12 de febrero de 2023

TROPEL del 12.02.2023.

El Gobierno de Mendoza desconoce

al Pueblo Mapuche para abrir paso

a las petroleras

Por: Oscar Soto, Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2023.

El INAI reconoció la ocupación territorial a tres comunidades mapuche en el sur mendocino, tras un largo proceso ajustado a la legislación vigente. La reacción del gobierno de Rodolfo Suárez (UCR) y del sector empresarial es una dura campaña que niega la historia, los derechos indígenas y anticipa una persecución a las comunidades por las tierras concesionadas para la explotación petrolera.

Entre el 19 y 26 de enero el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” de tres comunidades pertenecientes al Pueblo Mapuche en el sur de Mendoza. A través de las resoluciones 36/2023, 42/2023 y 47/2023 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo dio a conocer los resultados del relevamiento técnico, jurídico y catastral en las comunidades lof El Sosneado (en San Rafael) y las lof Suyai Levfv y Limay Kurref (en Malargüe). El gobierno de Mendoza, a cargo de Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza), criticó la decisión públicamente, interpuso medidas cautelares y se dispone a denunciar a las familias originarias con un discurso que niega la preexistencia del Pueblo Mapuche y que reclama esos territorios para la explotación petrolera.

Las resoluciones del INAI reconocen la habitabilidad histórica de familias puesteras en 21.370 hectáreas pertenecientes a una lof en la zona de El Sosneado (límite entre Malargüe y San Rafael), así como también 3584 metros cuadrados —dimensión equivalente a un tercio de hectárea— a los integrantes mapuches del Lof Suyai Levfv en la localidad de Los Molles (Malargüe) y otras 4477 hectáreas a la Lof Limay Kurref, también en Los Molles. Casi al momento de conocerse estas medidas dictadas por el INAI, tanto el gobernador Rodolfo Suárez como el senador nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo se apresuraron a cuestionar esta medida, directamente argumentando que “los mapuches nunca vivieron en Mendoza”.

Fue el puntapié para, en Mendoza, reabrir un debate historiográfico inusitado. Pero lo llamativo es que este reconocimiento de tierras parece esconder otras razones que justifican los movimientos del gobierno provincial. El gobernador Suárez señaló que “el gobierno nacional entregó los pozos de Vaca Muerta a los ‘pseudos mapuches‘”.

Más que un debate étnico, en la provincia gobernada por Cambia Mendoza lo central es la explotación de recursos naturales a costa del derecho a los territorios de las familias campesinas e indígenas. Esta semana, el gobierno de Mendoza confirmó que, en la segunda quincena de febrero, comenzaron las perforaciones de YPF en el área de Vaca Muerta dentro de territorio mendocino.

Un discurso antimapuche sin grietas en Mendoza

La debilidad de los argumentos y la afrenta a la inteligencia histórica poco importan cuando se trata de una provincia en la que los organismos de control, el Poder Judicial y los medios masivos de comunicación mantienen una sólida connivencia con el oficialismo local. Las cámaras empresariales y turísticas alzaron su voz porque, según sostuvieron, “la decisión atenta, lisa y llanamente, contra la propiedad privada”.

La reacción empresarial busca realizar una movilización desde el Valle de Uco hasta Malargüe bajo consignas como “defendemos nuestro territorio” y contra los “falsos mapuches”. La idea la lanzó en redes sociales el empresario y ex titular de la Cámara de Comercio de General Alvear, Andrés Vavrik, con la difusión de los medios locales. El discurso empresario repite lo que quedó avalado por el relato político del gobierno provincial: “Los mapuches nunca estuvieron en Mendoza, no son originarios de acá y encima les están entregando las joyas de la abuela”.

Los intendentes de los departamentos de Malargüe, Juan Manuel Ojeda (Cambia Mendoza/UCR), y de San Rafael, Emir Félix (Partido Justicialista), coincidieron en negar los derechos indígenas, como suele suceder cuando se trata de defender los intereses de los grupos económicos: las “grietas” tienden a disiparse. Ojeda, que además impulsa la modificación de leyes para desarrollar la minería y el fracking, sostuvo en sus redes sociales que se trató de “una entrega ideologizada disfrazada de pueblos originarios que nunca estuvieron aquí” y citó al ex gobernador Cornejo —precandidato para volver a ocupar el cargo en 2023— respecto de la existencia de pozos petroleros dentro de los territorios reconocidos a las comunidades.

Por su parte, las comunidades del Pueblo Mapuche recibieron con alegría una decisión por la que trabajan y resisten desde antaño. Este reconocimiento constituye un mojón fundamental para avanzar en la escritura de las tierras que las comunidades habitan hace cinco o seis generaciones en esos territorios rurales. “Este reconocimiento de la Nación a esas tierras delimitadas se va a incluir en las causas judiciales para completar el reclamo y poder escriturar”, sostuvo Gabriel Jofré, werken (vocero) de la Organización Identidad Territorial Malalweche.

Si bien el INAI lo que hace es un relevamiento de tierras, no se trata de un otorgamiento de nuevos terrenos. Lo sucedido en Mendoza tiene su correlato en todo el país, amparado en la Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas. Según Luis Pilquimán —vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas— existen unas 900 comunidades relevadas desde el 2006 y la tarea del INAI es atender a la demanda de las comunidades con vistas a poder asegurar su tenencia territorial.

No son los mapuches, son los intereses privados

La reforma de la Constitución Nacional en 1994 jerarquizó el derecho indígena a partir del reconocimiento expreso de “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” en el artículo 75 inciso 17. Anteriormente, en marzo de 1992, el Congreso argentino aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, que fue ratificado por la Argentina en el año 2000 mediante la Ley 24.071. Las razones normativas que le asisten al Pueblo Mapuche, incluso ajustándose a la legalidad estatal aún siendo comunidades ancestrales, no hacen otra cosa que evidenciar la legítima ocupación del territorio que habitan desde hace, al menos, cien años.

El gobernador Suárez es el mismo que, en 2021, asignó gratuitamente 12.351 hectáreas del denominado «Campo Potreros de Cordillera» en el departamento de Malargüe a la empresa EL Azufre S.A. El mandatario provincial eludió toda la normativa nacional y provincial, en un acto de extrema irregularidad, pero ahora anuncia un contraataque contra las familias puesteras, el desconocimiento de las acciones del INAI y alienta discursos patoteros como el del diputado nacional de PRO Omar De Marchi —con quien los radicales mantienen diferencias de disputa electoral— pero que amenazó a las comunidad de Los Molles: “Ni un metro cuadrado de Mendoza dejará de ser suelo patrio”.

La estrategia del gobierno de Mendoza, a través de su Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, ha transitado dos carriles: por un lado deslegitimar la procedencia étnica de las comunidades campesinas e indígenas, así como asociar estas definiciones con una estrategia de desestabilización por parte del kirchnerismo y, más recientemente, argumentar que el territorio en cuestión es parte de la formación geológica conocida como Vaca Muerta.

Este argumento ha resistido pocos análisis, como lo demuestra el periodista Pablo Icardi: “No es que ‘queda’ dentro. Vaca Muerta es una formación a 2000 metros de profundidad, no un yacimiento. Cubre casi todo Neuquén y Malargüe. Para explotarlo hacen falta gestión, infraestructura y generar oportunidades, que en Mendoza no existen. Y no es culpa de los mapuches”.

El Director de Hidrocarburos de la provincia, Estanislao Schilardi, intervino en la disputa planteada por el gobierno mendocino. El funcionario sostuvo que en el territorio en cuestión hay 61 pozos de la industria petrolera. Pero, según publicó el diario Los Andes el martes pasado, desde la Dirección de Hidrocarburos se cruzaron datos con las petroleras para conocer la posible afectación entre las tierras otorgadas a comunidades mapuches y se relevaron “ocho concesiones petroleras que caen en zonas mapuches”. Entre esos pozos, Schilardi aclaró: “No afecta la zona de Vaca Muerta, pero hay zonas cedidas en explotación”.

Para las familias campesinas e indígenas resulta cuanto menos ofensivo que sean Suárez y su ministro Ibáñez los que hablen de las comunidades como apropiadores de terreno nacional, un año después del donativo a los propietarios de El Azufre. Para no perderse el protagonismo de esta coyuntura negacionista, el intendente de Malargüe bautizó una las jornadas del Festival del Chivo —el festejo local “en honor a las familias crianceras del lugar”— como “Malargüe es el Azufre”.

Lo llamativo es que, en ese espacio de pastoreo campesino-indígena, la empresa Sominar (Sociedad Minera Argentina) ocupa 430.000 hectáreas, siendo uno de los dos holdings que mejor ubicación ha ganado en los últimos años. Sominar detenta la naciente de los ríos Diamante y Atuel, territorios estratégicos en medio del secano sureño. Sucede algo similar con el consorcio del grupo Walbrook, conformado con capitales malayos, ingleses y argentinos que en el año 2003 (bajo la titularidad de la empresa Nieves de Mendoza) adquirió las acciones de IRSA y pasó a controlar el 97 por ciento del centro de esquí Las Leñas.

Es notorio el movimiento coordinado de todo el oficialismo mendocino, en todas las vertientes que componen la alianza “Cambia Mendoza” en la que el radicalismo y el PRO llevan la voz cantante. Todo parece indicar que la discusión de la “indianidad” ha sido la mejor forma de dejar en claro los intereses económicos que movilizan a las corporaciones económicas y políticas de Mendoza. En solo ocho años la entrega de territorios naturales y grandes hectáreas a manos privadas (nacionales y extranjeras) ha conformado una virtual privatización de la provincia.

Las resoluciones del INAI, que reconocen la ocupación ancestral, dan cuenta de un trabajo cartográfico georreferenciado, jurídico y antropológico de más de una década, amparado en la Ley 26.160. Esa ley —a la que el mismo Cornejo votó en épocas en las que mantenía otra alianza electoral— declara la “emergencia” en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y su última prórroga llega hasta el 2025.

De la negación del Pueblo Mapuche al poncho de San Martín

Si algo ha llamado la atención en estos días de acalorado debate etnográfico en Mendoza es la rapidez con que algunos intelectuales y académicos se han apresurado a decretar que las comunidades mapuches “no tienen derecho sobre nuestro territorio, porque nunca lo habitaron”. Además de las imprecisiones teóricas lo sugerente es que buena parte de esos discursos, herederos del positivismo liberal del siglo XIX, han sido asumidos por la dirigencia política a gusto y conveniencia.

Ni políticos oficialistas ni opositores, como así tampoco los medios hegemónicos de comunicación, han elevado la voz frente a la entrega de tierras a un grupo selecto en sur provincial, como tampoco lo han hecho cuando el gobernador “Rody” Suarez donó —vía decreto— un terreno en zona de alta montaña que pertenecía a la Dirección General de Escuelas de la provincia a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano. En tiempos en los que la Jefatura del Comando Sur de los Estados Unidos hace públicas las intenciones sobre los recursos estratégicos de la región, vale la pena prestar atención al laboratorio de privatizaciones que en Mendoza se está llevando a cabo.

Los pueblos indígenas representan cerca del cinco por ciento de la población mundial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) precisa que son 370 millones de personas, agrupadas en más de 5000 comunidades, en unos 90 países. En Argentina el censo nacional de 2010 relevó un total de 955.032 personas auto-identificadas como descendientes o pertenecientes a pueblos indígenas sobre un total de 45 millones de habitantes. Son 35 los pueblos indígenas oficialmente reconocidos, aunque los procesos de recuperación identitaria son dinámicos y este número es variable. El INAI ha relevado 1653 comunidades indígenas, entre las cuales 1456 han registrado su personería jurídica en el ámbito del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci), y de los registros provinciales.

La región de Cuyo es un importante escenario para comprender el despliegue invasor y la conflictividad de frontera que emerge, producto de la avanzada territorial de los conquistadores. La «frontera sur» que abarca al actual departamento de Malargüe, al sur del Diamante, incluyendo allí también el territorio de San Rafael, fue un espacio codiciado por sus recursos naturales, condiciones climáticas y la templanza de sus valles.

A fines del siglo XIX la “Conquista del Desierto” avanzó sobre los grupos indígenas del sur. Rufino Ortega condujo la IV División Expedicionaria al Desierto y se convirtió en uno de los responsables de tanto daño. Como premio a ello, en 1874, la legislación mendocina le otorgó la concesión de tierras en Malargüe para su ocupación gratis y usufructo pleno, en reconocimiento a la cantidad de asesinatos y vejaciones que le propinó las poblaciones indígenas.

Pese a ello, las prácticas culturales se han mantenido. Negarlo es menos un recurso histórico que un atajo ideológico; si hasta el poncho que usó el General San Martín da cuenta del legado mapuche en Cuyo. Fue a principios de los 2000, en continuidad con un proceso de la década anterior, que varios grupos rurales y urbanos proclamaron su identidad mapuche, mapuche-pehuenche y pehuenche en el sur. Se trata de familias que crían sus animales desde varias generaciones atrás en esos campos. Su reclamo es por el acceso a la tierra amparados en el Estado de Derecho. Es notorio que el gobierno provincial ahora criminaliza y niega a las comunidades mapuche-pehuenche, pero hace solo cuatro años reivindicaba su tarea «pionera» en consultar a las comunidades por el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento. Las cartas están sobre la mesa y en poco tiempo se sabrá hasta dónde llega la otra reemergencia: la política colonial que políticos y empresarios mendocinos han reiniciado.

FUENTE: Agencia Tierra Viva

Chubut: entre la política extractiva

y la soberanía alimentaria

Por: Nahuel Lag, Resumen Latinoameericano, 11 de febrero de 2023.

La provincia patagónica tiene lo necesario para producir alimentos en cantidad y calidad: agua, tierras y productores con la experiencia y el deseo de sembrar y críar animales, pero los gobiernos apuestan todo a la explotación petrolera, la megaminería y el monocultivo forestal. La agroecología y el comercio justo muestran que es posible otro modelo.

Chubut es la tercera provincia en extensión de la Argentina con 22.468.600 de hectáreas (ha), donde viven 509.108 personas. Con 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado es una de las provincias con menor densidad demográfica del país —el 90 por ciento de la población se concentra en cinco ciudades: Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel—. En ese vasto territorio, 16.977.583 ha están destinadas a la producción agropecuaria, pero solo el 0,25 (40.083 hectáreas) están destinadas a cultivos, lo que marca la tradición ganadera de la provincia: Chubut cuenta con el 28 por ciento del stock ovino nacional y es la principal exportadora de lana del país.

Esa tradición ganadera y las condiciones excepcionales de los valles y las áreas irrigadas de las zonas de cordillera para producir alimentos se ven amenazadas por las políticas extractivas: megaminería, urbanización para el turismo, política forestal y las novedosas políticas corporativas de energía eólica. Un nombre surge como reflejo de una provincia que aún no genera políticas para sus pequeños productores: Benetton, el mayor propietario de tierras del país.

Chubut se caracteriza por su tradición ovina —acompañada por el crecimiento del ganado bovino—, lo que permite realizar una primera foto de la situación provincial. A pesar de su baja densidad poblacional, según el INTA, la provincia no se autoabastece de carne. A este dato podría sumarse que el déficit persiste a pesar de que la provincia proveé el 21 por ciento de las capturas de pesca a nivel nacional. Y, a pesar de la amplitud territorial para desarrollar la actividad, según el Censo Nacional Agropecuario 2018, las explotaciones agropecuarias (EAPs) son 3146, una caída en comparación con los censos anteriores (3730 en 2002 y 4241 chacras en 1988).

El análisis comparativo a partir de los datos del CNA —publicados en el capítulo “Cambios en la producción agropecuaria de Chubut en el periodo 2002-2018” en el libro La Argentina agropecuaria vista desde las provincias de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti— se precisa aún más el retroceso de la principal actividad agropecuaria provincial: la superficie en producción se redujo, entre 2002 y 2018, en 2.150.307 hectáreas, un once por ciento. Esa merma “se podría explicar en un 99 por ciento por la disminución en el número de EAPs dedicadas a la actividad ganadera”, sostienen los autores.

Meseta, mallines y pueblos originarios

La actividad ganadera ocurre principalmente a lo ancho de “la Meseta”, campos de estepa con zonas de depresiones o valles que generan los mallines (humedales) que permiten la actividad de pastoreo. “La Meseta” se ubica en el centro de la geografía provincial, entre los valles irrigados de la Cordillera de Los Andes en el extremo oeste y el Valle Inferior del Río Chubut (Virch) en el extremo este provincial.

Esa geografía desafiante para la vida campesina atraviesa múltiples dificultades: desertificación y eventos climáticos extremos, ausencia del Estado para llevar servicios y caminos a la población rural, falta de políticas públicas productivas, abandono de campos de grandes terratenientes y un incesante discurso que busca convertir a esa zona productiva en un “desierto” para instalar proyectos de megaminería, como quedó expuesto en el Chubutazo de 2021 cuando se resistió la Ley de Zonificación Minera.

“Si el Estado estuviera presente en la Meseta habría más oportunidades. La política es que se vacíe. Dicen que no hay fuentes de trabajo, pero podría haber producción de alimentos para abastecer a la provincia”, asegura Gabriela Cual, integrante de la comunidad Mapuche-Tehuelche Mallín de los Cual, productores ovinos en la localidad de Gan Gan, donde la multinacional Pan American Silver busca activar su proyecto Navidad para la extracción de plata.

Esa mirada extractiva invisibiliza la producción local y las ventajas de los agroecosistemas de la Meseta como el acuífero Sacanana, a pocos kilómetros de Gan Gan; o los valles que rodean el río Telsen. “En la Meseta existe una riqueza y una heterogeneidad de dinámicas productivas locales, existe un conocimiento arraigado y vinculado a este manejo de los bienes comunes construido sobre redes comunitarias que sostienen una productividad diversa: horticultura, fruticultura, apicultura, granjas. Son estrategias que están invisibilizadas y desacreditadas en tanto no corresponden con el criterio del sistema de mercado, de exportación de commodities o la mirada hegemónica de ‘desarrollo’”, sostiene Lucía Castillo, investigadora del Conicet-Cenpat.

Otro proyecto extractivo que pone en tensión el uso de las tierras de la Meseta es el energético, en particular de la energía eólica, de la mano del proyecto de hidrógeno verde de la australiana Fortescue. En la actualidad, según información oficial, Chubut cuenta con el 63 por ciento de la capacidad eólica instalada del país –incluyendo instalaciones como las de la metalúrgica Aluar que es para autoabastecimiento–. A menos de un año del anuncio del proyecto de Fortescue, la empresa australiana compró, al menos, 140 mil hectáreas de campo para generar la energía que abastezca a su planta de producción de hidrógeno verde.

Los valles y el potencial para producir alimentos

El paisaje de estepa es el amalgama de las dos regiones con mayores recursos de la provincia para el cultivo: la precordillera y cordillera —con sus ríos de deshielo y paisajes de pequeñas parcelas de producción— y en el otro extremo las 20.000 hectáreas del Virch, irrigadas por el río Chubut que llega desde las montañas. Sarmiento, departamento ubicado al sur de la provincia, es otro de los valles fértiles de producción.

A pesar del potencial para la producción de alimentos en esos valles, según el análisis del CNA 2018, el cultivo de forrajes anuales y perennes —destinados al ganado ovino y bovino— domina el 24,3 por ciento de la actividad de las EAPs, mientras que solo el 6,1 por ciento se dedica a la producción de hortalizas, 3,9 a frutales y 1,6 por ciento a bosques y montes implantados (industria forestal). Mientras que otras categorías —cereales para granos, viveros, flores de corte, legumbres, cultivos industriales, aromáticas, medicinales y condimentos— se realizan en el uno por ciento de las EAPs.

Según el Censo Agropecuarios de 2018, la producción de pasturas y alimentos frescos representa solo el 0,25 por ciento de la superficie destinada a la producción; el resto es destinada a la ganadería. Esto ocurre a pesar del abastecimiento insuficiente en materia de alimentos, de que la provincia cuenta (según el CNA) con 17.807 hectáreas de superficie apta no cultivada —representa el 44,4 por ciento de las 40,083 hectáreas de cultivos en producción—.

En el capítulo sobre Chubut de La Argentina agropecuaria vista desde las provincias —Hugo Bottaro, Mercedes Ejarque, Marcelo Pérez Centeno y Graciela Preda— se indica el lugar del sector en el perfil económico de Chubut: “Las actividades agropecuarias aportan el 3,7 por ciento del Producto Bruto Geográfico (estimado en pesos constantes para 2018) y generan exportaciones por casi 210 millones de dólares (6,6 por ciento del total). Los principales rubros son la lana (sucia y tops de lana peinada) y las frutas de carozo –cerezas-”.

La pozos petroleros y Aluar

¿En qué se concentra el modelo productivo provincial? Según se presenta en la página oficial del Gobierno, la provincia produce el 13 por ciento del petróleo del país y casi el dos por ciento del gas, en una de las cuencas petrolíferas más importantes de Sudamérica, ubicada en el Golfo de San Jorge, y aporta el 21 por ciento de la producción pesquera nacional. La tercera pata se apoya a la industria siderúrgica: la producción de aluminio monopolizado, a nivel nacional, por la empresa Aluar, que abastece el total del mercado local y exporta el 60 por ciento de su producción desde Puerto Madryn.

Según el Indec, en materia de exportaciones Chubut se ubicaba en el cuarto lugar a nivel nacional con cinco por ciento del total en el primer semestre de 2022, detrás de las provincias de la poderosa región pampeana: Buenos Aires (37,8 por ciento), Santa Fe (22,7) y Córdoba (14, 3 por ciento). En ese período, el petróleo crudo y el aluminio representaron el 84,9 por ciento de las exportaciones provinciales —67 por ciento y 17,9 por ciento respectivamente—. Muy lejos quedaron los pescados y mariscos sin elaborar con el 11,1 por ciento del total, las lanas con el 2,1 por ciento de las exportaciones y las frutas finas aún por debajo.

Producción de alimentos de la cordillera al mar

“En Chubut el periodo libre de heladas es de 170 días, lo que hace que la producción se concentre en primavera-verano, aunque, lentamente, se está comenzando a producir bajo cubierta principalmente hortalizas de hoja. La provincia no está en condiciones de producir el 100 por ciento de los alimentos que consume, sobre todo porque hay mucha fruta que no se da, pero sí hay un potencial para producir muchos más alimentos frescos y carne de manera agroecológica”, sostiene Lucas Díaz, investigador del Centro Experimental Chubut- INTA e integrante del Almacén Patagónico, nodo de distribución de alimentos agroecológicos en Puerto Madryn.

Según datos de la provincia de Chubut, el total de hectáreas bajo riego es de 120.000 hectáreas, unas 45.000 hectáreas en el Virch, seguidas por otras repartidas entre Valle Colonia Sarmiento, Valle 16 de Octubre, Valle de El Maitén, Comarca Andina, Valle de Telsen y Comodoro Rivadavia. Esas cifras contrastan con las 40.083 hectáreas en producción agrícola registrada en el CNA 2018.

Del análisis realizada en La Argentina agropecuaria vista desde las provincias surge un dato alentador respecto del incremento de la producción en pequeñas parcelas: respecto al CNA 2002, en las áreas bajo riego, se han incrementado las EAPs en los rangos de menos de cinco hectáreas en un 85 por ciento; entre 5,1 y 10 hectáreas en un 33 por ciento y entre 10,1 y 25 hectáreas en un nueve por ciento. Esto no modifica el nivel de concentración de tierras que se registra a nivel provincial. Las unidades inferiores a 1000 hectáreas de superficie, de actividades ganaderas de secano y agrícolas en valles irrigados, representan el 49 por ciento de las EAPs y ocupan el 1,6 por ciento de la superficie agropecuaria.

Díaz sostiene que en el Virch son 20.000 las hectáreas en producción. De ellas, el 90 por ciento dedicadas a la producción de pasturas y alfalfa para la ganadería. En el Virch la horticultura ocupa 1100 hectáreas de una producción diversificada en pequeñas parcelas, en las que los productores no superan las 20 hectáreas. El cultivo más extensivo es la papa, que ocupa unas 500 hectáreas.

En el modelo potenciado por las políticas públicas, la estrella de los cultivos es la cereza, a pesar de que en los últimos tiempos también comenzó a impulsarse la vitivinicultura y la producción de olivos, con una mirada siempre exportadora. La producción de cereza se destina mayormente al mercado exterior y ocupa alrededor de 400 hectáreas en toda la provincia, representando el 17 por ciento de la superficie destinada al cultivo a nivel nacional (solo superada por Mendoza).

“Chubut y la Patagonia tienen el problema de que no se autoabastece de alimentos. O sea, tienen el desafío de generar políticas de producción para abastecer de alimentos a su población. El desafío es hermoso, pero si no hay financiamiento ni política pública para los pequeños productores, el sector no se desarrolla y las tierras se utilizan para un perfil más turístico que productivo”, afirma Juan Pablo Acosta, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Chubut-Línea Sur.

Acosta habla desde El Hoyo, localidad conocida como “la capital de la fruta fina”, ubicada en la zona cordillerana denominada La Comarca, donde se estiman unas 30.000 hectáreas en producción. A diferencia del Virch –donde se concentra el 57 por ciento de la producción de cerezas– en la comarca se registran un centenar de hectáreas más diversificadas: frambuesas y cerezas, moras, sauco, frutillas. Siempre en pequeñas parcelas también se registran productores hortícolas, avícolas y apícolas.

“La Comarca es un lugar atípico en la geografía provincial, donde tenés mucha agua y buenas condiciones, pero solo podés pensar en parcelas chicas y en un periodo muy corto de producción. En el caso de las frutas finas, pensar en una hectárea lleva mucha inversión”, grafica el integrante de la UTT y se concentra en la producción para el mercado local: “Los pequeños productores de La Comarca tienen una producción diversificada, huerta de verduras, fruta fina, gallinas, huevos, chanchos para encurtidos. El tipo de economía tan frágil hace que tengas varias producciones para poder llegar a fin de mes”.

La UTT nuclea en la zona cordillerana a tres colectivos: el grupo de Familias de Productores y Elaboradores de La Comarca, el grupo Apícola y el Grupo de Mujeres Rubus, que elaboran dulces con las frutas locales. Se trata de productores de las localidades de Epuyén, Maitén, Lago Puelo y El Hoyo, y con los que abastecen el Almacén agroecológico de El Hoyo, el galpón de acopio en El Bolsón (Río Negro) y una cámara de frío en Lago Puelo.

En esa muestra de la capacidad productiva local, Acosta apunta dos problemáticas. La primera el perfil turístico de los municipios locales: “La competencia con el turismo es constante. No hay tierra para alquilar, tampoco hay casas para alquilar”. Y, por otro lado, “la discusión sobre abastecimiento que está concentrado por los grandes comercializadores con La Anónima como símbolo. Una cadena concentrada que pone el precio en góndola y en territorio”. Como respuesta, la organización puso en marcha el Corredor Patagónico Soberano, un recorrido con camión propio que lleva lo producido a otros puntos del país y abastece de insumos a los productores locales.

De vuelta en el valle inferior, Díaz también señala la problemática del ordenamiento territorial como un eje para la expansión de la producción de alimentos. En este caso, la competencia no es con el turismo sino con la expansión de la mancha urbana. En cuanto a los cultivos, la competencia es con la rentabilidad de la producción de alfalfa y pasturas para la demanda creciente de la producción bovina en feedlots, pero el investigador de INTA señala que “hay mucha superficie en el valle que produce muy por debajo de su potencial, muchas pasturas abandonadas o degradadas, que no tienen un manejo y solo se las usa para aguantar a los animales en períodos de poco forraje”.

“Estamos en un valle con mucha biodiversidad, con parches de vegetación natural, con chacras chicas que no superan las 20 hectáreas, donde hay baja incidencia de plagas y corredores biológicos, mientras que la sociedad tiene mayor conciencia de lo nocivo que son los agroquímicos y reclama alimentos sanos”, concluye Díaz sobre el potencial para la producción de alimentos sanos.

La agroecología tiene otro punto a favor en Chubut. Se trata de la única provincia que cuenta con una ley que prohíbe el uso de glifosato, que entró en vigencia en enero de 2020. A pesar de eso, aún se utiliza el herbicida para el mantenimiento de los canales de riego y la producción hortícola continúa haciendo uso intensivo del paquete químico. La producción de cereza para la exportación también utiliza insecticidas químicos, aunque bajo el control de las normas de «Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)» con certificación extranjera, ya que tiene como principal destino la exportación. Hasta el momento, según el CNA 2018, en Chubut se registran 49 explotaciones orgánicas, 16 biodinámicas y 36 agroecológicas.

Benetton, un modelo de concentración de tierras que persiste

El Maitén es una localidad simbólica en el modelo agropecuario de Chubut. Está ubicada en el límite entre La Comarca Andina y la Meseta, allí donde se produce un cambio abrupto del agroecosistema: de las pequeñas parcelas irrigadas de la cordillera se pasa a los vastos territorios esteparios con precipitaciones de 100 a 400 milímetros anuales. Allí inicia la frontera de la tradicional producción ovina de Chubut hasta llegar al valle inferior, 700 kilómetros al este, donde los sistemas de riego vuelven a reverdecer las áreas de cultivo.

La provincia se conformó en 1957 (hasta entonces era “territorio nacional”). Las denominadas “Campañas del Desierto” lideradas por Julio Argentina Roca iniciaron el reparto de esas tierras patagónicas desde 1861, décadas en las que se creó la Compañía Tierras del Sud Argentino. La firma de capitales ingleses supo controlar el territorio provincial desde la cordillera hasta el mar. En la década de 1980 grandes extensiones de ese territorio no cambiaron de nombre pero sí de dueño: el Grupo Benetton compró gran parte de sus dominios e instaló su cabecera en El Maitén.

Desde la localidad cordillerana del noroeste de Chubut hasta Santa Cruz, el Grupo Benetton controla cerca de 900 mil hectáreas —incluye una porción de tierras menor en la localidad de Balcarce, Buenos Aires—, 260 mil cabezas de ganado ovino —que producen 915 mil kilos anuales de lana— y 22 mil cabezas de ganado bovino, según datos ofrecidos por el CEO del grupo, Agustín Dranovsky.

El caso de Benetton es extraordinario —los chubutenses reconocen que la empresa autogobierna las localidades donde opera, en particular El Maitén— pero es un ejemplo de un modelo de concentración de tierras que persiste en la provincia: las EAPs superiores a las 10.000 hectáreas, según el CNA 2018, ocupan el 70 por ciento de la superficie agropecuaria y representan el 16 por ciento de establecimientos provinciales. El dominio territorial de la firma italiana también pone en tensión la Ley de Tierra Rurales, que limita a un 15 por ciento el dominio departamental de tierras rurales en manos extranjeras. En el departamento de Cushamen, donde está El Maitén, el 23 por ciento están en manos extranjeras, según los registros oficiales de extranjerización. En Chubut, hay un total de 862.309 hectáreas en manos de personas o firmas de otros países, lo que representa un 3,88 por ciento de la superficie provincial.

La compra de tierras otorgadas a la inglesa Compañía Tierras del Sud Argentino en medio de un proceso de genocidio de pueblos orginarios continúa generando reclamos de las comunidades mapuches por el reconocimiento de sus tierras ancestrales. Dentro del territorio del Grupo Benetton, la recuperación del Lof Santa Rosa Leleque, en 2007, es un símbolo de la reivindicación territorial del Pueblo Mapuche.

Por otro lado, en 2017, la muerte de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería al lof en Resistencia de Cushamen involucra directamente al Grupo Benetton. A cinco años, una testigo de identidad reservada declaró ante la Fiscalía que escuchó a personal de Gendarmería decir: “’Detuvimos a un hippie, lo llevamos al puesto de Gendarmería en Benetton y ahí le estaban sacando información’”.

A pocos kilómetros de El Maitén, en dirección a la Ruta 40, se encuentra la zona conocida como Cuesta del Ternero. Allí, en noviembre de 2021, la Lof Quemquemtrew inició otro proceso de recuperación de tierras. La comunidad sufrió un ataque armado que terminó con la vida del comunero Elías Garay Cañicol.

¿Qué negocio se interponía al reclamo de tierras? Una concesión fiscal de 2500 hectáreas por parte del Estado de Río Negro al empresario Rolando Rocco. El Poder Judicial condenó a los autores materiales del crimen, empleados del empresario, pero no avanzó en la investigación sobre Rocco.

Consultado por la relación entre los reclamos territoriales del Pueblo Mapuche y los negocios agropecuarios, el CEO del Grupo Benetton explicó, en una entrevista InfoCampo, que ellos trabajan con funcionarios nacionales, provincial o municipales “para ver cómo generar el ambiente para que las inversiones se concreten”.

La industria forestal, un modelo en llamas

Según el Censo Agorpecuario de 2018, si se analiza la cantidad de explotaciones agropecuarios de Chubut en función de su extensión, el mayor número de establecimientos se encuentra concentrado en las categorías más grandes (de más de 1000 hectáreas) que corresponden a establecimientos destinados a la producción ganadera extensiva y forestal.

En sus estancias El Maitén y Leleque el Grupo Benetton desarrolla su segundo modelo extensivo: el forestal. La otra gran firma de este modelo es la estancia Tecka –perteneciente a la familia Ochoa-Paz y surgida también tras la venta de tierras por parte de la Tierras del Sud de capitales ingleses–. Según el CNA, solo 55 explotaciones agropecuarias se dedicaban a la actividad forestal (1,6 por ciento del total de fincas provinciales), pero ocupaban 14.985 hectáreas, o sea el 37 por ciento de las hectáreas cultivadas en Chubut.

“Entre Benetton y Tecka reúnen entre 8000 y 10.000 hectáreas forestadas. Sin contar a estas grandes estancias, unos 200 productores se dedican o se dedicaron a la actividad forestal y, entre ellos, el 15 por ciento tenía el 85 por ciento de las tierras”, resume Ana Valtriani, ingeniera agrónoma e investigadora del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (Ciepaf).

Valtriani, que realizó su tesis doctoral analizando el modelo de desarrollo forestal en Chubut, explica que la provincia atravesó tres etapas de forestación. La primera entre 1950 y 1970 —a cargo de la Dirección Nacional de Bosques y el Instituto Forestal Nacional (Ifona)—, otra entre 1970 y 1990 a cargo de los municipios y una última a partir de la década del ‘90 con la aprobación de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.

Las dos primeras etapas introdujeron el pino —las especias ponderosa y oregón— para reemplazar al bosque nativo, de lento crecimiento, por esta especie foránea con la promesa de ser un modelo de desarrollo. Sin embargo, esas forestaciones quedaron abandonadas y solo el municipio de Esquel continúa realizando las tareas de poda y raleo necesario para el control del bosque implantado, que en ese caso es de unas 1600 hectáreas.

La Ley 25.080 instaló otro modelo de negocio con subsidios estatales para emprendimientos forestales. “Benetton comenzó desde 1992 a tener un crecimiento exponencial de la curva de forestación. Hoy es uno de los pocos que soporta el proceso de gestión, los planes de manejo. Tiene ingenieros y su propia brigada de incendios”, explica la investigadora del Ciepaf.

Valtriani explica que se trató de un error pensar en un modelo exitoso mirando a Misiones —donde la tasa de crecimiento es más rápida y los restos de las tareas de poda y raleo se destinan al mercado de las papeleras— en un contexto patagónico de crecimiento lento. “En un principio se hablaba de 25 años para que la forestación ingrese en etapa de aprovechamiento, ahora se habla de 40 años para tener un rodal de madera limpia”, señala la investigadora y agrega que no está claro aún el futuro aprovechamiento comercial: que puede ir desde un polo maderero para proveer chips de “bíonergía”, de ingresar en el mercado de bonos de carbono o hasta utilizar la forestación para emprendimientos inmobiliarios.

“La discusión es cómo se incluye a la agricultura familiar, si se piensa en forestaciones vinculadas a un desarrollo rural territorial con enfoque socioterritorial o solo en algo netamente de tecnologicista, productivista, extractivista. En la actualidad, el Estado —la Secretaría de Bosques junto al INTA— no está en condiciones de promover la producción, no ha formado ni financiado equipos para asistirlos y cumple un rol fiscalista. Hubo algunas experiencias aisladas, pero los costos son elevados y los prestadores de servicio forestal están abocados a los grandes productores”, grafica la investigadora.

En esa política errática que deja la capacidad de recibir los subsidios estatales por forestación solo a las grandes empresas, el pino —en su mayoría la especie ponderosa— le ganó al bosque nativo y se transformó en un problema: el de los incendios forestales.

“Cuando los bosques implantados quedan abandonados, los incendios complican la situación como ocurrió recientemente en Lago Puelo y Puerto Patriada. Cuando se quema, la piña vuela y resiembra. Crecen pinos como escarbadientes y es muy difícil recuperar esas tierras”, señala Valtriani.

Además, los pinos aportan dos características que hacen elevar los riesgos de incendio: la resina que producen es muy inflamable, mientras que su extensión como monocultivo se transforma en una bomba de consumo de agua que agrava las condiciones de sequía extrayendo agua de napas, vertientes y cursos de agua cercanos.

Si se comparan las cifras de «bosques» implantados del Censo 2002 con el realizado en 2018, la reducción es de 5404 hectáreas, una bajada del 26 por ciento. El inventario de plantaciones forestales realizado por el Ministerio de Agroindustria y el Centro de Investigación y el Ciefap, en 2016, había arrojado un total de 33.022 hectáreas implantadas, por lo que la diferencia sería aún mayor. Además del errado modelo productivo los incendios parecen ser el motivo.

Desde el 2003 al 2016 los incendios forestales suman 87.000 hectáreas, que representan el 9,6 por ciento de los bosques nativos de la provincia. En 2021, según el reporte del “Manejo de fuego” del Ministerio de Ambiente, en Chubut se perdieron 16.919 hectáreas de bosques en los incendios.

“Desierto” para el extractivismo o arraigo rural campesino

El cordón de la concentrada industria forestal es una de las fronteras donde inicia la Meseta, lugar emblemático de la producción ovina provincial y que refleja desde la producción en grandes y medianas estancias a la vida arraigada de campesinos y pueblos originarios. En la Patagonia se concentra el 70 por ciento de la producción lanera de la Argentina. Y Chubut lidera la actividad. Según cifras provinciales, cuenta con 4.639.561 de cabezas, que representan el 33 por ciento del total nacional, y una producción de 16.886 toneladas anuales. De esa producción, el 93 por ciento se orienta al mercado externo, y de lo que se elabora en el país, se elabora casi en su totalidad en el polo industrial lanero de Trelew.

De todas maneras, desde la década de 1970 se registra una disminución en las existencias de ovinos y una caída de la producción lanera. Según cifras del Ministerio de Agricultura, las exportaciones cayeron de 70.797 toneladas en la zafra 2002/2003 a 40.610 toneladas en 2016/2017. Los motivos son varios pero, entre ellos, se señala la caída de la demanda mundial –la lana ocupa el 1,2 por ciento en el conjunto de todas las fibras textiles usadas a nivel global– y pasó de ser un commoditie a un “especiality”, reducido a un mercado exclusivo de altos ingresos.

Otro de los motivos que se señalan en la caída de la producción es la desertificación. Según estudios del INTA, los suelos de la Meseta han perdido gran parte de su cobertura vegetal. Otro reciente estudio del INTA sobre el impacto de las sequías en la producción de pastizales indicó a la localidad chubutense de Río Mayo, en el sudoeste provincial, como el lugar más seco registrado en el país. En la extensa meseta lo que predominan son los campos de estepa, con precipitaciones de entre 100 a 400 milimetros anuales, donde los mallines (humedales) surgen como oasis.

En cifras del Censo 2018, la reducción de la superficie agropecuaria provincial respecto al CNA 2002 fue de 2.150.307 hectáreas y se explica en un 99 por ciento por la disminución en el número de explotaciones agropecuarias dedicadas a la actividad ganadera entre las 2500 y las 20.000 hectáreas.

Las que persisten son las estancias de más de 20.000 hectáreas que se redujeron mínimamente en cantidad, pero incrementaron en un dos por ciento la cantidad de hectáreas. La concentración, según datos de Senasa, también se evidencia en cantidad de animales por explotación agropecuaria: el 25 por ciento de los establecimientos tiene el 82,4 por ciento del stock ovino provincial.

El “abandono de los campos” o la falta de políticas para los pequeños productores

El proceso descrito en las estadísticas, las comunidades campesinas y originarias de la Meseta lo llaman el “abandono de los campos”. “Los campos que están abandonados son de grandes propietarios, de estancieros, criollos. Tienen uno, dos o tres campos. Estamos hablando de personas con varias propiedades que podrían mantener su producción”, describe Gabriela Cual, habitante originaria en la localidad de Gan Gan, sin encontrar las razones del “por qué” ver campos abandonados, cuando las seis familias que integran sus comunidad cuenta con solo dos hectáreas para la producción.

Mallín de los Cual es una de las comunidades reconocidas junto a otras cercanas como Del Mallín, Los Pinos, Laguna Fría y Chacay, todas desoídas por el Estado en su reclamo territorial en el que fueron viendo históricamente cómo el alambrado avanzaba sobre las tierras comunales y la tradicional forma de pastoreo a campo abierto. “Para los pequeños y pequeñas productoras un ‘campo abandonado’ es un campo sin ellos adentro. La noción de interacción e integridad con esa naturaleza de la que se sienten parte y se vinculan de manera diversa”, analiza Lucía Castillo, investigadora del Conicet-Cenpat con un trabajo doctoral dedicado a la vida de los productores ganaderos de la Meseta.

“Es desoladora la situación en la que viven los pequeños productores y productoras de la Meseta”, sentencia Acosta de la UTT de Chubut y describe: “Hay falta de políticas públicas de conexión con caminos y servicios, y se viene de años muy duros de sequías o nevadas extremas en las que los rodeos ganaderos se achican y el Estado no está para ayudar a reponerlos. Los jóvenes se van y la población rural está muy envejecida”.

Esa población que resiste en el campo estepario ahora debe enfrentar un nuevo problema como consecuencia de los campos abandonados: el crecimiento de la población de pumas y zorros, predadores naturales de las majadas de ovejas y un incentivo menos a la hora de pensar en invertir y reponer el ganado. El gobierno provincial ensayó como política el pago de la piel del puma, pero eso implica enfrentarse al felino por un pago que, según indicaron los entrevistados, no alcanza para volver a comprar el ganado perdido.

“¿El campo abandonado para qué?”, agrega como pregunta la investigadora del Conicet-Cenpat y señala la lógica empresarial y de política pública provincial y nacional que esconde la idea de la Meseta como si fuera un desierto. “En el proyecto de Ley de Zonificación Minera se describía a esta zona como ‘estéril, atrasada, postergada’ y desde los lugares de poder se sostenía que se ‘debe pensar alternativas productivas para la Meseta’. Como si alguien tuviera que pensar por la Meseta, donde existe una riqueza y una heterogeneidad de dinámicas productivas locales que se basan en recursos ecosistémicos aptos y disponibles”, sentencia la investigadora.

La aparición del proyecto de hidrógeno verde de la australiana Fortescue agrega una capa de tensión al uso del suelo frente a los grandes propietarios que abandonaron sus campos. La propia Sociedad Rural del Valle de Chubut encendió la alerta por la compra de campos productivos con los que la empresa minera busca generar el corredor que abastezca de energía a la planta que proyecta en Sierra Grande (Río Negro). Una problemática que se señala es un decreto del gobierno de Mauricio Macri que impide la convivencia de la actividad ganadera con los molinos eólicos.

Una variante que el escritor español y editor de la revista Soberanía Alimentaria, Gustavo Duch, describió sobre lo ocurrido en Europa: “Con el boom de las energías renovables (…) quienes marcan el precio de la tierra, diez veces más cara que su valor agrario, son inversionistas que la adquieren para huertos solares o parques eólicos”.

Mientras los molinos eólicos avanzan, la población de Chubut logró frenar, hasta el momento, la avanzada de la minería con el Proyecto Navidad como emblema y con el litio como nueva amenaza. “Estamos muy convencidos de que la minería en la Meseta no es desarrollo. Si la minería es todo el progreso que venden, no debería haber pobreza en Catamarca. Donde hay minería, no vemos desarrollo y progreso si no que vemos contaminación”, sentencia Gabriela Cual, que vio divididas a las comunidades durante el debate y también sintió amenazada la producción de su comunidad por el proyecto que contemplaba obtener miles de litros de agua del acuífero Sacanana, que nutre los mallines locales.

Comunidades, cooperativas y agroecología

Las comunidades originarias y campesinas resisten en sus modos de vida a pesar de las avanzadas extractivistas. La venta de lana de oveja y de pelo de chivo son las principales fuentes de ingresos y se enfrentan a las dificultades de la falta de caminos y servicios para la comercialización, lo que muchas veces los expone a “vender al mejor postor”, incluso a sostener un mecanismo centenario de cambiar materia prima por productos básicos o alimento balanceado para sostener los rodeos en el invierno.

“La comercialización del pelo y la lana es para la exportación, ya sea cruda o sucia. Hay dos caminos para las comunidades. Una es la de organizarse en cooperativas, trabajar asociativamente la esquila y la comercialización, lo que les permite licitar a las firmas exportadoras. La otra realidad, es las histórica, la del ‘marcachifle’ que viene con una camioneta de harina, yerba y aceite; y cambia el vellón de lana por mercadería”, describe el integrante de la UTT.

Gabriela Cual explica que existen iniciativas estatales como el Programa Mohair, pero señala la necesidad de construir desde la asociatividad, en el caso de su comunidad junto a la comunidad Laguna Fría, donde se reúne el pelo de la esquila de todas las comunidades, se clasifica y se vende en Cushamen.

En el caso de la UTT-Chubut-Línea Sur la respuesta fue la creación de la Cooperativa Agrícola Ganadera Peñi Mapuche, integrada por 120 familias socias, que producen en un radio de 150 kilómetros de un lado y del otro de la difusa frontera entre la estepa de Chubut y de Río Negro.

“Por medio de la cooperativa se trabaja una mini hilandería. Se le agrega valor en el lugar de producción obteniendo la lana hilada del pelo de chivo, guanaco u oveja. Esto genera respuestas, puestos de laburo y dinamiza y fortalece la economía regional”, valora Acosta.

La producción de la cooperativa Peñi Mapuche es de entre 30.000 a 40.000 kilos de lana. La mini hilandería solo permite procesar una pequeña porción, con la que logran salir de la venta del vellón de lana sucio y pueden entregar un producto con valor agregado, con el que comenzaron a abastecer al mercado local. Además, se construyó un circuito de abastecimiento de alimento balanceado producido por la propia organización en Buenos Aires y una compra colectiva de alimentos de productores agroecológicos de otros puntos del país.

“Necesitamos políticas públicas de arraigo rural, que permitan escalar la producción y mejorar el ingreso económico de las familias campesinas. Los dispositivos están, pero tiene que aparecer el Estado a poner los recursos para amplificarlo”, señala Acosta de la UTT.

Los pequeños productores de la Meseta no solo malvenden la lana sino también la carne. “Los frigoríficos llegan con los camiones y los llevan a precios bajos porque los productores no cuentan con los papeles para venderlos en regla o, simplemente, están solos sin nadie que los asista”, explica Acosta y agrega: “Los venden porque de otra manera mueren de hambre durante el invierno sin los recursos para suplementar con alimento balanceado y con la caída de las pasturas”. Ante este problema, la UTT comenzó a promover los “corderazos” a nivel local e incluso en Buenos Aires para llevar una mejora en los ingresos de las familias campesinas.

Castillo –que integra el área Agroecológica de Cultivo y Construcción Natural de la Universidad Nacional de la Patagonia y se encuentra desarrollando un mapeo agroecológico de la localidad de Telsen– amplía la mirada sobre la Meseta: “Quienes hoy resisten en el territorio están diversificando su productividad porque ya no tienen 500 o 800 ovejas en sus campos sino que les quedan 200 o 100. La miopía desde el Estado está en ver a la Meseta solo desde el punto de vista lanero. En la actualidad, en Telsen, hay vacas, chanchos, huevos, miel, nueces. Hay mucha producción de alimento local y no es valorado.”

A partir de su investigación de más de diez años en Telsen, Castillo explica que la palabra “agroecología” no está dicha por las familias campesinas locales, pero la desarrollan en la práctica, en los modelos de producción, en los circuitos de comercialización. “En Telsen, los pequeños productores venden primero para autoabastecer localmente y luego hacia afuera, pero también se encuentran con la falta de rutas adecuadas a tan solo 185 kilómetros de Puerto Madryn. Telsen podría ser un modelo de autoabastecimiento provincial, la ruta podría asegurar el abastecimiento de alimentos y ampliar alternativas como el turismo rural. La falta de cadenas de comercialización, entre otras, es una decisión política. La agroecología puede acompañar el crecimiento de las comunidades”.

FUENTE: Agencia Tierra Viva

“De ningún partido político tuvimos

una respuesta concreta para el

acceso a la tierra”

Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2023.

Zulma Molloja es integrante de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra y produce en el cordón hortícola de La Plata. Reivindica el rol de la mujeres del campo, valora la convocatoria al diálogo de Sergio Massa, pero también exige medidas concretas para el sector. “Al Frente de Todos se lo acompañó pero debería trabajar más en lo que exigimos”, afirma.

Zulma Molloja productora agroecológica de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). Es migrante y trabaja en el cordón hortícola de La Plata. Es promotora de género y celebra con entusiasmo que hoy «las mujeres ya no nos callamos más». A partir de su propia experiencia explica cómo la falta de compromiso político con la Ley de Acceso a la Tierra afecta la vida cotidiana de miles de trabajadoras y trabajadores rurales. «En mi caso me tuve que ir de tres quintas y tuve que dejar todo, hasta los árboles de durazno que planté, sacar a mis hijos de la escuela y empezar de cero en otro lado», relata.

La UTT nuclea a 22.000 familias productoras de alimentos, organizadas por grupos de bases en 20 provincias. Se dedican a la producción de frutas y verduras, a la crianza de animales y a la producción de granos y lácteos. Su proyecto político apunta a la soberanía alimentaria, a la tenencia de la tierra para pequeñas y pequeños productores y al comercio justo. Desde ese marco propositivo integran la Mesa Agroalimentaria Argentina y, a lo largo de los años, a través de acciones en el espacio público contribuyeron a visibilizar la agenda del campo que, afirman, produce el 60 por ciento de lo que consumimos en el mercado interno.

En un año electoral, Molloja analiza el reciente encuentro con Sergio Massa —cuyos anuncios posteriores respondieron principalmente a demandas de la Mesa de Enlace—, evalúa los tres años de gobierno de Alberto Fernández y enfatiza la necesidad de que se apruebe el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, que impulsan desde 2016.

—¿Qué evaluación hace del gobierno del Frente de Todos en materia de políticas agropecuarias?

—En estos tres años lo que conseguimos como pequeños productores fueron las colonias. Hicimos acuerdos con intendentes: por ejemplo en Castelli pudimos establecer una colonia agroecológica para nueve familias. También en Gualeguaychú y en Cañuelas. Se hicieron acuerdos sobre terrenos abandonados para construir viviendas para las familias productoras y que puedan trabajar allí. No son muchos municipios hasta el momento, pero de a poco van saliendo. Más allá de esto, no hubo respuestas en relación a la Ley de Acceso a la Tierra. No es algo que decimos solo ahora sino que lo venimos peleando desde 2016. Lo que queremos son créditos blandos para tener un pedazo de tierra e implementar la agroecología.

—¿Cuál es el balance de la reciente reunión con Sergio Massa?

—Estuvo bien que el Ministro de Economía se quiera reunir con el campo, con el pequeño productor. Pensé que no iba a suceder porque no nos habían tomado en cuenta. Esperemos que esta vez nos den respuestas y que no sean dichos nada más, porque siempre nos prometen cosas pero nunca suceden. Massa nos convocó para ser parte de una mesa de trabajo y avanzar con políticas públicas. En el camino se irá viendo, le damos tiempo al tiempo pero seguiremos en la lucha mostrando que somos el verdadero campo que alimenta.

—¿Cuál es su opinión sobre las medidas que anunció el Ministro de Economía tras el encuentro?

—Me parece bien el apoyo al pequeño productor. Ojalá que se nos visibilice, como dice Massa. Creo que se va a poder trabajar, es necesario que se avance y que el pueblo pueda contar con una alimentación sana, segura y soberana a precios accesibles. En cuanto a nosotros como productores, muchas veces sufrimos temporales o situaciones de ese tipo y no tenemos respuestas. Es lamentable que recién ahora se den cuenta y decidan recibirnos. Me sorprende que Massa esté de acuerdo con nosotros. Si quiere trabajar en conjunto con los pequeños productores, debe priorizar el alimento y el campo. Esperemos que ocurra eso.

—Usted mencionaba la Ley de Acceso a la Tierra. ¿Por qué considera que no avanza este proyecto de ley?

—Sinceramente no lo entendemos. Es un proyecto de ley que, de sancionarse, establece créditos blandos para comprar un pedazo de tierra para trabajar, porque nosotros alquilamos con un contrato de arrendamiento de dos a tres años que a veces se cumple y otras no. Los productores vivimos en lugares donde no hay caminos, donde no hay transporte y donde muchas veces nuestros hijos no pueden ir a la escuela. Nuestras casas son casillas de madera con cuatro palos, que se llevan los temporales o se queman en incendios y te quedás solo con lo que tenés puesto. Es triste para nosotros vivir en esas condiciones siendo que somos el campo que cultiva la lechuga, el tomate, el morrón que se sirven en las mesas de los argentinos. Pero la gente no ve eso, ve “el gran campo” y a ese campo sí se ayuda, pero no al pequeño productor. Esperemos que el proyecto salga porque los dueños de las tierras y las inmobiliarias hacen lo que quieren. Los campos que antes se dedicaban a la producción hoy se están vendiendo para loteos. Nos capacitamos en agroecología, a veces nos visitan los técnicos del INTA para ver si realmente estamos produciendo de forma agroecológica. Nosotros siempre estamos haciendo cursos y enseñando a otros compañeros, pero necesitamos la tierra para trabajar.

—¿Qué otras situaciones les genera, como productores, la falta de tenencia de la tierra?

—Nos aumentan cada seis meses el alquiler. Sobre eso no hay control, como tampoco lo hay sobre los agroquímicos que envenenan la tierra. Desde la UTT peleamos por la agroecología: hay compañeros que quieren transicionar a la agroecología pero no pueden porque tienen que pagar el alquiler del 1 al 10 de cada mes. Entonces echan un químico para que el cultivo crezca rápido y con eso pueden pagar. Porque si no, te dicen “sacá tus cuatro palos y te vas”. Es muy difícil hacer agroecología en tierras que no son propias y a algunos compañeros no les queda otra que seguir envenenando la tierra porque hay que pagar el alquiler para que no te echen con tus hijos. En mi caso me tuve que ir de tres quintas y tuve que dejar todo, hasta los árboles de durazno que planté, sacar a mis hijos de la escuela y empezar de cero en otro lado. Mis hijos me decían “mamá, ¿otra vez nos tenemos que ir?”. Esa es nuestra realidad: no respetan los contratos, nos echan, nos desarman las casas y los invernaderos. Ahí no hay nadie que nos acompañe. Y como productores somos muy importantes.

—¿En qué sentido?

—Me di cuenta en la pandemia, donde como pequeños productores seguimos trabajando para llevar el alimento a la mesa de todos. Nos solidarizamos con los comedores barriales, donde se estaba comiendo fideos con puré de tomates y nada más. Empezamos a llevar camiones de verduras y a donarlas. Hubo un desabastecimiento total y la gente venía a comprarnos. La vacuna para nosotros no estaba e incluso murieron muchos compañeros por el Covid, porque no éramos considerados esenciales. Pero si no hubiéramos producido en ese tiempo, hubiera faltado la cebolla, la zanahoria, la papa. Somos más de 16.000 compañeros en 20 provincias y no solamente producimos hortalizas, sino también frutas, carne, miel y leche. El campo que alimenta no fue visibilizado en todos estos años, no hubiera sido visibilizado si nosotros no salíamos a la calle con los verdurazos, con los tractorazos. Fue una lucha de muchos años.

—¿Cree que, en este año electoral, queda margen político para impulsar medidas para la agenda campesino-indígena?

—Hay que ver. Nosotros ya no sabemos si creer o no. Mauricio Macri nunca hizo nada por el pequeño productor pero con este Gobierno tampoco hay avances en relación a la tierra. De ningún partido político tuvimos una respuesta concreta para el acceso a la tierra. Al Frente de Todos se lo acompañó pero debería trabajar más en cuanto a lo que exigimos, porque los compañeros se cansan. Dicen que todos los políticos son iguales. Y como organización tenemos que golpear las puertas para que nos vean, porque la UTT no se hizo de un día para el otro, fueron años de verdurazos, acampes, tractorazos. De esa forma nos visibilizamos y en ese camino hay que seguir. Así como Massa nos tomó en cuenta, también lo tiene que hacer el presidente Alberto Fernández, que se sacó una foto con nosotros que decía “Yo apoyo la Ley de Acceso a la Tierra” y luego no pasó nada. No queremos que nos regalen nada, trabajamos de sol a sol, bajo la lluvia, con nuestras familias y queremos pagar, pero en lugar de un alquiler, queremos pagar un crédito por la tierra.

—Me decía que hubo un apoyo de la UTT al Frente de Todos pero que no tuvieron las respuestas esperadas. ¿Hay alguna autocrítica en ese sentido?

—Sí, porque si no golpeamos la mesa no nos escuchan. Quizás estén pensando ahora en empezar a trabajar estos temas.

—Una de las últimas medidas del Gobierno fue la creación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ¿Cuál es la agenda urgente de trabajo para este organismo?

—Lo principal es la Ley de Acceso a la Tierra, el impulso de la agroecología y de la soberanía alimentaria.

—¿Qué le dirías a la ciudadanía que aún no cree necesarias las políticas de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria?

—Que tienen que ver lo que comen: la leche, la carne, los huevos, ese tomate, ese morrón, esa lechuga, esa acelga. A eso lo producimos nosotros, el verdadero campo que alimenta. Y es triste que no lo valoren, porque nosotros no somos los grandes terratenientes que plantan soja y maíz transgénico, que envenenan las tierras, que no aportan nada, que lo que producen lo exportan. Con ellos el Gobierno se sienta y con el campo que alimenta no. De eso la gente se tiene que dar cuenta, de que el verdadero campo somos nosotros. También hay que saber más sobre lo que estamos comiendo: de dónde viene esa verdura, cómo fue producida. Ahí la alternativa es la agroecología.

—¿Cómo lo hacen?

—Producimos de forma agroecológica. Nosotros curamos las plantas de forma natural, recuperando los saberes ancestrales de nuestros abuelos porque, aclaramos, la agroecología no es nueva. Y también siempre recordamos que fueron las grandes empresas multinacionales las que vinieron a imponerse, envenenando la tierra y sacándonos la poca plata que teníamos. Y eso pasa también en nuestros cuerpos con las empresas farmacéuticas que producen medicamentos, cuando nuestros abuelos se curaban con yuyos naturales. Ahora cada vez vemos más Coca Cola y más Mc Donalds y no sé adónde llegaremos. Por más que no se tenga una gran extensión de tierra, en un patio o en un balcón se puede empezar a pensar otro modelo de producción de alimentos.

—De los candidatos que asoman para Presidente, ¿a quién apoyaría?

—En la UTT cada compañero toma su decisión. Si vuelve Cristina, estaríamos todos contentos. Muchos compañeros migramos desde Bolivia y nos identificamos con Evo Morales porque es importante que un indígena-campesino haya llegado a la Presidencia. Para mí, Cristina es una luchadora como Evo.

FUENTE: Agencia Tiera Viva

Lago Escondido: Estado paralelo y

cabecera de playa del Imperio

por Fabián Domínguez (para Resumen Latinoamericano), 11 de febrero de 2023.

Nota de Redacción: El autor formó parte de una de las columnas que marcharon a Lago Escondido con la idea de seguir visibilizando que el multimillonario Joe Lewis es el amo y señor de ese enclave. Tarea que cumple con la gran «ayudita» de la gobernadora de Río Negro, el gobierno nacional, y por supuesto, policías varios a los que se suma la «guardia blanca» de matones al servicio del patrón. Todos ellos, son parte de una Argentina privatizada por donde se la mire. Lewis es solo uno de sus ejemplos más mediáticos, pero también están Benetton con sus 900 mil hectáreas o las tierras que compra habitualmente el Emir de Qatar.

Fabián Domínguez, reconocido escritor del campo popular cuenta en esta crónica coloquial, hasta donde la soberanía de este país está siendo ultrajada, pero también descubre como cientos de jóvenes venidos de todo el país para intentar defenderla.

La Séptima Marcha por la Soberanía del lago patagónico demostró que allí se montó un estado paralelo que maneja un millonario inglés que controla los poderes del estado municipal de El Bolsón y provincial de Río Negro, y a su vez tiene en jaque al estado nacional.

Noche fría sobre la ruta 40, en la Patagonia argentina. Varios micros, numerosos autos y camionetas estacionadas a la vera del camino, en algún lugar entre El Foyel y El Bolsón, provincia de Río Negro, esperan. Termina el 3 de febrero con una luna casi llena y cerca de quinientas personas miran en la oscuridad, buscan divisar los vehículos que traen 60 montañistas, retenidos por la “peonada” del millonario inglés Joe Lewis. La presencia del súbdito británico es una piedra en el zapato para la soberanía argentina, porque hace más de 25 años, cuando tenía 60 años, compró de manera irregular tierras en torno al lago, se quedó de manera ilegal con el espejo de agua y desde entonces impide que la gente se acerque al lugar. La adquisición no era para vivienda permanente, pues vive en Bahamas para pagar impuestos bajos, pero su tenacidad para impedir el acceso al lago deja entrever que esconde intenciones oscuras. A ello se suma que Lewis se adjudica tierras en zona de frontera con Chile, situación prohibida por ley para cualquier extranjero. Por la Constitución Argentina todas las orillas de lagos, ríos y mares son de uso público, y nadie tiene derecho a adjudicársela. A su vez hay una serie de fallos judiciales desfavorables al inglés, que él mismo se encarga de desobedecer de manera sistemática, con protección del poder político.

Los montañistas partieron una semana atrás desde El Bolsón, más precisamente desde la Esquina Warton, para recorrer 40 kilómetros de senderos de montaña y llegar al Escondido, una ruta que Lewis dice que cualquier familia puede transitar para llegar y pasear a la vera del lago. El grupo de escaladores pretenden demostrar que es un camino de muy difícil acceso, que no se lo puede hacer en un par de horas, y que además hay personal que impiden la libre circulación. El contingente llegó a la cabecera oeste del lago un martes, con sus mochillas, carpas y víveres, hicieron noche y al día siguiente navegaron varios kilómetros en kayak para llegar a la cabecera este, donde está la mansión del magnate. Pero una lancha los interceptó y los obligó volver a orilla, y de ahí regresar sobre sus pasos. Los caminantes acamparon esa tarde, y por la noche retomaron la navegación, cruzaron 10 kilómetros remando y llegaron a un peñasco, frente a la mansión de Lewis, a la vera del camino de Tacuifí, el paso vecinal que el inglés bloquea desde hace varios años.

En una calle de ripio, que llega en diagonal a la ruta nacional, hay media docena de policías de Río Negro, pero ya entrada la madrugada el número se triplica sin que nadie entienda de donde salieron ni que objetivos tienen. A lo lejos, el camino de tierra que usa Lewis para acceder por tierra de manera directa a su mansión, deja ver el movimiento de luces. Son las combis que rescataron a los montañistas y detrás de ellos los vehículos que custodian a los micros para que no se desvíen ni se les ocurra bajar. Por fin, en la curva de la ruta 40, el asfalto se ilumina con una, luego otra y, por fin, la tercera combi. Pasadas las 3.15 de la madrugada del sábado 4 de febrero, los 60 senderistas llegaron sanos y salvos, y recibidos por una manifestación federal, militantes de diversas organizaciones que se movilizaron desde todo el país para participar de la marcha a Lago Escondido. Aplausos, gritos, cánticos, abrazos, lágrimas y banderas agitaron la madrugada rutera.

Se cerraba así la Séptima Marcha que, bajo el eslogan Las islas Malvinas son argentinas y Lago Escondido también, permitió visibilizar la problemática de la soberanía sobre el lago a nivel nacional; demostró que Lewis no quiere a nadie en el lago y pone los obstáculos necesarios para impedirlo, incluido la violencia verbal, psicológica y física, demostrando que usurpó territorio nacional; y además confirmó que la organización y el temple de un grupo de ciudadanos de a pie, de manera pacífica, puede enfrentar la violencia de matones y lograr objetivos que parecen imposibles de alcanzar. El administrador de Lewis en Lago escondido es Nicolás van Ditmar, un argentino que preside la empresa Hidden Lake, y se lo vio el año pasado comandando a los grupos que asediaban a los montañistas; esta vez surgió con fuerza un antiguo vecino de la comarca, petiso, retacón y prepotente, que sostiene que desde hace 150 años su familia está en la zona, y actúa como un férreo defensor del inglés: Pablo Puchy.

Frente al portón de hierro

Alto, rubio, fornido, con una barba larga acumulada durante meses, y la mochila pegada a su espalda. Le dicen Vikingo, y encabeza la columna Juana Azurduy de más de 60 montañistas, entre ellos 16 mujeres, que el sábado 28 de enero pasado dieron inicio a la Séptima Marcha a Lago Escondido. El primer día del año hablé con él, que en su documento figura como Alejandro Meyer, y me contó de las dificultades de caminar por la montaña, con 20 kilos sobre las espaldas, en lugares donde a veces ni siquiera hay sendero. Me advirtió que en mi mochila no irían solo pertenencias personales sino elementos que el grupo necesita durante la caminata a lo largo de los días, a lo que debía sumarle los kayaks y los remos para cruzar los espejos de agua. Frío por la noche, calor durante el día, y las molestias que podrían acarrear los empleados de Lewis, buscando que el contingente no llegue al Escondido. Entendí que mi cuerpo no estaba preparado, por eso decidí sumarme a los que entraran por el camino de Tacuifí. Entre los montañistas, que representaban 21 agrupaciones, de 11 provincias, estaba el médico Jorge Rachid, el economista José Sbatella, el cura Francisco Paco Olveira, quien llevó los elementos para celebrar la misa diaria en el bosque.

Llegué al domingo a un camping cercano a Los Repollos, en el sur andino de Río Negro, junto a manifestantes que arribaron desde distintos puntos del país para iniciar, al día siguiente, el intento de entrada por el camino de Tacuifí. El nombre del camino es una especie de saludo en mapundungun, el idioma de los mapuches, y su significado sería “tanto tiempo”, que la lucha por circular otra vez sobre él se resignifica a la hora de poner los pies sobre su senda, que ocurrió hace “tanto tiempo”. La respuesta a la convocatoria fue muy federal, con representaciones de Misiones, Tierra del Fuego, Salta, Corrientes, Santa Cruz, San Juan, CABA, La Pampa, Córdoba, La Rioja, San Luis, Gran Buenos Aires, entre otros lugares. Las mujeres ocuparon un lugar destacado, tanto en la organización, como a la hora de estar al frente de las columnas. A su vez fue un encuentro intergeneracional, con muchos jóvenes, adultos y antiguos militantes setentistas. Y las agrupaciones sociales, culturales y políticas de espíritu sanmartiniano fueron numerosas pues a la convocatoria de Fipca (Fundación Interactiva para la Cultura del Agua) respondieron Fetia, CTA Autónoma, La Cámpora de San Fernando y San Isidro, el Movimiento Los Pibes, el Movimiento La Dignidad, delegados del Suteba, Movimiento de Curas de la Opción por los Pobres, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Causa Nacional, el Grupo por la Soberanía con combatientes de Malvinas, el Frente Grande, el Peronismo de la Soberanía, CGT Regional Zona Norte, la Coordinadora por la defensa del río Paraná, Asociación de Sobrevivientes de Campo de Mayo, entre otras), muchas de origen peronista, pero con presencia de grupos de izquierda como el MST, que movilizó un micro completo y tuvo un protagonismo destacado.

La primera reunión en conjunto fue el lunes 30, por la mañana, donde los diversos grupos se conocieron, desplegaron sus banderas, compartieron cantos y hacia el mediodía participaron de la primera asamblea. Esa mañana pasó sobre el camping una avioneta amarilla varias veces, algunos decían que era del aeródromo de El Bolsón, que cambiaba de autoridades, otros que colaboraba con el apagado de los incendios, y otros no descartaban que fuera una nave que respondía a Lewis y buscaba amedrentar a la asamblea, cosa que no logró.

Julio César Urien fue el primero en tomar la palabra, como responsable de la columna Tacuifí y por ser el organizador de todas las marchas en defensa de la Soberanía. Explicó la agenda del día y anticipó que la agenda semanal se construirá hora a hora, día a día, y que cada integrante del contingente tendría tareas específicas en cada jornada. Luego le dio la palabra a Sandra Contreras, dirigente de ATE El Bolsón, quien contó que el tema de Lago Escondido dividió la comunidad, que durante el año se sienten solos en la lucha por la soberanía, que la presencia de militantes de todo el país es un alivio y una fuerza para seguir reclamando por lo que es justo, por lo que es argentino, desenmascarando el enclave extranjero en el norte de la Patagonia. Por la tarde se realizó la caravana rumbo la intersección de la ruta 40 con el camino de Tacuifí, en la zona de El Foyel. El paraje es un homenaje al cacique Foyel quien, junto a Inacayal y Sayhueque, fueron los últimos jefes que resistieron la embestida del Ejército Argentino durante la mal llamada Conquista del Desierto. Foyel extendía sus dominios al sur del Lago Nahuel Huapi, se negaba a entregar sus tierras a los que consideraba extranjeros, y hay una leyenda que antes de morir enterró y escondió sus tesoros en el cerro Fortaleza, entre El Bolsón y El Foyel. Hoy, 140 años más tarde, ese tesoro se sintetiza en el Lago Escondido, que numerosos manifestantes llegan para liberarlo y defender su soberanía.

Llegamos a la entrada de Tacuifí y se confirmó que la antigua tranquera fue reemplazada por un portón con caños metálicos de dos metros de altura. Del lado interior se desplegaba una gran bandera argentina sobre la calle, con personas vestidas como paisanos distribuidos alrededor (luego sabríamos que algunos de esos “paisanos” eran policías disfrazados, incluso una mujer que pertenece a la fuerza). Era evidente que estaban esperando, que no había intención de dialogar, y estaban dispuesto a la violencia para defender el dogma más sagrado del capitalismo: la propiedad privada. Detrás un grupo de jinetes buscaba asegurar que nadie circulara por el camino, mientras que de fondo, por los altoparlantes ubicados a los costados, se escuchaba a todo volumen música folklórica con cantantes como Horacio Guaraní, el Chaqueño Palavecino o Hernán Figueroa Reyes. Una veintena de policías, con uniforme, sin armas reglamentarias, se ubicaban al costado de las rejas, como para garantizar la seguridad, aunque el paso de los días confirmarían que estaban para cuidar que nadie pisara el camino de Tacuifí. En el costado derecho del portón, del lado de adentro, un cartel de fondo marrón y letras blancas dice: Camino Rural Privado – Circule con autorización de los vecinos, quienes lo construimos y lo mantenemos – Gracias por su colaboración – Comisión de Fomento de El Manso. No se diferencia a muchos de los carteles que existen en la entrada de los countries, y si se tiene en cuenta que son escasos los vecinos que están a la vera del paso de Tacuifí, el lugar se convirtió en un virtual barrio privado, con un lago natural en su interior.

Urien encabezó la movida, se dirigió al portón, pidió hablar con el encargado y apareció Pablo Puchy, uno de los diez propietarios que tiene su campo en torno al camino de Tacuifi. La charla fue amable, sin violencia, Urien dijo que querían pasar, que había un fallo de la justicia a favor. Puchy dijo desconocer ese fallo, que todo era falso, y que no iba a permitir que nadie pasara por un camino privado. Terminado el dialogo Urien se dirigió al que encabezó el operativo policial, el oficial Elio Daniel Tapia, quien miraba detrás de sus gruesos anteojos como quien se acaba de enterar que ese camino es público. El oficial se excusó de obligar a abrir el portón, que su misión solo era mantener la seguridad de los presentes y no más.

A partir de ahí hubo distintos avances de los manifestantes sobre el portón, para agitar banderas, gritar e incluso golpear con piedras del camino el hierro, provocando un sonido sincopado que se entremezclaba con las chacareras que salían de los parlantes. Uno de esos avances lo encabezaron un numeroso grupo de mujeres, pertenecientes a la diversas organizaciones presentes en la movida. La tarde llegó a su fin con algunos manifestantes bailando zambas y chacareras bajo el flamear de la bandera argentina y con el sonido de fondo que brindaban los defensores de la propiedad privada de Lewis. Cuando los paisanos se dieron cuenta de la bailanta apagaron la música, pero los bailarines ya se habían sacado las ganas de cerrar la jornada con una sonrisa a flor de labios, a pesar de no poder ingresar. El regreso al camping base terminó con una asamblea donde se analizó lo actuado, y se anunció que al día siguiente se marcharía hacia el juzgado de Bariloche.

El derecho de circular por Tacuifí

El verano de 2023 tiene días muy calurosos en la Patagonia, con jornadas que llega a 30° C, y una amplitud térmica amplia por la noche, con 15° menos. La madrugada del 31 de enero fue particularmente fría para dormir en carpa, no hubo vientos ni lluvias, solo descendió de manera drástica la temperatura. Los campamentos que querían llegar a Lago Escondido se levantaron temprano pues a las 7 de la mañana salieron rumbo a la ciudad de San Carlos de Bariloche para acompañar a Urien y a los abogados a presentar un recurso de amparo que les permitiera entrar por el camino de Tacuifí. Organizaciones sociales y políticas locales se sumaron a la movilización, por lo que la concentración en el Centro Cívico, junto al inamovible monumento ecuestre a Julio A. Roca, fue importante por la mañana, hasta que los abogados se dirigieron al juzgado, a solo trescientos metros del lugar.

Los reclamos judiciales para que se abra el paso a Lago Escondido tiene varios años, diversas causas, y la mayoría de ellas con fallos desfavorables para el inglés. Aquí está la clave por la que se sostiene que Lewis maneja un estado paralelo, porque no respeta los fallos judiciales, y tiene el apoyo político para evadir la decisión de los jueces. En el caso de las marchas, en cada una de ellas hubo que recurrir a los juzgados provinciales para que se abra el camino de Tacuifí, con jueces que encontraban el hueco legal como para no comprometerse y a la vez evitar fallar a favor de Lewis. La única jueza que dictó un fallo que obligaba abrir el camino de Tacuifí y que permitió que durante una marcha anterior los manifestantes entraran y recorrieran parte de los 20 kilómetros que separa la ruta 40 del Escondido fue separada de su cargo tiempo después, con la gente de Lewis señalando que era una traidora. En aquella oportunidad el fallo se dictó pasado el mediodía, y hasta llegar a la tranquera se tardó un par de horas más, pero los manifestantes pudieron ingresar y caminar más de 10 kilómetros, hasta el arroyo El Foyel, donde el puente que permitía cruzarlo desapareció. Algunos dicen que el antiguo puente se lo llevó una gran correntada, y otros dicen que fue el mismo Lewis el que ordenó la voladura del paso, para impedir que fuera un camino público.

La historia judicial del caso Lago Escondido tiene varias aristas, desde la compra irregular de las tierras, pasando por la constitución de una sociedad fantasma para que el inglés se apropie de territorio fronterizo, llegando al caso del acceso público al espejo de agua. Sobre la última cuestión en tramiterío judicial es un entramado kafkiano sin sentido, pues en 2009 el Tribunal Superior de Río Negro ya dictó la orden de abrir el camino al público. Pero los abogados de Lewis supieron dilatar la medida con apelaciones, objeciones, recusaciones hasta lograr que la resolución no se llevara adelante y que cada vez que se quiere llegar al Escondido haya que elevar un recurso de amparo. La última novedad judicial se conoció cinco meses antes de la Marcha por la Soberanía, cuando a mediados de septiembre de 2022 la Cámara de Apelaciones de Bariloche ratificó una sentencia de 2013 que garantiza los accesos a Lago Escondido y dio un plazo de tres meses para ejecutar las obras que garanticen el paso. La medida demostraba que Lewis no llega a controlar todo el Poder Judicial de Río Negro, pero a la vez desenmascaró la alianza con los políticos locales pues el que salió a defender al inglés fue la mismísima gobernadora: Arabela Carreras. La Gobernadora, que ocupó en algún momento el ministerio provincial de Turismo, dice que la provincia tiene prioridades antes que construir un camino para llegar al Escondido, que según ella costaría millones que el estado local no tiene en estos momentos.

A todo ello se suma otra causa judicial, la que se origina en las grabaciones de audios de wsp donde jueces, fiscales, ministros de CABA, espías y corporativos del medio de comunicación más influyente del país se reunieron en la mansión de Lewis en Lago Escondido. Aunque no queda en claro qué hicieron estos funcionarios vinculados a la oposición del gobierno nacional, se supo que el encuentro se realizó días antes del fallo judicial contra la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que deja entrever que allí se escribió la sentencia. Las reuniones secretas ponen al descubierto que Lago Escondido no es un problema de un vecino extranjero que no quiere que le pisen el pasto, sino que se trata de la construcción en ese espacio de una sede del poder real que opera a espaldas de la República en contra de la Nación. Lewis es amigo del ex presidente Mauricio Macri, a quien recibió y hospedó en su mansión mientras aquel estaba a cargo del Ejecutivo Nacional. Por su parte el anterior gobernador de Río Negro y actual senador nacional Alberto Weretilnek, mantiene aceitados contactos con el inglés y visita su alojamiento de Lago Escondido cuando Lewis lo invita.

El juez Mariano Castro expone, en su despacho del 5° piso de los tribunales de Bariloche, una foto de su visita a Cuba.

-Tiene una foto con el Che -, le dijo Gustavo Piric, un combatiente de Malvinas que acompañó a Urien y al abogado Raúl Eugenio Prytula. El veterano de la guerra contra Inglaterra no dejó de apelar a la defensa del suelo argentino y a la sangre derramada en esa defensa.

-No tengo una foto con el Che, es una foto de cuando estuve en La Habana -, sonrió el magistrado en un momento de distención, y recordó que en ese juzgado los alegatos los hace él. Los manifestantes se habían ubicado en las dos entradas de los tribunales, como para impedir que el funcionario evadiera la responsabilidad de recibir y resolver el recurso de amparo que presentaron en el marco de la Séptima Marcha por la Soberanía. En el 5° piso también había manifestantes y, en el despacho del juez, Urien le explicó la agresividad que se vivió el día anterior por parte de un grupo que impedía el acceso por la calle que lleva a Lago Escondido. A la hora de emitir una resolución el juez Castro se expidió por garantizar la seguridad de los manifestantes que quieren entrar por el camino de Tacuifí, notificando a la Provincia la necesidad de proveer de los elementos para garantizar ese derecho. Fue un paso importante, el magistrado no se declaró incompetente por ser un juez de feria, aunque al día siguiente terminaba su autoridad y volvía al juez ordinario, que debería revisar la resolución. Mientras tanto lo escrito por Castro estaba en vigencia hasta el día siguiente, por lo que la jornada se vivió como un triunfo. En realidad un triple triunfo: por un lado la firma del juez, por otro lado porque la columna Juana Azurduy llegó a la cabecera oeste del Lago, y por último porque se confirmó que una tercera columna, al este de la provincia, llevaba adelante sus objetivos.

La columna inesperada

Muy cerca del pueblo Playas Doradas, sobre la costa del Atlántico, una caravana de autos intenta llegar a un aeropuerto oculto de 2.000 metros de largo por 30 de ancho, del tamaño del aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, lo que permite el desplazamiento de aviones de gran porte. El lugar, que no tiene torre de control, ni aduana ni autoridades estatales que controles su accionar, tiene un hangar de 40 x 40 y está vinculado a Joe Lewis a través del gerente de algunas de sus empresas, entre ellas Bahía Dorada y Hidden Lake (Lago Escondido en inglés): Nicolás Van Ditmar. Playas Doradas es un pueblo de no más de 200 habitantes, se dedica al turismo, con una playas con arenas muy finas y brillantes que le dieron nombre a la localidad y no goza con la posibilidad de usar la pista de aviación. En los mapas de Google aparece cerca del pueblo una pista privada bajo la denominación de Aeropuerto Lewis (sic) a 42 kilómetros de Sierra Grande, y en otros sitios como Aeródromo Bahía Dorada. La caravana de autos, que lleva banderas argentinas y de diversas organizaciones sociales, es la tercera columna de la Séptima Marcha por la Soberanía, y tiene como objetivo visibilizar el enclave del inglés sobre el Atlántico, a 800 kilómetros en línea recta de Lago Escondido. El aeropuerto tiene la autorización de la Fuerza Aérea Argentina para funcionar desde la gestión del presidente Mauricio Macri, pero no existen registros públicos sobre los vuelos que allí salen y llegan, ni las personas que entran o salen del país, y qué elementos se entra o saca del territorio. Desde hace tiempo hay versiones que indican que desde el aeropuerto, que tiene casi 15 años de existencia, se detectaron vuelos que vienen desde la zona del Escondido, hacen escala allí, y siguen rumbo a las islas Malvinas, a 1000 kilómetros rumbo sudeste. Muchos de los datos que se manejan en torno a Lewis, una de las 300 personas más ricas del planeta, deja entrever que no se trata de un millonario excéntrico que se apropió de un espejo de agua sino de una movida geopolítica que involucra potencias europeas que están dentro de la OTAN. Las últimas novedades en torno a la pista privada y la extranjerización de tierras de la patagónica señalan la entrada en juego de capitales de Qatar y el mundo árabe.

La columna, integrada por militantes de Fetia, CTA de los Trabajadores, Fipca y vecinos de Río Negro, sorprendió a los hombres de Lewis, a pesar que se sabía que desde la Patagonia se movilizaría a otros enclaves que violan la soberanía argentina. Los manifestantes llegaron a la tranquera del aeropuerto que construyó el inglés, cerca de Playas Doradas, con la intención de llegar a la pista y entregar un petitorio. El acceso tenía dos candados, y no se ve la pista desde allí, solo estepa patagónica, con arbustos, un camino de tierra que se pierde en el horizonte y al costado de la tranquera un cartel señala: Estancias Cerro Bellido y Aguada Chica – Propiedad privada – No ingresar. Los manifestantes hicieron el acto en la entrada, donde cantaron el himno y desplegaron banderas argentinas. Como si saliera de la nada, apareció una camioneta, cuyos ocupantes se identificaron como de seguridad del campo, dijeron que se trataba de un camino privado, que por lo tanto no podrían ingresar, mientras los filmaban con celulares. Cuando los guardianes se dieron cuenta que ellos también eran filmados por un dron que manejaba la columna, amenazaron con derribarlo si no se lo bajaba de inmediato. De todas maneras la columna realizó las acciones pautadas y, mientras algunos desplegaban la bandera de la Argentina sobre el alambrado, otros armaban carpas frente a la entrada para instalar un acampe y otro plantó un árbol de ceibo, flor nacional, como símbolo de raíz, identidad y defensa de la soberanía argentina.

Ya entrada la noche las carpas fueron iluminadas por varias camionetas, cargadas de gente que, de manera intimidante, los obligó a retirarse del lugar. Los manifestantes recurrieron a la policía, para que los amparase en su manifestación, pero el comisario de Sierra Grande los intimó a abandonar el lugar, demostrando una vez más que las fuerzas de seguridad del Estado provincial le responden a Lewis de manera ciega.

Club Atlético Defensores de Inglaterra (CADI)

Una lluvia de piedras voló hacia la ruta 40 desde el portón de entrada del camino de Tacuifí. El sol ya estaba alto en la mañana del miércoles 1° de febrero cuando una de las piedras impactó con tanta potencia en el casco de albañil que llevaba el joven Gonzalo Villagra, que lo rompió y le abrió la frente, con una salida de sangre que asustó a sus compañeros. Los hombres vestidos de paisanos que defendían la entrada que lleva a la mansión de Lewis y al Escondido estaban enardecidos, con ganas de pelear y lastimar, a tal punto que al final del día hubo 10 manifestantes con heridas de diversa gravedad.

La resolución que el juez Castro firmó el martes, solicitando la seguridad de los manifestantes en su permanencia en El Foyel, generó expectativas. Algunos dejaron entrever que los guardianes del camino, al leer la resolución, abrirían el portón y a partir de allí habría que caminar los 20 kilómetros que separan la ruta 40 del Lago, por eso muchos iban con sus mochillas en la espalda, con abrigo, bolsa de dormir, algo de alimento y agua. Pero esas expectativas se chocaron con la respuesta negativa de los que custodiaban la entrada y la indiferencia de la policía, que no se sabía muy bien a quien le garantizarían su seguridad, si a los manifestantes o a los guardianes de Tacuifí. Aunque se apuntaba a entrar, también se buscaba concentrar la máxima actividad en el portón, como para distraer a los hombres de Lewis y que los montañistas, que habían llegado la noche anterior al lago, pudieran navegar los 10 kilómetros hasta la costa este, al final del camino de Tacuifí, donde Lewis construyó su mansión.

Urien habló con Pablo Puchy, quien estuvo acompañado con personas vestidas de paisanos y un joven de barba y remera azul que se presentó como abogado de los vecinos. No mencionó quienes eran esos vecinos, pero se sabe que una docena de habitantes de la zona, como los Puchy, Víctor Avilés, Oyarzo, Anticura, Fernández, entre otros, se resisten a que extraños usen el camino. No son todos, el mismo Puchy reconoce que el 90% está de acuerdo, con lo que habría algunos vecinos a quienes no les molestaría el uso del camino público. No todos los vecinos tienen títulos de propiedad, pero hace décadas viven en la zona, son reconocidos como legítimos ocupantes y ya tuvieron reuniones con autoridades provinciales para regularizar su situación.

El paisaje no era distinto al del lunes, con el portón de hierro cerrado con dos candados, música folklórica estridente, personas vestidas de paisanos (a pie y a caballo), una gran bandera argentina extendida sobre el camino, con la novedad que se le agregó alambres de púa al portón en distintos sectores. Los manifestantes, ante el peligro de pedradas, llevaron cascos de albañil para evitar daños, o por lo menos atenuar los impactos. En el contingente de las organizaciones sociales se sumaron el escritor Mempo Giardinelli, el ex ministro de salud bonaerense Daniel Gollán, el ex director de Puertos Horacio Tettamantti.

El primer avance de los manifestantes hacia el portón los mostró mejor organizados que el lunes, con un grupo de avanzada con la bandera argentina, un grupo de seguridad en los flancos, con los encargados de difusión cubriendo el hecho, y un grupo de retaguardia que esperaba, alentando, del otro lado de la ruta. Se llegó al portón, se golpearon los tubos de hierro con piedras del camino para generar ruido y se retrocedió unos metros sin que la policía ni los defensores del camino actuaran. Durante la segunda avanzada hubo manifestantes que trataron de sacar los alambres de púa del portón con las cañas que sostenían sus banderas o algunos palos, lo que provocó la reacción de los hombres de Lewis, que empezaron a apedrear a los manifestantes, con impacto de diversa gravedad en varios, y con heridas sangrantes en dos manifestantes. Cuando se detuvo la refriega, Urien se acercó al portón para reinicar el diálogo, los periodistas sacaban fotos, otros filmaban y al periodista Mario Sagras, de Radio Gráfica, le sacaron el celular. Volvieron a hablar con Puchy, quien manifestó que sienten que le faltan el respeto cuando le dicen cipayo, y a su vez le respondieron que la falta de respeto es robar un celular y encubrir al autor del hecho. El diálogo terminó allí, pero Sagras exigió su celular, y el hombre vestido de paisano se lo entregó al abogado para que lo devuelva.

Desde la retaguardia se le hicieron las primeras curaciones a los heridos, se esperó la ambulancia local que llegó con dos paramédicos, a quienes no lo dejaron actuar ya que en la posta sanitaria había varios médicos, entre ellos el ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. A uno de los heridos se lo trasladó a una salita cercana a realizarse curaciones y darse un par de puntos en la cabeza abierta. Como parte de las maniobras de distracción, antes del mediodía, un grupo pequeño de manifestantes ingresó mil metros por el camino privado de Lewis, donde las cámaras instaladas en los árboles los filmaron. Apareció una camioneta con gente que se identificó como vecinos de Bariloche que se interesaba por la cuestión y pidieron panfletos para repartir con sus amigos. Luego los manifestantes vieron a esos supuestos “turistas” del lado de adentro del portón.

Durante la tercera embestida contra el portón, reclamando su apertura, hubo varios que continuaron desalambrando, llevándose el alambre de púas como souvenir y recuerdo. Entre los manifestantes hubo uno que sacó una moladora portátil y pretendió cortar una de las rejas, cosa imposible pero que sirvió de mayor alboroto y distracción. Nuevas pedradas, revuelo, jinetes en el portón, la furia por parte de “gauchos de Lewis”. La siguiente intentona en el portón, en medio de la manifestación, varios hombres se acercaron al portón desde adentro y en medio de la confusión uno de ellos lanzó gas pimienta contra algunos manifestantes. La violencia siempre la ejerció la guardia que defiende al inglés.

Una nueva maniobra fue ingresar por una ruta de ripio, la huella andina, alternativa a Tacuifi, en una camioneta, con ocho manifestantes dentro, tres de ellas mujeres. Llegó hasta donde le permitió el recorrido, los ocho bajaron y caminaron hasta encontrar el camino de Tacuifí, que los sacaría a la ruta 40. A 300 metros del objetivo, aparecieron los hombres de Lewis, algunos a pie, con palos en las manos, otros a caballo con rebenques prestos a golpear, los encabezaba Pablo Puchy quien a los gritos exigió que se retiraran de allí por donde vinieron por las buenas, impidiendo que salieran por la entrada de Tacuifí. Al trato prepotente de Poly le siguió la embestida con caballos, con los ocho corriendo y perseguidos por el acceso, recibiendo palazos y rebencazos, con heridas cortantes en la cabeza, como en el caso de Celeste Fierro. Los que se cayeron al huir, como Joel Sverdlik o Gabriel Berrozpe recibieron la peor parte. El primero recibió patadas en el piso, con fisuras en las costillas, mientras que el segundo, que se desplomó al recibir un rebencazo en su nariz, la paliza fue mayor pues además de pasarlo por encima con los caballos, lo patearon y pudo atajar una roca con su pierna cuando le quisieron destrozar la cabeza, con la consiguiente fractura de tibia y peroné. La fotógrafa de Telam Alejandra Bartoliche, que formaba parte del contingente, también recibió golpes de todo tipo, además de sufrir el riesgo de perder su cámara, herramienta de trabajo que defendió con su cuerpo y pudo retener. El parlamentario del Mercosur Gastón Harispe, quien quiso entablar un dialogo con Puchy de manera infructuosa, recibió una paliza importante. El grupo se relegó a quinientos metros de donde los atacaron, a la vez que pedían una ambulancia para sacar a los heridos más graves. El jefe policial del operativo decidió entrar a pie (sic) diez minutos más tarde, con cinco mujeres policías y sin armas. Una camioneta, que manejaba uno de los agresores, llevó a la policía al lugar donde estaban los heridos, donde hubo otros golpes, con menos intensidad que la primera vez.

Los agresores no dejaron salir caminando por el portón a los heridos, los querían llevar ellos mismos pero no aceptaron porque no había condiciones de seguridad. El oficial a cargo decidió llamar una ambulancia, y de esta manera los sacaron a los ocho en dos viajes rumbo a la salita del Foyel, ubicada a quinientos metros del portón en conflicto. El resultado final fue la quebradura de tabique y de pierna para Gabriel Berrozpe; un impacto muy fuerte en la pierna derecha de Joel Sverdlik; la cortadura del cuero cabelludo de Celeste Fierro; y para el resto contusiones de diverso tenor que no ameritaron estar demasiado tiempo en el centro de salud. La fotógrafa de Telam realizó una cobertura fotográfica del recorrido, fue muy golpeada por un jinete que a toda costa le quería sacar la cámara, pero fue la primera en abandonar la sala de primeros auxilios para enviar a su agencia el material exclusivo y poner sobre aviso el grado de violencia que estaban manejando los defensores de Lewis.

A esta altura los organizadores de la marcha presentaron un recurso de habeas corpus en el juzgado del doctor Marcelo Muscillo de El Bolsón, por la retención indebida de los caminante de Tacuifí. El juez y un fiscal de la misma localidad se acercaron a investigar sobre los retenidos, su estado de salud y sobre los que los retuvieron, lo que implica la continuidad de una causa juidicial por las heridas recibidas.

Señores de los lagos

El jueves por la mañana los heridos se presentaron a la justicia a hacer la denuncia penal formal por lesiones. En el caso de Gabriel Berrozpe, internado durante la noche en El Bolsón y luego trasladado a Bariloche, la denuncia fue por intento de homicidio dado la gravedad de su estado físico después de las agresiones. Ese mismo día algunos medios de alcance nacional entrevistaron a Pablo Puchy, el hombre que llevaba la voz cantante de los agresores, quien se presentó en televisión como tercera generación de propietarios de tierras en torno a Lago Escondido. “Querían entrar por un camino privado de uso vecinal, no es un camino público. Nosotros no queremos que se haga público porque tenemos nuestros animales y vivimos de eso, y no es justo que esta gente se meta por ahí. No soy empleado de Lewis, vivo de mi trabajo, ordeño y vendo queso, vivo de eso, tengo un camioncito y hago flete a veces, llevando leña. Arreglo mi parcela para mis hijos y mis nietos, defiendo mi propiedad y doy la cara. Soy nacido y criado acá, estas tierras fue de mi abuelo, después pasó a mi padre, ahora la tengo yo, es decir que hace más de 150 vive la familia Puchy en la zona de El Foyel”, dijo enfático en el canal del diario La Nación. El mismo Puchy dice que el camino ya no se llama Tacuifí, sino que se llama Domingo Puchy, el nombre de su padre fallecido. Revisando bibliografía local encontramos los libros de Ernesto Maggiori, quien desde la década de 1970 se dedica a investigar y escribir sobre la historia de la comarca andina, y señala que las tierras al sur del Nahuel Huapi era territorio del cacique Foyel, y que después de la campaña de Julio Roca de 1879 decidieron donarle esas tierras al perito Francisco Pascasio Moreno. El perito donó varias leguas para la creación del primer parque nacional, en torno al lago Nahuel Huapi, y el resto se lo vendió a la familia Martínez de Hoz. Hacia 1912 hubo un loteo de tierras siendo uno de los primeros adquirentes la familia Montero, de origen chileno, quien llega a escriturar la tierra bajo el primer gobierno peronista y hacia 1996 le vende sus tierras a Joe Lewis.

El miércoles de los 10 heridos, los 60 montañistas navegaron en kayak por el lago luego de acampar en Las Horquetas, Lagunitas y Soberanía. El lago Escondido era su cuarto acampe, y ese día tratarían de acampar junto al camino de Tacuifí, al pie de la mansión de que Lewis construyó junto alLago. El grupo de los 60 no fue siempre continuo, de hecho en algún momento se superó esa cifra y en otro momento esa cantidad se redujo a 58. En el primer tramo de Wharton a Las Horquetas estuvieron dos vecinos de El Bolsón, entre ellos la dirigente de ATE Andina, Sandra Contreras. Además del apoyo a la marcha, Contreras quería verificar que el camino no es tal sino un sendero de montaña con dificultad si no se está preparado para circular por allí. Además quería confirmar que los marchantes respetaban las reglas ambientales que exigía circular por los senderos de lo que se conoce como Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (Anprale). El Anprale, ubicado entre los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lago Puelo, fue creado por la provincia de Río Negro en 1994 y abarca cerca de 60.000 hectáreas en las zonas de El Manso, El Bolsón y Lago Puelo. El paisaje se caracteriza por ser cordillerano andino, boscoso y con el río y el lago que le dan nombre como espacios de aguas centrales en el ecosistema que no solo busca proteger la biodiversidad, con una fauna única en el país, sino que se reserva ese espacio para el huemul, un siervo patagónico en peligro de extinción. “Había una estigmatización para con los marchantes porque venían en cantidad, desde áreas urbanas, y se los acusaba que venían a dañar el medio ambiente. Y yo confirmé en el lugar que no solo respetaban las indicaciones del cuidado de la zona de protección ambiental, sino que la relación con la naturaleza iba más allá de lo pautado”, dijo Contreras.

El contingente llegó a orillas del lago la noche del martes, luego de circular por senderos, de ver bandurrias, carpinteros y águilas, de caminar cuesta arriba por picadas, cruzar arroyos observados por cohiues, lengas y milenarios alerces, saltar alambrados y tranqueras, cargar 20 kilos sobre sus espaldas, sufrir el calor del día y el frío de la noche, preparar la comida, tratar de comunicarse desde lugares donde no hay señal de celulares y hacer guardias, porque las guardias fueron esenciales. La patota de Lewis los asedió y atacó apenas los divisaron por el sendero andino, con la intención de que no lograran su objetivo, pero llegaron al lago y luego de hacer noche aprestaron los kayaks para navegar los 10 kilómetros que los separaban de la costa opuesta. Mientras en el camino del Tacuifí los hombres de Lewis apedreaban a los manifestantes, otros grupo de tareas interceptó con una lancha a la flota de kayaks en medio del lago. La lancha que navegó alrededor de ellos generaba oleadas peligrosas, capaz de dar vuelta alguna embarcación. Desde la nave avisaban con ironía sobre el peligro del viento, las oleadas y las aguas heladas. No era una simple amenaza, hay antecedentes en marchas anteriores de dar vuelta un kayak de esa manera y dejar a dos caminantes flotando en las aguas heladas del Escondido, sacándolos cuando ya estaban entrando en un proceso de hipotermia. Cuando se cansaron de jugar, obligaron a los kayakistas a regresar y retomar el camino por donde llegaron. Ante la situación intimidante que había desde la lancha, los navegantes regresaron para dormir donde acamparon la noche anterior, pero apenas oscureció volvieron a los kayaks para llegar al costado opuesto del espejo de agua, justo donde Lewis tiene su mansión y termina el camino de Tacuifí. No llegaron a desembarcar en la orilla, sino que bajaron en una isla pequeña, que no es propiedad privada pero donde fueron acosados y asediados por el grupo de tareas de Lewis. La isla no figura en los mapas, por lo que se decidió bautizarla con el nombre de Isla de los Patriotas. Todas las noches de caminata la mano de obra que responde a Lewis los acosó y aquel jueves no fue la excepción, no los dejaron acampar en la playa, los agredieron de manera verbal y psicológica, les ponían parlantes alrededor con música a gran volumen y les impidieron que tomaran la salida por Tacuifí, rumbo a la ruta 40. Cuando el jueves una lancha se acercó a la isla con un grupo de policías los montañistas entendieron que venían a negociar su salida, pero en realidad fueron a preguntar la razón por la que estaban allí. En el lugar no solo estaban los montañistas por la soberanía sino que había un grupo de defensores de los intereses del británico, molestando a los marchantes. El abogado de Fipca, Sergio Cuestas, que formaba parte del contingente, habló con el agente policial, le explicó que se trataba de un espacio público que no era propiedad privada y que en todo caso debería llamar la atención a los “paisanos” que los molestaron toda la noche. El policía dijo que lo enviaron para garantizar que no hubiera conflictos, y entonces Cuestas le preguntó quién le había dado la orden de investigarlos en un espacio público y el uniformado respondió varias veces, como algo natural, que la orden venía de El Lago. En el lugar todos conocen a la empresa Hidden Lake como El Lago, que es sinónimo de Lewis.

Un rato después los “paisanos” permitieron la liberación del doctor Jorge Rachid, quien iba entre los montañistas, que en ese momento decidió salir para hacer pública la situación de la columna y además para retirar a la concejala de Potreros de los Funes (San Luis) Guadalupe Rascaeta, quien no tenía fuerzas para continuar. Ambos salieron en una ambulancia, para alivio de todos, aunque Guadalupe se alejó angustiada pues su compañero quedó a orillas del lago. En realidad el resto del grupo, guiados por Alejandro Meyer, siguió retenido y, como medida de fuerza para ser liberados, el sacerdote Francisco Olveira y Gustavo Bellido, combatiente en Malvinas en la guerra de 1982, iniciaron una huelga de hambre, responsabilizando al estado provincial de lo que les pudiera suceder.

Para el contingente que quiso entrar por Tacuifí, las del jueves fue una noche angustiante por tener escasas noticias de los 60 caminantes, y saber que durante la tarde fueron agredidos por los hombres del “Lago”, los hombres de Lewis, que los asediaron y les tajearon las mochilas. La última comunicación con la columna advertía que estaban siendo atacados y agredidos, y que corrían peligro sus vidas. Rachid comentó que durante su recorrida por el sendero andino, por las noches ponían parlantes a todo volúmen para que no durmieran y a veces se escuchaba que encendían una motosierra, amagando que iban a atacarlos con la misma. Los principales responsables de Fipca buscaron contactarse con autoridades provinciales y nacionales para lograr el rescate de los marchantes, pero a veces parecía un teléfono descompuesto y otras veces ni atendían el teléfono.

El viernes Julio César Urien, presidente de Fipca (Fundación Interactiva Para la Cultura del Agua) y organizador de las marchas, negoció con los que comandaban a los gauchos de Lewis, con la policía de Río Negro y con la ministra de Seguridad provincial Betiana Minor, y un hombre de confianza del ministro del Interior Eduardo de Pedro, para que les garantizaran la seguridad del contingente y los dejaran salir. El acuerdo consistía en entrar tres combis y sacar a los montañistas, pero a último momento, desde el lado de Lewis, impidieron que se sumaran vehículos de apoyo con los responsables de la marcha. A las 21 debían estar en El Bolsón, pero con las negociaciones paradas todo volvió a fojas cero hasta que Urien accedió que solo fueran las combis, él se quedaría a esperar a los muchachos a la vera de la ruta, junto al resto de los manifestantes.

Agresiones en El Bolsón

La Comarca Andina tiene varias localidades, entre las que El Bolsón se destaca por ser un espacio donde los hippies llegaron en la década del 1960 y muchos se instalaron allí con su proyecto de vida comunitario y en contacto con la naturaleza. La Feria de Artesanos, que funciona los martes jueves y fines de semana, es una de las más lindas de la región y convoca todos los años a artesanos y a turistas. El visitante puede llevarse una imagen bucólica del pueblo, con la cresta del cerro Piltriquitrón protegiendo lo que hace décadas se conoció como Valle Nuevo, con el río Quem Quetreu a pocas cuadras del centro, y el río Azul detrás de uno de los cerros andinos, ambos buscando desagotar a pocos kilómetros al sur, en el lago Puelo, ya en la provincia de Chubut.

El viernes 4 de febrero los contingentes de manifestantes se concentraron frente a las oficinas del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, que va por su segundo mandato, se presentará en 2023 por una nueva reelección y sueña con tener un cargo electivo en el Parlamento Nacional. Las versiones en el pueblo dicen que el titular del Ejecutivo local fue uno de los contadores de Lewis y que desde Lago Escondido se sostiene su poder, junto a algunos ediles que no cuestionan al inglés que se apropió del espejo de agua. Un dato curioso es que el mismo sábado que los montañistas entraban a los senderos andinos para llegar al Lago, la localidad de El Bolsón festejaba los 97 años de existencia y el Municipio premió a la empresa Lago Escondido “por destacada colaboración con la comunidad”. Como El Foyel y el lago está dentro del territorio que gobierna Pogiano, los manifestantes fueron a pedirle una audiencia para que garantizara por la seguridad de los marchantes de la montaña. Pasadas las 10 de la mañana le informaron a la delegación que el Jefe Comunal estaba de licencia y que no los podría recibir. Un rato después llegó el Secretario de Gobierno, quien recibió un petitorio que firmaron las organizaciones que llegaron hasta el lugar.

Cuando estaban por entregar el petitorio una de las manifestantes sintió un fuerte golpe en el hígado que la dejó sin aire, viendo cómo el agresor ingresaba al edificio municipal. Sus compañeros entendieron que reconoció a uno de los que arrojaban piedras en Tacuifí, y tardaron en darse cuenta de lo que estaba pasando. El grupo se concentró en la plaza, junto al boulevard, y se dedicaron el resto de la mañana a entregar material de difusión sobre la situación de las tierras y la pérdida del Lago en manos de un inglés. Otro manifestante, el bibliotecario Marcel Bertolossi, integrante de la organización HIJOS, cruzó la vereda a comprar una gaseosa, le pareció que lo estaban siguiendo y trató de sacarle una foto al sospechoso simulando que se sacaba una selfie. Mientras apuntaba su cámara recibió una trompada entre la oreja y la nuca que lo dejó mareado, y al querer increpar al agresor otras personas lo protegieron, aunque pudo sacarle la foto para presentarlo como prueba en la justicia. En el juzgado le informaron el nombre del agresor, conocido en el pueblo y también en los tribunales por las causas por agresiones a vecinos y comunidades mapuches.

Pasado el mediodía los manifestantes volvieron a sus respectivas bases, cabañas o campings a las afueras de El Bolsón. Mientras circulaba el rumor que ese mismo día se rescatarían a los 60 montañistas, pero sin una versión oficial. El sol brillaba aún cuando, a las 20.15, se convocó a una conferencia de prensa en la sede de ATE El Bolsón, y a la vez se subía un video de Julio César Urien dando por finalizada, de manera exitosa, la Séptima Marcha por la Soberanía. Pero la conferencia de prensa se retrasó porque desde las tierras que controla Lewis no se permitió que los micros que retiraran la salida de los montañistas estuvieran acompañados por vehículos de apoyo de la organización de la marcha. Urien, el máximo responsable de la actividad, se reunió con los manifestantes y puso al tanto de la situación y explicó que estaba negociando, consiguiendo las combis y actuando más allá de los abandonos de algunos funcionarios. Todo terminó a las 3.15 de la madrugada, en la ruta 40, con los manifestantes recibiendo a la columna Juana Azurduy y sus sesenta integrantes. Los abrazos y lágrimas, los cantitos y las palmas, las banderas y las sonrisas fueron el marco en el que el jefe de la columna, Alejandro Meyer dijera: “Nos quisieron amedrentar todas las noches, no hubo una noche peor que otra, nos asediaron durante toda la caminata pero no nos doblegaron. Ya estamos preparando la octava marcha hacia nuestro lago”.

Continuará …

El médico sanitarista Jorge Rachid sostiene que “Lewis no es Lewis, que la maniobra de controlar Lago Escondido se complemente con el aeropuerto de Playas Doradas y su vínculo con las islas Malvinas, donde está la base más importante de la OTAN en el hemisferio sur. Corremos el riesgo de secesión de la Patagonia, por eso es importante concientizar y actuar por la soberanía”. Pocas semanas antes de la marcha al Escondido las fuerzas armadas de Estados Unidos, principal aliada de la OTAN, señalaron que defenderían las riquezas que hay en el sur del continente, como si les perteneciera. Es imposible acceder a las islas Malvinas porque lo usurpó la corona británica, y lo mismo ocurre con Lago Escondido donde no se puede acceder porque se lo apoderó un súbdito de la misma corona. Tal vez pensar en una ruptura de la Patagonia del resto de la Argentina no sea un proyecto a corto plazo, pero el manejo de un estado paralelo, a través de la extranjerización de territorio y la compra de voluntades políticas, es una realidad que se percibe día a día en algunos pueblos del país, en particular en provincias del sur. No hace falta la escisión, la triangulación de los aeropuertos de Lewis en el continente con la base inglesa en Malvinas nos confirman que Lago Escondido es una cabecera de playa en la Patagonia del Imperio británico y de la OTAN. Julio César Urien no desconoce la situación y advierte que la resistencia del pueblo organizado, a la que se suman cada vez más jóvenes, no les está haciendo fácil el desembarco y que la defensa de la soberanía continuará.

No sé lo que quiero, ¡pero lo quiero ya!

Por Juan Guaján, Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2023.

Esta frase cantada por Luca Prodan y Sumo, a fines de los 80’ resume buena parte del inmediatismo que se impone en nuestras grandes urbes. Es cierto que -en muchos casos- está legitimado por históricas deudas sociales, aunque en otros solo sirva para mantener y fortalecer privilegios tradicionales.

Hoy allí se expresan dos ideas del momento actual. Por un lado, las urgencias en encontrar respuestas, un tema que preocupa a gran parte de nuestra sociedad. Por el otro lado, la multiplicidad de las demandas que activan y fortalecen los reclamos de diversos colectivos. Éstas peticiones son tantas, tan profundas y muchas veces contradictorias que, en variadas oportunidades, generan en el imaginario colectivo la idea de problemas sin solución y contribuyen a este estado de bronca e insatisfacción que va creciendo en la sociedad.

La urgencia de esas demandas, provenientes de sectores muy diversos y más de una vez opuestos, es una característica de estos tiempos.

El Estado que tenemos a la vista no solo es incapaz de conducir y fijar la respectiva hoja de ruta que establezca las reglas para una superación de los problemas. Ni siquiera está en condiciones de mediar en la sociedad dada su extrema debilidad, incapacidad, conflictividad interna y –básicamente- por estar al servicio de intereses que no son los de las grandes mayorías.

Debilitado el Estado queda, como el mayor poder, la fuerza bruta de los sectores económicos más importantes.

La sociedad, al percibir esta situación, obra en consecuencia. Cada sector presiona, del modo que puede, en busca de sus reivindicaciones.

Perdida, hace tiempo, la soberanía popular como punto de referencia y un sistema institucional que la haga realidad, las decisiones dependen de la capacidad de presión que cada uno pueda exhibir.

Tenemos a la economía en manos de las decisiones que adopta nuestro tramposo prestamista, el FMI. El rumbo económico podrá expresar diferencias menores, pero oficialismo y oposición dejan las decisiones mayores en manos de ese organismo y sus políticas.

De ese modo se fortalece la idea que desde hace tiempo circula en los medios politizados: En nuestros países, la derecha tiende a controlar las políticas económicas, naturalizadas y justificadas por la influencia del poder mediático de los grandes medios. Mientras tanto a las políticas consideradas culturales, cedidas en gran parte a sectores más progresistas, se les permite un tono más crítico.

En ese reparto los sectores populares más humildes siempre pierden, particularmente en aquellas cuestiones que se vinculan con los asuntos de la vida cotidiana, como el mantenimiento de la familia, la comida, los ingresos y el techo. Es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con las políticas redistributivas, de ingresos y acumulación económica.

Este sistema resulta más o menos tolerable, en tiempos y sociedades donde hay una clase media más extendida y en países con mayores recursos -como el nuestro- o bajo circunstancias favorables, como por ejemplo –para nosotros- los precios internacionales de nuestras principales producciones. Pero las cosas cambian en tiempos que flaquean las vacas gordas, ya sea por cuestiones de nuestro pésimo modelo económico o por factores naturales como la sequía que estamos atravesando.

Para estos momentos tales demandas crecen y al poder estatal se lo observa rebasado, de modo tal que sus respuestas resultan insuficientes, aún para aquellos sectores, que se pueden considerar como tradicionalmente satisfechos.

Constituyen una excepción quienes detentan el poder económico o forman parte de la élite que se beneficia con esa relación. Éstos tienen el control del aparato estatal para proporcionarle las respuestas que demanda.

Una satisfacción menor, aunque semejante, reciben quienes ocupan un rol en las actividades productivas vinculadas a la exportación o funcionarios jerarquizados de algunos servicios estatales o personal especializado en tareas de servicios informáticos, muchas veces prestados a diferentes puntos del mundo. Todos éstos y otros sectores semejantes constituyen ese 10% de la sociedad (unos 4,5 millones de personas) que viajan, llenan los restaurantes, consumen turismo, tienen acceso a una educación y sistema sanitario de excelencia. Ellos conforman el decil o décima parte de la sociedad que tiene mayores ingresos. Ése es el sector, proporcionalmente reducido, pero de mayor visibilidad e impacto en el conjunto. El modelo a imitar que “venden” los medios masivos.

De todas maneras y a pesar de los privilegios que gozan, o justamente por eso, estos sectores se sienten agraviados por los reclamos –aunque sean mínimos e insignificantes- de las grandes mayorías que demandan algo de justicia.

LOS MÚLTIPLES RECLAMOS

Pero no están la allí las carencias, ni la falta de respuestas, éstas se reparten entre el 90% (los más de 40 millones) donde está incluido el resto de la sociedad.

Allí se multiplican los reclamos legítimos, provenientes de diferentes sectores mayoritariamente desatendidos.

En ese 90% podemos encontrar, entre otros, a la parte inferior de los tradicionales sectores medios, cuya fortaleza e importancia nuestra sociedad exhibió orgullosa por largas décadas.

De ese sector proviene la mayoría de los que buscan una solución en otras tierras y de quienes suman su angustia a una sociedad que les niega lo que fue un modo de vida, cada día más lejano. Con esperanzas que se van desvaneciendo, procuran aferrarse al nivel de vida que tenían. Guiados por la vocinglería del sistema, reproducida por los grandes medios, no logran orientar la bronca de sus insatisfacciones hacia el modelo dominante y las minorías privilegiadas. Por eso lo descargan hacia aquellos que, estando en una situación mucho peor, tratan de no callarlo, expresándolo públicamente. Su alterada reacción ante legítimos cortes de ruta o calles, lo prueba y certifica.

Por último, está la mayoría. Son los sectores más humildes, trabajadores ocupados o desocupados, muchos de ellos claramente excluidos, los “descartables”, para el sistema que viven en la pobreza o indigencia. Si bien muchos de ellos están sindicalizados no es allí donde encuentran respuesta a sus crecientes necesidades. El nivel de ingresos de estos sectores y la evolución de los haberes jubilatorios figuran entre quienes han sido los más afectados, en estos últimos años, por la política de ajuste dictada por el FMI. Un reciente Informe del Ministerio de Trabajo aporta dos datos que no pueden dejar de preocuparnos. Uno dice que mientras el promedio salarial no llega a los 130 mil pesos la canasta básica de una familia tipo, para no caer en la pobreza, está por encima de los 145 mil. El otro dato es que más de la mitad de los trabajadores no llega al promedio de los130 mil pesos mensuales.

Lo que se puede considerar como el núcleo más dinámico de estos sectores, que ocupan el eslabón más bajo de esta sociedad, están organizados en función de lo que es denominado Potenciar Trabajo, un Programa estatal teóricamente destinado a transformar el subsidio de los planes sociales en actividades productivas.

Si bien los resultados –hasta ahora alcanzados- no son muy significativos, podría ser un camino para recuperar el sentido del trabajo, superando los límites del mero asistencialismo. Se trata de más de un millón trescientos mil beneficiarios. El 80% de ellos es asistido a través de la mediación de organizaciones sociales oficialistas y municipios del mismo color. El 20% restante está organizado por sectores de izquierda. Sus reclamos se hacen sentir en las calles. Con decenas de miles de manifestantes, esta semana hubo más de 100 cortes de rutas y calles. El gobierno acosa a sus beneficiarios mediante diversas verificaciones. En estos momentos se está debatiendo la suerte de unos 160 mil beneficiarios que, a juicio del Estado, no se han registrado debidamente. Mientras que las organizaciones sociales sostienen que esos beneficiarios carecen de los conocimientos y elementos técnicos necesarios para hacerlo.

Allí están los reclamos legítimos que merecerían una respuesta ¡ya! y que –sin embargo- no son atendidos.

MIENTRAS VENIMOS “CUESTA ABAJO EN LA RODADA” SE RECLAMAN CAMBIOS “RÁPIDOS Y PROFUNDOS”

Todos los indicadores coinciden en el hecho que la sociedad continua su descomposición. Los índices de pobreza, nuevo estancamiento económico, deserción y bajo nivel escolar, déficit de viviendas, avances del narcotráfico, crisis sanitaria, no dejan lugar a dudas sobre la extensión y profundidad de nuestros problemas.

Ante esta realidad desde la sociedad viene la pretensión de “cambios rápidos y profundos”. La consultora Innovación, Política y Desarrollo (IPD) acaba de publicar una encuesta en la cual, la mayoría de los argentinos, el 67% de la población lo está demandando.

Ante esta realidad caben algunas reflexiones.

La primera de ellas gira en torno a las preocupaciones de la mayoría de la dirigencia política, ensimismada en sus internas y avatares electorales mientras que la situación de la mayoría de las personas tiene otros y más significativos problemas por resolver.

Otra cuestión, no menos importante, tiene que ver con la multiplicidad y diversidad de las demandas. Ello es indicador de varias cuestiones. Por un lado, habla de la falta de liderazgo por parte del gobierno que, lejos de orientar o guiar a las expectativas colectivas de las grandes mayorías populares, agota sus recursos y fortalezas en cumplimentar sus fraudulentos compromisos con el FMI, apoyándose en los sectores más satisfechos, dejando indefensa a la mayor parte del pueblo.

Tampoco escapa a esta crítica buena parte de la dirigencia de los sectores populares que no ha encontrado la forma de superar los límites de sus propias luchas sectoriales. Más allá de los importantes avances desarrollados, no han podido, no han sabido o no han querido elaborar y construir, junto a otros sectores del pueblo, prácticas productivas, de organización y movilización social para demostrar -al conjunto de la sociedad- que hay en el horizonte otro futuro posible.

En lugar de abrir nuevos caminos han preferido insistir en la reiteración de las viejas prácticas y metodologías que el sistema de poder ya sabe cómo tratar y neutralizar, utilizándolas para producir enfrentamientos internos y con otros sectores sociales desviando el objetivo de esas luchas y permitiendo la supervivencia del sistema.

EN EL CASO DE LOS RUGBIERS: PRISIÓN PERPETUA, ¿ES JUSTICIA?

¡Sin prisión perpetua, no hay Justicia! Clamaban desde los medios hegemónicos, más cerca de una venganza (o del ojo por ojo…) y de intereses corporativos que de la Justicia como institución al servicio de la vida en sociedad. La justicia, desde todo punto de vista, es uno de los valores más manoseados de la sociedad, pero es también un valor inmensamente positivo y su organización, una necesidad invalorable para convivir en sociedad.

La expansión del derecho penal (parece que todo se debe dirimir en la justicia) junto a un mayor punitivismo (donde crecen figuras delictivas y penas), son guías que iluminan al Derecho Penal de estos tiempos. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la violencia y los delitos crecen sin límites que los contengan.

El hecho referido, en sí mismo, es de una crueldad que solo puede entenderse en medio de la existencia de fuertes sentimientos de impunidad y de una incontenible violencia social.

De mantenerse y ejecutarse las sentencias impuestas, surgen algunas preguntas: De este modo ¿mejora la convivencia social o se multiplican y acrecientan la violencia, los odios y rencores?

No hace falta ser sabio o erudito para saber cómo modelan las cárceles a quienes transitan por ellas.

Antipunitivismo y derechos humanos

Por Raúl Schnabel*, Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2023.

En medio del derrumbe de todos los principios queda uno en pie. En años de lucha consecuente me quedó claro que siempre el hombre justo debe estar al lado del más débil, del que lucha por lo justo, sean individuos, grupos políticos o pueblos. En términos de calle no se le pega a quien está en el suelo. Lo obvio se fue a la alcantarilla.
A la vez siempre el hombre justo debe buscar el máximo castigo para los crímenes aberrantes, sean cometidos en el terreno de los DDHH o sea en el campo de los derechos subjetivos.
Los que defendimos más de 120 presos políticos de la dictadura y los del copamiento del Regimiento de Infantería Motorizada de La Tablada en 1989 recibimos las peores afrentas por defender “asesinos”. El caso que más se nos endilgó fue la injusta muerte de la hija del Capitán Viola en Tucumán por un desatino de los guerrilleros del ERP. Santucho fue el primero en sancionar a los autores por la ligereza de su actuación que de ninguna manera fue alevoso sino un error gravísimo que los enemigos cometen a granel y llaman “daños colaterales”.
Cuando La Tablada o en el copamiento de Sanidad o de Monte Chingolo se activaron los fascistas pidieron pena de muerte para los guerrilleros, cuando en rigor la aplicaron en muchos casos asesinando a los detenidos. Yo tuve el privilegio de asistir en Bolivia a la sesión parlamentaria cuando se abolió la pena de muerte y compartí la maravillosa fiesta popular: fue un salto adelante en lo civilizatorio. Soy totalmente contrario a la pena de muerte como política de la pena, salvo en casos muy especiales en un proceso revolucionario no consolidado como las ejecuciones que el pueblo cubano le exigió al Ché a los asesinos de Batista que bien debieron repetir los nicaragüenses con los de Somoza, pero ya medraba el mal entendido humanismo que hoy se representaría en la poco feliz frase de “el amor mata al odio”: nunca el amor mató al odio sino que el odio revolucionario ha sido expresión del amor del pueblo.
Debo decir que, si bien comprendí el caso OCHOA en Cuba fue la única que vez que discrepé con Fidel. El general Ochoa, eximio oficial de la guerra revolucionaria en Angola, había sido descubierto como traficante de drogas. Era un gran amigo de Fidel. Leí el discurso del Comandante en Jefe justificando la pena de muerte que el mismo Ochoa firmó. En Cuba la droga no entra ni mata al pueblo fue el mensaje, válido por cierto. Yo creía que con la revolución triunfante bastaba una perpetua, pero un proceso revolucionario no puede tener soluciones tibias.
A los genocidas del terrorismo de estado no los matamos, no intentamos torturarlos y sólo queríamos una sanción severa como lo haríamos con cualquier genocida donde sea que fuere.
A los criminales sociales que afectan derechos subjetivos y no DDHH desde el Estado no podemos tratarlos con lenidad cuando cometen actos aberrantes como es el caso del asesinato brutal de Fernando Baez Sosa: ocho tipos concertados para matar a golpes a un chico en el piso impidiendo la ayuda de terceros y en ningún momento alguno pidiendo que pare el ataque. No hablamos de las consecuencias sociales ni del régimen penitenciario, hablamos de aplicar el derecho que en cierta forma es matemático y firme. No se puede aplicar una pena por un hecho que no se cometió porque son “jóvenes” y queremos su resocialización. La ligereza bajo el manto de lo “político” es para sociólogos u otros cientistas políticos que se limitan a valorar pero jamás deciden ni hacen nada para cambiar la realidad. Podrían muy bien instar el cambio del régimen penitenciario que hace decenios es injusto y gravoso. Pero no, piden que no se aplique la pena que corresponde a quienes pudieron no cometer el delito. Otros pibes en la marginalidad no tienen más remedio que delinquir, pero a esa clase media intelectual no les importa, les importa una banda de forajidos lúmpenes de clase media privilegiada que venía haciendo esto desde hace rato. Abrimos el camino así para que haya indulgencia con los casi asesinos de Cristina que gozan de impunidad. Recuerdo el caso de un pibe chico y humilde que arrastró a una mujer de la cartera y cayó bajo las vías y murió aplastada por el tren. Era muy triste pero no correspondía otra cosa que el castigo de la ley, de la ley que disponemos. En una sociedad revolucionaria tal vez ya no haya estos actos y por ende el problema se haya resuelto en el lugar que debe resolverse.
Pero toda esta corriente anti punitivista hoy parece un desprendimiento amoral de las políticas de género y todas aquellas trapisondas del imperio para disolver las sociedades.
En el último documento de la OTAN de Madrid de 2022, el ala de George Soros proclama defender los valores de Occidente, los derechos humanos y el feminismo. Claro que es una falsa bandera por la que no se detienen los crímenes de Estado contra los pueblos ni el mal trato de las mujeres en todos los órdenes y el avasallamiento de sus derechos.
Observo como gran parte del movimiento de DDHH cayó en la trampa y se desbarrancó tras un humanismo delirante y funcional al peor fascismo. Como hinchada de fútbol va detrás de su equipo frente a la barra del rival, pero realmente no les importa el fútbol. No sirve plantarse enfrente de la mano dura de la derecha que tiene otros fines. Ellos piden la horca para Milagro Sala, nosotros su inmediata libertad. No somos de los que “trabajamos” con el presidente para que la indulte, luchamos contra su inclemencia turbia, injustificada, hipócrita y ambigua.
El derecho que disponemos es este y no otro derecho. Con este derecho nos esforzamos para defender a luchadores populares y no pedimos clemencia, pedimos lo justo porque teníamos claro el valor que motorizaba sus hechos por más que hayan transgredido el C.P. La ley y las decisiones tienen valor, no es letra muerta. Pero sus dispositivos son férreos. Será tarea de los pueblos cambiar la sociedad con herramientas revolucionarias o al menos reformistas y avanzar hacia un nuevo derecho, aunque eso parezca lejano. Entre tanto, hay que buscar lo más justo posible para que se respete la vida humana y sus derivados principalmente su dignidad. El anti punitivismo es como el feminismo, un discurso inoperante, distractivo y disolvente que tiende a perpetuar los problemas de la sociedad. Que se superpongan soluciones o personas no tiene nada que ver con lo justo. Puede que haya fascistas de ultraderecha clamando contra las asesinas de Lucio Dupuy de 5 años. Nosotros también pedimos su castigo y ninguna lenidad con ellas pero las motivaciones son opuestas. Ellos bancan a los genocidas, nosotros los pusimos presos. Puede que Burlando termine siendo candidato de Milei, pero ahora no debatimos sobre la condición humana y política de Burlando sino que encomiamos a un profesional que ha trabajado en este caso con seriedad, probando con idoneidad cada hecho y pidiendo lo que el derecho manda. Enojarse contra Burlando es putear al sol cuando hace calor, una insensatez. Como los nacionalistas de derecha que claman por la Patria pero no enfrentan al enemigo colonial operativamente y terminan siendo aliados del imperialismo con tal de maccartear a lo que endilgan “comunismo”. El feminismo ocupa ministerios, se llena la boca de lenguajes obtusos, de categorías abstractas, pero todo sigue igual. Nos robaron las agendas de lucha y muchos no lo adviertieron y creen que situarse enfrente de las camisas negras es ya una actitud humanista. Cosa de intelectuales de clase media, no de revolucionarios. Ahora se cuestionan si el fallo de hoy en Dolores cambiará algo. Ni siquiera las condenas de los juicios de lesa humanidad cambiaron las cosas, lograron que el enemigo real se transvistiera, pero había que hacerlo. Si fuera por la ejemplariedad social no debería condenarse a nadie y seríamos una sociedad desquiciada con más anomia aún. Queremos la paz y nos armamos para conquistarla como decía Perón. Los progresistas se desarman y piden una paz que nadie les va a entregar sin lucha. Cada vez más estos falsificadores de los DDHH se van convirtiendo en funcionales al enemigo de los pueblos que hoy quieren algo concreto: que no maten a sus hijos. Y nos van a acusar de fascistas pero los fascistas son ellos. Estoy persuadido que pocos intelectuales sirven y poco, muy poco. Algunos son mis amigos y le han puesto el cuerpo a la injusticia como muchos militantes que sacrificaron todo para reafirmar la poca soberanía que nos queda en Lago Escondido, no contra el patriarcado abstracto en el café. Fueron por la Patria y se comieron palos y por milagro no murió alguno en manos de patotas defensoras de los intereses de la anti Patria. Gabriel Berrozpe puso sus piernas en el piso cuando la mujer de uno de los “gauchos” intentaba tirarle una enorme piedra a la cabeza. Si lo mataba, no era el patriarcado, era la Antipatria en manos de una mujer El anti punitivismo quizás se condoliera por ella.
Basta de confundir el derecho de los pueblos a su seguridad, a su dignidad, el derecho de la mujer que nadie como Eva supo defender, Hay que restregarse los ojos y sacar la espuma confusa. El fascismo ya no usa camisas negras sino de colores del arco iris. Los nazis verdaderos luchan junto a fuerzas judías contra la legitima defensa de la Federación Rusa ante la agresión de la OTAN en nombre de Ucrania de hace más de ocho años. Los DDHH del pueblo palestino son avasallados a diario con crímenes del Estado sionista donde rige una sociedad matriarcal. Nadie tiene como Rusia la verdadera defensa de la humanidad contra el fascismo a 80 años de la magna victoria de Stalingrado donde entregaron su vida miles de soviéticos por su Patria combatiendo a los nazis. Ya que nadie nos escucha y nadie nos admite en sus “construcciones” elitistas y sectarias, al menos nos queda la palabra para decir de lo que es, que es y de lo que no es que no es. Como diría el poeta lusitano Fernando Pessoa “hay que decir complicado lo que es complicado y simple lo que es simple”. El progresismo y sus derivaciones ideológicas es el quebranto total de la moral y de la política y, peor que el reformismo de antaño, pretende erigirse en heredero de la vanguardia social como “marxismo cultural” aunque cada vez sea más funcional al nuevo fascismo global y financiero, confundiendo y destruyendo valores. Algunos de los mejores patriotas adolecen de la misma enfermedad un poco más leve en sus síntomas por ahora, pero conviene advertirles que guarden cuarentena.
Para disminuir el punitivismo hay que cuidar hoy la vida y ponernos a trabajar, pero no impidiendo que se aplique la ley existente. La “tristeza” que exhibían hoy en las redes los quebrantados me dio tristeza, más que el hecho de Villa Gesell, porque encima se creen dueños de la verdad y sólo son autoritarios y autoritarias irracionales.

*Abogado militante de derechos humanos

Adolfo Pérez Esquivel: Olvido de la

memoria e hipocresía de la guerra

Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2023.

La primera víctima de la guerra es la verdad; hoy con mayor intensidad se trata de ocultar por los medios masivos de comunicación todo el andamiaje de las formas ocultas de la propaganda que pretende vender un producto que intoxica a la población que compra lo que no vale. Oscar Wilde decía que “hipócrita es aquel que sabe el precio de todas las cosas y el valor de ninguna”.

La humanidad vive la incertidumbre de no encontrar caminos de convivencia y respeto mutuo, los poderes políticos, económicos, el aumento de la carrera armamentista, el desprecio que hacen de la Madre Tierra a la que someten a violaciones del medio ambiente y provocan situaciones irreversibles contaminando, destruyendo, saqueando los recurso como el agua, la desforestación, el calentamiento global, la pandemia del COVID 19 que cobró millones de vidas y la especulación de los laboratorios farmacéuticos, que en nombre del “desarrollo y la salud” se enriquecieron a costa del ser humano.

Quiero compartir con cada uno y una de ustedes el siguiente mensaje, que más que palabras se dirige al corazón y al espíritu.

Las palabras no pueden expresar lo que siente la niña que perdió su madre en la guerra, se encuentra en un orfanato, dibujó con tiza en el piso a su madre, dejó sus zapatos fuera del dibujo y ella se acostó en el lugar sagrado en forma fetal, volviendo al seno del ser querido que la guerra le arrebató, la niña siente su ausencia y necesita de su amor y ternura. Miles, millones de niños y niñas son víctimas de guerras, hambre, violencia social y estructural. Dejan en descubierto la hipocresía de gobiernos que privilegian sus intereses económicos y políticos y marginan al ser humano y los pueblos, y continúan fomentando la guerra y enriqueciéndose con el comercio de armas y el envío de dinero para la muerte.

La guerra de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN utiliza al pueblo ucraniano y lo sacrifica en la guerra contra Rusia y llevan al mundo al límite de la III Guerra Mundial; todos los síntomas están a la vista, la escalada e intervencionismo de las grandes potencias no quieren sentarse a dialogar y encontrar caminos para construir la paz.

El presidente Zelenski de Ucrania busca profundizar la guerra con el apoyo de EEUU y Europa, es el títere de los intereses de las grandes potencias y pide más armas, dinero y entrenamiento del ejército ucraniano para el manejo de tanques y misiles de Alemania, Australia, EEUU y la UE.

Es una política demencial que aleja la Paz y pone al mundo al borde de su autodestrucción por la irresponsabilidad del poder de las grandes potencias y sus gobernantes.

Es una ofensa a Dios y a la Creación y pone en peligro la vida planetaria.

La ONU, que debiera ser el faro para iluminar conciencias y construir la Paz lamentablemente es una caja vacía, sin fuerza para tomar decisiones, está ausente a pesar de los reiterados llamados de iglesias, organizaciones y personalidades mundiales que dicen ¡PAREN LA GUERRA! Los 193 países que la integran guardan silencio o están imposibilitados de actuar. Es necesario democratizar la ONU, tener fuerza en tomar decisiones en bien de la Paz Mundial

Hacemos nuestro el llamado del Preámbulo de la ONU: “Nosotros los pueblos del mundo” reclamamos el fin de las guerras, tanto de Ucrania, Rusia, EEUU, la OTAN, como otras guerras silenciosas que afectan a la humanidad y al planeta a punto de estallar.

La lucha de los pueblos es combatir el hambre, la pobreza, recuperar el equilibrio perdido del ser humano con la Madre Tierra antes que sea tarde.

La niña busca el amor y la ternura de su madre víctima de la guerra que nunca podrá abrazarla, necesita que la humanidad la abrace junto a todos los niños y niñas en el mundo para que puedan sonreírle a la vida y no perder la esperanza, es un mensaje que va más allá de las palabras.

Es un mensaje que habla a la mente y al corazón

Envio:ResumenLatinoamericano

El Frente de Todos define su estrategia para avanzar con las destituciones

Juicio político: Comienza la etapa de investigación a los jueces de la Corte Suprema

Aprobada la admisibilidad de los proyectos, la comisión se volverá a reunir el próximo jueves a las 11 para fijar el cronograma de trabajo.

Por Maria Cafferata

Imagen: Bernardino Avila

Pasó lo que se sabía que iba a pasar: el Frente de Todos hizo valer su mayoría en la comisión de Juicio Político y, aprobando la admisibilidad del proceso de destitución a los jueces de la Corte Suprema, cumplió con su primer objetivo. Ahora se abre la etapa de investigación, la más importante para el oficialismo, la que espera que sirva como precedente para el futuro. El próximo jueves a las 11 la comisión volverá a reunirse para definir el cronograma de trabajo: un impasse para que el FdT pueda terminar de unificar su estrategia. Y es que en la bancada oficialista todavía pulúan distintas miradas sobre cómo encarar el proceso de recolección de pruebas. Las estrategias varían sector a sector - unos más combativos, otros más prudentes -, pero una cosa es segura: el hilo conductor de toda la investigación serán los chats de Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro.

"Nosotros estamos consiguiendo lo que vinimos a buscar", sostenía, satisfecho, un diputado oficialista a la salida de la reunión de comisión que aprobó, el jueves, la admisibilidad del juicio político a la Corte. La conducción del FdT está conforme con cómo se desarrolló la primera etapa. Primero, porque Juntos por el Cambio decidió participar de todo el proceso: "Lo legitimaron y encima demostraron que son los abogados defensores de la Corte", aseguraron desde la bancada oficialista. Y, segundo, porque consideran que sus legisladores lograron ofrecer un frente unido mientras que la oposición se mostró dividida. Ahora, sin embargo, empieza otra historia.

La etapa de recolección de prueba será extensa, compleja y - para muchos - factible de ser judicializable. "Un chicle que se va a estirar y estirar", advierte una espada frentetodista. En principio, el plan de la conducción de la comisión, a cargo de Carolina Gaillard, es establecer un cronograma de trabajo que divida los encuentros según las distintas causales y, luego, para cada causal, hacer un apartado específico que determine la responsabilidad específica de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Son más de 60 denuncias agrupadas en 14 pedidos de juicio político, aunque las más importantes son cuatro: el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, el cómputo del 2x1 para el represor Luis Muiña y las irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

El FdT ya tiene establecido un sistema de trabajo. Dos o tres veces por semana, les integrantes de la comisión de Juicio Político se reúnen en el Congreso (durante horas, a veces). Hay, además, un núcleo duro que está trabajando en el tema 24/7. La mayoría son integrantes de la comisión, pero no todes: están Gaillard y el presidente del bloque, Germán Martínez, el massista Ramiro Gutiérrez, les cristinistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, el chaqueño Juan Manuel Pedrini, el riojano Ricardo Herrera y el pampeano Hernán Pérez Araujo.

Ahora, si el FdT decidió que el próximo encuentro sea solo para definir la hoja de ruta de la nueva etapa es porque todavía hay muchas discusiones internas que no fueron saldadas. Hay diputades que, por ejemplo, sostienen que lo primero que hay que hacer es citar a Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, los protagonistas del chat que disparó el pedido de juicio político a la Corte. Otros, en cambio, le dan un vistazo al calendario, piden paciencia y aseguran: "Tiene que ser en marzo". ¿Qué sucede en marzo? "Es un mes con mayor exposición política", afirma un diputado kirchnerista, a quien no se le escapa que, para entonces, todo el mundillo político habrá entrado más intensamente en modo electoral. Pero no es solo por eso: a principio de marzo se conocerán, además, los fundamentos del fallo que condenó a seis años de prisión e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner.

Inevitablemente, el juicio político a la Corte y la campaña electoral estarán íntimamente entrelazadas. El primero funcionará como abono de la segunda y ya existe discusiones respecto a, por ejemplo, cuánto tiempo debería durar la investigación teniendo en cuenta los tiempos electorales. Algunes dirigentes consideran que debería extenderse lo máximo posible. Otres - la mayoría - sostienen que no debería extenderse por más de dos o tres meses. "Deberíamos tener ya un dictamen contundente para mayo, antes del cierre de listas y que te sirva para la campaña", reflexiona un diputado que se sienta en la mesa de toma de decisiones.

Más allá de las especulaciones electorales, por estos días predomina en la comisión de Juicio Político la idea de comenzar la investigación por el fallo de coparticipación. Los primeros testigos comparecerán el jueves 2 de febrero - ya que la semana anterior es semana corta por carnaval - y, entre los diferentes nombres que se barajan, está el del ministro de Interior, "Wado" De Pedro, y el del procurador del Tesoro, Carlos Zanini. El objetivo es que ambos brinden detalles sobre el litigio entre la Ciudad y Nación respecto a la quita de los puntos de coparticipación que Mauricio Macri le había dado a Horacio Rodríguez Larreta (y que una cautelar de la Corte volvió a aumentar).

Luego, en las reuniones subsiguientes, la comisión irá convocando también a funcionarios de la Corte Suprema, constitucionalistas, dirigentes políticos, gobernadores y peritos. En el caso de los jueces acusados, estos podrán comparecer al final del proceso, a modo de defensa, pero no están obligados. Los testigos, en cambio, sí están obligados a comparecer, pero ahí se abre otro debate: ¿qué hacer con los testigos que se nieguen a presentarse? Hay diputados que, como Tailhade, argumentan que hay antecedentes que defienden la idea de que el propio Congreso tiene la facultad de enviar a la fuerza pública a retenerlos. En la conducción de la comisión terminó predominando, sin embargo, la decisión de pedir una orden judicial para los testigos que se declaren en rebeldía.

El caso de Robles y D'Alessandro, más allá de cuándo se decida finalmente que testifiquen, estará presente en cada una de las audiencias. Y es que para el FdT los chats que se filtraron representan el núcleo central de toda la investigación: "Es lo que comprueba que hubo mal desempeño y arbitrariedad en sus fallos. Con Robles y D'Alessandro nosotros podemos comprobar que hubo un vínculo existente entre el Poder Judicial y el gobierno porteño", explicó una diputada que integra la comisión. El verdadero objetivo del oficialismo, más allá de corroborar el mal desempeño de los jueces en los diversos hechos que los acusan, es demostrar que los fallos de la Corte - coparticipación, Consejo de la Magistratura o 2x1 a genocidas - fueron direccionados en un sentido político económico. "Eso es lo central", reiteró la diputada del FdT.

Denuncias opositoras, renuncias y cambios en el gabinete

La bomba que no existe, el juicio político que arranca

La bomba financiera que denuncia la derecha, la profecía intencionada. Juicio político en Diputados. Pertinencia, legalidad, reglas de juego. Comienza el calendario electoral. Asoman candidaturas surtidas. Manzur vuelve a Tucumán y piensa en su futuro. El juicio que atrajo la atención colectiva, otro vistazo.

Por Mario Wainfeld

Christine Lagarde, Mauricio Macri y Nicolás Dujovne, los autores de la bomba financiera.. Imagen: Télam

Ojalá le interese este artículo, lectora o lector. Léalo sin temores, la bomba financiera no explotará mientras lo haga. Es altamente posible que no estalle nunca, incluso que no exista. Ampliaremos más adelante después de recorrer ciertas novedades políticas recientes. En nuestra patria, lo descubrió un estadista, siempre pasan cosas.

Se anuncian candidaturas, sin ir más lejos. El abogado Fernando Burlando se mociona para sheriff… perdón para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Acumuló minutos de fama mediática merced a su desempeño en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Hábil en esa arena, aupado por numerosos medios, pega el salto. Cero novedades, un manodurista predicando y pidiendo votos en “la provincia”. La historia es generosa en (deplorables) ejemplos. El exgobernador Carlos Federico Ruckauf. El exintendente y excarapintada Aldo Rico. El exintendente Luis Abelardo Patti, luego condenado por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Hay otros precedentes, existe plafón. ¿Qué le puede fallar a Burlando? Siempre algo o todo puede fallar…

La exdiputada cívica Elisa Carrió rompe el silencio de una semana y vocea su precandidatura a presidenta. Los correligionarios de ruta, la dirigencia cambiemita en general se abstienen de responder. En parte porque se cuidan de las réplicas de Lilita, en parte porque no le creen. Suponen que la movida es (solo) parte del regateo por reparto en las listas legislativas.

Juan Grabois anuncia su precandidatura dentro del Frente de Todos (FdT) si Cristina mantiene la decisión de no presentarse y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro no suple a la expresidenta participando en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Juan Manzur renuncia a la Jefatura de Gabinete nacional para regresar a su Tucumán querido. Se postulará para vicegobernador en la fórmula que propone a Osvaldo Jaldo para la gobernación. Manzur supo ir y volver desde el terruño al espacio nacional. Ahora será jefe de campaña. Su deseo ulterior es ser precandidato a presidente por el FdT tras el triunfo local. Las normas no escritas incitan a los pretendientes a callar ambiciones y repetir que están pensando y obrando en tiempo presente. Pero Manzur conserva el objetivo entre ceja y ceja desde que desembarcó en la Casa Rosada tras la crisis de gabinete detonada por el resultado de las PASO legislativas en 2021. Arrancó con ímpetu, supuso que tendría centralidad y protagonismo, que el oficialismo se relanzaría. Nunca hubo agua abajo. Hasta el proverbial entusiasmo de Manzur se desinfló, acabó enrolado en la luenga lista de funcionarios que no funcionaron. Optimista de la voluntad, el funcionario saliente sigue encargando encuestas midiendo intención de voto y nivel de conocimiento.

El exdiputado y exministro entre otros cargos Agustín Rossi retorna al Gobierno. Este cronista opina que no debió salir del Gabinete como consecuencia de internas y decisiones cruzadas en el marasmo producido por las mencionadas elecciones. Incluso piensa que tendría que haber estado desde hace un buen rato en la Jefatura de Gabinete. Esta columna se alargaría demasiado rememorando tiempos idos y goles en contra. En todo caso, el oficialismo que ambiciona mantener unidad tendría que repasarlos.

La competencia electoral entre el oficialismo y Juntos por el Cambio (JxC) tiene un tanteador llamativo, casi todo consecuencia de goles en contra o de asistencias involuntarias a rivales bien colocados. Desoído, ay, el sabio consejo de Carlos Salvador Bilardo: no pasarle la pelota a los contrarios.

La bomba, la mecha, las ruines profecías: Dirigentes de Juntos por el Cambio cometieron un documento alertando acerca de la existencia de “una bomba de tiempo”, el nivel de endeudamiento público en instrumentos financieros pagaderos en pesos. La feble metáfora engendró otras: “la mecha” de la bomba, las destrezas del ministro de Economía Sergio Massa para alargar la mecha sin desactivar el artefacto explosivo. Indigencia discursiva, un síntoma de pereza y decadencia política.

Las invocaciones son exorbitantes; ya lo explicaron colegas en este diario y especialistas serios en diversos formatos. La contingencia económico financiera es preocupante pero “esa deuda” puede ser manejable con políticas públicas atinadas.

Renunciamos a toda pretensión de originalidad: la alarma busca la profecía autocumplida. Generar pavor en “los mercados”, reacciones defensivas reflejas en diferentes sectores económicos. La opo clama que estamos cerca del abismo y empuja para ese lado.

Los economistas cambiemitas olvidan sus desempeños recientes. Hablan como si fueran premios Nobel de ultramar, serios y distantes, analizando a este país desdichado. Sus currículos podrían inducirlos a la cautela. La verborragia nace del afán de volver a los puestos en que causaron tanto daño, apenas ayer.

En el contexto regresó a la palestra el exministro de Economía Domingo Cavallo. Se insinúa como un veterano, bien formado, los medios lo acogen como si no hubiera trayectoria ni historial de daños. Fue, claro, el más hábil, el más creativo, el “más político”, el más peleón en el Agora de los economistas neoconservadores argentinos en las últimas décadas. Por ende, el más dañino. Aquel que transitó desde la estatización de la deuda privada en la dictadura hasta el corralito, pasando por la Convertibilidad y la venta a precio vil de las joyas de la abuela. Renace de las cenizas para proveer coartadas a la derecha autóctona. Sin el brillo de años idos, sin réplicas punzantes… los años pasan para todos. Algunos se lo merecen.

Cortesanos en el banquillo, callados: El juicio político a los cuatro magistrados de la Corte Suprema reunifica a los principales bloques en Diputados. Actúan sin fisuras, votan conjuntamente de modo predecible. La única excepción es el ¿insondable? juicio político exclusivo promovido por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti.

Al oficialismo le viene bien (porque le cuesta mucho) que todos cinchen para el mismo lado. La movida es un gesto de autoridad frente al hostigamiento constante de la cúpula del Poder Judicial. La oposición macanea y blande doble vara: alega que el juicio político es “un ataque” al sistema, una burla a la división de poderes. Los autopercibidos repúblicos promovieron el año pasado veinte juicios políticos al Ejecutivo. ¡Veinte! Ha de ser lícito, entonces. Más vale que sí, regula el conflicto entre poderes del Estado, los somete a procedimiento y a votación. Otro cantar es si los cargos son atinados, si la destitución procede… se verá durante el proceso.

Los jueces pueden ser destituidos por sus sentencias aunque algunos ignorantes laureados lo niegan. No por diferencias de criterios al decidir. Pero sí cuando media arbitrariedad, una decisión caprichosa producto solo de la voluntad del juzgador. O como explicó Ernesto Tiffenberg semanas atrás en Página/12 cuando incurrieron en prevaricato, el equivalente judicial del incumplimiento de deberes de funcionario público. Esto es, cuando decidieron por móviles ajenos a labor: para favorecer a una de las partes, por dádivas, simpatías personales. Para agradecer designaciones, pongalé. Las irregularidades tienen que probarse; no alcanza con presumirlas.

Como aprendió la comunidad en el juicio de Dolores una acusación contra varias personas puede tener distintos grados de responsabilidad. Depende de los cargos, de las evidencias, de las defensas. En el transcurso del juicio se desbrozarán acusaciones diferentes. Un pálpito sencillo: Horacio Rosatti se alzará con la Copa. Más acusaciones, más expedientes, pruebas más severas contra el Supremo bicéfalo, el que comanda dos organismos importantes del Estado en nombres de la austeridad y la división de poderes.

La seguimos un día de estos, van dos acotaciones de yapa y a cuenta.

Una. Ser testigo es una carga pública y quienes se rebelen ante una citación pueden-deben ser citados por la fuerza pública. Minga de populismo o abuso de autoridad, así funcionan las instituciones.

Otra, opinión pura en este caso. Los cortesanos deben comparecer. En razón de sus cargos, se los faculta a responder por escrito. Estarán en su derecho pero sería ejemplar que asistieran a audiencias, que hablaran en público, que se dejaran ver y oír. Todas las autoridades democráticas comunican, son visibles, se expresan. Los jueces parecen tener coronita, estar por encima de esas prácticas vulgares. Sin embargo, qué valioso sería que hicieran cabal uso de la palabra: tomaran el micrófono, expusieran argumentos, admitieran que el vulgo los conociera. La ejemplaridad y el sentido del honor requieren, con frecuencia, poner el cuerpo, dar la cara.

El desenlace numérico parece ser inexorable. Los acusadores no cuentan ni contarán con los votos necesarios para llevar a los supremos al Senado, eventual Cámara juzgadora.

La voluntad del oficialismo se afinca en el trajín de la comisión acusadora. En dar a conocer los desmanes y las arbitrariedades de la Corte, su relación promiscua con poderes fácticos y con la oposición. Hay una apuesta latente: acicatear las internas entre los acusados. Tienen raíces profundas, enconos pronunciados. Los más resonantes enfrentan a Lorenzetti versus Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En la primera jugada los supremos transmitieron que van de la mano mientras se miran de soslayo y operan en los medios. En una de esas, la insondable jugada de la Coalición Cívica forma parte de esas internas.

Esto recién comienza: En mayo Tucumán elegirá autoridades provinciales. Para fin de ese mes se habrán pronunciado 10 provincias. Los antecedentes electorales son más certeros que las encuestas. En los territorios, prevalecen los oficialismos aunque cada provincia tiene su tradición, su diseño.

En 2019, cuando se renovaron 22 de las 24 gobernaciones, el FdT sacó buena ventaja. En 2021, eligiéndose diputados y senadores, JxC dio un batacazo, ganó en casi todo el país. Por ahora, escatimamos pálpitos, apuestas o pronósticos deportivos. Este cronista confía poco en las encuestas con tanta antelación.

En la semana que termina hoy la gente común seguramente prestó poca atención a los hechos que reseñamos acá. El juicio en Dolores imantó el interés público. Se esperó el veredicto como si fuera una definición por penales. La opinión pública se identificó con las víctimas. Se produjeron debates interesantes, contaminados por la retórica de la época. Agresiones, descalificaciones, maniqueísmo. El fanatismo acecha a las controversias, la intolerancia cunde.

Tal vez se reparó poco en que el juicio transcurrió conforme las reglas, se produjo abundante prueba en un plazo razonable. La continuidad de las audiencias hizo que se pudieran comprender los hechos.

Insinuación para conocedores de la comunicación o profanos interesados. Como en el Mundial, la televisión copó la escena. Medio de comunicación en decadencia, acosado por competencias, ratings en descenso. Como fuera, dos acontecimientos masivos y populares en dos meses concitaron audiencias como en los viejos tiempos.

Sin conversarlo tanto, sin hacer tertulias, la gente de a pie combina vacaciones, regreso al laburo, corre detrás de la inflación. De momento, la mayor parte de la dirigencia no la atrae, no le propone horizontes novedosos, no le abre escenarios. Tendrán que ponerse las pilas pronto porque se abren los cuartos oscuros desde hoy en las internas de La Pampa. Los argentinos cuando votan podrán acertar o equivocarse. Pero sus pronunciamientos acostumbran ser drásticos, legibles, poblados de sentido.

Maniobra con las exportaciones para no ingresar los dólares

Colgate muestra los dientes: Otra multinacional en el triángulo de la fuga

Hace pocas semanas fue el caso de Pirelli. Ahora, la norteamericana líder en productos de higiene. La Aduana descubrió los mecanismos de triangulación de las ventas que utilizaban para no declarar en el país lo que corresponde y dejar los dólares afuera.

Por Raul Dellatorre

Exportó dentífrico, cepillos de dientes y enjuague bucal a Paraguay, pero sólo declaró la mitad.

La Aduana detectó un nuevo caso de operaciones de triangulación en el comercio exterior realizadas por empresas multinacionales, a través de firmas vinculadas, para sobrefacturar importaciones o subfacturar exportaciones. Esta vez, se trata de maniobras de triangulación de la facturación de exportaciones realizadas por la firma Colgate Palmolive, a través de empresas pertenecientes al mismo grupo económico, con diferencias de hasta el 100 por ciento en los precios.

Pocos días atrás, se tuvo conocimiento de un caso de operaciones de triangulación y sobrefacturación de importaciones de neumáticos entre firmas del grupo económico dueño de Pirelli. En ambos casos, el perjuicio fue para el fisco, porque las operaciones tributaron sobre un valor declarado inferior al efectivamente transado con el exterior; y para el sistema financiero y cambiario, ya que se trata de divisas que debían haber ingresado y no lo hicieron (caso Colgate), o que salieron de las arcas oficiales pagando una cuenta mayor al valor real de las importaciones (caso Pirelli).

Un alerta a la Unidad de Delitos Financieros de Estados Unidos

Bajo esos mecanismos, las firmas obtienen más dólares a precio oficial de los que necesitan para importar, en un caso, y en el otro eluden declarar el ingreso de divisas, o directamente no las ingresan, una parte de lo que reciben al exportar. En esta última semana, el director general de Aduanas informó que se notificó a la Unidad de Delitos Financieros de EE.UU. sobre estas operaciones irregulares protagonizadas por multinacionales, porque "en la mayoría de estas operaciones el dinero termina en bancos de ese país", precisó Guillermo Michel.

"El mal negocio del comercio exterior mutó del contrabando tradicional a la sobrefacturación de exportaciones y subfacturación de importaciones", describió el titular de Aduanas, refiriendo que "hay casos de multinacionales que importan bienes pero le cargan un costo adicional para girar de manera encubierta dividendos o regalías a las casas matrices". Es la metodología detectada en el caso de las empresas vinculadas a Pirelli.

El caso contrario es el de exportadoras multinacionales, que utilizan otra empresa del grupo para triangular la operación subfacturando la venta, para que esa empresa la refacture al destinatario final al valor real. Es la metodología detectada en el caso Colgate.

El caso Colgate Palmolive

En el nuevo caso al que tuvo acceso Página 12, la Aduana detectó la realización de maniobras de triangulación de la facturación de exportaciones realizadas por la firma Colgate Palmolive, a través de empresas pertenecientes al mismo grupo económico, con diferencias de hasta el 100 por ciento en los precios. Dicha operatoria comercial bajo el esquema de ventas sucesivas, fue identificada en relación a exportaciones de dentífrico, enjuagues bucales, jabones en pan, jabones líquidos y cepillos de dientes. Las mismas fueron efectuadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

Las denuncias recaen sobre 44 destinaciones operadas durante los años 2019 al 2020, las que involucran un FOB declarado de USD 1.800.472,27 y un menor ingreso de divisas por un monto total de U$S 1.777.530,85. Es decir, el valor que correspondía declarar era el doble que el efectivamente declarado.

Las maniobras se realizaban en el marco de lo que se describe como "ventas sucesivas entre empresas de un mismo grupo económico" (fabricante y refacturador), observándose que "la mercadería ha sido siempre transportada físicamente desde la República Argentina a destino final, sin observarse elementos que indiquen, prima facie, la existencia de un aporte tangible de valor agregado por parte del tercer operador que justifique márgenes de refacturación del 100%".

La investigación de la Aduana consistió, en una primera etapa, en "un relevamiento de las exportaciones sujetas a operaciones trianguladas realizadas por la firma hacia Uruguay y Paraguay, en el período 01/01/2019 al 31/12/2020".

Durante el relevamiento se observó que, en la totalidad de las exportaciones trianguladas se consignó como comprador (intermediario) a la firma Colgate Palmolive Latin American Inc., radicada en EE.UU.

Diferencias del 100%

Por otro lado, a partir de los sistemas de información disponibles y diversas consultas realizadas mediante los convenios de intercambio de información aduanera, se constataron diferencias en más del orden de 100% en promedio, entre los valores FOB documentados en las destinaciones de importación respecto de los valores FOB declarados ante el servicio aduanero argentino, "incremento que sólo obedece a la refacturación practicada por el tercer operador", concluyen los investigadores aduaneros.

"El hecho de la vinculación entre las empresas que intervienen en la transacción comercial triangular torna factible la posibilidad de manipular los precios declarados, con el objeto de lograr beneficios fiscales de distinto tipo", sostiene el trabajo de los profesionales a cargo del relevamiento. "Por lo tanto, se le solicitó al exportador explicaciones y justificaciones de la operatoria expuesta, (pero) la respuesta formulada por la firma no resultó ser relevante para las tareas de análisis, así como tampoco logró justificar el accionar comercial llevado adelante por el intermediario".

En sus conclusiones, el informe de Aduana señala que, "realizadas las tareas de control respecto a las operaciones en estudio, se presume la existencia de subfacturación en las exportaciones, al verificarse valores declarados en nuestro país menores de los que hubieren correspondido, evidenciando que el exportador habría alterado la declaración comprometida al momento de documentar, permitiendo el ingreso desde el exterior de un importe distinto del que correspondiere".

Fuente:Pagina12

Intento de magnicidio a CFK: Rechazan una vez más el arresto domiciliario para Carrizo

Para la jueza del caso "subsisten inalterados los peligros procesales" para que el líder del grupo que intentó matar a la Vicepresidenta continúe el proceso penal en libertad.

SÁBADO 11 DE FEBRERO DE 2023
La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, rechazó nuevamente otorgar prisión domiciliaria a Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre último, tras señalar que existen "riesgos procesales" que impedirían morigerar la modalidad de su detención.
"Considero que subsisten inalterados los peligros procesales tratados al tiempo de evaluar la posibilidad de que Carrizo afronte el presente proceso penal en libertad. Riesgos que, de momento, no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado", sostuvo la magistrada en un fallo de 6 páginas firmado este viernes según señalaron desde Télam.
Se trata de un segundo intento realizado por la defensa de Carrizo, a cargo del abogado Gastón Marano, presentado el 23 de enero último bajo el pretexto de que el procesamiento de su defendido se encuentra firme pero "su detención con carácter cautelar se tornaba de prolongación incierta".
En este nuevo intento, su abogado defensor propuso que sea enviado a la casa de su supuesta pareja con la que habría convivido días antes de ser detenido a mediados de septiembre pasado.
Pero del estudio socio ambiental que le realizaron surgió "la convivencia se encontraría en una etapa incipiente" y "se habría desarrollado solamente algunos días previos a su detención".
La profesional que realizó la entrevistas para el caso relató también que "la relación dataría de hace poco más de un año, y la habrían mantenido en reserva de sus entornos sociales y familiares, a pesar de asegurar haber tenido contactos con regularidad durante ese periodo", según surge del fallo de Capuchetti.
Cabe señañar que Carrizo está procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del intento de homicidio: ante la justicia y la opinión pública se presentó como alguien que dio trabajo en la venta de copos de nieve a Fernando Sabag Montiel -el hombre que intentó cometer el atentad-, pero en su celular aparecieron mensajes en los que se atribuía participación en la planificación del ataque.

A cuánto asciende la jubilación mínima tras el aumento anunciado por Massa y Raverta

El ministro de Economía y la titular de Anses realizaron el anuncio de refuerzo para las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos.

VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2023
La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciaron hoy un refuerzo para las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos, que permitirá que ninguna jubilación quede por debajo de los 73 mil pesos, más el aumento correspondiente a la Ley de Movilidad.
Este incremento, el primero de los cuatro que se otorgarán en el año, será de 17,04 por ciento para todos los beneficiarios de la Seguridad Social (el 84 por ciento son jubilados y pensionados, es decir, 6.1 millones). Asimismo, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) subirá a 11.465 pesos.
En tanto, el refuerzo será de 15 mil pesos por mes que se abonará en marzo, abril y mayo para quienes perciban hasta una jubilación mínima. y que irá decreciendo progresivamente hasta los 5000 pesos para los que perciban hasta dos haberes mínimos. Así, con estos incrementos, la jubilación mínima ascenderá a 73.665 pesos.
Cabe destacar que, en 2019 cuando comenzó la gestión, la jubilación mínima era de 14 mil pesos mientras que ahora llegará a los 73.665 pesos. Con esta medida, la jubilación mínima aumenta un 11 por ciento en términos reales desde diciembre de 2019, recuperando así parte del 19,5 por ciento perdido durante el gobierno anterior.
En este marco, Raverta expresó: “Poder decir que recuperamos 11 puntos de los casi 20 que se perdieron en el gobierno anterior es muy importante. Destruir es un instante y reconstruir y volver a garantizar que el bolsillo de los jubilados les permita vivir con dignidad es mucho más lento”.
“Un jubilado de la mínima va a tener en marzo como haber una jubilación de 73.665 pesos. Es decir que ningún jubilado cobrará menos de 73 mil pesos”, agregó.
Por su parte, Massa expresó: "Venimos trabajando codo a codo con ANSES para recorrer este camino de mejora, no sólo en jubilaciones, sino también en otras prestaciones de la Seguridad Social".
"Esta medida que estamos tomando para jubilados y pensionados nos va a permitir que el camino a recorrer en los próximos tres meses sea de mejora en la jubilación de base pero, además, de refuerzo desde el Estado para garantizar que el ingreso se vea mejorado”, concluyó.
Fuente:Diagnales

LAGO ESCONDIDO

Radiografía del ejército privado de Lewis en la Patagonia

Quiénes conforman el clan Puchy. El exintendente radical de El Bolsón y el reclutamiento de jóvenes desocupados en la zona. Los grupos de choque a cargo del abogado José Luis Bianco, que representa a Hidden Lake, la corporación del magnate. El rol de una oficial de la policía y la centralidad de Van Ditmar.

12/02/2023

Por: Alejandro Pairone
La corporación británica Hidden Lake, del inglés Joe Lewis, funciona como un verdadero Estado autónomo dentro del territorio argentino fuera del alcance de la ley, y hasta posee un ejército privado que moviliza para atacar con violencia creciente a las marchas que todos los febreros intentan acceder al Lago Escondido por travesía de montaña y por el camino público de Tacuifí en El Foyel, 60 kilómetros al norte de El Bolsón.
Son grupos paraestatales que se conforman con policías y expolicías provinciales, agentes de seguridad privada, peones rurales y empleados de tareas generales de Hidden Lake, además de jóvenes en su mayoría desempleados reclutados en los barrios de El Bolsón.
Están organizados en dos batallones: uno ataca sobre el Lago Escondido y en las costas de la mansión de Joe Lewis y otro lo hace sobre el camino de Tacuifí en el cruce con la Ruta Nacional 40. Allí construyeron un gigantesco portón con caños de hierro utilizados en la industria petrolera, con alambre de púas y permanentemente monitoreados por cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial.

Cada año, en febrero, militantes de organizaciones sociales y políticas de todo el país se convocan para llegar al Lago Escondido, cuyo acceso Hidden Lake impide por la fuerza pese a que 25 jueces y juezas de todas las instancias y jurisdicciones ordenaron a lo largo de 12 años la liberación del ingreso por el camino de Tacuifí.
Las movilizaciones son lideradas por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), en la denominada «Marcha por la Soberanía» al Lago.
Ambas columnas operan bajo las órdenes del testaferro de Lewis y gerente de sus negocios en la Patagonia, Nicolás Van Ditmar. El batallón de irregulares en el lago está al mando del abogado local de Hidden Lake, José Luis Bianco, de comportamiento violento, como atestiguan los videos donde aparece insultando y provocando a los manifestantes.
Bianco es el delegado de Van Ditmar en los korps antimapuches más radicalizados, como Consenso Bariloche. Allí reclutó al abogado mediático Daniel Sabsay, quien en su nombre recorre los canales de televisión con proclamas y argucias falaces.
Van Ditmar reforzó este año los efectivos irregulares que dirige el abogado Bianco en el lago, donde hostigaron y agredieron a los manifestantes durante las 24 horas. Los iluminaron con reflectores, apedrearon y sometieron a música a todo volumen, como hacían los torturadores estadounidenses contra los prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib.
En el acceso por el camino de Tacuifí, Van Ditmar puso las patotas al mando del «Clan Puchy», como llaman a una numerosa y antigua familia que desde hace un siglo ocupa, comercia y trafica con las tierras fiscales que rodean al camino que une la Ruta 40 con el Lago Escondido.
La cabeza del Clan es Víctor Puchy (alias Vitolo), nieto del fundador de la dinastía nacida de una banda de asesinos y violadores que azolaban la zona (ver aparte).
Aunque dicen ser gauchos que defienden la propiedad, están lejos de lo uno y de lo otro: viven de las tierras fiscales y Vitolo, por ejemplo, es un pequeño empresario contratista de Lago Escondido en obras menores. Posee maquinaría vial y camiones que guarda en galpones y obradores, además de un stud, montados en tierras fiscales irregularmente adquiridas a sus primos Pablo y José, quienes además son sus lugartenientes en las patotas.
Pablo y José Puchy explotan las tierras fiscales que les quedaron tras las sucesivas divisiones de las grandes extensiones que sus abuelos ocuparon por la fuerza un siglo atrás. Extraen madera de bosques nativos y crían un puñado de ovejas y vacas, pero jamás pusieron a producir los campos. Pablo Puchy fue la semana pasada la cara visible de las patotas en Tacuifí.
Ambos están secundados por un puñado de «sargentos», entre los que se destacan los hermanos Luis y Juan Oyarzo, dos de los pocos propietarios de las tierras en la zona. Con ellos están el chileno Hermann Bilche (alias Balo) propietario de un restaurante, y su hermana Nubia Bilche, en cuya casa sobre tierras fiscales a la vera de la Ruta 40 Hidden Lake instaló las cámaras de videovigilancia.

En una tercera línea y con bajo perfil opera Víctor Avilés (alias Tito), esposo de Mirta Puchy (prima de Vitolo), quien de gaucho tiene poco y vive de comerciar con pequeños lotes, algunos casualmente de tierras fiscales. También está Nancy Mansilla, propietaria del Parador Tacuifí donde se reúnen las cabezas de las patotas. Se comunican y coordinan acciones a través de un grupo de Whatsapp administrado por Van Ditmar con el nombre de «Prevención Tacuifí».

Una parte de los «soldados» son jóvenes reclutados en los barrios de El Bolsón. La tarea suele estar a cargo de Oscar Romera (alias Cachito), un exintendente radical (2003/2011) ligado a Hidden Lake casi por su ADN. Muchos lo recuerdan por ser quien atacó a golpes en su despacho a un cronista del programa Caiga Quien Caiga (CQC), y por haberle vendido terrenos fiscales en El Bolsón a su propia esposa, por monedas.

Entre la tropa se destaca Helvecia Hernández, mujer policía, pareja de José Puchy, quien en anteriores marchas atacó a Fernando Irigaray y a la secretaria general de la CTA de El Bolsón, Sandra Contreras. Enfrenta causas penales que se suman a las radicadas por los manifestantes heridos Gabriel Berrozpe y Celeste Ferro, entre otros.

Algunos miembros de esa patota son los mismos que a la noche del 21 de noviembre de 2021, alentados por el Municipio, disolvieron a golpes una marcha callejera en reclamo por el asesinato del joven mapuche Elías Garay, ocurrido horas antes, y atacaron a la familia de otra víctima, Gonzalo Cabrera, en la sala de espera del Hospital de El Bolsón. El intendente local Bruno Pogliano celebró el ataque y agradeció a «los gauchos» por disolver el reclamo de Justicia.

Este año, ni Cachito Romera ni Vitolo Puchy se dejaron ver con las patotas de Tacuifí porque serán candidatos en las elecciones de abril próximo: el radical Romera como concejal en una colectora del oficialismo y Puchy como aspirante a «comisionado de fomento» de El Foyel. Ambos apadrinados por Pogliano en una inexplicable alianza que también integran un sector el peronismo, La Cámpora y Nuevo Encuentro.
En realidad Vitolo sí apareció, pero furtivo: al candidato lo descubrieron como jinete garrote en mano, con una amplia boina y una remera cubriéndole el rostro.
Fuente:TiempoArgentino

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