetera reclaman «el levantamiento de la totalidad y que el Ministerio cite en el distrito en el que viven a lxs trabajadorxs suspendidxs para que se les levante el programa sin pérdida del mes vigente«. Basan su reclamo en que «la Ministra se comprometió con esta Unidad Piquetera a que no dejaría a nadie sin su programa, pero fueron puras mentiras». Por eso, consideran: «Tolosa Paz debe cumplir«.
En este contexto, señalan que «mientras Pérsico y Grabois miran para otro lado«, como Unidad Piquetera reclaman «ningún ajuste a lxs trabajadorxs«, un «aumento en los montos del Potenciar Trabajo«, que «ningún laburante esté por debajo de la canasta«, y la «apertura irrestricta de los programas«.
Finalmente, solicitan de «forma urgente» una reunión con Tolosa Paz, se declaran «en estado de alerta en todo el país», y advierten: «si no tuviéramos respuesta en los próximos días, lanzaremos medidas de fuerza, movilizaciones y otras acciones en defensa de todxs lxs compañerxs».
Imagen: NA.
*Unidad Piquetera*MST TERESA VIVELIBRES DEL SURFRENTE DE LUCHA PIQUETERO: POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – M.A.R. ☆ – M☆29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.- REBELION POPULARCOORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL:FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY – ARRIBA lxs que luchan
Fuente: ANRed
Kicillof a favor de las petroleras:
“Va a ser un boom”
Por Rosa Mauregui, Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2023.
En su paso por Mar del Plata Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se refirió a la exploración off shore de gas y petróleo que genera un gran rechazo entre las y los marplatenses.
A bordo de la embarcación Da Vinci, el gobernador Axel Kicillof recorrió el fin de semana la costa marplatense junto a Raverta, Magario y otros funcionarios del Frente de Todos. En diálogo con la prensa local se refirió a las exploraciones sísmicas que habilitó recientemente la Cámara Federal para encontrar gas y petróleo en el mar. Proyecto que no cuenta con licencia social y es rechazado masivamente por la sociedad marplatense con masivas movilizaciones y en todas las audiencias públicas.
No todo fue mentira. Dijo que el proyecto “va a ser un boom” y como onomatopeya dijo la verdad. Y la intención no es que sea uno sino miles. La técnica para la exploración sísmica utiliza bombas acústicas que chocan con el fondo marino, con el fin de localizar y extraer hidrocarburos. Pero este estruendo afecta enormemente a la biodiversidad marina. Según estudios, se generaría una explosión cada 10 segundos las 24 horas del día. Sería el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático, porque el primero son las explosiones nucleares y militares.
“Los que frenaron el proyecto van a tener que pedir disculpas a los que tenían los barcos acá para la exploración petrolera y se tuvieron que ir”, dijo Kicillof en referencia al intendente panqueque de la ciudad que interpuso un recurso de amparo hace un año para luego manifestar “que no tenía reparos con el proyecto». Vale recordar que Montenegro es parte de Juntos, quiénes fueron los impulsores originales de este proyecto loteando el mar argentino bajo el gobierno de Macri. Luego, bajo el gobierno de Alberto Fernández se autorizaron las concesiones a las empresas petroleras, en este caso a YPF y la noruega Equinor.
Pero no fue Montenegro quién mantuvo frenado el proyecto de exploración sísmica sino la masiva movilización de las y los marplatenses, junto a investigadores, colectivos medioambientales, referentes de la cultura y la izquierda.
El pasado 4 de enero, a un año del atlanticazo, una masiva movilización volvió a exigir un Mar Libre De Petroleras. La Izquierda Diario estuvo presente y dialogó con Guillermo Folguera, biólogo, referente medioambiental e integrante del colectivo #MIRÁ. También estuvo la escritora, Gabriela Cabezón Cámara.
La visita del gobernador se da luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolviera, el pasado 5 de diciembre, levantar la medida cautelar dictada hace un año por el Juez Martín que impedía el inicio de las propecciones sísmicas por parte de la noruega Equinor. Kicillof manifestó que harían todo lo posible para acelerar los tiempos judiciales para que inicie el proyecto y, hace unos días se hizo pública una nueva resolución de la Cámara que habilita la feria judicial para tratar los recursos extraordinarios interpuestos contra la resolución de la Cámara.
Los argumentos sostenidos por el gobernador para avalar la exploración off shore y darle la espalda a la oposición de las y los marplatenses, investigadores, colectivos medioambientales y el resto de las ciudades de la costa bonaerense que se movilizan todos los cuatro de cada mes, son los mismos argumentos elaborados por el IAPG, Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAGP), organismo técnico del lobby petrolero. Kicillof dijo que “el riesgo de derrame es bajo” y que “si lo hubiera no llegaría a la costa”.
Este mes se cumple un año del mayor desastre ambiental de las costas peruanas. Repsol es responsable del derrame de 12 mil barriles de petróleo, la contaminación de 10 mil hectáreas que incluyen 48 playas, dos áreas naturales y 2.500 pescadores artesanales damnificados de manera directa. A un año del desastre, la playa la limpian las comunidades, mientras Repsol recibe multas millonarias por no limpiar y ocultar información al Estado sobre el derrame.
Ya hemos reseñado en este artículo, uno a uno los argumentos del fallo de la Cámara Federal que habilita la exploración offshore. Mentiras elaboradas por el IAPG son repetidas por jueces y funcionarios que sólo buscan dólares para pagar la deuda externa. Empresas multinacionales prometen que con más extractivismo, Argentina va a encontrar un camino de desarrollo y salir de la pobreza. Desde los años 90 el lobby extractivista dice lo mismo y existen incendios, desmontes y veneno para el monocultivo de soja, también megaminería mientras la pobreza no ha parado de crecer y no se vislumbra ese como un camino de desarrollo. El único desarrollo que ha traído el extractivismo fue para las cuentas de los empresarios que destruyen nuestros bienes comunes, se llevan la riqueza afuera y dejan contaminación y saqueo. Prenderán fuego el mar si allí estuvieran los dólares para pagar el otro saqueo que es la deuda externa. Y en esa empresa están embarcados. Sin embargo somos miles quiénes nos oponemos a estos proyectos de saqueo, desde Chubut contra la megaminería, Mendoza en defensa del agua y en nuestra ciudad por un Mar Libre de Petroleras.
Fuente: Izquierda diario
Envio:ResumenLatinoamericano
Las firmas que incumplen con el programa
Estas son las empresas que boicotean Precios Justos, dentro del plan anti inflación presentado por Sergio Massa
Cerca de 25 de las 30 marcas que están dentro del plan voluntario entregan menos de la mitad de lo demandado. Las compañías que no cumplen con el abastecimiento. Los números en rojo de las nacionales y las multinacionales.
De las 30 empresas más grandes que se encuentran dentro del programa Precios Justos, que congeló los precios de cerca de 2.000 productos de la canasta básica, cerca de 25 entregan menos de la mitad de la mercadería demandada. Esto quiere decir que cuando un supermercado les pide 10 productos, dan menos de 5 productos promedio, por lo cual hay algunas que entregan cero, otras al 20 o 30 por ciento. Sólo cinco firmas aportan productos del plan por encima del 50 por ciento y apenas dos están arriba del 80.
Precios Justos
Lanzado el pasado 11 de noviembre, vigente hasta el 31 de marzo y según el ministro de Economía Sergio Massa con el objetivo de extenderlo cuatro meses más, Precios Justos arrancó con un abastecimiento que arañó el 70 por ciento.
Este registro era por demás favorable, ya que superaba incluso el 50 o 60 por ciento de cumplimiento que había habido en las canastas que negoció Roberto Feletti, antecesor de Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio Interior.
Pero a fines de diciembre, cayó radicalmente el volumen entregado, y en los últimos quince días, se expresó de manera más dramática y visible dado que hay góndolas directamente vacías o productos que no se consiguen.
Cabe destacar que los porcentajes son un promedio de la gama de productos que aportan al plan, es decir, el porcentaje no quiere decir que entreguen todo o nada, sino que varía según productos.
Empresa por empresa, las que no cumplen
- Fargo: la empresa de panificados, que tiene alrededor de 20 productos en Precios Justos, envió en los últimos 15 días sólo el 19 por ciento de lo que le demandaron los supermercados.
- Arcor: la alimenticia de los Pagani cumplió con el 32 por ciento de lo pedido.
- Bagley: la compañía especializada en producción de galletas saladas y dulces, también propiedad de Arcor, tiene 27 productos en el programa, pero entregó el 59 por ciento de la mercadería pedida.
- Café La Virginia: el grupo que se dedica a la elaboración de infusiones, que también aporta café La Morenita, no está entregando nada de productos.
- Quilmes: la popular cervecería aportó en los últimos quince días un 28 por ciento promedio para su gama de productos.
- Pepsi: a diferencia de su principal competidor Coca Cola, que entregó un 83 por ciento de cumplimiento del abastecimiento, la marca de gaseosas cumplió sólo con el 38 por ciento de lo comprado.
- Colgate Palmolive: la empresa de pastas dentales y jabones cumplió con un 64 por ciento del abastecimiento
- Danone: la alimenticia francesa vendió el 53 por ciento de lo pedido por los supermercados.
- Las Marías: la empresa que elabora yerba, que produce entre otras marcas a Unión, proveyó sólo un 30 por ciento promedio.
Empresas multinacionales
- Johnson y Johnson: la empresa multinacional estadounidense tiene un bajo nivel de entrega, aportando el 23 por ciento.
- Loreal: la compañía francesa de cosméticos y belleza entregó solo un 18 por ciento de lo solicitado.
- Kimberly Clark: una de las multinacionales líderes en productos de higiene a nivel mundial aportó un 42 por ciento.
- Unilever: la marca que elabora mercadería de limpieza y alimentos vendió por un 52 por ciento.
- Procter and Gamble: conocida como P&G, la empresa estadounidense de bienes de consumo entregó 37 por ciento.
- Nestlé: la multinacional suiza dedicada a los dulces, aguas y bebidas abasteció un 52 por ciento de la demanda.
- Mondelez: la exKraft aportó un nivel intermedio de entrega del 64 por ciento.
- Quickfood: la marca de carnes congeladas abasteció por un 53 por ciento.
Empresas nacionales
- Morixe: la harinera vendió un 31 por ciento promedio de los productos solicitados.
- Molinos Río de la Plata: una de las empresas líderes de la industria alimentaria en América Latina entregó un 35 por ciento.
- Papelera del Plata: el gigante nacional del papel sólo abasteció el 32 por ciento de los pedidos.
- Manfrey: la fábrica láctea aportó al programa sólo un 28 por ciento de los productos.
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