Propuestas sobre la violencia urbana y el crimen organizado en Rosario
Ideas de fondo por tanta muerte y corrupción
Dejar matar, dejar morir, segunda parte: una ONG dedicada a la seguridad pública propone reelección de gobernador, intervención federal y reforma de ley de drogas.
La violencia letal en Rosario no encuentra políticas que le pongan freno.. Imagen: Gentileza Juan José GarcíaEn los umbrales de llegar a 100 asesinatos en Rosario antes de terminar abril, el documento Dejar matar, dejar morir que este diario publicó días atrás, pone en la coyuntura de esta provincia que empezó a transitar su campaña electoral un par de propuestas que dan que hablar: el corrimiento de la policía de Santa Fe de la calle y de sus tareas de investigación y prevención del delito para reemplazarla por fuerzas federales, habilitar la reelección del gobernador para propiciar políticas en seguridad de largo plazo, y el cambio ministerial del Servicio Penitenciario Federal.
Esta segunda parte del informe que elaboró la ONG Observatorio de Política Criminal contiene las conclusiones del consultor en políticas de seguridad pública Ariel Larroude, ex director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación en la gestión de Sabina Frederic.
El estudio hace foco en la policía provincial, y su naturaleza de doble pacto con el delito y con la clase política como el origen de los niveles de violencia que hoy ponen a Rosario como la ciudad más brava de Argentina, con 22 homicidios cada 100 mil habitantes, cinco veces más que el promedio nacional.
"Se plantea la necesidad de poner en práctica la Ley de Seguridad Interior que en su artículo 13 posibilita la creación por parte del Estado Nacional de un comité de crisis para intervenir la ciudad con fuerzas federales y se propuso correr a la Unidad Regional II de las tareas de investigación y prevención del delito ordinario y complejo, hasta tanto exista una profunda depuración de sus elementos corruptos", señaló Larroude.
Asimismo, el dossier interpela la agenda política en temas estructurales: postula revisar la ley N° 23.737, que versa sobre la penalización del consumo y comercialización de estupefacientes; y además, para Santa Fe, la postergada reforma constitucional para un asunto puntual, la reelección del gobernador.
Con la ley de drogas sin reformar, dice Larroude, "solo se ha garantizado un alto nivel de persecución y represión sobre los consumidores y eslabones más bajos de las estructuras criminales, sin llegar a desarticular las grandes bandas que operan en la Argentina y en el resto del mundo".
El consultor reveló a Rosario/12 que las propuestas vertidas en su informe se las había presentado en su momento a la por entonces ministra Frederic, entre 2020 y 2021.
"Nunca las consideró, y una vez que dejó el Ministerio, hizo declaraciones sobre cómo gestionar la seguridad en Rosario, y tomó mis propuestas como si fueran suyas. Pero Jamás pensó en aplicarlas. Me tomó el pelo, y se dedicó a gobernar con 5 amigos", reprochó Larroude.
En cuanto a la imposibilidad en Santa Fe de reelegir al titular del Ejecutivo, el informe confronta: "Esta situación, que a priori puede ser tomada como un gesto cabal de republicanismo, por cuanto supone una renovación constante de la cartera ejecutiva, se convierte hoy en un escollo en términos político-criminales toda vez que inhabilita la posibilidad de diagramar una política securitaria a largo plazo en la Provincia".
El fundamento estriba en que "la planificación sobre las fuerzas de seguridad no puede estar sujeta a los cambios constantes en los mandos políticos, sin haber impactado todavía en las estructuras delictivas, como también en los mandos policiales que necesitan criterios estratégicos y operativos estables. Toda política de seguridad debe ser perdurable en el tiempo, por lo menos ocho años corridos", señala. Y esto –agrega– "solo sirve, siempre y cuando, las fuerzas federales hayan iniciado sus tareas de prevención y represión, tanto del delito complejo como del delito ordinario en reemplazo de la fuerza policial rosarina que debe ser depurada en un proceso de reconstrucción doctrinaria, orgánica y operativa que debe llevar no menos de 4 años".
Luego señala como necesario, pero a nivel país, la reubicación orgánica del Servicio Penitenciario Federal, hasta ahora subordinado al Ministerio de Justicia de la Nación. Larroude considera que debe tomarlo el Ministerio de Seguridad, para un funcionamiento más eficaz del control y el análisis criminal, en tanto siga siendo un lugar donde se digita el delito complejo y sus consecuencias violentas.
Por último, el estudio Dejar matar, dejar morir, concluye con la sugerencia de fijar criterio único para la recolección de datos y análisis en materia de narcotráfico. Esto es porque hoy conviven sistemas paralelos, uno por cada fuerza federal, además de la presencia de la policía provincial en el medio. "Para evitar que la persecución solo se dirija a los adictos e infractores de menor valía y comience a direccionarse hacia los eslabones más importantes de la cadena criminal: hoy el 70% de los procedimientos antidrogas versaron sobre delitos de tenencia para consumo y tenencia simple de estupefacientes".
Una fiscal de puertas abiertas
Este homenaje a la doctora Mabel Colalongo es más que merecido, aunque lamentamos que haya transcurrido tanto tiempo antes de que pudiera concretarse. Es que, a veces, esperamos que sean otros quienes den el puntapié inicial, sin darnos cuenta de que nosotros mismos podemos hacerlo. Es lo que nos sucedió a Carlos Novillo y a mí respecto de esta iniciativa para Mabel. Y cuando decidimos impulsarlo, en poco más de un mes ya teníamos todo resuelto.
Dijeron que teníamos 10 minutos para hablar de Mabel. Una semana sería poco. Hablar de Mabel es hablar de la defensa de los derechos humanos y de los juicios de lesa humanidad. Hablar de Mabel es hablar del Derecho: “Yo elegí el Derecho, no por el poder sino por la Justicia”; nos decía.
La vida de Mabel siempre giró alrededor del Derecho Penal.
Apenas se recibió de abogada, fue convocada por el fiscal Julio Strassera para incorporarse a la Comisión que debía investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Juntas Militares, la Causa Trece.
Al terminar la Causa Trece, se dicta le Ley de Obediencia Debida. Mabel renuncia a la Comisión de Strassera porque “ya no quedaba nada por hacer”. “Era imperdonable. esa ley perdonaba las muertes y la tortura. Era una ley inconstitucional”, decía y reafirmaba: “Cómo explicar a las víctimas que todo había sido en vano, que se perdonaba a los genocidas?”.
Luego de la Causa Trece, Mabel participó en la Causa 44, del Circuito Camps. También intervino en la Causa Malvinas.
Fue asesora jurídica del recién conformado Equipo Argentino de Antropología Forense.
En 1992, fue convocada por Naciones Unidas para integrar la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército salvadoreño. Allí pudo entrevistar a la única sobreviviente de la Masacre del Mozote. El Mozote era una aldea que fue arrasada y masacrada por el Ejército de El Salvador.
Mabel entrevistó a Rufina Amaya. Nos contaba que se estremecía escuchando el terrible relato de lo que había presenciado la única sobreviviente de El Mozote.
En el año 2008, la Procuraduría de la Nación la envía a Rosario a hacerse cargo de la Unidad de Derechos Humanos, Narcotráfico y Trata de Personas, sobre todo por su experiencia en causas de delitos de lesa humanidad.
Se hace cargo de la Causa Díaz Bessone y luego de la Causa Guerrieri (I); ésta última condenó los cinco imputados a cadena perpetua, primer caso en el país. Siguió luego con la Causa Casado.
Mabel humanizó la Justicia. Su fiscalía era de puertas abiertas. Cualquier persona podía ir para consultar, testimoniar, y hasta para tomar unos mates. La gente decía, “No parece una fiscal" pensando en la figura inalcanzable de un juez o un fiscal.
Por ese entonces, Mabel comenzó a investigar qué había pasado en el cordón industrial durante el terrorismo de Estado, haciendo un trabajo antropológico y etnográfico. Visitó a familiares, amigos y vecinos de las víctimas que habían sido invisibilizadas hasta ese momento. Así fue construyendo la Causa de los Trabajadores.
Sin este involucramiento de Mabel, sin los testimonios que recogió, sobre todo de Luis Lapissonde, único sobreviviente, no hubiésemos conocido el accionar del terrorismo de Estado en el Cordón Industrial, ni nos hubiésemos enterado de la existencia de un centro clandestino que funcionó en el Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán.
Mabel ponía el cuerpo y toda su energía en sus investigaciones, se enfrentó al poder, a la corpo judicial, que no la perdonó. Así fue apartada de la fiscalía y obligada a tomar licencia por enfermedad. Cuando volvió a trabajar, en 2014, fue a Tribunales Federales de la calle Entre Ríos al 700. Allí se hizo cargo de la investigación de la desaparición y homicidio de Franco Casco. Demostró que había sido asesinado por la policía. Hizo allanar la comisaría séptima, por primera vez en Rosario. Demostró que Franco Casco había sido torturado y muerto por la policía de ese lugar y que no se había ahogado en el río, como quisieron hacer creer. Pidió una segunda autopsia, realizada por un forense de Buenos Aires.
Con todas esas experincias, en 2015, Mabel fue convocada desde la Procuraduría de la Nación para hacerse cargo de la unidad de derechos humanos a nivel nacional.
Mabel fascinaba con sus relatos, sobre todo a los jóvenes. En sus narraciones, lo afectivo siempre estaba presente y nos daba cuenta de la vida tan rica en experiencias de esta mujer increíble.
Bueno, para terminar, me voy a permitir leer un párrafo de un escrito de Juan Pablo Fasano, historiador, que en su juventud fue discípulo de Mabel en el estudio jurídico de Moreno Ocampo.
Este texto fue publicado cuando Fasano se entera de que Mabel había fallecido, el 27 de enero de 2016, poco después del inicio del gobierno de Mauricio Macri.
“Conocí poco más que esto de Mabel y pasé años sin saber nada de ella. Y aun así, saber que Mabel ya no está es una pena enorme. No puedo dejar de pensar en lo simbólico de que se fuera justo cuando esa justicia por la que trabajó entonces y hasta recién parece ser puesta en entredicho (una vez más). Yo no sé qué se la llevó. Leí, en varias notas de estos días, que estaba enferma. También leí las cosas que estuvo haciendo en estos años que perdimos contacto.
La conocí lo suficiente como para saber que Mabel padecía una de esas intensidades que hacen mella en el cuerpo.
Hoy, mientras la recuerdo, elijo creer que está, tintineante y vestida de marinerita mirando con sus ojos enormes a otras Almas Justas que la ven y piensan: 'Ahí llegó la Loca del Juicio’. Y sonríen.
*Este texto fue escrito por Ana María Medina para el acto de declaración de ciudadana distinguida a Mabel Colalongo, realizado el viernes pasado en el Concejo municipal. Incluye un agradecimiento a la concejal Julia Irigoitía y a sus colaboradoras Camila y Cintia, por patrocinar esta iniciativa.
Parque
Protesta en accesos viales al Gran Rosario y el sur bonaerense
Fleteros de cargas cruzaron el camión
El sindicato del sector dijo que la medida de 24 horas se dio tras agotar vías institucionales. Reclaman tarifa y derecho laborales.
El paro del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (Siunfletra) se sintió con mucha fuerza ayer en esta región. La medida de protesta que comenzó a las 0 del lunes mantuvo cortados los principales corredores viales que utiliza el transporte de cargas de origen agropecuario. En los ingresos a Rosario los piquetes generaron serios problemas en el tránsito, generaron embotellamientos y complicaciones para circular. Según reportaron desde el sindicato, actualmente se encuentran en estado de emergencia. “Agotadas todas las instancias institucionales y formales inherentes a nuestra competencia nos vemos obligados a iniciar medidas de fuerza, las cuales tienen un solo objetivo: denunciar la compleja situación que afecta a la actividad y proponer distintas soluciones”, señalaron en un escrito.
El secretario general de Siunfletra, Mario Pereyra, dijo que, como la tarifa que manejan es orientativa, los empresarios no la respetan. “Hacen que el transporte viaje un 40% o 50% debajo de esa tarifa que firman las cámaras empresariales. Nosotros buscamos que se respete la tarifa piso, porque al cobrar ese porcentaje abajo lo primero que hacemos es no pagar el IVA, lo segundo que hacemos es que el convenio colectivo de trabajo de nuestros choferes no lo pagamos, no compramos insumos, porque además se agudizó todo esto. Por la sequía en el campo no hay trabajo, no hay exportación, no hay tarifa”, dijo.
Los cortes en la región, que se mantuvieron hasta la medianoche, estuvieron ubicados en la Autopista Rosario-Buenos Aires y AO12 (mano Rosario a la altura de General Motors), Ruta 34 y A012, Ruta 11 y A012, Ruta 11 y Ruta 10, Ruta 91 y Ruta 11. En tanto que en la Autopista Rosario-Santa Fe los cortes se están desarrollando en el kilómetro 19 (altura San Lorenzo), Km 30 (altura Villa La Ribera) y Km 51 (altura Maciel).
Por otra parte, antes de las 15 comenzó un piquete sobre Ovidio Lagos al 7200. Así se sumaron importantes demoras para viajar por la Ruta Provincial 18, uno de los caminos alternativos frente al corte en la autopista a Buenos Aires.
Desde el gremio señalaron que la situación es de emergencia y que agotaron todas las instancias de diálogo por lo cual debieron llegar a esta medida de fuerza a la que sostuvieron “se vieron obligados”. Estas protestas no solo afectan al trasporte de carga de cereales, también generan conflictos a otros sectores como quienes trasladan alimentos, correo y medicamentos, entre otros.
“Las principales problemáticas que atraviesan todas las ramas del transporte terrestre de cargas del país se encuentran enmarcadas en cuestiones tarifarias y de derechos laborales, que no fueron atendidas en los últimos años por aquellos que dicen ser 'formadores de tarifas y defensores de los trabajadores'”, aseguraron.
Aldo Fernández, referente del Sindicato Único de Fleteros, remarcó que "cuando se levantan las tarifas, al camionero no le llegan los incrementos", agravando así la precariedad del sector. El dirigente también apuntó que "la sequía aceleró esta problemática" y que las tarifas de los viajes se redujeron en torno al 40% durante el último mes.
También denunció "competencia desleal" por parte de las empresas que tienen posiciones dominantes en el sector. Citando a una de las exportadoras nacionales, sostuvo que "con una tarifa de referencia de $12.300 por 700 kilómetros salió ofreciendo $8.400" sin brindar explicaciones.
De esos 8.400 pesos al camionero le llegan 6.200, descontando la parte con la que se queda la empresa de fletes, agregó. Lo que esperan quienes están participando de los cortes es que los atiendan "autoridades nacionales para poder plantear estos inconvenientes".
Además de Rosario y la región, en Buenos aires también hay bloqueos en la zona de los puertos de Bahía Blanca, Necochea, Zárate y Lima.
Arrancó el plan "Te acompaño" en unas 90 escuelas
Patrullaje dinámico y cercanía
La escuela Medalla Milagrosa fue una que recibió amenazas.Con "presencia dinámica" y custodia policial en la zona de unas 90 escuelas, se puso en marcha ayer el plan "Te acompaño", que anunció la semana pasada el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, al reunirse con los gremios docentes que reclamaban medidas ante hechos de violencia, balacera y amenazas a escuelas. En paralelo, personal de una institución de Villa Gobernador Gálvez encontró una nota intimidatoria en la puerta del establecimiento secundario por lo que muchas familias fueron a retirar a los estudiantes, y luego hubo una amenaza de bomba, mediante un llamado al 911.
Desde la escuela Rosa Ziperovich, el titular de la cartera de Seguridad dio detalles del dispositivo de seguridad y prevención, en el marco de una serie de hechos de violencia contra escuelas de la ciudad registradas en las últimas semanas. La implementación del programa se dio a conocer el viernes, tras la reunión que el funcionario mantuvo con representantes de los gremios docentes y hoy se puso en marcha de manera oficial.
“Vamos a hacer un esfuerzo principal en escuelas de Empalme Graneros, Larrea, Ludueña, Vía Honda, Tablada y Las Flores, pero tampoco podemos dejar de lado a las instituciones del macro y microcentro o de otras zonas de la ciudad. Si bien es cierto que en esos barrios han sufrido hechos graves, también es verdad que hay otras escuelas que dan cuenta de delitos, como arrebatos, que tienen como víctimas a los chicos que van al colegio y que tenemos que trabajar en esa prevención también”, dijo a LT8.
Según indicó, se realizó “un mapeo de escuelas, los horarios y desde el ministerio se está formando un vínculo con los directivos y maestros. El viernes, después de la reunión con los gremios, estuve con directores de escuelas que sufrieron hechos graves y estamos formando un vínculo de trabajo y comunicación permanente para que cuando vean una amenaza o alerta, que me notifiquen a mí para tomar cartas en el asunto, porque las exigencias y las necesidades son muchas, pero los recursos son finitos”, sostuvo el ministro.
Por su parte, Priscila Villalobos, subsecretaria de Prevención y Control, indicó: "Es un acompañamiento que no implica la presencia del móvil fijo en la puerta de la escuela, sino que es un patrullaje dinámico en las zonas aledañas a los establecimientos, principalmente por los circuitos que recorren alumnos, docentes y personal no docente para ir a la escuela". En la práctica, señaló que se trata de 27 circuitos que llegan a cubrir unas 90 escuelas, por cercanía.
En paralelo, una nota amenazante fue encontrada en el ingreso a la escuela Nº 485 Vicecomodoro Marambio, de Villa Gobernador Gálvez. El hecho derivó en que varias familias fueran a buscar a los alumnos para retirarlos. Poco después, se indicó que hubo una amenaza de bomba al 911 y se desalojó el establecimiento.
Al respecto, la funcionaria indicó que "el operativo tiene presencia también en Villa Gobernador Gálvez y algunas otras ciudades. Es multiagencial, es decir, nosotros no disponemos las escuelas al libre albedrío, sino que lo hacemos en un análisis que hace el Ministerio de Educación y nos traslada la problemática. Si bien tenemos cercanía con el territorio, yendo a las escuelas, hay algunos requerimientos que los absorbe Educación y que nos los traslada. Las escuelas se van incorporando o saliendo del circuito en la medida que Educación lo vaya anoticiando. La realidad es que como es un trabajo de cercanía hay muchas escuelas que no quieren la presencia policial, es una imagen que nadie quiere tener. Entonces vamos adaptándolo en base a los requerimientos y a la escucha". Y agregó: "El objetivo es prevenir. Después las particularidades de cada hecho se abordan más que nada en las escuelas, que son víctimas de hechos altamente lesivos, se abordan en lo particular, porque también interviene un fiscal; entonces son cuestiones de abordaje más particular".
El PJ separó "definitivamente" de su cargo al negacionista Juan Alberto Vidal
Sin lugar para los dos demonios
El sancionado fue funcionario de la última dictadura y en 2021 asumió como secretario general del partido en Venado Tuerto.
Desde Santa Fe
El Partido Justicialista santafesino sancionó a un ex funcionario de la dictadura, Juan Alberto Vidal, que en marzo de 2021 asumió como secretario general del PJ de Venado Tuerto con un discurso negacionista en el que propuso un “acuerdo de conciliación” con los genocidas. El congreso provincial del sábado -que es el órgano máximo del PJ- lo separó “definitivamente” del cargo partidario al aprobar por unanimidad el dictamen del Tribunal de Disciplina y comunicó la decisión al consejo ejecutivo que preside Ricardo Olivera. “No hay razones valederas y objetivas” que justifiquen la conducta de Vidal y “su discurso de asunción que constituye una clara reivindicación de la ‘guerra sucia y la teoría de los dos demonios'”, dice el despacho que se leyó en el pleno de congresales. Después del golpe, Vidal juró dos veces por el régimen cívico militar: en junio de 1976, como presidente comunal de Villa Cañás, y en marzo de 1981, ya en la Casa Gris, como viceministro de Gobierno en el gabinete del dictador Rodolfo Luchetta.
Vidal ganó la interna partidaria en diciembre de 2020 y el 26 de marzo de 2021, se convirtió en secretario general del consejo de unidades básicas de Venado Tuerto. Asumió con un discurso negacionista del terrorismo de estado. “Es necesario llegar a una conciliación del pueblo argentino, que nos pongamos de acuerdo en las responsabilidades que tuvo cada uno y en la verdad. Y así, con esa maduración colectiva, podamos arribar a una conciliación”, reclamó.
El hecho generó la inmediata reacción de militantes históricos del peronismo que se retiraron del acto, entre ellos Víctor Ubaltón y Sergio “Checho” Maidana. Vidal acumuló varias denuncias en el Tribunal de Disciplina: una del propio PJ de Venado Tuerto, otra del consejo departamental de General López y una tercera del Instituto Venadense por la Memoria, la Verdad y la Justicia, más otros planteos de afiliados y agrupaciones internas. Una de las pruebas es el video del discurso de Vidal.
El Tribunal de Disciplina del PJ admitió las “denuncias contra el afiliado Juan Alberto Vidal”, abrió el expediente y le dio la posibilidad de defenderse en un plazo de treinta días. El 25 de abril de 2022, ofreció su descargo. Pero el Tribunal, no encontró “razones valederas y objetivas” que justifiquen su conducta y un “discurso de asunción, que constituye una clara reivindicación de la guerra sucia y la teoría de los dos demonios”, lo calificó.
Por lo tanto, resolvió “aconsejar la separación definitiva” de Vidal de su cargo de secretario general del PJ de Venado Tuerto” y “comunicar la decisión al consejo ejecutivo provincial” que preside Ricardo Olivera. El congreso provincial aprobó el dictamen por unanimidad en la sesión del sábado, en el Sindicato de Luz y Fuerza.
En los fundamentos, el Tribunal recordó sus facultades de juzgar a los afiliados al PJ por “inconductas, indisciplina o violación de los principios y resoluciones de los organismos partidarios”. Y aconsejar “diferentes sanciones que van desde una amonestación hasta la desafiliación y expulsión”.
Antes de tratar el caso Vidal, el congreso del PJ expulsó de sus filas al ex diputado provincial Julio Adelaido Ramos –que operó como agente secreto del Ejército en 1977- y 1977- y hace una semana fue condenado por el Tribunal Oral de Santa Fe a siete años de prisión por delitos de lesa humanidad: el secuestro y torturas a su ex compañero de militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Luis Felipe Solé, en 1977.
El Tribunal recordó que hombres y mujeres del movimiento peronista fueron víctimas a lo largo de su existencia de “diatribas mediáticas, persecuciones, exilios, deportaciones, encarcelamientos, secuestros, fusilamientos y, en general, oprobios inimaginables para quienes abrazamos la causa, teniendo como aspiración legítima acceder al gobierno mediante el voto soberano de las mayorías nacionales y populares”;
En agosto de 2003, el Congreso de la Nación derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían la “continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad”. El presidente Néstor Kirchner creó el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, que en la provincia tuvo su correlato en la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe que fue creada por el ex gobernador Jorge Obeid, el mismo año, en diciembre de 2003, junto con el Archivo Provincial de la Memoria.
En febrero de 2011, el congreso del PJ –consecuente con lo aconsejado por el Tribunal de Disciplina- expulsó a los primeros dos condenados por crímenes de lesa humanidad: el ex presidente comunal de San José del Rincón y el ex policía Eduardo “Curro” Ramos, que operaba en Departamento Informaciones (D2).
En 2012, el trámite de expulsión del ex Personal Civil de Inteligencia Horacio Américo Barcos quedó inconcluso por su fallecimiento. Y en 2013, a pedido de la ex diputada Claudia Giacone y del diputado nacional Eduardo Toniolli se expulsaron otros dos represores: el comisario Roberto Martínez Dorr y el ex PCI Eduardo “Tucu” Constanzo.
Lo mismo ocurrió en 2017 cuando el congreso del PJ expulsó también al ex diputado Pedro Rodríguez y a otro ex PCI, Carlos Sfulcini (PCI) y el sábado último, cuando por iniciativa del jefe del bloque peronista en la Legislatura, Leandro Busatto, se canceló la ficha del octavo represor: el ex diputado Julio Adelaido Ramos.
“Quedó absolutamente claro que el Partido Justicialista de Santa Fe adhiere a la aspiración legítima de memoria, verdad y justicia, y sus autoridades bregan en consecuencia”, dictaminó el Tribunal de Disciplina del PJ. Y aconsejó la “separación definitiva” de Vidal de su cargo de secretario general del PJ de Venado Tuerto, que es lo que se aprobó por unanimidad.
Fuente:Rosario12













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