Se realizó una marcha a 29 meses
de la desaparición de Delia Polijo
Por Amancay Romina Vargas, RedEco, Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
Delia Gerónimo Polijo tenía 14 años cuando fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2018 tras salir de la escuela en La Paz, un pueblo del departamento San Javier, ubicado en la región del Valle de Traslasierra, en el oeste de la provincia de Córdoba. Desde 2014 se registran cuatro mujeres desaparecidas en ese departamento.
Los departamentos de San Javier, San Alberto, Pocho y Mina conforman la región del Valle de Traslasierra, en el oeste de la provincia de Cordoba. La Paz es un pueblo ubicado a 230 kilómetros de la ciudad de Córdoba y 12 de Merlo, provincia de San Luis. Tiene una población de aproximadamente 7000 habitantes. Desde el 2014 en el departamento de San Javier se registraron 4 mujeres desaparecidas.
Delia Gerónimo Polijo es una de ella, quien está desaparecida desde el 18 de septiembre del 2018. Ese día Delia merendó en su escuela IPEM 137 “Carolina Lucero de Funes” y emprendió el regreso hacia su casa. Habían salido antes porque hubo un cambio de actividades por los festejos del día de la primavera. Su hermano fue a buscarla, pero la escuela estaba cerrada y a Delia ya no la encontró. Las cámaras de la única estación de servicio de La Paz registraron su paso con su mochila rosa. “Siempre era bonita, alegre y sonriente”, la recordó Mario Gerónimo, su papá.
Delia fue vista por vecinos dejar el pueblo y adentrarse en la ruta 205 camino a su casa. “Delia caminaba para ir a la escuela 6 kilómetros, no lo hacía siempre, a veces lo hacía con sus hermanos, con sus hermanas, pero la mayoría del tiempo los papás o algún familiar trataban de llevarlos a la escuela”, agregó Roxana Bonafont, vecina de La Paz.
Desde que la municipalidad retiró el transporte escolar, los estudiantes de zonas rurales no tienen opción ya que tampoco hay colectivos de línea, quienes no tienen auto o moto están condenados a recorrer a pie largas distancias. “El pueblo se movilizó pidiendo una trafic, pero hasta el día de hoy no existe, los niños que no tienen movilidad siguen caminando como lo hacía Delia, o lo hacen muchos chicos de acá”, explicó Bonafont.
A Delia se la vio por última vez a 500 metros de su casa en la curva del hipódromo, lugar donde se encontraron pertenencias de ella, unos aros que acababa de comprar, una pulsera y una colita de pelo. “Todavía recuerdo esa noche, cuando nos enteramos que desde la tarde Delia no aparecía y nos fuimos hasta la ruta 205, todo el pueblo había salido, toda la familia de Delia, había autos, era muy tarde ya, pero la voluntad de encontrarla era muy firme de la misma manera que sigue estando hoy”, agrego Mara Beltrame, docente.
“A partir de ese 18 de septiembre de 2018 marchamos todos los días, la plaza de La Paz era la cita todas las tardes y después seguimos marchando todos los sábados durante mucho tiempo acompañando la convocatoria de la familia de Mario y de Modesta, luego comenzaron los rastrillajes, convocaron a bomberos, equipo de rescate, intervino también el pueblo, pero bueno es el día de hoy que vemos que eso no es suficiente”, detalló Beltrame.
Mario y Modesta, los padres de Delia, son oriundos de Potosí, Bolivia, llegaron a la Argentina hace varios años cargados de sueños, se asentaron en el valle de Traslasierra con la promesa de trabajo y una vida mejor para toda la familia, trabajan en los hornos de ladrillos. La vida de esta familia nunca fue fácil, es la misma historia que la de cientos de familias trabajadoras del país, pero esta se agrava, con la desaparición de su hija hace 29 meses. Los Gerónimo Polijo administran su tiempo, su economía y sus fuerzas para no bajar los brazos, son un ejemplo de lucha y resistencia.
En octubre del 2018 se realizó en el Museo de Antropología de la ciudad de Córdoba, una charla abierta sobre los casos de cuatro mujeres y niñas desaparecidas en el valle de traslasierra entre 2014 y 2018, una acción para visibilizar, reflexionar y demandar investigación y justicia sobre los casos de Silvia Gloria Gallardo, Marisol Rearte, Luz Morena Oliva y Delia Gerónimo Polijo.
Cuando se cumplieron nueve meses de la desaparición de Delia, el fiscal que tomó la causa, Raúl Castro, expresó a un medio: “Hemos agotado todas las posibilidades para dar con el paradero de Delia Gerónimo Polijo, hemos contado con el apoyo de la provincia de Córdoba y del Ministerio de Seguridad de la Nación, estamos ante un caso muy difícil”. Reconoció además que debido al tiempo transcurrido y las circunstancias en las que desapareció se espera la peor resolución.
El 23 de diciembre de 2018 se produjo un vuelco en el caso, a partir de una denuncia por violencia de género. Anabel, una vecina de Delia en la guarida, denunció a su pareja Mauro Martínez y dijo que él estaba vinculado con la desaparición. En medio de amenazas de muerte hacia su esposa, Martínez le habría dicho: “Te voy hacer lo mismo que a la boliviana”. Sin embargo, la denuncia no avanzó en la causa y el 24 de diciembre se encontró a Martínez ahorcado en el patio de su casa.
En julio de 2019 el caso pasó a manos de la nueva fiscal, la doctora Lucrecia Zambrana, luego de que Castro fuera ascendido a pesar de sus desafortunadas declaraciones y asumiera como vocal de cámara en los tribunales de Villa Dolores, ascenso que fue votado en la legislatura provincial por Unión por Córdoba, Cambiemos y Córdoba Podemos.
El jueves 18 de febrero se realizó una conmovedora marcha en la plaza de La Paz. Ese día, Delia hubiera cumplido 17 años. “En primer lugar les saludo, gracias por este apoyo, y aquí en la plaza desde el primer día estamos buscando a mi hija Delia y con más apoyo de nuestra gente, de la colectividad boliviana, de nuestro barrio, las profes, en todos lados estamos bien apoyados y vamos a seguir adelante, nosotros queremos aquí en nuestra plaza verdad y justicia por Delia”, afirmó Modesta, la mamá de Delia.
Traslasierra marchó por sus desaparecidas; dentro de Córdoba la zona está registrada como el lugar de más violencia, hay mucho abuso intrafamiliar, abuso sexual. Vecinos de La Paz, organizaciones de Derechos Humanos, estudiantes, compañeros de la joven y familiares de otras mujeres y niñas desaparecidas se manifestaron una vez más. Los papás de Delia necesitan ser informados sobre los avances de la causa luego de la búsqueda realizada por el adiestrador Marcos Darío Herrero en diciembre de 2020, quien realizó un rastrillaje con resultados positivos. Desde entonces la familia espera la información con los resultados encontrados. Herrero participó en la búsqueda de Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro.
Se tiene poca información que ayude a esclarecer y dar con el paradero de Delia, la justicia es lenta y las respuestas son pocas, el tiempo pasa. “Faltaron ganas de los que la tendrían que buscar, el pueblo salió, al principio la justicia falló, la policía falló, no hubo calidez humana, no hubo empatía, hubo xenofobia, maltrato, discriminación y destrato, con todo eso me encontré y es lo que me motivó a seguir”, expresó Roxana Bonafont, vecina de La Paz.
Los Gerónimo Polijo se ganaron el respeto de todo el valle, esa familia que a pesar de los enormes obstáculos que le impone este sistema de opresión y explotación, sigue luchando. Ellos saben que es la única forma que tienen para conseguir una respuesta. “Siempre como mamá voy a pedir justicia por mi hija Delia, que aparezca, me encuentro muy dolorida como mamá, la estamos buscando y la vamos a seguir buscando, nunca vamos a bajar los brazos hasta el final, hasta que sepa qué es lo que paso con mi hija”, afirmó Modesta.
Lamentablemente el caso de Delia no es aislado, en el valle de Traslasierra ya suman 3 las mujeres desaparecidas por violencia machista, entre tantas otras víctimas de femicidio a lo largo de todo el territorio argentino.
Fuente: RedEco
Premian al juez que sobreseyó al
femicida de Paola Tacacho
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
Juan Luis Manzur, gobernador de Tucumán, aceptó la renuncia del Juez Pisa otorgándole una jubilación de privilegio. Familiares de Paola Tacacho y organizaciones feministas se manifestaron en casa de gobierno y fueron reprimidas.
El miércoles 24 de febrero, el gobernador de Tucumán, Juan Luis Manzur, firmo el decreto que acepta la renuncia del Juez Juan Francisco Pisa horas antes de que comenzara a secionar la comisión de juicio político de la legislatura provincial que debía decidir si comenzaba o no el proceso de destitución.
Con esta decisión Pisa tendrá una jubilación de privilegio con el 82% móvil y sin rendir cuentas sobre su accionar frente a las reiteradas denuncias que realizo Paola.
El juez penal Pisa tenía siete pedidos de juicio político por su responsabilidad en el femicidio de Paola, ya que este desoyó las 13 denuncias que Tacacho había realizado contra quien fue su femicida, Mauricio Parada Pareja, después de acosarla durante 5 años.
Luego de enterarse de esta decisión, familiares de Paola junto al movimiento de mujeres y diferentes organizaciones concentraron frente a casa de gobierno para hacer oír su dolor, bronca y descontento, con la consigna “basta de impunidad, rechazamos la complicidad entre Manzur y Pisa.” Durante la protesta lxs manifestantes fueron agredidos por la policía de Manzur con forcejeos y empujones.
Tucumán, el Estado que encarceló a Belén y dilato el deseo de Lucia de no seguir el embrazo en curso producto de una violación a sus 11 años, el mismo Estado que demoró años en incorporar la E.S.I. a la curricular obligatoria.
Una vez más queda en claro la desprotección que sufren la mujeres y disidencias por parte de un Estado que encubre acosadores, abusadores y violentos. Un Estado que no solo no toma las medidas efectivas, sino que da vía libre a que nos sigan matando y violentando. Perpetuando una justicia patriarcal y machista, dejando el mensaje de que la vida de las mujeres y disidencias no valen nada.
#JUSTICIAPORPAOLA
#ELESTADOESRESPONSABLE
Fuente: RedEco
Villa La Angostura: “La falta de
compromiso del Estado hace que
los femicidas tengan vía libre”
Por Inés Hayes y Melissa Zenobi, Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
Lo había denunciado 5 veces. Tenía perimetral. El femicida Bautista Quintrinqueo le avisa que la va a matar. Y lo hace, a plena luz del día y en el centro turístico de Villa La Angostura. La ciudad sale a la calle y apunta directo: “Yo sabía, que a los femicidas los cuida la policía». Otro caso que conmociona al país, el número 60 en lo que va del 2021 y el 2° registrado por el Observatorio Lucía Pérez en la provincia del sur, que demuestra por qué las medidas que tiene el Estado para proteger a las víctimas de la violencia machista no sirven. En diálogo con lavaca, el abogado de la familia de Guadalupe asegura: “La falta de compromiso de los poderes del Estado, las policías y los juzgados que no toman las denuncias, la responsabilidad de cuidarse que recae sobre las propias víctimas: todo eso hace que los femicidas tengan vía libre”.
“Nací para ser libre, no asesinada», dice la foto de perfil de Guadalupe Carual en su Facebook. Guadalupe tenía 21 años y había hecho 5 denuncias contra su ex pareja, Bautista Quintriqueo, quien 48 horas antes del femicidio le había avisado que la iba a matar a través de un mensaje de WhatsApp. Y lo hizo, en plena avenida de Villa La Angostura, localidad sureña de 15 mil habitantes.
Guadalupe tenía una beba de un año y denunció en el Juzgado de Familia 5 veces la violencia que sufría del padre de su hija. “Este femicidio se podría haber evitado”, dice en diálogo con lavaca.org el abogado de la familia Curual, Marcelo Hertzriken Velasco, especialista en defender a familiares de víctimas de femicidios. “Hay que vigilar a los violentos, no responsabilizar a las víctimas”, señala Marcelo: es que en Villa La Angostura no hay botones anti pánico “porque no hay buena señal de celulares” y tampoco quien controle a los violentos cuando violan las restricciones perimetrales.
El abogado lleva viviendo en el sur desde hace más de 30 años y conoce la lógica territorial: “A Guadalupe la mataron a puñaladas en la calle, en un pueblo pequeñísimo, a la vista de todos y todas”, resume. El incumplimiento de una perimetral en una localidad pequeña exhibe la falta de control que tiene el Estado sobre los territorios, gobernados por una trama de impunidad.
Una, dos, tres, cuatro, cinco denuncias no fueron sufcientes. Guadalupe, vivía con su amiga Lucía y su beba de un año. El abogado insiste en que “no es necesario seguir creando estructuras y protocolos, sino que hace falta compromiso de los poderes del Estado, de los funcionarios, de la policía y de quienes trabajan en la Justicia”. Cuenta Marcelo: “Yo trabajaba en Chos Malal y cuando una mujer venía a hacer una denuncia, le decían que tenía que mandar un correo electrónico, en lugar de tomársela”.
El Lago Nahuel Huapi y la cercanía con la cordillera hacen de esa pequeña localidad un lugar de ensueño en el sur argentino, que millones de turistas visitan cada año. Pero la protección para quienes sufren violencia poco importa, aún en tiempos de turismo: en 2019, organizaciones feministas impulsaron una iniciativa para abrir una Comisaría de la Mujer, que hasta ahora no cuenta con la voluntad del Concejo Deliberante.
Villa violenta
“Fue un femicidio muy cruel, y estamos todos muy golpeados”, dice a lavaca Fiamma Galván, una joven de 16 años que vive en la Villa, a la cual describe como un pueblo tranquilo pero donde la violencia machista se intensificó con la pandemia. Ensaya una explicación: “Por el encierro y por la falta de dinero, lo mismo que sucede en temporada baja, cuando no hay turismo”. Y es que, según Hertzriken Velasco, lejos de la postal para la foto, los pueblos del Sur sobreviven de la agricultura familiar, y el machismo sigue siendo moneda corriente en las relaciones sociales y familiares: “Tratan a las mujeres como objetos, como hace 50 años: eso no ha cambiado acá en el Sur. Necesitamos cambiar la cultura y la educación desde el jardín de infantes”.
Inmediatamente conocido el femicidio, la comunidad se manifestó frente a la Comisaría 28, a cargo del Comisario Catalán; y es que ellas saben que la responsabilidad de no cuidarla es también de la policía que no hizo cumplir al femicida la orden de restricción. Desde lavaca se intentó hablar con Catalán para que diera alguna respuesta pero “estaba en una reunión”, según un policía de la 28. Tampoco responde el intendente, Fabio Stefani: las únicas que hablan son las mujeres y el abogado de la familia que resume la urgencia de que el Estado adopte medidas realmente efectivas: “La falta de compromiso de los poderes del Estado, las policías y los juzgados que no toman las denuncias, la responsabilidad de cuidarse que recae sobre las propias víctimas hacen que los femicidas tengan vía libre”.
Fuente: Lavaca.
Músicos convocan a un recital de
protesta frente a la embajada
española para pedir por la libertad
de Pablo Hasél
Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2021.
Será este lunes 1 de marzo, desde las 16, frente a la Embajada de España (Avenida Figueroa Alcorta 3.102). Reclamarán la libertad del rapero, encarcelado la semana pasada por sus tuits y canciones contra la policía y la monarquía.
Un recital con la participación de Las Manos de Filippi, Valentina Cook y Escuela de la Calle, entre más, serán parte de la actividad con que la agrupación Músicxs organizadxs se concentrará el lunes 1 de marzo desde las 16 frente a la Embajada de España (Avenida Figueroa Alcorta 3.102) para reclamar la Libertad del rapero Pablo Hasél, encarcelado la semana pasada por sus tuits y canciones contra la policía y la monarquía.
El lunes músicos y artistas argentinos se harán presentes frente a la Embajada de España para reclamar «la inmediata liberación del rapero y la anulación de la Ley Mordaza, en apoyo a las masivas movilizaciones que se suceden hoy en la península».
«El encarcelamiento de Pablo Hasél es un atropello a la libertad de expresión y corresponde a la persecución ideológica amparada por la «Ley Mordaza» que fue aprobada el 2015 durante el Gobierno de Rajoy y que el actual gobierno de Podemos-PSOE mantiene vigente», aseguran en un comunicado.
Hasél fue encarcelado el 16 de febrero pasado, tras resistir encerrado en la universidad de Lleida (su ciudad natal) con el apoyo de la juventud local. Había sido juzgado en 2018 por el contenido de algunos tuits y letras de canciones en los que atacaba a la policía y a la monarquía española. Finalmente, un juez lo condenó a nueve meses de prisión y 30.000 euros de multa por los delitos de «enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a instituciones estatales».
Además de las protestas ciudadanas, en España, más de 200 personalidades del mundo del cine, la música o el teatro han firmado un manifiesto en apoyo al músico donde señalan que «el Estado español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones» entre ellas personalidades como Joan Manuel Serrat y Pedro Almodovar.
En la Argentina el petitorio lanzado por la organización Músicxs Organizadxs ya lleva más de 500 firmas de músicos y artistas locales, y apoyan la concentración del lunes músicos de todos los géneros como: Javier Malosetti, Andrea Álvarez, Ana Tijoux (Chile), Miguel del Luna Campos (Kapanga) Ignacio Montoya Carloto, Ramiro Gallo, Carlos Lastra, Laura Hatton, Eleonora Eubel. Juan Pablo Di Leone, Pablo Bernaba entre otros.
Fuente Téman
La CTEP presentó la Agenda
Social 2021
Reseumen Latinoamericano, 26 de febrerio de 2021.
Desde la CTEP (Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular) corriente de la UTEP, realizamos este viernes en Plaza Once la presentación de la Agenda Social 2021 para la Ciudad de Buenos Aires.
1. La Economía Popular es un sector estratégico para la reconstrucción económica. Creación del consejo de la economía popular en el marco de la nueva ley integrada por trabajadorxs y sus estructuras laborales. Construcción de un fondo de financiamiento para producción. Reconocimiento salarial ya de lxs trabajadorxs sociocomunitarios.
2. Integración socio urbana. Re-Urbanización e Infraestructura de servicios públicos en todos los barrios populares de la ciudad con control de los vecinxs.
3. Ley de Emergencia alimentaria. Universalización del Programa Ciudadanía Porteña eliminando toda incompatibilidad con programas de fortalecimiento laboral y/o educativo. Registro y regularización de merenderos y comedores fuera de programa. Ampliación de los programas de fortalecimiento a grupos comunitarios (comedores y merenderos) y aumento de raciones. Subsidios a los servicios públicos básicos en los sitios donde éstos se desarrollan.
4. Defensa del trabajo en la vía pública. Cese a la persecución y violencia hacia lxs trabajadorxs . Basta de racismo y xenofobia. Creación de circuitos y ferias de la economía popular, social y cooperativa No a la reforma del código contravencional. El trabajo nunca es delito.
5. Garantía de acceso a la vivienda en la ciudad y protección de los derechos de los inquilinos (Ley de alquileres, Ley de inmuebles ociosos, ley marco de viviendas sociales). Plan masivo de construcción de viviendas sociales.
6. Declaración de emergencia en adicciones. Apertura de nuevos centros de integración y creación de un Sistema integral de protección de personas en situación de consumo problemático. Financiamiento para programas de prevención integral y acompañamiento.
7. Impulsar la transferencia de los servicios públicos a la Ciudad y creación de un sistema tarifario que garantice la accesibilidad económica de las familias y la prohibición de los cortes por falta de pago. Universalización del acceso a los servicios. Todo ciudadano tendrá el derecho al acceso gratuito de los servicios públicos básicos hasta la cobertura de las necesidades básicas.
8. Declaración de la Emergencia Habitacional, suspensión de desalojos. Ampliación del programa y actualización de los montos de los subsidios habitacionales a los precios del mercado, y la desjudicialización del programa. Cumplimiento integral de la N° Ley N° 3.706. Ningún habitante de la ciudad sin vivienda.
9. Declaración de emergencia en Salud. Más presupuesto en hospitales y centros de salud. Reconocimiento estatal de espacios, herramientas comunitarias sanitarias y sus trabajadorxs cooperativistas. Medidas urgentes para afrontar la emergencia sanitaria en los Barrios Populares de la Ciudad por precarios servicios públicos, contaminación y enfermedades relacionadas. Vacunación para todxs.
10. La implementación de la Ley N° 25.485 a partir de la creación de una Secretaria de Políticas Integrales para Prevenir y Erradicar Violencia de Género, financiada por Desarrollo Social y constituida por 1 miembro de INAM, 1 Desarrollo Social, 1 Defensoría del Pueblo y una mesa de organizaciones. Creación del Programa Centros Comunitarios de la Mujer. Subsidios económicos y construcción de vivienda social para mujeres en situación de violencia de género.
11. Cese a los despidos en el ámbito público y privado. Ley de Expropiación de Unidades Productivas y creación de un fondo para lxs trabajadorxs de empresas recuperadas. Cesión de las hipotecas y prendas de los bancos estatales sobre bienes inmuebles o muebles a las Cooperativas de trabajadores.
12. Creación de consorcios administrados gratuitamente por el Estado para los complejos habitacionales, establecimiento de tarifas especiales en todos los servicios públicos y prohibición de cortes por falta de pago.
13. Derogación de la Ley de blanqueo ambiental en la CABA. Rechazo al nuevo Código Urbanístico que subsanará la ilegalidad de los permisos de obra y permitirá nuevos grandes negocios especulativos en la ciudad. Rechazo al nuevo Código de Edificación que disminuye en un 30% el tamaño mínimo de las futuras viviendas. Necesidad de una reforma urbana que regule el mercado inmobiliario y se oriente hacia la desconcentración de la tierra urbana. No a la venta de nuestro patrimonio a privados, la costanera y el mercado de hacienda son de la ciudadanía.
14. Cumplimiento de la Ley de Basura Cero. Inmediata implementación de la separación en origen de residuos húmedos en orgánicos e inorgánicos. Políticas de tratamiento de los residuos húmedos orgánicos. Mayor prioridad y financiamiento para la recuperación y tratamiento de los residuos secos.
15. Declaración de la emergencia en niñez; Aumento del presupuesto para garantizar el funcionamiento del sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Implementación de la jornada completa educativa con extensión horaria para todos los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten finalizada la pandemia.
16. Garantizar el debido acceso a la justicia de la ciudadanía, sin injerencia alguna en el Poder Judicial, en particular de los grupos de poder económico.
17. Basta de clausuras a los clubes sociales y deportivos de la ciudad: tarifa social (luz, agua y gas) sin trámites burocráticos, ventanilla única para los clubes. Programa de apoyo para aquellos que se desarrollan en barrios populares. Implementación y reglamentación de la ley nacional 27.098 en la Ciudad.
18. Paritarias libres y aumento para todos los convenios de cooperativas con el Gobierno de la ciudad. No al vaciamiento solapado del programa veredas limpias: la reconversión de rubro debe estar garantizada con inversión estatal y aseguramiento del compre estatal.
19. Conectividad y acceso a las tecnologías de la comunicación como derecho.
20. Declaración de emergencia en materia de educación. Vacantes para todes. Paritarias abiertas con cláusula gatillo. Aumento del presupuesto educativo para infraestructura escolar, transporte y seguridad sanitaria. Vacunación para docentes y estudiantes ante el inicio de clases.
*CTEP Capital corriente de la UTEP*
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