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Golpes y torturas a menores encarcelados: cuestionan rol jugado por sindicalista 
Por Leandro Grille / Resumen Latinoamericano / Caras y Caretas / ago 06, 2015 .-

El video, revelado por el diario El Observador, de la golpiza a la que fueron sometidos varios jóvenes internos del Hogar Ceprili del Sirpa por una verdadera patota ante la mirada cómplice del dirigente del sindicato de INAU y de COFE, amén de vicepresidente del Pit-Cnt Joselo López, nos exime a todos de aportar más pruebas, opiniones y comentarios. La Justicia deberá estudiar la denuncia presentada por la directora Gabriela Fulco, iniciar una investigación y citar a todos los involucrados, incluyendo a los menores internos que son, indudablemente, las primeras víctimas de un maltrato que no sólo no es nuevo ni es un hecho aislado, sino que es una parte constitutiva de los sistemas de reclusión, tanto para jóvenes como para adultos. La sistemática violación de los derechos humanos de los niños recluidos ha sido denunciada tanto por internos y sus familiares como por organizaciones no gubernamentales a lo largo de los años, así como por trabajadores y ex trabajadores de INAU y hasta por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a partir de diversas inspecciones que merecieron informes pormenorizados y, en algunos casos, lapidarios.

En primerísimo lugar hay que aplaudir a la directora Fulco, porque hizo lo correcto al denunciar semejante tropelía y, gracias a esa valiente decisión, será en el ámbito judicial, con todas las garantías y sin prejuicios de ningún tipo, donde deberán dirimirse las responsabilidades penales. Pero hay otras responsabilidades, las funcionariales, que deben establecerse en el seno de la administración por las autoridades correspondientes, procediendo a una investigación sumarial seria, rápida y contundente, muy probablemente acompañada de separación del cargo de todos los que participaron en este hecho bochornoso, que afortunadamente ha salido a la luz pública y no ha recorrido las catacumbas del ocultamiento.

Y hay responsabilidades políticas. Responsabilidades que deben ser asumidas con todas sus consecuencias por el sindicato de trabajadores de INAU y por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Si al día de hoy, transcurrida la jornada de paro general, el señor Joselo López no ha presentado su renuncia indeclinable a la dirección del Pit-Cnt y a su vicepresidencia, entonces es mentira que la principal herramienta de los trabajadores de este país sea motivo de sus desvelos. Porque es infinito el daño que le provoca con su sola presencia. Es un contaminante. Su conducta y su complicidad produce repugnancia, ya no en el enemigo de clase ni en lo medios de la derecha, induce el asco de los compañeros, de los jóvenes, de los mismísimos trabajadores, de todos los militantes sociales y políticos de las fuerzas progresistas. No puede ser tratado como compañero, un represor de jóvenes internos del INAU. No puede ser aceptada ninguna de sus justificaciones, cargadas de una axiología mafiosa propia de pandilleros que elevan a la categoría de valor ideológico la represalia patoteril de presuntas agresiones recibidas por sus compinches.

El Pit-Cnt se enfrenta a un complejo desafío. Claramente no es sencillo manejar el problema que supone que el vicepresidente de la central, designado recientemente por el Congreso más participativo de la historia, se vea otra vez involucrado en actos repudiables, y esta vez con pruebas que sólo pueden ser refutadas desde el cinismo. Sin embargo, no cabe otra que abordarlo sin miramientos. Los dirigentes obreros no pueden esquivarlo. Ningún principio fraterno o corporativo puede erigirse sobre los escombros de otros principios tan básicos o más que aquellos: y es un principio no tolerar la vulneración de la integridad y los derechos de niños y adolescentes, aunque se encuentren privados de libertad o por más que hubieren cometidos crímenes graves. Los protagonistas de estos actos vergonzosos han traicionado la causa última de los trabajadores, que es la construcción de una sociedad nueva, cuya forja reclama, ante todo, coraje, humanismo y sensibilidad. No cobardía, sadismo e indolencia. Por eso deben ser tratados como traidores. Nadie debería confundirse. Ni siquiera la histórica y estratégica unidad de los trabajadores está por encima de los derechos humanos de un solo niño o adolescente del INAU.

Denuncias de tortura a menores en el Inau 
La ONU y la OEA hace ya tiempo que se muestran críticas con el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). La relatora de la Comisión de Derechos del Niño de la ONU, Sara Oviedo, ya había advertido en enero de este año que el Sirpa “no responde a un enfoque de derechos humanos o de derechos del niño”.
07 ago 2015
Y Rosa María Ortiz, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, le dijo en septiembre del año pasado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que “por más buena voluntad y más allá de los esfuerzos y los cambios que uno puede ver, se puede observar el ejemplo muy positivo de (Hogar) Ituzaingó y, enfrente, el ejemplo de todo lo negativo, de lo que no debe ser: el Hogar SER”. “Entonces, uno puede ver el esfuerzo, se redobló el presupuesto y se duplicó el número de funcionarios, pero el desafío es que los niños no pasen a ese sistema. El sistema de protección y el sistema de justicia juvenil representan el fracaso de las otras políticas”, sostuvo Ortiz. La especialista consideró que en Uruguay hay una excesiva “institucionalización” de jóvenes.

Un informe del Comité contra la Tortura de ONU, publicado el 23 de mayo de 2014, señalaba que ” los casos de malos tratos (en hogares del Sirpa) documentados consisten en palizas, posiciones de estrés como “el paquetito” (atar a la persona de pies y manos enganchando los grilletes por detrás), castigos de carácter vejatorio y humillante, incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa, registros corporales invasivos y el uso de medios de coerción en el interior de los centros”. La ONU criticó al Sirpa por utilizar el “chaleco químico” , o sea el suministro de psicofármacos para mantener a los adolescentes bajo control.

Y la Institución de Derechos Humanos denunció el hacinamiento en el sistema de privación de libertad de menores y que en algunos casos permanezcan sin salir de sus celdas 23 horas al día.


URUGUAY
Organizaciones exigen que Pit Cnt quite respaldo a Joselo López
Resumen Latinoamericano/ 07 de Agosto 2015.- 

Condenan “mirada impasible, omisa y avaladora” del sindicalista.

Organizaciones sociales repudiaron los hechos acaecidos en el centro Ceprili del Sirpa.

En un comunicado difundido por la Agencia Voz y Vos, un cúmulo importante de organizaciones sociales trasmiten su “enérgica condena” a los hechos ocurridos dentro del hogar Ceprili y las respuestas dadas al respecto por el presidente del sindicato de trabajadores del Inau, Joselo López.

Según el comunicado difundido, “desde la perspectiva de la defensa y promoción de los derechos humanos, no es admisible la aceptación del uso de la violencia y el abuso ominoso de poder”.

“La violencia no tiene justificación, y el abuso de poder tampoco. Las respuestas dadas por Joselo López nos recuerdan las justificaciones dadas en la dictadura militar que avalaban torturas y represión”, asegura el documento.

Asimismo, se agrega que “no es posible aceptar como sociedad, y menos como respuesta de una organización social como la sindical, la justificación de una intervención como la que se difundió a través de los medios”. “Literalmente una “patota” u “horda” de gente grande, abalanzándose contra 2 adolescentes desarmados, que no oponían resistencia ni significaban una amenaza para la seguridad de nadie”, explican.

Para los firmantes, “la mirada impasible, omisa y avaladora del máximo representante del Sindicato del INAU y de uno de los más altos dirigentes de la central de trabajadores, es éticamente condenable e inadmisible”. “Quizá Joselo López no haya incurrido en ninguno de los delitos previstos en la ley penal, pero no todas las acciones reprobables en términos de derechos humanos y de conductas éticas, se encuentran tipificadas como delitos”, añade la declaración.

En ese sentido, se subraya que “nada justifica la violencia, y menos la violencia institucional” y alegan que “lo que se vio en el video difundido es inaceptable éticamente”. 

Sobre el final, las organizaciones exigen que “el PIT CNT se posicione claramente a favor de los derechos humanos, saque su respaldo a la actual dirección del SUINAU, a Joselo López y a todo aquel que avale y justifique en la existencia de protocolos (o en la ausencia de ellos), el uso de la violencia y el abuso de poder contra los más débiles”.

Además, solicitan que “se avance en el proceso de reforma profunda en el SIRPA acorde al marco de la defensa y garantía de los derechos humanos del conjunto de la sociedad.”

El comunicado es firmado por la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Pro cuidados, el colectivo Accionar entre mujeres Guyunusa, Aire.uy, la Agencia Voz y vos, Ciudadanías en Red, Cooperativa Mujer Ahora, Cotidiano Mujer, las ONG’s El Paso, El Abrojo, Gurises Unidos, IACI – Infancia Adolescencia Ciudadana, MYSU, S A I – Arco Iris y Somos. Legisladores del FA reclaman el fin de la violencia en el SIRPA

Legisladores del FA reclaman el fin de la violencia en el SIRPA / El País / 
Los legisladores del Frente Amplio emitieron un comunicado a la opinión pública repudiando los actos violentos cometidos contra un grupo de internos del Hogar Ceprili del INAU y exigiendo que no vuelvan a ocurrir.

En el comunicado, explican que respaldan las acciones del SIRPA, INAU y MIDES al respecto por considerarlas “correctas y oportunas”.

Además, aseguran que se respaldarán las acciones determinadas a terminar con actos violentos y a encontrar las mejores prácticas institucionales, así como las mejores condiciones laborales para los trabajadores que se desempeñen en las dependencias del Estado.

Por su parte, un grupo de 15 organizaciones no gubernamentales que trabajan con menores condenaron tanto los hechos violentos como la defensa de los mismos realizada por Joselo López, presidente del Sindicato del INAU y vicepresidente del Pit-Cnt, además de l a respuesta de la central sindical , considerada “tibia” por estas organizaciones.

“Las respuestas dadas por Joselo López nos recuerdan las justificaciones dadas en la dictadura militar que avalaban torturas y represión”, afirma el comunicado, que agrega “una organización como el Pit-Cnt no debiera necesitar el fallo de la Justicia penal para reprobar la conducta y la defensa de la misma, por parte de una de sus más altas autoridades”.



URUGUAY. 
El rojo de la sangre 
Por Jorge Zabalza/ Resumen Latinoamericano/ 06 de Agosto 2015 .- 

La señora Maria Julia Muñoz disparó contra el movimiento obrero: “Todos los paros desde el Ejecutivo los lamentamos. Son personas que quedan sin servicios y en el caso de la enseñanza, chicos que no pueden asistir y fundamentalmente padres que ven trastornada su actividad. Es un contratiempo para el país, no hay duda”. Son los mismos argumentos que popularizó José Mujica Cordano. Se ha vuelto costumbre de los gobernantes frenteamplistas. Impunemente, porque parten de la base que digan lo que digan, el voto estará seguro en las próximas elecciones. No les importa que los trabajadores se vean obligados a luchar, los jornales que pierden, las peripecias de sus familias, qué puede hacer el gobierno para evitar los conflictos, utilizan sus cinco minutos mediáticos para inducir la idea que los huelguistas son enemigos del resto de la sociedad!!.

Del millón seiscientos mil que constituyen la fuerza de trabajo, 640.000 cobran menos de 14.000 pesos y 400.000 trabajan en negro, sin seguridad social y laboral alguna. El cuento del aumento del salario real y de la disminución de la pobreza se lo pueden hacer a los europeos, pero las asalariadas y los asalariados uruguayos no se pueden tragar esa pastilla. Son pobres a la hora de parar la olla o de comprar championes a las hijas. Tienen un pesito más en el bolsillo, pero son rotundamente pobres. Aunque tengan moto y lavarropas, los asalariados van a la huelga forzados por las circunstancias… y por el gobierno, que crea situaciones de hecho que no dejan más alternativa que luchar.

La central sindical es sensible al enojo de sus afiliados con las condiciones de vida a que están sometidos. Cabe señalar que a la medida de lucha del PITCNT se suman FUCVAM, ONAJPU y la FEUU, la sensibilidad es de todo el pueblo trabajador. No habría paro si todos estuvieran contentos como el día que Tabaré ganó las elecciones.

Como siempre, el reparto de la torta presiona sobre el sistema y define la historia, se va al paro general porque al abajo no le alcanzan las migajas para vivir con un poco de dignidad.
Se hace un paro general porque los dueños del Uruguay se dejan llevar por el pánico que transmiten las turbulencias económicas que agitan el mundo. Les importa un pito las condiciones de vida del pueblo asalariado. Quieren salvar su tasa de ganancias. La famosa “responsabilidad social” desaparece apenas terminaron de comer el asado en el quincho del Tuerto Varela. El pueblo trabajador prefiere quedarse mirando la televisión mientras los delegados del sindicato fijan en los consejos un monto satisfactorio para el salario. Siempre es la clase dominante la que quiebra los “pactos sociales”, explícitos o implícitos, cuando dejan de servir a su interés. Y los gobiernos la acompañan.

Al otro día que la gente votó contra la derecha, Danilo Astori, primer ministro, arrancó con su sermón de “prudencia y cautela” en el gasto del Estado. La suspensión de la obra del ANTEL-ARENA expresaba un doble mensaje: advertía al pueblo trabajador que achicara sus pretensiones y confirmaba a los organismos internacionales que está a sus órdenes. Este episodio 2015 de la lucha de clases también demostrará, indirectamente, la fuerza del movimiento popular para despertar la sensibilidad de los que quieren firmar el TISA, nada mas ni nada menos que Tabaré, Astori y Mujica, todos con piel de rinoceronte. El gobierno es insensible a la presión del abajo que amaga con moverse.

Después de una larga prédica contra el “país de servicios” y a favor del “país productivo”… afirman que quieren hacer del Uruguay un “polo logístico”, el mismo perro con diferente collar. Totalmente colonizados por el neoliberalismo. Estos malabarismos ideológicos pasan desapercibidos para la ciudadanía y, por ahora, dan buenos resultados electorales pero, a la hora de pelear por lo suyo, aunque sea apenas una migaja más grande, la gente se da cuenta de las cosas y enarbola las rojas banderas de la sangre derramada. No la engañan ni los planes de infraestructura que sacó de la manga el mago que la gobierna. Foto: Las calles céntricas de Montevideo aparecen vacías durante una huelga general el 6 de agosto de 2015.



URUGUAY: 
Con altísimo acatamiento la Central de trabajadores realizó el primer paro general contra el gobierno de Tabaré 
Resumen Latinoamericano / Caras y Caretas, ago 06, 2015.- 

Marcelo Abdala, secretario general del Pit-Cnt, dijo que el paro general de este jueves fue preparado con mucho tiempo y recibió el apoyo unánime de todos los gremios.

“Los uruguayos está dando un mensaje importante. La sociedad se pronuncia por cambios profundos”, dijo el dirigente al informativo de VTV.

Abdala aseguró que estamos viviendo un momento de desaceleración de la economía. “El gobierno debe mejorar el desempeño, tanto en la elaboración del presupuesto como en las negociaciones en los consejos de salarios”. De todas formas, el sindicalista destacó que el anuncio del presidente Tabaré Vázquez, de una inversión en infraestructura de 12 mil millones de dólares, es una buena señal.

Abdala aseguró que le dará dinamismo interno a la economía y que es necesario apostar a las empresas nacionales para que se estimulen la generación de empleos, el incremento del salario real y el consumo de productos básicos.

“Estimo que se está produciendo un giro en la vida nacional. Hubo señales negativas de hiperprudencia que cambiaron con el anuncio de la semana pasada. El país no está en crisis por lo que se debe corregir y hacer ajustes”, afirmó.

Abdala dijo que el Pit- Cnt siempre apuesta al diálogo y aseguró que ahora “la pelota la tiene el Poder Ejecutivo”.

Las pautas salariales fijadas por el gobierno indican que para las ramas más dinámicas de la economía, aquellas que crecen por encima del 4% anual, el ajuste salarial sea de un 10% el primer años, 9% el segundo y 8% el tercero; para los sectores que crecen por debajo de ese 4%, los ajustes serán de 8%, 7,5% y 7%; mientras que la propuesta de ajuste para las categorías en crisis, comienza con 8%, luego 6,5% y 6% para el tercer año. 

Caras y Caretas Portal a Abdala, sobre el por qué los trabajadores ven con resquemor la propuesta gubernamental. El dirigente contestó: “En primer lugar, los ajustes de las pautas salariales son de carácter nominal y, por lo tanto, están desvinculados de la visión en la que nosotros hacemos hincapié, en esa que toma como referencia el 100% del IPC para que el trabajador no vea mermado su poder de compra. Esa desvinculación con el IPC termina convirtiéndose en una lotería en relación al salario real porque se puede corregir recién a los dos años, siempre y cuando el ajuste fuera inferior a la inflación. Y ahí se puede presentar otro problema, porque no tenemos garantías de que a mitad de esos dos años no se deteriore el poder de compra. En segundo lugar, las ramas se deben autoclasificar entre un sector en problemas, un sector medio o un sector dinámico. ¿Qué es eso? Una complicación, ya que puede llevar gran parte de la negociación decidir en qué sector está clasificado cada grupo.

Copsa y taxis tienen servicio de emergencia

No hay clases, ni bancos; hospitales solo urgencias

La paralización es total en todo el país. No hay actividad bancaria y los institutos de enseñanza permanecen cerrados. El transporte, que comenzó a mermar anoche, se ve reducido a la mitad y los taxis han puesto a disposición vehículos para situaciones de emergencia. La atención en hospitales se remite a los casos de urgencia.

Transporte
Las últimas salidas de las líneas urbanas y suburbanas fueron a las 20:29 de ayer. Los ómnibus suburbanos con recorridos mayores a 32 kilómetros tuvieron las últimas salidas a las 19:39 horas.

Los ómnibus interdepartamentales e internacionales dejaron de salir desde las 19:00 horas.
Los taxis pararon desde la medianoche y durante toda la jornada del jueves, aunque habrá servicios de emergencia según indicó la patronal, sobre todo, en relación a traslados de urgencia por motivos de salud, etc.

Educación
Los gremios de maestros, docentes de secundaria y funcionarios no docentes paran hoy toda la jornada. Lo mismo a nivel de la Universidad. De igual modo lo hace el sindicato de la enseñanza privada.

Bancos
Los trabajadores de AEBU adhieren al paro y no hay atención en ninguna de las entidades bancarias.

Salud
Los servicios de atención en ASSE se verán afectados por 24 horas. En este caso solo se atienden urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros, en régimen de guardia gremial.

Paralelamente a esta medida de paro general el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) resolvió un paro de 48 horas hasta el viernes.

También adhieren a la medida el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ).

Intendencias
El gremio de Adeom Montevideo decidió no trabajar hoy y lo mismo sucederá con el resto de las intendencias del país.

INAU
En el INAU no funcionan ninguna de las oficinas centrales, tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial a niños, niñas y/o adolescentes.

En los servicios de tiempo completo del INAU y del Sirpa se atenderá a los internos también en régimen de guardia gremial.

Meteorología
La Dirección Nacional de Meteorología, paró desde las 19 horas del miércoles y lo hará hasta las 19 horas de hoy.

Solo se mantendrán con una guardia gremial las actividades que tienen que ver directamente con la seguridad humana, como comunicación con Control de Tránsito Aéreo y se emitirá información en caso de vuelos en emergencia y vuelos sanitarios.

Ministerios
Todos los ministerios ven afectadas sus actividades el día de hoy. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad no atienden al público durante toda la jornada de hoy.

El Ministerio de Educación y Cultura no atenderá al público durante toda la jornada en la mayoría de sus servicios, ni tampoco habrá transmisión en Televisión Nacional.

Otros servicios que tampoco funcionan hoy son la Biblioteca Nacional, el Registro Civil, y Registros Públicos por lo que no habrá atención al público durante toda la jornada. La Dirección Nacional de identificación Civil no detendrá sus actividades el día de hoy.

En el Ministerio de Economía y Finanzas el paro de la mayoría de las unidades ejecutoras será de 24 horas.

En la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas no se realizarán sorteos, ni tampoco funcionarán los casinos. También se verán afectados los servicios en Aduanas, Contaduría General de la Nación y la DGI.

Supergas, supermercados y seguridad
Todo lo que sea servicios y comercios que no sean de orden familiar se verán afectados, informó la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) . Sobre el reparto de supergás dijo que se va a ver paralizado y que quedarán solamente las camionetas privadas y los distribuidores familiares. Lo mismo pasa con los servicios de seguridad, según el sindicato.

Media flota circulará entre Montevideo y Canelones

Copsa: servicio de emergencia
Copsa comunicó ayer a la opinión pública que está prevista la realización de un servicio de emergencia. El servicio de emergencia implementado comenzó a funcionar ayer desde la hora 20.30, e implica que aproximadamente un 50% de la flota esté circulando entre los departamentos de Montevideo y Canelones. Las unidades que circulan son operadas por propietarios/accionistas y funcionarios no afiliados. El servicio será retomado con normalidad a partir de la hora 3.30 de la madrugada de este viernes. 

Presidente del PIT-CNT: “No hacemos paro por gimnasia o para entrenar el músculo” Agosto 6, 2015 13:01 El Observador

La central sindical resaltó la necesidad de reducir la brecha entre ricos y pobres 

M.I. Hiria
La central sindical de trabajadores PIT-CNT realizó este jueves una conferencia de prensa en la que argumentó una vez más los motivos que llevaron a la concreción de un paro general, luego de siete años sin tomar una medida de este tipo. “Este fue el paro más potente” y el de “mayor acatamiento democrático”, expresó el presidente de la central obrera, Fernando Pereira.

“No hacemos paro por gimnasia, para entrenar el músculo”, comenzó diciendo ante el auditorio el presidente. “¿Cómo no se va a apoyar el querer achicar la brecha entre ricos y pobres en Uruguay?”, se preguntó y argumentó que la intención del movimiento no es “romper el bloque social de los cambios ni torcer el brazo a nadie”, sino que es un movimiento ideológico de clases que tiene como objetivo una sociedad sin “explotados y explotadores” y cuya batalla está en lograr que los cambios se profundicen.

En esa línea, defendió la necesidad de aprobar una ley que determine mayores impuestos a viviendas vacías para así disminuir el precio de los alquileres; y una ley de insolvencia patronal, que obligue al empresario depositar parte de sus ganancias para poder pagar luego sueldos en situaciones de dificultad económica.

“No hacemos paro por gimnasia, para entrenar el músculo”, dijo Pereira

El dirigente dijo que se el PIT-CNT precisa una “señal clara” por parte del gobierno en cuanto a políticas salariales y que por esa razón espera que el viernes en la reunión del Consejo Superior Tripartito el gobierno muestre plantee pautas que garanticen “negociar con el 100% del IPC y crecimiento salarial”. “No vamos a firmar ningún convenio colectivo que no garantice el salario de los trabajadores”, advirtió.

De todos modos, el secretario general de la central, Marcelo Abdala, advirtió que los mensajes emitidos por la administración por el momento son de “carácter negativo en tiempos peculiarmente complejos”.

“No vamos a firmar ningún convenio colectivo que no garantice el salario de los trabajadores”, dijo Pereira.

Con respecto a las primeras señales emitidas por el gobierno, Abdala puso como ejemplo el discurso “excesivamente hiperprudente”, la decisión de suspender las obras del proyecto ANTEL Arena o la “congelación del salario real de los trabajadores en el instante que se aplica el correctivo en el IPC”.

Interpretó estas decisiones como “peligrosas” puesto que pueden convertirse en “profecías autocumplidas”. Luego hizo referencia a un cambio en el tono de esas señales, con los anuncios de inversiones y el discurso de que “el país no está en crisis”.

“Esos cambios no hubieran ocurrido si no hubiera sido por la lucha del movimiento sindical. La sociedad se pronunció de forma amplísima ante un gobierno de izquierda que ya no gestiona expansión y crecimiento. El planteo ahora debe ser poner en línea planteos del ejecutivo con estas otras señales que acaban de desarrollar”, manifestó.

Ausencia
En el discurso de la central sindical también se hizo alusión al video difundido este jueves en el que se muestra al vicepresidente del PIT-CNT, Joselo López -que no participó de la conferencia- presenciando cómo más de una decena de trabajadores reducían a dos jóvenes, quienes recibieron golpes.

Pereira manifestó que “cualquier acto de violencia es condenado y si un trabajador le pegó a un menor en el piso claramente recibe una condena”. Asimismo, dijo que la ausencia del vicepresidente no se corresponde con una decisión política de mantenerlo al margen.

Por su parte, Abdala dijo que si bien el gremio “deplora” lo que se muestra en las imágenes, pedirá a la Justicia que investigue los hechos así como también la divulgación del video por parte de los medios de comunicación, puesto que, según expresó, los jóvenes que aparecen son menores de edad.

Pereira también contó que en los días previos a la difusión del video, se estaba trabajando en la construcción de un espacio del que participe el PIT-CNT, el INAU, el SIRPA y el sindicato, para definir un protocolo de actuación para los casos que involucren a los menores privados de libertad.

A pesar de haber hecho referencia al tema, concluyó que “nada para a un millón de personas parando”.



PARAGUAY
Víctimas de la dictadura rechazan demolición de la Comisaría Tercera 
Resumen Latinoamericano / E’a / 6 de agosto de 2015 – 

Centro de detención y tortura fue echado abajo a pesar de recomendación de la Comisión de Verdad y Justicia (CMV) conservar estas instalaciones como sitios de memoria y conciencia.

La Mesa de Memoria Histórica –que aglutina a víctimas de la dictadura, familiares de desaparecidos y defensores de los derechos humanos– manifestó su rechazo a la demolición intempestiva de parte de la sede de la Comisaría Tercera de Asunción, donde fueron detenidos y torturados connotados opositores al régimen de Alfredo Stroessner.

La organización pide respeto a estos sitios históricos y de conciencia y ratifica que el Estado y las autoridades de tienen la responsabilidad de respetar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia (2004-2008) y de diversos organismos internacionales, así como de víctimas de la dictadura, sobre la preservación de estos lugares como respeto a la memoria de tantos luchadores y luchadoras que han sufrido prisión en dicho sitio y como una muestra de un pasado que no debe volver a repetirse, expresan en un pronunciamiento firmado por el coordinador Antonio Pecci y el secretario Dionisio Gauto.

En este sentido mencionan como ejemplo de la falta de compromiso de las autoridades con la conservación de la memoria el actual Penal de Emboscada, cuyas antiguas celdas de lo que fuera el Campo de Concentración de presos políticos (1976-1980) fueron reducidas a escombros a pesar del expresa solicitud de las víctimas del terrorismo de Estado porque el sitio sea conservado.

También advierten sobre el peligro que corren el ex local del Departamento de Investigaciones, sobre la calle Presidente Franco, así como el antiguo penal de presos políticos de Abraham Cue, en San Juan Bautista de las Misiones, que han sido debidamente identificados para su preservación.

Sin embargo, las instituciones responsables no han dado un tratamiento serio a estos pedidos y pueden correr la misma suerte, indican.

Varias organizaciones criticaron al gobierno de Horacio Cartes por supuestamente intentar borrar los sitios de memoria y minimizar los crímenes cometidos por la dictadura.

La discusión llegó hasta el Parlamento, donde a pedido del Frente Guasu se elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional.


PARAGUAY
Comunicarán a la ONU atropellos contra la libertad de expresión en Paraguay
Resumen Latinoamericano / E’a / 6 de agosto de 2015 – 

Organización internacional señala que además de las omisiones y la impunidad generadas por la inacción de las instituciones, existe una violencia ejercida por el propio Estado contra los periodistas.

La red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) realizó una misión en Paraguay en mayo de este año y que elaboró un informe sobre la situación de la prensa y los periodistas en Paraguay. El resultado será comunicado durante el examen periódico universal 2016 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y algunas de las situaciones verificadas son la impunidad respecto a la violencia y crímenes en contra de periodistas y radios comunitarias.

El informe menciona que “el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) lleva un registro de 17 periodistas asesinados desde 1991. Todos estos crímenes permanecen en la impunidad. Desde el 2013 se ha dado una escalada en los asesinatos de periodistas. Desde febrero de ese año hasta el 17 de junio 2015 se registran 7 asesinatos, es decir un 40% de todos los casos de periodistas asesinados ocurrieron en los últimos 2 años y medio”, expresa el documento.

A esto se añade las agresiones policiales que sufrieron varios periodistas durante las coberturas y la violencia estatal contra las radios comunitarias. Relata, asimismo, que la situación de impunidad promovida desde el Estado se evidencia en que, según pudieron comprobar en las reuniones con autoridades en mayo de 2015, el Ministerio Público ni siquiera tenía una lista de los periodistas asesinados y que al ser requeridos posteriormente entregaron al SPP solo una lista parcial con ocho casos.

“El ejercicio de la libertad de expresión en Paraguay enfrenta obstáculos y retos en distintos niveles. El quebrantamiento de este derecho fundamental se manifiesta a través de: la violencia y asesinatos de periodistas; la forma en la que se regula el espectro radioeléctrico; la concentración de medios de comunicación; la supervisión estatal de la publicidad oficial; y el acceso a la información pública. Todos estos elementos funcionan como un sistema que limita el ejercicio de la libertad de expresión reconocido en su carácter dual: el individual, y el colectivo, ya que limitar la libertad de expresión no solo afecta a las personas, sino que también impacta el derecho a la sociedad de estar informada”, añade el informe.

También hace referencia a la Ley de Telecomunicaciones vigente actualmente, que limita la capacidad de las radios comunitarias a un mínimo alcance y prohíbe toda forma de publicidad, inviabilizando de este modo su funcionamiento, así como el manejo discrecional de la publicidad oficial y la utilización como una forma de coacción.

La misión subraya que las acciones de las instituciones del Estado, por acción u omisión, también obstaculizan el ejercicio de la libertad de expresión. Esta situación –prosigue–, que favorece la violencia e impunidad de crímenes en contra de periodistas, se explica por la inefectividad del sistema de justicia, la penetración de corrupción en las instituciones estatales y la violencia de Estado, a lo que se suma el incumplimiento de funciones de parte de organismos como la unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, que no investiga ni mucho menos sanciona atropellos y abusos cometidos por las fuerzas del Estado.


Comunicado a la opinión pública de los campesinos y campesinas acusados en el juicio de Curuguaty
Resumen Latinoamericano / 03 de agosto de 2015 – 

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
Nosotros, los acusados y acusadas por el caso de la masacre de Marina Kue, queremos comunicar a toda la sociedad lo siguiente:

Hemos decidido renunciar a los abogados de la defensa el Dr. Vicente Morales y el Dr. Guillermo Ferreiro. Ellos tienen abierto un sumario administrativo sobre su ejercicio en nuestra defensa. Nosotros creemos que eso iba a dificultar que pudieran defendernos en el juicio de forma adecuada. No queremos que por defendernos a nosotros ellos terminen arriesgando su matrícula.

Agradecemos sinceramente el trabajo que ellos realizaron a favor nuestro durante estos tres años que está llevando nuestra causa judicial. Pensamos además, que si la Justicia pone en sospecha el ejercicio de nuestros abogados defensores, nosotros tenemos motivo para sospechar que no existe imparcialidad de la Justicia en nuestro juicio. Pedimos también el apoyo y el acompañamiento de toda la sociedad y de todas las personas que quieran un Paraguay más justo: pedimos que nos acompañen los días que dure el juicio, que puedan informarse y ayudar a informar a otros sobre la causa Marina Kue y que con sus oraciones nos den la fuerza y la bendición de Dios.

Nosotros, los acusados y acusadas, somos paraguayos que hemos ocupado una tierra que está destinada al uso de la Reforma Agraria (Expte.1355/2004).

La tierra de Marina Kue es del Estado defendámosla entre todos! 
RUBEN VILLALBA

FELIPE BENÍTEZ BALMORI

ADALBERTO CASTRO BENÍTEZ

NÉSTOR CASTRO BENÍTEZ

ARNALDO QUINTANA PAREDES

DOLORES LÓPEZ PERALTA

MARÍA FANI OLMEDO PAREDES

LUIS OLMEDO PAREDES

LUCIA AGÜERO ROMERO

JUAN CARLOS TILLERÍA CÁCERES

ALCIDES RAMÓN RAMÍREZ PANIAGUA


PARAGUAY.
Recusación a jueces vuelve a suspender juicio por la matanza de Curuguaty

Paraguay juicio 
Resumen Latinoamericano/Última Hora, 3 de agosto de 2015 – 
El juicio oral y público por la matanza de Curuguaty volvió a suspenderse este lunes tras la recusación contra los jueces del Tribunal de Sentencia. La defensa de los campesinos acusados sostiene que los magistrados ya preopinaron sobre el caso.

El abogado Víctor Azuaga presentó un escrito recusando a los jueces del Tribunal de Sentencia al considerar que preopinaron en el caso cuando la defensa solicitó mayor tiempo para tener conocimiento de los expedientes de la investigación fiscal.

Este hecho ocurrió el pasado martes cuando el profesional del derecho tomó la defensa de 11 campesinos acusados por la matanza de Curuguaty. Un día antes, los labriegos decidieron renunciar a sus antiguos abogados por desconfianza.

Azuaga había planteado un recurso de reposición contra el exiguo plazo de tres días otorgados por el Tribunal de Sentencia, que conformado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero.

Sin embargo, los magistrados se ratificaron en su decisión y presidente del Tribunal, Ramón Trinidad Zelaya argumentó que no podían dar mayor tiempo porque “la prensa y la gente pedían una sentencia”, expresiones que son consideradas como una preopinión.

La defensa también agregó que los demás integrantes, Benito González y Samuel Silvero avalaron lo expresado por el presidente con su silencio.

El juez Zelaya dijo que la recusación no tiene argumentaciones fundadas y darán las explicaciones debidas cuando remitan su informe Tribunal de Apelaciones, en un plazo de 24 horas.

Son 13 los campesinos acusados por la Fiscalía de delitos que van desde asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso. Los procesados por esta última causa se exponen a condenas de hasta 25 años de cárcel.

A tres años de aquel fatídico 15 de junio del 2012, cuando 11 campesinos y 6 policías perdieron la vida en un inmueble ubicado en Marina Cué, Curuguaty, departamento de Canindeyú, el juicio oral y público del caso no logra avanzar.

Uno de los principales ejes de la investigación fiscal se basó en que los efectivos policiales fueron emboscados por campesinos durante un operativo de desalojo llevado adelante en la propiedad del fallecido empresario Blas N. Riquelme, en Marina Cué, Curuguaty.

Pero muchos juristas, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales consideran que esta es una investigación parcial y sin objetividad. Argumentan, entre otras cosas, que solo se recolectaron datos sobre la muerte de policías y no así de los labriegos. 

Señalan que la investigación fiscal tampoco tuvo en cuenta las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales a campesinos, una vez culminado el tiroteo aquel día. Un total de 60 campesinos estaban apostados en ese inmueble, incluyendo a niños y mujeres.

Los labriegos aseguraban que las 2.000 hectáreas de Marina Cué eran del Estado paraguayo porque en 1967 la empresa La Industrial Paraguaya S. A. donó las tierras a la Marina paraguaya y, posteriormente, en el 2004, fueron declaradas de interés social para la reforma agraria.

Sin embargo, la empresa Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, se había apropiado de las tierras y las reclamaba bajo la figura de la usucapión. El Estado paraguayo litiga por recuperar la propiedad, pero la Justicia todavía no lo resolvió.

Es la Corte Suprema de Justicia la que debe decidir finalmente a quién pertenece dicho inmueble. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) aseguró en reiteradas ocasiones que esas tierras pertenecen al Estado.



Otro pacto espúreo: Tabaré Vázquez y Horacio Cartes acuerdan cooperación en áreas energética y militar 
Resumen Latinoamericano /Agencias/ 31 julio 2015.- 

El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga y el subsecretario de Relaciones Exteriores del Uruguay, José Luis Cancela, acordaron este jueves en la Cancillería Nacional, cooperación en áreas energética y militar, en el marco de la visita que realiza el viceministro uruguayo al país.

Uno de los instrumentos firmados es el “Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, que crea la Comisión Bilateral de Integración Energética”.

La Comisión Bilateral constituye una alianza estratégica a los efectos de preparar propuestas que hagan posible la integración energética entre Paraguay y Uruguay.

La Comisión tendrá a su cargo el estudio de estrategias comunes, así como el análisis de propuestas, con miras a lograr los mejores términos y condiciones técnicas, operativas y comerciales, económicamente viables, para la concreción del objetivo estipulado en este Memorándum de Entendimiento.

La Comisión será coordinada y presidida por los Ministerios de Relaciones Exteriores, con participación de las entidades directamente involucradas en la materia.

El otro documento firmado es el “Memorándum de Entendimiento entre Paraguay y Uruguay”, tiene como finalidad de servir de base para la participación conjunta de sus Fuerzas Armadas en actividad operacional dentro del contingente de las Fuerzas Armadas Uruguayas, en la misiones bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El presente memorándum entendimiento se inscribe en el ámbito de los lazos de amistad y cooperación que caracterizan la relación de sus Fuerzas Armadas, contribuyendo para el cambio de experiencias relacionadas a las operaciones militares de paz y para el fortalecimiento de la confianza mutua entre las dos naciones.

Las partes designan al Ministerio de Defensa del Paraguay y al Ministerio de Defensa del Uruguay como sus respectivos ejecutores del presente memorándum de entendimiento. 

Luego de la firma e intercambio de documentos, el ministro Loizaga expresó que “en este acto estamos cumpliendo un mandato que hace semanas nos impusieron ambos jefes de Estado, el presidente Tabaré Vázquez y el presidente Cartes, lanzar en todo lo que implique cooperación y la integración entre Paraguay y Uruguay”.

“Hoy estamos firmando un acuerdo que, como lo suele decir el presidente Cartes, tenemos que materializar el principio de integración y solidaridad, no debe figurar solamente en los papeles, sino que tiene que bajar al terreno”, refirió Loizaga.

Asistieron al acto el general Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa Nacional; viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores, directores generales, directores y funcionarios de la Cancillería.


 Familiares y organización de mujeres campesinas dan su versión sobre Masacre de Curuguaty 
Conamuri habla de sentencia prefabricada en juicio del caso Curuguaty
Resumen Latinoamericano, E’a, agosto 2015.- 

La Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) emitió este domingo un comunicado a la opinión pública donde advierte de una sentencia prefabricada para inculpar a los campesinos en el caso de la masacre en Curuguaty.

La instancia resolutiva del caso Curuguaty se reanudará este lunes 3 de agosto, en un contexto de “extrema desconfianza por parte de la sociedad paraguaya hacia el aparato judicial”, según manifiesta el comunicado de la Conamuri.

La organización señala que ya se cuenta con una sentencia prefabricada para inculpar a los campesinos que llevan más de tres años “soportando injusticias y afectaciones varias contra sus derechos humanos y procesales”.

También se afirma en el escrito que el Ministerio Público tuvo un deficiente desempeño, que concluyó en la “presentación de elementos probatorios francamente ridículos y en declaraciones testificales parcialistas”.

Por último, la Conamuri indica que: “La sentencia que arrojare el tribunal competente solo será justa y coherente con el Estado de Derecho si decidiera la anulación de todo el proceso judicial por aberrante y por varias veces viciado”.

El juicio por el caso de la masacre en Curuguaty continuará este lunes 3 de agosto. Son 13 los campesinos acusados por la Fiscalía de delitos que van desde asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso. Los procesados por esta última causa se exponen a condenas de hasta 25 años de cárcel.

Las acusaciones del fiscal Jalil Rachid son cuestionadas por organizaciones sociales que argumentan que solo se procesó a los labriegos y no a los policías. El 15 de junio del 2012 fallecieron 11 campesinos y 6 uniformados en un operativo de desalojo en Marina Cué, a pesar de que la orden era de allanamiento.



Familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty desmienten al Indert
Califican de “disparate” el anuncio hecho por el presidente del Indert, Justo Cárdenas, sobre el supuesto traslado de los ocupantes de Marina Cue a un inmueble ubicado en Alto Paraná.
E’a agosto 1, 2015 
Familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty desmienten y califican de “disparate” el triunfal anuncio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de que el caso Marina Cue terminaba con “final feliz” con la supuesta aceptación de los ocupantes de ser trasladados a un inmueble de 350 hectáreas en el departamento de Alto Paraná. Esto a cambio de renunciar del reclamo de recuperación de las 2.000 hectáreas de tierras del Estado que usurpa la empresa Campos Morombí, propiedad del Grupo Riquelme, fundado por el fallecido político colorado Blas N. Riquelme, en el departamento de Canindeyú.

“Es un disparate. Ni soñando vamos a renunciar a las tierras donde murió nuestra gente”, expresó Martina Paredes, de la comisión Yvy Ñande Rekove y hermana de Fermín y Luis Paredes, fallecidos en la masacre.

Paredes señaló que estas personas que conformaron la comisión Naranjaty 2 no son de Yvypytã y que si bien comprende que se trata de personas humildes que necesitan tierra, afirma que están manipulados por políticos que buscan sacar provecho y dividir a los familiares de la masacre para desistir de la demanda de recuperación de las tierras en las que fallecieron 17 personas el 15 de junio de 2012.

A raíz de las dilaciones y mentiras del gobierno, un grupo de labriegos decidió a fines de junio reingresar al lugar donde fallecieron sus familiares reafirmando la demanda de tierra, justicia y libertad para los campesinos acusados por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa y que enfrentan un proceso repleto de irregularidades, empezando por la parcialidad manifiesta del fiscal Jalil Rachid, quien es allegado político de la familia Riquelme.

“Final feliz”
Un reporte de prensa del Indert señala que gracias a las gestiones del titular del ente agrario, Justo Cárdenas, las 95 familias ocupantes de las tierras conocidas como Marina Cué serán trasladadas “en cualquier momento” a una parcela de 350 hectáreas ubicada en la colonia “8 de Diciembre”, Itakyry, Alto Paraná.

“Llegamos a un final feliz, luego de un gran esfuerzo, principalmente a nivel judicial donde obtuvimos el interdicto para retomar la posesión de esas tierras que estaban en manos de no sujetos de la reforma agraria”, indicó Cárdenas.

La gacetilla también cita a los supuestos dirigentes de los sintierras, Norberto Rolón y Jorge Ovelar, quienes manifestaron su conformidad con el “trueque” y agradecieron a Justo Cárdenas y al presidente Horacio Cartes por su “sensibilidad social”.

La masacre de Curuguaty: síntesis de la lucha por la tierra en el Paraguay
Agosto de 2015
Envío:ResumenLatinoamericano