Resumen Latinoamericano, 24 octubre 2019.-
Lo que empezó como una protesta por el aumento del precio del transporte público ha derivado en Chile en una movilización como no se recuerda en esa república desde los tiempos en que se luchaba contra la dictadura del general Augusto Pinochet. El gobierno, en aparente bloqueo y habiendo sacado a los militares a las calles, busca una solución, sin embargo, todo indica que la actual es una crisis estructural. Hasta ahora se contabilizan, al menos, 18 muertos confirmados por el gobierno. Muchos piensan que una reforma ministerial en profundidad, aunque deseable, dicen ciertos analistas, quizá no sea suficiente para encauzar la situación. En las calles y en determinados círculos se habla de abrir un proceso constituyente.
La actual carta magna chilena data de 1980. Fue aprobada durante la dictadura militar, aunque ha sido reformada muchísimas veces. Los sectores más conservadores, muchos de raigambre pinochetista, temen que la actual situación de tensión desemboque en un cambio constitucional de corte socialista o de inspiración chavista.
A las 06.00 hora chilena, se levantó ya el toque de queda instaurado desde el pasado fin de semana en varias ciudades, regiones y provincias y que volverá a establecerse al anochecer.
El presidente Sebastián Piñera dio marcha atrás a la subida de tarifas del transportes, pero la llama ya estaba prendida y las protestas y tumultos no se atenuaron. Después, lanzó una serie de propuestas de mejora del salario mínimo y las pensiones que tampoco sirvieron para frenar la movilización en las calles. Respecto al levantamiento del estado de alarma, el inquilino de la Casa de la Moneda afirma que antes que hacerlo hay que “ser prudentes”, a pesar de que en algunas áreas del país podría estar empezando a dar señales de apaciguamiento.
Son muchos los analistas que coinciden en que uno de los problemas con que se enfrenta el ejecutivo de Piñera es que el movimiento contestatario carece de un portavoz. “Es un movimiento que no tiene liderazgo y no tiene orgánica”, afirma el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Chile, Rodrigo Pica.
“Chile vive, bajo mi punto de vista, una crisis de expectativas. El nuevo gobierno en su campaña electoral prometió cifras de crecimiento altísimas. Los cambios sociales, en cambio, quedaron abandonados, aunque se anunciaron contrarreformas”, añade el profesor. “Sin embargo, el costo de la vista está cada vez más alto, la educación es muy cara, al igual que la salud”, añade. Sin olvidar el transporte origen del estallido social.
Aunque las protestas arrancaron con un desafío de los colectivos estudiantiles que empezaron a colarse en el metro en señal de protesta contra la subida de tarifas, esa acción deliberada contra el pago del billete se extendió muy rápidamente a todos los estratos sociales y profesionales. “Claramente, el gobierno no supo ver que ese fenómeno no se quedaría ahí”, afirma Pica. “Hay protestas incluso en barrios de Santiago de clases acomodadas. Se reclama más justicia social”, subraya.
Esa transversalidad es una de las grandes novedades del movimiento contestatario que hoy se moviliza en Chile. El estado de alarma decretado por el gobierno, ese que permite que los militares asuman competencias en seguridad ciudadana y que se limite la libertad deambulatoria, rige en estos momentos en más de la mitad del país.
“La instauración del estado de alarma fue una respuesta del gobierno muy poco gradual y la admisión de un gran fracaso. El recuerdo de los militares en las calles para aquellos que éramos niños en los años 80 (dictadura del general Pinochet) es algo muy sensible”, comenta el profesor Pica .
La fiscalía chilena está recopilando información sobre supuestos abusos contra civiles que hayan podido cometer militares o policias en varios puntos del país.
Abogados de la Universidad de Chile denuncian torturas y detenciones ilegales en manifestaciones
Resumen Latinoamericano* / 24 de octubre de 2019
Estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho, junto con organizaciones sociales, presentaron este jueves una Defensoría Jurídica para ayudar a víctimas de la violencia policial y militar ocurrida durante las manifestaciones.
Estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho presentaron este jueves la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que desde el pasado fin de semana ha trabajado para resguardar los Derechos Humanos de las personas que participan de las manifestaciones ocurridas en distintos lugares de Chile.
La instancia cuenta además con el trabajo de organizaciones como la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la Corporación 4 de Agosto, Londres 38 y la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Según explicaron, los integrantes de la Defensoría Jurídica han trabajado desde el pasado sábado en comisarías, hospitales y centros de detención en diferentes zonas de Santiago, donde han constatado torturas, detenciones ilegales y otros atropellos a los DD.HH.
“Creemos importante visibilizar lo que está ocurriendo en el país, en las calles y hospitales. No hemos detenido nuestro trabajo durante estos días y no pretendemos hacerlo”, advirtió Vicente Bustos, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho.
Por su parte, el académico Tomás Ramírez subrayó que han observado “situaciones especialmente graves, que se derivan precisamente del uso no proporcional y progresivo de la fuerza, que va en contra del supuesto objetivo de mantener el orden público”.
Tomás Ramírez
En ese sentido, detalló que ha habido “un número importante” de detenciones ilegales a personas que no habían cometido delitos, sino que solo se manifestaban. “Tenemos casos especialmente graves, donde se ha detenido personas dentro de sus domicilios o personas que, entrando a sus domicilios, son víctimas de la violencia policial, que es física y sicológica”, especificó.
Asimismo, dijo, la instancia ha detectado vulneraciones al debido proceso, con limitaciones en comisarías y centros de detención al trabajo de abogados y observadores de DD.HH., “con información dada por personal de Carabineros donde se indica que existe una instrucción de no dejar ingresar a los centros de detención”.
Tomás Ramírez dio cuenta además de problemas en centros de salud y de casos que involucran a menores de edad, personas en situación de calle y migrantes. “Tenemos el caso de menores de edad con el cuerpo lleno de perdigones, que han sido disparados de manera indiscriminada. Por lo tanto, también hay vulneraciones específicas a grupos especialmente vulnerables”, afirmó.
“También tenemos casos donde personas no identificadas, vestidas de civil pero con balizas en al auto, han disparado de manera indiscriminada a un grupo de periodistas que se encontraba en la comuna de Ñuñoa”, agregó.
Foto @Tito Carreño
En esa línea, dijo que han ocurrido casos donde la violencia policial busca castigar a las personas por participar de las manifestaciones: “Esos son casos de torturas. Carabineros y la fuerza militar están autorizados para ejercer de manera progresiva y proporcional la fuerza, a fin de que se resguarde el orden público. Cuando una persona es desnudada en una comisaría, cuando es golpeada a pesar de estar en el piso, sin oponer resistencia, cuando es quemada para castigarla, eso es tortura. Hemos encontrado una serie de casos donde, además de la detención ilegal y las lesiones, se han practicado acciones contra el cuerpo, para que la persona sienta dolor y sea castigado por participar de manifestaciones”, explicó.
Finalmente, la abogada Natalia Bravo dijo que Abofem ha constatado “vulneraciones a las garantías sexuales de las mujeres, humillaciones, vejaciones y desnudamiento forzado de mujeres; hacen que se pongan en cuclillas como si estuviesen buscando drogas, ciudadanas simples y corrientes que están en la calle con una cacerola”.
Bravo dijo que cuentan con al menos 15 denuncias que están siendo procesadas para presentar querellas y alertó que la violencia de Estado ha ido “en alzada” durante las protestas.
“Lo que hacemos es un llamado al Gobierno a entregar información que hasta este minuto se nos niega: listas de detenidos, cómo y dónde están, si recibieron asistencia médica, si recibieron asistencia hospitalaria. Estamos en un Estado de Derecho, no hay guerra. La situación en la que nos encontramos debe acabar y esperamos que haya respuestas claras respecto de las mujeres y la ciudadanía completa”, concluyó.
Radio UChile
Resumen Latinoamericano* / 24 de octubre de 2019
La moción de las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola debió verse el martes recién pasado, sin embargo, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos abandonó el debate, aplazando la discusión para este jueves.
Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por 88 a favor y 24 en contra el proyecto legislar una reforma que rebaje la jornada laboral a 40 horas.
Esto, luego de que el martes recién pasado, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos abandonara el debate, aplazando la discusión de la iniciativa presentada por el Partido Comunista.
En esa línea, la oposición se manifestó a favor de la reforma, subrayando que su aplicación iría en beneficio de los y las trabajadoras, al mismo tiempo que abriría una puerta para impulsar una modernización de las relaciones laborales.
Respecto de ello, la diputada Camila Vallejo cuestionó la negativa del Gobierno a la iniciativa. Asimismo, señaló que las autoridades no han sabido leer y comprender las demandas de la ciudadanía.
“La Ministra y este Gobierno no han sido capaces de ponerse en sus lugares, de preguntarse qué país queremos, queremos personas que vivan y mueran para trabajar, o queremos que sus trabajos sean dignos y que tengan medios para hacer una vida feliz. Creo, que la mayoría de este país, quiere lo segundo. Esto se trata de dignidad humana”.
Pero pese al apoyo existente en la oposición respecto del proyecto, desde Chile Vamos cuestionaron la medida. El diputado UDI, Issa Kort, indicó: “Es un proyecto de ley que no es acorde a la realidad del país. Tenemos que tener esto apalancado a un crecimiento y a un desarrollo, para que todas las empresas, pequeñas, grandes y medianas, puedan acoger esta solicitud para que sea un beneficio para los trabajadores que hoy tienen trabajo, porque este proyecto pone en riesgo a gente que da trabajo y a gente que no da trabajo”.
Pese a la discusión, el diputado vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, señaló que hoy no es el momento para dar este debate. “Me parece un despropósito, absolutamente, oportunista, que estemos en este momento discutiendo esta reforma”.
El parlamentario expresó que, en su opinión, hoy existe una agenda que es prioritaria y en la que no cabe el proyecto sobre la reducción de jornada laboral. “Creo que algunos no han entendido nada de lo que la gente nos ha querido decir”, añadió.
Finalmente, la discusión continuará analizándose, sobre todo, considerando que durante la próxima semana fue suspendida la semana distrital en orden a revisar mayor cantidad de proyectos de ley y cumplir con la agenda social impulsada por el Gobierno, luego del estallido social del viernes pasado.
Dadas las indicaciones realizadas a la moción, el proyecto deberá ser revisado nuevamente en la comisión de Trabajo de la Cámara.
Radio UChile
Trabajadores portuarios del mundo amenazan con cerrar puertos a carga chilena si Piñera no acaba con medidas dictatoriales
Joaquín Hernández / Resumen Latinoamericano / 24 de octubre de 2019
A medida que internacionalmente se va sabiendo de la forma de afrontar del gobierno de Sebastían Piñera a las protestas a lo largo de todo el país, es que crecientemente han surgido voces que llaman a tomar acciones en solidaridad y apoyo al pueblo chileno, desde protestas en las afueras de las embajadas y consulados chilenos en distintas partes del mundo, hasta el llamamiento de un diputado francés Alexis Corbiere, de que su país no participe de la COP25 a realizarse en Chile, si la situación del país no mejoraba.
Del mismo modo, es que los trabajadores portuarios agrupados internacionalmente en la International Dockworkers Council (IDC), con 120 mil trabajadores y 93 sindicatos alrededor del globo, instaron a reaccionar al gobierno chileno exigiendo tanto el fin a la escalada represiva que tiene en estado de emergencia y con toques de queda a gran parte del país, como también instando a acceder por parte del gobierno y el poder político a demandas «totalmente legítimas, especialmente aquellas de reivindicación social, previsión, jubilaciones, salud, educación, servicios básicos como electricidad, agua, y un largo etcétera».
Señalan, en un comunicado reproducido por la Unión Portuaria del Biobío, que de no atender a las demandas antes señaladas, y de no acabar con el toque de queda y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país, se verán en la obligación de bloquear las cargas provenientes de Chile en los puertos en donde tienen trabajadores adheridos a la IDC.
De este modo, se da un ejemplo internacional de ayuda por parte de trabajadores de todo el mundo al pueblo chileno, y una importante medida de presión al gobierno chileno para que tome acciones concretas y acabe con el Estado de Emergencia a lo largo del país.
Resumen*
Envio:RL
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