CHILE.

CHILE: 
Tras agonía muere Manuel Contreras, emblemático criminal de lesa humanidad de la dictadura de Pinochet 
Resumen Latinoamericano / Rebelión / 8 de agosto de 2015 – 

Después de días internado el ex jefe de la DINA dejó de respirar a los 86 años, dejando un recuerdo plagado de asesinatos y desapariciones como jefe del aparato represivo de Augusto Pinochet.

A los 86 años de edad murió esta noche uno de los más salvajes represores de la dictadura del general Pinochet: Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, conocido como “El Mamo”, falleció tras estar diez meses internado en el Hospital Militar.

Contreras fue condenado por la Corte Suprema a cumplir 526 años de cárcel por 75 secuestros (como se trata de detenidos desaparecidos, no se puede acreditar el homicidio al no estar el cadáver), 3 homicidios, 2 delitos de asociación ilícita y 1 de sustracción de menores y estuvo cumpliendo condena en Punta Peuco, hasta que fue trasladado al Hospital Militar.

En cifras, Manuel Contreras fue investigado por 8 jueces en un lapso de 11 años, entre 2004 y 2015.

Si se suman todas las condenas, a saber, las que están resueltas en la Corte Suprema más las que están en la Corte de Apelaciones y las que aún se encuentran en primera instancia, el ex general totaliza 1104 años de presidio.

Sin considerar, por cierto, las dos condenas a cadena perpetua. Recientemente había sumado una nueva condena de 20 años por los homicidios calificados de seis integrantes de una familia, ilícitos perpetrados en noviembre de 1975.

Chile / Corrupción: A más de 5 años del terremoto-tsunami del 27F, “Ahora los pobres son más pobres y los ricos, más ricos”

 ·        Entrevista con el vocero del Movimiento Red Contruyamos, Eduardo Ampuero.

Andrés Figueroa Cornejo

Mientras el gobierno de turno intenta administrar la crisis económica (y de toda índole) en Chile mediante políticas antipopulares de austeridad fiscal y fascistización (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201582&titular=las-condiciones-del-plan-de-austeridad-fiscal-y-de-la-fascistizaci%F3n-en-chile-), y el ex presidente Sebastián Piñera celebra la película Los 33 (https://es.wikipedia.org/wiki/Los_33), pre-candidateándose electoralmente, como si la población chilena fuera imbécil, los grandes medios de comunicación intentan ocultar bajo una alfombra sucia los efectos del terremoto-tsunami del 27 de febrero de 2010, cuyo epicentro marino estuvo a cerca de 150 kilómetros de la ciudad de Concepción y a poco más de 60 kilómetros de Cauquenes, y cuyas réplicas sociales continúan sacudiendo a la población más castigada.

Eduardo Ampuero Cárdenas (43 años) es el vocero del movimiento Red Construyamos que nació “como una organización asamblearia, cuya actividad se centró en el Gran Concepción. Se formó por un pequeño grupo de personas tras el terremoto de 2010 y luego se amplió notablemente ante el vacío de representación de los intereses populares en un contexto de emergencia pública. Como asamblea, el movimiento no ha sido un organismo de representación, sino que, más exactamente, un espacio de coordinación y de apoyo mutuo, donde han convergido demandas e iniciativas comunes”.

Eduardo se incorporó a las luchas sociales en el liceo N°1 de Concepción “Enrique Molina”, durante la dictadura cívico militar. Fue dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (1994 y 1996) y del Colegio de Profesores (2005). Militó en el Partido Comunista de Chile desde 1987 hasta el 2008, cuando fue eliminado el comité comunal “Víctor Hugo Huerta”, del que fue su representante. Actualmente es parte de la organización Unidad Comunista.

-La memoria es frágil en Chile. ¿Puedes referirte a los efectos del 27F?

El terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 causó graves consecuencias al país y sobre todo entre los más empobrecidos/as de la sociedad, los más expuestos a las catástrofes. Según las cifras oficiales, la catástrofe dejó a cerca de 800 mil damnificados y 200 mil viviendas inhabitables, quedando gran parte de sus ocupantes en condición de allegados o de campamento. Según cifras del Ministerio de Salud, en los campamentos de emergencia se alojaron no menos de mil quinientos niños y niñas menores de cinco años en condiciones de extrema precariedad, dentro de reducidas mediaguas de 18 metros cuadrados con apenas una división interior y fabricadas con materiales ligeros y desechables. Además, una parte de los damnificados de zonas rurales y caletas pesqueras fue ubicada en lugares de difícil acceso. Los campamentos de emergencia tenían baños sépticos colectivos (para 5, 10 o más familias) y no contaron con agua domiciliar durante uno, dos y hasta tres años.

Las viviendas de emergencia se filtraron con las primeras lluvias. ¿Cómo resolvió esto el gobierno? Entregó un forro de polietileno a cada familia, el que se adhería a la mediagua con grapas. En comparación con estas mediaguas, los campamentos de emergencia del gran terremoto del año '60 (https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Valdivia_de_1960)  eran un lujo.

Un porcentaje muy alto de las familias afectadas por el 27F, al menos en la región del Bío Bío, se compuso de la madre y sus hijos, a los que se agregan abuelos u otros parientes. Muchísimos fueron los problemas de los damnificados alojados en campamentos que el gobierno Piñera llamó pretenciosamente “aldeas”.

Pero lo realmente grave viene después, cuando la población damnificada fue erradicada a sectores cuyos suelos no tienen valor inmobiliario por su alto riesgo de catástrofe sanitaria ambiental e, incluso, de alto riesgo de catástrofes naturales. La segregación social ha sido el rasgo principal de la reconstrucción.”

-Se habla de mucha gente estafada…

“La administración del Estado desplazó bajo engaño a miles de familias, las que se encontraban en viviendas habitables, para demolerlas y poner sus terrenos a disposición de la especulación inmobiliaria, una práctica empresarial a la que la élite política y su burocracia se encuentran estrechamente ligadas. Estas familias fueron damnificadas por la acción del Estado y también se les segregó, erradicándoseles a sectores de menos valor o, definitivamente, perdieron su más básica propiedad, siendo arrojados nuevamente a la masa de los sin casa.”

Las redes de la corrupción

- La Red Contruyamos debió enfrentar duros problemas en su organización…

“Por décadas, la población ha sido víctima resignada del engaño o de la represión, lo que ha dañado profundamente el papel de las organizaciones clasistas. A pesar de todo, la Red marcó un momento histórico al romper con la idea impuesta de una “paz social” que se entiende como inmovilidad y que se funda en el miedo y el individualismo. La acción de la Red ayudó a descubrir un enorme potencial de movilización social que hasta entonces parecía imposible de hallar.

Las organizaciones que han compuesto la Red han sido muy diversas y su participación ha ido variando, según las agrupaciones han ido consiguiendo ciertos propósitos o según fueron resolviendo algún problema inmediato para su proceso de reconstrucción. Participaron en un primer momento sectores de trabajadores medios afectados por la pérdida de sus edificios residenciales (por cierto, la mayor parte de los edificios dañados eran obras recientes, algunas en proceso de venta). Luego asistieron grupos de damnificados y, sobre todo, de estafados por el Estado que, a través de sus instituciones, buscó apoderarse de paños de terrenos frescos cuyo valor se ha elevado. Luego se encontraban los diversos grupos políticos alternativos y religiosos, cuyo papel estuvo sujeto a la voluntad colectiva de la asamblea. Pero también pasaron por la Red diversas organizaciones que reivindicaban otras causas, no necesariamente asociadas a la reconstrucción, que buscaban apoyo en otros movimientos. Así, por ejemplo, participaron organizaciones estudiantiles que comenzaban a impulsar el gran movimiento que vendría a ocupar la escena a partir de 2011.

A inicios de 2011 y comprendiendo el desafío que significaba influir en las políticas de reconstrucción, promovimos la creación de un movimiento mayor que aunara a organizaciones de las regiones afectadas, desde la quinta hasta la octava región. De este esfuerzo nació el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, el que logró sostenerse por poco tiempo debido a la divergencia de posturas de las agrupaciones respecto de la forma de lucha y los términos de negociación con el gobierno de Piñera. Unos se concentraban en crear espacios de diálogo con el gobierno y la institucionalidad, siendo muy influenciados por las ONGs que realizaban su trabajo en el área. Nosotros planteamos como prioridad la generación de una fuerza social suficiente para presionar e imponer términos al Estado.”

-A más de 5 años del trágico 27F, ¿en qué situación se encuentran los afectados/as y a cuántas familias llegan?

“La consecuencia más grave de esta reconstrucción es la exclusión social. No es por circunstancias azarosas que sean siempre unos determinados sectores sociales los que son golpeados por terremotos y tsunamis. No por casualidad o simple descuido sucede que la política del Estado no asume los riesgos de emergencia de esta clase. Ello responde a la conveniencia del mercado que se sirve de la catástrofe para amparar los abusos del gran empresariado, tanto en el área inmobiliaria como en el comercio, la industria y las finanzas. Por ejemplo, una empresa de Paulmann utilizó los beneficios de las leyes de ayuda humanitaria para internar a Chile 180 camiones de mercadería, la que fue comercializada. Chile se encuentra completamente al servicio del capital y estas circunstancias catastróficas son un excelente momento para ampliar esas políticas en condiciones de ventaja extraordinaria.

Actualmente, son decenas de miles las familias segregadas y, si bien tenemos antecedentes claros de los afectados que participaron en el movimiento, nos preguntamos cuánta gente más ha sufrido estas injusticias sin quedar registrados en ningún periódico ni en ningún estudio social. Por consecuencia de la segregación, muchos damnificados han sido erradicados a terrenos de alto riesgo. En Talcahuano, por ejemplo, la mayoría de los damnificados habitan actualmente en los terrenos de la pesquera SPK (ex pesquera Iquique), donde el tsunami barrió las instalaciones de la empresa.

Por otra parte, los estafados han terminado perdiendo unas condiciones de vida que, aunque precarias, contaban con una vivienda. Mucha de esta gente fue reubicada en terrenos que representan un retroceso en sus condiciones sociales y patrimoniales, considerando el agravamiento de los problemas de accesibilidad y servicios, calidad de vivienda o valor del suelo.”

-¿Y la calidad de las nuevas viviendas?

“Allí vemos otras injusticias más y otra vez la manifestación de la corrupción pública, esta vez en el aspecto de las obras. Sucede que el 50% del gasto en vivienda social va directo a la ganancia de las empresas constructoras privadas. Pero, además, son muchos los casos en los que las empresas han obtenido ganancias todavía superiores gracias a favores de la burocracia y a negligencias en la fiscalización, de manera que estas constructoras han obtenido beneficios por obras mal hechas o no terminadas, siendo el Estado el que finalmente cubre las pérdidas. La reconstrucción de Piñera careció de los estándares necesarios para considerarlas viviendas dignas, porque se trata de obras de un escaso valor en relación a su materialidad y suelo. Y esto también se practicó en grandes obras públicas, en casos vergonzosamente estremecedores como el del nuevo puente sobre el río Bío Bío, el que sigue detenido y sin terminar hace años debido a sus irregularidades, o el puente Cau Cau, cuyos brazos basculantes se construyeron al revés, o el gimnasio deportivo de Dichato en el que el público no podía ver la cancha, etc.

Es decir, el terremoto ha hecho más pobres a los pobres y más ricos a los ricos.”

-¿Qué hizo el gobierno de Piñera y qué ha hecho el de Bachelet para ayudarles? ¿Qué compromisos de las autoridades políticas hubo, en todos sus niveles y períodos? ¿Cuáles se han cumplido y cuáles no?

“Las políticas de reconstrucción han sido más bien de apariencias. Se reconstruyen los bienes públicos de los que depende la producción y transacción de mercancías, y luego se atiende la reconstrucción social de una manera aparente y mínima. Todo corre a costo de los recursos fiscales, pero los gastos se desvían en grandes medidas a nuevas ganancias para el sector privado. De allí los problemas en calidad de vivienda y en precariedad de la tenencia del suelo. Estas condiciones están regidas por la lógica de propiedad expresada en la Constitución (art. 19) y por el sistema político. Es el tipo de sociedad capitalista en su fase superior de explotación lo que determina la forma en que se reparte la tierra, determina quién dispone arbitrariamente las relaciones de propiedad e, incluso, determina las irrisorias políticas públicas de prevención de catástrofes, que en realidad quedan reducidas a la protección del capital por parte del Estado y el aprovechamiento de cada desgracia natural para acelerar los procesos de apropiación privada.

El 27F se produce justamente cuando está en sus últimos meses de administración el primer gobierno de Michelle Bachelet y tras conocerse los resultados electorales que eligen presidente del país al empresario Sebastián Piñera. En este contexto, el trato de la emergencia fue caótico y descuidado. El Estado pareció ausente en los primeros días de la catástrofe. Los barrios pasaron del pánico al shok y luego a la búsqueda de seguridad, pero el Estado no existía y sus fuerzas de orden fueron insuficientes. Entonces, la sociedad busca organizarse y pasa del individualismo y del temor al vecino, a reconocerse como iguales en la ayuda solidaria, en el intercambio de cosas básicas, en la ayuda mutua. El desborde del lumpen y de los saqueos, a su vez, fue por sobre todo la expresión de una sociedad frustrada en sus carencias y sometida a la permanente campaña individualista del consumismo. Pero esta misma situación es regulada por la propia sociedad en cuanto va adoptando unas formas de organización que, aunque precarias, son la primera respuesta a la urgencia. De hecho, la gente comenzaba a intuir que era posible darse un orden más seguro sin la fuerza pública estatal. Era una experiencia extrema y todavía confusa, pero ocurría realmente. Sin embargo, después de un vacío de autoridad, el gobierno concertacionista resuelve imponer el estado de excepción y moviliza tropas para establecer su control público, tras cuatro días de saqueos de los grandes comercios e incertidumbre pública, pero también en un momento de incipiente práctica de auto-organización vecinal. Por ejemplo, en lo personal, al segundo día del 27F ya era parte del cuerpo de vecinos que protegía la seguridad de la calle y, al tercer día, participé de la primera asamblea masiva en el barrio, donde se intentaba regularizar la guardia vecinal y las formas de abastecimiento colectivo. Pero llegan los militares y todo el mundo fue enviado a sus casas, separados y ocultos otra vez, en una a seguridad individual que deposita toda la responsabilidad en la fuerza superior del Estado, bajo las instrucciones de los mandos vigentes y so castigo de arresto o de golpiza por alterar ese orden. (Recordemos que al menos un poblador de Hualpén fue asesinado por la tropa sin motivo alguno y que muchas personas pobres fueron sometidas a maltratos, palizas e incluso torturas bajo el régimen de excepción). La solidaridad -sobre todo de la juventud-   fue siendo desplazada por la presencia de fuerzas uniformadas y funcionarios públicos. La solidaridad social espontánea fue remplazada por la intervención de los mercados de la publicidad y de la farándula, encabezadas por “Don Francisco”, cuya voz tomó el lugar de representación nacional de la “solidaridad” con el aval oficial del gobierno de la Concertación. Junto con el restablecimiento de las redes de la energía eléctrica y las comunicaciones, se impuso nuevamente el control de la información pública a través de las grandes cadenas mediáticas, en manos de los grandes empresarios y del poder establecido. La solidaridad retomó su carácter aparente e invisibilizó los vínculos internos que la sociedad había comenzado a encontrar en unos pocos días de vivencias extraordinarias.

Al instalarse el gobierno de Piñera con su política de mísera reconstrucción, activó una estrategia de propaganda que se dedicó a crear expectativas cortoplacistas para calmar la urgencia de los damnificados y ponerlos en subordinación y dependencia del asistencialismo que se ha cultivado en décadas de neoliberalismo. Piñera falsificó sistemáticamente los alcances de su proceso de reconstrucción gracias al control de la estructura administrativa del Estado y tuvo el poder omnímodo de las instituciones de información. Recordemos que, al hacerse cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), produjo una crisis en la institución y el censo nacional de población de 2012 ha terminado siendo eliminado a causa de sus irregularidades. Este control del poder y de las informaciones, más la desorganización social y la ausencia de fuerzas políticas que apuntaran en una dirección correcta, le permitió llevar a cabo una reconstrucción de pobreza y segregación sin mayor oposición, para el provecho de la empresa inmobiliaria y para que las constructoras hagan su festín con las obras públicas. La oposición parlamentaria de la Concertación solamente se centró en cuestionar las cifras de avance, aspecto engañoso en el que los grandes medios de comunicación pusieron toda la atención pública. El bloque concertacionista no habló de los fraudes y estafas, de la corrupción desenfrenada, de la intervención de la especulación inmobiliaria en las políticas públicas y menos del maridaje político-empresarial. De todo ello les informamos y exigimos, incluso se lo fuimos a decir al mismo Parlamento, ya sea en comisiones o protestas públicas. Y es que no podían hacer otra cosa, porque sus propios partidos e intereses financieros están comprometidos con grupos privados.

Los compromisos de Piñera se basaron en números, en dar cuantificaciones de damnificados y en mostrar cifras de soluciones. Una información sesgada y engañosa, pero efectiva para una sociedad que no posee información clara de lo que sucede a sus semejantes, menos en aquel entonces en que la movilización social era marginal. Si bien el gobierno presentó siempre alzas porcentuales en el cumplimiento de su política de reconstrucción, la verdad es que manipuló constantemente las cifras de sus propias fuentes con la finalidad de crear la apariencia de progreso, mientras sus oponentes en los partidos parlamentarios se ocupaban de cuestionar la cantidad de soluciones de vivienda avanzadas. Y así seguía el “peloteo” entre uno y otro acerca de si más o si menos. Diversas instituciones sociales y ONGs intentaron enriquecer esta discusión, pero desde una crítica centrada en el mismo eje: las cifras de avance. Esto es superficial y no expresa el problema esencial, evitando los elementos esenciales que describen claramente la existencia de una lucha de clases continua.

En esta etapa pos catástrofe, lo más grave ocurrió con la apropiación ilegítima del suelo que afectó tanto a familias damnificadas como a otras no damnificadas, pertenecientes a sectores populares y obreros. A diferencia de las familias trabajadoras y profesionales que habían sido estafadas por empresas privadas al venderles residencias que no cumplían los requisitos (como el edificio Alto Río que se volcó), en los casos anteriores hablamos de fraudes o derechamente de estafas cometidas por el Estado contra una masa de gente que no contaba con la protección de los organismos estatales ni con apoyo técnico o legal, quedando a expensas de una legalidad que desfavorece al pobre.

El gobierno de Piñera no terminó con las obras de reconstrucción, aunque según sus cifras avanzó en la mayor parte. Así como avanzaba la reconstrucción oficial, también se fueron consolidando sus políticas de segregación social. El problema es que las obras de reconstrucción presentaron graves falencias y también perjuicios para los desamparados, se cometieron fraudes por parte del Estado y de empresas privadas, y la gran burguesía hizo aprovechamiento directo de los beneficios públicos, ya sea de manera legal o ilegal, con la complicidad de funcionarios del Estado. En ello participaron políticos y funcionarios de confianza del gobierno, particularmente en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y en el de Obras Públicas. Respecto de los abusos públicos y de aquello que se ha dado en llamar eufemísticamente “irregularidades”, no existen procesos judiciales ni sanciones relevantes. La protagonista de estos abusos en la región del Bío Bío fue la actual senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, involucrada en un sinnúmero de estas “irregularidades” y jefa de los procesos de apropiación ilegítima de inmuebles. Pero van Rysselberghe no ha sido objeto de ni un solo proceso de investigación judicial. Tras renunciar a la Intendencia Regional a causa de sus escándalos y llevar por un corto tiempo un “bajo perfil”, vuelve inmaculada a presentarse como candidata al Senado sin que se inmuten ni pierdan el sueño las llamadas fuerzas parlamentarias opositoras, ahora gobierno como Nueva Mayoría.

-Está claro que la corrupción en el país no nació con SQM, sino que es uno de los modos del desenvolvimiento del capitalismo en Chile y en el mundo. ¿De qué manera lo sintetizas en el caso del 27F?

“La corrupción funciona como una extensa red mafiosa en los aparatos públicos y el poder político, en conexión estrecha con el mundo de los intereses empresariales. En Concepción, antes del aniversario del 27F de 2013, Red Construyamos y los pobladores de Villa Futuro provocaron la renuncia de Sergio Jara, director del SERVIU. Este ingeniero de la extrema derecha provenía de los altos puestos de las empresas constructoras y, al salir del cargo público, pasó a asumir inmediatamente la vocería de la constructora privada VALMAR, que ejecuta obras públicas, porque hay que recordar que la Constitución de Pinochet impide que el Estado posea empresas. Antes de Jara, el director del SERVIU fue Sebastián Salas, también de la UDI, quien dirigió la compra -en nombre de la reconstrucción- de terrenos que pertenecían a su familia. Estos delincuentes salen limpios de polvo y paja gracias al régimen legal y a la corrupción del sistema político.

Como te contaba, la erradicación de poblaciones que no fueron damnificadas bajo pretexto de daños estructurales de vivienda, significó que a miles de familias de la región del Bío Bío se les quitara la vivienda bajo engaño, es decir que, en la práctica, se les robó sus humildes propiedades para tomar posesión del suelo a través del SERVIU. El gobierno inventó la situación de inhabitabilidad en diversos sectores donde la plusvalía del suelo ha crecido por causa de la expansión urbana e importantes obras viales, entre otros factores. Se les llamó a abandonar sus viviendas con la promesa de una pronta reconstrucción y con engañosos ofrecimientos de mejoras en la calidad de vida, cosas que no existieron. Una vez erradicadas las poblaciones y perdidos sus suelos, los mandos de la burocracia estatal tienen en sus manos el destino de esos suelos para futuros proyectos inmobiliarios que no son de conocimiento de la población hasta que las obras se inician, una vez que se han creado las condiciones técnicas y legales de su ejecución. La gente fue amedrentada y engañada por funcionarios del Estado, lo que fue facilitado por los escasos recursos de apoyo, el desconocimiento de las condiciones de propiedad y el temor al Estado. Por ello es que terminó una mayoría cediendo su vivienda para que se les entregasen nuevos subsidios de postulación a vivienda social o, en muchos casos, se les dejase a su suerte, ya sea con una suma de entre 2 y 15 millones de pesos (entre USD2.860 y USD21.400), correspondientes a la indemnización por el valor del suelo sin construcción o correspondientes a subsidios de vivienda. Hay un número importante de ex propietarios que recibieron solamente una fracción del subsidio (10 millones de pesos o USD14.000), debido a que la adquisición de vivienda no se completó por causa de un procedimiento irregular del SERVIU que intentaba apurar el desalojo. Debido a la incapacidad de ahorro y de sustento económico familiar, muchas personas gastaron el dinero incompleto del subsidio en otros bienes menores o en su propia subsistencia. Debo decir que en estas regiones de Chile no existen viviendas por el valor del subsidio social de vivienda, a menos que sea para postular a proyectos de vivienda social que se ubican en suelos de escaso valor, es decir, en las periferias o en lugares de riesgo. En definitiva, la pérdida de la vivienda de estas familias, que habían crecido en el valor de su suelo, significó agravar las condiciones de pobreza y resultó muchas veces en la pérdida de la propiedad.

Hay que comprender que esta intervención fraudulenta del Estado se ejecutó contra poblaciones obreras y pobres, familias muchas veces compuestas de sólo la dueña de casa con sus hijos, en situaciones de precariedad laboral agudas. En consecuencia, se trató de un abuso descarado. Te hablo de poblaciones como el conjunto de edificios de Camilo Olavarría en la ciudad de Coronel, que alojaba a más de 400 familias, o el conjunto de bloques de edificios de la población Villa Futuro en la comuna de Chiguayante, de 1300 familias, o el intento aún frustrado de erradicación de la población Aurora de Chile, que se halla junto al centro de Concepción y que aloja a 700 familias, o el caso de la caleta turística de Dichato, donde gran parte de la población costera fue erradicada a los cerros. Y hay casos denunciados en otras ciudades, como el de un conjunto residencial en la ciudad de Bulnes de esta misma región. También se pueden mencionar acciones contra bienes de interés público. Por ejemplo, la liquidación de los mercados centrales que son, en general, muy antiguos y céntricos, o contra numerosos establecimientos educacionales que, dada su ubicación, fueron demolidos y sus terrenos puestos en proceso de privatización, desde el sur del Bio Bio hasta la región Metropolitana. Es el caso del liceo Balmaceda en Concepción, en el que los alcaldes Kuhn de la UDI, y luego Ortis de la DC, coincidieron perfectamente en la idea de vender, a pesar del clamor popular que exige recuperar la educación pública. ¿Cuánto más habrá ocurrido en otras ciudades o regiones donde la gente no estaba organizada y no pudo luchar por su derecho a la vivienda, a la educación, a la salud... derechos que les fueron conculcados por el propio Estado en nombre de la especulación inmobiliaria?”

-¿Ha habido diferencias sustantivas entre uno y otro gobierno?

“Diría que hay diferencias meramente formales. El gobierno de Michelle Bachelet prometió revisar la reconstrucción y creó una comisión presidencial encabezada por su delegada, Paula Fortes. Se levantó un diagnóstico bajo una fórmula de participación aparente, con dirigentes cooptados o que acogieron las nuevas promesas. El gobierno, fiel a la línea seguida por sus partidos, no ha ido al fondo del problema. Por lo mismo, nunca existió de parte de este gobierno una revisión de los procedimientos, de los vínculos político-empresariales, ni de la legalidad que es la base sobre la que se permiten estos abusos. El tema terminó en un maquillaje para que todo quede igual.”

 Las lecciones

-¿Qué conclusiones políticas y sociales han obtenido colectivamente?

“Los pueblos de Chile tienen el desafío de superar el engaño de la élite, de sus corporaciones industriales y financieras, de sus partidos políticos y medios de dominación masivos. Hay que instalar nuevas ideas de cambio. Eso significa combatir desde la ideas todo el tinglado de ilusiones y el modelo de solidaridad del tipo Teletón, que intervino en las circunstancias del 27F con la función de dominar el problema social y no de desarrollar la solidaridad. Es posible levantar otra práctica si se hace con una visión clasista. De hecho, tuvimos por breves instantes la vivencia de la solidaridad real, de la necesidad de unión, y eso no puede pasar sin dejar huella. El gran problema nuestro, de los sectores populares más conscientes, es de organización y de definición de unas líneas de lucha común. Un trabajo que puede parecer lento para este país, pero que, inevitablemente, tendrá el impulso de las luchas próximas, que -según observo- serán de proporciones mayores.

Hay que acrecentar la organización social, que sigue siendo muy poca y de baja participación. Por otra parte, tenemos la urgencia de construir un bloque político basado en un programa de cambios inmediatos, a lo que yo agregaría: que tenga la vista puesta declaradamente en la superación del capitalismo y en la construcción del socialismo, que no es una reedición de nada, sino que es, por definición, el proceso de socialización de los procesos de producción, de distribución de los bienes y de generación de una democracia superior, ubicada en las particularidades de nuestros pueblos. El socialismo es la única idea efectivamente nueva para resolver la crisis en que se halla la sociedad. Es verdad que carecemos aún de los partidos de la clase trabajadora que tengan la solidez y el acierto para acelerar esto, por lo que ello representa una tarea que debemos hacer en conjunto con la promoción de la organización y del movimiento social. Ya se están aclarando algunas ideas político programáticas que se han ido exponiendo en los últimos años y que apuntan hacia el camino de formar una plataforma amplia, diversa, pero cuyas medidas urgentes han de ser unitarias en relación, por ejemplo, con los cambios constitucionales democráticos, la soberanía del pueblo sobre sus recursos, el freno del neoliberalismo, la garantía de derechos sociales y laborales en un marco nuevo, etc. Se trata de responder en lo inmediato a cuestiones que cada vez hacen más sentido en la población y que requieren una alternativa que piense en la acumulación de fuerza organizada para avanzar y resolver en la marcha los pasos superiores que lleven a las mayorías explotadas a sepultar el neoliberalismo y superar el capitalismo conquistando el poder. Tal alternativa requiere de una movilización de masas gigante y de una claridad a la que deben contribuir las organizaciones políticas. La izquierda debe asumir que no puede enfrentar cada coyuntura para alimentar sus propias y pequeñas fuerzas. También tendremos que asumir la discusión ideológica necesaria para aclarar nuestras aspiraciones políticas, dejando de maquillarnos constantemente con la careta de un ciudadanismo inocente y deslavado que revela una actitud vergonzante hacia el carácter revolucionario de nuestras luchas y que amenaza con desviar el sentido de ellas. Lo cierto es que aquí habrá una gran lucha social y ello supone situaciones que desbordarán a las ilegítimas instituciones del poder político. Pero la garantía del cambio profundo depende de más cosas que la sola gente en la calle.

La experiencia que pasamos al intentar responder a una necesidad urgente de reconstrucción, demuestra que se requiere mucha más organización y más comprensión del papel real del Estado, completamente controlado por el gran empresariado y los oligopolios. De este Estado y de sus gobiernos no saldrán leyes ni medidas políticas que apunten en una dirección diferente a esos intereses, sobre todo si no hay una presión extraordinaria sobre él. Las poblaciones de las distintas zonas del país probablemente enfrentarán nuevas catástrofes naturales en condiciones similares a las conocidas, puesto que el Estado no ha revertido las causantes fundamentales de la vulnerabilidad social y urbana. Por el contrario, ha fortalecido su lógica de acumulación de la propiedad capitalista. Por tanto, las organizaciones sociales del país deben desarrollar los mecanismos de defensa que le sirvan en una emergencia, ya sea tanto para enfrentar una catástrofe natural como para combatir los ataques del Estado neoliberal. Debemos pasar de las marchas y asambleas a niveles superiores de organización, metas que requieren de una izquierda más abierta y unitaria, que mire más allá de objetivos cortoplacistas y autorreferenciales.

En Chile nos encontramos en una hora nueva, donde está casi todo por hacerse. Nuestra convicción es que podemos hacerlo todo si antes construimos un punto de apoyo.”

Envío:Andrés Figueroa Cornejo

Nelson Quichillao: el fatal destino de un eterno minero subcontratado 
Por Macarena García Lorca /Resumen latinoamericano/ 03 de Agosto2015 .- 

Trataron de hacerle un torniquete para detener el sangrado, pero ya no tenía mucho caso. La madrugada del viernes 24 de julio, Nelson Quichillao convulsionaba en el suelo a la entrada de la mina El Salvador, rodeado por sus compañeros. Una bala de una pistola 9 mm disparada por un carabinero, que según los peritajes de la Fiscalía rebotó en una superficie metálica, entró por su ingle y le quitó la vida.

Cuando Rodrigo Vásquez vio a Nelson gravemente herido, se separó del grupo de manifestantes y, con sus brazos abiertos, se acercó hacia Carabineros gritando por ayuda y pidiendo un alto al fuego. La respuesta fue una ráfaga de perdigones, uno de los cuales se incrustó en su mejilla. En total, esa noche hubo 33 heridos.

La violencia se había desatado cuatro horas atrás. El jueves 23 de julio, cerca de las 22:30 hrs., un contingente de Fuerza Especiales de aproximadamente 80 uniformados llegó hasta el acceso de la mina El Salvador en dos micros de Carabineros. Sin advertencia de por medio, comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y disparar balines para dispersar a los trabajadores contratistas de Codelco, que mantenían tomada la mina en el sector de la garita y un bloqueo parcial de la carretera, desde el martes 21, cuando comenzaron las movilizaciones para exigir la renovación del Acuerdo Marco 2015.

Para bloquear el acceso a la mina y detener el avance de Carabineros, el grupo de 300 trabajadores levantó una barricada de tierra y piedras con una máquina Scoop. Similar a una retroexcavadora, la Scoop es utilizada en las faenas mineras para tareas de alta precisión y cuenta con cabina blindada para el operador.

Según la versión de los trabajadores, la máquina fue utilizada como escudo para contener la acción represiva y niegan que hayan intentado atropellar a los uniformados, tal como sostuvo Carabineros para justificar el uso de armas de fuego. De hecho, afirman, la máquina se mantuvo siempre a una distancia superior a los 20 metros.

En medio de los enfrentamientos, Fuerzas Especiales se dividió en dos grupos e ingresó a la faena de Codelco, rodeando al grupo de trabajadores, pero una hora y media después se acabaron las municiones y, según Patricio Meneses, presidente del Sindicato Geovita al que pertenecía Nelson, Carabineros comenzó a lanzar piedras a los trabajadores.

En ese momento, el operario de la máquina Scoop avanzó unos metros hasta la reja para hacer retroceder al contingente y entonces dispararon varios tiros contra la máquina. El operario dio marcha atrás y unos 100 trabajadores, entre los que se encontraba Nelson, quedó más adelante y se fue contra el piquete de uniformados.

Según los testigos presentes en el lugar, el carabinero que habría disparado contra Nelson recibió un piedrazo. Se devolvió, apuntó hacia la multitud y disparó tres o cuatro veces. Nelson cayó al suelo y, luego, se desató el caos. En medio de los gritos, como se relató anteriormente, Vásquez se separó de sus compañeros para pedir auxilio, no fue escuchado y cayó derribado por los perdigones.

Uno de los dirigentes presentes, intentó dar los primeros auxilios a Nelson, pero perdía mucha sangre y ya estaba agonizando. A los pocos minutos llegó la ambulancia que lo trasladó a la Clínica San Lorenzo de El Salvador. Fue en vano, Quichillao falleció a las 3:00 hrs. Vásquez quedó internado grave por múltiples heridas, ahora se está recuperando.

Un minero subcontratado
Esa noche Nelson no tenía que estar ahí, estaba en cama con licencia por un fuerte resfriado. En la tarde se levantó y salió a comprar remedios. En el camino, se encontró con sus compañeros y se fue con ellos a la toma. Sus planes eran otros . Uno de sus hermanos ya lo había convencido de venir a pasar esta semana a Santiago y recuperarse tranquilo, él había accedido. Pero esa bala lo cambió todo. La que sería una convalecencia en la capital, se transformó en un funeral en Coquimbo.

En su familia aún están muy consternados y no terminan de digerir lo que sucedió. Su sobrino, Hardy Cárdenas, relata que comparten la lucha de Nelson: “Es justo que los trabajadores luchen por mejorar sus condiciones laborales y económicas. Esto ha sido súper duro para la familia. A nadie le gusta perder un familiar de esta manera, para nosotros, fue un asesinato. Queremos que haya justicia, que se sepa quiénes son los responsables y quiénes dieron la orden para que actúen de esa manera. Generalmente se corta el hilo por lo más delgado, como pasó con el caso de Rodrigo Avilés”.

Terminó el colegio y entró a la mina con 18 años, pasó toda su vida ahí. Trabajaba en turnos de siete días por siete de descanso, cada jornada de 12 horas diarias. Se desempeñaba como ayudante de minero. Siempre como subcontratado en distintas empresas. El año pasado se cambió de sindicato y fue uno de los socios fundadores de Geovita. Quería ascender, operar maquinaria. Estaban revisando su situación y haciendo algunas gestiones. Sus compañeros cuentan que era muy participativo, asistía a las actividades, jugaba a la pelota y era un fanático de la rayuela. 

Para buscar justicia, hoy presentarán una querella en Diego de Almagro contra todos aquellos que resulten responsables. No quisieron aceptar la ayuda legal de ningún partido ni sindicato, las acciones judiciales las llevarán adelante como familia.

Nelson era un histórico de El Salvador. Nació en La Unión, en una familia humilde sin militancia política, hijo de Francisco Quichillao, trabajador de aserradero, y María Cristina López, dueña de casa. Era el penúltimo de nueve hermanos. Cuando su padre falleció en el 75, Sergio, su hermano mayor, se lo llevó a vivir al pequeño poblado minero para aliviar la carga familiar. Tenía siete años.

Terminó el colegio y entró a la mina con 18 años, pasó toda su vida ahí. Trabajaba en turnos de siete días por siete de descanso, cada jornada de 12 horas diarias. Se desempeñaba como ayudante de minero. Siempre como subcontratado en distintas empresas. El año pasado se cambió de sindicato y fue uno de los socios fundadores de Geovita. Quería ascender, operar maquinaria. Estaban revisando su situación y haciendo algunas gestiones. Sus compañeros cuentan que era muy participativo, asistía a las actividades, jugaba a la pelota y era un fanático de la rayuela.

Sobre su vida amorosa casi no hablaba, era muy reservado. No tenía hijos ni mujer conocida. Los días que estaba en El Salvador arrendaba una pieza en un departamento compartido. Sus días libres los pasaba en su departamento en La Serena. Vivía solo. No confiaba mucho en las mujeres. Según su hermano Sergio, que lo crió desde chico, Nelson solía decir “pa’ qué me voy a casar, si paso siete días encerrado, cuando vuelva al departamento, va a estar pelao”. Cuando murió, una mujer dijo que tenía un hijo de él de 17 años, pero en la familia sostienen que Nelson nunca les había comentado nada y no están seguros de que sea cierto.

El dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Patricio Rocco, en todos sus años como dirigente, comenta que nunca vio tal nivel de represión en una manifestación. Afirma que el accionar de Carabineros fue brutal y que dispararon más de 30 veces con armas de fuego. Los mismos trabajadores recogieron los casquillos de las balas. Esa información fue confirmada por el fiscal de Diego de Almagro, Julio Artiaga.

Tras la muerte de Nelson y la negativa de Codelco a negociar, las manifestaciones se han agudizado. El miércoles, en El Teniente, los trabajadores quemaron tres buses en señal de protesta. En Codelco Norte, las cuatro divisiones (Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic y Gabriela Mistral) iniciaron un paro indefinido, bloquearon accesos y hubo violentos enfrentamientos con Carabineros. La minera sostiene que las pérdidas diarias solo por el cierre de El Salvador son de US$500 mil dólares.

Las posiciones enfrentadas 
Según el último informe de Cochilco, 71 de cada 100 trabajadores de Codelco son subcontratados. En otras palabras, sólo 19 mil trabajadores son de planta y 40 mil están externalizados, como reconoció el propio Óscar Landerretche, presidente de la firma. Sin embargo, la minera estatal se ha negado a revisar las condiciones del Acuerdo Marco 2015, como en años anteriores, argumentando que no están dadas las condiciones –debido al bajo precio del cobre– para negociar bonos de términos de conflicto o pagos directos a los trabajadores, puesto que constituiría una negociación colectiva paralela.

La posición de la cuprífera es que los trabajadores subcontratados negocien directamente con sus empresas contratistas: “La mayoría de los trabajadores que prestan servicios como contratistas y subcontratistas de Codelco ya han tenido sus procesos de negociación colectiva con sus empresas, lo que hace inviable que se pretenda a través de estas movilizaciones obtener nuevos beneficios, esta vez de Codelco”, afirmó su presidente Ejecutivo, Nelson Pizarro.

Pero tras la agudización de las protestas y la intervención del Ejecutivo para desactivar el conflicto, ayer Codelco hizo un llamado a deponer las movilizaciones para luego generar una instancia de trabajo entre las empresas contratistas y los trabajadores, en que se revisarán las futuras condiciones de subcontratación.

“Una vez que se haya recuperado la normalidad en las faenas de División Salvador y en su entorno, y que las divisiones de Codelco vuelvan a operar con absoluta normalidad, la Corporación invitará, tanto a las organizaciones de las empresas contratistas y sus trabajadores, a una instancia de diálogo, que abordará criterios generales referidos a las relaciones laborales”, ofreció Pizarro.

La propuesta no tuvo buena acogida. La CTC la calificó de “falsa solución” y pidió al Gobierno que se instale una mesa de negociación tripartita con Codelco y Agema para “revisar, ampliar y mejorar el instrumento colectivo”.

Además, en el comunicado público, la CTC sostuvo: “Nos parece impresentable que, luego de todo lo ocurrido a la fecha, Codelco realice un falso llamado a conversar, el cual de ser aceptado persigue que –en la práctica– se extinga el Acuerdo Marco y los beneficios establecidos en este, los que son fruto de una larga lucha desarrollada por los trabajadores contratistas y subcontratistas por una mejor calidad de vida”.

Esa lucha a la que alude el comunicado de la CTC, carga con otro muerto en su historial. En el primer Gobierno de Michelle Bachelet, el año 2007, Rodrigo Cisterna, trabajador subcontratado en la empresa forestal Celulosa Horcones de la provincia de Arauco, propiedad del grupo Angelini, murió acribillado de tres balazos por las Fuerzas Especiales. Hoy, junto a Cisterna, Nelson Quichillao pasa a engrosar el listado de los muertos en democracia.
Fuente: ElMostrador 



CHILE
Con el TPP, Chile entregará su soberanía a las multinacionales
Por Andrea Peña, Resumen Latinoamericano / El Ciudadano, agosto 2015.-

El TPP, que se negocia en estos días en absoluto secreto, es la última versión de los tratados de libre comercio y obliga a los estados firmantes a cambiar sus leyes para resguardar las inversiones extranjeras. Acceso a recursos naturales, propiedad intelectual, internet y áreas financieras, entre otras, se verán afectadas para beneficio de las grandes corporaciones.

Chile había pasado un tiempo sin acuerdos de libre comercio tras el déficit financiero que sufrió en 2008 Estados Unidos. Sin embargo, a partir del 2010 parece haber superado el recelo y abrirse incluso a tratados que transa a espaldas de la ciudadanía.

El Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), es un contrato económico entre doce países que tiene 29 capítulos, liderado por Estados Unidos y que, según ese gobierno, “busca proporcionar un nuevo y significativo acceso a mercados para los productos y servicios estadounidenses”.

El TPP es uno de los tratados más oscuros y secretos que está suscribiendo nuestro país en los últimos años y del que hemos sido advertidos mediante organizaciones sin fines de lucro y hackers a nivel mundial. Todo lo que sabemos de él, es lo que se ha filtrado a través de WikiLeaks y que ha podido difundirse a través de medios independientes.

Este tratado multilateral es considerado peligroso porque se negocia en secreto y otorga un poder nunca antes visto a las grandes corporaciones. En los tratados de libre comercio, los únicos que siempre salen beneficiados, son las grandes economías y sus corporaciones, más allá de lo que anuncien las distintas páginas gubernamentales de los países involucrados.

El TPP ha sido suscrito por doce países que incluye a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y en América, además de Estados Unidos, lo han hecho México, Perú y Chile.

Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable, declaró que “este es un tratado tremendamente peligroso ya que a diferencia de los tratados anteriores, en que al menos los personajes de gobierno podían dar a conocer las minutas de negociación, este es un tratado casi absolutamente secreto y, por lo tanto, ni los sectores ni menos la ciudadanía saben lo que se está negociando. Los capítulos no se están dando a conocer antes de la negociación y todo lo que conocemos de las negociaciones del TPP es porque ha habido filtraciones de algunas organizaciones que se han conseguido a través de algunas personas los borradores de negociación y los han filtrado vía WikiLeaks. Eso es lo único que conocemos del TPP. Este tratado es el símbolo de una negociación a espaldas de la ciudadanía y de las naciones. Nosotros creemos que algo que no es transparente, algo esconde y, por lo tanto, implica una negociación absolutamente autoritaria que obviamente va en beneficio de los negocios y de los inversionistas y no de los ciudadanos “. Para Larraín “es absolutamente inaceptable que Chile se haya prestado para una negociación de este tipo”

Chile es el país de la región más integrado a la economía de EE.UU.
La directora de Chile Sustentable agrega que es fundamental que la ciudadanía tenga en cuenta que el TPP es una iniciativa principalmente impulsada por el gobierno de Estados Unidos con el objeto de abrir su comercio hacia la zona asiática del Pacífico y para ello está utilizando a Chile, Perú y México con los cuales ya tiene acuerdos anteriores: con México tiene el NAFTA de la década de los 90 y con Chile tiene un acuerdo bilateral bajo el mismo modelo de acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica que se extendió a Canadá y México y a través del cual están todos vinculados a la economía norteamericana. Chile dentro de la región es el país que está más integrado a la economía de Norteamérica. 

Hacia una liberalización total del comercio de servicios

Asimismo, aclara. “Estados Unidos con este acuerdo está incluyendo doce países particularmente de la zona del Asia-Pacífico y en América latina México Perú y Chile y el objetivo de fondo es extender una liberalización total del comercio en las inversiones de los servicios, que no solamente están vinculados al agua y la electricidad, sino también los financieros y legales profesionales, además que a través del TPP se está tratando de incorporar las capacidades y servicios de recursos naturales y de propiedad intelectual de los países que lo están suscribiendo para que sean funcionales a la economía norteamericana”.

Para la directora del programa Chile Sustentable “es absolutamente inaceptable que el gobierno de Chile se haya prestado para una negociación de este tipo además sin dar ninguna cuenta a los países de la región y por lo tanto generando un bloque que obviamente va ser absolutamente pernicioso para la economía nacional. Es decir esto es muy bueno para Estados Unidos y pésimo para nosotros, Perú y México”.

Lo más incómodo de este acuerdo, para la activista, es que es una estrategia en la cual Estados Unidos quiere ingresar por una vía “multilateral” a Asia porque obviamente, ese continente tiene una tremenda desconfianza con Estados Unidos y no quiere abrir la puerta a su política interna.

Por tanto, agrega que “el TPP tiene dos problemas muy graves: el primero, es que finalmente va obligando a cambiar la legislación nacional, vinculada al acceso de recursos naturales, propiedad intelectual y todo lo que tiene que ver con derechos del inversionista que son los capítulos más brutales, ya que implican, incluso, que el inversionista no sólo entra como si fuera inversionista nacional, sino que tras cualquier desacuerdo con la política de Chile, puede recurrir al tribunal internacional y, por lo tanto, hay una pérdida absoluta de soberanía en relación a las reglas que se han establecido en nuestro marco legal y constitucional.

Un nuevo colonialismo
El segundo, creemos que es tremendamente serio y tiene que ver con el ámbito de servicios ya que fomenta una apertura total del Estado, el cual deja de ser autónomo contra ofertas internacionales. En el caso de la salud, los medicamentos y los distintos servicios tendrán que estar abiertos a las empresas trasnacionales y obviamente, eso significa un golpe brutal, no sólo para la industria de los recursos naturales o agricultura, sino que también para la salud, la educación, la medicina y los medicamentos. Eso significa colonialismo, no solamente en el ámbito de los recursos territoriales sino que también en el marco de tener que cambiar la legislación vigente para que sea funcional a la competitividad de Estados Unidos”, sentencia.

Así las cosas, en relación a los inversionistas privados, el TPP expresa que estos tienen derecho a exigir un marco regulatorio que se ajuste a sus expectativas, además de otorgarle a las empresas extranjeras la misma categoría que un gobierno nacional en cuanto a la expedición de leyes y la conformación de tribunales para la solución de controversias. Aun así, esto no es lo más preocupante de este acuerdo.

El TPP se vuelve espeluznante en su capítulo sobre propiedad intelectual: los informes filtrados revelan la intención de “proporcionar protección más extensa” en patentes, al tiempo que se refuerzan las medidas que restringen el acceso a medicinas, internet, y diseños industriales. Se otorgan derechos de autor hasta por 70 años y se toman decisiones en contra de la posibilidad de asimilar y transferir tecnología para el desarrollo industrial en los países subdesarrollados y en contra de la libertad de expresión, con consecuencias civiles y penales.

María Isabel Manzur, parte del directorio de Chile Sustentable, especialista en temas de biodiversidad y propiedad intelectual, destaca que a través de este acuerdo “nos quieren imponer patentes sobre plantas y animales, lo cual es inaceptable y un atentado a nuestra agricultura. Al mismo tiempo, nos exigen implementar UPOV 91, que otorga sistemas de patentes muy estrictos para proteger las variedades nuevas de las compañías semilleras, y todo eso atenta contra los derechos de los agricultores quienes se verán limitados a la hora de usar, intercambiar y comercializar libremente las semillas como lo han hecho siempre. Por otro lado, Chile no ha resguardado su patrimonio de semillas tradicionales para darle alternativa a los agricultores a usar semillas no patentadas, por lo que los obligas a comprar semillas patentadas a mayor precio y con prohibición de usarlas en la temporada siguiente; deben comprar semillas año a año.”

María Isabel destaca que “al aumentar el comercio con once países, es obvio que el medio ambiente y los recursos naturales van a estar más exigidos, por lo que es completamente insuficiente exigir que cada país cumpla sus propias normas ambientales; se requiere mucho más resguardo. Además con las normas existentes ya tenemos situaciones ambientales muy difíciles, como las contaminaciones, la sobreexplotación y el colapso pesquero, especies y ecosistemas amenazados, la escasez de agua, etc. Nos faltan normas ambientales para proteger nuestros recursos naturales y el proyecto de ley de biodiversidad, o de glaciares, por ejemplo, no avanzan”.

El TPP está imponiendo sistematizar lo que Estados Unidos ya ha hecho con los tratados bilaterales que han firmado los países involucrados en este acuerdo, pero además, trata de cerciorarse de que las leyes nacionales estén en comunión con el tratado internacional. Eso significa que Estados Unidos estaría, sin hacerlo directamente, redactando nuestras propias leyes para ajustar la interpretación de la ley a lo que el acuerdo necesita.

Para Manzur esto permitiría que “Estados Unidos pase a llevar nuestro Congreso Nacional y nuestra democracia”. Agrega que “ el TPP está imponiendo un tribunal internacional ISO. Eso significa que, por ejemplo, si una trasnacional quiere vendernos algún alimento tóxico y nosotros tenemos una ley que prohíbe ese alimento transgénico, la trasnacional puede llevar al país a un tribunal internacional con jueces fuera del país y multarlo, es decir, esto daría una posible entrada a Monsanto” y aclara que “ esto sería un atentado a nuestra democracia ya que tiene que ver con la alimentación y la calidad de alimentos. Este tratado está interpretando un estándar para poder vender alimentos de cualquier calidad. ISO significa que también corremos el riesgo de ser obligados a importar alimentos tóxicos o de baja calidad” . El TPP no promueve los alimentos orgánicos porque serían un estorbo al comercio.

¿Beneficios para Chile con el TPP?
Para Manzur y Larraín, pensar en qué beneficia a Chile este tratado es una gran pregunta que no encuentra respuestas específicas y claras. No hay nada que salte a la vista en los archivos desclasificados que muestre un beneficio que ya no tenga con los tratados firmados con anterioridad. De hecho, es tal la peligrosidad que ven en este acuerdo que han dirigido la pregunta a los parlamentarios quienes convocaron a Heraldo Muñoz para que diera las explicaciones al respecto y cuya respuesta fue: ”Tengo confianza en los negociadores y sabemos bien lo que están haciendo y cuáles son los beneficios para Chile con este tratado”

Chile tiene acuerdos de libre comercio con cada uno de los once países que son miembros de este esta negociación. Para las activistas, este acuerdo no va a tener beneficio para Chile, sino que por el contrario, solamente va a significar más obligaciones por sobre la obligación que ya sostiene con los tratados que ha firmado con los otros países suscritos al TPP. María Isabel destaca. “Dudamos mucho que exista un beneficio directo para el país; al contrario pensamos que este tratado, que no está transparentado y que no conocemos sus textos, sólo implica abrir nuestro sistema de leyes y nuestra economía aún más, para recibir todos los productos tóxicos que nos quieran vender”

Desde la organización declaran: “Nos preocupa que Chile pudiera estar efectuando concesiones adicionales a aquellas ya efectuadas en los tratados bilaterales ya firmados y pudiera estar aceptando imposiciones abusivas que perjudiquen a los ciudadanos”
Andrea Peña El Ciudadano
Envío:ResumenLatinoamericano