La ley de etiquetados frontales y el
lobby agroindustrial contra la salud
Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
La Cámara de Diputados debate el proyecto de ley de Etiquetado Frontal de alimentos y bebidas, aprobada en Senadores en octubre del año pasado. A partir de un sistema de advertencia en el etiquetado, productos envasados y ultraprocesados deben advertir sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas y totales, y cantidad de calorías. Conversamos con Soledad Barruti sobre esta ley que es una deuda histórica con nuestra salud integral y que apunta contra las grandes industrias de la alimentación, quienes engañosamente dominan el mercado y están trabando la sanción.
Desde hace tiempo, en muchos países, existe el sistema gráfico de advertencia que obliga a las industrias de la alimentación a incluir -en todos los productos- información sobre el contenido del mismo, esto es: un etiquetado frontal con octógonos negros en los envases de los alimentos y bebidas sin alcohol. El etiquetado advierte a les consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas y totales, y cantidad de calorías, considerados nutrientes críticos que -a lo largo de los años- han transformando nuestros patrones de alimentación.
El sistema que se busca implementar en nuestro país facilita la interpretación de las etiquetas en menos tiempo y con más facilidad, lo cual contribuye en la modificación de los perfiles de compra. Es decir, garantiza a quienes consumen información simple y precisa para tomar decisiones más saludables frente a las góndolas. “Esta ley viene a hablar de nuestra alimentación que siempre es mucho más que hablar de salud y nutrición, es hablar del sistema alimentario, de hackearlo, modificarlo y volverlo más justo”, expresa la periodista especializada Soledad Barruti a La tinta.
En octubre pasado y con amplia mayoría, la Cámara Alta dio media sanción al proyecto que ahora retoma la Cámara Baja, pero con debates en seis comisiones, lo que hace advertir de la dilación para su aprobación. En noviembre, más de 100 organizaciones que impulsan esta Ley expresaron, en un comunicado, la preocupación por las presiones que desde la industria alimenticia y de bebidas azucaradas se ejercieron para dilatar el tratamiento y aprobación final del proyecto. Ahora que por fin comienza el debate en Diputados, representantes industriales siguen ejerciendo lobby para intentar una última jugada, introducir alguna modificación y reducir el impacto de la normativa en sus mezquinos intereses.
Soledad Barruti, autora de los libros Malcomidos y Mala Leche, viene investigando y trabajando hace tiempo en desmontar mitos sobre lo que comemos y cómo se produce. En diálogo con La tinta, repite con contundencia algo que ha dicho muchas veces.
“Hay evidencia de sobra para decir que necesitamos esta Ley y que hoy existe un lobby para que no salga, por parte de la misma industria que creció y se consolidó, y que vive gracias a nuestra desinformación. Porque justamente la información se convierte en un atentado contra su negocio y están dispuestos a lo que sea con tal de seguir vendiéndonos productos ultraprocesados. Los cuales están hechos con ingredientes baratos, pero disfrazados de cosas mejores”.
“Con la entrada en vigencia del etiquetado, de repente, van a aparecer claramente marcados productos que creemos que son saludables y nutritivos para el crecimiento de las criaturas, por ejemplo. Y va a quedar en evidencia que son una bomba de azúcares, de grasas no saludables y de edulcorantes que son todo lo contrario de lo que promocionan”.
El sector industrial intenta instalar, con argumentos falsos, que la ley demoniza productos y que, en realidad, no se busca trabajar sobre el consumo excesivo del mismo. Corren el eje del debate y lo ponen en la cancha de les consumidores centrado en las libertades individuales, algo a lo que nos tiene acostumbrades la expresión neoliberal del capitalismo.
“Nos vienen mintiendo hace un montón de tiempo y estamos presos de estos discursos que se repiten y se escuchan como reales, porque lo dice ´un nutricionista´ y a nadie le hace demasiado ruido. La información hoy es uno de los lujos más escasos con los que contamos, lamentablemente. Y es, a la vez, lo primero que necesitamos y queremos saber: qué es lo que estamos comprando, cómo podemos hacerlo de otra manera y cómo participar de nuestra alimentación de otra manera que no sea sólo el consumo. Todo eso hace falta y llegaría con esta ley”, detalló la entrevistada.
Somos lo que comemos
Barruti asegura que la idea actual de salud está deteriorada, porque no estamos viviendo en un contexto que garantice nuestro derecho a estar saludables y alimentarnos adecuadamente. Entonces, la salud se vulnera, no por una elección personal y consciente, sino a base de engaños: las góndolas nos mienten. Muchas personas creen hacer elecciones saludables y gastan un montón de dinero en productos que se los venden como saludables, pero que no lo son. Y agrega, “es necesario insistir en que la alimentación es la base y el sostén de nuestra salud -aunque no lo es todo-. Es una gran base y tiene que estar garantizada en su disponibilidad, en su adecuación cultural y en todo lo que hace que la alimentación sea adecuada y no avasallada por el marketing, la publicidad y la ofertas de comestibles ultraprocesados que se ponen por encima de los alimentos reales”.
Algunos argumentos que defienden la sanción de la ley se centran en una idea de salud que circunscribe la ley a una lucha contra la obesidad. Estos argumentos se vuelven escurridizos y pregnantes reforzando miradas hegemónicas sobre los cuerpos y la salud. Para Barruti, esto resulta problemático, “se instala una idea de la salud: de kilos = salud, de delgadez = salud y de obesidad = enfermedad. Y esa mirada patologiza a una parte enorme de la población que no tiene por qué estar enferma. Si bien la obesidad puede ser un factor de riesgo, hay evidencias de sobra para mostrar que no es una enfermedad y que, por otro lado, la delgadez está muy lejos de ser un sinónimo de salud. Por ejemplo, en las infancias que son alimentadas de comida chatarra, se ven niñes delgaditos y que, de todos modos, tienen su salud totalmente hipotecada con este sistema alimentario”.
Perú, Uruguay y recientemente México han tomado el perfil de nutrientes de OPS (Organización Panamericana de la Salud). En Chile, con la ley vigente desde 2016, se ha constatado que lo que se modifica con el sistema de etiquetado es la intención de compra; los sellos negros han mostrado ser los más efectivos, cambiando el consumo al reducir la elección de los productos con concentrado de nutrientes críticos. Además, permite comenzar a identificar aquellos productos que se consumen hace tiempo y que gozan de la fama de ser nutrientes, como por ejemplo: el yogur para les niñes, el juguito de sobre o el turrón de la colación en la merienda. Podríamos ocupar toda la nota hablando de los productos engañosos del mercado.
“Parece que las marcas tuvieran el derecho a engañarnos, y ahora lo que están buscando, es una ley menos efectiva. No deberíamos estar aceptando que ese debate se dé. Sectores empresarios sostienen con rigurosidad, por ejemplo, que esta ley dejaría marcados como problemáticos un montón de productos que recomiendan las guías alimentarias. Ahora… ¿dónde está el problema? ¿Está en que la ley marque esos productos como problemáticos o que las guías alimentarias recomiendan como saludable productos que no lo son?”, sostiene la especialista.
Contra la domesticación del paladar: regular la publicidad
La industria del marketing y la publicidad ha montado una eficaz estrategia para ingresar a los hogares y estar presente en las mesas; la publicidad destinada a las infancias. Acceder a alimentos ultra procesados resulta una escapatoria en medio de la vorágine diaria.
El proyecto de ley prevé que los productos que lleven el etiquetado de octágonos negro no podrán ser utilizados en publicidades con dibujos o personajes infantiles. Tampoco se podrá hacer publicidad dirigida específicamente a las infancias y, si es para el público general, se debe incorporar los octágonos negros en los zócalos. También apunta a propuestas para trabajar sobre educación alimentaria en ámbitos escolares, así como lo que puede comercializarse en kioscos escolares. Chau cajita feliz, chau regalitos en los productos comestibles.
Saber para comer: cómo educar la mirada
En Argentina, la información presente en los etiquetados es diminuta e incompleta. Además, no contamos con las herramientas necesarias para entender esos datos y se necesita una traducción para entender qué tiene lo que comemos.
Para Barruti, esta ley tiene muchas más implicaciones que van por fuera o acompañando nuestra salud y puede ser el puntapié para una política pública más integral, que pueda ser completada con programas de acceso a la tierra, a mercados y alimentos sanos, frescos y de calidad, seguros y sin veneno. Caminar hacia una alimentación más sana, basada en el consumo de alimentos no procesados y la venta directa a través de ferias agroecológicas. “Si esta ley pudiera ser completada por un programa alimentario integral, sería muchísimo más efectiva y podría acercarnos más a la soberanía alimentaria, que hoy estamos a miles de kilómetros de distancia”, concluye.
Fuente: La tinta
Montada a la crisis del vacunatorio
vip, la derecha marcha por su
agenda reaccionaria
Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
La derecha intenta aprovechar la crisis del gobierno para su agenda electoral. Convocan Patricia Bullrich, Waldo Wolff y Fernando Iglesias: no tienen cara, pura demagogia.
En medio del escándalo del vacunatorio VIP, que provocó la expulsión de Ginés González García del Ministerio de Salud de la Nación, la derecha opositora llama a movilizarse a través de las redes sociales a Plaza de Mayo, el próximo sábado 27 de febrero.
La jornada es impulsada por parte de algunos dirigentes opositores como Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, entre otros, quienes llaman a marchar este sábado en la Ciudad y en varios puntos del país.
«Marcharemos en paz, por la angustia de los adultos mayores, por el sentimiento de injusticia de los que están en primera línea contra el Covid y por la indignación que provoca que la oligarquía K se apropie de la vacuna», tuiteó la titular del PRO. ¿La angustia de los adultos mayores? Esto no parecía preocuparle cuando bajo su gobierno se votó la reforma previsional, con represión mediante, en una plaza que estaba llena de jubilados y jubiladas reclamando en contra.
Por otra parte, la oligarquía de este país está ligada por distintas vías al conjunto de los partidos patronales como Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. El fiel ejemplo, es el caso de Luis Miguel Etchevhere, estanciero de la Sociedad Rural que fue ministro de Agricultura del macrismo y cuyos intereses han sido bien guardados por el gobierno actual. Otro ejemplo concreto: las patronales del campo fueron de las principales ganadoras durante el macrismo y desde que asumió Fernández, tampoco dejaron de ganar. De hecho recientemente el Gobierno amenazó con tomar medidas que afectarían los intereses de la oligarquía agroexportadora pero luego, fiel a su estilo, retrocedió.
Esta convocatoria es muy similar a varias que tuvieron lugar el año pasado bajo la forma de “banderazos”, en las que la base social que se referencia en la oposición de derecha, salió a manifestarse contra distintas políticas del Gobierno. Con argumentos pretendidamente democráticos, en defensa de la libertad, la salud, etc, estas movilizaciones fueron impulsadas por los referentes de Cambiemos. La derecha aprovecha la oportunidad que puede para sacar provecho de las crisis políticas del Gobierno y hacerse eco en estas mismas protestas, de los empresarios que se favorecieron con la pandemia, aún en medio de la crisis.
En esta oportunidad, ante la crisis por el vacunatorio VIP, la que derecha sale a hablar contra los privilegios da muestra de su total cinismo. No solo no tocaron uno solo de los privilegios de la casta gobernante mientras estuvieron en el poder, sino que sus referentes están salpicados por escándalos de corrupción de toda índole, desde hace años. El ejemplo más claro es la familia Macri con la estafa del Correo Argentino, la denuncia por los aportantes truchos y el alcance del vacunagate que también toca a representantes de Juntos por el Cambio. Sin ir más lejos, Fernando Iglesias fue imputado por enriquecimiento ilícito.
La propuesta comenzó a gestarse a inicios de la semana, luego de que el Gobierno nacional publicara un listado con los nombres de todos los vacunados, entre los que se encontraba Eduardo Duhalde, Daniel Scioli, Felipe Solá, entre otros.
“Nos movilizamos para exigir la renuncia de todos los vacunados VIP”, dice el comunicado de los y las convocantes.
Fuente: La izquierda diario
Casi medio millón de migrantes
fueron rechazadxs por Anses y se
quedaron sin IFE
Por Matias Ferrari, Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
Son datos oficiales del organismo, que reconoce que hay más de 200 mil extranjeros en el país que ni siquiera figuraban en sus registros. La mitad de quienes solicitaron el IFE fueron excluidos, en su mayoría por falta de documentación.
Casi medio millón de migrantes fueron rechazados por la Anses y se quedaron afuera del IFE, el único beneficio de emergencia que tuvieron más o menos al alcance para paliar la crisis por la pandemia. Según datos oficiales del propio organismo, los extranjeros en el país representaron el 6,5 por ciento del total de personas que lo solicitaron, pero menos de la mitad consiguió finalmente cobrarlo. Fueron muy pocos los que lograron pasar el filtro de los dos años de residencia “legal” en el país, y la mayoría ni siquiera figuraba en los registros de la seguridad social.
En concreto, unos 879 mil migrantes iniciaron formalmente el trámite para cobrar el IFE, pero más de 495 mil fueron rebotados, el 56 por ciento del total. Si se compara ese porcentaje con el índice de rechazos que sufrieron los argentinos de nacimiento por distintos motivos, que llegó al 32 por ciento, la brecha entre unos y otros asoma de forma contundente.
En el caso de las y los migrantes, la principal razón estuvo relacionada con problemas de documentación. Un porcentaje relevante no logró acreditar los dos años de residencia en el país, temporaria o permanente, que funcionó como un filtro. El problema, en ese punto, es doble: el coste para resolver ese trámite se encareció en más del 1000 por ciento durante los últimos cuatro años, y no baja de los 3000 pesos para quienes llegan con pasaporte del Mercosur (para los extra-Mercosur, como los senegaleses, cuesta el doble). Además, el ex titular de Migraciones, Horacio García, ideó un nuevo sistema completamente online, de nombre “Radex”, que tampoco ayudó: nació supuestamente para agilizar el proceso, pero su gestión dejó como herencia más de 70 mil pedidos de radicación sin resolver, en una suerte de limbo burocrático.
Pero la mayoría de los rechazados, casi 200 mil, directamente no figuraban en los registros de la Anses. Toda esa masa de migrantes fue estratificada como “extranjero con datos insuficientes”, según los propios términos del organismo. Es decir que el Estado no tiene noción de su información más elemental: permanecen dentro del universo de los “no registrados”, como admitió en su momento el presidente Alberto Fernández en relación a las trabas que buena parte de la población se encontró a la hora de acceder al beneficio.
Fotos: Federico Muiña
Los datos fueron solicitados a la Anses por la politóloga Ana Paula Penchaszadeh, de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET, que nuclea al colectivo de investigadores comprometides en la transformación en base a una perspectiva de derechos humanos de las políticas públicas. Les investigadores de la Red, junto con más de 30 organizaciones de migrantes y de derechos humanos, impulsaron el año pasado su propio relevamiento sobre las condiciones de vida de ese sector de la población, que fue publicado de forma preliminar en diciembre y ya había arrojado números alarmantes: más de la mitad de los encuestados dijo haber perdido su trabajo por la pandemia, y sólo dos de cada diez pudo cobrar el IFE.
«Estos grandes niveles de rechazo de las solicitudes entre personas migrantes deben estudiarse a la luz de los motivos vinculados específicamente con la situación migratoria y documentaria», advierte Penchaszadeh. «También demuestran hasta qué punto la «irregularidad» documentaria entre las personas migrantes es producida activamente por el Estado, que desde hace años viene implementando políticas restrictivas en nombre de una supuesta modernización. Con el filtro de los dos años de residencia, además, el Gobierno no sólo excluyó, sino que terminó «ilegalizando» de hecho a todo el conjunto de migrantes que se hallaban en situación documentaria irregular».
Por ese motivo Penchaszadeh solicitó, además, conocer cuántos trámites de radicación había resuelto a partir de 2015 la Dirección Nacional de Migraciones. De acuerdo a lo informado por ese organismo, a cargo de Florencia Carignano, a partir de 2016 la cantidad de trámites de radicación resueltos por el Estado no paró de caer. Pasó de 259 mil residencias otorgadas en 2015 a apenas 168 mil en 2019, dato que transparenta la política que se dio el macrismo en materia migratoria, que fue calificada más de una vez como xenófoba por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales del colectivo.
Pero «pandemia mediante, el 2020 fue el peor año de la serie histórica. La cantidad de trámites resueltos tocó su piso, con 89 mil, casi la mitad que durante 2019», aclara Penchaszadeh. «Ese rezago terminó impactando en el resto de la administración pública», agrega.
Fotos: Federico Muiña
“CON VOLUNTAD POLÍTICA SE PUEDE RESOLVER”
A principios de diciembre del año pasado, la sede del Club Paraguayo en La Matanza abrió sus puertas para facilitar la aceleración de los trámites de radicación. La idea era simple: instalar una camioneta del Gobierno en el predio de cinco hectáreas que tiene el club en González Catán y promocionar en Facebook que se informaría sobre “los papeles” de residencia. El objetivo era grande: demostrar que con voluntad política podía recuperarse el programa territorial de documentación que tuvo excelentes resultados hasta 2015 y que había sido desarticulado por el macrismo.
La respuesta fue inesperada: llegó a haber cinco cuadras de cola. “Vinieron más de dos mil compatriotas, lo que da la pauta de la necesidad y de la voluntad que tienen los migrantes de regularizar su situación y tener plenos derechos, como cualquier otro argentino”, explicó Salomon Ramírez Santa Cruz, presidente del club.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4556696441596679&output=html&h=280&slotname=4031650873&adk=2222699331&adf=2837947817&pi=t.ma~as.4031650873&w=790&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1614346407&rafmt=1&psa=1&format=790×280&url=https%3A%2F%2Felgritodelsur.com.ar%2F2021%2F02%2Fcasi-medio-millon-de-migrantes-fueron-rechazados-por-anses-y-se-quedaron-sin-ife.html%3Ffbclid%3DIwAR2GaMRMQU18hvnhpzdM554UxSjPERDY2Y8NuBVn66g2hkAr3r8psnfar5A&flash=0&fwr=0&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&adsid=ChAIgNXigQYQjJbJ8MHSytpCEjsAmyix4vuQaxfG2u_wVxDWwwkgiRhzwlqNPbAoorg9UTbD4SApgYzdOpXNWJ8rdjdSd12_9M5MKyXuQg&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiNi4zIiwieDg2IiwiIiwiODguMC40MzI0LjE5MCIsW11d&dt=1614346171463&bpp=35&bdt=2016&idt=1723&shv=r20210224&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D31fc6273fad09dc4-228df2a178b800d9%3AT%3D1607460305%3ART%3D1607460305%3AS%3DALNI_MaPTT7vx-c6iGJz3ZcRAPZbNoe_lw&prev_fmts=0x0&nras=1&correlator=6088835730035&frm=20&pv=1&ga_vid=1024972140.1607460308&ga_sid=1614346173&ga_hid=762099594&ga_fc=0&u_tz=-180&u_his=1&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=280&ady=5446&biw=1349&bih=600&scr_x=0&scr_y=3058&eid=31060288&oid=3&pvsid=4258275480574100&pem=220&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C600&vis=1&rsz=o%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&jar=2021-02-26-13&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=cvHDh607cw&p=https%3A//elgritodelsur.com.ar&dtd=M
Fotos: Federico Muiña
Ese día, contó Salomón, se resolvieron 150 radicaciones y se avanzaron en otras 300. El resto se fue con la información que no aparece en ningún lado: qué se tiene que presentar para iniciar el trámite. “Tomamos real dimensión de que la documentación es un problema más de todos los que tenemos, además de la pobreza y la precarización laboral. Y es el problema que está en la base de todos los demás”, dice.
En paralelo a la suba de aranceles (llega a tres mil pesos para migrantes del Mercosur y supera los 6 mil para los extra-Mercosur), el gobierno de Macri avanzó con un proceso de expulsiones, que llegó a tener capítulos dramáticos como el caso de Vanesa, una mujer peruana extraditada insólitamente por una causa por tenencia de 2014, que fue separada de su beba de dos años, nacida en el país.
Para hacerlo, Macri firmó el DNU 70/2017, que acelera el trámite judicial para las expulsiones, y concretó una faena de más de 2500 extradiciones al final de su mandato, a la par que varios de sus funcionarios culpaban a los extranjeros por la crisis económica.
El programa de radicaciones territoriales volvió a funcionar a pesar de la pandemia el año pasado, a la par de que se extendieron automáticamente los vencimientos de las radicaciones y se creó dentro del sistema Radex la opción de «eximición del pago de la tasa migratoria por razones humanitarias o pobreza». Pero el Gobierno sigue sin cumplir con la promesa que hizo a poco de asumir, de derogar el DNU de Macri, lo que tensionó la relación de la Dirección de Migraciones con las organizaciones sociales del colectivo.
“Vamos a insistir con que se haga una campaña para acelerar las radicaciones. Nuestro club va a estar a disposición, también para garantizar el derecho al voto y luchar contra la xenofobia que dejó Macri”, explicó Salomón.
Fuente: El grito del sur
Caso Rafael Nahuel: la Secretaría
de Derechos Humanos busca
impulsar la investigación
Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una presentación ante la justicia federal de Bariloche para ser querellante en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel Salvo, ocurrido en noviembre de 2017. A través de esta solicitud, el área a cargo de Horacio Pietragalla busca impulsar la investigación por esta muerte, que según las pericias que constan en el expediente, fue asesinado por una bala de un miembro del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, durante un operativo por un conflicto territorial durante la gestión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
El operativo que se desplegó el 25 de noviembre de 2017 estuvo a cargo de la unidad Albatros en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, cuando integrantes de la comunidad reclamaban por tierras en la zona. Fueron seis los agentes que llevaron adelante la persecución en el predio que terminó en el asesinato. «Con la solicitud de ser querellante, la Secretaría de Derechos Humanos busca dar una señal de repudio a los hechos de violencia institucional, contribuir a la búsqueda de Verdad y Justicia como paso fundamental para la no repetición de estos casos, y asimismo evitar que el Estado argentino sea condenado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos«, expresaron oficialmente.
El mes pasado, una tercera pericia en la causa aseguró que el proyectil que mató a Rafael Nahuel salió del arma de otro Albatro, no de Javier Pintos como había indicado el primer estudio. En este expediente se realizaron tres pericias balísticas, todas con resultados diferentes. Ahora se señala al cabo Primero Sergio Cavia, quien, junto a otros cinco Albatros ingresó aquel 25 de noviembre de 2017 al territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu y desató una persecución y balacera que culminó con dos heridos y la muerte de Nahuel, según publicó el sitio En Estos Días.
Una primera pericia realizada pocos días después del asesinato y bajo la conducción del reconocido perito Roberto Nigris, determinó de manera indubitable que el disparo mortal provino del subfusil MP identificado con el número de serie B 05-C335508. Es decir el arma que portaba el Cabo Primero Francisco Javier Pintos. El Juez Gustavo Villanueva, quien subrogaba al momento del hecho el Juzgado Federal de Bariloche, ordenó un segundo peritaje y se lo solicitó a la Gendarmería, cuyos peritos aseguraron que no era posible determinar la procedencia del disparo que acabó con la vida del joven mapuche.
Graciela y Alejandro, madre y padre de Rafael
Ese informe permitió que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py, tumbara el procesamiento por “homicidio agravado” que pesaba sobre Pintos. Así, tras varias instancias de apelación, el nuevo Juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, solicitó que se efectúe un tercer peritaje, que encargó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta. Ese estudio arrojó como resultado el sorprendente dato de que, supuestamente, el proyectil 9 mm que mató a Rafael Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el Cabo Primero Sergio Cavia.
El abogado de la APDH querellante en esta causa, Sebastián Feudal, dijo a ElDiarioAr que solicitarán nuevas medidas y la constrastación de los resultados de esta pericia con los autores de la primera, de manera de descartar cualquier tipo de futura diferencia técnica que complique el pedido de procesamiento de Cavia.
Envio:RL
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