Vivir en pueblos fumigados con
agrotóxicos aumenta el riesgo de
padecer cáncer
Por Mariángeles Guerrero, Resumen Latinoamericano,13 de febrero de 2023.
Una investigación en ocho pueblos fumigados de Santa Fe, que involucró a 27.000 personas, confirmó la relación entre agrotóxicos y cáncer. Los jóvenes de estas localidades tienen 2,5 veces más probabilidades de morir de cáncer que quienes viven lejos de zonas con uso de pesticidas. El agronegocio, los gobiernos que fomentan el modelo y los impactos en la salud.
Foto de portada: Nicolas Pousthomis / Subcoop
Investigadores del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (Inssa-UNR) publicaron un trabajo científico que demuestra que la incidencia del cáncer en la población expuesta a los agrotóxicos es significativamente mayor en comparación a la población general. Para esto se analizaron ocho pueblos del área de producción agroindustrial de Santa Fe y confirmaron que el porcentaje de muertes por cáncer supera ampliamente a la media nacional. En el caso de la población joven, la mortalidad es 2,5 veces mayor que en el resto del país.
La investigación se hizo a través de encuestas a familias de ocho pueblos: Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa, ubicados en el centro-sur de la provincia de Santa Fe. Allí los domicilios se ubican a una distancia de entre cero y 400 metros de los campos donde se realizan las aspersiones. Se encuestaron a 27.644 personas, lo que representa el 68 por ciento de la población total de esas comunidades. El análisis de las respuestas confirmó la hipótesis: vivir en pequeños pueblos rurales cercanos a las aplicaciones de pesticidas tiene un impacto negativo en la salud, concretamente en los resultados de cáncer.
El trabajo, titulado “Incidencia de cáncer y tasas de mortalidad en localidades rurales argentinas rodeadas de tierras agrícolas tratadas con plaguicidas”, fue realizado por los investigadores Damián Verzeñassi, Alejandro Vallini, Facundo Fernández, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí Sosa y Guillermo Hough y publicado en la revista Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global).
Las localidades estudiadas fueron seleccionadas debido a su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie que las rodea son destinadas a la producción de cultivos asociados a pesticidas (maíz, soja, trigo), según datos del Ministerio de Agricultura considerados para la investigación. El objetivo del relevamiento fue estimar las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer en pequeñas localidades rurales argentinas afectadas por los agrotóxicos y comparar estas estimaciones con índices de la población general argentina.
Los datos estadísticos fueron obtenidos mediante «campamentos sanitarios», experiencia en territorio de la materia Práctica Final del último año de la carrera de medicina (impulsada por el Instituto de Salud Socioambiental). Realizados entre 2010 y 2019, cientos de estudiantes y docentes de la UNR se instalaban en una localidad y realizaban mediante detalladas encuestas un relevamiento socio-sanitario. Lograron hacen 40 estudios y obtuvieron pruebas del impacto del modelo de agronegocio en la salud de la población. La nueva gestión de la Facultad de Ciencias Médicas eliminó los campamentos sanitarios de la currícula universitaria.
Cáncer y agroquímicos: los resultados del estudio
Para la investigación se consideraron tres índices a comparar entre los ocho pueblos seleccionados y las cifras generales de Argentina en relación al cáncer: la tasa de incidencia (cantidad de casos), muertes por esta enfermedad cada 100 mil habitantes para el grupo de edad joven (entre 15 y 44 años) y porcentaje de muertes por cáncer en relación a otras causas de fallecimiento para el segmento joven y los grupos de edad avanzada (más de 45 años). Los tres mostraron valores significativamente más altos para los pueblos expuestos a pesticidas. Por esto, los autores del trabajo resaltan la necesidad de políticas públicas concretas al respecto.
El número de casos detectados entre las mujeres de esos pueblos fue de 63 (con una incidencia cada 100 mil habitantes de 347, mientras que en Argentina la incidencia es de 209 casos cada 100 mil habitantes). En varones los diagnósticos fueron 43 (la incidencia cada 100 mil habitantes fue de 237, por encima de la incidencia nacional de 223). En total se contabilizaron 106 casos en las ocho localidades, con una incidencia de 291 sobre cien mil habitantes frente a una incidencia nacional de 212 casos cada 100 mil habitantes.
Con excepción del cáncer de próstata (40/60), en los demás tipos de cáncer se encontró una prevalencia mayor en los pueblos encuestados en comparación con los indicadores nacionales: mama (140/100), colon (50/40), pulmón (40/30), útero (50/20), laringe (20/5), riñón (20/15), hígado (15/7), melanoma (15/5), cerebro (15/10) y tiroides (15/10).
La publicación informa también que, en el último año del estudio (2021), la población femenina tuvo un 66 por ciento más de riesgo de contraer algún tipo de cáncer en comparación con la población femenina general del país.
Los investigadores explicaron que, como las encuestas no se realizaron de forma simultánea, para el análisis de los datos relativos a los decesos se estableció un período de nueve años, entre 2005 y 2013.
Respecto a la cantidad de muertes cada 100 mil habitantes, en las localidades analizadas el porcentaje de fallecimientos por cáncer fue del 30 por ciento, mientras que a nivel nacional la cifra es mucho menor: 19,8 por ciento. Asimismo, la probabilidad de morir de cáncer por cada 100 mil mujeres jóvenes (15 a 44 años) es 2,48 mayor que la media en todo el país; la cifra asciende a 2,77 en el caso de los varones jóvenes.
La razón de probabilidad más alta de muerte para los hombres jóvenes en comparación con las mujeres jóvenes (2,77 frente a 2,48) se debe —explica el estudio— a que los tipos de cáncer que producen más muertes de mujeres a nivel nacional son los de mama, útero y ovario. En las localidades encuestadas estas patologías representan el 22 por ciento del total de cáncer en mujeres. Sin embargo, en los pueblos encuestados el cáncer de colon representó el 30 por ciento de los casos hallados en varones, frente al ocho por ciento registrado en Argentina.
El tercer eje para comparación fueron las muertes por cáncer en relación a los decesos por otras causas. Se tuvieron en cuenta los datos de defunciones del Estado Nacional. Entre 2005 y 2013 los fallecimientos por cáncer y por razones coronarias representaron el 29,2 por ciento y el 28,7 por ciento, respectivamente. Si se toma en cuenta todo el país, las muertes por cáncer en ese lapso de tiempo descienden al 18,7 por ciento y las coronarias aumentan al 30,3 por ciento.
En las localidades seleccionadas el número de muertes por cáncer en mujer jóvenes representó el 49 por ciento de los decesos, mientras que a nivel nacional es de 25,1 por ciento de las muertes totales. En cuanto a las mujeres mayores de 45 años, en los pueblos fumigados representa el 27,9 por ciento de las muertes totales. Mientras que la media nacional es de 18,6 por ciento.
Para varones de entre 15 y 45 años que fallecieron por cáncer la cifra llega al 20 por ciento de las muertes totales registradas en los pueblos fumigados. En el mismo lapso de tiempo, en Argentina el índice nacional fue de 9,1 por ciento. En referencia a los varones mayores de 45 años, la cifra en zonas fumigadas llega al 31,8 por ciento de las muertes registradas, frente al 20,8 por ciento a nivel nacional.
Para ambos sexos y grupos de edad, en los pueblos se halló una mayor probabilidad de morir por cáncer que por otras causas, en comparación con la probabilidad a nivel nacional.
Las secuelas del agronegocio en el cuerpo
Desde la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato en 1996, la agricultura fue uniforme en la región investigada. Los territorios estudiados pertenecen al área núcleo del agronegocio en Santa Fe, que con el correr de los años se fue expandiendo hacia el norte de la provincia. Según datos de la Bolsa de Cereales de Rosario, en la región se sembraron (en la campaña 2020-2021, último año tomado para el relevamiento) 14,3 millones de hectáreas de soja, 6,1 millones de hectáreas de maíz y 6,1 millones de hectáreas de trigo.
En Argentina el uso de plaguicidas para estos cultivos se estimó en 7,1 kilos por hectárea para maíz; 5,4 kilos por hectárea para la soja y 2,8 kilos por hectárea para el trigo. Tomando en cuenta los datos de la campaña 2020-2021, se evidencia que en ese año se rociaron 138 millones de kilos sobre esta región.
Un estudio de Florencia Arancibia y Renata Campos Motta, de 2019, señala el incremento de casi diez veces en el uso de plaguicidas en Argentina durante las últimas dos décadas y su impacto en la contaminación de suelos, aguas y sedimentos, y en la salud de los trabajadores agrícolas y de las personas que viven cerca de los campos. Mientras tanto, compara, más de 50 ingredientes activos de plaguicidas comercializados en Argentina fueron prohibidos en la Unión Europea por razones de seguridad. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estimó que en la Argentina se utilizan tres veces más pesticidas por hectárea cultivable que en Estados Unidos o España.
Diversas publicaciones científicas confirman que, a través de la deriva, los agrotóxicos llegan a las poblaciones urbanas de los pequeños pueblos rurales. Por ejemplo, en 2018 un estudio científico reveló la presencia de glifosato y atrazina en precipitaciones y suelos de la zona pampeana argentina. Otros trabajos comprobaron el aumento de cáncer y genotoxicidad en trabajadores rurales y comunidades que viven cerca de campos rociados en diferentes países y entornos o una mayor genotoxicidad en niños que viven cerca de campos fumigados. El reciente estudio del Instituto de Salud Socioambiental subraya que estas derivas se ven agravadas por las grandes cantidades de plaguicidas utilizados en la zona pampeana.
La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, de la Organización Mundial de la Salud) presenta regularmente datos en línea sobre incidencia y muertes por cáncer. Para el año 2020 la tasa de incidencia de casos de cáncer para Argentina fue de 218, más alta que el valor de 212 de 2018 . Según la IARC, Argentina tuvo un mayor índice de casos de cáncer en relación a la media de América Latina y el Caribe. La vinculación entre cáncer y agroquímicos fue documentada en diversos trabajos que, por ejemplo, ofrecen evidencia sobre la relación entre la exposición al glifosato y al Linfoma No Hodgkin. En 2015 la IARC-OMS catalogó al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos y productor de daño genético.
Una regulación que falta hace tiempo
El Instituto de Salud Socioambiental está conformado por profesionales de la medicina, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Se dedica a la investigación y promoción de la salud socioambiental y por ello, desde 2010 hasta 2019, llevó adelante los Campamentos Sanitarios que estudian en territorio las condiciones sociales y ambientales que hacen a la salud. Una de las premisas del Inssa es proponer políticas públicas a partir del trabajo científico.
Los pueblos encuestados para el estudio que recibieron a los campamentos sanitarios fueron: Acebal (marzo de 2014), Arteaga (noviembre de 2018), Chabás (diciembre de 2014), Luis Palacios (marzo de 2016), San Genaro (junio de 2015), Sastre (marzo de 2017), Timbúes (noviembre-diciembre de 2016) y Villa Eloísa (septiembre de 2018).
El informe reitera la importancia de formular políticas públicas para abordar este problema sanitario. Debido a la amplia gama de ingredientes activos y formulantes en los agrotóxicos utilizados es difícil establecer la causalidad a nivel molecular entre un pesticida determinado y una enfermedad específica. “Sin embargo, esto no anula el principio de precaución que debe conducir a políticas de reducción de pesticidas, especialmente en el entorno de pequeñas poblaciones urbanas”, se lee en la investigación. En ese sentido, Santa Fe presenta un vacío legal que dispersa la regulación de los agroquímicos en las decisiones tomadas por cada municipio. A nivel nacional, tampoco hay una regulación sobre las aspersiones.
En 2017, durante su campamento sanitario, Sastre —una de las localidades relevadas para la reciente investigación— registró una tasa de 384 casos cada 100 mil personas, muy por encima de la tasa estimada por el IARC, de 280 casos cada 100 mil personas. Un año después, Zoe Giraudo, una niña oriunda de Sastre que vivía junto a un campo fumigado, enfermó de cáncer. A pesar de que los médicos le recomendaron evitar la exposición a pesticidas, las fumigaciones cerca de su hogar continuaron. La comunidad reaccionó con una demanda colectiva contra el Municipio. Como resultado, en 2020 un juez estableció una zona de resguardo de 1000 metros alrededor de la localidad. Fue una sentencia histórica por ser la primera en la provincia que resguarda a una ciudad completa de los agrotóxicos.
Sin embargo, la Legislatura de Santa Fe demora la reforma de la Ley 11.273 que regula el uso de los químicos en el ámbito de la producción agropecuaria. Desde organizaciones como Paren de Fumigarnos reclaman desde hace años una modificación que unifique los criterios a nivel provincial teniendo como base el respeto a la salud y al ambiente. Hasta el momento, el proyecto se aprobó dos veces en la Cámara de Diputados pero fue cajoneado por el Senado provincial.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Salta. Organizaciones exigen la
derogación inmediata del decreto
antiprotestas y votan plan de lucha
Resumen Latinoamericano,13 de febrero de 2023.
En la plazoleta IV Siglos de Salta más de 30 organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa contra el decreto N°91/23 del gobierno de Gustavo Sáenz, que dispone un «Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas» ante «los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones públicas», y lanzarán un plan de lucha hasta que la medida sea derogada, que comenzará este martes 14 de febrero, con una movilización al Grand Bourg, y en el interior, las fuerzas se movilizarán a las Gobernaciones de sus departamentos. «El objetivo del decreto claramente consiste en derrotar toda resistencia de la población para hacer pasar el ajuste fondomonetarista», remarcan. Por ANRed.
El decreto N°91/23 del gobierno de Gustavo Sáenz, publicado el jueves 2 de febrero en el Boletín Oficial de la provincia, dispone un «Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas» ante «los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones públicas».
A partir de la medida, las fuerzas de seguridad provinciales pueden actuar ante una protesta que bloquee rutas nacionales sin la autorización de un juzgado nacional ni la intervención de fuerzas federales.
En este marco, más de 30 organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos salteñas convocan a una conferencia de prensa para hoy a las 10 en la plazoleta IV Siglos en la que anunciarán un plan de lucha que comenzará este martes 14 de febrero, con una movilización al Grand Bourg, y en el interior, las fuerzas se movilizarán a las Gobernaciones de sus departamentos.
La medida de lucha, anuncian, se mantendrá hasta que sea derogada la medida, la cual consideran que «habilita la represión de las manifestaciones y luchas de la población en el marco de un plan de ajuste que viene llevando adelante el gobierno».
En la misma línea, las organizaciones remarcan: «el objetivo claramente consiste en derrotar toda resistencia de la población para hacer pasar el ajuste fondomonetarista«, afirmó un representante de las organizaciones. En tanto, uno de los convocantes de la conferencia de prensa concluyó: «exigimos la derogación inmediata del Decreto 91-23 y votamos un plan de lucha hasta que caiga».
El decreto se da en el marco de un aumento de la conflictividad social, principalmente en el norte de la provincia, donde la población reclama ante la falta de agua y las abultadas facturas de energía eléctrica que deben pagar mientras soportan altas temperaturas. En ese sentido, las organizaciones señalan que el decreto se da para frenar «la resistencia de parte del pueblo trabajador, de ocupados y desocupados, como la lucha salarial de los autoconvocados de la salud, municipales, vendedores ambulantes, organizaciones piqueteras, activistas que defienden el medio ambiente contra el extractivismo sojero y minero, vecinos que reclaman por la falta de agua y en contra de los tarifazos (como el acampe de Oran frente a las oficinas de Edesa)».
En tanto, días atrás el Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal) alertó que el decreto determina que «los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos», dado que, además de «dar legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, puede causar una censura al trabajo de comunicación».
Las organizaciones adheridas al plan de lucha son: ALFA Centro ComunitarioRED EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOSMST – Frente de Izquierda Unidad CUBa MTR – PRMLPARTIDO REVOLUCIONARIO MARXISTA LENINISTATENDENCIA GUEVARISTA OLP RESISTIR Y LUCHAR FOL (Frente de organizaciones en lucha en coordinadora por el cambio social)MTLRebelde WILLIAM COOKE PARTIDO OBRERO – POLO OBREROMTR 12 DE ABRILMAR (Movimiento Argentina Rebelde)PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores)MOVIMIENTO SOCIAL 17 DE NOVIEMBRE MTR VOTAMOS LUCHARMBTFRENTE DE LA RESISTENCIARUP ( Resistencia UNIDA Popular)MOVIMIENTO 29 DE MAYOFDU (Frente desocupados unidos) PTS – Frente de Izquierda UnidadMOVIMIENTO REBELION POPULARMTR HISTORICONUEVO MAS Movimiento al SocialismoRed de Trabajadores de la Educación por la MemoriaCorriente Social y Política MARABUNTAT.Or.Re (Trabajadores Organizados para la Revolucion) CONVOCATORIA 2DA INDEPENDENCIAEX-‘MANTERXS SALTACOMISION DE FAMILIARES DE VICTIMAS DEL GATILLO FACILMOCEP Movimiento Obrero Campesino Estudiantil PopularRICKY GALLEGO Periodista alternativo Valle de Lerma.CLAUDIA FERREYRA PeriodistaFRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN CORRIENTE PLURINACIONALPARTIDO DE LA LIBERACIONCAPOMA DDHH Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez en defensa de los Derechos Humanos Ledesma-JujuyYUYO COLORAO SALTAArtistas autoconvocados de OranAgroecologia FOB SaltaCorriente Social y Política MarabuntaCADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos)EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman)Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la JusticiaCMM (Colectivo Memoria Militante)Secretaría de DD.HH. de la CTA-Autónoma CapitalEPCT (Encuentro de Profesionales Contra la Tortura)AEDD (Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos)CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional)CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)HIJOS Zona Oeste GBA (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)CAJ (Comité de Acción Jurídica)AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIAS P.S.T.U. (Partido Socialista de Trabajadores Unificados)PCT (Partido Comunista de los trabajadores)SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)FAR (Frente de Acción Revolucionaria)FLNySMULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), entre otras.
Fuente: ANRed
Exigen justicia por Claudia Tupa
Lotore, asesinada en el marco del
«jueves de compadres»
Resumen Latinoamericano,13 de febrero de 2023.
Claudia Tupa Lotore fue encontrada sin vida el viernes 10 de febrero en la calle en el barrio porteño de Flores, en Joaquín V. González casi esquina Rivadavia. Para reclamar que se que se investiguen las circunstancias de su muerte, su familiares y amigos, vecinos de la zona marcharon el lunes 13, en esa misma esquina donde sucedió el hecho.
Una joven de la comunidad boliviana fue encontrada muerta el viernes por la madrugada frente a un bar en la zona de Flores, en el marco del «jueves de compadres». Según un vídeo registrado por una cámara en la vía pública, se ve a un hombre sacando el cuerpo de la víctima inconsciente a rastras a la vereda. El caso está en investigación.
Se trata de Claudia Patricia Tupa Lotore de 33 años, madre de dos niñas de 8 y otra de 11, trabajaba en un taller de costura. Su cuerpo fue hallado por la policía en la madrugada del jueves, a la salida de un bar que es de propiedad de un hombre apodado como «Jujeño», en la calle Joaquin V. Gonzales y Avenida Rivadavia, Flores.
Claudia era madre de dos niñas, y delegada del Polo Obrero de Parque Avellaneda. Apareció sin vida frente a un kiosco que ya había sido señalado por los vecinos en reiteradas oportunidades por situaciones de abuso y maltrato a mujeres y jóvenes, y como centro de venta de estupefacientes. Según lo investigado hasta el momento, los propios dueños del lugar arrastraron a Claudia en un estado vulnerabilidad total y la dejaron abandonada en la calle, donde fue hallada ya fallecida.
Según una amiga de la víctima Pao Ramos: «(..) lo único que sabemos es que se encontraba en un bar/kiosko compartiendo con amigos». Se desconoce específicamente con quienes estuvo Claudia esa noche en el bar disfrutando el «jueves de compadres», evento cultural andino, previo al carnaval, que reúne a los varones a celebrar el lazo que los vincula.
El caso nos recuerda a Emilia Uscamayta Curi, cuando su cuerpo también fue arrastrado y tirado a la vereda, en un acto deshumanizante y de abandono de persona, cuyo trato se ve, generalmente con los cuerpos de las mujeres y racializades, que son tratados como basura a desechar. La codicia del empresario «dueño del boliche» preocupado más porque no le clausuren para seguir facturando de la noche por sobre el valor de la vida. El odio, el racismo, la misoginia, la indiferencia se refleja en ese acto de arrastrar y abandonar.
Fuente: Prensa Obrera y TeleSISA
Operativo Independencia: cuando
el Ejército dio inicio al infierno
Por Esteban Pontoriero*. Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2023.
En febrero de 1975 el gobierno de Isabel Martínez lo habilitó para «aniquilar el accionar subversivo» en Tucumán. Hubo secuestros, torturas, desapariciones, con base en La Escuelita. Al año siguiente las FF AA encabezarían el Golpe de Estado.
En febrero de 1975, con siete meses de gobierno tras la muerte del General, María Estela Martínez de Perón ordenó el uso del Ejército en tareas represivas, un hecho que tendría implicancias decisivas y trágicas para nuestro país. El decreto secreto 261 lo habilitó. Arrancaba lo que luego se conoció como “Operativo Independencia”.
La normativa establecía: “el comando general del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Debían «destruir el foco guerrillero» instalado algunos meses atrás en la provincia del norte argentino por el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), una organización político–militar marxista, El Operativo comenzó al mando del general Adel Vilas, aunque en diciembre de 1975 asumió su control el general Antonio Bussi. Se estima que de esta acción de exterminio participaron unos 5000 efectivos de seguridad, entre el personal del Ejército al que se le sumaron integrantes de la Policía provincial, la Policía Federal y la Gendarmería.
En el marco del Operativo se desarrolló una gran cantidad de prácticas criminales como secuestros, ejecuciones, torturas en centros clandestinos de detención y desaparición de los cuerpos de las víctimas. Eran las bases de lo que luego vendría a nivel nacional. Los militares pusieron su atención sobre los militantes que se encontraban en las zonas urbanas y las operaciones en las zonas rurales.
La operación militar se desplegó también en los colegios, en la Universidad Nacional de Tucumán, en diversas iglesias y hasta en los sindicatos que se presentaban como los más combativos. El Ejército se propuso ganar para la causa propia a la población rural, sobre todo de las regiones donde operaba la compañía del PRT–ERP. Junto con representantes del Ministerio de Bienestar Social, al mando de José López Rega, crearon centros asistenciales, desarrollaron campañas sanitarias, realizaron repartos de alimentos y materiales escolares, con ayudas económicas a ciertos sectores.
Las fuerzas comprometidas en el Operativo ocuparon la capital de la provincia y las zonas rurales cercanas, evitando adentrarse en el monte. Alrededor de él bloquearon la llegada de armas, medicamentos y demás elementos desde la ciudad hasta donde se encontraban los guerrilleros, dejándolos aislados. Mientras, comenzaban las detenciones. Cayeron obreros, docentes, militantes, estudiantes.
Para fines de 1975 solamente quedaban activos tres pelotones al tiempo que los guerrilleros perdían combatientes en los descensos a la ciudad y las emboscadas en el monte. Esto se profundizaría luego del golpe de marzo de 1976 hasta la destrucción de la compañía revolucionaria al año siguiente. La masacre ya era a gran escala a través del Terrorismo de Estado. En septiembre de 1977, el gobierno militar escenificó en Tucumán la “victoria en la guerra contra la subversión”.
La orden de “aniquilarla” fue extendida a todo el territorio nacional a partir de octubre de 1975 con el decreto 2772 que afirmaba: “las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del presidente de la Nación procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. Idéntico al primer decreto, pero en este caso ya no hablaba de Tucumán. Ahora era general. Ese mes el Consejo de Defensa emitió la Directiva N° 1/75: «Lucha contra la subversión”. Ordenaba a las fuerzas militares y de seguridad “aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas a través de una presión constante sobre ellas”. Estas normativas incorporaban el concepto de “aniquilamiento”, proveniente del vocabulario militar y referente en ese contexto al exterminio físico del enemigo.
En un marco interno de grave crisis económica, conflictividad política, actuación de las organizaciones armadas, represión y violencia política paraestatal se produjo el derrocamiento de Martínez de Perón, el 24 de marzo de 1976. Era ineludible el peso de las FF AA en ese desenlace. La intervención sistemática del actor castrense en la política explica una parte de la historia. Sin embargo, historiadores/as como Marina Franco advierten sobre la necesidad de incorporar al actor político-civil al análisis. La crisis final del orden democrático a mediados de los ’70 fue también el corolario de un proceso de destrucción del Estado de derecho promovido a través de medidas de excepción por un gobierno constitucional.
Tucumán: el tubo de ensayo del genocidio
«Tucumán fue el tubo de ensayo del genocidio, que tuvo por objetivo el terror y el disciplinamiento de la población a partir de secuestros y torturas, llevados adelante a plena luz del día, en centros clandestinos de detención que funcionaron en todo tipo de instituciones y edificios públicos y privados», remarcó Julia Vitar, abogada de familiares y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en esa provincia.
El 9 de febrero desembarcaron 1500 soldados en la Comisaría de Famaillá, para “combatir a la guerrilla instalada en el monte”. Las fuerzas se instalaron principalmente a lo largo de la Ruta 38 y la población civil quedó dentro del territorio militarizado. “La Escuelita” de Famaillá, que en ese entonces era una escuela cuya construcción no había sido terminada, fue la sede del primer centro clandestino de detención del país. Allí estuvieron secuestradas 3000 personas, dando inicio a la represión clandestina que se haría sistemáticamente en el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.
Quien encabezó el Operativo fue el general Domingo Bussi. Luego designado interventor de Tucumán los primeros años de la Dictadura. En los ’80 se lo condenó por múltiples delitos de lesa humanidad. Pero resultó favorecido por la Ley de Punto Final. A tal punto que se presentó a gobernador de Tucumán en 1995. Y ganó. En 1999 obtuvo una banca en Diputados, pero el Congreso lo rechazó. Nueve años más tarde sería condenado con sentencia firme a cadena perpetua, nuevamente, por los delitos de lesa cometidos en los años ’70. Murió con prisión domiciliaria tres años más tarde.
Envio:ResumenLatinoamericano
La decepción de una militante de La Libertad Avanza
"En el espacio de Javier Milei todo es por guita o sexo”
Mila Zurbriggen, líder de la agrupación La Generación Libertaria, contó en sus redes sociales que se alejó del partido que conduce el diputado ultraderechista, al denunciar aprietes de dirigentes para "robar militantes" y un método sexista para tener la relevancia dentro del partido. Dijo que Milei cumple un rol mesiánico en La Libertad Avanza, "que no escucha a la juventud" y que se necesitan "varios dólares" para llevarlo a las provincias.
Aprietes, mesianismo y sexismo. Estas son algunas de las irregularidades que transcurren en la cotidianeidad de La Libertad Avanza, de acuerdo a la acusación de su exorganización juvenil La Generación Libertaria. La referente de ese espacio, Mila Zurbriggen, dijo que Javier Milei "usó a la juventud" y que la elección de lugares en las boletas en el partido obedece tanto a "los aportes financieros" que se hacen a la campaña electoral como a los vínculos privados que se mantienen con el líder del partido. "Es solo por guita o por sexo", publicó en sus redes sociales.
Por redes, Zurbriggen también comentó haber sufrido aprietes por parte de una persona cercana a Milei. De acuerdo a su testimonio, en septiembre del año pasado se reunió con el abogado del diputado ultraderechista para una reunión "sobre los armados provinciales". Allí, de acuerdo a su relato, el letrado le exigió que sus compañeros de La Generación Libertaria pasen a otra organización, comandada por él, y que parecía un pedido explícito de Milei. "Es horrible que te aprieten, que te amenazen así", mencionó. Tiempo después, hace un balance de ese episodio: "Hay una gran desilusión, no solo por parte mía sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron".
Tras su descargo en redes, la militante "libertaria" -que hizo campaña contra el aborto legal, seguro y gratuito- ratificó sus dichos ante Página/12. "Hay mujeres que se muestran con poca ropa y son esas mismas las que son ubicadas en lugares importantes o son llevadas a los medios, sin priorizar la idoneidad de los militantes", comentó en relación a presuntos favores sexuales para obtener relevancia, en especial, en la cuenta de Twitter de Javier Milei. "Uno esperaría más seriedad en un partido político", agregó.
Ante las acusaciones, el líder de La Libertad Avanza decidió no responder públicamente. Sí su entorno, quien deslizó -ante el diario La Nación- que Zurbriggen se fue del espacio porque ella pretendía tener “un rol protagónico” en la boleta de diputados nacionales que competirá este año. La versión fue rechazada por la militante. "No se trata de una cuestión de cargos, sino esperaría hasta las elecciones", comentó. Zurbriggen tampoco tiene edad para ser candidata a ocupar una banca.
"No alcanzan los dólares"
Zurbriggen, quien ocupó un lugar en la lista a legisladores de La Libertad Avanza en la legislatura porteña, hizo hincapié en la negativa de Milei para vincularse con la organización juvenil. Pero que el rechazo no fue únicamente con su agrupación, sino con otros grupos de "libertarios", aunque en esos casos, el no derivó por una cuestión financiera. "Ellos no pueden llevarlo a Milei por los montos que piden y son muchos los dólares que solicitan", expuso.
Durante un tiempo, el vínculo entre Zurbriggen y Javier Milei era sin intermediarios. Una muestra de aquello se materializó en el acto de Córdoba, el año pasado, en el que la joven fue una de los presentadores, arriba del escenario, que antecedieron al diputado nacional. Consultada por si le planteó personalmente sus descontentos al legislador con mayor ausencia en la Cámara de Diputados, la referente de La Generación Libertaria dijo que en varias oportunidades abordó ("a modo de consejo", comenta) las irregularidades que detectaba pero que "nunca hubo una respuesta". "Más que nada hubo una búsqueda de silenciar la voz disidentes y a la juventud en general", cerró.
No hay tachadura ni enmienda que valga
Causa Cuadernos: Dos fallos en tándem para mandar a los acusados a juicio oral
Pese a las irregularidades que los peritajes encontraron en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, la Cámara Federal rechazó un planteo de nulidad del empresario Armando Loson. Ni bien se conoció la decisión de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el juez Julián Ercolini elevó a juicio a Loson y a exfuncionarios acusados.
La Cámara Federal porteña rechazó un planteo de nulidad de un empresario procesado en la Causa Cuadernos, que había reclamado invalidar la acusación en su contra ante las múltiples alteraciones detectadas en los supuestos escritos del exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno. La decisión fue de los camaristas de la sala I del tribunal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes confirmaron que la acusación contra el empresario Armando Loson debe seguir adelante y denegaron el planteo de nulidad. Ni bien se conoció la decisión de la Cámara, el juez Julián Ercolini, a cargo del expediente, dio por finalizada la instrucción y elevó a Loson a juicio, así como también a los exfuncionarios Roberto Baratta y Juan Manuel Abal Medina, entre otros imputados por supuestas coimas.
Los peritajes de los cuadernos encontraron alrededor de 1500 tachaduras, cambios, enmiendas, aplicaciones de corrector y escritura superpuesta. Si bien los peritos indicaron que la letra de las anotaciones correspondía a Centeno, también advirtieron que las tachaduras, los cambios y correcciones fueron hechas con otras cuatro letras y con cuatro tintas distintas.
"No escapa al tribunal que la pretensión de la defensa apuntaba a la declaración de nulidad de las anotaciones referidas a Loson en su conjunto y no sólo de los fragmentos (palabras) que habrían sido alterados", sostuvieron en el fallo Bruglia y Bertuzzi, los jueces designados a dedo por Mauricio Macri en la Cámara Federal, donde permanecen gracias a la parálisis en que la oposición y la Corte Suprema mantienen al Consejo de la Magistratura.
Para los camaristas, el reclamo de Loson "requiere que la incorporación de la prueba hubiera infringido las disposiciones procesales, en contra de las garantías del justiciable, lo cual no surge del legajo". Así, consideraron que "los cuestionamientos formulados deben ser necesariamente reconducidos a la discusión sobre el valor o fuerza probatoria de aquellos elementos" (los cuadernos tachados y enmendados), algo que debería suceder en el juicio oral y público.
Bruglia y Bertuzzi indicaron haber tomado en cuenta que "el contenido registrado en los 'cuadernos' (ocho ejemplares en total, que comprenden de 2005 a 2010 y de 2013 a 2015) fue oportunamente ratificado por Centeno", quien se desempeñó como chofer de Baratta, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, en su declaración como imputado colaborador. Lo llamativo es que Centeno dijo inicialmente que había quemado los cuadernos en una parrilla y sólo se conocían fotocopias. Luego, en 2019, tres días antes de las elecciones, aparecieron porque un individuo supuestamente desconocido se los habría entregado a un periodista del diario La Nación.
Los camaristas sostuvieron que la parte principal de la causa ya fue enviada a juicio oral y está en etapa de preparación ante el Tribunal Oral Federal 7, con Cristina Fernández de Kirchner entre los procesados. "De manera tal que, como se adelantó, consideramos que el juicio es el ámbito natural donde el autor de las anotaciones podrá eventualmente responder los interrogantes que se le formulen y podrá también la parte hacer valer ampliamente todas las pruebas y defensas que hagan a sus alegaciones", agregaron.
Como informó Página/12, el peritaje de la Policía Federal sobre los cuadernos determinó que los primeros se escribieron a lo largo de diferentes días, posiblemente después de cada viaje realizado por el chofer Centeno. En cambio, los últimos cuadernos (los números 7 y 8) muestran “una secuencia continua de escritura, sin alternancias temporales, discrepante de la modalidad de registro que usualmente se lleva para un llenado de constancias diarias”, según declaró el comisario jefe a cargo de la División Scopometría, Alejandro Centofanti. Es decir, los cuadernos 7 y 8 se escribieron de un tirón, lo cual habilita la sospecha de que le fueron dictados a Centeno. El dato no es menor, ya que en los primeros cuadernos Centeno nunca mencionó dinero, sólo a dónde iba. Es en los últimos cuadernos donde aparecen menciones a coimas. Y sobre esa base el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli construyeron la causa, tras quedarse irregularmente con el expediente.
Pulgar abajo para Stornelli
En simultáneo, la Cámara Federal rechazó un planteo de Stornelli para que la denuncia del empresario Loson sobre las falsedades en las supuestas anotaciones de Centeno tramite en el juzgado de Ercolini, junto con el expediente principal. El empresario del Grupo Albanesi –que se dedica al negocio de la energía- denunció que "Centeno no habría sido veraz en su declaración como arrepentido y/o en sus anotaciones manuscritas" referencias a él. También insistió en que el dinero que entregó y que está bajo investigación no fue para sobornar a funcionarios sino para contribuir con la campaña electoral del oficialismo entre 2003 y 2015. Esa denuncia tramita ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pero el fiscal Stornelli pidió que pasara a manos de Ercolini, subrogante en el juzgado que ocupó Bonadio.
La Cámara, en un fallo unipersonal de Bruglia, no sólo rechazó el planteo de Stornelli sino que proclamó, además, que es "propicio en este caso, que sea un magistrado ajeno a la valoración de esta prueba que se denuncia como irregular, quien lleve a cabo la pesquisa".
Alejo Ramos Padilla advirtió que no puede archivarse la acusación contra un asesor de la Corte y un ministro porteño
Chats del lawfare: Un juez pidió que se investigue la denuncia de Axel Kicillof
A contramando de la decisión tomada en los tribunales de Comodoro Py, el magistrado federal de La Plata Alejo Ramos Padilla sostuvo que debe investigarse la denuncia del gobernador bonaerense contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro, por los chats sobre el fallo por la coparticipación porteña.
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla sostuvo que se debe investigar la denuncia del gobernador Axel Kicillof contra Silvio Robles, vocero del presidente supremo Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, por los chats donde aparecían diálogos sobre el fallo de la coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires antes de que fuera firmado por la Corte, y que finalmente benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Explicó que "no es posible dictar el archivo" como hizo en Comodoro Py el juez Sebastián Ramos, a quien cuestionó. A contramano de su colega, Ramos Padilla dijo que no hay "elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D'Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal". Todo esto forma parte de una resolución en la que se declaró incompetente en el caso, y se lo envió a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ya acumuló las denuncias de otros dos gobernadores, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Críticas a Comodoro Py
Ramos Padilla hizo un repaso de las denuncias sobre el mismo tema, donde queda claro que la de Zamora fue la primera, previa a la que resolvió el juez Ramos, que se inició justo después con una extraña presentación del abogado Gastón Marano (defensor de Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra CFK y exasesor del PRO en la Comisión Bicameral de inteligencia) que parecía a media de Robles y D'Alessandro. "Un juzgado y una fiscalía de feria, sin siquiera incorporar ni valorar las presentaciones hechas por los gobernadores y lo actuado en las otras causas duplicadas en trámite, habilitaron la feria judicial y dispusieron el inmediato archivo de las actuaciones", cuestionó. El juez advirtió que se deben aplicar mecanismos para que no haya duplicación de causas por cuestiones de "conexidad" y, en particular, "para evitar las arbitrariedades que pueden sucederse a partir de ello". También aclaró que "no existen controversias acerca de que el hecho denunciado se ha iniciado, transcurrido y consumado en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", más allá de que -como planteó Kicillof- pudieran tener efecto en las provincias.
Como informó Página/12, el recorrido por el que llegó la causa al juez Ramos es sumamente dudoso. La denuncia de Marano le había tocado por sorteo al juez Ariel Lijo, que estaba de vacaciones. Intervino, como subrogante, María Servini, pero se excusó por entredichos con D'Alessandro -con quién tenía una vieja cercanía- vinculados a su custodia. No está claro cómo ni por qué la Cámara Federal volvió a sortear un juzgado: es decir, le sacó la causa a Lijo en lugar de designar un nuevo suplente. Entonces llegó al juzgado de Capuchetti, que se tomaba vacaciones al día siguiente, y no hizo nada. Tampoco se excusó, pese a trabajar para el Instituto de Seguridad Pública de CABA, que depende de D'Alessandro. Entonces la subrogó Julián Ercolini, que tampoco se excusó pese a que viajó con el ministro porteño a Lago Escondido (por lo que ambos y otros son investigados), pero dejó pasar los días. El siguiente era Ramos, que tardó 24 horas desde que comenzó a intervenir en resolver el archivo. Las denuncias de Quintela y Zamora se sortearon llamativamente recién el 30 de enero.
La resolución de Ramos Padilla se refiere a la acusación de Kicillof por posible tráfico de influencia e incumplimientos de los deberes de funcionario público, pero hace un llamado de atención sobre el fallo de Ramos firmado en medio de la feria, basado en un dictamen del fiscal Carlos Stornelli que señalaba que invocaba otra denuncia de D'Alessandro alegando que las filtraciones eran producto de espionaje ilegal, a lo que el dúo le dio crédito.
* Sobre la feria, Ramos Padilla recordó que se habilita en forma excepcional, cuando hay detenidos, para evitar la dispersión de pruebas, en acciones de habeas corpus o de amparo, prescripciones y medidas urgentes. Como es sabido, Ramos y Stornelli no tomaron medidas de investigación. Ramos Padilla señaló que él habilitó la feria solo para establecer cuántas causas en trámite con el mismo objeto había y contó cinco. También subrayó que la fiscala Laura Roteta sostuvo que se trata de un caso de "gravedad institucional".
* Acerca del espionaje fue contundente: "Con las probanzas acumuladas a este expediente, no me es posible dictar el archivo de las actuaciones, tal como ocurrió" con la causa de Ramos. Dijo que la fiscalía tampoco lo pidió ni hay pruebas de tal actividad ilegal. Recordó que el espionaje ilegal según la ley 25.520 se produce cuando es el Estado a través de algún/os funcionarios públicos el que participa en la actividad de espiar que "al menos de momento no ha sido verificada".
* Agregó que tampoco debería ser archivada la causa "hasta tanto no se culmine con el procedimiento previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional", es decir el juicio político iniciado en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Allí hay acusaciones por mal despeño contra los jueces supremos vinculadas a la negociación e intercambio de información sobre fallos y las consecuencias de la decisión de la Corte, que fijó en una medida cautelar un porcentaje (2,95 por ciento) que debe transferir el Estado Nacional a favor del gobierno porteño. Las denuncias señalan la intromisión en las competencias de otros poderes.
¿Y la Corte?
Por ahora todas las causas, centradas en los reproches de gobernadores, quedarán en manos de la jueza Capuchetti, quien parece tener un imán con causas de alto impacto político. Ramos Padilla deslizó una recomendación: "La cuestión traída a estudio debe ser analizada por el juez o tribunal competente, contando para ello previamente con las posturas de las partes y el resto de la prueba que eventualmente pueda aportarse al caso, y no de manera presurosa".
Pero el juez agregó algo más que cree que se debería considerar y que introduce cierta paradoja, que es la competencia de la propia Corte en este tema, por estar implicados intereses de los Estados provinciales. "En virtud de la naturaleza de las cuestiones denunciadas y el manifiesto interés que determinadas provincias han expresado en el caso, podría resultar competente en este asunto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria y exclusiva", sorprende el fallo. Las provincias, como es conocido, no han sido escuchadas ni tenidas como amicus curiae (amigos del tribunal) por los cortesanos. Ramos Padilla razona: el foco de la denuncia de Kicillof es la "actividad funcional" de la misma Corte por un supuesto tráfico de influencias relacionado con el expediente de la coparticipación y otro ligado a la composición del Consejo de la Magistratura. Ambos tuvieron ya resoluciones pero siguen en trámite ante el alto tribunal. Son decisiones, dice el juez, que hacen a la esencia del sistema federal.
La denuncia de Kicillof planteaba que la medida cautelar favorable a CABA por la coparticipación, precedida por diálogos de Robles con D'Alessandro, “atenta contra el federalismo y la democracia” y “si bien afecta a todas las provincias, impacta de modo especialmente negativo en la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que resulta la jurisdicción más perjudicada por el sistema de coparticipación federal”. Cuestiones similares aparecen en las otras denuncias. Según Ramos Padilla, de la Constitución se desprende que hay que evitar que intervenga un tribunal inferior cuando hay "un marcado interés de las provincias". Los cierto es que si este asunto fuera a parar a la Corte habría otro entuerto, ya que los supremos se deberían excusar.
También cumplirá funciones dentro del directorio de la Fundación Banco Provincia.
Victoria Donda, nueva subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico
Se desempeñará en la cartera que depende de la Jefatura de Asesores bonaerense. ¿Qué rol cumplirá dentro de la estructura provincial?
Victoria Donda desembarcó en la cartera bonaerense que comanda Carlos Bianco, jefe de Asesores del gobernador Axel Kicillof, y estará a cargo de la Subsecretaría de Análisis y Seguimiento Político Estratégico. “Esto me permitirá regresar a aquellos lugares donde inicié mi militancia política y donde siempre es importante estar: el territorio”, expresó Donda, quien, a su vez, también destinará parte de su accionar dentro del directorio de la Fundación Banco Provincia.
La Subsecretaría de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la Provincia de Buenos Aires es un área del gobierno bonaerense encargada de colaborar con el estudio y el análisis, a partir del seguimiento de las acciones que se desarrollan dentro de la gestión provincial, las cuales se encuadran dentro de los asuntos políticamente estratégicos.
A su vez, tiene voz y voto a la hora de definir las prioridades, interviene en el seguimiento de los programas y proyectos de gestión, provee insumos e información destinada a las acciones gubernamentales y asiste en la elaboración de planes estratégicos para cada ministerio u organismo a cargo de la provincia. La subsecretaría, además, se encarga de proponer diversas políticas que fomenten la innovación del proceso de seguimiento y resolución de problemáticas.
“Volver al Frente de Todos en 2019, para mí, significó reencontrarme con compañeros y compañeras que entienden y comparten que la función pública es un medio para transformar las realidades del pueblo en su totalidad. Uno de estos compañeros con los que me reencontré fue Axel Kicillof” señaló Donda, quien se mostró entusiasmada por desempañarse en esta nueva función.
Tras su pasó de INADI, Donda llega a la gestión provincial y resaltó su compatibilidad con el gobernador bonaerense: “Con Axel Kicillof compartimos los principios políticos de que, el motor que nos guía diariamente, es el de la necesidad de transformar la realidad a partir de escuchar a la sociedad. Él me eligió para construir juntos en la Provincia por la que trabaja incansablemente en la búsqueda de un mejor futuro” sentenció la subsecretaria.
Fuente:Pagina12
Cristina Kirchner y Sergio Massa no se sumarán a la mesa política que debutará el jueves limitada a los subordinados de los tres socios fundadores del Frente de Todos y exigen que Alberto Fernández defina si va a ser candidato.
El presidente pasó las últimas dos semanas poblando la mesa de diversos sectores y advirtiendo a través de los medios que no dejará que se audite la gestión en la nueva estructura que le reclamaban los otros dos espacios que conforman el oficialismo.
El objetivo de Alberto es licuar el poder de decisión de la mesa y estirar las definiciones electorales hasta el filo del cierre de listas. El peor escenario que manejan en la Rosada es que lo conviertan a Alberto en ex presidente a diez meses de terminar el mandato.
Por eso ni Cristina ni Massa se quisieron prestar al juego del presidente y enviarán emisarios a la sede del PJ nacional de la calle Matheu. Por el kirchnerismo irá el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Massa por ahora prefirió el silencio. Aún no se cursaron las invitaciones a los gobernadores, que le frustraron un asado a Alberto el fin de semana.
"Nosotros queremos que la mesa se haga y que se defina de qué manera recuperamos los votos perdidos en 2021, es por eso que hablamos que es necesario abordar la gestión", dijeron a LPO en el kirchnerismo.
Tal como anticipó LPO en exclusiva, en el kirchnerismo esperan que la mesa sirva como puente para que Alberto decline su candidatura. Por ese motivo cayeron muy mal las declaraciones de Santiago Cafiero del fin de semana.
El canciller, la mano derecha del presidente, dijo que Alberto es el mejor candidato del peronismo y que quieren su reelección. Fue tomado como una provocación por los socios del Frente de Todos a sólo días de la reunión. Massa le había pedido al presidente que definiera cuanto antes si va a ser candidato.
"En la mesa debe discutirse de qué manera llegamos más competitivos", replican en el kirchnerismo, una manera elegante de rechazar la propuesta de Cafiero. "El futuro de la Argentina es con Cristina", dijo Mayra Mendoza, la camporita intendenta de Quilmes para seguir calentando la previa del jueves.
Fuente:LaPolitica.online
ANUNCIO DE MASSA
Precios Justos: a partir del viernes habrá 7 cortes vacunos con descuentos del 30%
El plan anticipado por el ministro de Economía tiene por objetivo asistir a los productores afectados por la sequía y fijar reintegros del 10% para los consumidores que abonen sus compras en carnicerías y minimercados con tarjetas de débito.
13/02/2023
El ministro de Economía, Sergio Massa, señaló que a partir del viernes comenzarán a regir los reintegros y descuentos en las compras de carne con tarjeta de débito, en el marco de las medidas anunciadas para ayudar a contener la inflación que incluirán la venta en supermercados de cortes con un valor 30% menor.
Fue en el marco de una presentación realizada en el Palacio de Hacienda, en la que estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el titular de la secretaría de Agricultura, Juan José Bahillo; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis.
El ministro ratificó el compromiso del Gobierno con la baja de la inflación: «Es un desafío que nos obliga, que nos impone la necesidad de seguir tomando medidas, desde la micro, como es la carne, hasta la macro».
En ese sentido, adelantó que habrá nuevos anuncios en los próximos días para cumplir con ese objetivo.
Además, sostuvo: «Hoy, mañana y pasado vamos a estar anunciando medidas vinculadas a lo micro, pero también medidas fuertes vinculadas a la macro, para que el orden fiscal, la acumulación de reservas y la defensa del valor de la deuda soberana argentina sean instrumentos que permitan estabilizar definitivamente la economía argentina para hacerla competitiva, y para que el ciudadano no sufra ese serrucho que muchas veces se da en los precios de nuestra economía”.
Durante la presentación, Massa afirmó: «¿Por qué le prestamos tanta a atención a la carne? Porque cuando miramos la inflación de enero, uno de los temas que aparece como golpeándolos de manera estacional es la carne, no el único». En esa línea, señaló: «Vemos por estas horas que por ahí algunos, haciendo mal uso de un objetivo nos pusimos como Ministerio, que es bajar la inflación a la mitad de lo que la recibimos, y ponernos plazos y ser autoexigentes con nosotros, empiezan a jugar con que el rebote del índice en enero es una frustración, es un problema. Es un problema para el bolsillo de todos los argentinos, sin duda». Y completó: «Para nosotros, más allá de la bronca que nos puede dar, es un desafío que nos obliga, que nos impone la necesidad de seguir tomando medidas, desde la micro, como es la carne, hasta la macro».
Por su parte, El secretario de Comercio, Matías Tombolini, subrayó que el acuerdo arribado con frigoríficos exportadores apunta a dar certeza en materia de precios y en la provisión de siete cortes con descuentos del orden del 30%.
BENEFICIARÍA A 800.000 PERSONAS
Moratoria previsional: el FdT y bloques intermedios de Diputados buscarían aprobarla en febrero
A sus 118 integrantes, el oficialismo sumaría cuatro del interbloque Provincias Unidas, cuatro de la izquierda y al menos a cinco o seis de los ocho integrantes del interbloque Federal. Si lo logra podría aprobar el proyecto
13/02/2023
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El oficialismo de la Cámara de Diputados, con el respaldo de una serie de bloques opositores intermedios -ajenos a Juntos por el Cambio (JxC)-, buscaría concretar antes de fin de mes una sesión para debatir y aprobar el proyecto de ley de que establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.
A sus 118 integrantes, el Frente de Todos (FdT) sumaría a los cuatro del interbloque Provincias Unidas (referenciados en las gobernaciones de Río Negro y Misiones); a los cuatro de la izquierda y al menos a cinco o seis de los ocho integrantes del interbloque Federal, donde confluyen peronistas-lavagnistas bonaerenses, socialistas santafesinos y referentes de la fuerza justicialista que gobierna Córdoba.
Justamente, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, anunció a fines de enero que no facilitaría el quórum para sesionar mientras el oficialismo siga adelante con el juicio político a la Corte Suprema, en una decisión que se emparda con la de JxC.
Sin embargo, puertas adentro del espacio pesan las posiciones sobre el tema que por su ADN político y social tienen dos protagonistas de peso: la senadora Alejandra Vigo, que votó a favor en junio pasado, y la diputada Natalia de la Sota, que también se expresó a favor en una de las reuniones de la Comisión de Previsión.
Con las posibles asistencias mencionadas se estaría llegando a 131 diputados, dos más que los necesarios para dar inicio a una sesión, ya que el quórum es 129 (la mitad más uno de los 257 totales), según estimaron las fuentes parlamentarias consultadas por Télam.
En cuanto a la posible fecha, desde la bancada oficialista manejan las del jueves 23 o del martes 28 para concretar la sesión, dado ya que quedó descartada la posibilidad de realizarla la semana próxima.
El jueves 23 es la primera alternativa, suponiendo que algunos diputados que no están en Buenos Aires o en sus provincias ya hayan retornado; aunque la complejidad de ser una «semana corta» (por los feriados de carnaval) complicaría la logística de la posible reunión.
La segunda chance es la del martes 28, un día antes de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Alberto Fernández dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias.
Se descuenta que ese martes la mayoría de los diputados oficialistas estarían en Buenos Aires para asistir a la jornada del día siguiente.
JxC, en tanto, aún mantiene su estrategia de no facilitar el tratamiento de ningún tema hasta tanto el oficialismo no desista de continuar con el tratamiento del proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema.
El proyecto previsional tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, en un texto que lleva las firmas de los diputados del FdT que integran las comisiones de Presupuesto y de Previsión.
Ese dictamen contó con el acompañamiento del interbloque Provincias Unidas y con el aval, con algunas disidencias, del interbloque Federal.
La iniciativa se incluyó en el temario de la sesión prevista para el 21 de diciembre, convocatoria que finalmente fracasó debido a que JxC no dio quórum por su malestar con la confección del temario y por su rechazo a una resolución firmada por la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.
El oficialismo, en tanto, confió en que los diputados de Evolución Radical darían quórum debido a que en el temario también se incluían la creación de universidades nacionales propuesta por ese bloque de JxC
Sin embargo, la bancada presidida por Rodrigo de Loredo decidió mantener una posición orgánica a su interbloque y no aportó a sus diputados para el inicio del debate.
Más allá de que el dictamen ya estaba firmado, el pasado miércoles 1 la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, volvió como invitada a la Comisión de Previsión para reclamar a JxC que le permita al oficialismo convertir en ley el proyecto del Plan de Pago Previsional, ya que «es urgente» que se pueda discutir en el recinto.
«Le estamos pidiendo a los diputados esta ley para conservar algo que en la Argentina teníamos desde 2004 y que tuvo continuidad después desde 2014, que es la capacidad de contar con un plan de pago que permita a las argentinas y argentinos saldar su deuda previsional para acceder a la jubilación», aseveró.
El proyecto, presentado en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Fuente:TiempoArgentino
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