La pesquisa se inició con el relato de un ex trabajador de la empresa, quien reveló que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año.
El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, escuchó el pasado jueves el testimonio de Zarza, quien contó que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año, informaron a Télam fuentes judiciales.
"Me detuvieron en la fábrica, a poco de entrar a trabajar, y me hicieron un acta con una máquina de escribir que les dio personal de la empresa. Me llevaron a una sala y el que facilitó todo era un capataz que le decíamos 'El Sapo' Vicentin, pero no era parte de la familia que era dueña de la firma", señaló Zarza en declaraciones a Télam.
El trabajador, quien en la actualidad tiene más de 70 años, vive en la ciudad santafesina de Avellaneda y es conocido con el apodo de "Cacho", relató que lo liberaron en febrero de 1976 y que se reintegró a la empresa.
El 2 de noviembre de ese año volvió a ser secuestrado en horas de la tarde, cuando retornaba de su trabajo en Vicentin a su casa. Según el testimonio que brindó ante la Fiscalía, ese día las fuerzas de seguridad secuestraron a 14 trabajadores que tenían actividad como delegados sindicales en Vicentin.
En su declaración aseguró haber visto a efectivos del II Cuerpo de Ejército, pertenecientes al batallón 621, que llegaron desde Rosario para llevar a cabo este operativo.
Zarza, quien también tenía actividad sindical en la firma, dijo que tras su secuestro fue trasladado a la III Brigada Aérea, donde recibió "golpes y patadas" por parte de sus captores.
Luego fue trasladado a la Guardia de Infantería Reforzada de la ciudad de Santa Fe, una dependencia policial donde funcionó un centro clandestino de detención. Zarza terminó "legalizado" en la cárcel de Coronda, a disposición del Poder Ejecutivo, y desde allí recuperó su libertad en la navidad de 1978.
Estos hechos le permitirán a la Fiscalía iniciar un segundo tramo de la causa 050, en la cual se investigaron delitos de lesa humanidad en la zona Reconquista durante la última dictadura militar.
Ese expediente fue instruido por Salum y terminó con un juicio en el que resultaron sentenciados en 2013 el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez, ambos de la Fuerza Aérea, y los policías Carlos Nickisch, Horacio Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Eduardo Luque.
En ese proceso oral y público se comprobó la existencia de un circuito represivo que comenzaba en la III Brigada de Reconquista, seguía en los centros clandestinos de detención ilegales cercanos a la capital santafesina y si los detenidos eran "blanqueados" concluía en las cárceles de Coronda, Devoto o algún penal del Sur del País.
Ahora, la fiscalía aguarda que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe le aporte información y datos para avanzar en la investigación.
La Federación Aceitera, gremio de trabajadores del sector, adelantó su intención de revisar sus archivos para brindar datos que permitan avanzar con la investigación.
"Creemos que como gremio debemos asistir a nuestros afiliados ante la justicia y vamos a revisar nuestros archivos para analizar actas de asambleas y ver si podemos aportar información para la causa en relación a si se llevaron delegados que hablaron en las asambleas", señaló a Télam el abogado Juan Combi, representante legal de Aceiteros.
El sindicato pretende presentarse en esta causa como querellante, algo que hizo en 2014 en la investigación sobre los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta de Avellaneda (Buenos Aires) de la empresa Molinos.
"La actual intervención de Vicentin por parte del Estado nos genera alguna expectativa en relación a la información que podamos encontrar en los registros de la empresa", indicó Combi. Además del gremio, también se presentará como querellante la Liga por los Derechos del Hombre para impulsar esta investigación.
Fuente:Telam
El Vicentin de ayer y de hoy, y la situación de los trabajadores de la salud
Octavio Crivaro y Vero Carrizo nos traen una nueva edición de #SinVueltas: la pelea de lxs trabajadorxs de la Algodonera Avellaneda y la relación entre empresas y dictadura en Santa Fe. Los casos Acindar y Vicentin. Además situación de los trabajadores de la salud en Santa Fe. El Vicentin de ayer y de hoy, y la situación de los trabajadores de la salud
Octavio Crivaro
Verónica Carrizo
Domingo 28 de junio
Tucumán: «El jefe policial me pegó y me manoseó»
Por Roxana Monteros, Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2020
En mi casa vivimos 11 personas: mi madre, mis cinco hijos y mi nietito, mis dos hermanos, mi marido y yo. Desde enero sufrimos el hostigamiento de las fuerzas, pero el miércoles pasado a la noche sufrimos un ataque terrible, un allanamiento sin orden: llegaron muchos efectivos en un operativo gigante, ya estábamos todos acostados y cuando mi esposo estaba por cerrar con llave, un policía abrió la puerta de una patada. Tres oficiales entraron y muchos más se quedaron afuera, además había cinco camionetas estacionadas y varios motorizados. De todos los que ingresaron, sólo uno tenía uniforme, el resto estaba con chaleco y ropa de civil debajo. Pregunté qué estaba pasando, por qué entraban con esa violencia. En ese momento lo agarraron a mi marido sin razón alguna y se lo llevaron a los golpes; a mí me agarraron de los pelos dentro de mi habitación, me tiraron al suelo y comenzaron a patearme entre los tres. Yo lloraba, gritaba, suplicaba que me dejaran ir, que dejaran de pegarme. Mi madre entre llantos empezó a llamar a la Jefatura para pedir que alguien se acercara para frenar la brutalidad que estábamos viviendo. Y yo, por otro lado, también tenía miedo de que alguien abriera la puerta y uno de los policías le disparara. Tenía terror por lo que me estaban haciendo y por lo que podían hacernos. En un momento, entre golpes, el jefe policial de la Regional Este, el efectivo Fabio Ferreyra, comenzó a manosearme: metió su mano por debajo de mi remera, me manoseó los pechos, después metió su mano en mi vagina. Cuando mi madre empezó a gritar más fuerte, me dejaron y se fueron corriendo.
Ahí vino mi hermana para socorrerme y me llevaron al Hospital Policlínico Santa Rita, donde me revisó un médico y me dio calmantes. El mismo doctor que me atendió, me dio un número de la comisaría de la mujer donde podía hacer la denuncia. Cuando mi madre llamó le dijeron que no le podían recibir la denuncia porque “también es una dependencia policial”. Entonces, nos mandaron a la Comisaría de Lastenia. ¿Cómo vamos a ir justo ahí, si de esa dependencia son los policías que abusaron de mí? Me fui directo a la Fiscalía, donde me atendieron los oficiales y me dijeron que no podía ingresar por el coronavirus.
Al día siguiente, la doctora me recomendó que fuera a la Comisaría de La Banda, donde estuve más de una hora esperando hasta que me recibió el jefe principal. Cuando le conté toda la situación, sólo me respondió: «Mire, señora, lo que le puedo ofrecer es que la Policía no la moleste nunca más. Porque si usted empieza a hacer denuncias, le va a tomar tiempo y va a tener que gastar plata». Yo le respondí que ya había soportado demasiado tiempo los abusos de la fuerza, el amedrentamiento constante a mi familia, y que ya no me iba a quedar de brazos cruzados. Me saqué la campera y le mostré todas las marcas que me dejaron. Llegaron a un extremo, se metieron en mi casa como dueños e hicieron lo que quisieron cuando les dio la gana.
Hoy no puedo salir a ningún lado sin sentir miedo, todo el tiempo me tienen que acompañar; mi madre y mi hermano se ofrecen, pero a él no lo dejo salir porque ya lo tienen marcado y lo viven golpeando. Incluso, en uno de todos los operativos que realizaron en mi casa, le sacaron un ojo de un disparo. ¡Se lo reventaron! Y cada vez que lo ven, lo agarran y lo golpean. Tengo mucho miedo y más que nada tengo miedo de que maten a mis hijos por la denuncia que realicé contra ellos. Quieren que nos callemos, que no digamos nada. Pero ya no lo puedo permitir más. Hoy estamos esperando que la Justicia actúe, para que estos delincuentes uniformados paguen por todo lo que nos hicieron.
* golpeada y abusada sexualmente por la Policía de Tucumán. Fuente: Garganta Poderosa
En Tucumán la policía asesinó a un joven con el mismo método que usaron para matar a Floyd
Por Adriana Meyer, Resumen Latinoamearicano 28 de junio de 2020
La justicia investiga si el sospechoso de robo Walter Nadal murió por causas naturales o fue asesinado por la rodilla de un policía que lo asfixió, en el centro de la capital provincial.
«Me falta el aire, me falta el aire», repetía Walter Nadal mientras el bicipolicía tenía la rodilla en su nuca y le decía «no seas cagón». El hombre había sido detenido el miércoles en pleno centro de San Miguel de Tucumán tras un intento de robo y según los uniformados le dio un infarto que lo mató. Sin embargo, la autopsia reveló que no fue su corazón lo que falló sino que murió asfixiado. «En Tucumán la violencia policial se ha cobrado una nueva víctima, como ocurrió con George Floyd en Minneapolis, la muerte de Walter Nadal se produjo a causa de asfixia. Esa evidencia contradice el acta policial y es coherente con el testimonio que sostiene que un policía tenía contra el piso a la víctima con su rodilla presionando sobre la nuca de Nadal», dijo Carolina Acuña, presidenta de la Regional Tucumán de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
«Con éste serían al menos dos los muertos por la violencia policial en este año lo que confirma una vez más la imperiosa necesidad de cambiar de raíces el sistema de seguridad pública en la provincia», agregó. Acuña enfatizó «que se aparte mientras dure la investigación judicial a los uniformados, porque es frecuente que policías implicados en casos de violencia policial y gatillo fácil continúen trabajando, son prácticas bastantes frecuentes de la policía tucumana».
El miércoles a mediodía en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Congreso, según la información policial, Jacinto Colodrero dijo a la agente Jessica Gómez que había sido robado, ella pidió refuerzos y corrió tras el sospechoso. Se sumaron a la persecución el oficial Cristian Gómez, las agentes Diana Suárez y Claudia Vizcarra. Cuando llegaron a Las Heras primera cuadra los policías Josué Molina y Melanie Mariel Caliva ya tenían reducido al presunto ladrón. Los efectivos señalaron en el acta que cuando trasladaban a la seccional 1°, el detenido comenzó a decirles que se sentía mal, y consignaron que en el hospital Padilla –donde lo identificaron como Walter Ceferino Nadal, de 43 años– habría muerto de un infarto.
Sin embargo, la fiscal Adriana Giannoni, a cargo del caso, ordenó que se le realizara la autopsia, y el jueves a última hora los forenses le confirmaron que el hombre no había muerto por causas naturales sino por asfixia, tal como mostraban las lesiones que presentaba en el cuello. Este dato concuerda con el testimonio de una persona que pasaba por el lugar cuando ocurrió el hecho. Se trata de un plomero que venía de realizar un trabajo, de nombre Ricardo, que habló con el diario La Gaceta sin dar su apellido. “Caminaba por el lugar y me topé con esa escena. Era todo muy violento. No entendía nada. Alcancé a ver que el policía más grandote se le abalanzaba y le ponía la rodilla en la nuca. El tipo, que parecía un hombre más grande, no se podía ni mover. A los gritos pedían a la gente que no se acercaran y que no filmaran con los celulares”, comentó. “Eran dos los bicipolicías que lo redujeron. Uno de ellos tenía su rodilla en la nuca. El hombre que estaba en el piso le decía: ‘me falta el aire, me falta el aire’. El uniformado, le pedía que se callara diciendo que ‘no fuera cagón'», agregó. La versión de Ricardo ya habría sido aportada a la fiscalía mediante su declaración testimonial.
Según el testigo “los policías parecían no creerle que no podía respirar. En un momento el hombre se quedó callado y se puso blanco. Ahí los efectivos se asustaron y pidieron ayuda. Llegaron los de las motos del 107, lo reanimaron y recién ahí lo llevaron en una ambulancia”. Luego de haber recibido el resultado de la autopsia la fiscal Giannoni ordenó que analicen las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a las personas que intervinieron en la mortal detención de Nadal. Desde el Ministerio de Seguridad Pública de Tucumán aseguraron que colaborarán con la investigación y que, de confirmarse la teoría de la fiscal, serán intransigentes con los policías involucrados. «Los responsables serán separados inmediatamente de la fuerza en caso de que la Justicia los encuentre responsables», indicó el subsecretario de Seguridad José Ardiles.
Sin embargo, la policía tucumana acumula hitos represivos tales como el fusilamiento de Facundo Ferreira, de 12 años, el homicidio de Miguel Reyes Pérez, y más recientemente la desaparición y asesinato del peón rural Luis Espinoza, en el paraje Melcho de Simoca. Hace una semana una mujer denunció que fue golpeada y abusada por tres policías de Lastenia en un allanamiento sin orden judicial y bajo el comando de Fabio Ferreyra, subjefe de la Unidad Regional Este. Y hace pocos días la policía reprimió con balas de goma a un grupo de vecinos que realizaban un corte de calle para reclamar luz y agua. En este sentido, Alejandra Arreguez, referente del PTS en el Frente de Izquierda, sostuvo: «El crimen de Waltar Nadal no puede quedar impune, llamamos a la más amplia movilización para repudiar la impunidad de esta policía que actúa bajo el amparo del gobierno de Luis Manzur y exigimos la inmediata renuncia del ministro de Seguridad, Claudio Maley».
Nuestro horizonte: Juntas Nacionales, IAPI, Flota Mercante … o más parches
Por Gabriel Fernández* y Lautaro Fernández Elem **, 28 junio 2020
Las principales firmas agroalimentarias argentinas, en dificultades. Las verdades escondidas, explican cada proceso.
Los desequilibrios evidenciados por compañías que durante largos años tuvieron un rol destacado en nuestro país, permiten sacar algunas conclusiones interesantes. Por un lado, lo que todos saben y nadie dice para no colisionar con el sentido común liberal: ser “grande” no implica ser eficaz. Por otro, que a pesar de las algaradas públicas de los directivos, el desarrollo concreto se genera en los tramos en los que crece el poder adquisitivo promedio de las capas populares. También, que el empresariado productivo es permeable a la influencia de su contracara lumpen y rentística. Y claro: que el Estado es la empresa más confiable, perdurable… y rentable. ¿Cuáles son las herramientas que podrían superar esta encrucijada? Asómese, lector.
El caso Vicentin explotó con celeridad debido a la difusión de la estafa contra el fisco coordinada por sus responsables con el anterior titular del Poder Ejecutivo Mauricio Macri, el jefe del área económica Nicolás Dujovne y el jefe del Banco Nación Javier González Fraga. Pero hay otros dramas equivalentes aunque con rasgos propios. Uno de ellos viene de larga data y es el de la súper Coooperativa SanCor (Santa Fe y Córdoba); otro es más reciente y da cuenta de las dificultades de la monopólica Molino Cañuelas. Aunque las tres representan situaciones distintas, todas merecen encuadrarse dentro de las secuelas de cuatro años orientados al deterioro del mercado local.
Al abordar estos desajustes evidentes se pretende esquivar responsabilidades estructurales mencionando una y otra vez la pandemia y hasta derivando en los “daños” provocados por la cuarentena. Ni siquiera la ecuación planteada por el gobierno es cierta: la crisis interior de esas firmas se basa en el derrumbe de la economía nacional provocado por una política de ajuste impuesta con furia por el macrismo durante el tramo reciente. Reducir ese proceso a los últimos tres meses es una táctica simple que equipara la molestia de los ciudadanos por el encierro con un camino extenso, pletórico de tasas altas, tarifazos, caída del poder adquisitivo, inflación, evasión, transferencia de recursos, fugas e irregularidades.
VICENTIN. Nuestras Fuentes Seguras del ámbito santafesino observaron que si la iniciativa planteada originalmente por Alberto Fernández hubiera sido acompañada por una acción política profunda y sostenida, se hubiera concretado sin los retrocesos perceptibles. Eso significa que el gobierno nacional debería haber desplegado una labor semejante a la que, con sagacidad, realizó el gobernador Omar Perotti: diálogo intenso con todos los protagonistas. Pero ¿porqué Perotti actuó con esmero en segunda instancia, en vez de usar su influencia para sostener la idea presidencial? Lo veremos más adelante.
Ni bien se difundió a través de la recordada conferencia de prensa la propuesta de intervenir y expropiar Vicentin se organizaron reuniones con la senadora nacional Anabel Fernandez Sagasti en representación de la administración nacional, el gobernador Perotti y sus funcionarios, los representantes gremiales, los intendentes de la zona y varios productores perjudicados por la situación. La legisladora se percibió en dificultades para desarrollar la iniciativa porque en esos encuentros fue observando, progresivamente, que la propuesta alterna del jefe distrital contaba con respaldos articulados antes de los mismos.
¿Qué hizo Perotti para hegemonizar los cónclaves? Operó como buen puntero provincial, llamó a los sindicatos y subrayó: “Ustedes tienen que preocuparse por garantizar los puestos de trabajo. Con esta propuesta están garantizados”. Luego, se juntó con los productores pequeños de la provincia, a quienes dijo: “Vicentín les debe plata. Con nuestra propuesta ustedes van a cobrar lo que se les debe”. En la misma línea de trabajo, juntó a los intendentes del norte de Santa Fe, a quienes Vicentín debe un vasto volumen de impuestos. Les prometió: “Bánquenme que yo les garantizo que les paguen lo que les deben” y añadió “a los proveedores también”.
Vamos al detalle, pues la situación es más compleja de lo bastante compleja que parece. El andar delictivo de los responsables de la firma dejó un tendal de damnificados. Esos hombres que merecieron algún banderazo de una zona turbia y encapsulada de la población tienen deudas con los almaceneros del lugar, los proveedores de viandas para el personal, y hasta con la estación de servicio de San Lorenzo, donde dejaron un muerto en concepto de combustible para sus vehículos de ¡25 millones de pesos!. La confiabilidad de las empresas más grandes de la Argentina, conducidas por meritócratas, está a la vista.
Pero sí se ocuparon de mantener en orden el vínculo con los representantes del Poder Judicial en la región. El asunto no es menor; evidencia la despojada confianza del Poder Ejecutivo Nacional en el corroído funcionamiento institucional argentino. El lector recordará que en nuestro artículo previo anticipamos que la causa Vicentin corría serios riesgos debido a los alineamientos históricos de jueces y fiscales. Fuimos el único medio que advirtió la cuestión, mientras todos debatían sobre asuntos filosóficos ligados a la propiedad privada y la intervención estatal. Dicho y hecho, el juez Fabián Silvano Lorenzini fue a fondo. No sólo se permitió anular la iniciativa presidencial, sino que también desdeñó la sugerencia del gobernador, al reponer en sus cargos a los impresentables directivos de la firma.
Entonces, la falta de “militancia” albertista derivó en la precisa jugada anticipatoria de Perotti, a pesar de contar con gremios, intendencias y hasta proveedores que esperaron “línea” desde Nación. Así, el gobernador se dio el gusto de revivir su época de jugador, cuando barría en tiempo y forma mientras defendía con ahínco los colores del Club Juventud Moderna de Nuevo Torino, sin dejar de alentar apasionadamente al Sportivo Norte de Rafaela. Ese sesgo bien porteño de Alberto Fernández y sus funcionarios, creer que una conferencia de prensa lanzada desde Olivos releva la comunicación directa con los actores concretos, jugó en contra de una iniciativa que tuvo amplias posibilidades de ser asumida y aplicada.
Finalmente, en este tramo nomás, vamos a la respuesta de nuestras Fuentes acerca del empeño del jefe distrital en una dirección, en vez de cooperar con la propuesta del que debería ser “su” gobierno nacional. “Perotti es liberal. Es anti expropiación. Su relación con el empresariado es sólida y aprovechó esta circunstancia para enviarle un mensaje claro de confianza, previendo futuros apoyos”. Duro impacto para quienes, desde adentro del movimiento nacional, evaluaron que Perotti encarnaba “el peronismo” mientras Alberto resultaba una variante “liberal”. Nos permitimos insistir: por sus actos los conoceréis. La verba es apenas una fase del dirigente; y ni siquiera es la más importante.
MOLINO CAÑUELAS. Aquellas personas que enfatizan, café de por medio, que en la Argentina el problema radica en una “política” que no deja actuar libremente al empresariado, bien podrían tomar en cuenta este presente con oleaje variado y protagonistas desconocidos que intentan seguir adelante aspirando oxígeno a través del snorkel. Y recordar que una cosa es zambullirse con ánimo recreativo y otra, llevar adelante una gran embarcación.
El sentido hondo del grave y oculto problema suscitado en Molino Cañuelas, es que sus acreedores llevan meses sin cobrar y no ven posible que un acuerdo privado les permita recuperar parte de la multimillonaria deuda. Nuestras Fuentes indicaron que “en septiembre de 2018 los problemas financieros de Molino Cañuelas llevaron a la inauguración de un proceso de 25 meses de conversaciones con los bancos, que al mes de marzo de 2019 redundaron en el pedido de concurso por parte del Macro”.
Añadieron que “Molino Cañuelas, dirigida por Aldo Navilli, tiene deudas por 19 mil cien millones de dólares. Esto consta en los registros del Banco Central. El Banco Macro pidió la quiebra de la firma, en medio de rumores sobre retiros y giros al exterior de hasta 300 millones de dólares de las cuentas de la empresa”. El señor del pan, como se apoda a Navilli, no tiene un pan bajo el brazo. Al menos no para acreedores y trabajadores, pero es presumible que su familia se encuentre lejos de padecer necesidades.
Los informantes precisaron que “entre los 40 acreedores están el Banco Nación, el HSBC, Rabobank, el Provincia y el Galicia -le otorgó un crédito de 30 millones de dólares apenas días antes de que la empresa decidiera suspender los pagos-. Designaron un delegado para negociar con la empresa. Es el contador Juan José López Forastier, experto de agronegocios”. Pero los directivos de Molino Cañuelas no le dieron bolilla, argumentando que carece de poder para una gestión de tal naturaleza.
Molino Cañuelas es dueño de las marcas “9 de oro”, de la harinas Pureza, Cañuelas, Trigalia y Molinos Florencia, la línea Mamá Cocina, los aceites Cañuelas y también de los panificados congelados que se venden a supermercados. Todos sabemos lo que implica el aceite de girasol Cañuelas en las góndolas. Pero además posee, como Vicentin, un brazo agroexportador. Mediante la Compañía Argentina de Granos y la terminal portuaria Las Palmas en Zárate, una vez consolidado como productor de alimentos, se volcó al negocio de la asistencia a los productores de trigo para exportación.
En estos momentos, los funcionarios del área económica nacional, así como miembros de AFIP, Banco Central y Banco Nación, están analizando la situación y comparando ingresos y egresos para arribar, sin prisa, a una conclusión. Aunque Molino Cañuelas sufrió como el resto de las empresas la caída del mercado interno propiciada por la administración liberal macrista –“soy apolítico” gusta decir Navilli-, el volumen de endeudamiento sin afrontar sólo puede conducir a certificar alguna variante de fuga. “La deuda de 19 mil cien millones de dólares está comprobada por el Central –advirtieron nuestras Fuentes-. No se explica por una caída en la venta de bizcochitos”. Siempre, algo de humor filoso.
Finalmente, por ahora: los bancos acreedores no están mostrando apego por la “propiedad privada” tal y como presentan el tema los grandes medios. Así como se quedan con los hogares de quienes no logran abonar su hipoteca, están analizando la posibilidad de absorber el 80 por ciento del capital de la compañía. Imagine lector a los gerentes del HSBC –Banco Roberts, cómplice de José Alfredo Martínez de Hoz-: “Vengan y paguen, ¿o creían que los créditos eran subsidios? ¡Para eso está el Estado!”. El dilema es que el desmanejo empresarial puede afectar la estabilidad laboral de unos tres mil 500 empleados. Sólo para informar acerca de las víctimas directas.
SANCOR. Aquí estamos ante un panorama igual de conflictivo, pero con rastro diferente. El problema de SanCor se asienta en su deuda financiera. La cooperativa láctea perdió numerosas unidades productivas en los últimos cinco años. Los bancos no están directamente involucrados: la deuda se divide en 6.000 millones de pesos con el Estado, otros 6.000 millones en deudas con proveedores, el gremio y los empleados. A esa cantidad hay que sumarle la deuda en dólares con privados que está repartida entre u$s33 millones con un fondo de inversión holandés, u$s71 millones con el fondo de inversión local BAF y otros u$s18 millones con Sancor seguros.
La crisis de SanCor arranca durante la Convertibilidad cavallista. Sobre el año 2007 la empresa no había logrado saldar sus acreencias y las versiones de quiebra surcaban el espacio económico. George Soros quiso meter mano a través de Adecoagro, presentando una oferta tentadora. Por entonces SanCor lideraba las empresas lácteas. Digamos, como “El Paraíso Lácteo” en Los Simuladores. Pero la lucidez de quien ejercía la presidencia de la Nación por aquél entonces, Néstor Kirchner, lo resolvió: su par venezolano Hugo Chávez ofreció a Sancor un préstamo de 70 millones de dólares, que la empresa cobró de inmediato y fue saldando con envíos de leche en polvo hacia Venezuela en un largo plazo de pago.
Hoy, a pesar de conseguir algo de oxígeno a comienzos de 2019 con la venta de algunas fábricas y marcas –finalmente- a Adecoagro, la cooperativa láctea atraviesa un momento muy complicado. Uno de los últimos problemas registrados, fue hace pocos meses, con el freno de la actividad en la Planta de la Cooperativa en la localidad de San Guillermo, provincia de Santa Fe. El sindicato ATILRA lo comprendió rápidamente, y al tiempo que presentó una propuesta para el salvataje de la compañía inició una serie de gestiones que se intensificaron las últimas semanas.
¿En qué consiste la iniciativa? El primer objetivo es, claro, conseguir dinero. En la actualidad la empresa tiene bajo su órbita seis plantas ubicadas las localidades de Sunchales, Gálvez, San Guillermo, (Santa Fe), y en La Carlota, Balnearia y Devoto ( Córdoba). En este marco, el otro objetivo es sostener intacto el plantel de personal. ¿Cómo? Se ofrecerá a los acreedores privados y estatales “una capitalización” en la firma. Cuando se indaga sobre el eventual origen del dinero para reposicionar SanCor en el mercado interno y cubrir algunas deudas, aunque las respuestas incluyen a “inversores privados”, el eje de las mismas se dirige al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
El secretario general de ATILRA, Héctor Ponce, destacó que “el primer paso importante del Gobierno nacional vino de la AFIP y su titular, Mercedes Marcó del Pont, que cambió los parámetros para que se pueda refinanciar su pasivo, tomando en cuenta que es una empresa de la economía solidaria y que ha sido un factor clave en el desarrollo de la lechería nacional”. No fue el único contacto. Ya se registraron reuniones con los ministros de Trabajo, de Desarrollo Productivo y de Agricultura, y hasta con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Las Fuentes Seguras de Nación, nos explicaron que “El Gobierno está preocupado por lo que representa SanCor para la lechería argentina y además la gente de ATILRA se ha puesto muy insistente con el asunto. Por eso Alberto Fernández está al tanto del tema e instruyó a varios miembros del gabinete para que se involucren activamente tratando de buscar alternativas de solución”. A diferencia de los casos precedentes, las autoridades tienen dos de los tres grandes problemas resueltos.
La configuración de la firma, al ser una cooperativa –histórica, además- no ofrece complicaciones organizativas. Si bien se observaron algunos “desajustes” (atenti con eso), una acción estatal sólo exigiría una renovación de mandatos dentro de los parámetros estatutarios y un monitoreo continuo que se plasmaría con la designación de los ahora famosos veedores. En el otro perfil, los sindicalistas que representan más de dos mil trabajadores están más que dispuestos a colaborar para sostener los puestos de labor y se preocuparon por aclarar hace un mes que no existe conflicto en puerta mientras las acciones se desarrollen sin despidos. El factor restante demanda más análisis, pues no es otro que el dinero.
Para eso se aguarda una definición “razonable” de la AFIP, la obtención de un subsidio muy básico para adquirir materias primas que permitan reiniciar el ciclo productivo y posicionar nuevamente los productos en los espacios de venta. En la misma línea los responsables de SanCor estiman posible acceder a capital de trabajo para operar, especialmente cuando debido a la lentitud del proceso de recuperación económica general se aplace la recepción de pagos de ventas o servicios y no haya efectivo para cubrir las inversiones urgentes. Suponen, además, que el INAES puede completar una zona de capital faltante. Con ese objetivo propusieron hacer un fideicomiso en el Banco BICE y que ese fideicomiso sea el que trabaje sobre las cuestiones financieras para llegar a un acuerdo de quita de deuda con sus acreedores.
Si hasta aquí el asunto parece encarrilado, la situación no es sencilla. Por un lado, hace falta más que dinero; básicamente productores que estén dispuestos a confiar nuevamente en la cooperativa y entregar su producción. Para entender eso hay que observar que cuando una empresa del volumen de SanCor se pone en marcha, la exigencia de recursos primarios es extraordinaria. Así, los proveedores –tamberos, por caso- necesitan saber que la ampliación de la actividad se sostendrá en el tiempo, pues el riesgo de instalar maquinarias, adquirir animales y contratar personal para luego quedar sin comprador, implica la ruina. Ya sucedió, y si bien la cooperativa puede culpar genuinamente a las políticas de ajuste del menemismo y del macrismo por tales interrupciones, lo cierto es que quien se quema con leche, cuando ve la vaca, llora. Nunca tan exacta la metáfora.
Hay más trabas. Por eso aquél “atenti”. Nuestras Fuentes afirmaron que “lápiz en mano, no todos los funcionarios involucrados en el intento de salvataje están conformes con la propuesta de ATILRA. Entienden que el sindicato se exija al máximo y proponga salidas que garanticen los puestos de trabajo, pero no están dispuestos a embarcar al Estado en gastos superiores a los imprescindibles. Y no terminan de creer en la inocencia de los responsables de la cooperativa”. Como la duda no nos quedaba clara, insistimos. Y saltó la liebre: “los que objetan estas negociaciones están preocupados por que SanCor tiene entre sus pasivos una deuda de 1.200 millones de pesos con el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) de la gestión anterior”. El fantasma de Vicentin, recorre la Argentina.
A las tres compañías aquí analizadas se les puede recordar, con distinta intensidad, el consejo que alguna vez brindara la mamá de Joan Manuel Serrat.
“Cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías”.
PROYECTOS. Como el horizonte del gobierno orientado por Alberto Fernández presenta un dibujo –algo borroneado– que incluye inversión, producción y consumo, es probable que pese a las embestidas propagandísticas de quienes necesitan el hundimiento para vivir, las difíciles realidades de estas tres empresas alcancen soluciones parcialmente satisfactorias. Ahora bien: estudiando la historia reciente, es necesario indicar que las interrupciones liberales a los senderos de crecimiento generan catástrofes que obligan al espacio pro industrial nacional popular a correr para poner parches de urgencia.
Hay otros balances pertinentes. Esos parches demandan la canalización de grandes energías nacionales para resolver problemas a empresas que, de haberse desempeñado en los marcos de normalidad económica relativa que suele ofrecer el peronismo, se hubieran desplegado sin mayores tropiezos. Asimismo, que el proceso monopólico común a todas las actividades perjudicó el potencial de la economía argentina y facilitó los desequilibrios de esas firmas al relevarlas de una competencia adecuada. También, que la presencia de sectores antinacionales al frente de las entidades financieras del Estado ha impedido que el crédito fuera orientado a las necesidades reales.
Pero sobre todo, es válido estimar que la acción estatal en el área alimenticia y en la exportación no se releva con los parches indicados sino con la creación de entidades específicas que, como las Juntas Nacionales y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), operen directamente en beneficio del Pueblo y la Nación. Al desmontarse estas herramientas, el país quedó inerme ante las empresas del sector. Es preciso añadir: frente al volumen de las exportaciones nacionales, junto a esas instituciones es lógico promover la reconstrucción de la Flota Mercante Argentina, ya que una gran parte de los beneficios obtenidos son destinados al pago de fletes de origen externo en vez de nutrir las arcas locales. Esto incluye un factor singular: impulsaría la labor de los astilleros, gestora de empleo, ciencia y técnica puertas adentro.
Mientras se analiza el andar de esas firmas, entre otras, es imprescindible insertar en el debate la discusión sobre el Proyecto Nacional. Sin vociferar poses patrioteras carentes de contenido; con propuestas concretas que representen el interés de la Patria.
- Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal
- * Desde el Barrio / Sindical Federal / La Señal Medios
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