Resumen Latinoamericano, 17 octubre 2019
Con el auditorio de ATE colmado en su capacidad, se llevó a cabo el debate hacia una propuesta de programa de Gobierno de y para el Pueblo.
El Departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional convocó hoy a la charla-debate ‘Derechos Humanos y Crisis humanitaria: hacia una propuesta de programa de Gobierno de y para el pueblo’. En el panel participaron Hugo ‘Cachorro’ Godoy, Secretario General de ATE Nacional y Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma; Héctor ‘Pelusa’ Carrica, responsable del Departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional; Ángel ‘Lito’ Borello, Secretario de Derechos Humanos de la CTEP; María José Cano, Secretaria General de la Junta Interna de ATE Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, e integrante del Foro por los Derechos de la Niñez; y Jorge Rachid, médico de barrio y del trabajo militante peronista.
La jornada de debate contó con la presencia de compañeros y compañeras de ATE de varias provincias, seccionales, sectores y agrupaciones; de la CTA Autónoma Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal; de la CTEP; del Movimiento Argentina Rebelde; de FM Riachuelo; de la Cooperativa Todo por los Pibes; entre otras organizaciones.
Para abrir la jornada, el Secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, dijo: “En primer lugar quiero mandarles un sincero abrazo, un reconocimiento, valorización y felicitaciones a todas las compañeras que llevaron a cabo este pasado fin de semana, en la ciudad de La Plata, un histórico encuentro del movimiento de mujeres. Desbordaron las calles de nuestra ciudad y demostraron que hay una realidad emergente en nuestra sociedad, que cada día se hace escuchar más y mejor, y que cada día es más protagonista de cambios sociales, culturales y políticos. ¡Felicitaciones compañeras!”
“Cuando salimos a enfrentar a las políticas de ajuste del macrismo, a fines del 2015 y cuando lanzamos en febrero de 2016 una primera gran movilización a Plaza de Mayo en rechazo a los despidos, acompañados por muchas organizaciones hermanas, se dio la campanada para que a lo largo de cuatro años lográramos el mayor de los triunfos: No abandonar las calles. Salimos a denunciar el hambre y la desocupación que se multiplicaban, producto de las políticas genocidas que el FMI sigue queriendo imponer en todos los países de nuestra Latinoamérica. Pero además salimos a decir que tenemos propuestas que desbordan las reivindicaciones sectoriales. En estos años de luchas hubo dos sectores emergentes políticos, sociales y culturales fundamentales: Uno fue el movimiento de mujeres, y el otro fue el de los movimientos sociales, que se estructuran en los comedores, en los merenderos, en las cooperativas. Se trata de las nuevas organizaciones de la clase trabajadora, que la legalidad burguesa se niega a reconocer”, agregó Godoy.
El dirigente además manifestó: “La lucha por los Derechos Humanos es la lucha en defensa de nuestros pibes y pibas, que son los que más padecen el genocidio del hambre. Es también la lucha por el derecho a la vivienda, por el derecho a la tierra para trabajarla. Estamos muy orgullosos de haber compartido con la CTEP, con la CCC y con Barrios de Pie las grandes marchas por Tierra, Techo y Trabajo. Fue a partir de estas luchas que fortalecimos nuestra unidad para llevar adelante la rebelión en las urnas de las PASO del 11 de agosto, y estamos seguros de que el 27 de octubre se va a ratificar el grito de ‘chau Macri, chau FMI’”.
“El encuentro de hoy tiene que ver con asumir el protagonismo en un tiempo de esperanza, que se tiene que dar con organización, movilización, capacidad de propuesta, y fuerza en las calles para sostenerlo. Los grupos transnacionales y el FMI van a querer extorsionar al futuro Gobierno, pretendiendo obligarnos a pagar una deuda externa ilegítima e injusta, pero lo primero que hay que atender es la deuda interna del hambre y la pobreza”, agregó el Secretario General de ATE Nacional.
Por su parte, el responsable del Departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional, Héctor ‘Pelusa’ Carrica, señaló: “ATE fue el primer sindicato en hacer un Paro Nacional contra Macri, el primero en ganar las calles. Y estamos convencidos de que la única garantía para ejercer la voluntad popular es estar organizados primero, y movilizados después. Lo que nos motivó a llevar adelante este debate es el terrible desastre que está atravesando nuestro país con este Gobierno que ha provocado un retroceso de por lo menos 40 años en políticas de Derechos Humanos. Desmantelaron las estructuras de Derechos Humanos, y llevaron adelante una batalla cultural. Basta ver el último debate presidencial, cuando dos sicarios, uno civil y otro ex militar, dijeron barbaridades que mancillaban la memoria de las compañeras y los compañeros desaparecidos, y el avance en Derechos Humanos que representaron los Juicios de Lesa Humanidad”.
“La crisis humanitaria ocurre cuando un Estado no puede atender las necesidades de la comunidad, como está pasando ahora”, definió Carrica, y desarrolló uno de los disparadores centrales de la jornada: “Tenemos un cuadro caracterizado por el aumento de la mortalidad infantil, la desnutrición, el hambre, el desempleo, por la agudización de la violencia de género y los femicidios, con jubilados que no pueden acceder a los medicamentos por el aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo ante la inflación, con un caso de gatillo fácil cada 19 horas que principalmente tiene como víctimas a los pibes pobres”.
Ángel ‘Lito’ Borello, Secretario de Derechos Humanos de la CTEP, confesó: “Siempre, siempre, siempre es una alegría, un honor y un gran orgullo hablar en la casa de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Como decía ‘Cachorro’, venimos de mucho tiempo de caminar juntos, codo a codo, en la calle. Es la unidad que se construye con los que luchan, y en la lucha. Está claro que hay un Gobierno en retirada, pero también está claro que los desafíos de lo que viene nos van a exigir mucho esfuerzo”.
“A nivel mundial estamos atravesando tiempos adversos, por un modelo que genera políticas de descarte. Es decir, ya no sólo el sometimiento tiene que ver con quedarse con una parte de nuestro salario, sino que directamente se construyen políticas para dejarnos afuera. El poder fáctico, cada vez más, no necesita ni siquiera de la institucionalidad de las democracias actuales. Independientemente de que Drácula se vaya de la Casa Rosada, el poder fáctico va a seguir estando y va a seguir ejerciendo su fuerza desde el poder económico, desde el poder financiero, desde el poder multimediático. Y han generado nuevos instrumentos para la represión: Ya no son sólo las fuerzas de seguridad del Estado las que la ejercen. El ejército narco, con el paco y otras drogas, está presente en todos nuestros barrios porque el poder fáctico es cómplice. Porque los poderosos nos metieron en los territorios a esta lacra que rompe el tejido social, que fragmenta a la sociedad, que destruye a las familias y golpea fuertemente a nuestras pibas y pibes”, agregó Borello.
El dirigente de la CTEP también marcó: “Creemos que el Estado y la Democracia deben tener profundas transformaciones. Está claro que esta Constitución ya no expresa el acuerdo que permita la Justicia Social. Esas transformaciones, como en el ’49, se logran cuando hay pueblo en la calle, cuando el sujeto protagónico es poner las patas en la fuente. Como cuando en el 19 y 20 de diciembre de 2001 nos hicimos protagonistas de la historia. Esta Democracia tampoco ha parado las injusticias, las desigualdades, el saqueo a nuestra Patria. Esta Democracia con la que nos dejan meter un papelito en una caja de cartón cada dos años, no alcanza para lograr las transformaciones profundas que tenemos que realizar. Es necesario y urgente que perforemos el techo de la Democracia representativa, y tener un grado de Democracia participativa y protagónica que nos haga constructores todos los días. También necesitamos otro Estado: Un Estado sin burocracia y sin corrupción, que son parte de los modelos de dominación para hacer pomada desde adentro a los gobiernos populares que van recuperando terreno o todavía lo mantienen”.
A su turno, María José Cano, Secretaria General de la Junta Interna de ATE Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, expuso: “En el marco de la convocatoria vengo a compartir la realidad de la niñez en nuestro país, con algunos datos que a nosotros nos permitan pensar cómo avanzar en la construcción de políticas concretas para asegurar los derechos de los pibes y de las pibas. Este año se cumplen 30 años de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y en estos últimos cuatro años del Gobierno de Cambiemos todas las medidas económicas, políticas, sociales y culturales no sólo han aumentado la brecha entre los más ricos y los más pobres, sino que además han marginalizado a una gran parte de nuestro pueblo. Y el grupo que más nos preocupa es, justamente, el de la niñez y adolescencia, que es el grupo etario más afectado por este tipo de decisiones”.
“Hace muy poquitos días conocíamos desde el INDEC las cifras que nos decían que la pobreza por ingreso asciende a más del 50 por ciento, así como la indigencia asciende al 11,3 por ciento. Pero la pobreza en la niñez se mide por las privaciones que se ejercen en el marco de los derechos de los pibes y las pibas. Cuando hablamos de privaciones, hablamos de alimentación, de educación, de salud, de saneamiento, de vivienda”, detalló Cano.
La compañera luego enumeró: “Aunque seguramente ha aumentado, en marzo el 7 por ciento de nuestros niños y niñas no cenaba. Esto viene con la implicancia de que los adultos son los primeros que dejan de comer para poder asegurar el plato de comida para sus hijos o hijas. En la Provincia de Buenos Aires, el 43 por ciento de los pibes y pibas presenta malnutrición. El 38 por ciento depende de los comedores escolares, cuando sabemos que el presupuesto destinado a los mismos es una miseria. Del 78 por ciento de los chicos y chicas que son alcanzados por la educación pública, el 26 por ciento no asiste a clases, y el 47 por ciento presenta déficit educativo. En nuestro país, más de 500 mil adolescentes están fuera de la escuela, y sólo 1 de cada 2 que ingresan logra terminarla en los plazos esperados. El 25 por ciento de los pibes no consultó al médico, y el 54 por ciento nunca fue a un dentista. El 23 por ciento de los pibes y las pibas de hasta 17 años vive en condiciones de hacinamiento y ese porcentaje llega a los 30 puntos en la Provincia de Buenos Aires”.
Para concluir las disertaciones, médico de barrio y del trabajo militante peronista Jorge Rachid instó: “Les pido que lean el testamento político que Perón nos dejó 60 días antes de morir y que se fijen si no tiene vigencia hoy en día. Ese texto, que invito a que busquen, se llama ‘Modelo argentino para un proyecto nacional’, del 1º de mayo de 1974. Nosotros éramos muy jóvenes y no entendíamos una pepa, porque nos dijo cuatro cosas, pero nosotros entendimos tres y de la otra nos cagamos de risa. Nos dijo que el mundo iba a ser de los bloques continentales o países continentales, que se iban a acabar las luchas nacionales: O peleamos con los bloques continentales, o no tenemos masa crítica para la lucha. Países continentales hay cuatro: Estados Unidos, Rusia, China e India, por población. Todo lo demás son bloques: Unión Europea, UNASUR, CELAC, Unión de Países Árabes, Unión Africana. Esto nos lo dijo Perón hace 45 años”.
“También en ese documento, Perón nos dijo que Argentina es el país de los alimentos, del agua dulce –ahí fue que nos cagamos de risa, porque nosotros queríamos hacer la revolución y él nos hablaba del agua-, y de los recursos naturales fósiles y minerales. Y a continuación nos dijo, ese Perón que algunos decían que no le llegaba el agua al tanque, que el imperialismo iba a venir por esos recursos con nosotros, o sin nosotros, y que eso va a depender de la capacidad de los argentinos para defenderlos. Un hecho electoral como el que viene, para los militantes es sólo una batalla. Y ni siquiera es la más importante. Es una batalla que nos puede llevar a recuperar el Gobierno, pero vamos a tener que dar una larga lucha por el poder”, agregó Rachid.
Tras la exposición de los panelistas se abrió el micrófono a distintos compañeros y compañeras que aportaron al debate sobre la temática convocante. Una de las propuestas que se presentó fue la conformación de una Coordinadora contra la Crisis Humanitaria y la Justicia Social, y la puesta en marcha de carpas sanitarias ambulantes, integradas por trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, con la idea de visibilizar las tareas de los estatales y la importancia de las políticas púbicas. Las mismas estarían integradas por enfermeras, para concientizar y hacer controles nutricionales; por trabajadores y trabajadoras de organismos de control sanitario como INTA, INTI y SENASA, para articular con pequeños y medianos productores agrícolas; de Migraciones, de ANSES y Pensiones para asesorar sobre trámites, entre otros y otras.
Prensa ATE
La desocupación en la Ciudad llegó a 10,7% y ya crece más rápido que a nivel país
La desocupación en la ciudad de Buenos Aires alcanzó el 10,7% desde diciembre de 2017 hasta junio de este año y «crece más rápido que a nivel país», de acuerdo con un informe del Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE). Ya hay casi 190 mil porteños desocupados.17/10/2019 16:07:00
Al mismo tiempo que creció la desocupación, se acentuaron las desigualdades que existen en distintas zonas de la capital, con los jóvenes como los más perjudicados, y mayor brecha entre el sur y el norte de la ciudad, indicó el organismo que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
El informe de empleo de agosto, que monitorea el impacto de la crisis en el mercado laboral, en esta oportunidad tiene foco en la crisis que impacta en la Ciudad de Buenos Aires.
El informe de elaboración propia con datos del EPH-Indec, MEyF, MPyT GCBA detalló que en los últimos 18 meses en la Capital Federal se destruyeron 40.300 puestos de trabajo formales, representando de esta manera un cuarto del empleo perdido a nivel nacional (-24%).
«El mercado de trabajo en el distrito más rico del país, también muestra una dinámica recesiva. En este período la desocupación en la Ciudad creció a un ritmo marcadamente superior al nacional. Esto da cuenta que no existen respuestas de política laboral estructurales ni coyunturales a esta problemática de los porteños», dijo el rector de la UMET, Nicolás Trotta.
Señaló que «la tasa de desocupación local alcanzó un 10,7% en el primer trimestre de 2019, el último dato disponible. Son más de 185.000 porteños se encuentran hoy desempleados».
El documento del observatorio que depende de la UMET, detalló que «los jóvenes son los más afectados por la falta de empleo en la Ciudad de Buenos Aires, con tasas de desocupación que superan el 30%».
Por su parte, Paula Español, coordinadora del CEPE, agregó que «en los últimos cuatro años la tasa de desempleo de los porteños de 18 a 25 años se incrementó 5,2 puntos porcentuales, lo que representa más de 70.800 jóvenes buscaban trabajo sin conseguirlo en el primer trimestre de 2019». «Son 18.400 más que cuatro años atrás».
Se observa una importante diferencia de género respecto a quiénes cayeron en el desempleo: mientras que la tasa de desocupación masculina entre los jóvenes porteños se incrementó 3,2 puntos porcentuales, en las mujeres el crecimiento fue de más del doble: 7,5%.
#LaTVPara viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre
Trabajadores despedidos de Clarín denuncian que fracasó el acuerdo con la empresa
Por RedacciónEDA –
Los trabajadores de Clarín y Olé que fueron despedidos hace 6 meses denunciaron que la empresa no cumplió con su promesa de reincorporar personal, tal como estaba acordado. En Twitter, expresaron que tras «los despidos masivos, violentos e injustificados en las redacciones de AGEA, denunciamos que la empresa no cumplió con el compromiso asumido en la mesa de negociación: no gestionó ni una sola reinserción laboral en el Grupo Clarín»
Las palabras de los empleados fueron acompañas por el siguiente video:
#DespidosEnClarin y Olé | Día 185
A 6 meses de los despidos masivos, violentos e injustificados en las redacciones de AGEA, denunciamos que la empresa no cumplió con el compromiso asumido en la mesa de negociación: no gestionó ni una sola reinserción laboral en el Grupo Clarín.
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Conmovedor video de un trabajador de Ribeiro desesperado porque no le pagan: «Mis hijos están cagados de hambre»
Minicuotas Ribeiro sigue pagando los sueldos en cuotas y con demoras. Los trabajadores no aguantan más. Se viralizó un video donde uno de ellos reclama una solución: «Mis hijos están cagados de hambre», les grita a los responsables administrativos.17/10/2019 13:56:00
La situación de la cadena de electrodomésticos Minicuotas Ribeiro que tiene 85 sucursales, con cobertura en 18 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, va de mal en peor. Paga sueldos en cuotas desde enero, tuvo que pedir el procedimiento preventivo de crisis y hubo intentos de reestructuración interna, sin lograr el esperado repunte.
Pide un acuerdo para un retiro con el pago de lo que le corresponde por ley, aunque los responsables administrativos ponen trabas, y dispara: «Me quiero ir! Me quiero ir y arreglar porque la empresa no paga los sueldos y mi hijo está cagado de hambre!».
«Mi hijo está cagado de hambre, no tengo para comprar remedio y vos no lo entendés porque a vos no te pasa», insiste el empleado.
Ribeiro ya cerró locales en San Nicolás y San Luis. Ajustó el metraje de sucursales en Santa Rosa, Roque Saénz Peña, Mar del Plata, Las Varillas, San Juan y Villa Constitución pero no hay soluciones de fondo.
Las razones esgrimidas por los ejecutivos de Ribeiro son las de muchos: la volatilidad de la economía, la suba de costos, la devaluación y también por el cambio de paradigma en la comercialización de este tipo de productos a través de Internet.
Aún así, previo a las PASO, trascendió que Manuel Ribeiro, les recomendó a sus trabajadores apoyar a Mauricio Macri por «supervivencia»: «A alguno de nosotros puede no gustarle Macri, otros pueden desear advertirlo con un voto castigo, pero pensando exclusivamente en los problemas propios, conviene votarlo».
«Con Cristina hacían paros por Ganancias y ahora están haciendo paro porque no tienen para comer»
El líder de la UOM, Antonio Caló, propuso «poner en marcha el consumo» y darle «algo» a la gente para reactivar la economía. Contó que «en cuatro años perdimos 60 mil puestos de trabajo» y reivindicó el Gobierno de CFK.17/10/2019 12:32:00
Antonio Caló, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reveló que su gremio perdió 60 mil puestos de trabajo en los últimos cuatro años y le pidió a Alberto Fernández que le «algo» a la gente para reactivar una economía que todavía no parece encontrar piso.
«En el 2015 llegamos a 230 mil trabajadores y ahora estamos en 170 mil, en cuatro años perdimos 60 mil trabajadores. En estos cuatro años, 3.700 pymes cerraron sus puertas», le dijo Caló a Ámbito Financiero.
Pensando en una salida para la crisis, el metalúrgico remarcó que «hay que poner en marcha el consumo, darle algo a la gente».
«Me acuerdo que, en el 2003 cuando llegó Néstor Kirchner a la presidencia, estábamos peor que ahora y lo primero que hizo fue dar 200 pesos para todo el mundo, suspendió las paritarias y luego, cuando se volvió a las negociaciones salariales, se incorporó dicha suma», recordó quien fuera titular de la CGT.
«Tenemos que tratar que el nuevo gobierno que asuma -que será Alberto Fernández porque no tengo duda que va a ganar por más del 50% de los votos- llame a todos los sectores, como ya lo está haciendo», advirtió Caló.
Respecto de la actualización del convenio colectivo para el sector, hecho que adelantara InfoGremiales, el metalúrgico señaló: «Tengo un convenio de 1975, hay nuevas tecnologías que hay que incorporar. Pero hablando de una reforma laboral con esta ley que está desde el 75, la UOM llegó a tener 60.000 obreros, 230.000 y con esta ley tiene 170.000, así que el problema no es la ley, es la economía».
Por último valoró el Gobierno de Cristina Fernández y marcó las diferecias con la gestión de Mauricio Macri: «Cristina tuvo muchas cosas buenas, en el gobierno de Cristina teníamos muchísimos trabajadores y la gente compraba coches, celulares y hacían paros por el tema del Impuesto a las Ganancias. Ahora están haciendo paro porque no tienen para comer, ¡mira que diferencia que hay entre el gobierno de Cristina y el de Macri!».Compartir esta Nota
Ante la disparada de la inflación, docentes porteños reclaman que se active la cláusula gatillo
Por RedacciónEDA –
Luego de que el INDEC comunicó que la inflación de septiembre fue del 5,9%, el número más alto del año, los docentes porteños agrupados en UTE decidieron reclamarle al gobierno de Larreta que se active la cláusula gatillo que disponen.
El sindicato, que lidera Eduardo López, comentó que en la Ciudad la suba de precios fue mayor que la nacionao: «El nuevo índice de precios por IPC, anunciado por la Ciudad, señaló que la inflación desde febrero hasta septiembre alcanzó el 36,1 por ciento y superó los 29 puntos de aumento».
Y agregó que «ese fue el guarismo de mejora salarial para el mismo período y fue superado. Además, el incremento interanual de precios es de 50,8 por ciento». Vale destacar que las paritarias cerraron con incrementos de haberes del orden del 23% ya que la administración Larreta calculaba en ese índice la inflación. Desde el gremio señalaron que los trabajadores de la educación «no pueden esperar tantos meses para recibir una equiparación salarial, ya que en marzo el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, afirmaban que la inflación de ninguna manera superaría el 23 por ciento anual».
En este contexto, UTE aseguró que es imperiosa una reunión para determinar aumentos salariales para que el salario no pierda poder adquisitivo: «La UTE demanda la inmediata convocatoria a la mesa salarial para que se adelante la aplicación de la cláusula gatillo. Es preciso detener la constante pérdida de poder adquisitivo salarial. También hay que aumentar las asignaciones familiares, congeladas en 270 pesos desde 2012. De lo contrario, Rodríguez Larreta batirá el récord y será el único Jefe de Gobierno que no actualizó el haber familiar durante su mandato».
Nevares: despiden sin causa a 50 operarios
Los directivos de la firma de dulces y galletas Nevares despidieron a 50 operarios. Alegan «fin de temporada» y acumulación de stock. Los trabajadores exigen ser reincorporados. Por ANRed.
El miércoles pasado los directivos de la firma Nevares, dedicada a la producción de dulces y galletas, despidieron sin previo aviso a 50 operarios de su planta ubicada en Carlos Keen. Desde la dirección justificaron los despidos por el «fin de temporada» y por una acumulación de stock.
Los trabajadores se anoticiaron de la decisión el miércoles pasado tras cumplir con su jornada laboral. La noticia les llegó a través de los guardias de seguridad de la empresa, quienes tuvieron la tarea de comunicarle el despido a los 50 operarios. Además, denuncian que la firma suspendía indiscriminadamente desde hacía 3 años.
Uno de los trabajadores despedidos fue consultado por Radio Ciudad de Luján: «Éramos 6 en noche, 20 en la mañana y otros tantos en la tarde por fin de temporada. Hoy cuando entramos estaban paradas las líneas de budín. Si bien se habló de la clausura de Tortuguitas en las ventas, teníamos comentarios de que íbamos a seguir trabajando para hacer stock».
Hace unas semanas, la firma de golosinas fue denunciada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En aquel entonces, el ente controlador prohibió la comercialización de algunos productos por no cumplir con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
Hasta el momento, desde el gremio de la Alimentación no han realizado ningún tipo de declaraciones. Los 50 despidos de Nevares se suman a los de La Nirva en días pasados. Los trabajadores despedidos sin causa exigen la inmediata reincorporación a sus puestos de trabajo.
¿El fin del cine argentino?
El INCAA oficializó la quita del premio incentivo a las distribuidoras de cine nacional. La Cámara Argentina de Distribuidores Cinematográficos ve inviable continuar con el servicio sin el apoyo financiero del Instituto y cesaría el estreno de películas argentinas independientes a partir del 1 de enero de 2020.
Redacción Canal Abierto | Hacer llegar la producción de cine a las salas, conseguir las pantallas y promover las películas que se van a estrenar, son parte de las tareas que tienen las empresas de distribución cinematográficas para que el séptimo arte no quede olvidado en un cajón. Sin embargo, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), mediante Resolución en el Boletín Oficial, modificó sustancialmente a la 981/2013 que aseguraba un apoyo al cine independiente argentino.
En diálogo con Canal Abierto, Manuel García, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos (CADICINE), explicó: “La distribución vive históricamente de una parte de lo que se genera con la venta de entradas. Lo que pasa es que, debido a la falta de regulaciones que hay para proteger al cine argentino en pantalla, como la cuota de pantalla que está escrita y existe pero no se cumple, el cine más independiente tiene pocas oportunidades de hacer un ingreso por taquilla, por lo cual el INCAA dispone de un apoyo que se llama premio incentivo y permite que los distribuidores que no tienen los ingresos que permitan su operación puedan estrenar esas películas”.
La modificación de la Resolución 981 quita ese incentivo, por lo que estas empresas quedan sin la fuente de ingresos que garantiza el estreno de entre 80 y 100 películas argentinas por año. Esta resolución entrará en vigencia durante los primeros días de enero. A raíz de esto, desde la CADICINE anunciaron que a partir de ese mes el 80% de producción cinematográfica argentina no se va a poder estrenar en cines.
“Esto impacta de lleno al acceso cultural de la ciudadanía, al cine, a la producción propia. Básicamente sería inviable la operación y todos los que estamos encargados de llevar las películas terminadas a los cines no tendríamos ninguna forma de justificar ese servicio, y muchas producciones del INCAA y a las cuales obliga a estrenarse a través de un distribuidor y con una mínima cantidad de pantallas, quedarían cajoneadas a menos que la próxima gestión de gobierno resuelva esto”, sentenció García.
El reclamo que lleva adelante la CADICINE tiene por objeto generar una mesa de diálogo que permita revisar este cambio en la resolución y que propicie el trabajo de la distribución. “La actividad ha sido históricamente postergada en las mesas de decisión del INCAA. Necesitamos que se puedan generar nuevos apoyos, más inteligentes incluso, o más integrales y consensuados que en la Resolución 981 para que tengan más duración, sean menos frágiles y tengan mejor efecto en el estreno de las películas, más allá, obviamente, de la supervivencia de las empresas que están asociadas a esos estrenos”, agregó el presidente de la Cámara.
La crisis expresada en el cine
Todos los indicadores económicos muestran caídas, y el consumo cultural no queda exento. El cine, el teatro y otras actividades culturales y artísticas fueron dejadas de lado al momento de gastar. “Este último año fue muy difícil para el cine en general, y sobre todo para la producción más diversa. Cuando termine el año seguramente vamos a ver que en cantidad de venta de entradas estamos parejos con respecto a otros años, pero lo que viene sucediendo –y se acentúa este año- es que, aunque haya la misma cantidad de entradas vendidas, van cada vez para menos películas”, explica García.
Este fenómeno de concentración creciente hará que por ejemplo Toy Story, El Rey León, Avengers y El Guasón se lleven un porcentaje altísimo del total de las 40 millones de entradas vendidas este año. El resto –que son otras 500 películas- se reparte lo que queda. “La crisis se expresa en el cine de esa manera. La gente tiene menos dinero y cuando lo gasta lo hace en apuestas seguras y menos en productos de diversidad”, comenta García.
A la caída del consumo se suma la inestabilidad cambiaria. Cuando se digitalizaron las salas se generó un costo nuevo para el distribuidor que tiene que pagar un canon cada vez que programa una película en su copia digital a las salas para aportar a los costos de esa conversión de analógico a digital. Ese costo está dolarizado.
Durante la gestión de gobierno anterior, a través de otras resoluciones, se logró que el INCAA reintegre casi la totalidad de ese costo a las distribuidoras. Sin embargo, los que tienen costos dolarizados permanentes son los encargados del cine extranjero. Los materiales, derechos y licencias con los que trabajan son en dólares o euros y no tienen ningún apoyo.
“Nosotros desde la Cámara también representamos a las empresas que se encargan del cine francés, italiano, español, independiente americano y latinoamericano, y son películas que están en el peor de los mundos porque no tienen ni los grandes presupuestos de las producciones americanas ni los apoyos que -todavía subsisten, mal implementados o no implementados- le da el INCAA al cine argentino. Cada vez que pega un salto el dólar o el euro vemos menos películas europeas o cine de calidad del mundo en las carteleras”, finalizó el presidente de CADICINE.
Panorama sindical: «La pesadilla es Macri»
Macri reconoció que llegar a fin de mes se ha transformado en una pesadilla. En este contexto te contamos dodo el panorama sindical con los principales conflictos de los trabajadores. Por Mario Hernandez
Cuatro postales
La noche del jueves y el viernes pasado, hombres y mujeres aguardaron varias horas, para dejar su currículum en la nueva sede de la panadería de Garupá, que abrirá sucursal en los próximos días en Posadas, la capital misionera. Más de 10 cuadras de cola para 15 puestos de trabajo.
Se acerca la temporada de verano y los locales de la costa comienzan la búsqueda de trabajadores eventuales. El miércoles 700 jóvenes hicieron tres cuadras de cola para un puesto en un local gastronómico de Playa Grande.
El jueves 3 se difundieron en redes sociales imágenes de cientos de jóvenes que hicieron fila en Bernal tras darse a conocer que una fábrica de hielo contrataría 12 operarios. Un usuario de Facebook publicó el video donde se ve una cola de más de 3 cuadras para aplicar a la búsqueda.
Con la propuesta de promover el empleo joven se invitó a alumnos de las escuelas de la Ciudad de La Plata a la Feria Futuro para que conozcan las oportunidades que les ofrecerá el mercado laboral.
En el lugar había varios sectores, entre ellos empresas de microcréditos “para tu emprendimiento”, otros stands de la Universidad Católica de La Plata, Universidad Tecnológica Nacional, y también Walmart, Mc Donalds y Starbucks en los cuales ofrecían dejar los datos para un posible empleo.
Lo más sórdido fue evidenciar como oferta laboral para los estudiantes los stands de Policía de la Provincia, Gendarmería y Servicio Penitenciario.
Queda claro que la ideología del sistema solo ve en los alumnos de las escuelas públicas mano de obra precarizada o sujetos con un futuro cercano en las instituciones creadas para reprimir. Todo en concordancia con la Gobernadora Vidal, quien expresa que “los pobres no van a la Universidad”.
Los despidos y suspensiones no se detienen
Debido al fuerte deterioro en el poder de compra, el consumo en los hipermercados y sus variantes «express» se derrumbó en 2019. La consecuencia más salvaje de la caída en las ventas es el despido de más de 1.500 empleados en las cadenas nacionales y provinciales desde el 1º de enero.
Los obreros continúan con la ocupación de la papelera Kimberly Clark en la localidad de Bernal. El martes que viene tendrán la cuarta audiencia en el Ministerio de Producción. El cierre no tiene retorno pero las indemnizaciones estarían garantizadas. Los trabajadores ya piensan en la post desvinculación para evitar la pérdida de los puestos laborales.
Rápidamente comprendieron que desde la multinacional no iban a dar marcha atrás en la decisión porque ésta responde a un plan de repliegue global anunciado en 2018 de cerrar 10 plantas en todo el mundo y despedir 5.500 trabajadores con lo que estiman un ahorro de 2.000 millones de dólares a nivel internacional.
Como respuesta, los trabajadores pidieron en la última audiencia que declaren a Kimberly Clark en “reactivación productiva” porque según afirmó el delegado, Walter Relañez, la planta aún en este contexto de crisis local es rentable. Por esto elaboraron y aprobaron en asamblea un plan para ponerla en funcionamiento, partiendo de la defensa de todos los puestos de trabajo y del Convenio colectivo, que incluye la posibilidad de proveer al Estado.
En las últimas horas se produjeron despidos masivos en la productora de golosinas panificadas y galletitas Nevares. El conflicto se desató en la planta que la firma posee en Carlos Keen, Partido de Luján. Con un listado en manos de gente de seguridad informó el despido a unos 50 operarios de diferentes turnos. El mecanismo ya es habitual en la firma que posee tres plantas en la Provincia y que emplea unos 500 trabajadores.
Desde que comenzó el año, la empresa Zanella dejó en la calle a la mayoría de su personal, además de adeudar salarios, aguinaldos y otros montos.
Primero cerró su planta en Mar del Plata, luego comenzó con los despidos en San Luis y ahora en Caseros. La amenaza de despidos en Caseros se concretó con los telegramas recibidos la semana pasada por sus trabajadores. Cuando llegaron a su turno, había un fuerte operativo policial y una nueva empresa de seguridad les dio los telegramas de despido a más de 70 operarios, la mayoría del personal.
La UOM se ha limitado a comentar la situación, pero no ha dispuesto ninguna medida de fuerza en defensa de los puestos de trabajo.
El lunes por la mañana las y los trabajadores de la fábrica La Nirva, de Lomas del Mirador, se encontraron con los portones cerrados. Los directivos de la firma, perteneciente al grupo Blende, bloquearon la entrada con candados y abandonaron la producción.
La Nirva, productora de los alfajores Recoleta y Grandote, supo ser la segunda en ventas en todo el país. Sin embargo, desde hace un año, sus directivos iniciaron un vaciamiento.
En La Nirva trabajan 83 operarios, de los cuales el 80 % son mujeres. Las trabajadoras denuncian que, en promedio, se les adeudan entre 85.000 y 100.000 pesos. Por esta razón, y en defensa de sus puestos laborales, mantienen un acampe en la puerta de la fábrica.
Loma Negra anunció el cierre de su planta de Sierras Bayas, de la localidad de Olavarría, en la que trabajan 45 personas entre empleados propios y contratados. La vocera de la compañía, Belén Marty, informó que «todo el personal propio será reubicado». Al mismo tiempo, desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Olavarría, afirmaron que no peligran los puestos de trabajo.
Los empleados de la textil Indiastyle se manifestaron el martes en la puerta del depósito principal emplazado en San Isidro para exigir que dé una respuesta ante los más de 60 despidos, y que pague lo que les corresponde a sus empleados.Los trabajadores denunciaron que los estafaron entregándoles maliciosamente cheques sin fondos.
La patronal de Cidal, radicada en San Luis, fabricante de Bombucha y de los preservativos Cameléon y Exotic, luego de deber salarios, aguinaldos, aportes jubilatorios y el pago de la ART, les comunicó a sus 65 trabajadores que había decidido cerrar y dejarlos en la calle.
Según informó Diego Acordeón, vocero de los trabajadores, los empleados definieron permanecer en la planta en resguardo de sus puestos trabajos hasta una nueva reunión con la patronal.
Las autoridades de la empresa brasileña DASS informaron que en diciembre cerrarán la planta industrial de fabricación de calzados en Eldorado, Misiones. Terminan así un proceso de desguace que comenzó con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada.
Los afectados directamente son 640 trabajadores los que aún cuentan con ingresos, de los cuales 350 serán despedidos de inmediato.
En 2015 DASS ocupaba unas 1.500 personas. Desde ahí la planta de calzado deportivo comenzó con un proceso de achique, al compás de la caída de la actividad industrial y del consumo en el país que terminó ahora con el golpe de knock out para la zona.
La compañía de capitales brasileños MWM anunció el cierre de su planta de construcción de motores diésel en Jesús María, Córdoba, desde el 1º de octubre y dejó en la calle a casi 100 trabajadores.
Las vacaciones adelantadas que decretó la empresa Arcor con el aval del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) afecta a las más de 20 plantas que tiene en el país. Estas vacaciones forzadas comenzarán el 4 de noviembre en la mayoría de las provincias salvo Tucumán que serán en octubre y por 15 días.
Sebastián Núñez, titular del STIA, fundamentó la firma del acuerdo para “evitar despidos” aunque admitió que en los últimos cinco años hubo más de 15.000 trabajadores despedidos en el sector Alimentación. Arcor es parte del mismo grupo empresario que La Campagnola que tiempo atrás despidió a 125 empleados anunciando el cierre de la planta en Mendoza.
Aunque Arcor y el gremio hablan de una importante baja de las ventas por la situación que atraviesa al país y la acumulación de stock, sin embargo, Arcor no está en crisis, según datos publicados por la firma en el primer semestre del año tuvieron una ganancia de 655 millones de pesos.
También la fábrica de conservas La Campagnola, perteneciente al Grupo Arcor, decidió suspender hasta el 9 de diciembre la producción en la planta que tiene en Mar del Plata y resultarán afectados unos 76 trabajadores. Los obreros permanecerán «en garantía horaria» y cobrarán un monto «garantizado», y la última cuota de 5.000 pesos que otorga un programa oficial del Gobierno provincial.
Trabajadoras de gastronomía denunciaron el despido sin causa ni aviso de “La cocina del Vasco”, empresa de comidas propiedad del conocido Chef local Alvaro “el Vasco” Aristizabal.
Se trata de 8 cocineras y cadetes que se encontraron el lunes 16 de setiembre con un candado en el acceso a las instalaciones. La totalidad de lxs trabajadores estaban empleados sin ningún tipo de derecho laboral, en negro, sin aportes, ni reconocimiento de categorías según el convenio gastronómico.
El “Vasco” Aristizabal, es un mediático Chef local, acostumbrado a aparecer en los medios de comunicación, mostrándose como un laburante que se hizo de “abajo” producto de su sacrificio personal.
A partir de la denuncia pública de sus empleadxs, comenzaron a aparecer ex trabajadorxs denunciando despidos injustificados y arbitrarios en emprendimientos anteriores de Aristizabal, incluyendo malos tratos.
La empresa Sidal SA, ubicada en Pacheco, partido de Tigre, despidió a 27 trabajadores que reclamaban por salarios y aguinaldo adeudados.
El laboratorio B. Braun que funciona dentro del Parque Industrial «General Savio» de Mar del Plata notificó a 50 empleados que a partir de octubre se quedarán sin trabajo como consecuencia de la incorporación de tecnología de última generación que reemplazará sus tareas.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad advirtieron que en otras empresas del rubro «también se vienen produciendo despidos por goteo», como en el laboratorio Pharmamerican, donde mermó la cantidad de trabajadores.
Además en el laboratorio Nordgreen el gremio confirmó rebajas salariales y problemas en la recategorización que podrían ir extendiéndose a otras firmas.
Actividad industrial por el piso
El Indec publicó que el uso de la capacidad instalada bajó a 60,5 % en agosto con una disminución de 6,4 % con respecto al mismo mes del año pasado.
En agosto los sectores que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada menores al nivel general son Productos Textiles (58,8 %), Edición e impresión (57,9 %), Sustancias y productos químicos (51,6 %), Productos de caucho y plástico (50,2 %), Metalmecánica excepto automotores (47,5 %), e Industria automotriz (43,5 %).
Solo refinación del petróleo y alimentos y bebidas mostraron mejores números que en agosto de 2018, por el mayor procesamiento de crudo y la suba registrada en la molienda de oleaginosas.
Con septiembre van trece meses de contracción consecutiva para la industria automotriz, ya que la última mejora interanual se registró en agosto de 2018.
En el acumulado enero-septiembre, el sector produjo 241.330 unidades, lo que marcó una caída de 34,9% respecto de las 370.707 unidades que se produjeron en el mismo período del año anterior.
La semana pasada, Renault decidió dejar de producir por la tarde y sólo concentrará sus tareas en el turno mañana. La decisión, aplicada en la planta de Córdoba, implica desactivar por completo uno de los turnos de trabajo. La consecuencia es que 270 trabajadores ya no tienen garantías de que se sostengan sus puestos de trabajo. La patronal, intentando llevar calma, afirma que podrían hacer «diferentes actividades, incluso capacitaciones”. Sin embargo, no ha confirmado que vaya a garantizar los puestos de trabajo.
En el mes de septiembre hubo 37 despidos, a pesar que el gremio Smata había firmado con la empresa un acuerdo por el que se aseguraban los puestos de trabajo hasta el 31 de marzo de 2020. Actualmente, Renault produce 160 vehículos por día y ocupa a 2.300 trabajadores.
El convenio homologado en el Ministerio de Trabajo provincial también prevé suspensiones temporales (se mantendrá el pago de 70 % del sueldo de bolsillo), la posibilidad de que el personal adelante vacaciones y la prórroga de 480 contratos a plazo fijo.
Los ajustes no tienen lugar solo en la multinacional francesa. En el caso de Fiat, en septiembre, sólo se trabajó un día por semana y en octubre la actividad será muy similar.
En la fábrica de camiones Scania, ubicada en Colombres, Tucumán, se negocia con el Smata para organizar mejor las suspensiones. Esto ocurre a pesar de que las ganancias de la firma aumentaron de un 6% en el primer semestre del 2018 a un 9,3% en el mismo período de 2019. Las patronales del sector automotriz que ganaron millones durante las últimas décadas, cuando los números “no cierran”, descargan la crisis contra los trabajadores y trabajadoras del sector.
Salarios
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión Argentina de Líneas Aéreas (UALA) alcanzaron un acuerdo con Aerolíneas Argentinas y Austral en la Secretaría de Trabajo. Los gremios se comprometieron a no realizar medidas de fuerza hasta el 31 de diciembre inclusive.
El acuerdo garantiza un aumento salarial del 10 % en octubre y noviembre, más un 5 % en diciembre. Además, el compromiso de la empresa a retomar las negociaciones una vez comenzado el 2020.
La Federación de Aceiteros completó la revisión de su paritaria y totalizó un aumento salarial del 54,1% por este año. El gremio llevó el salario básico para la categoría inicial, la de peón, a $ 54.902,23 a partir del 1° de diciembre de 2019, más $ 1.000 de presentismo, más una suma extraordinaria no remunerativa de $ 10.000 por única vez.
Ante la intransigencia del gobierno provincial de María Eugenia Vidal, los gremios estatales bonaerenses intentan que se reabra la discusión paritaria para el segundo semestre de este año y que se aplique una cláusula gatillo automática por inflación, tomando como ejemplo el caso de los docentes.
Frente al silencio oficial ante estos reclamos, los sindicatos enrolados en la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) se declararon en estado de alerta, con algunos que fueron más allá, planteando una retención de tareas que comenzaron a ejecutar desde el miércoles.
Uno de los gremios que comenzó con estas medidas de fuerza fue la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), en ese marco los trabajadores de la Contaduría, Tesorería y el Tribunal de Cuentas llevaron adelante un quite de colaboración entre las 12:00 y las 14:00.
Según el secretario general del Sindicato de Salud Pública, Miguel Zubieta, la medida podría extenderse a otros organismos en caso de que no se concrete una reunión con funcionarios de la administración provincial.
La cláusula gatillo estuvo en vigencia para el primer semestre del año, pero para la segunda parte del año sólo se preveía una recomposición de 2% en septiembre y otra por la misma cifra en noviembre. Ante este panorama, los gremios estatales denuncian una importante pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con efectos “devastadores”.
UPCN ya se sumó al reclamo de reapertura de paritarias de FEGEPPBA, mientras que los profesionales de la salud organizados en la Cicop podrían retomar su plan de lucha esta semana.
Reclamos docentes
En todo el país se desarrolló el 9 de octubre la Jornada Nacional de Lucha lanzada por CONADU Histórica en su último plenario de secretarías generales “para exigirle al gobierno nacional una respuesta inmediata” a los reclamos del sector, frente a los cuales “vienen haciendo oídos sordos”.
La Jornada se realizó en todo el territorio nacional con iniciativas como clases públicas, actos, movilizaciones, radios abiertas y volanteadas en Cuyo, Comahue, Litoral, Salta, Misiones, San Luis, Jujuy, entre otras.
En Ciudad de Buenos Aires, el gremio de base AGD UBA llevó a Plaza de Mayo la visibilización del reclamo con una performance titulada “La mesa está servida y a los docentes ni las migas”.
Además, representantes de la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica -Claudia Baigorria, Antonio Rosselló, Francisca Staiti y Sergio Zaninelli- se hicieron presentes en la ciudad de Comodoro Rivadavia para solidarizarse con las y los trabajadores de la provincia de Chubut que estaban en su 12º semana de paro.
Federico Massoni, ministro coordinador del gobierno de Chubut, firmó una circular que plantea “a partir del próximo martes 15 de octubre deberán ocupar sus puestos laborales quienes hasta hoy gozaban del beneficio de las licencias gremiales”.
Este ataque a los derechos sindicales es la respuesta del gobierno a los sindicatos docentes, centralmente a ATECh, el más importante de la provincia, que se mantienen en la lucha contra el ajuste provincial y siguen reclamando el cumplimiento de la paritaria 2019, con la cláusula gatillo, el pago en tiempo y forma, el pleno funcionamiento de la Obra social, del Transporte Educativo Gratuito y un plan de financiamiento para solucionar los graves problemas de infraestructura escolar.
Con esta medida, que se aplicaría a más de 600 trabajadores en funciones sindicales, el Gobierno intenta quebrar y derrotar a los docentes. Los otros sindicatos que integraban la Mesa de Unidad Sindical ya levantaron la medida. Solo ATECH y los sindicatos docentes, por la presión de las bases, se niegan volver a las aulas mientras continúe el ajuste en la provincia que empezó el gobierno contra los estatales y docentes y hoy continúan las petroleras y las pesqueras, entre otras, amenazando con despidos, cierre de pozos o negándose al reclamo de aumento salarial según la inflación.
Además amenaza con la conciliación obligatoria, siendo que el Gobierno no puede ser juez y parte, en un nuevo intento de quebrar la huelga.
Organizaciones sociales
Organizaciones sociales volvieron marchar el jueves al Ministerio de Desarrollo Social para denunciar un «incumplimiento de la ley de Emergencia Alimentaria» por parte del Gobierno.
Los manifestantes se concentraron, desde las 10:00, en la intersección de Independencia y 9 de Julio para luego dirigirse a la sede de la cartera que dirige Carolina Stanley. La protesta fue encabezada por el Polo Obrero y la facción de Barrios de Pie que lidera Silvia Saravia.
Estas agrupaciones aseguran que el Gobierno «ni siquiera está cumpliendo con la Ley votada en el Congreso porque no están llegando los alimentos a los comedores».
«Ellos (por las autoridades nacionales) dicen que recién el 20% de la comida va a llegar en octubre y pasaría el otro 30% en noviembre o diciembre, lo cual nos parece una barbaridad que se estire tanto algo que se puede solucionar con logística», explicó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. También anunció que esta semana las organizaciones sociales van a mantener una asamblea nacional para votar un plan de lucha que incluya nuevas protestas.
Los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas municipales junto a organizaciones sociales de la ciudad de La Plata protestaron frente a la Casa de gobierno municipal en rechazo al miserable bono de 1.500 pesos ofrecido, por única vez, por la gestión del intendente Julio Garro, en lo que consideran una provocación luego de darse a conocer las cifras de pobreza e indigencia días atrás.
Las organizaciones reclaman un bono de 6.000 pesos y aumento de salarios al igual que el resto de las y los trabajadores municipales.
Asimismo denunciaron el incumplimiento de la entrega de alimentos para los comedores comunitarios.
En el Gran La Plata el 31,9% de la población está bajo la línea de pobreza y la indigencia llegó al 6,5%, según los datos del primer semestre de 2019. Participaron de esta convocatoria Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán CN (FPDSCN), Agrupación María Claudia Falcone, Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD), Izquierda Latinoamericana Socialista, Igualdad Social, Autoconvocados en Defensa de los DD.HH de los enfermos de Sida (ADDHES), Coordinadora John William Cooke-SURGE, Movimiento Justicia y Libertad, Frente Territorial CTA Autónoma y Movimiento de Acción Popular (MAP).
«No queremos más femicidio, ni trata ni explotación» y «aborto legal, en el hospital»
Fueron los cantitos más oídos en una marcha de más de tres kilómetros de largo en la que participaron agrupaciones feministas, ramas de mujeres políticas, sindicales y universitarias, «mujeres encuentreras» de distintas provincias, centros estudiantiles secundarios, trans, travestis y mujeres autoconvocadas.La tradicional marcha, que simboliza el cierre del Encuentro de Mujeres, partió pasadas las 18:00 del domingo de 1 y 60 de La Plata, cerca de la estación de servicio donde fue vista por última vez Johana Ramallo, víctima de trata y femicidio.
La marcha de mujeres y disidencias pasó frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, cantando consignas que repudiaban el recorte de partidas destinadas a erradicar la violencia de género.
El recorrido oficial, diseñado por la comisión organizadora, no fue acatado por la mayor parte de la marcha. Antes de llegar a plaza Italia, se fueron desprendiendo columnas muy numerosas en dirección a la Catedral. Algunas ingresaron en la plaza Moreno y realizaron un escrache al templo.Por su parte la marcha oficial finalizó en el playón del Estadio Único, donde se realizó la tradicional Peña del Encuentro, en tanto el lunes a las 9:00 será el acto de cierre, donde se leerán las conclusiones de los talleres y se designará por aplausómetro cuál será la próxima sede del Encuentro.
Será justicia
El decreto del Poder Ejecutivo que modificó la manera de calcular las indemnizaciones otorgadas por ART recibió un doble revés judicial con una declaración de inconstitucionalidad, por un lado, y una medida cautelar, por otro, que suspendió su aplicación, en resoluciones adoptadas por la Justicia Nacional del Trabajo.
La declaración de inconstitucionalidad fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 41, subrogado por el juez Alejandro Segura, en el marco de un expediente que tramita en ese fuero el periodista deportivo Miguel Angel «Tití» Fernández a raíz de una demanda en curso contra Experta ART y Galeno ART, tras la muerte de su hija durante el Copa Mundial de fútbol 2014, en Brasil.
El magistrado afirmó en su resolución que el DNU que impone cambios en el cálculo de las indemnizaciones por ART «viola la exégesis literal del artículo 14 bis de la Constitución Nacional».
Además, cuestiona el carácter retroactivo de la medida al señalar que «los derechos laborales se dirigen hacia el futuro y, cuando surge una regla regresiva, como este insólito DNU, se rompe la lógica de redacción».
En tanto, la medida cautelar que frenó el miércoles la implementación de los cambios dispuestos a través de un DNU para establecer indemnizaciones en casos de muerte de un trabajador, incapacidad definitiva o enfermedad profesional fue resuelta en una acción de amparo promovida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con el patrocinio del abogado Jorge Rizzo.
En este caso, fue a través de una resolución dictada por el juez de primera instancia, Fernando Vilarullo, en la que el magistrado toma como propios los argumentos esgrimidos en su dictamen por el fiscal de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, que consideró que, al dictar esa norma, el Poder Ejecutivo se había arrogado «facultades legislativas vedadas por el artículo 99 inciso 3° de la Constitución».
Por otra parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar a una mujer que había trabajado durante más de 10 años para una de sus dependencias por ocultar una relación de dependencia bajo la figura del monotributo.
Esta sentencia se da a conocer poco tiempo después de la muerte de la agente controladora de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, Cinthia Choque, quien fue embestida por un automóvil mientras cumplía con sus tareas. La mujer le había facturado al gobierno local durante más de seis años, y no tenía ningún tipo de cobertura médica ni de accidentes de trabajo.
El Procurador fiscal postuló la inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley 23.551 que establece que los empleadores sólo están obligados a retener las cuotas sindicales de los trabajadores afiliados a sindicatos con personería gremial.
Víctor Abramovich confirmó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En consecuencia, hizo lugar al amparo solicitado por el sindicato Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura (APSAl) contra Autopistas del Sol S.A, por la retención de las cuotas sociales por planilla salarial respecto de los afiliados de APSAly el cese de toda obstaculización al accionar gremial.
El procurador fiscal postuló en su dictamen que el artículo 38 de la ley 23.551 al contemplar que los empleadores sólo actuarán como agentes de retención de las cuotas sindicales respecto de trabajadores afiliados a sindicatos con personería gremial, vulnera la libertad sindical de las entidades simplemente inscriptas. Dicho derecho se encuentra amparado por el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados con jerarquía constitucional.
También, sostuvo la violación al Convenio 87 de la OIT -de jerarquía constitucional- y el respaldo de distintos precedentes jurisprudenciales que protegen la libertad sindical de las entidades simplemente inscriptas.
La Justicia rechazó todas las imputaciones promovidas por Hernán Lombardi y el Directorio de la Agencia Télam y sobreseyó a lxs 25 trabajadores sometidos injustamente a proceso judicial por el libre ejercicio de sus derechos sindicales.
El fallo señala: “Se pudo reconstruir que el conflicto gremial tuvo su inicio el 26 de junio de 2018 cuando se produjeron los primeros despidos y a partir de allí los trabajadores decidieron un paro y una permanencia pacífica. Durante el desarrollo del conflicto se realizaron asambleas permanentes en los edificios junto con los trabajadores despedidos en el marco del cual se debatían las medidas de fuerza (…). Se desprende de que el ingreso de los denunciados tuvo la finalidad de participar de asambleas diarias que se celebraban en los lugares de trabajo con el propósito de ejercer sus derechos gremiales pudiéndose creer amparados en el legítimo ejercicio de sus derechos, circunstancia que lleva a descartar el dolo que requiere la figura penal”.La sentencia concluye: “Fue evidente que los encausados no obraron con el ánimo de violentar el domicilio sino, lejos de eso, simplemente recurrían a su derecho gremial a reunirse (…). No existe constancia alguna que se hayan excedido (en su ejercicio)”. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó la presentación efectuada por el laboratorio Elea Phoenix en contra de la medida cautelar en la que la Justicia había dispuesto la inmediata reinstalación de seis visitadores médicos despedidos.
Según explica la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA), a través de un comunicado, “el Poder Judicial vuelve a fallar contra los ilegítimos despidos y a favor de los visitadores médicos, sentando un precedente favorable para los trabajadores. La sentencia destaca que el laboratorio estaba en conocimiento de las candidaturas de los compañeros al momento de disponer sus despidos, por lo que quedó demostrado que estos ‘cuentan con la protección que consagran los artículos 48 a 52 de la ley 23.551’ y, por lo tanto, corresponde su inmediata reinstalación en sus puestos de trabajo”.El Tribunal de Trabajo Nº 6 de San Isidro dictó sentencia rechazando el pedido de desafuero a Ariel Godoy (Secretario de Seguridad e Higiene del SUTNA). Este fallo echa por tierra el reclamo de la patronal de FATE de querer quitarle los fueros gremiales, juicio que impulsó tras el conflicto gremial que se desarrollara a raíz del terrible “accidente” que casi le cuesta la vida a un trabajador.
El martes pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación anuló el fallo que denegó la excarcelación de Daniel Ruiz y ordenó al Tribunal Oral Federal 3 que dicte un nuevo fallo en forma urgente teniendo en consideración los planteos efectuados por la defensa. Finalmente el TOC Nº 3 ordenó su excarcelación.
Daniel Ruiz, militante del PSTU, estaba detenido en el Penal de Marcos Paz, como preso político, tras manifestarse contra la reforma previsional en diciembre de 2017. El 18 de este mes iba a comenzar su juicio.
El lunes 7 el colectivo de abogades La Ciega de La Plata informó que la jueza de Garantías Marcela Garmendia resolvió que “no se encuentra acreditada la comisión de ningún delito” por parte de los jóvenes senegaleses Diaw Ibrahima y Dieng Thierno, por lo que dispuso sobreseer a ambos trabajadores ambulantes. También al joven Luciano, un argentino que salió en defensa de ambos cuando la Policía decidió detenerlos ilegalmente.
El 24 de julio efectivos de la Policía metieron en un patrullero a Ibrahima y a Thierno, los condujeron a la Comisaría Novena y les armaron una causa penal por “resistencia a la autoridad”. Lo mismo hicieron con Luciano, que terminó encausado por “hurto en grado de tentativa”.
Al día de hoy los operativos contra los manteros y la violencia policial continúan, pese a estar en trámite amparos y demás instancias legales que consideran que se están vulnerando derechos elementales. De resolverse favorablemente un amparo colectivo presentado por la comunidad senegalesa y les abogades que la representan, debería cesar la confiscación de mercadería y el hostigamiento que sufren en la calle cotidianamente. Aunque muy probablemente la violencia y el racismo policial hacia los migrantes senegaleses continúe por otros medios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y de Carlos Rosenkrantz en un voto concurrente, declaró arbitraria una sentencia de la Corte de Justicia de Salta que desconoció el derecho a ser indemnizado a un trabajador que perdió su puesto de trabajo por cierre del local gastronómico en el que se había desempeñado durante 27 años.
Se trata del caso de un «encargado» que trabajó sin haber sido nunca registrado, para la confitería situada en un hotel salteño que cerró sus puertas a principios de diciembre de 2006.
El 28 de diciembre de ese año el trabajador intimó para que se le aclarase su situación recibiendo como única respuesta el desconocimiento de la relación laboral. Frente a eso se consideró despedido y promovió demanda para cobrar las indemnizaciones legales.
Los tribunales de primera y segunda instancia reconocieron que entre las partes existió una relación laboral que se mantuvo «en negro» durante 27 años. Sin embargo, consideraron que el trabajador no tenía derecho a ser indemnizado por haber perdido su trabajo dado el tiempo que dejó pasar desde la fecha en que cerró la confitería y la que envió la intimación para que se definiera su situación (20 días).
Criminalización de la protesta obrera
Claudia Ferrero, abogada de los cinco trabajadores de la Línea 60, explicó que eran juzgados por dos hechos. «Fueron absueltos por uno, y condenados por otro a dos años de prisión en suspenso». Los empleados fueron acusados de daños y cohecho.
Ferrero, quién dijo además que apelarán la resolución judicial, expresó que lo grave es que «se condena a los trabajadores por luchar y a los métodos utilizados por los trabajadores». Este fallo «tiene un objetivo muy claro que es la búsqueda de la criminalización de la lucha.».
Santiago Menconi, delegado en Barracas, aseguró que su camino seguirá siendo la lucha «porque estos no son los únicos trabajadores procesados, todo el Cuerpo de delegados está procesado y seguiremos luchando por el desprocesamiento».
Los trabajadores fueron acompañados por organizaciones de Derechos Humanos, políticas y trabajadores de otros sectores.
La Policía de Larreta amedrentó a un reportero gráfico de Revista Cítrica
El fotógrafo de Revista Cítrica Juan Pablo Barrientos fue abordado por personal de la Policía de la Ciudad, en un claro acto de amedrentamiento contra el trabajo de la prensa. El hecho ocurrió mientras el reportero gráfico cubría la intervención teatral «Matar de una patada», en el domo de la Policía de la Ciudad en Diagonal Norte, realizada por actores y actrices independientes en la que buscaron visibilizar la violencia institucional. Al finalizar la intervención, a Juan Pablo lo intimaron tres efectivos y se dio el siguiente diálogo: «¿De qué medio es usted? Documentos por favor… No, esa credencial no sirve. DNI por favor. ¡Ah, tiene antecedentes! Antecedentes por resistencia a la autoridad», sostuvieron los policías. Barrientos respondió: «Me parece que no corresponde que me hablés así. No tengo antecedentes, es una causa armada por la fuerza que integrás. Y me detuvieron en estas mismas condiciones: estaba trabajando con mi cámara y me llevaron detenido».
En febrero de este año, en medio de una protesta que los trabajadores de la imprenta Madygraf (ex Donnelly), realizaron junto con organizaciones obreras, estudiantiles y políticas frente al Congreso, y mientras realizaban un “Cuadernazo” para denunciar irregularidades en la licitación de materiales escolares del Ministerio de Educación, a cargo de Alejandro Finocchiaro, la Policía Metropolitana reprimió y encarceló trabajadores de prensa.Entre los periodistas detenidos estuvo Juan Pablo Barrientos, que también había cubierto esa protesta.
Recuperación de medios públicos
Con un acto en el Centro Cultural Kirchner, alrededor de 200 trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y la Agencia Télam difundieron el Proyecto para Medios Públicos que elaboraron en el marco del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
En el lugar elegido funcionan las oficinas del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos cuyo titular Hernán Lombardi define el destino de la red de medio públicos. Bajo su gestión, según denunciaron los trabajadores, se produjo un intento de vaciamiento de ese sistema sobre la base de centenares de despidos en Télam (gran parte de los cuales fueron revertidos a partir de sendos fallos judiciales en el marco de una histórica huelga y ocupación de 119 días), de retiros voluntarios en la TV Pública y Radio Nacional inducidos, a su vez, mediante una fuerte extorsión salarial a partir de paritarias nulas o marcadamente a la baja y la quita de adicionales.
Según el texto de la presentación elaborado por los trabajadores la gestión de Hernán Lombardi promovió una “política de vaciamiento y desguace” resultado de la cual “se dejaron de cumplir las obligaciones básicas: garantizar el acceso de la sociedad a la información, la cultura y el entretenimiento de manera gratuita”.
En el texto, además de los despidos, denuncian una seguidilla de “ataques a periodistas”, “violación de derechos laborales, persecución y censura” que además redundó en una “reducción de contenidos propios y desaprovechamiento de los recursos tecnológicos existentes”. Por eso lo primero que proponen es la reconstrucción “de las áreas que dejaron de funcionar por el boicot de la actual gestión”.
Una Chernobyl silenciosa
Rubén Ponce, un trabajador de 42 años, cayó a una zanja con líquido derramado durante el incendio de la planta que Sigma AGRO S.A. tiene en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y murió luego de estar internado casi una semana.
La explosión en la planta ubicada sobre la ruta 42, sucedió cerca de las 4:30 del viernes 27 -por causas que aún se investigan- y generó un fuego que alcanzó grandes proporciones que combatieron Bomberos Voluntarios de Mercedes, Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles, todas ciudades cercanas. Para apagar el incendio también intervino el Comando de Prevención Rural Mercedes y la Policía Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Aunque la empresa decía que fabricaban pastillas de cloro para piletas, los vecinos se enteraron que acopiaban agrotóxicos, después que fraccionaban y recién tras la explosión que también se elaboraban allí los agrotóxicos.
“Lo que ha pasado en Mercedes es gravísimo porque además en Argentina se están usando 500 millones de litros de agrotóxicos que se encuentran distribuidos por todo el país, sobre todo en las zonas agrícolas, en miles de depósitos en condiciones sumamente precarias contaminando el ambiente y poniendo a las personas de los pueblos del interior en contacto y en exposición directa con estas sustancias que sabemos que son cancerígenas, que producen trastornos reproductivos como el nacimiento de niños con malformaciones, trastornos inmunológicos y endócrinos”, explicó Medardo Ávila Vázquez, neonatólogo y pediatra, de la Red de Médicos Fumigados.
En el caso de la explosión de Mercedes, se han esparcido miles de kilos de estos agrotóxicos por toda la zona, en el aire, en la tierra, en las capas subterráneas, contaminando desde el aire hasta el agua. “Esto demuestra que el modelo de agricultura con veneno está descontrolado totalmente y que necesitamos un plan de reducción de agrotóxicos, necesitamos que el Gobierno tome como una responsabilidad que se disminuya la cantidad de agrotóxicos y se busque desarrollar tácticas y estrategias de agricultura agroecológica, que sean amigables con el ambiente, que no contaminen el agua, la tierra y que no ponga en peligro la salud y la vida de la población”, concluyó Ávila.
Según un comunicado de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, el Colectivo Andrés Carrasco y Cicop-Fesprosa seccional Mercedes, Argentina es el mayor consumidor de agrotóxicos por habitante del planeta: se usan más de 500 millones de litros por año, lo que equivale a más de 10 litros por habitante. Ni los controles en el almacenamiento y la distribución, ni las llamadas “buenas prácticas agrícolas” son paliativo alguno cuando por su volumen e intensidad el uso de agroquímicos desborda toda racionalidad ecológica. La fumigación de escuelas defendida por el gobernador de Entre Ríos y el presidente Macri es apenas la punta del iceberg de un fenómeno más profundo, la expansión sin control del envenenamiento del agua, el aire y el suelo argentinos”.
La explosión de la planta de Mercedes, dicen estos colectivos, no es sólo el resultado de la debilidad en los controles estatales. Ante la resistencia al principal herbicida, el glifosato, cancerígeno prohibido ya en decenas de países, los dueños del complejo de cultivos transgénicos con agroquímicos van introduciendo nuevas drogas, más potentes y letales. El 2,4 d, el glifosinato y ahora el Paraquat de la familia de los chlorpirifos. La planta de Mercedes fabricaba el 40% del Paraquat que se comercializa en el mercado argentino.
Los especialistas compararon los incendios y terremotos de Vaca Muerta, los derrames de cianuro de Veladero y la nube de agro tóxicos del complejo agroindustrial, además de lo que pasó en Mercedes, con una Chernobyl silenciosa.
Fuentes: BAENegocios, Anred, InfoGremiales, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, APU, argentina.indymedia, Tiempo Argentino, IProfesional, RedacciónEDA.
Envio:RL
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