Apropiador de Tierra (despojadas al
Pueblo Mapuche), y Libertad: Pedro
Laurentino Duarte, ex juez federal
de Neuquén será juzgado por delitos
de lesa humanidad
Por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 20223
Un ex juez federal de Neuquén afrontará próximamente un juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Pedro Laurentino Duarte, también ex auditor del Ejército, está acusado por su participación en la privación ilegal de la libertad y torturas a militantes y activistas sociales y políticos de su provincia y de Río Negro. Duarte contó con el respaldo de organismos públicos provinciales para la protección de sus intereses económicos. A la vez, mantiene y ejerce poder sobre integrantes del Poder Judicial local, según se desprende de un expediente familiar abierto.
Desde la función pública se apropió de tierras rurales en la cordillera despojadas al pueblo mapuche, maniobra que no forma parte de los hechos que se juzgarán. Con un hijo abogado, continúa activo en el fuero local, gozando del beneficio de la presunción de inocencia.
En julio de 1976, Duarte fue designado juez federal de Neuquén, en reemplazo de Carlos Ramón Arias, cesanteado un mes antes. Venía de desempeñarse como auditor militar del Ejército, con asiento en Bahía Blanca. Un tribunal de Neuquén lo juzgará porque, en el ejercicio de su función, omitió en veinticinco oportunidades promover la persecución penal en perjuicio de personas privadas de su libertad; fue partícipe secundario del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia y ser la víctima perseguida política en ocho oportunidades; y autor de prevaricato en 16 casos, tal como consta en la resolución de elevación a juicio de Gustavo Villanueva, titular del Juzgado 2 de Neuquén, de agosto del año pasado.
Todavía no tiene fecha el juicio oral y público que se realizará en la capital provincial, en el que son querellantes Inés Rigo (Madre de Plaza de Mayo) y Oscar Ragni, ambos representadxs por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén. Junto a Duarte, por los mismos cargos y prácticamente por los mismos casos, será juzgado Víctor Marcelo Ortiz, ex fiscal en el mismo juzgado y en igual período. Aunque en el expediente consta con domicilio en Cipolletti (Río Negro), Ortiz desarrollaría su actividad como abogado en ciudad de Buenos Aires, según una fuente.
Los hechos que se juzgarán se perpetraron hace más de 40 años, con un legajo iniciado en 2013. En estos años, algunos de los nueve ex funcionarios judiciales incluidos en la investigación original fallecieron; otros fueron desvinculados del caso. La causa madre por delitos de lesa humanidad que se sigue en la Patagonia Norte desde 2005 es el Expediente 8.736/2005 “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ Delitos c/ la libertad y otros», Juzgado Federal 2 de Neuquén. Por una decisión del juez de Instrucción, fue dividida en tramos para su tratamiento. En 2008 se realizó el primer juicio oral y público contra ocho militares por crímenes durante la implementación del plan terrorista en la Subzona 5.2 del Ejército, que dependía de Bahía Blanca y comprendía el Alto Valle de Río Negro, Neuquén y la zona andina de Río Negro (Bariloche y El Bolsón).
Los dos procesados perciben haberes jubilatorios del Estado nacional. Ninguno mereció jamás ningún planteo de sus pares en los colegios de abogados, al menos, que haya trascendido.
ABOGADO MANO DURA
Duarte fue auditor militar desde 1961 hasta el 5 de julio de 1976, cuando solicitó el retiro pero no la baja, “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”. Así consta en su legajo oficial, citado en la investigación federal. En ese período funcionaba un único juzgado para toda la provincia de Neuquén y la cámara de alzada en Bahía Blanca. Recién en 1988 se creó el Juzgado Federal de Zapala y con posterioridad se puso en funcionamiento la Cámara Federal de General Roca.
Comenzó a recorrer Neuquén cuando se estaba gestando el Movimiento Popular Neuquino (MPN), cuya acta constitutiva es de 1962. Al año siguiente, el partido local se presentó por primera vez a elecciones, las que gana con candidatos propios. Los hermanos Elías Sapag (en la capital provincial) y Felipe (en Cutral Co) se fortalecieron como interlocutores indispensables para cualquier actor político e institucional.
El abogado militar se instaló en la provincia en 1967, cuando empezó a cumplir funciones en el Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI. Allí llegó al grado de mayor, de acuerdo a información parcial de su legajo, conocido por fuentes con acceso a la investigación. En la causa Reinhold, un testigo militar precisó que entre 1973 y 1976 Duarte fue jefe de la Sección Justicia de esa unidad militar asentada en la capital provincial.
EJE ZAPALA-ALUMINE
Desde antes de la organización del Estado-Nación, la población originaria usó en forma libre y abierta el territorio, en armonía con los ciclos de la naturaleza. La imposición de la propiedad fiscal de la tierra, la propiedad privada y el alambrado golpearon el uso tradicional del territorio y diezmaron la población rural. La transhumancia, el movimiento de arreo de hacienda para el uso de tierras altas en verano y bajas en invierno, es una práctica tradicional que sostienen pobladores criollos y comunidades mapuche en el sur de Mendoza y gran parte de Neuquén.
Las familias productoras de ganado menor (chivas, mayormente, y ovejas), que lograron permanecer en tierras secas del centro de Neuquén (Zapala, Ramón Castro, Barda Negra), migran al final de la primavera hacia el oeste, hacia la cordillera de los Andes, al lago Aluminé y la cuenca del río Litrán, recorriendo aproximadamente unos 150 kilómetros. Esa ruta de transhumancia chocó con la aparición de la estancia La Nevada, de más de mil hectáreas en la unión del Litrán y el Aluminé, muy próximo al ejido actual de Villa Pehuenia, la localidad turística que creó la provincia en el territorio tradicional de la lof Puel.
Distintos testimonios orales coinciden en que para 1911 se asentaron en el lugar Margarita O’Brien y Francisco Whitworth, norteamericanos, con autorización del gobierno nacional para ocupar tierras fiscales en 1925, de acuerdo al informe “Entre travesía y veranada. Relevamiento histórico-antropológico de la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo”, realizado por lxs investigadores Karinna González Palominos y Alexis Papazian en 2011.
“Donde está el casco de la estancia estaba la ruka de mi abuela Juana Puel”, aseguró Raúl Maliqueo, kona de esa comunidad. “Sacó a la gente y cerró”, añadió. El nombre La Nevada habría sido un homenaje a las tierras de los padres de la mujer, con 1.540 hectáreas de acuerdo al plano de mensura de 1960, cuando todavía estaba inscripto como propiedad de la provincia de Neuquén.
“Los Puel se radicaron en la península del lago Aluminé (actual Villa Pehuenia) y en la zona de la Angostura; los Catalán, por su lado, se afincaron en Lonco Luán”, sostiene el informe. Whitworth murió en 1946 y su mujer continuó en La Nevada hasta su fallecimiento en 1979, según pudieron acreditar González Palominos y Papazian en un trabajo posterior. “La estancia quedó sin herederos declarados. Ante este vacío sucesorio, el entonces juez federal de la dictadura Duarte, junto a un socio, logran la “propiedad” de la estancia. Años después, la totalidad de La Nevada pasará a manos de Duarte, que comenzó a avanzar con los alambrados sobre aquellas tierras que eran utilizadas por las familias mapuche veranadoras, incluso saltando la línea divisora de la ruta provincial 13, que oficiaba de límite entre la estancia y el territorio de veranada. Ese accionar estuvo validado por el Estado provincial a través de la Dirección de Tierras”, afirman los investigadores.
Los autores citan un expediente iniciado en 1930 en la Dirección Provincial de Catastro de la Provincia de Neuquén (DPCN), que establece la creación de la estancia en 1920, la que queda en manos de la mujer tras la muerte de su esposo. Papazian conservó una copia digital del expediente administrativo con el que trabajamos para este informe. Ahí está agregado un mapa donde consta que recién para 1957 el Consejo Agrario Nacional inició un expediente, inscribiéndolo en el Registro de la Propiedad Inmueble local tres años después como fiscal provincial.
Al parecer, Duarte y Héctor Oscar Sánchez actuaron en representación de la viuda. En 1991, un juez local determinó el final de la propiedad en condominio de la antigua estancia por parte de Duarte y Acosta. Al año siguiente, Catastro de la provincia determinó que quedaban en propiedad del abogado militar cinco fracciones que suman algo más de 1.300 hectáreas a ambos lados del río Litrán, en su desembocadura en el lago Aluminé, y un amplio frente costero en la parte más abierta, sin bosque.
En 2009, Duarte inició una demanda de desalojo contra integrantes de la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo por presunta usurpación de uno de los cinco lotes de su propiedad. Próximo a la frontera con Chile, hacia el paraje Paso Del Arco, el conflicto se desató en una fracción de 1.440 hectáreas, de las que estaban forestadas con especies exóticas 1.330 aproximadamente, según indicó en el expediente judicial. Su hijo Hernán Maximiliano recibió subsidios forestales nacionales para ese proyecto, tal como consta en las liquidaciones oficiales.
Ni la comunidad ni Duarte usan actualmente ese espacio de veranada, ya que la causa judicial está supeditada al informe del relevamiento territorial de la ley nacional de emergencia, cuyo dictamen definitivo deben presentar los equipos técnicos de la provincia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), precisó Maliqueo.
BLANQUEO EN DEMOCRACIA
Al morir O’Brien en 1979, Duarte era juez federal, responsable de los más de cincuenta hechos por lo que se lo juzgará próximamente.
El gobierno neuquino legitimó la propiedad de Duarte-Sánchez con mensuras y planos fechados en 1984 y diligencias de los ’90 inclusive, indispensables para luego disolver legalmente el condominio. Al retirarse de la magistratura, montó su estudio jurídico sumando a uno de sus hijos y a una socia más joven. Amplió sus propiedades inmuebles al country Club El Rincón, en la capital provincial, y otras tierras al sur, entre otras operaciones.
La apropiación de La Nevada es un caso diferente al botín de las patotas o al saqueo de empresas y bienes de los detenidos-desaparecidos, acreditados en otros juicios de lesa humanidad. La documentación fragmentada y parcial disponible alienta la necesidad de profundizar la investigación. Queda para otro artículo el desarrollo del caso de familia que revela la vigencia del poder de Duarte sobre parte de la corporación judicial neuquina.
FUENTE: El Cohete a la Luna
Por Resumen Latinoamericano, 03 de mayo de 2023.
Así lo denuncian familiares de Ricardo Maidana y vecinos de ese barrio de Quilmes, que marcharán este jueves a los Tribunales para exigir la libertad del trabajador de 34 años. El 22 de abril casi muere baleado cuando salió a hacer una compra. La Policía luego lo fue a buscar al hospital, quedó detenido y acusado de un robo a mano armada.
Este jueves vecinas y vecinos del barrio Villa Itatí de Quilmes se movilizarán a los Tribunales Penales de esa ciudad del sur del Gran Buenos Aires (ubicados en Avenida Irigoyen y Videla) para pedir el desprocesamiento y la libertad de Ricardo Maidana, quien según denuncian sus familiares y conocidos está siendo falsamente acusado por la Policía Bonaerense de un robo que no cometió. A su vez, denuncian la brutal agresión que sufrió el hombre de 34 años, hoy internado en el Hospital Iriarte a la espera de una operación en su mandíbula, destrozada por un balazo policial.
En diálogo con La Izquierda Diario Elvio Báez, vecino del barrio y comunicador popular, relató que alrededor de las 19 horas del sábado 22 de abril Maidana “salió a comprar para comer cuando, de un instante a otro, quedó atrapado en una balacera donde recibió un impacto de bala en la mandibula inferior. Supuestamente se trató de un enfrentamiento entre la Policía y un grupo de jóvenes”.
Baéz agrega que “al momento del impacto Ricardo se encontraba solo y se quedó inmóvil mientras la Policía se elajaba a los tiros en busca de los jóvenes que supuestamente venían de perpretar un robo. Nadie lo asistió hasta que un vecino amigo de él lo cargó y llevó al Hospital Iriarte de Quilmes”.
Los allegados de Maidana (quien trabaja como compactador en un centro de acopio de cartones) denuncian que recién cuatro días después, el martes 27, le permitieron recibir visitas en el hospital. Y que el domingo 30 se instaló en la sala personal policial, quedando el paciente en calidad de “detenido” acusado de “robo a mano armada”. Por si fuera poco, está esposado a un barral de la cama. “Está a la espera de una prótesis para que le hagan una cirugía en el hispital de alta complejidad El Cruce de Florencio Varela”, informó Báez a este medio.
«¡Justicia para Ricardo Maidana!»
Este jueves a las 10 de la mañana, vecinas y vecinos de Villa Itatí se concentrarán frente a los Tribunales de Quilmes para exigirles a los fiscales y jueces que haya justicia para Maidana. “Es un vecino, amigo y padre de ocho pibes que no sólo fue baleado gravemente sino que sufre una causa armada por la Policía que lo acusa de algo que no es cierto. Dicen que robó y que estaba armado, cuando Ricardo es todo lo contrario, es un trabajador”, afirma Báez con preocupación por la situación del joven.
Fuente: La Izquierda Diario
Trabajadores de la salud en lucha:
“No podemos vivir con los salarios
más pobres en la Ciudad más rica”
Por Martín Suárez, Resumen Latinoamericano, 03 de mayo de 2023.
Este jueves varios gremios de la Ciudad se manifestarán en las inmediaciones del Hospital Elizalde. «Rechazamos el 10% de aumento de Larreta», señalan.
El ajuste sobre quienes visten guardapolvo blanco parece ser una constante de la administración porteña. Según señalan trabajadores y trabajadoras de la salud, a pocos meses de terminar su segundo mandato, Rodríguez Larreta dejará los hospitales públicos del distrito en peores condiciones de cómo los encontró: falta de insumos esenciales, carencia de personal auxiliar, escasez de productos básicos de higiene, problemas en infraestructura hospitalaria y falta de mantenimiento son, entre otras situaciones, las problemáticas más denunciadas por trabajadores del sector.
A todas estas carencias se les suman el ajuste sobre los salarios que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Por esta razón, los principales gremios y sindicatos porteños del sector, el jueves realizarán una jornada de lucha para rechazar el aumento paritario decretado por el gobierno porteño de apenas un 10%.
Tras una asamblea, los gremios porteños mayoritarios de la salud, decidieron manifestarse éste Jueves 4 de mayo a las 11 en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde (ex casa cuna) ubicado en la Av. Montes de Oca 40, en el barrio de Barracas.
“Los estatales de la Ciudad no damos más y es por eso que rechazamos la paritaria de pobreza de Larreta. Ya no podemos vivir con los salarios más pobres en la Ciudad más rica, a nadie se le ocurre dar un aumento de solo el 10% en medio del contexto económico”, dice a Tiempo Héctor Ortiz, Licenciado en enfermería y delegado por ATE del Hospital Durand. La administración de Rodríguez Larreta propuso un aumento salarial del 10% para el mes de abril y para el sector resulta insuficiente para paliar lo perdido por la inflación ante salarios de $130.000.
“A partir de las 10 de la mañana realizaremos un cese de tareas para movilizarnos hacia el hospital Elizalde, junto a todos los trabajadores del resto de los hospitales porteños, para reclamar por nuestros salarios y anunciar las actividades que realizaremos el próximo 10 de mayo donde la justicia va a determinar si pasamos a la carrera profesional o no”, agrega Ortiz.
Entre las reivindicaciones se destacan un aumento salarial por encima de la inflación; una suma fija de $60.000; el urgente blanqueo del salario; el pase a planta permanente, y la inclusión a la Ley 6035.
“Yo en este momento estoy trabajando 15 horas por día en un hospital público y en un sanatorio privado, y el sector privado tiene mejores salarios que los que nos paga el gobierno de la Ciudad”, advierte Claudia Ferreira, Licenciada y profesora de enfermería que trabaja en el sector cirugía del Hospital Rivadavia. La profesional enumera varias de las problemáticas que ocurren en ese nosocomio: “hay falta de personal nosotras estamos haciendo el trabajo de seis personas cuando en realidad somos dos o tres enfermeras por turno que atienden a más de 20 pacientes”, cuenta, al mismo tiempo que realiza una denuncia sobre el mal funcionamiento de la línea 147 que entrega los turnos: “Hay que aclarar que los pacientes en este sector de cirugía llegan con turnos muy atrasados porque los expide el número de atención telefónica 147 de la Ciudad que funciona muy mal. Esto quiere decir que un problema menor se convierte en un estado de salud grave, por ejemplo, una pancreatitis después de un mes cuando le asignan el turno termina complicándose mucho”, explica (Ver recuadro).
De la jornada de protesta participarán la CTA Autónoma Capital, ATE Hospitales de la Ciudad, el Frente de Unidad Germán Abdala dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado, y personal nucleado en la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE).
La problemática línea 147
Si un paciente se acerca a cualquiera de los más de 30 hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, no conseguirá turno para ninguna especialidad médica. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, la administración porteña decidió gestionar los turnos exclusivamente a través del 147. Como señaló la Licenciada en Enfermería Claudia Ferreira a este medio, los turnos son asignados con mucho retraso, una situación que complica el estado de salud de las y los pacientes. En varias ocasiones denunciaron el mal funcionamiento de este sistema, y la falta de personal y precarización en el sector.
En septiembre de 2021, esta privada fue denunciada penalmente. La firma es acusada de violar la jornada máxima, pagar la mitad del convenio colectivo y reiterados casos de maltratos y violencia ante el incumplimiento de los objetivos de la campaña proselitista. «Siempre tienen que hablar del Colo o de Euge, porque si dicen Santilli o Vidal, son apercibidos», explicó en ese momento Rossi a Tiempo para reflejar el control férreo que aplica la firma.
Fuente: Tiempo Ar
Denuncias por abuso sexual en jardín
de infantes: la importancia de la ESI
para romper los secretos
Por Resumen Latinoamericano, 03 de mayo de 2023.
Tres maestras enfrentan cargos por abuso sexual cometido contra niñas y niños de la sala de 4 del Jardín de Infantes Nº 9. Familiares y amigos realizaron una medida de protesta en la puerta de la institución y exigieron explicaciones a las autoridades. El estado de la investigación y lo que reclaman madres y padres.
Una grave denuncia conmociona al barrio porteño de Palermo: abuso sexual por parte de tres maestras en perjuicio de niñas y niños de la sala de 4 años en el Jardín de Infantes Nº 9 ubicado en la calle Darregueyra al 2300. Según trascendió, una madre fue la que alertó a la Justicia y al resto de las familias que, al tomar conocimiento, organizaron un “Ruidazo” en la puerta del establecimiento durante el día de ayer.
Las autoridades del jardín informaron a los padres y madres que las docentes involucradas en la investigación fueron separadas de sus cargos y se les inició un sumario administrativo. Mientras tanto, la causa penal se encuentra en etapa de investigación. La gravedad del caso revela, una vez más, la necesidad de la Educación Sexual Integral para las infancias en relación a los “secretos” que les imponen sus abusadores.
De qué se trata la denuncia
La denunciante se trata de una madre que concurrió el viernes pasado a la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad. Allí, la mujer relató que las docentes denunciadas hacían cantar a los alumnos y les proponían un baile donde tenían que despojarse de sus ropas. Asimismo, que había tocamientos indebidos de parte de las adultas hacia ellos, mientras que les decían que se trataba de un secreto.
Durante el ruidazo que se produjo en la puerta del jardín, Mariela, una de las madres dijo a la prensa: “mi nene me contó del baile y que se desvestían, mi hijo bailaba y se bajaba el pantalón y le pregunté si también (otros) se bajaban los pantalones y me dijo que sí, que era un chiste, y me decía que era un secreto con la seño y después nos enteramos de que había otras dos docentes involucradas”. En igual sentido, otra madre dijo a la prensa que “las familias le están contando a la directora que una docente y otras dos implicadas los hacían desvestir en las canciones, y es increíble, son niños que te están contando que los están manoseando y que la docente los premiaba para poder tener acceso al cuerpo de las criaturas”.
Foto: Télam
Mariana, madre de una niña de la misma sala que no relató haber sufrido abusos y cuya maestra es señalada como la principal acusada, dijo a Télam que “serían entre 10 y 15 los niños de sala de 4 que contaron los abusos y ya están realizadas las denuncias en la Justicia”. Los testimonios coinciden en que los niños que contaron los abusos sufrieron situaciones similares: “se empezaron a hacer pis en la cama y después contaron que hace un mes y medio se hacen pis adentro del jardín; además no quieren ingresar a la sala, lloran, gritan, tienen muchas pesadillas”.
Una de las maestras seguía frente al aula
Las autoridades del establecimiento recibieron, durante la mañana de este miércoles, a los familiares de alumnos que exigieron explicaciones ante la gravedad de los hechos. La reunión con las autoridades fue tensa ya que, según relataron a Télam los padres que asistieron, una de las maestras estaba en la institución en contacto con los niños de la sala de 3 años. A la salida, varias madres y padres conversaron con la prensa. “Tuvimos una charla con la directora, nos dicen que una de las implicadas no está acá y la otra sí está, y pedimos que nos explique qué pasa con los chicos y cómo esa persona está presente dando clases con los chicos”, dijo un padre a C5N.
“La directora está involucrada, no puede ser que no haya visto nada, son tres docentes, hay una que supuestamente estaba con el teléfono (filmando), mientras los chicos bailaban, otros dicen que en la dirección la maestra les daba torta para facilitar los abusos”, expresó Mariela, una de las madres. Asimismo, manifestó que “la directora dijo que se iba a abrir un acta, que las seños no iban a estar en su cargo y si bien hay dos que no vinieron (que serían auxiliares), hay una que estaba ejerciendo en salita de 3 y no nos dio ninguna respuesta”.
El expediente judicial en curso
La investigación penal está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26, cuyo titular es el juez Ignacio Kirszenbaum y el secretario Sebastián Buisel Quintana. Según informó Télam, personal del Ministerio de Educación de la CABA se hizo presente en la escuela esta mañana para brindar contención a la comunidad educativa. Si bien los familiares reclamaron “que se clausure el colegio hasta que se investiguen todos los casos”, desde la cartera de Educación porteña confirmaron que “la escuela continuará con su actividad normal y con el acompañamiento desde los Equipos de Apoyo”.
Fuente: Tiempo Ar
Cumbre de Lula y Alberto Fernández:
las claves del eterno déficit comercial
con Brasil
Por Marcelo Di Bari, Tiempo Argentino /Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2023.
En lo que va de 2023, el saldo comercial para el país es negativo en U$S 1.775 millones. Brasil quiere ofrecer financiamiento para asegurarse exportaciones y evitar que China le gane el mercado.
El mayor dinamismo de sus exportaciones volvió a favorecer a Brasil en el intercambio comercial con Argentina, de acuerdo a los números correspondientes al mes de abril. Según el informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el saldo del mes pasado favoreció a los brasileños por U$S 776 millones y en el primer cuatrimestre del año ya suma U$S 1.775 millones.
De acuerdo a los datos de la CAC, las ventas desde Brasil a la Argentina crecieron 31% interanual en abril y sumaron U$S 1.665 millones. En sentido inverso, nuestro país vendió hacia su socio del norte bienes y servicios por U$S 889 millones, con una caída del 13,6%.
Las bajas en las exportaciones argentinas se explican por dos rubros clave: vehículos automóviles de pasajeros y trigo y centeno no molidos. En sentido contrario, Brasil intensificó sus envíos de vehículos, autopartes, soja, tubos de hierro y/o acero y sus accesorios y mineral de hierro.
“Brasil es el principal socio comercial de Argentina, relación que históricamente mostró saldos deficitarios debido a que las importaciones desde aquel país suelen ser estratégicas para nuestro tejido productivo”, detalló la Cámara al presentar los datos de abril.
Contactos en Brasilia
El superávit obtenido en el intercambio comercial es uno de los determinantes de la negociación llevada a cabo en Brasilia entre los presidentes Lula da Silva y Alberto Fernández. En la cumbre de este martes los anfitriones tomaron una decisión estratégica: intensificar los esfuerzos para brindar financiamiento a sus exportaciones, de manera de asegurarse que Argentina pueda continuar comprando sus productos a las empresas brasileñas.
La explicación corrió por cuenta del viceministro de Economía brasileño, Gabriel Galípolo. «Estamos proponiendo la creación de una financiación a las empresas brasileñas que venden a la Argentina. Tenemos 210 empresas que comercian con ese país, principalmente en valores industriales, con más valor agregado», dijo el funcionario a la cadena de noticias Globonews.
Al gobierno de Lula también le preocupa la potencial pérdida de mercados a manos de China, que en los últimos años incrementó sus inversiones en la Argentina en algunos rubros estratégicos. «En los últimos cinco años, debido a la falta de mecanismos de Brasil para financiar las exportaciones brasileñas y las importaciones argentinas, hemos perdido aproximadamente U$S 6.000 millones de espacio en la balanza comercial con Argentina”, dijo Galípolo. Y profundizó: “China ha estado proporcionando mecanismos de financiación en medios alternativos de pago, como swap, o dando crédito al exportador”.
Para el gobierno argentino, la ambición pasa por conseguir en el corto plazo que se habilite el comercio en moneda local sin usar dólares, divisa escasa para el Banco Central. Ese tema quedó instalado en la agenda entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par Fernando Haddad, para continuar su tratamiento en próximas reuniones.
Tendencia al déficit comercial
En líneas generales, el comercio entre ambos países fue deficitario para la Argentina en 19 de los últimos 30 años. A las cuestiones productivas se sumaron también distorsiones cambiarias que en gran parte de ese período favorecieron la importación a precios accesibles para el mercado local.
A ello se sumó la buena tasa de crecimiento de las exportaciones brasileñas, que de acuerdo a la plataforma OEC (Observatorio de Complejidad Económica), especializada en comercio internacional, fueron incrementándose a un promedio de 4,71% anual entre 1995 y 2021. El perfeccionamiento de los acuerdos de producción e integración automotriz, cuyos resultados de intercambio casi siempre son favorables a la industria brasileña, contribuyó a ese ritmo ascendente.
De acuerdo a las estadísticas del Indec, en 2022 Brasil fue el principal mercado de las exportaciones argentinas, con ventas por U$S 12.665 millones y una participación del 14,3% sobre el total. Ese destino superó ampliamente a China y Estados Unidos, que siguieron en el listado.
En cambio, en la tabla de las importaciones, desde Brasil llegaron bienes y servicios por U$S 16.030 millones, lo que lo dejaron como segundo proveedor en importancia detrás de los chinos. Al cabo del año, el superávit bilateral en favor de Brasil fue de U$S 3.365 millones. Ese país fue el origen y el destino de más del 80% del comercio que Argentina realizó en el marco del Mercosur.
Si la relación con Brasil es importante para la Argentina, en sentido inverso también ocurre lo propio. De acuerdo a las estadísticas oficiales del vecino país, en abril último Argentina fue el tercer mayor comprador de sus productos, detrás de China y Estados Unidos. También fue el cuarto mayor proveedor, superado por los citados dos países y también por Alemania.
Impunidad, espionaje y persecución
a asambleístas en Chubut
Fabricio Cardelli / Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2023
Fotos: Luan Colectiva Fotográfica
Tras 20 años de resistencia minera en Chubut, vecinas y vecinos de Chubut denuncian que las prácticas de violencia, persecución y hostigamiento instaladas en la última dictadura «no se han desarticulado». La novedad: en las últimas semanas se confirmó que habrá juicio contra tres exagentes de la AFI acusados de espiar a vecinxs de la cordillera.
La resistencia antiminera en Chubut cumplió 20 años de pie, con Esquel como origen. A la par que creció la organización asamblearia en toda la provincia, crece el deterioro de las instituciones democráticas, puestas al servicio del poder real. La novedad: en las últimas semanas se confirmó que habrá juicio contra tres exagentes de la AFI acusados de espiar a vecinxs de la cordillera. El caso es de 2015, pero las operaciones de inteligencia contra el pueblo de Chubut impulsadas por los gobiernos de turno tienen antecedentes desde 2002 y continúan vigentes aún hoy.
«Todas las instituciones las han ido destruyendo, porque el extractivismo se lleva puesto todo. Hoy, 24 de marzo, Día de la Memoria, vemos que 40 años después el aparato represivo está vigente». Las palabras de Gustavo Macayo, abogado querellante, representante de vecinxs de Esquel espiados ilegalmente por la AFI, también víctima de espionaje ilegal, en la conmemoración de los 20 años del No a la mina, en el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
Este año se cumplirán 40 años del regreso a la democracia tras la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Pero muchas de las prácticas violatorias en materia de derechos humanos siguen vigentes. Es una deuda de la democracia, es una deuda de la Justicia, que durante aquel periodo (1976-1983) siguió funcionando mientras las demás instituciones del Estado estaban secuestradas. Esa deuda es con todo el pueblo argentino, y Chubut no escapa a esa lógica de injusticia. «El aparato represivo en Chubut nunca se ha desarticulado», en palabras del historiador Gonzalo Pérez Álvarez.
El pueblo chubutense, el que se levantó ante la Masacre de Trelew como anticipo al golpe del ’76, es víctima cotidiana del enquistado aparato para-estatal que opera en las sombras, amparado por los gobiernos de turno que controlan el Estado. Manipulan la información en los medios de comunicación a cambio de pauta oficial, realizan tareas de seguimiento y espionaje a vecinas y vecinos, desatan la violencia contra quienes se plantan, persiguen con la Justicia a quienes luchan, condenan a quienes se expresan. Todo este peligroso montaje, que lima la democracia a diario, impone un modelo económico de «pobreza planificada», tal como describió Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar. Ajustar y reprimir. Así, degradan el Estado a un rol facilitador para los intereses económicos y coloniales que persigue el poder real.
En tiempos de feroz disputa en territorio por los bienes comunes, la Patagonia es un tesoro codiciado por todos. «Tienen lo que el mundo demanda», dice el presidente Alberto Fernández. «Esta región es importante ¡con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras!«, afirma sin vergüenza la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, de visita en Argentina por estos días. «¿Por qué no se avanzó con la megaminería?», presiona el embajador Stanley, durante su visita de lobby a Chubut. Claro, Chubut tiene grandes actores del poder real como Aluar y Pan American Energy y grandes reservas sin explotar de oro, plata y litio, tiene reservas de agua dulce, tiene mar para el saqueo multinacional de la pesca y el avance del offshore, pretende estar a la moda con el hidrógeno verde; «comodities» codiciados por estos poderes económicos, los que pagan las campañas de los poderes democráticos de turno, sin grieta, como sueña el simpático representante yanqui. ¿Cómo se frena este despojo?
El gran obstáculo para estos meganegocios es, justamente, los pueblos que habitan estos territorios de sacrificio. Las comunidades conscientes; vecinas y vecinos que, organizadxs en forma de asambleas -activas o pasivas-, se informan, se encuentran, donde la palabra circula, donde la resistencia se contagia y donde salir a la calle es lo que queda. El Chubutazo de diciembre de 2021, cuando impusieron la megaminería que ante la rebelión popular debieron dar marcha atrás y derogar la ilegítima ley, condensó estos 20 años de organización popular que tuvo inicio en Esquel, tras aquel histórico plebiscito en el que el 81% dijo NO a un proyecto minero. Y que creó las bases para decirle NO a todos los proyectos mineros que intentaron (e intentarán) imponer. El pueblo de Chubut está de pie, pero nos siguen pegando abajo.
La novedad: van a juicio exagentes de inteligencia por espiar a vecinxs de Esquel
El escándalo saltó en 2015, cuando se traspapeló un documento que no debía ver la luz. Fue en el marco de una disputa de tierras entre la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, liderada por Facundo Jones Huala, y el terrateniente italiano Luciano Benetton -dueño en Patagonia de 924.000 hectáreas, equivalente a más de 45 veces la Ciudad de Buenos Aires-. En medio de una audiencia entre las partes fue que saltó la ficha… o las fichas. «El Defensor Oficial del Ministerio de la Defensa Pública, Fernando Radziwilowski, exhibió y dio a conocer que entre la prueba que le había entregado el MPF a la Defensa Pública se encontraba un archivo de Word titulado ‘ACTIVISTAS ANTIMINEROS DE LA COMARCA ANDINA.DOC’, que contenía información referida a 26 vecinos de la zona«, recordó uno de los abogados de las víctimas, Osvaldo González Salinas, que además de querellante en la causa es también uno de los espiados. Estas fichas, a las que pudo acceder Cítrica, contenían información personal y profesional, verdadera y falsa, con fotos incluidas, preferencias políticas, sociales, costumbres privadas y otros datos, de vecinas y vecinos de la Comarca Andina.
Chubut tiene grandes actores del poder real como Aluar y Pan American Energy y grandes reservas sin explotar de oro, plata y litio.
¿Qué tenían en común estos concejales, obreros, docentes, trabajadores de Salud, periodistas, que habían sido perseguidos por estos espías? Nada, salvo que confluían en las asambleas de No a la Mina de la ciudad cordillerana, organización vecinal comunitaria que resiste a la imposición de la megaminería en la provincia de Chubut desde 2002. Estas prácticas, que violan la Ley de Inteligencia Nacional n° 25.520, eran llevadas a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, según determinaron los abogados representantes de las víctimas. El texto de la citada ley, en su artículo 4°, es claro: «Ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.» De la ley a la práctica hay un abismo.
Al día siguiente de hacerse público el escándalo, los jefes del Ministerio Público Fiscal se apuraron en aclarar en conferencia de prensa que las fichas les habían sido entregadas por “un empleado de un organismo nacional, que cuenta con identidad reservada”. El siguiente lunes, los propios fiscales Fernando Rivarola, María Bottini y Fernanda Révori realizaron la denuncia penal formal en el juzgado federal de Esquel, e incluyeron en su presentación un video en el que aparecen tanto Rivarola como Bottini al entrevistarse con uno de los agentes de inteligencia en la sede del MPF Esquel. Según reveló el abogado e integrante de la querella Gustavo Macayo -también espiado- en aquel video quedó registrada una «advertencia de los agentes de la AFI a Rivarola: el material de las fichas no era judicializable; pero Rivarola respondió ‘no se preocupe que después lo arreglamos’, o sea, recibe información prohibida, pero la hace aparecer como si fuera una diligencia judicial, o sea, la ‘blanquea’. Son los mecanismos que utiliza la Justicia y ahora no nos queda otra alternativa que ver que es una actividad habitual. El propio Rivarola reconoció en aquella conferencia de prensa que es ‘habitual'».
Lo que sigue de 2016 a 2022 sobre la causa muestra ideas y vueltas hasta llegar al juicio. Primero, el expediente recayó en el juzgado federal de Guido Otranto, conocido por ser el primer juez del caso Maldonado, luego Gustavo Lleral. Otranto procesó al agente de la AFI que aparece en el mencionado video, y a sus jefes, dos oficiales policiales; también dictó el procesamiento de los fiscales Rivarola y Bottini. Los procesamientos de los cuatro funcionarios fueron primero revocados por la Cámara Federal de Casación de Comodor Py y finalmente revocados por el propio Otranto, luego de que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le ordenase profundizar la investigación. Así, la Justica Federal primero procesó a Rivarola y Bottini y luego los desprocesó en dos oportunidades distintas. Ambos fiscales quedaron fuera de la causa, decisión rechazada por la querella. «El argumento de la Cámara es que los fiscales no sabían que era delito recibir esa información del espía. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad a ninguna persona y muchísimo menos a altos jefes policiales y a fiscales, cuya tarea es precisamente detectar qué conductas son delictuales. Cuando fuimos por segunda vez a Casación, desde Comodoro Py se usó otro fundamento: que los policías y los fiscales pudieron estar convencidos de que el espía actuaba autorizado por sus superiores, lo que exige la ley de inteligencia. Esa autorización debe ser exigida por los funcionarios al agente que se les presenta, no la pueden suponer. Los dos fiscales debieron ser sometidos a juicio oral y público y recién allí el tribunal oral es el competente para decidir si son responsables penalmente o no», expresó el abogado González Salinas.
«No espiamos a nadie, no estuvimos imputados por espionaje ilegal», respondió María Bottini, jefa de la fiscalía de Esquel, ante la consulta de Cítrica. «Nos imputaban habernos relacionado con agentes de la AFI cuando antes debíamos pedir autoziación a, en ese momento (2015), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la nueva ley de inteligencia que había salido hacía días tras el caso Nisman, y no había jefe de área inteligencia (la ley se promulgó en enero de 2015 y Parrilli fue nombrado director por decreto de julio de ese año). Ese día había mucha gente en la fiscalía de Esquel, yo era la fiscal jefe de la fiscalía, pasé por un despacho donde estaba el fiscal Rivarola, me dice «vení, pasá», estaba entrevistando a este agente de la AFI. Participé de la entrevista a esta persona, quien aparentemente luego entrega información que yo nunca vi… había un archivo con fichas con datos de redes sociales de gente de la asamblea de No a la Mina, que no tenía nada que ver con lo que se investigaba en ese momento (refiere a la causa de disputa de tierras en Leleque entre Benetton y la comunidad de Cushamen). Yo no tenía conocimiento. Incluso, luego, le ponen costas a la querella (tras su desprocesamiento), quienes daban cuenta de que yo había espiado gente y nada que ver. Yo la pasé muy mal, con una hija pequeña en una ciudad chica como Esquel… ¿qué intención podía tener? Hay responsabilidades civiles también. Reclamenmé por imprudente, pero decir que espié a vecinos me parece malicioso», argumentó la funcionaria. ¿Su error fue no pedirle las credenciales a este agente de la AFI?, le preguntamos. «Él la autorización la mostró», aceptó Bottini, y más tarde en la entrevista afirmó que «no sabía que debía hacer eso», pedirle al agente que se identifique. «Para que sea un delito debe haber dolo, intención. A lo sumo, (el error) puede ser algo administrativo, pero esa presentación fue archivada en el Consejo de la Magistratura. Para que haya mal desempeño debe haber reiteradas faltas del funcionario público y yo trabajo bien», expresó la fiscal en cuestión. ¿Quedó pegada entonces al accionar de su colega Rivarola? «El otro fiscal (Rivarola) atendía a una persona que fue a la mesa de entrada porque dijo que tenía información del caso Leleque, que era el caso más importante que teníamos; por los actores implicados había mucha fake news dando vuelta. Él (Rivarola) tampoco estaba haciendo nada ilegal (al entrevistarse con el agente de la AFI en la fiscalía). Y yo pasé por ahí, está filmado, fue en la mitad de la entrevista. Yo no quiero hablar por el fiscal Rivarola, deberían preguntarle a él. Siete años se hizo daño con esto», cerró Bottini.
¿Qué tenían en común los concejales, obreros, docentes, trabajadores de Salud y periodistas que habían sido perseguidos por espías? Todos confluían en las asambleas de No a la Mina.
Finalmente, en 2019 el juez federal Otranto sumó al expediente de espionaje a vecinxs de No a la Mina a otros dos agentes de inteligencia como procesados y, a mediados de 2022, decidió elevar la causa a juicio. De los siete implicados durante la instrucción, irán a juicio solo tres exagentes de Inteligencia: quien entregó las fichas a los fiscales, quien habría confeccionado esas fichas (radicado en Esquel) y su jefe (que responde a la oficina de la AFI Trelew). El juicio, que será oral y público, comenzará en 2024 y podría tener lugar en la propia ciudad de Esquel. Los abogados querellantes se plantean el desafío de indagar a quiénes reportaban estos agentes «más arriba» y por qué motivo.
Rivarola, el del «desahogo sexual» y mucho más
Los antecedentes del accionar público del fiscal Fernando Rivarola lo definen. De estar procesado en la causa de espionaje ilegal a ambientalistas en Esquel, donde era jefe de la fiscalía, fue premiado con el mismo cargo en Rawson, la capital provincial.
– Su nombre se hizo tristemente célebre al calificar como «desahogo sexual» la violación grupal presuntamente sufrida por una menor en Playa Unión, que debía investigar, pero en su lugar, celebró un juicio abreviado con algunos de los acusados, que luego fue dejado sin efecto.
– Hay más, como documentamos en esta nota de Cítrica: Rivarola es quien impulsa una denuncia por destrozos en Rawson en el marco del Chubutazo de diciembre de 2021, después de aprobada la megaminería y antes de que el gobierno de Arcioni la derogara; y a la par, era el responsable de investigar los casos de abuso policial durante la posterior represión, pero fue apartado de este expediente ante su esperada inacción. ¿Cuál causa avanza y cuál no? Sí, adivinaron.
– El fiscal Rivarola también fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por encubrir a un médico del cuerpo médico forense que había sido denunciado por tenencia y difusión de pornografía infantil; en vez de exponerlo, Rivarola negociaba un juicio abreviado con el abogado Fabián Gabalachis, quien además fue su propio defensor en la causa de espionaje (VER). Por este hecho, Rivarola enfrentará un proceso de jury y podría ser destituido.
– Rivarola también afrontará un proceso de destitución por una denuncia de acoso laboral de parte de la fiscal Florencia Gómez, empleada a su cargo en la fiscalía de Rawson. La decisión es del Consejo de la Magistratura.
El jefe político del inefable Rivarola es el procurador Jorge Miquelarena, quien representó al Estado provincial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición forzada de Iván Torres, por el que Argentina fue sancionada. Miquelarena es quien se apuró en hablar de «zona liberada» en Rawson por los destrozos de edificios públicos durante el Chubutazo, pero desde aquella declaración la investigación no avanzó. Está en su cargo desde 2008.
El pueblo de Chubut, enemigo público de un Estado ajustador y represivo
Algo que repiten desde hace 20 años en Esquel, y que se hizo carne en cada localidad de Chubut, es la distribución horizontal del poder en las asambleas. No se pueden descabezar porque no hay una cabeza, no se puede «hablar con alguien para arreglar» porque hay que hablar con todas y todos; no se puede decidir si no es mediante acuerdos. Así, en esta construcción ciudadana y popular no interesa la clase social, el partido político, las edades de sus integrantes o su profesión; posiblemente no estén de acuerdo en casi nada más que en una cosa: en el poder de decidir qué queremos hacer en nuestros territorios. Y, por más que les pese a algunos y no lo entiendan otros, la megaminería no tiene la licencia social del pueblo de Chubut. Pero el poder real no está interesado en la autodeterminación de los pueblos e insiste (e insistirá), por las buenas o por las malas. Y en ese escenario, no queda otra que la imposición. Las cartas ya están marcadas.
«No espiamos a nadie, no estuvimos imputados por espionaje ilegal», respondió María Bottini, jefa de la fiscalía de Esquel
Como contamos en Cítrica, la estructura de imposición se compone de una conivencia entre los poderes del Estado, el poder económico y el mediático. Para ello, se construye un enemigo interno a quien culpar por la desidia estatal, y se agita una salida mágica extractivista, que en Chubut es la megaminería. De 2017 a la fecha en Chubut los malos de la película son los trabajadores estatales, en particular, docentes. ¿Por qué? ¿Será porque resisten al ajuste perpetrado por el gobierno de Mariano Arcioni, del que son víctimas, como también por la participación de docentes en los espacios de resistencia antimineros?
Desde las usinas de desinformación oficiales se dispara con munición discursiva contra las asambleas socioambientales: los antimineros son «ecoterroristas» y «ecochantas»; son «500 ruidosos» los que se manifiestan afuera de la Legislatura o son «vagos» que «impiden el desarrollo» de la provincia, porque «no quieren entender aunque se les explique». A la par del ajuste, se destina alta inversión en perafarnalia de seguridad para la represión, como se documentó durante el Chubutazo, mientras se sigue ajustando el Estado en una lógica maniquea hasta que no quede otra que aceptar el plan impuesto. Imposible esto sin la garantía de impunidad de la mano de la justicia.
A la par que el Poder Judicial provincial duerme los expedientes de denuncias por violencia institucional, avanzan las causas y condenas contra quienes se manifesten ante las políticas de miseria planificada.
Crece la criminalización de la protesta de la mano judicial
En la última semana de abril se conocieron dos decisiones de una justicia que acelera para chocar contra el pueblo. La primera fue la condena contra una docente de Chubut por protestar por su salario. Estela Juárez, con 30 años de experiencia en Educación en la provincia y representante sindical de Atech, fue juzgada por participar de una panfleteada al costado de la ruta 26 en la localidad de Sarmiento durante 2019, medida de protesta por los incumplimientos del gobierno de Arcioni que se extienden hasta hoy (allí con salarios escalonados, congelados; hoy con salarios congelados, de pobreza). La única procesada y condenada fue la docente, quien denunció que los que la denunciaron fueron las operadoras petroleras. «Pan American Energy y ManPetrol SA», informó su abogada, Silvia de los Santos, en entrevista con radio comunitaria La Namunkurá de Puerto Madryn. «La jueza federal Marta Yáñez condenó a la docente por ‘participar consciente e intencionalmente de un piquete’. Decime dónde está eso en el código. La condena estaba decidida», agregó. Y cerró: «es la dictadura del extractivismo. Es una preparación para lo que se viene: se viene peor».
Antecendente: a mediados de 2022 había sido condenado el secretario general de ATECH, Santiago Goodman, por participar de una manifestación el día en que murieron dos docentes de Comodoro tras volver de una protesta en Rawson
De los siete implicados en el espionaje a vecinxs de Esquel, irán a juicio solo tres exagentes de Inteligencia
Con la condena contra la docente aún caliente, se conoció un nuevo revés de la justicia federal, de la mano del inefable Gustavo Lleral. El juez del caso Maldonado decidió procesar a 16 vecinxs de Madryn, Rawson y Chubut por manifestarse en defensa de un proyecto de ley presentado en Legislatura para prohibir la minería a gran escala en todas sus etapas, que había juntado más de 30 mil firmas en pandemia. La Segunda Iniciativa Popular fue descartada sin debate por legisladores, a mediados de 2021, representantes que a fines de ese año aprobarían la megaminería que el pueblo rechaza hace 20 años. Esto provocó una espontánea movilización hacia la ruta nacional 3 a la altura de Trelew que Gendarmería se negó a desalojar, tarea que se atribuyó el por entonces ministro de Seguridad Federico Massoni, fracasador serial como candidato en elecciones posteriores, que se llevó además a tres detenidos. Pero la justicia mira atenta con un ojo mientras cierra el otro: Lleral investigará a 16 ciudadanos, que también integran las asambleas vecinales de la zona. «Nos persiguen por defender el agua», simplificaron las víctimas. «La Justicia actúa contra quienes salimos a luchar. No interviene con los que salen en videos pidiéndole plata a las mineras».
Lo que viene: en esta lógica, lo que sigue es la definición de otro grupo de vecinxs procesados por la Justicia. Son 24 ciudadanos acusados de los destrozos en Rawson durante la semana del Chubutazo. ¿Serán también procesados y llevados a juicio?
En opuesto, las denuncias por violencia institucional -policial- contra la policía provincial durante aquella violenta semana de diciembre de 2021 continúan impunes a pesar de la investigación del Ministerio de la Defensa Pública, quien afirmó que las responsabilidades de esta «cacería planificada» ascienden «por lo menos hasta el gobernador» que la ordenó.
En opuesto, las denuncias por violencia institucional contra la policía provincial durante aquella violenta semana de diciembre de 2021 continúan impunes a pesar de la investigación del Ministerio de la Defensa Pública, quien afirmó que las responsabilidades de esta «cacería planificada» ascienden «por lo menos hasta el gobernador» que la ordenó.
Las compañeras que conforman la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia, organización de DDHH que trabaja desde Trelew, resaltaron que es el propio Estado quien reconoce prácticas de espionaje ilegal para utilizar en procesos penales, como se ventiló en el juicio en el que fue condenado el gremialista docente -arriba mencionado-. Durante el seguimiento del juicio, señalaron que «la obtención de la ‘prueba’ por parte de la Fiscalía, que surge de un accionar de espionaje ilegal de las fuerzas policiales, que según testimonio del oficial de la policía provincial Michael Barrera (subinspector del Área de Investigaciones) continúa realizándose hasta el día de hoy como si estuviéramos viviendo en dictadura».
Asambleístas, también perseguidos en las sombras
Este direccionamiento de los poderes del Estado contra quienes se manifiestan en Chubut es público, pero también tiene su costado en las sombras. Cristina Caamaño, interventora de la AFI (diciembre de 2019 a junio de 2022) por decisión del presidente Alberto Fernández, fue consultada por Cítrica para este reportaje. «Las prácticas de espionaje se usaron para todo, antes las pedían los jueces, pero desde mi intervención en la AFI no hubo más espionaje ilegal», remarcó. Consultada si pudo establecer una relación directa entre espionaje desde la Agencia hacia movimientos sociales, reconoció que «había una lógica, una relación directa porque todo se podía espiar, gratuitamente. Por eso es importante el decreto para que la agencia no sea más auxiliar de la justicia. Pero cada fuerza de seguridad tiene su propia inteligencia: y no sé qué hacen en Chubut. Y no sé del espionaje que se hace por fuera de la Agencia». Pero que lo hay, lo hay.
«Hay persecución, hay hostigamiento y se enfrenta. Hay maneras de cuidarse y protegerse de eso, hay maneras de luchar contra eso».
El aparato de espionaje para-estatal tiene en la provincia tantos años como la resistencia antiminera que se plantó en Esquel hace 20 años. «Apenas empezó la rebelión tuvimos espías encima; en cada asamblea que hacíamos en las escuelas, afuera pasaban los vehículos, re truchos (con identificaciones de Salud, por ejemplo) pero adentro iban comisarios, de la brigada de investigaciones -ahora en Lago Puelo-; fuimos perseguidos, los teléfonos ‘pinchados’, tuvimos infiltrados en asambleas, fuimos amenazados de muerte (llamadas a la madrugada)…», describió el abogado Gustavo Macayo, vecino de la ciudad cordillerana y también víctima de espionaje ilegal: su nombre y foto también aparecen en una de las 30 fichas. «Después del plebiscito la persecución aflojó un poco, dejamos de ser los ‘terroristas’ porque toda la gente de Esquel lo era (tras el 81% por el NO). El Estado ejerce una actividad disuasoria, intimidatoria; gente que concursó cargos y no entra nunca… gente que se cansó de que le rompan el vehículo o la puerta de la casa todas las semanas… militar en el No a la Mina tiene un costo, social, cultural, económico, político, de salud», resumió. ¿Quiénes son entonces los que ejercen el terror hacia los ciudadanos?
La persecución va desde la cordillera a la costa y el valle provincial. Una de las vecinas que integra la asamblea de comunidades de Rawson – Playa Unión detalló el hostigamiento que sufren a diario por participar de esta construcción comunitaria: denuncian que los siguen autos particulares no identificados o que, cuando ellos se ocupan de investigar a quién pertenecen, son de la policía; estacionan en la puerta de la casa, los siguen hasta sus trabajos, hasta las protestas, en donde se infiltran; los tienen marcados y por ello les impiden ingresar a las sesiones de Legislatura, la casa de representantes del pueblo. Noelia Silva forma parte de la asamblea ambiental de la capital provincial y su testimonio es prueba de valor y resistencia a pesar de la violencia que viven casi de manera cotidiana. «Lo que necesitamos es que se sumen. Le diría a la gente que no tenga miedo, porque esa es la principal estrategia. A mí a veces me cuesta relatar lo vivido, no por lo emocional, sino porque no quiero generar el miedo que ellos quieren generar. Enfrentamos un montón de situaciones de violencia, pero no las enfrentamos solas, somos un grupo unido, trabajamos a conciencia y sabemos cuál es el intento: desactivarnos. Hay persecución, hay hostigamiento y se enfrenta. Hay maneras de cuidarse y protegerse de eso, hay maneras de luchar contra eso. Súmense, porque más allá de lo negativo, la lucha tiene un montón de cosas hermosas, que son las que nos alimentan y nos hacen entender por qué estamos acá y por qué estamos cuidando esto», expresó en una entrevista con Cítrica con la montaña de fondo. Sí, esa que sigue en pie 20 años después por la resistencia de quienes la habitan. https://www.youtube.com/watch?v=4Tn36D1xu3c
«Hay espías hasta en la universidad»
«Hay un debilitamiento del sistema democrático en nuestro país, cuyas políticas de seguridad interior nos ponen en peligro a todos y a todas. En Chubut vemos cómo la impericia, negligencia o mala intención de sus funcionarios es premiada con nuevos y mejores cargos», expresó en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Esquel, organización que avisó que acompañará el juicio contra los espías de la AFI.
En esa misma línea se expresaron los representantes legales de vecinas y vecinos espiados en Esquel, también víctimas. «Ocupan los más altos cargos, los más importantes: los fiscales son jefes de fiscalías de Esquel y Rawson, Rivarola cada tanto da que hablar… Esto es muy violento. Como lo es encontrarnos con que Arcioni condecoró a los policías que reprimieron al pueblo en el Chubutazo y los compañeros que fueron sorprendidos con alguna piedra fueron criminalizados. Pero no tenemos ningún policía procesado, no hay nada con la causa por violencia institucional, y no va a haber. Todas las instituciones las han ido destruyendo, porque el extractivismo se lleva puesto todo. Hoy, 24 de marzo, Día de la Memoria, vemos que 40 años después el aparato represivo está vigente», resumió el ya citado Macayo durante la celebración de los 20 años del No a la Mina en Esquel, encuentro que fue cobertura de Cítrica. Macayo es docente en la Universidad de la Patagonia sede Esquel. «Nosotros tenemos espías en la facultad. Arranco el primer año con 110 alumnos y el 10% son espías… porque viene uno de Gendarmería, uno del ejército, otro de la federal, otro de no sé dónde. Como pasa de 2002 a la fecha, uno ya se da cuenta, dónde están ubicados… claro, porque uno también se va acostumbrando. Sí, tienen derecho a estudiar», ironizó. «Estamos en un problema muy grave».
FUENTE: Revista Cítrica
Envio:ResumenLatinoamericano
Diputados del Frente de Todos pidieron terminar “con los discursos de odio”
Emitieron un comunicado.
Tras los dichos del periodista Baby Etchecopar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, diputados y diputadas del Frente de Todos emitieron un comunicado pidiendo el cese de los “discursos de odio”.
El comunicador expresó: “Yo una vez en la mesa de Juana Viale dije que Cristina era el cáncer de la Argentina y me acuerdo que la hija de (Leopoldo) Moreau salió corriendo haciendo un repudio en el Congreso. Bueno, agrego hoy que la hija de Moreau es otro cáncer de Argentina, o por lo menos la metástasis de Cristina”.
Fue ante esas declaraciones que se publicó un extenso repudio, donde se señaló: “Basta de discursos de odio y de violencia machista. Exigimos el rechazo unánime en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como así también de la sociedad en su conjunto”.
Al mismo tiempo, desde el Partido Justicialista manifestaron: “A 40 años de la recuperación democrática nos solidarizamos con la vicepresidenta y la titular de la Cámara de Diputados. Exhortamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a rechazar esta nueva escalada de la violencia y a retomar el camino de la convivencia pacífica”.
Fuente:HoyenlaNoticia
No hay comentarios:
Publicar un comentario