El agua grita y lxs funcionarixs callan
Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2023.
Las lluvias que cayeron en Andalgalá desde la semana anterior provocaron la crecida de los ríos Andalgalá, Choya y El Potrero, que bajan oscuros desde hace varios días. Si bien en épocas de crecidas podemos encontrarnos con mayor cantidad de sedimentos, en estas oportunidades todos los vecinos y vecinas estamos observando un superlativo arrastre de sedimentos en el agua. Esto, sumado a la demora en aclararse, que aún continúa, ha saturado la capacidad de las plantas potabilizadoras y quienes habitamos en el territorio hemos sido privadxs de este bien común o hemos visto salir agua marrón por nuestras cañerías.
Los tres ríos mencionados nacen en el cordón montañoso del Aconquija, en la zona donde se encuentran trabajando las máquinas del proyecto MARA, de Yamana Gold, Glencore y Newmont.
Es absolutamente innegable que la remoción de suelos para abrir caminos, la perforación de los cerros y la destrucción de la vegetación en la zona por los trabajos totalmente ilegales de exploración avanzada están impactando el ambiente donde nacen los ríos y sus consecuencias se ven en el agua que llega a nuestros hogares y fincas.
Además de afectar la calidad de vida y la salud de lxs vecinxs y todos los seres vivientes, la falta de agua potable provocó además gastos económicos imprevistos a familias que debieron comprar agua embotellada (con los elevados costos que implica) no sólo para beber sino también para cocinar.
El agua en Andalgalá tiene una sola fuente y son nuestros cerros, cualquier movimiento sobre los mismos impacta directamente sobre nuestros ríos poniendo en riesgo la vida de nuestro pueblo y de todas las especies que en él habitamos.
Mientras esto sucede, el gobierno provincial solo toma un lugar: el de quienes amenazan la vida de los pueblos posicionándose del lado de las empresas extractivistas, nunca del lado de la preservación del agua como derecho fundamental para la vida.
Por otra parte, ¿qué pasa con el poder de policía ambiental que el gobierno municipal debe ejercer por ley? Es su deber realizar, de manera urgente, una inspección ocular en el yacimiento Agua Rica y zonas aledañas, para confirmar lo que lxs vecinxs denunciamos hace meses y lo que evidencian las fotografías: que el daño avanza sobre nuestro territorio y nuestras fuentes de agua.
Para esto no hay otra decisión posible: la paralización inmediata del proyecto MARA.
Para dejarlo en claro: la asociación o inacción de lxs funcionarixs responsables ante todos estos gravísimos hechos lxs convierte en cómplices de violar, entre otros, el derecho humano al agua y al agua como derecho fundamental para la vida de los pueblos y seres vivientes (reconocido por nuestra Constitución Nacional, leyes nacionales y por tratados internacionales) y lxs hace pasibles de ser denunciados por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.
Lago escondido: Gabriel Berrozpe:
«No eran gauchos, lo que vimos en
acción fue a un grupo paramilitar»
Por Tatiana Scorciapino, Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2023.
El dirigente de Peronismo de la Soberanía estuvo en Lago Escondido y fue agredido. «El propio juez me dijo que la gente de Lewis podía cortar la luz y matarme en el hospital».
Este miércoles, en el marco de la séptima marcha por la soberanía de Lago Escondido, un grupo de ocho personas fue atacado por parte de una patota que les impidió ingresar al lugar donde se ubica la estancia de Joe Lewis. Entre los heridos se encontraba el exconcejal de Quilmes e integrante de la Mesa Nacional del Peronismo de la Soberanía, Gabriel Berrozpe, quien habló con Tiempo y relató con crudeza las agresiones que padeció por parte de los empleados del magnate.
-¿Cómo inició el ataque por parte de este grupo?
-Las ocho personas que estábamos en el lugar -cinco hombres y tres mujeres-, nos acercamos a negociar para que nos permitan ingresar al lago. En ese momento uno de ellos me anticipa que va a golpearme, por eso intento salir corriendo. Al instante, y desde arriba de un caballo, me golpean con un rebenque que me rompe la nariz. Luego el tipo metió su caballo en el medio de nuestro grupo y lo que siguió fue una golpiza feroz. Mientras estábamos en el espacio de diálogo, ellos aprovecharon para rodearnos. Por eso cuando intentamos retroceder ya era tarde. Fue una emboscada.
-¿Quiénes integraban este grupo?
-No son “gauchos”, como quieren instalar. Nosotros vimos en acción un armado paramilitar que tiene la función de defender los intereses de Joe Lewis. El responsable de este grupo es Pablo Puchy, que maneja las tierras linderas a la estancia del empresario. Además lo apoyaron otros dos hombres que estuvieron a cargo de la caballería. Uno de ellos tenía la cara tapada, por lo que no pudimos reconocerlo, pero el otro es Segundo Montero, el anterior “dueño” de las tierras, que fue quien me golpeó en primer lugar.
-Además de la rotura de naríz, tenés una fractura en la pierna…
-Tengo la pierna fracturada en dos partes. En medio de la golpiza caí y quedé posicionado entre un árbol y una camioneta con la cara ensangrentada y la sensación de que el cerebro me latía. Apareció la esposa de Puchy y agarró un cascote del tamaño de dos cabezas. Como la vi con intención de revolearlo, le rogué por mi vida. Un segundo antes de tirarme este objeto me gritó “hijo de puta, te voy a matar” y, estando a medio metro, me arrojó el cascote a la cabeza. Como un acto reflejo levanté la pierna para frenar el tiro y se me fracturó la extremidad. No sé qué hubiese pasado si no reaccionaba. Si el golpe lo recibía en otra parte del cuerpo, hoy no estaría vivo. Tuve que huir con la pierna rota y a los rebencazos, porque nunca dejaron de castigarnos.
-¿Cómo lograron salir del lugar?
-Después de ser atacados por la gente de Lewis, la policía llegó en una camioneta manejada por el propio Montero. Cuando le dijimos a uno de los oficiales que la misma persona que los condujo hasta nosotros fue quien nos atacó, nos dijeron que ellos “no podían hacer nada”. Como si fuese poco, Montero se aprovechó de su impunidad y nos arrojaba tierra con las ruedas de la camioneta y hasta intentó atropellarnos. Todo esto ocurría a la vista de la policía, que estaba allí sin armas reglamentarias y ni un handy para poder llamar a la ambulancia. Fue un vecino el que se comunicó con los médicos.
-¿Cuánto tiempo esperaron la ambulancia?
-Una hora. Cuando los médicos llegaron nos dijeron que tenían miedo de sacarnos de ese lugar por las posibles represalias que podría haber para con ellos. No los juzgo, si viviese ahí, yo también lo tendría.
-¿Cómo fue el momento en que llegas al hospital?
-Primero fui trasladado a una salita que se encuentra a doscientos metros del lugar en donde estábamos y de ahí al hospital de El Bolsón. Ese centro de salud no cuenta con los aparatos necesarios para atender a una persona en el estado que me encontraba, por eso sólo me hicieron radiografías. Tuve que exigir que me trasladen hacia Bariloche para que me atendieran de manera correcta.
-¿Cómo lograste el traslado?
-Fue por una cuestión de seguridad y en contra del propio hospital. Marcelo Muscillo, el juez que está a cargo de la causa, se apersonó en la sala en la que me encontraba y dictó una orden de traslado en ambulancia y no por mis propios medios, como querían que hiciera. No fue por razones médicas, fue por seguridad. El propio juez me dijo que la gente de Lewis maneja todo y que, si quieren, pueden cortar la luz del hospital y entrar a matarme sin que nadie se entere. Mientras yo estoy hospitalizado, esta gente está libre. Se manejan como los dueños del lugar.
-Con esta información, ¿considerás que el ataque fue armado?
-Lo que pasó ese día fue una tentativa de homicidio y así fue como lo denuncié. No hay dudas de que esta gente me intentó matar. Yo fui el primero en ser agredido, por eso creo que fui marcado. Un médico forense vio mis estudios y sostuvo que esto no era un “ataque normal”. Por eso creo que hubo un ensañamiento particular hacia mi persona. Provengo de una familia perseguida durante la dictadura, tengo un tío desaparecido, esto no me parece una coincidencia.
-Sabiendo esto, ¿por qué crees que el Estado no interviene?
-Quizás la gobernadora está deseando un muerto. No hay otra explicación para que no esté tomando cartas en el asunto. Aunque esté la policía en el lugar, está claro que están con órdenes de mantener una actitud pasiva. Los vecinos debieron, forzosamente, naturalizar que nadie los cuida y que el aparato estatal está a disposición de este usurpador.
-Teniendo en cuenta que cualquiera tiene a mano un celular para grabar y en los videos viralizados queda expuesto quién inició este ataque, ¿por qué crees que siguen utilizando estos mecanismos?
-Porque pueden. Esta gente se maneja en el territorio como si fuera la ‘República de Lewis’ y, por eso, está permitido matar a quien intente entrar “a su país”. No sólo hay una banda parapolicial que tiene amenazados a los vecinos sino que también maneja hasta la señal de los teléfonos celulares porque la antena se encuentra dentro de su predio. Lewis es quien decide cuándo hay o no señal en los celulares. El empresario controla la zona con el aval de la Justicia y la vista gorda de la gobernadora de Río Negro. El mismo día que nos cagaron a palos, el intendente de El Bolsón le estaba entregando un premio a la fundación de Lewis. Detrás de esto hay mucho más que sólo una estancia y la vista a un lago y quedó demostrado con los chats que se filtraron en diciembre.
-¿Algún funcionario del Estado nacional o provincial se puso en contacto con vos?
-Todavía no tuve ninguna comunicación oficial por parte de ningún representante para hacerse cargo de esta situación y tomar cartas en el asunto. Circula el rumor de que Horacio Pietragalla tiene intención de intervenir, pero, hasta el momento, nadie se comunicó con nosotros. Todos los que estaban en Lago Escondido pudieron salir y volver a sus respectivas casas, pero yo continúo internado, lejos de mi lugar y en territorio enemigo. Por eso hago responsable a la gobernadora de la provincia por lo que me pasó, me pasa y lo que me pueda pasar. «
Fuente: Tiempo argentino
En solidaridad con el paro nacional
y la lucha del pueblo peruano, el
jueves se realizará una marcha a
Plaza de Mayo /Exigirán ruptura de
relaciones con la dictadura de
Boluarte
Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2023,
Organizaciones de la Comunidad Peruana y de Argentina se Movilizan el Jueves 9 para exigirle a Alberto Fernández que rompa relaciones con el gobierno asesino y usurpador que encabeza Dina Boularte.
Nos movilizamos en simultaneo con el paro nacional y movilización convocado por la CGT Perú para ese día, junto a organizaciones del país hermano que desde hace semanas están en las calles enfrentando una masacre con más de 75 muertos.
Perú estuvo junto a Argentina en la Guerra de Malvinas. Hoy necesitan que nuestro pueblo, sus organizaciones, nos movilicemos para que ellos puedan vencer a un gobierno y un régimen que desprecian la vida del pueblo pobre y aplica una política de hambre, saqueo, endeudamiento y dependencia. Para beneficio de las multinacionales y un puñado de socios locales.
El Comité Argentino de Solidaridad con la Lucha del Pueblo de Perú, llama ampliamente a toda la comunidad peruana en Argentina y a todas las organizaciones democráticas, solidarias y antiimperialistas, a sumarse a la movilización y a las acciones que ayuden al pueblo peruano a ganar esta lucha.
Este lunes 6, a las 18 hs, en Pueyrredon 19, CABA, se realizará una nueva reunión de las organizaciones de este espacio.
Fuerza Pueblo Peruano!
No están Solos!
Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Peruano.
Buenos Aires. 5/2/23.
Lucía Pérez: comienza el segundo
juicio por violación y femicidio
Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2023.
El segundo juicio Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (47), acusados de violar y asesinar a la joven Lucía Pérez, en Mar del Plata en octubre de 2016, comenzará el próximo martes y se extenderá por al menos dos semanas, con la declaración de casi 50 testigos, informaron fuentes judiciales. Los dos imputados habían sido condenados solo por venta de drogas
El nuevo debate oral se desarrollará desde las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 (TOC 2) marplatense. Farías y Offidani no estarán presentes, ya que seguirán cada audiencia de manera remota desde sus lugares de detención. Ambos están acusados por el delito de «abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio».
Ambos enfrentarán este nuevo juicio, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmara una resolución del Tribunal de Casación Penal provincial, que anuló la absolución por los delitos de abuso sexual y femicidio dictada en 2018 en un primer debate oral ante el TOC 1.
El juicio se desarrollará ante un nuevo tribunal, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, con la acusación a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7.
Las abogadas Verónica Heredia y María Florencia Piermarini intervendrán como particular damnificado, en representación de los padres de Lucía (16), Marta Montero y Guillermo Pérez, y de su hermano, Matías.
La defensa particular de Offidani estará a cargo de César Sivo y Romina Merino, y Farías será asistido por la defensora oficial Laura Solari.
Las audiencias se desarrollarán en la sede del TOC 2, en el sexto piso de los tribunales locales, y está previsto que el juicio se extienda por al menos dos semanas, con fecha estimada de sentencia el 1 de marzo, según indicaron fuentes judiciales.
Si bien inicialmente estaba prevista la declaración de más de 80 testigos, el número fue reducido finalmente a 49, según se estableció en una audiencia preliminar realizada días atrás. En la primera jornada, las partes plantearán sus lineamientos y está prevista la declaración testimonial de los padres de la víctima.
Por pedido de las defensas, no estarán presentes en la sala ninguno de los dos acusados, quienes seguirán el juicio de manera remota: Farías, desde la Unidad Penal de Florencia Varela, y Offidani, desde la Alcaidía Penitenciaria de Batán. El desarrollo del juicio será seguido además desde otra sala ubicada en el segundo piso de los tribunales, donde estarán presentes allegados de los imputados y de la víctima, y representantes de 11 organizaciones y entidades que intervienen como amicus curiae en el caso. La apertura y el cierre serán transmitidas además a través de YouTube.
Por cuestiones de seguridad, se dispuso además que las inmediaciones de los tribunales locales sean valladas, pese al pedido de los familiares de la víctima para que dejaran acercarse al edificio a agrupaciones que anunciaron que se movilizarán para exigir la condena de los imputados.
De cara a este nuevo juicio, la madre de Lucía pidió que se dicte un fallo condenatorio «como corresponde» y que la joven «pueda descansar en paz», y aseguró que es «lo menos que se tiene que lograr».
«Es sufriente nuevamente comenzar de nuevo todo, por eso lo menos que tenemos que lograr es que se haga justicia por Lucía, que ella tenga su justicia y que estas personas queden detenidos como corresponde y que no hagan más daño a nadie. Esa es nuestra expectativa y creo que es lo normal de cualquier familia que pide justicia por su ser querido», señaló en diálogo con Télam.
Durante el primer juicio, realizado en noviembre de 2018, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que asistía Lucía.
Ambos fueron absueltos sin embargo por las acusaciones de abuso sexual seguido de muerte y femicidio, pero la sala IV del Tribunal de Casación bonaerense revocó ambas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la «nulidad» del primer juicio y ordenó la realización de uno nuevo.
Esa resolución fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial, pese a los recursos presentados por las defensas de los imputados. En el primer juicio había sido absuelto además un tercer acusado en la causa, Alejandro Maciel, quien falleció en julio de 2020.
Offidani y Farías se encuentran detenidos por la pena impuesta por tenencia y venta de drogas cerca de la escuela de Lucía, y cumplen además prisión preventiva por la acusación de cara a este nuevo juicio. El defensor de Offidani cuestionó la realización de un segundo debate, y expresó «suma preocupación», porque aseguró que «lo instalado en las diversas campañas que se han venido realizando desde hace ya bastante tiempo no se corresponde con lo que existe en la causa. ni con lo que las pruebas muestran».
«Estamos ante un segundo juicio en donde ya hubo una absolución por ausencia de delito, en donde un tribunal superior anuló el fallo, de hecho este juicio se nutre con la misma evidencia del anterior, no por deficiencias en el análisis de la prueba, sino por el modo de redactar el mismo», dijo Sivo a Télam.
La muerte de Lucía ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 2016, y de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la adolescente había conocido a los dos acusados un día antes, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 de Mar del Plata para venderle un cigarrillo de marihuana.
Al día siguiente, Farías citó a la chica en su domicilio de la calle Racedo al 4800, en la zona sur de la ciudad, donde habría sido drogada y abusada hasta la muerte. Tras el primer proceso, los jueces Gómez Urso y Viñas fueron acusados de «negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta» por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires. Carnevale, por su parte, renunció a su cargo para jubilarse y así evitó ser sometido a un jury de enjuiciamiento.
Por solicitud de Cancillería: Justicia
local investigará desaparición de
documentación sobre criminal nazi
Eichmann
Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2023.
La justicia penal argentina, por una denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores, investigará la desaparición de documentación oficial referente al criminal nazi Adolf Eichmann.
La decisión se adoptó en el marco de un proceso judicial impulsado por la periodista argentino-alemana Gaby Weber. Es la primera causa judicial amparada en la ley para el acceso a la información pública (ley nro. 27275). Y para el abogado Dante Reyes Marín la sentencia del juez Santiago Carrillo abre un camino para todos los historiadores, periodistas y ciudadanos en aras de garantizar la transparencia del accionar de un gobierno.
Weber investiga desde hace años cómo el oficial de las SS, Adolf Eichmann, fue expulsado en mayo de 1960 desde Argentina a Israel – el servicio secreto israelí se arroga haberlo “secuestrado”, lo que Weber considera una mentira. En aquel momento este asunto terminó en el Consejo de Seguridad de las NN.UU. Y la periodista encontró en el archivo público de Cancillería prueba de la existencia de documentación todavía secreta y relativa al caso de Eichmann y que echaría por tierra el discurso del secuestro heroico por parte de agentes del Mossad.
Aunque la sentencia obliga a Cancillería entregar esta documentación, el Ministerio ha sido reacio al cumplimiento, aunque ahora, en virtud de los hechos de la causa, se ve forzado a solicitar a la justicia penal federal, investigar qué pasó con sus papeles.
“Infórmese, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, de fecha 22 de octubre de 2020, recaída en los autos “WEBER, GABRIELE C/ EN-M RREE Y C S/PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expediente Judicial CAF 022190/18), la imposibilidad de hacer entrega de las copias certificadas de la documentación requerida por la Sra. Gabrielle Weber, a saber: Telegramas enviados al Ministerio desde la Embajada y el Consulado argentinos en Tel Aviv Nros. 25 (18-05-1960), 28 (25-05-1960), 31 (27-05-1960), 33 (30-05-1960) y 35 a 43 (junio de 1960), por no obrar registros en esta Jurisdicción relativos a las mismas, y en virtud del resultado infructuoso de las medidas desplegadas por este Ministerio tendientes a reconstruir los mentados documentos, así como la información presuntamente allí contenida”, señala el primer punto de la resolución 2022-948-APN-SECCYPE#MRE, de fecha 26 de diciembre de 2022, firmada por el Secretario de Planificación y Coordinación Exterior, Pablo Norberto Delgado.
Y en este marco, el punto cuatro de esa misma Resolución agrega: “Instrúyase a la Dirección de Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a radicar formal denuncia, según lo previsto por el art. 237 inc. a del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019), por la presunta comisión de un delito de acción pública referido a la posible sustracción o extravío de documentación telegráfica identificada en los archivos de esta Jurisdicción bajo los Nros. 25 (18-05-1960), 28 (25-05-1960), 31 (27-05-1960), 33 (30-05-1960) y 35 a 43 (junio de 1960), enviados en las citadas fechas a este Ministerio desde la Embajada y el Consulado argentinos en Tel Aviv”.
El inciso “a” del Código Procesal Penal Federal señala que “Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública: Los magistrados y demás funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones”, razón por la cual, y ante la imposibilidad del Ministerio de entregar la información que le fue requerida, se ha dispuesto la denuncia penal señalada.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ordenado “la apertura de una Información Sumaria con el objeto de comprobar la existencia de hechos que pudieren dar lugar a la apertura de un Sumario Administrativo, respecto del no hallazgo o eventual extravío de la documental referida en el Artículo 1° de la presente resolución, en cuyo reemplazo se han labrado y consignado notas testigo, a fin de identificar y determinar responsabilidades en dicho marco”.
La causa en cuestión, de autos “WEBER, GABRIELE C/ EN-M RREE Y C S/PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expediente Judicial CAF 022190/18), tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, que ordenó hacer entrega de las copias certificadas de la documentación que le fue requerida, a saber: Telegramas enviados al Ministerio desde la Embajada y el Consulado argentinos en Tel Aviv Nros. 25 (18-05-1960), 28 (25-05-1960), 31 (27-05-1960), 33 (30-05-1960) y 35 a 43 (junio de 1960).
La sentencia dictada en primera instancia fue apelada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, su recurso fue rechazado por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, así como el Recurso Extraordinario Federal interpuesto luego por el Ministerio demandado.
El caso ahora, sin perjuicio de su avance en primera instancia, se encuentra en estudio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal ante el cual el Ministerio condenado interpuso un Recurso de Queja por denegación del Recurso Extraordinario, el que, sin embargo, no suspende el avance del proceso, a menos que sea acogido por la Corte, lo que no ha sucedido hasta ahora.
La periodista, querellante de la causa, considera incluso que la reciente solicitud de Cancillería de instar una denuncia penal, es otra maniobra del Ministerio para no cumplir con la sentencia y abrir su archivo reservado sobre los nazis y los acontecimientos de mayo de 1960.
“Obviamente, hay mucha presión de parte de Israel y EE.UU. La Cancillería tenía desde el año 1992, cuando Carlos Menem decretó la apertura de todos los documentos sobre el tema Nazi, la obligación de transferirlos al Archivo General de la Nación, pero omitió su deber de hacerlo. ¿Y recién ahora, cuando un juez quiere verlos, se da cuenta?”, se pregunta Weber.
Declaración de la Unión Cultural
Armenia con motivo de los
terremotos en Siria y Turquía
Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2023.
La UCA y su Juventud –la JUCA– emitieron una declaración pública expresando su dolor y llamando a la solidaridad con los pueblos que fueron víctimas del accionar devastador de la naturaleza.
Nuestro dolor y nuestra solidaridad activa para con los pueblos que fueron víctimas del terremoto que asoló Siria y Turquía
Hoy amanecimos con la noticia de que un terremoto había devastado una importante área geográfica de lo que conocemos como Anatolia y Medio Oriente, causando cientos de muertos y heridos, y destruyendo parcialmente distintas ciudades y poblados de la República de Turquía y la República Árabe de Siria. Con epicentro en Marash (en Turquía actual), el sismo también provocó irreparables pérdidas humanas y severos daños materiales en ciudades como Aintab, Malatya, Adiyaman, Hatay, Jarpert y Diyarbakir (en actual territorio turco), y Alepo, Latakia y Tartus (en territorio sirio).
Leer o escuchar la mayoría de estos nombres es adentrarnos en nuestra historia colectiva y personal, ya que en casi todas ellas habitaron durante largos siglos nuestros antepasados armenios, conviviendo con hombres y mujeres de otras nacionalidades con distintas religiones, idiomas y tradiciones. Allí estuvieron nuestros padres, abuelos o bisabuelos hasta que el gobierno criminal de los Jóvenes Turcos y su continuidad kemalista, decidieron llevar adelante el genocidio de armenios como parte del proyecto panturquista, con la colaboración y la complicidad de las potencias occidentales. En esas tierras donde en un pasado se hicieron añicos los sueños y las esperanzas de millones de seres humanos -armenios, kurdos, árabes, asirios, yezidís, griegos, turcos y otros pueblos-, y donde hoy esos mismos pueblos siguen siendo víctimas de los proyectos de dominación que se enfrentan en la región, esta vez fue la acción de la naturaleza la que arrasó con otras miles de vidas y de nuevos sueños expresados en decenas de idiomas. El terremoto no es un castigo exclusivo para genocidas, dictadores, explotadores, opresores y/o negacionistas. Los golpes destructivos de la naturaleza lejos están de ser sinónimo de una “justicia divina”, ya que son especialmente los sectores populares de la sociedad en su conjunto quienes sufren de manera directa y por tiempo indefinido las consecuencias de estas tragedias naturales. Desde la Unión Cultural Armenia, institución creada por sobrevivientes del genocidio armenio e integrada en la actualidad por sus descendientes directos y por hombres y mujeres con un fuerte compromiso con la paz, la amistad entre los pueblos y la lucha por construir un mundo nuevo, manifestamos nuestro dolor y hacemos un llamado al conjunto de la sociedad argentina y, especialmente, a la comunidad armenia y a las colectividades hermanas, a hacer llegar nuestra solidaridad activa para ayudar a mitigar el dolor de las víctimas sobrevivientes.
Unión Cultural Armenia y su Juventud (JUCA)
Buenos Aires, 06 de febrero de 2023
«El Andariego» Felipe Burgos:
Homenaje al líder que marcó un hito
en el sindicalismo campesino
Por Elena Corvalán*, Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2023.
Vallisto de pura cepa, fue maestro, sindicalista y funcionario del desaparecido Miguel Ragone. Fue secuestrado y asesinado poco antes del golpe de estado, en febrero de 1976, pero su lucha abrió una huella que todavía se transita.
Organizaciones sindicales y de derechos humanos homenajearán es tarde al líder sindical Felipe Burgos, de destacada actuación en la provincia y la región y que fue secuestrado y desaparecido en el marco del terrorismo estatal de los años 70.
«El Andariego» Burgos, como todavía se lo recuerda por sus recorridas por las fincas de los Valles Calchaquíes a caballo y con su guitarra al hombro, fue uno de los fundadores, en 1969, de la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Afines (FUTSCA), bajo el lema, de rigurosa actualidad, «Ni tierra sin hombres ni hombres sin tierra». En palabras de Marcelo Rodríguez Faraldo, autor de la investigación “Felipe Burgos y la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Afines (FUSTCA)”, la FUSTCA «significó el mayor grado de organización y capacidad de incidir en políticas que tuvo el campesinado de Salta en toda su historia».
La FUSTCA agrupaba a trabajadores y a pequeños productores de los Valles Calchaquíes y también del norte provincial, donde había otros actores destacados de aquellos años, como Raúl Benjamín Osores y Asunción Pía Viltes, también perseguidos en los años de terror.Osores fue secuestrado y desaparecido y Viltes estuvo detenida y fue torturada.
Además, Burgos y sus compañeros se interesaron por las condiciones de las comunidades indígenas, organizando la Unión de Pobladores Aborígenes (UPA). Burgos fue quien incentivó al gobierno de Miguel Ragone (que también fue secuestrado y desaparecido, en marzo de 1976) a pensar una política pública estatal dirigida específicamente a los pueblos originarios. Con la asunción de Ragone a la primera magistratura provincial, en mayo de 1973, Burgos integró su gabinete con el cargo de director General de Promoción y Asistencia a la Comunidad, que dependía del Ministerio de Bienestar Social, cargo desde el que siguió su trabajo de promoción de las poblaciones campesinas e indígenas.
Las organizaciones que convocan a rendirle homenaje hoy recordaron que, entre otras acciones, la FUSTCA impulsó un proyecto de ley para expropiar tierras, un proyecto de adjudicación de tierras fiscales a habitantes indígenas y campesinos en el Chaco salteño, un proyecto de colonización y de reforma agraria y apoyaba que se dictara una nueva ley agraria nacional. Todas iniciativas que la malquistaron con las patronales, que ya venían bastante molestas con la organización sindical de los y las trabajadores rurales.
Propugnaba «una nueva vida, donde exista una mayor justicia, donde la riqueza del país sea distribuida más equitativamente, donde haya solidaridad entre todos los sectores, donde haya verdadero respeto por la persona humana, y donde el campesino deje de ser objeto de marginación y pase a ser actor y factor decisivo en la vida de los pueblos».
Inteligencia previa
Felipe Burgos fue secuestrado de su casa en la localidad de Campo Quijano (a 35 kilómetros de la ciudad de Salta) el 6 de febrero de 1976, hoy hace 47 años. Un grupo de hombres de civil y armados llegó hasta la vivienda familiar en dos automóviles Ford Falcon a eso de la 1.30 de la madrugada. La patota llamó insistentemente, Burgos le dijo a su esposa, María Inés Caso, que se encerrara en el cuarto con las dos hijitas del matrimonio, y le pidió que no saliera, pasara lo que pasara. Ni bien abrió la puerta lo hicieron subir a uno de los vehículos, y lo desaparecieron.
En la causa abierta para investigar este hecho, Caso contó que después se dió cuenta de que hubo inteligencia previa. Unos días antes del secuestro un hombre llegó a la casa con el pretexto de hablar con Burgos sobre la venta de una renoleta. Sin desconfiar, Caso lo hizo pasar pero cuando le convidó un vaso de agua alcanzó a ver el arma que el hombre llevaba entre sus ropas. Enseguida el visitante inventó una nueva excusa para retirarse.
La misma mañana del secuestro Caso empredió la búsqueda de su marido. En la ciudad de Salta se topó con un conocido, Alvarez Leguizamón, que se ofreció a acompañarla. Mientras caminaban escucharon que habían encontrado dinamitado el cuerpo de Felipe Burgos en El Gallinato (a 29 kilómetros de la ciudad de Salta, en el departamento La Caldera), que ya ha sido señalizado como lugar de exterminio en los años de terror.
Con un hermano de Burgos fueron a la morgue, a la que ingresaron Alvarez Leguizamón y su cuñado, pero no pudieron reconocer el cadáver porque les dijeron que estaba en avanzado estado de putrefacción. Caso se convenció de que no era el cuerpo de Felipe Burgos, que no llevaba ni un día desaparecido. Sin embargo, años después se topó con el hombre que les había dado esa información. Sin saber que era la esposa de Burgos, le contó que había estado internado en un hospital neuropsiquiátrico por la afectación que le provocó su trabajo en la morgue, incluso dijo que creía que lo iban a desaparecer por todo lo que había visto en ese lugar, y añadió que una de las peores cosas que había tenido que hacer era mentirle al hermano de su mejor amigo, Felipe Burgos, que su cadáver, que había recibido en una bolsa de arpillera, proveniente de El Gallinato, eran restos en avanzado estado de descomposición.
Un vallisto con visión latinoamericana
Felipe Burgos nació el 11 de abril de 1935 en la finca El Manzano, en el departamento de Rosario de Lerma. Rodríguez Faraldo cuent que el padre de Felipe, Indalecio Burgos, era un arriero que llevaba ganado vacuno a Chile, mientras que su madre, Esperanza Abán, trabajaba para finqueros de Las Lomitas, localidad próxima a Campo Quijano.
Como integrante de una familia de diez hermanos, Felipe Burgos se crió realizando todo tipo de tareas rurales y vendía pan y empanadas preparadas por su madre. Sin embargo, su tío, el reconocido dirigente sindical Alberto Abán, que además militaba en el radicalismo, lo alentó a estudiar en escuela técnica en la ciudad de Salta.
Muy joven, fue a trabajar como maestro en Cátua, en el departamento Susques de la provincia de Jujuy, en plena Puna, muy cerca del Salar de Cauchari, a solo 20 kilómetros del límite con Salta, y a un día a caballo desde la estación Olacapato, «donde conoció en profundidad las penurias de los más pobres y desde donde comenzó su militancia sindical», sostiene Rodríguez Faraldo.
Felipe Burgos era también un ferviente creyente católico, influenciado por las posiciones que adoptó la Iglesia en el Concilio Vaticano II y la II Conferencia Episcopal de Medellín. Militó en la Democracia Cristiana (DC) y luego en el Partido Revolucionario Cristiano, por cuya vía llegó al peronismo, cuando este partido participó del Frente Justicialista para la Liberación (FREJULI) en las elecciones de 1973.
Su primera experiencia organizativa fue el Centro de Promoción Rural Las Lomitas, fundado en mayo de 1965 y que tenía una fuerte vinculación con Acción Católica, a tal punto que se proponía evitar la contaminación de las familias rurales con el “virus del comunismo – marxismo – leninismo”.
Sin embargo, al año siguiente comenzó su acción sindical en la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), donde su tío era delegado regional.
En 1969 fue uno de los creadores de la FUSTCA, en desacuerdo con las autoridades nacionales de FATRE, «por el centralismo en la toma de sus decisiones y por el manejo discrecional de los aportes realizados a las obras sociales de los trabajadores rurales, quienes no percibían ningún tipo de beneficio en contraparte por los aportes realizados», cuenta Rodríguez Faraldo.
La acción política y sindical de Felipe Burgos lo puso rápidadamente en la mira de la patronal y de la represión. Consecuentemente, recibió amenazas, fue persiguido por las fuerzas de seguridad, fue encarcelado y torturado y debió exiliarse en Chile durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
En ese exilio siguió su formación y conoció otras experiencias de desarrollo rural en distintos países de América Latina, como Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. En ese contexto, estableció nexos con organizaciones rurales, entre ellas la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) que por entonces nucleaba a 6.000.000 de trabajadores en América Latina, y con la Federación Campesina Latinoamericana (FCL), con sede en Venezuela, «proyectando una vocación latinoamericanista del campesinado salteño», en palabras de su biógrafo. También participó de organizaciones internacionales como en la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos de Trabajadores Agrícolas y la Federación Mundial de los Trabajadores de la Agricultura.
La persecución al ragonismo
La gobernación de Ragone soportó varios embates antes de caer, en noviembre de 1974. Ni bien lograron la caída de su gobierno, sus enemigos se ensañaron con él y sus seguidores o aliados circunstanciales. Fue lo que pasó con Burgos.
Es larga la lista de cercanos a Ragone que fueron víctimas del terrorismo, paraestatal y estatal, y muestra con claridad que se buscó eliminar toda idea de equidad en la sociedad argentina. Eduardo Fronda, sindicalista de vendedores ambulantes y militante de la Lista Verde (que llevó la canidatura de Ragone en 1973) y que festejó el triunfo y la asunción del gobernador, fue detenido, torturado y asesinado en enero de 1975; Luciano Jaime, periodista y militante peronista cercano a la Lista Verde, fue secuestrado y asesinado en febrero de 1975; Guillermo Álzaga, secretario general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Tabaco de la República Argentina (SUETRA) y que había sido secretario de Trabajo de Ragone, fue asesinado el 18 de diciembre de 1975.
Los militantes de la JP del Norte, como Nicolasa del Valle “Menena” Montilla, Pedro Urueña, René Santillán, Luis “Lucho” Vuistaz, su cuñada Sylvia Ruth Sáez de Vuistaz, Mario Bernardino Luna Orellana, Santos Abraham Garnica, Raúl Araujo (Federación Juvenil Comunista, con vínculos con el peronismo de la Tendencia), Benita Medina de Giménez y Raúl Osores, fueron secuestrados y desaparecidos. La pareja de Osores, Pía Viltes, fue detenida y torturada; Aldo Víctor Bellandi, que fue secretario de Movilidad, fue detenido y torturado; Luis Eduardo Risso Patrón, del PRT, pero que había accedido a una banca en Diputados mediante una alianza con el ragonismo, fue perseguido, secuestrado, torturado y asesinado; Ramón Gerardo “Chicho” Gallardo, también militante del PRT pero que había sido funcionario del ragonista Gerardo Bavio en la intendencia de Salta, fue secuestrado y desaparecido; las hermanas Francisca Delicia Torres y Carmen Berta Torres, ambas de la Lista Verde y la última funcionaria del área de Ambiente en el gobierno de Ragone, fueron desaparecidas.
«El Andariego» Felipe Burgos
Homenaje al líder que marcó un hito en el sindicalismo campesino
Vallisto de pura cepa, fue maestro, sindicalista y funcionario del desaparecido Miguel Ragone. Fue secuestrado y asesinado poco antes del golpe de estado, en febrero de 1976, pero su lucha abrió una huella que todavía se transita.
6 de febrero de 2023 – 01:09
Organizaciones sindicales y de derechos humanos homenajearán es tarde al líder sindical Felipe Burgos, de destacada actuación en la provincia y la región y que fue secuestrado y desaparecido en el marco del terrorismo estatal de los años 70.
«El Andariego» Burgos, como todavía se lo recuerda por sus recorridas por las fincas de los Valles Calchaquíes a caballo y con su guitarra al hombro, fue uno de los fundadores, en 1969, de la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Afines (FUTSCA), bajo el lema, de rigurosa actualidad, «Ni tierra sin hombres ni hombres sin tierra». En palabras de Marcelo Rodríguez Faraldo, autor de la investigación “Felipe Burgos y la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Afines (FUSTCA)”, la FUSTCA «significó el mayor grado de organización y capacidad de incidir en políticas que tuvo el campesinado de Salta en toda su historia».
La FUSTCA agrupaba a trabajadores y a pequeños productores de los Valles Calchaquíes y también del norte provincial, donde había otros actores destacados de aquellos años, como Raúl Benjamín Osores y Asunción Pía Viltes, también perseguidos en los años de terror.Osores fue secuestrado y desaparecido y Viltes estuvo detenida y fue torturada.
Además, Burgos y sus compañeros se interesaron por las condiciones de las comunidades indígenas, organizando la Unión de Pobladores Aborígenes (UPA). Burgos fue quien incentivó al gobierno de Miguel Ragone (que también fue secuestrado y desaparecido, en marzo de 1976) a pensar una política pública estatal dirigida específicamente a los pueblos originarios. Con la asunción de Ragone a la primera magistratura provincial, en mayo de 1973, Burgos integró su gabinete con el cargo de director General de Promoción y Asistencia a la Comunidad, que dependía del Ministerio de Bienestar Social, cargo desde el que siguió su trabajo de promoción de las poblaciones campesinas e indígenas.
Las organizaciones que convocan a rendirle homenaje hoy recordaron que, entre otras acciones, la FUSTCA impulsó un proyecto de ley para expropiar tierras, un proyecto de adjudicación de tierras fiscales a habitantes indígenas y campesinos en el Chaco salteño, un proyecto de colonización y de reforma agraria y apoyaba que se dictara una nueva ley agraria nacional. Todas iniciativas que la malquistaron con las patronales, que ya venían bastante molestas con la organización sindical de los y las trabajadores rurales.
Propugnaba «una nueva vida, donde exista una mayor justicia, donde la riqueza del país sea distribuida más equitativamente, donde haya solidaridad entre todos los sectores, donde haya verdadero respeto por la persona humana, y donde el campesino deje de ser objeto de marginación y pase a ser actor y factor decisivo en la vida de los pueblos».
Inteligencia previa
Felipe Burgos fue secuestrado de su casa en la localidad de Campo Quijano (a 35 kilómetros de la ciudad de Salta) el 6 de febrero de 1976, hoy hace 47 años. Un grupo de hombres de civil y armados llegó hasta la vivienda familiar en dos automóviles Ford Falcon a eso de la 1.30 de la madrugada. La patota llamó insistentemente, Burgos le dijo a su esposa, María Inés Caso, que se encerrara en el cuarto con las dos hijitas del matrimonio, y le pidió que no saliera, pasara lo que pasara. Ni bien abrió la puerta lo hicieron subir a uno de los vehículos, y lo desaparecieron.
En la causa abierta para investigar este hecho, Caso contó que después se dió cuenta de que hubo inteligencia previa. Unos días antes del secuestro un hombre llegó a la casa con el pretexto de hablar con Burgos sobre la venta de una renoleta. Sin desconfiar, Caso lo hizo pasar pero cuando le convidó un vaso de agua alcanzó a ver el arma que el hombre llevaba entre sus ropas. Enseguida el visitante inventó una nueva excusa para retirarse.
La misma mañana del secuestro Caso empredió la búsqueda de su marido. En la ciudad de Salta se topó con un conocido, Alvarez Leguizamón, que se ofreció a acompañarla. Mientras caminaban escucharon que habían encontrado dinamitado el cuerpo de Felipe Burgos en El Gallinato (a 29 kilómetros de la ciudad de Salta, en el departamento La Caldera), que ya ha sido señalizado como lugar de exterminio en los años de terror.
Con un hermano de Burgos fueron a la morgue, a la que ingresaron Alvarez Leguizamón y su cuñado, pero no pudieron reconocer el cadáver porque les dijeron que estaba en avanzado estado de putrefacción. Caso se convenció de que no era el cuerpo de Felipe Burgos, que no llevaba ni un día desaparecido. Sin embargo, años después se topó con el hombre que les había dado esa información. Sin saber que era la esposa de Burgos, le contó que había estado internado en un hospital neuropsiquiátrico por la afectación que le provocó su trabajo en la morgue, incluso dijo que creía que lo iban a desaparecer por todo lo que había visto en ese lugar, y añadió que una de las peores cosas que había tenido que hacer era mentirle al hermano de su mejor amigo, Felipe Burgos, que su cadáver, que había recibido en una bolsa de arpillera, proveniente de El Gallinato, eran restos en avanzado estado de descomposición.
Un vallisto con visión latinoamericana
Felipe Burgos nació el 11 de abril de 1935 en la finca El Manzano, en el departamento de Rosario de Lerma. Rodríguez Faraldo cuent que el padre de Felipe, Indalecio Burgos, era un arriero que llevaba ganado vacuno a Chile, mientras que su madre, Esperanza Abán, trabajaba para finqueros de Las Lomitas, localidad próxima a Campo Quijano.
Como integrante de una familia de diez hermanos, Felipe Burgos se crió realizando todo tipo de tareas rurales y vendía pan y empanadas preparadas por su madre. Sin embargo, su tío, el reconocido dirigente sindical Alberto Abán, que además militaba en el radicalismo, lo alentó a estudiar en escuela técnica en la ciudad de Salta.
Muy joven, fue a trabajar como maestro en Cátua, en el departamento Susques de la provincia de Jujuy, en plena Puna, muy cerca del Salar de Cauchari, a solo 20 kilómetros del límite con Salta, y a un día a caballo desde la estación Olacapato, «donde conoció en profundidad las penurias de los más pobres y desde donde comenzó su militancia sindical», sostiene Rodríguez Faraldo.
Felipe Burgos era también un ferviente creyente católico, influenciado por las posiciones que adoptó la Iglesia en el Concilio Vaticano II y la II Conferencia Episcopal de Medellín. Militó en la Democracia Cristiana (DC) y luego en el Partido Revolucionario Cristiano, por cuya vía llegó al peronismo, cuando este partido participó del Frente Justicialista para la Liberación (FREJULI) en las elecciones de 1973.
Su primera experiencia organizativa fue el Centro de Promoción Rural Las Lomitas, fundado en mayo de 1965 y que tenía una fuerte vinculación con Acción Católica, a tal punto que se proponía evitar la contaminación de las familias rurales con el “virus del comunismo – marxismo – leninismo”.
Sin embargo, al año siguiente comenzó su acción sindical en la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), donde su tío era delegado regional.
En 1969 fue uno de los creadores de la FUSTCA, en desacuerdo con las autoridades nacionales de FATRE, «por el centralismo en la toma de sus decisiones y por el manejo discrecional de los aportes realizados a las obras sociales de los trabajadores rurales, quienes no percibían ningún tipo de beneficio en contraparte por los aportes realizados», cuenta Rodríguez Faraldo.
La acción política y sindical de Felipe Burgos lo puso rápidadamente en la mira de la patronal y de la represión. Consecuentemente, recibió amenazas, fue persiguido por las fuerzas de seguridad, fue encarcelado y torturado y debió exiliarse en Chile durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
En ese exilio siguió su formación y conoció otras experiencias de desarrollo rural en distintos países de América Latina, como Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. En ese contexto, estableció nexos con organizaciones rurales, entre ellas la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) que por entonces nucleaba a 6.000.000 de trabajadores en América Latina, y con la Federación Campesina Latinoamericana (FCL), con sede en Venezuela, «proyectando una vocación latinoamericanista del campesinado salteño», en palabras de su biógrafo. También participó de organizaciones internacionales como en la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos de Trabajadores Agrícolas y la Federación Mundial de los Trabajadores de la Agricultura.
La persecución al ragonismo
La gobernación de Ragone soportó varios embates antes de caer, en noviembre de 1974. Ni bien lograron la caída de su gobierno, sus enemigos se ensañaron con él y sus seguidores o aliados circunstanciales. Fue lo que pasó con Burgos.
Es larga la lista de cercanos a Ragone que fueron víctimas del terrorismo, paraestatal y estatal, y muestra con claridad que se buscó eliminar toda idea de equidad en la sociedad argentina. Eduardo Fronda, sindicalista de vendedores ambulantes y militante de la Lista Verde (que llevó la canidatura de Ragone en 1973) y que festejó el triunfo y la asunción del gobernador, fue detenido, torturado y asesinado en enero de 1975; Luciano Jaime, periodista y militante peronista cercano a la Lista Verde, fue secuestrado y asesinado en febrero de 1975; Guillermo Álzaga, secretario general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Tabaco de la República Argentina (SUETRA) y que había sido secretario de Trabajo de Ragone, fue asesinado el 18 de diciembre de 1975.
Los militantes de la JP del Norte, como Nicolasa del Valle “Menena” Montilla, Pedro Urueña, René Santillán, Luis “Lucho” Vuistaz, su cuñada Sylvia Ruth Sáez de Vuistaz, Mario Bernardino Luna Orellana, Santos Abraham Garnica, Raúl Araujo (Federación Juvenil Comunista, con vínculos con el peronismo de la Tendencia), Benita Medina de Giménez y Raúl Osores, fueron secuestrados y desaparecidos. La pareja de Osores, Pía Viltes, fue detenida y torturada; Aldo Víctor Bellandi, que fue secretario de Movilidad, fue detenido y torturado; Luis Eduardo Risso Patrón, del PRT, pero que había accedido a una banca en Diputados mediante una alianza con el ragonismo, fue perseguido, secuestrado, torturado y asesinado; Ramón Gerardo “Chicho” Gallardo, también militante del PRT pero que había sido funcionario del ragonista Gerardo Bavio en la intendencia de Salta, fue secuestrado y desaparecido; las hermanas Francisca Delicia Torres y Carmen Berta Torres, ambas de la Lista Verde y la última funcionaria del área de Ambiente en el gobierno de Ragone, fueron desaparecidas.
*Salta 12
Piquetazo nacional: Contra el ajuste
de Tolosa Paz, Massa y el FMI la
Unidad Piquetera cortará este
martes accesos, rutas y puentes en
todo el país
Resumen Latinoamericano, 6 de febrero de 2023.
CORTES DE ACCESOS,RUTAS Y PUENTES EN MAS DE 130 PUNTOS EN 24 PCIAS.
El FMI ORDENA, LA MINISTRA TOLOSA PAZ CONDENA.
En AMBA cortes desde las 9 hs en:
Puente Pueyrredón (con la presencia de referentes nacionales).Puente La Noria.Acceso Oeste.Panamericana.Autopista La Plata.
Ya se han producido casi 160.000 suspensiones del Programa Potenciar Trabajo por lo que estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto.
El gobierno nacional de Fernández, Cristina y Massa han tomado esta medida, que aplica la Ministra de Desarrollo Tolosa Paz pero que ordena el FMI, como parte del AJUSTE que lleva adelante el gobierno, que se dice nacional y popular. El ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a desocupadxs, y precarizadxs, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia, los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de lxs trabajadorxs no registradxs o “en negro” que supera el 50 % de lxs trabajadorxs activxs , no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública.
El trabajo genuino no aparece, cuando hay algún trabajo es temporal y pagan menos que la canasta de indigencia. Mientras sigue creciendo la indigencia y la pobreza supera el 50% el gobierno hizo una auditoria virtual a sabiendas de que muchxs compañerxs están muy lejos de tener internet y en algunos pueblos no hay ni luz, lo hizo con toda la intención de que muchxs se quedaran afuera y así ahorrarse los recursos que ascienden a mas de 60 mil millones de pesos anuales.
Las Organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP, Evita, Somos, CCC y otros se han adaptado a este AJUSTAZO, y no abrieron la boca para defender a lxs compañerxs afectadxs, mucho menos movilizarse como sí hicimos desde la Unidad Piquetera. Creen que la plata “ ahorrada” ira para sus cooperativas y emprendimientos productivos, pero el FMI ha reclamado en su memorándum de diciembre que se ajusten las cuentas porque quieren la plata para ellxs.
En cambio para las patronales no hay ajuste, hay enormes beneficios; en los últimos días le ha perdonado una deuda multimillonaria a las empresas energéticas que dos por tres nos dejan sin luz. También le garantiza un dólar mucho mas caro que el oficial a los grandes pulpos sojeros que especulan contra el peso, empujando una devaluación de nuestra moneda que alimentará la inflación.
El ajuste no termina en los 160.000 despidos de febrero, el ajuste no se frena ni por la campaña electoral, van a seguir reduciendo el presupuesto porque eso es lo que reclama el fondo.
Defendemos a cada compañerx que necesita ese programa social, que la crisis la paguen los que la provocaron, no lxs trabajadorxs y jubiladxs.
El martes 7 de febrero salimos en una jornada nacional con cortes de acceso y de rutas desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca.
UNIDAD PIQUETERA
Envio:ResumenLatinoamericano
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