Los Títeres de Che Adelita en apoyo a las recuperaciones de tierras
Resumen Latinoamericano 10 de noviembre de 2020
«La propiedad es la maldición de la hermandad» de Norman Briski, se presentó en el Barrio Unido, Los Hornos, La Plata. El grupo S.O.S Títeres del Frente Cultural Che Adelita pudo compartir con gran cantidad de niñeces la hermosa obra que cuenta la resistencia y la lucha de las recuperaciones de tierra. Originariamente fue presentado en la recuparación de tierras de Guernica, que sufrió un violento desalojo.
Vilma Ibarra anunció que el
proyecto IVE del Gobierno se
presentará en noviembre
Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020.
Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de presidencia anunció ayer en una entrevista en un programa televisivo del medio de comunicación C5N, que presentarán el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) elaborado por el gobierno, y será tratado en sesiones extraordinarias. Por el momento se desconoce el articulado del proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de presidencia anunció en el programa del periodista Gustavo Sylvestre emitido por el canal C5N, que presentarán el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) elaborado por el oficialismo.
“Quiero comunicar que el presidente va a enviar el proyecto de Aborto Legal en noviembre y va a ser incorporado a Extraordinarias para su tratamiento” anunció y agregó “queremos un trámite razonablemente rápido y un debate respetuoso.”
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, comentan que no han tenido novedades respecto del contenido del Proyecto IVE presidencial. Sostienen que el Proyecto IVE elaborado por la Campaña y fuera presentado en el 2019 es el que cuenta con el consenso popular y recopila los argumentos adecuados fruto de una larga historia de lucha y saberes compartidos, ya que fue redactado por expertas en el tema.
Martha Rosemberg militante histírica de la Campaña expresó en sus redes sociales “muy positivo el demorado anuncio de la fecha de presentación -este mes- del proyecto presidencial, que permitirá el tratamiento de nuestro proyecto. Esperamos conocer el contenido, y que coincida con el nuestro que es público desde 2019 y al que se ha apoyado con el uso del pañuelo verde y declaraciones desde la campaña electoral”.
Fuente: AnRed
Guernica: la CIDH pide informes
al Gobierno sobre el violento
desalojo policial de miles de
familias
Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a la Cancillería argentina, a cargo de Felipe Solá, un pedido de informes sobre el violento operativo represivo llevado adelante por Sergio Berni, ministro de Seguridad del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el jueves 29 de octubre, con el cual desalojó a 1400 familias de una toma de tierras en Guernica, al sur del conurbano bonaerense. El pedido es en respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de las familias, y se justifica en que el operativo pudo “colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban el predio”, especialmente en relación al riesgo de exposición al coronavirus. Asimismo, la CIDH se pregunta si el Gobierno garantizará el acceso a la alimentación, los servicios básicos y la atención médica de las familias, y consulta cuál es la situación actual en el terreno desalojado. La solicitud explicita que el Gobierno debe responder en siete días.
El pedido de la CIDH, firmado por la secretaria ejecutiva interina del organismo, María Claudia Pulido, y entregado al canciller Felipe Solá, es la respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de las familias. El texto de pedido de informes sobre el operativo represivo sostiene que el mismo “podría colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban el predio”, especialmente en relación al riesgo de exposición al coronavirus.
Ambos organismos de derechos humanos habían presentado ante la CIDH una cautelar en favor de las familias por la “situación grave y urgente que requiere de manera inmediata la protección internacional en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de evitar daños irreparables a las nueve personas delegadas de los ocupantes”, entre ellas Brian Leonardo Damián Poeta.
Tras meses de negociación, entre el 27 y el 28 de octubre, desconociendo todo el trabajo en conjunto de diálogo con los delegados y delegadas de la toma y organizaciones, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, de la mano del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andres “Cuervo” Larroque dejando el campo llano para que avance la orden de desalojo del juez de Garantías de Cañuelas Miguel Martín Rizzo, que fue efectivizado por el megaoperativo conducido por el ministro de Seguridad Sergio Berni.
El hecho fue confirmado y denunciado por el Centro de Estudios Legales Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que reclamaron al magistrado suspender el desalojo a fin de “asegurar una relocalización colectiva que asegure los derechos fundamentales de alrededor de 1400 familias en juego”.
Luego del violento desalojo represivo policial de fines de octubre, la semana pasada el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, confirmó a través de la publicación del Decreto 955, la creación de una Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, en la órbita del Ministerio de Gobierno, encabezado por Teresa García, que tendrá como objetivo el desarrollo de soluciones habitacionales y la urbanización en barrios populares. La Unidad estará integrada por representantes de las carteras de Infraestructura y Servicios Públicos, de Desarrollo de la Comunidad, de Hacienda y Finanzas, de Justicia y Derechos Humanos, de Jefatura de Gabinete de Ministros, el Instituto de la Vivienda, la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana. La medida además fue acompañada con el anuncio de la creación de un Registro de Suelo Urbano, para identificar suelo fiscal urbanizable, “susceptible de ser utilizado para el desarrollo de soluciones habitacionales”, detalla el texto oficial.
Fuente: AnRed
1.400 científicxs cuestionan el
modelo productivo y proponen la
agroecología para la producción
sana de alimentos
Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020.
La “Carta Abierta de científicos/as argentinos/as al gobierno nacional sobre el trigo transgénico” que reproducimos íntegramente, plantea y fundamenta el rechazo desde distintas ramas de la ciencia al proyecto oficial que convertiría a la Argentina en el primer país del mundo que aprueba esa modificación genética en el trigo (y por lo tanto en sus derivados, como harina, pan, etc).
El texto plantea que el actual modelo de agronegocios, además de los daños ambientales y sociales que genera, “no resuelve los problemas de la alimentación” y “amenaza además la salud de nuestro pueblo”. Menciona los inéditos y masivos niveles de fumigación y contaminación actuales, que esta aprobación extendería en el tiempo (al año completo) y en los territorios. Consolidaría además problemas como los desmontes masivos, la la desertificación y la destrucción de ecosistemas naturales que este año puso a la Argentina en el foco de la destrucción por incendios.
Desde el punto de vista del consumo, El texto plantea que “dado que en Argentina no hay ley de etiquetado de transgénicos, toda la población estaría expuesta a su ingesta en la dieta diaria”, con efectos imposibles de prever para la salud humana.
“Estamos conscientes de que necesitamos abrir un debate democrático sobre el modelo de producción, la necesidad de un cambio transformador y la promoción de una ciencia independiente que observe y registre el accionar de las empresas de los agronegocios en lo sanitario, en lo ambiental y en lo económico. Una ciencia que en lo agrario pueda ser denunciante de procedimientos dañinos, que escuche las voces de transformación y que conduzca hacia la soberanía alimentaria”.
Las científicas y científicos culminan solicitando que se deje sin efecto la aprobación del trigo transgénico, y que además se “abra un amplio espacio de debate ciudadano que contribuya a la transformación del actual modelo de producción agrícola hacia modalidades agroecológicas que consideren el interés común, la salud pública, la defensa de la vida y de la casa común”.
Entre las más de 1.400 firmas reunidas hasta ahora se encuentran la de especialistas como Alicia Massarini (biología evolutiva); Damián Verzeñassi (salud socioambiental); Santiago Sarandón, Walter Pengue y Claudio Lowy (agronomía y agroecología); Matías Blaustein (biología molecular); Guillermo Folguera (ciencias biológicas y filosofía); Damián Marino (química ambiental), María Elena Zaccagnini, Bibiana Vilá y Alejandro Giraudo (biodiversidad); Cristina Pérez Coll y Rafael Lajmanovich (ecotoxicología); Ignacio Bocles (embriología); Haydé Pizarro, Irina Izaguirre y Antonio Brailovsky (ecología).
El texto completo del documento
CARTA ABIERTA DE CIENTÍFICOS/AS ARGENTINOS/AS AL GOBIERNO NACIONAL SOBRE EL TRIGO TRANSGÉNICO
En el Boletín Oficial el 9 de octubre fue publicada la Resolución 41/2020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que aprueba el primer trigo transgénico del mundo y anuncia su cultivo en el país, sujeto a que Brasil lo admita, dado que es el comprador del 45% de las exportaciones argentinas de este cereal. El trigo genéticamente modificado autorizado se denomina HB4 (trigo IND-ØØ412-7) y presenta, según consta en la mencionada resolución, dos características introducidas por técnicas de ingeniería genética: resistencia a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio.
Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentarias. Esto nos lleva a cuestionarnos acerca de los supuestos beneficios que traería aparejado.
Los daños del modelo del agronegocio
Existen evidencias acerca de las consecuencias negativas que producen los modos y los paquetes tecnológicos usados actualmente en la producción agrícola en Argentina, en Latinoamérica y en varios países centrales, especialmente en Estados Unidos. Cientos de investigaciones sobre daños ambientales y sanitarios han sido publicadas en revistas científicas internacionales y muchos más testimonios y denuncias han sido impulsadas de manera sostenida por comunidades, trabajadores de la salud y movimientos sociales de nuestra región. Es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria, concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente.
Algunos de los principales daños que está produciendo este modelo se deben al uso intensivo de agrotóxicos. Lejos de reducirse, como anunciaban hace más dos décadas los promotores del paquete tecnológico soja-glifosato, el uso de agrotóxicos se ha incrementado exponencialmente ya que la práctica de la siembra directa con semillas transgénicas y barbecho químico actualmente está concentrando la mayor demanda de glifosato y otros agrotóxicos. La agricultura basada en el uso de organismos genéticamente modificados (OGM), tolerantes a diversos herbicidas selecciona a las malezas resistentes que proliferan, lo cual obliga a aumentar las dosis, a realizar mezclas de múltiples activos y a su vez recurrir al consumo de nuevos herbicidas más potentes. En Argentina, hay falta de registros oficiales de uso y, en función de las proyecciones, actualmente se usan más de 525 millones de kg/litros de formulados de agrotóxicos por año (alrededor de 12 litros por habitante, la tasa más alta del mundo), esparcidos en miles de millones de litros de caldos de aplicación. La autorización del trigo resistente al glufosinato de amonio implicará aumentar aún más ese volumen, que de por sí resulta exorbitante.
El glufosinato de amonio es un herbicida que, mirado desde la seguridad alimentaria según FAO, es 15 veces más tóxico que el glifosato, ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su toxicidad aguda y sus efectos neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la colinesterasa. Es letal para organismos que contribuyen naturalmente a mantener la dinámica de los agroecosistemas: arañas, ácaros, artrópodos depredadores, mariposas y otros polinizadores y microorganismos del suelo. Además, en estos agroecosistemas desequilibrados aumenta la susceptibilidad de los cultivos a enfermedades, con el consecuente aumento en la dependencia del uso de más agroquímicos. Asimismo, deteriora enormemente la calidad del agua dulce acelerando procesos de eutrofización, siendo además tóxico para algunos organismos acuáticos. Además, penetra hacia napas subterráneas, aumentando la lixiviación del nitrógeno de los suelos.
La incorporación del trigo transgénico incrementaría la frecuencia de las fumigaciones, extendiéndolas durante todo el año. Hasta ahora, las fumigaciones masivas con agrotóxicos se circunscribían a las temporadas de primavera y verano (también se aplican a finales del invierno como “barbecho químico”). Dado que el trigo es un cultivo de invierno, la aplicación del glufosinato de amonio dará lugar a fumigaciones con este herbicida, en una estación del año en la que se prolonga la vida media de plaguicidas en el ambiente, debido a la incidencia de las bajas temperaturas en los procesos de biodegradación y/o a la baja irradiancia solar en la fotodegradación, todo lo cual coincide además con la mayor susceptibilidad de la población a contraer enfermedades respiratorias.
Hasta el momento, el uso del paquete tecnológico estaba particularmente asociado al cultivo de soja, maíz y algodón, cultivos principalmente vinculados a la producción de granos para forraje y aceites. El trigo, en cambio, es la base de la alimentación de las y los argentinos, ya que con él se elabora el pan y gran parte de nuestros alimentos que están basados en sus harinas. A partir de esta autorización, el trigo HB4 tendrá residuos de glufosinato al igual que las harinas y sus derivados, es decir, habrá glufosinato en alimentos básicos de consumo diario. Dado que en Argentina no hay ley de etiquetado de transgénicos, toda la población estaría expuesta a su ingesta en la dieta diaria.
Por otra parte, el trigo podría correr una suerte similar a la soja no transgénica, que ha sido completamente reemplazada por variedades transgénicas. No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico, entre otras cosas por la llamada “contaminación genética” que ocurre durante la polinización. El trigo se autofecunda en un gran porcentaje, pero también se cruza con otros cultivos de trigo que se encuentren en las cercanías. Del mismo modo que en el caso de la soja, una vez liberadas las variedades transgénicas en pocos años se podrían diseminar debido a la fecundación cruzada por polinización con las variedades no transgénicas, en un proceso irreversible de flujo genético. Además de los procesos naturales, el mercado también podría imponer la adopción de OGM, haciendo llegar a los productores insumos sin identificación a bajo costo, como ocurrió en el caso de la soja RR.
La reconfiguración de la producción hacia la agricultura de mercado y la producción de commodities basada en precios internacionales han llevado a un avance descontrolado de la frontera agrícola en las últimas décadas para ampliar las áreas de cultivo en nuestro país. Este escenario se agrava con la aprobación de la “Iniciativa DOSCIENTOS MILLONES (200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” que, junto con el Anexo registrado con el Nº IF-2020-65541846-APN-SSA#MAGYP, no toma en cuenta ninguna consideración respecto a las consecuencias ambientales de este emprendimiento.
Los desmontes masivos de bosques nativos, la devastación de áreas de alta susceptibilidad como el monte chaqueño y las yungas en Salta, la desecación de humedales y actualmente los incendios extensivos que destruyen ecosistemas naturales en 14 provincias son distintas caras del mismo modelo que a su vez potencian sus consecuencias negativas en los escenarios actuales de cambio climático.
Esta expansión avasalla a las poblaciones rurales, campesinas y comunidades de pueblos originarios, generando la ruptura de entramados sociales, pérdida de infraestructura rural, expulsión de población, y concentración de la propiedad de la tierra y los beneficios que se obtienen de ella, dejando como saldo una invaluable pérdida de saberes y prácticas, de diversidad cultural, biodiversidad y degradación de ecosistemas. Al mismo tiempo, es inmenso el deterioro de bienes comunes de la naturaleza tan relevantes como lo son las funciones ecosistémicas que contribuyen a la regulación climática e hidrológica, afectadas por cambios estructurales en las coberturas vegetales, e incluso por impactos indirectos sobre otros ecosistemas tales como la degradación de los humedales por la intensificación de la actividad ganadera desplazada de las tierras altas o la formación de “ríos nuevos” por cambios profundos en el ciclo hidrológico.
En este marco cabe preguntarnos: ¿es aceptable el desarrollo y la aprobación de nuevos cultivos transgénicos que profundizarán los daños y el despojo de nuestro pueblo y nuestros territorios? La celebrada “resistencia a la sequía” que se elogia como un logro científico ¿es realmente una ventaja? ¿para qué? ¿para quién? ¿Es una ventaja que el trigo transgénico reemplace bosques y pastizales nativos? ¿Quiénes tendrían que decidir ese cambio de uso de suelo? Este tipo de decisiones que nos afectan a todes y comprometen el futuro de todas las generaciones, es imprescindible que sean tomadas como resultado de un debate que incluya sus consecuencias ambientales, económicas y sociales. Los transgénicos agrícolas, a pesar del enorme esfuerzo propagandístico en pos de presentarlos como una innovación virtuosa para “alimentar al mundo” sólo han servido para generar lucro para unos pocos que logran acceder a los altos costos de los paquetes tecnológicos y hacerlos rentables por escala. Los organismos transgénicos no son necesarios para garantizar ningún derecho del pueblo, por el contrario, atentan contra la salud socioambiental y amenazan la soberanía alimentaria.
Una oportunidad para reconsiderar el modelo
En un contexto de pandemia, cuyas causas más profundas se vinculan con la pérdida de biodiversidad por destrucción de ecosistemas, cambios en el uso del suelo y degradación del ambiente, uno de cuyos mayores responsables es el modelo del agronegocio, es urgente plantearnos la necesidad de un cambio profundo. La FAO afirma: “Hemos llegado al límite del paradigma de la revolución verde” y alcanzar una agricultura sostenible requiere un enfoque integrado. El paquete tecnológico transgénico-agrotóxicos es hoy la encarnación extrema del paradigma de la “revolución verde” y avanzar hacia una producción agroecológica libre de venenos y transgénicos es el principal desafío que hoy tenemos como humanidad”.
Por otra parte, en su el Informe Especial frente al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas en su 40º período de sesiones, la Relatora Hilal Elver luego de su visita a la Argentina en septiembre de 2018, reitera la importancia de diversificar la matriz agrícola de manera de disminuir su vulnerabilidad. Asimismo, el informe alienta al Gobierno a dar prioridad al diseño e implementación de políticas y reformas efectivas con la participación de todos los segmentos relevantes de la sociedad con el objetivo de garantizar el derecho a una alimentación adecuada.
En nuestro territorio se impone la necesidad, entonces, de realizar una transición hacia sistemas de producción agroecológicos que permitan garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y al mismo tiempo, preservar proteger y restaurar los bienes comunes de la naturaleza, celebrando la diversidad cultural, conservando la diversidad de las especies y los recursos genéticos. Las prácticas agroecológicas involucran un valioso diálogo de saberes, ya que combinan los conocimientos tradicionales y autóctonos, los conocimientos prácticos de los campesinos, productores y comerciantes y los conocimientos científicos. A su vez, en un contexto de cambio climático es significativo advertir que los sistemas agroecológicos diversificados son más resilientes, es decir, tienen una mayor capacidad para recuperarse de las perturbaciones, en particular de fenómenos meteorológicos extremos, además de incluir modelos altamente eficientes que pueden generar enorme productividad.
Como científicos/as comprometidos con la vida, estamos conscientes de que necesitamos abrir un debate democrático sobre el modelo de producción, la necesidad de un cambio transformador y la promoción de una ciencia independiente que observe y registre el accionar de las empresas de los agronegocios en lo sanitario, en lo ambiental y en lo económico. Una ciencia que en lo agrario pueda ser denunciante de procedimientos dañinos, que escuche las voces de transformación y que conduzca hacia la soberanía alimentaria.
Por todos estos motivos, quienes suscriben esta carta, científicos y científicas de múltiples especialidades y formaciones, solicitamos al Gobierno Nacional que deje sin efecto la aprobación del cultivo de trigo transgénico y que, al mismo tiempo, abra un amplio espacio de debate ciudadano que contribuya a la transformación del actual modelo de producción agrícola hacia modalidades agroecológicas que consideren el interés común, la salud pública, la defensa de la vida y de la casa común.
Invitamos a la comunidad científica a sumar su apoyo para solicitar al Gobierno Nacional que deje sin efecto la la aprobación del cultivo de trigo transgénico en el territorio de nuestro país.
Fuente: La Tinta – Imagen de portada: Cecilia Garcia.
De chanchos y propiedad privada
Por Eugenio Rolón y Eugenio Rolón(h), Resumen Latinoamericano, 10 noviembre de 2020.
Se puede cuestionar casi todo, pero lo que resulta indiscutible es aquello que favorece a una minoría. Pero no a cualquier minoría, a la minoría de quienes ostentan el poder real, de quienes concentran la mayor parte del capital.
Esa minoría tiene sus “representantes” locales, sus capataces, aspirantes a -lo que nunca llegarán a ser-: pequeños burgueses. Pero si, a quienes se aplica el precepto aportado por Bertolt Brecht: no hay nada más parecido a un fascista que un pequeño burgués asustado.
En este sentido, la propiedad privada representa el elemento legal de mayor relevancia y que por ende con más recelo cuidan dichos sectores. Cuando, en realidad, los derechos constitucionales que debieran primar son aquellos vinculados a la supervivencia y la vida digna. Para ello, no debe olvidarse que habitamos un mundo finito, con límites: geográficos, de capacidad de carga, en definitiva: ambientales en general, por cuanto la concentración de riquezas, la existencia misma de “ricos” implica ineludiblemente la de grandes sectores carenciados: “pobres”.
No podemos seguir sucumbiendo a los sentidos comunes de: eficiencia, eficacia, necesidad de más desarrollo, desarrollo sustentable o sostenible, más tecnología igual solución (optimismo tecnológico), “siempre hubo pobres y siempre los habrá”, puesto que todos ellos solo contribuyen al sostenimiento del modelo cultural capitalista.
En definitiva, desde Marx -y pensando con la paradoja de Jevons[i] presente- no podemos valernos de las herramientas de producción y los fines capitalistas, esperando construir una sociedad más justa y equitativa en cuanto a la distribución de riquezas. Por ello, lo primero que un modelo justo debiera abolir es: la propiedad privada.
La propiedad privada es el equivalente a lo que, en biología, en botánica y en biogeografía se denomina: especie colonizadora. Aquella que en condiciones levemente propicias o incluso desfavorables ocupa primigeniamente un territorio, dando lugar al arribo y establecimiento de otras (inclusive animales). Las condiciones internas o externas vienen dadas por la colonización cultural y la propiedad privada da lugar al arribo y establecimiento del modelo capitalista. Recordemos, en una escala global, a qué fines ha sido útil el “hijo”[ii] de la Organización de las Naciones Unida (ONU): el Estado de Israel, que ha establecido la propiedad y el consecuente control del territorio, al tiempo que la expulsión de quienes lo habitaban hasta aquel momento. Y, todo ello avalado con el discurso hegemónico fundado en el sentido común: “una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra”. Cualquier similitud con la denominada “campaña del desierto”, donde el último término cumplía la tarea de invisibilizar a los pueblos originarios de la Patagonia Argentina, como en el otro caso a los habitantes de Palestina, no es mera casualidad.
Más bien corresponde a una causalidad: los requerimientos de expansión constante del modelo capitalista. Donde el papel de la ONU es el de administrar la obediencia de los demás Estados a dichos requerimientos, al tiempo que establece un teatro donde se representa un mundo “democrático” que tranquiliza y adocena conciencias, reduciendo los conflictos no rentables.
A este respecto y conforme a la defensa de la propiedad privada, la justicia argentina ha obrado conforme y coherentemente con la función que bien ha descripto Roque Dalton, en su poema “Las leyes”
Las leyes son para que las cumplan
los pobres.
Las leyes son hechas por los ricos
para poner un poco de orden a la explotación.
Los pobres son los únicos cumplidores de leyes
de la historia.
Cuando los pobres hagan las leyes
ya no habrá ricos.
Otro de los efectivos elementos discursivos es el de “las inversiones”. Su efectividad resulta de su transversalidad; atravesando desde los sectores más representativos de la derecha argentina con la mentada “lluvia de inversiones” enarbolada por los falangistas de Cambiemos, hasta la búsqueda de inversiones extranjeras y su puesta publicitaria como la panacea que resolverá la pobreza, la marginalidad y las disparidades sociales por parte de los tibios reformistas, eufemísticamente denominados: progresistas.
Desde los chanchos para China, los desalojos en el Guernica -que resultó tristemente gráfica de la obra de arte homónima- hasta la impulsada ocupación -por parte de los sectores de la especulación inmobiliaria- de los espacios del dominio público definido por las líneas de ribera, en la provincia del Chaco (Argentina), corresponden a acciones coherentes con las lógicas de expansión y acumulación constante y permanente del modelo cultural capitalista.
Al respecto, queremos recordar a Alfredo Palacios, rescatado para no ser olvidado por el imprescindible Gregorio Selser[iii], cuando manifestaba:
“La palabra del maestro que presidió la comisión investigadora de los frigoríficos ingleses que robaban al país y junto a Lisan-dro de la Torre desnudó sus tropelías contra la soberanía nació-nal y sus intereses, postula con vigor:
Cuando toda la política internacional gira alrededor del petróleo, cuando la lucha por la obtención de las zonas de producción petrolera mueve a una poderosa red de organizaciones capitalistas, nosotros cometemos la imprudencia de abrir de par en par las puertas del país a todos los imperialismos, olvidando el espectáculo trágico que nos presenta el cercano oriente. Me alarma que los hombres de gobierno hablen de política realista para justificar actitudes contrarias a la soberanía, como si se quisiera significar que se deja de lado la ética. La recuperación del país debe obtenerse con nuestro propio esfuerzo, así exija abnegación y sacrificio.”
Cualquier similitud de las petroleras con las multinacionales del agronegocio y los medicamentos, no es en absoluto casualidad, más bien causal de continuidad del modelo de expoliación capitalista.
Llamamos al estudio de la historia y a una responsable reflexión. Ni tan siquiera EE. UU. ha sido la excepción, cuando de acentuar e incrementar las condiciones y potencialidades propias, no han dudado en cerrar sus fronteras. Así mismo, debe reconocérsele, resaltar y mostrar un profundo respeto por el pueblo cubano cuya muestra de abnegación fundada en el convencimiento por el camino del socialismo lo ha llevado a sobrellevar el inhumano y criminal bloqueo impuesto por EE. UU. y los “Estados” socios y lacayos.
¿Qué aprendizaje podemos rescatar de esa maravillosa isla y su pueblo? Sin lugar a dudas que muchos, pero al respecto de la temática abordada: que educación, salud, vivienda y trabajo pueden lograrse para todo el pueblo a pesar de “estar fuera del mundo”, falacia sostenida por los falangistas de Cambiemos en coherente estrategia con la atribuida al servidor nazi Joseph Goebbels: miente, miente que algo queda. Sin embargo, qué ser humano, comunista, socialista o creyente de las letras de Jesucristo que enarbolaba la humildad y la pobreza como virtud, puede decir que prefiere el crecimiento económico que beneficia a unos pocos por encima de los logros del pueblo cubano; quien lo haga es poco menos que un criminal.
Señores, la historia nos enseña: ni chanchos capitalistas ni cerdos reformistas, como sostenía el excepcional estadista Fidel Castro: “ni un paso atrás, ni para tomar impulso”. En ese sentido, no se puede retroceder en materia de derechos ganados, al tiempo que no se puede imitar otros modelos -como bien lo analizaba J. C. Mariátegui- (“ni calco ni copia”). Por ello, ni la privatización de los espacios del dominio público impulsada por la especulación inmobiliaria, ni la producción de materias primas para otros países constituyen una solución a la desigualdad reinante en Argentina. Solo una reforma agraria, la socialización de las tierras y la agroecología en desprecio del modelo agroindustrial pueden aportar un camino real que dé respuesta a los derechos humanos más básicos: salud y dignidad.
Con el enemigo -el verdadero- no se puede ni debe negociar. No se puede dar batalla al capitalismo “con las armas melladas” (Ernesto Che Guevara) que nos ha dejado, ni mucho menos pretender -ingenuamente o más bien cómplice-: un capitalismo “humanizado”. Toda política de ese tipo estará condenada a perpetuar las desigualdades contra las que dice luchar.
[i] JEVONS, W. S. (1866); “The Coal Question”. Londres: Macmillan and Co.
[ii] Definido así por el entonces Ministro de Exteriores de Israel: Moshe Sharett.
[iii] SELSER, G. (1988); “El país a precio de costo”. Buenos Aires: Hyspamerica.
Lucha por el buen vivir
Por María Cruz Ciarniello, Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020.
Son mujeres originarias de la comunidad qom de Rosario. Con recorridos de vida diferentes, asumen el activismo indígena todos los días. Desde el sostén de un centro comunitario hasta dar clases en una radio de la comunidad. La potencia de encontrarse con otras en los movimientos de mujeres indígenas. El terricidio y la defensa de la lengua originaria. Cuerpo e identidad. La micropolítica que no está en agenda.
En la cancha, piso de tierra, debajo de los dos palos, Noelia Naporichi custodia su arco. A veces deja los guantes a un lado para jugar en la defensa, correr por las bandas o el centro y frenar el ataque del equipo rival. Dice que el fútbol le enseñó a no rendirse. Juega con las pibas en el potrero o en el playón del barrio y hasta el año pasado en el club Rosario Central, adonde espera volver en el 2021.
El fútbol es una de sus pasiones. La otra es la peluquería, el oficio que con suerte le permite ganarse alguna moneda para subsistir en medio de la pandemia. De día, Noelia sueña con tener su propio salón de peinado y volver a calzarse la camiseta canalla del club de sus amores. De noche también sueña, aunque muchas veces la desvele la violencia que se ensaña, sobretodo, contra los jóvenes de sus comunidad.
Cada tanto recuerda su infancia en Castelli, provincia de Chaco. Fue criada por sus abuelxs en el campo y allí vivió hasta que un día en la escuela la obligaron a cortarse el cabello, tan sagrado para las mujeres originarias. Padeció un racismo estructural que no reconoce fronteras ni edades. “Había un preceptor que me decía que por ser india no iba a pasar de grado o que no tenía oportunidades de ser alguien en la vida”, recuerda hoy con sus 26 años.
Se fue de Chaco a los 14 años y llegó a Rosario para estudiar y encontrarse con su mamá. “Acá empecé a hacer mi camino, a ver cómo es una ciudad, las diferencias que tenemos por vivir en una urbanización y por vivir en el monte, y también a sentir cómo es ese racismo que se vive en la escuela”. En esta urbe Noelia se topó con la misma discriminación racial que sufrió en Castelli. Pero acá, en la que ahora es su tierra, supo defender sus derechos y sus deseos. Noelia forjó gran parte de su militancia en el barrio donde habita una de las comunidades qom, ubicada en lo que se denomina Barrio Toba Municipal, Rouillón y Maradona, zona sudoeste de Rosario. En esta tierra que tanto defiende, fundó el Centro Comunitario por el Buen Vivir en la casa de su madre que, en tiempos de Covid-19, entrega alimentos para unas 120 familias del barrio, empezó a participar de asambleas, a coordinar espacios para jóvenes y ancianxs, a trabajar junto a equipos interdisciplinarios en salud y adicciones, y a ser parte además, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
Liliana siempre supo que quería ser maestra. Tenía un deseo: enseñar su propia lengua. No lo hizo hasta que tuvo 42 años y cumplió su sueño: empezó a estudiar el Profesorado para ser una de las docentes interculturales bilingües que hay en Rosario. Pero llegó la pandemia y con ella, la suspensión de clases en todo el país. Liliana Meza todavía espera poder concursar para un cargo. Dice que hay pocos, aunque cada vez haya más maestrxs idóneos queriendo enseñar la lengua indígena.
Nació en Colonia Aborigen, Chaco, porque su mamá, que había migrado en la década del setenta, viajó a su tierra natal para ser atendida por su madre, la partera de la comunidad. A los pocos días regresaron a la ciudad para asentarse definitivamente en Villa Banana, siendo una de las primeras familias en poblar la enorme barriada de la zona oeste. Allí vivió hasta los 20 años. Allí estudió en la escuela Pizurno donde dice no haber sentido la discriminación que sí padeció en las calles “por vivir en la villa y ser indígena”.
Cuando era niña jugaba a tener un paragüas mágico que la cubría y la protegía de las “miradas de reojo”, de las palabras que dolían y que apenas entendía. Pero Liliana creció y ese paraguas de a poco fue desapareciendo. Quedó embarazada antes de terminar el quinto año del secundario -que más adelante pudo finalizar gracias al Plan Fines- se casó y se alejó de su barrio y su comunidad.
Pero cuando su hijo tenía seis años, Liliana sintió que tenía que hacer algo. Recuerda ese día casi a la perfección. “Me mandan una tarea de la escuela donde tenia que llevar algo con respecto a la diversidad de culturas, y en los libros no encontré nada de lo que era cierto, no era la versión de mi Pueblo. Entonces, escribo un pequeño texto referido a mi mamá que se llamaba “mujer trabajadora”, es decir escribí sobre la vida de mi mamá en el campo, lo que nos enseñó y transmitió de nuestra cultura ancestral”.
Así fue como la profesora de su hijo la invitó a participar del acto escolar por el 12 de octubre y contar su propia historia. Entonces Liliana, aquella cocinera dedicada a las tareas del hogar, alejada de su barrio y su Chaco natal, la que soñaba en su infancia con tener superpoderes para defenderse de la discriminación, se transformó en una educadora popular.
—Ahí fue cuando sentí que tenía que hacer eso, visibilizar a quienes somos olvidados. Y desde ese día fue un cambio radical en mi vida.
Fue en Rosario donde Noelia Naporichi conoció a la activista indígena mapuche Moira Millán. Tenía 17 años y escucharla fue como empezar a “despertarse”. Se sumó a la Marcha de Mujeres Originarias que se gestó en Rosario y que luego derivó en la conformación del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Noelia encontró un espacio para caminar junto a otras, hermanadas en una misma lucha por la tierra, por la identidad y contra la violencia hacia sus cuerpos. 36 naciones originarias integran el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y ya llevan realizado dos Parlamentos donde se potencian las historias y las estrategias de lucha. Noelia dice que gracias al Movimiento aprendió a no tener miedo. A poder hablar, a plantarse y defender sus derechos. En el activismo, junto a otras y otres, conoció resistencias ancestrales paridas entre montes impenetrables, lagos y montañas.
Es que los territorios cambian en paisajes pero la pelea es la misma: como cuando ocupa el arco, Noelia tiene en claro qué defiende. Se define como “antirracista y antipatriarcal”. No se reconoce como “feminista” porque siente en gran parte del movimiento la influencia de un feminismo blanco y europeo que lejos está de la lucha ancestral de las mujeres negras e indígenas latinoamericanas. Pero sí se la ve en las marchas que el movimiento convoca en Rosario, en las asambleas feministas levantado su voz para ser escuchada, en las actividades que conjura junto a sus hermanas negras afrodescendientes. Con ellas comparte una misma manera de entender los feminismos porque sus cuerpos han soportando las mismas violencias. “No todas las mujeres tenemos los mismos privilegios. No todas se sienten o se piensan mujeres. Hay mucho por interpelar dentro de los feminismos”, dice.
Liliana no lo pensó dos veces. Levantó el teléfono y se comunicó con Mariana Segurado ni bien supo que esta maestra de grado estaba dando clases a través del aire de la radio que tiene la comunidad qom del barrio Los Pumitas. Recientemente egresada del profesorado bilingüe le propuso a Mariana conformar una dupla pedagógica y sumarse a las clases radiales para transmitirle a los y las niñas de la comunidad sus saberes, leyendas indígenas, y traducir en lengua qom el contenido de las clases. A pesar de vivir en otro extremo de la ciudad, Liliana viajó todas las mañanas a la radio ubicada en los Pumitas, zona noroeste de Rosario. Fue su primera experiencia como maestra bilingüe y la recuerda con emoción.
Escribe poesía y es una aficionada de la fotografía porque encontró en el arte una de las maneras para visibilizar la cultura y la identidad indígena. Su raíz es su propia lengua qom, la que dice que no siempre se aprende por el miedo a ser discriminados. “Mi abuela le enseñó a mi mamá, pero no a sus hermanos menores porque en la escuela le tenían prohibido hablar en qom. Y yo cuando la veía a mi mamá hablar su propia lengua, gesticulaba distinto, era más expresiva, más libre. El castellano la limitaba”.
Sin embargo, y a pesar de no haber aprendido el idioma qom l’aqtac de chica ni haberse criado en el Chaco, la transmisión oral de los saberes ancestrales fue fundamental. Ella dice algo simple: “Podés vivir en cualquier lado, pero siempre perteneces a esa tierra donde naciste. Es tuya, por más que te la quieran robar”.
En el año 2014, la ciudad de Rosario tuvo su Primer Censo de Pueblos Originarios llevado adelante por la Municipalidad y el Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas. Hasta ese año Rosario no contaba con cifras ni relevamientos específicos -más allá del Censo de 2010-que pudieran dar cuenta del crecimiento y la realidad de las comunidades indígenas a nivel municipal.
En ese Censo se registraron un total de 6521 personas originarias, de las cuales 4717 pertenecían al pueblo qom, en su mayoría, radicadas en el Distrito Oeste de Rosario. Entre otros datos, el Censo daba cuenta que solo un 20% de los nacidos en Rosario hablaba la lengua indígena. El porcentaje aumentaba a un 57,5% entre quienes habían migrado a la ciudad. Además, apenas un 16% de los nacidos en Rosario podía escribir en su propio idioma. También era notoria la brecha de género en dos variables: mayor analfabetismo en mujeres y mayor tasa de actividad laboral en varones. En cuanto al acceso a la salud, el censo visibilizó algo fundamental: el rol esencial de los centros de salud en los barrios donde habitan las comunidades. Es que más del 80% de la población indígena no contaba con ningún tipo de cobertura en salud.
Tener estadísticas permite dimensionar las necesidades y al mismo tiempo, todo lo que todavía hace falta hacer en materia de amplitud y reconocimiento de derechos para los pueblos preexistentes al Estado Nación, más allá de leyes vigentes como la 26.206 o la 26.160, el Convenio 169 de la OIT o lo que establece la mismísima Constitución Nacional, letra muerta cuando se la contrasta con la realidad que sufren las comunidades indígenas en Argentina. Falta de acceso a la salud integral e intercultural, a la justicia, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna. La deuda es histórica: son más de 500 años de una vulneración sistemática de derechos esenciales.
A su vez, la pandemia por el Covid-19 dejó al descubierto otras enormes violaciones a los derechos humanos: la falta de conectividad en muchos barrios, los desalojos, el desmonte indiscriminado que obliga a migrar de manera forzosa y la violencia institucional, de todo tipo, que sufren las comunidades de norte a sur del país. Chaco, Salta, Jujuy, la Patagonia, el Litoral. Pueblos mapuches, moqoit, guaraní, coya, diaguita, aymara, wichis, qom, y tantos más.
En algunos territorios, la violencia policial y la emergencia sanitaria, económica y habitacional impacta con más crueldad. Así al menos lo señala un relevamiento de 500 paginas realizado en el marco del ASPO por más de cien investigadores e investigadoras, becarios y becarias, tesistas, entre otros roles, nucleados en 30 equipos, 12 universidades nacionales y dependencias de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Allí señalan: “Coincidimos en nuestra preocupación por los efectos de la expansión del COVID-19 y del aislamiento en los pueblos originarios, ya que sabemos de su desigual acceso a la salud, a la educación, a internet, a la justicia, a la vivienda, a un trabajo digno. Porque nos imaginábamos consecuencias posibles, como las que lamentablemente podemos leer en estas páginas. Tal es el caso de los diversos hechos de violencia, abusos de la justicia y fuerzas de seguridad, maltratos en centros de salud, desmontes ilegales y también medios de comunicación atribuyendo a supuestas “pautas culturales” la expansión de contagios en los barrios populares donde reside población indígena en Resistencia, Tartagal, Gran Buenos Aires, o en tantos rincones de nuestra Argentina”.
En agosto, Aministía Internacional presentó un informe que presenta más de 20 casos en todo el país en los que las comunidades indígenas sufren desproporcionadamente los efectos de la pandemia y sus medidas. El relevamiento incluye la represión policial del 7 de mayo en Rosario, en el barrio qom de Rouillon y Maradona. “En Chaco, Río Negro, Santa Fe y Tucumán hemos relevado situaciones de abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en Chaco se han hecho públicos al menos dos casos en que las fuerzas policiales habrían realizado operativos violentos y abusaron del uso de la fuerza. El caso del Barrio Bandera en Fontana, que tuvo enorme repercusión pública; y una situación en Pampa del Indio en la cual habrían disparado por la espalda a 3 personas que se encontraban cazando, hiriendo de gravedad a uno de ellos”.
Revista Cítrica fue el medio autogestivo que tuvo acceso a la filmación de las cámaras de seguridad de la Comisaría Tercera de Fontana la madrugada del 31 de mayo. Esa noche policías raptaron a dos chicos y dos chicas de la comunidad qom. A los chicos los torturaron, a las chicas las abusaron. En la tarde del 23 de julio en la comunidad guaraní Cherú Tumpa, en Colonia Santa Rosa, Salta, una mujer fue detenida y 18 personas resultaron heridas con balas de goma, entre ellas, seis niñes. La mujer fue arrestada sin orden judicial además de ser golpeada brutalmente.
#BastadeChineo es la campaña que realizó el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir que integra Noelia. Denuncian el abuso sistemático, silenciado y naturalizado y las torturas contra mujeres y niñas indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social. “El chineo es una práctica colonial que hoy continua existiendo en mano de los criollos, las empresas transnacionales que operan en nuestros territorios, las fuerzas de inseguridad del Estado y el patriarcado que atraviesa nuestras comunidades” dice el Movimiento. En el audiovisual que realizaron hay testimonios: “Mi hija apenas cumplió los 15 años cuando le quitaron la felicidad y la inocencia. Desde allí ella siempre tuvo miedo, ya nunca más va a estar tranquila. Siempre con miedo. Cuando tenía 15 años le compré una torta para hacerle el cumple y desapareció. Creí que estaba en casa de un familiar pero no era así. La secuestraron de la comunidad y se la llevaron a Rivadavia Banda Sur, después a Tartagal y la iban a mandar a Formosa, y después a Jujuy para hacerla prostituir”.
Amnistía Internacional señala que hay más de 300 conflictos indígenas relevados con anterioridad a la pandemia. “Estos casos no son exhaustivos pero reflejan las luchas de las comunidades que reclaman el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (tanto locales, como provinciales y el gobierno nacional), empresas y el Poder Judicial, que desoyen la normativa vigente”.
En su cuello, la bandera de la Whipala, en uno de sus puños, anudado con fuerza, el pañuelo de color verde que simboliza la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Con firmeza, Noelia mira a cámara y le apunta al lente con su dedo índice. Detrás, como telón de fondo, el Monumento a la Bandera desbordado en una de las marchas convocadas por las organizaciones feministas en Rosario.
No es fácil para muchas mujeres originarias visibilizar su apoyo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. “De eso no se habla”, dice Noelia aunque el aborto exista, aunque tantísimas mujeres de la comunidad lo realicen de manera clandestina utilizando medicina ancestral. “La lucha por el aborto es una lucha de todas, pero necesitamos ser consultadas, que nuestra mirada esté presente en el proyecto. En la comunidad asusta hablar de aborto, pero existe. Es necesario tener una mirada intercultural, un protocolo, hay que trabajar mucho”. La influencia del cristianismo, dice Noelia, es uno de los factores que obstaculizan ese diálogo abierto entre mujeres para romper tabúes y miedos, también el machismo de referentes varones de la comunidad y la falta de acceso muchas veces, a una salud integral que reconozca el derecho lingüístico, a una mirada interseccional que impregne los contenidos de la educación sexual integral en todas las escuelas.
Ella marcha con el pañuelo verde enlazado y no disimula su apoyo para lograr la legalización del aborto. “Mi activismo en el Movimiento de Mujeres por el Buen vivir me enseñó a hablar, a ponerme fuerte, a cuestionar y a interpelarme a mí misma”. Por eso, dice, es necesario que el Estado incluya la cosmovisión de los pueblos indígenas en el diseño de las políticas públicas.
Liliana Meza, con un recorrido diferente, se siente interpelada por las Feministas del Abya Yala. “Es una lucha diaria y encontrarte con otras te potencia. La lucha es constante por la tierra, la identidad, la cultura. Cada encuentro es enriquecedor. Y vas aprendiendo de mujeres de distintas comunidades, porque más allá de que la Constitución reconozca a las comunidades como preexistentes al Estado, falta mucho todavía. Ni siquiera tenemos lo básico en muchos barrios que es el agua potable”.
Lo que dice Liliana también lo refuerza Noelia cuando menciona, por ejemplo, lo que significa el terricidio. “Todas las empresas nos están matando como ser humano. Estamos destrozando el planeta que es nuestra fuente de energía y espiritualidad. Nosotras peleamos contra el patriarcal dentro del Estado”. Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen vivir lo definen con claridad: “El terricidio es un crimen de lesa humanidad”.
“Nos matan de hambre, por despojo, por saqueo de los bienes comunes, con sus políticas extractivistas. Nos matan cuando deciden pagar la deuda a los poderosos y no pagar la deuda con nosotras, cuando postergan hasta el absurdo la aprobación de la ley que nos garantice no morir en abortos clandestinos. Nos matan al no reconocer los trabajos de cuidados, porque nos obligan a parar la olla, a limpiar las calles, a enseñar, a cuidar, en absoluta precariedad. Nos llevan al límite, sí. Pero ahí, en el límite, nos encontramos. Respiramos, sacamos fuerzas, y nos sabemos autónomas, plurales”, dicen las Feministas del Abya Yala.
Hablar de un Estado racista y patriarcal, como lo definen las mujeres originarias, es marcar la sistematicidad de las violencias ejercidas contra las comunidades indígenas y afrodescendientes. Violencias que se inscriben en deudas históricas. Feministas del Abya Yala o el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir construyen cotidianamente redes de lucha y resistencia en los territorios, en las grandes ciudades o en los campos y montes, allí donde todo se hace más invisible. Denuncian el racismo estructural que determina qué cuerpos y qué vidas importan. Defienden sus territorios y también sus sueños. Cada 5 de septiembre, día en que se recuerda el asesinato de Bartolina Sisa, y cada uno de los días y las noches en que encienden el fuego para iluminar sus luchas.
Fuente: La Tinta
Durante la cuarentena se
deforestaron casi 50.000
hectáreas
Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020.
Mediante un informe presentando por la organización internacional ambientalista Greenpeace, informaron que desde el comienzo de la cuarentena fueron desmontadas 48.656 hectáreas solo en el norte del país. “Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios”, afirmó Hernán Giardini.
El monitoreo de deforestación que realiza Greenpeace, mediante la comparación de imágenes satelitales, fue realizado en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco y reveló que entre el 15 de marzo y el 31 de octubre se perdieron 200 hectáreas de bosques por día.
“Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El informe presenta detalles por provincia: en Santiago del Estero se desmontaron 19.673, en Salta 12.863; 10.011 hectáreas en Formosa y 6.109 en Chaco. Estas cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes del país. El avance de los proyecto agroindustriales vinculados a la soja y la ganadería representan la causa principal del desmonte.
Elaboración de mapa: Greenpeace
“Más desmonte significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen que debe prohibirse y penalizarse”, advirtió Giardini.
La organización ambientalista Greenpeace exige a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes en sus provincias.
Fuente: AnRed
Envio:RL
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