Batalla campal en Formosa por una protesta contra la vuelta a la Fase 1 de la cuarentena
La medida fue dispuesta ayer por el gobernador Gildo Insfrán ante la aparición de 17 nuevos casos de COVID-19.
Este jueves se conoció la noticia de que el gobierno de Formosa decretaba el regreso a Fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a raíz de que se habían detectado 17 casos de coronavirus en esa provincia. Ante esta medida, un importante grupo de vecinos salió a las calles a manifestarse en contra, tildando a la decisión de “exagerada, innecesaria y autoritaria”.
Si bien las protestas comenzaron ayer por la noche en la puerta de la gobernación que encabeza Gildo Insfrán, este mediodía la situación se puso más tensa con la aparición de los efectivos de seguridad, que intentaron que los manifestantes depusieran su actitud con palazos, balas de gomas y gases lacrimógenos.
En el enfrentamientos, varios jóvenes y mujeres resultaron heridos y subieron sus fotos a las redes sociales para denunciar esa brutal represión. “Los comerciantes queremos trabajar sin restricciones. Nos cortan el horario y tenemos que cerrar a las 21. No nos dejan trabajar tranquilos”, dijo a TN una mujer.
“Hacen lo que quieren. Los comerciantes no tenemos sueldo fijo. Si no vendemos, no tenemos plata. No vivimos del Estado ni de planes”, se indignó mientras detrás de ella se observaba una batalla campal.
Sin hacer lugar al reclamo de los formoseños, el gobernador Insfrán justificó la medida y defendió las políticas aplicadas en Formosa para enfrentar al coronavirus, a pesar de que muchos lo acusan de violar los derechos humanos con las restricciones impuestas. “Es la que tiene la menor cantidad de casos y de fallecidos en todo el país”, remarcó.
Fuente:Suquia
El Presidente expresó su malestar por la represión en Formosa
Alberto Fernández:"Nos preocupa la violencia institucional"
El presidente Alberto Fernández participó de la presentación del Plan Estratégico Vitivinícola 2030, en Mendoza, junto al gobernador de Juntos por el Cambio, Rodolfo Suárez. Realizó un llamado a trabajar por la “unidad” de la Argentina y se refirió con preocupación a la represión policial ocurrida en la provincia de Formosa, luego de las protestas. “Nos preocupa la violencia institucional”, declaró frente a la prensa mendocina.
El mandatario visitó la provincia cuyana por primera vez desde su asunción, en el marco de la Fiesta de la Vendimia. Acompañado por el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; participó de un desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que tuvo lugar en el Centro Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en la localidad de Luján de Cuyo.
En breves declaraciones a la prensa local, Fernández fue consultado por los hechos acontecidos en la capital formoseña tras el anuncio de un regreso a la Fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en esa ciudad. "Nos preocupa la violencia institucional, lo estamos analizando. Ya hemos expresado nuestro malestar por la forma en que se han desarrollado los actos que no compartimos en lo más mínimo", expresó el jefe de Estado al respecto, en línea con lo sostenido anteriormente por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
El presidente también aprovechó la ocasión de encuentro con el gobernador Suárez, integrante de la coalición opositora Juntos por el Cambio, para hacer un llamado a trabajar en unidad con el objetivo de darle fuerza a la actividad vitivinícola argentina, reconocida en todo el mundo. "Los argentinos tenemos que darnos cuenta de que acá hay un potencial enorme. Tenemos que darnos cuenta de que no estamos trabajando para el Gobierno nacional ni para la Provincia, sino para los argentinos", afirmó.
Al respecto ya se había referido también el mandatario provincial, al hablar sobre la necesidad de centrar los esfuerzos políticos en la lucha contra la pobreza. "Los argentinos y las argentinas conocemos ya los dolores profundos que pueden producir las grietas, es hora de ir por los beneficios que sólo la unidad puede proveer para que podamos tener un programa de desarrollo que sea sostenido en el tiempo", sostuvo, recordando sus propios dichos en la presentación del Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza. "No hablo de una unidad en el pensamiento, porque creo en la potencia generativa de la diversidad intelectual, hablo de unidad en los propósitos", añadió Suárez.
Retomando las palabras de “Rody” --como lo nombró en un momento del encuentro--, Fernández expresó en sintonía que “la unidad no significa un discurso único”, sino que “la unidad es sinfónica, no es una unidad donde todos repiten y tocan lo mismo”. “Todos debemos tener nuestra opinión, nuestra mirada y ser respetuosos en el debate”, recalcó el presidente.
"El secreto de quien gobierna no es hacer que todos toquen el clarinete en fa, es hacer que todos toquen en el momento que corresponde y que suene en armonía", enfatizó. A su entender, el trabajar unidos es lo que "va a permitir lograr erradicar el hambre en la Argentina".
Fernández también se refirió al desafío que enfrenta la industria vitivinícola ya que "los argentinos consumen cada día menos vino" debido a los cambios culturales y las campañas contra el consumo de alcohol. "Ojalá podamos esta vez hacer que el plan estratégico de la vitivinicultura le sirva a la Argentina, que genere más y mejor vino, que nos permita entrar en el mundo, que recuperemos los niveles de consumo y que logremos el mejor desarrollo”, expresó el jefe de Estado.
Por su parte, Suárez elogió que se haya mantenido el perfil productivo y exportador del sector aún durante las dificultades que debieron afrontar en la pandemia. "Con algunos incentivos puntuales se podría lograr que el sector exporte más. Creemos importante que la Nación trabaje para destrabar la política arancelaria que afecta los costos de ingreso a mercados atractivos", señaló el gobernador mendocino y puso como ejemplo el reciente acuerdo para la exportación de carne a México.
En el encuentro desarrollado por la Caviar, no solo se actualizó el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) de cara al 2030 como eje central, sino que también se firmaron y formalizaron convenios, y se presentó la Guía de Sostenibilidad de la Vitivinicultura Argentina que elaboraron especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).
07 de marzo de 2021
El insólito crédito de casi 45 mil millones de dólares es un acto judiciable por la acumulación de irregularidades y por el destino de esos fondos
El FMIgate pone en el banquillo a Macri con sus economistas
Intervenir en el mercado cambiario a través del Banco Central mediante el instrumento financiero denominado "Contratos de dólar futuro" no es judiciable si se cumplen cada una de las normas de esa actividad. Esto fue lo que sucedió en el segundo mandato de Cristina Fernández.
Igualar ambas situaciones busca desestimar la investigación acerca de cómo fue el proceso para recibir ese insólito crédito con el Fondo y cuestionar la orden impartida por el presidente Alberto Fernández de iniciar una demanda judicial a los responsables de ese ruinoso acuerdo. Es una estrategia política de confusión deliberada.
Además de inaudito por el monto involucrado y de constituir la peor herencia dejada por el gobierno de Macri, el recorrido para la aprobación del crédito del FMI es opaco e irregular.
El FMIgate fue detallado el domingo pasado en estas páginas, un día antes del discurso presidencial.
Extraordinaria
La decisión de Fernández es extraordinaria porque es la primera vez que un Presidente no sólo impulsa una investigación sobre el origen de la deuda externa y la posterior fuga de esos dólares, sino que avanza en disponer una querella criminal "a los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".
En la primavera democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín había promovido una investigación en el Banco Central, bajo la conducción de Enrique García Vázquez, sobre el origen de la deuda de la dictadura militar, que en menos de un año quedó desactivada.
La causa Olmos que tuvo sentencia condenatoria para los responsables de la deuda de la dictadura fue una iniciativa personal del historiador, sin consecuencias penales para los endeudadores y grupos económicos.
La investigación sobre la fuga de capitales de 2001 fue una propuesta empujada en el Congreso a través de una comisión bicameral.
Hace un año, Alberto Fernández, también en la inauguración de la Asamblea Legislativa, había reclamado al Banco Central una pesquisa acerca de la fuga de capitales en los años del vertiginoso endeudamiento macrista.
Nunca antes un Presidente había emprendido el necesario paso adicional. Es lo que hizo ahora Alberto Fernández: exigió a quien corresponda de las áreas de gobierno que inicie una querella criminal a los responsables del FMIgate.
Justicia
Las políticas económicas no son judiciables y, por lo tanto, tampoco los instrumentos utilizados para desplegarlas. Pueden ser subir o bajar impuestos, privilegiar determinadas actividades con regímenes de promoción, intervenir en el mercado financiero a través de la tasa de interés, de contratos dólar futuro o de la compraventa de reservas del Banco Central, emitir deuda en pesos y en dólares en el mercado local o internacional, contraer préstamos con organismos multilaterales, o diseñar planes de administración de precios.
Muchas otras herramientas están a mano de los gobiernos para ordenar una política económica específica. Es obvio que esas decisiones, con saldos positivos o negativos para el bienestar general y la estabilidad macroeconómica, no deberían ser motivo de causas judiciales.
Ahora bien, cuando alguna de esas medidas u otras son implementadas en forma irregular y violando normas de procedimiento, o en abierto conflicto de intereses (beneficiando a funcionarios y familiares de ellos), o cometiendo ilícitos, como el provecho particular por el acceso a información privilegiada o por participar de una red de comisiones, deben ser castigados sus responsables luego de cumplir con los pasos procesales correspondientes en el ámbito de la Justicia.
No hacerlo es consagrar la impunidad y convertir el aparato estatal en un vehículo de negocios espurios, con costos sociales y económicos muy elevados, los cuales son padecidos por los grupos vulnerados.
No se trata de una cuestión moral o de oposición a cierta orientación de política económica; son delitos realizados por personas ejerciendo la función pública.
Este es el caso del FMIgate; no así la absurda causa judicial "dólar futuro".
Complicidad
El insólito crédito del FMI al gobierno de Mauricio Macri es políticamente cuestionable con consecuencias nocivas para la economía y la calidad de vida de la mayoría de la población, y será una carga pesada por muchos años. Como repite el coro afinado de economistas mediáticos, voceros del poder económico y medios de comunicación de derecha, no es judiciable tomar un préstamo con un organismo financiero internacional.
Esta coordinada complicidad con el desastre financiero dejado por la alianza macrismo-radicalismo no considera, por conveniencia o por ignorancia, que el crédito con el FMI ha violado normas y procedimientos definidos por la Ley de Administración Financiera e incluso de la Constitución Nacional.
Muchos pueden evaluar que se trata de formalidades y que los dólares del FMI llegaron a las arcas del Banco Central y, por lo tanto, no es para tanto esos desvíos. El detalle no menor es que se trató de desembolsos por un total de casi 45.000 millones de dólares, monto que exige cumplir estrictos criterios de control, autorización previa y estudios financieros sobre el manejo de pasivos públicos.
Si esas condiciones para recibir un crédito de esa magnitud son consideradas cuestiones menores, que queda entonces para exigir a funcionarios sobre la responsabilidad en operaciones financieras de menor cuantía, licitaciones públicas o manejos de presupuestos por montos muchos más bajos.
Como se informó en estas páginas a mediados del último año del gobierno de Macri y cuando el Frente de Todos estaba ocupado en otras cosas porque recién nacía, el crédito del FMI estaba flojo de papeles. No debería entonces ser una novedad ni generar sorpresa. Lo que sí alteró los nervios del establishment es que el presidente Alberto Fernández se haya puesto al frente y anunciara que iniciará una querella criminal por ese préstamo.
Mesa de dinero
La demanda judicial no es por el crédito en sí, sino porque los funcionarios responsables lo definieron y firmaron como si fueran dueños de una mesa de dinero clandestina. Lo suscribieron sin cumplir ninguna regla de procedimientos administrativos del Estado.
No es un tema menor porque si esta fuera la forma de gobernar, las tareas de responsabilidad pública quedarían a la libre discrecionalidad de funcionarios. Y un préstamo total por 57 mil millones de dólares es lo suficientemente importante como para ser muy estrictos con las normas de procedimientos.
Los economistas macristas (Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Hernán Lacunza y Guido Sandleris) se manejaron como patrones del Estado con la soberbia de que no tienen que dar cuenta a nadie.
Un trabajo conjunto del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, con Eduardo "Vasco" Murúa, del Centro para la Integración Financiera/CEPPAS, con Eduardo Codianni, y de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), demostraron judicialmente que, para contraer el crédito más importante de la historia argentina y del propio FMI, el macrismo violó todas y cada una de las normas nacionales que determinan cómo se tienen que tomar decisiones administrativas de estas características (causas “Murúa” y “Coddiani”).
En concreto, con la estrategia y acciones administrativas y judiciales impulsadas a lo largo de casi tres años de ese trabajo colectivo se pudo demostrar, con documentos oficiales, que:
1. El expediente a través del cual debió haber tramitado la decisión de contraer el crédito se inició el 21 de junio de 2018. Esto es, nueve días después de la firma de la Carta de Intención para solicitar el crédito. Sin expediente no hay procedimiento administrativo válido (artículo 7, incisos b y d, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos –LNPA-).
2. No se emitió dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención, y sin ese paso no hay decisión administrativa válida (artículo 7, inciso d, de la LNPA).
3. No se emitió el dictamen técnico previo del Banco Central sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos. Sin este dictamen toda deuda externa es nula (artículo 61 y 66 de la Ley de Administración Financiera N°24.156).
4. No se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito (decreto presidencial ni resoluciones de Hacienda o del BCRA). El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central no tenían competencia para firmarlo solos; debió autorizarlo el Presidente (artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional).
5. Los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la Carta de Intención no se fundan en ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica. Sin causa válida toda decisión administrativa es nula (artículos 7, inciso b, y 14 de la LNPA).
6. No hay constancia de haberse suscripto acuerdo alguno ni del acto de aprobación por parte del FMI, a pesar que la Carta dice que los memorandos “deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by”.
Fuga de capitales
Los defensores del FMIgate afirman que el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera exceptúa los créditos formalizados por el Poder Ejecutivo con organismos financieros internacionales. No es así.
Un documento del Banco Central explica que no "se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el Poder Ejecutivo, único caso en que esa ley lo faculta a contratar préstamos con organismos internacionales a los que el país pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Argentina".
El Banco Central indica que los dólares del crédito del Fondo (más otras reservas) abastecieron la fuga de capitales del sector privado, que en total alcanzó los 45.100 millones de dólares.
Por lo tanto, el informe menciona que ante “la ausencia absoluta de medidas de contención de dicha fuga da cuenta de la flagrante violación a los términos del artículo VI del convenio constitutivo del FMI, aprobado por Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales”.
Leyes
El mismo día que Alberto Fernández anunció que instruyó iniciar la querella criminal, la actual conducción del Banco Central informó acerca de los pasos que está haciendo en esa investigación.
Explicó que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.
Como se mencionó arriba, el Central señala que en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de intención y los Memorándums de política económica y financiera y de Entendimiento técnico, que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el exministro de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al FMI, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I de su convenio constitutivo.
Ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y, en especial, el exministro de Hacienda eran competentes para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características.
Según la legislación vigente (como las leyes 11.672 permanente de Presupuesto, 19.549 de Procedimiento Administrativo y 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) el Ejecutivo no tendría facultades para la firma del acuerdo.
En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones estaban facultados para tomar dicha decisión.
Con la documentación presentada por el Banco Central, la Sigen y la Oficina Anticorrupción deberán determinar si existieron los incumplimientos, la existencia de perjuicio para el patrimonio público y las responsabilidades en los funcionarios.
Comparación
Resulta notable cotejar el cumplimiento de las normas y procedimientos administrativos en las transacciones de "contratos dólar futuro" por parte del Banco Central respecto al crédito pactado con el FMI.
En la presentación ante el Tribunal de Casación, el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, presentó un detallado documento acerca de esa operatoria durante el kirchnerismo.
Explicó que el BCRA comenzó a operar en contratos de futuro en 2005 al amparo de la resolución de directorio Nº181, que autorizó la adhesión de la entidad monetaria como agente del Mercado a Futuro de Rosario (Rofex) y como miembro compensador de Argentina Clearing SA, a los efectos de realizar operaciones en dicho mercado.
El fundamento del directorio para adoptar esa decisión fue la necesidad de contar con todas las herramientas adecuadas que permitieran una efectiva política monetaria y cambiaria.
La intervención del Banco Central en este mercado se encuadra en el artículo 18, inciso a, de la Carta Orgánica, que lo faculta a comprar y vender a precios de mercado y término con fines de regulación monetaria y cambiaria.
La decisión sobre la necesidad de ampliación de los montos para operar en el mercado de dólar futuro fue resorte exclusivo del directorio del Central. La fundamentación de las decisiones de aumentar los límites para operar se encuentra en los informes de las gerencias técnicas (Operaciones Externas y Principal de Operaciones de Mercado) que luego son considerados e incorporados a las resoluciones que adoptó el directorio.
Durante la gestión de Martín Redrado los límites aumentaron 19.900 por ciento, en la de Mercedes Marcó del Pont, 25 por ciento, y en la de Alejandro Vanoli, 100 por ciento.
Fraude
Al Capone cayó por un fraude menor (evasión impositiva) en relación a los muchos delitos que cometía con sus negocios ilegales.
Es difícil imaginar un coro de defensores de ese jefe de una banda de la mafia diciendo que las irregularidades en la declaración jurada de impuestos no deberían ser motivo de una causa judicial porque fue un desvío de su actividad, y que sólo contribuiría a profundizar la grieta.
La banda política y empresarial que asaltó el Estado en el período 2015-2019 cometió delitos administrativos con el préstamo del FMI que generó un desquicio económico, financiero y social.
Se abre la oportunidad de que a partir de las irregularidades del FMIgate, una causa judicial permita a la mayoría de la población dimensionar el daño generado por ese crédito y que, esta vez, no haya impunidad para endeudadores seriales.
Este fin de semana se superarán las 3 millones de vacunas enviadas a distintas jurisdicciones
Sputnik V: comenzó la distribución de 400 mil dosis en todo el país
Con el objetivo de fortalecer el plan de vacunación para combatir la Covid-19, este sábado comenzó la distribución de un total de 395.850 dosis de la vacuna Sputnik V a las 24 jurisdicciones del país.
Con esa cifra sumada a las 406.800 vacunas Sinopharm que están siendo recibidas en los distritos, este fin de semana se superarán las 3 millones de vacunas enviadas a lo largo de la Argentina.
El Monitor Público de Vacunación, que puso en marcha la cartera sanitaria para garantizar la transparencia y la trazabilidad de las inmunizaciones enviadas a todo el país, registra un total de 1.472.510 vacunas aplicadas: 1.133.362 personas recibieron la primera dosis y 339.148 ambas.
Cómo se distribuyen
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, definió la semana pasada que la cantidad de vacunas entregadas a cada provincia -comenzaron a llegar el lunes pasado-tenga carácter de información pública, bajo pautas de "total transparencia".
El número enviado a cada jurisdicción -se aclaró- depende estrictamente del porcentaje de población y se adapta a la unidad mínima de embalaje, que es de 400 o 900 dosis por conservadora.
De acuerdo al criterio dispuesto por el Ministerio, la partida de Sputnik V se distribuirá del siguiente modo:
- Buenos Aires: 151.800 dosis.
- CABA: 27.000 dosis.
- Catamarca: 3.600 dosis.
- Chaco: 10.800 dosis.
- Chubut: 5.400 dosis.
- Córdoba: 33.000 dosis.
- Corrientes: 9.900 dosis.
- Entre Ríos: 12.150 dosis.
- Formosa: 5.400 dosis.
- Jujuy: 6.750 dosis.
- La Pampa: 3.150 dosis.
- La Rioja: 3.600 dosis.
- Mendoza: 17.550 dosis.
- Misiones: 10.800 dosis.
- Neuquén: 6.000 dosis.
- Río Negro: 6.750 dosis.
- Salta: 12.600 dosis.
- San Juan 6.750 dosis.
- San Luis: 4.500 dosis.
- Santa Cruz: 3.150 dosis.
- Santa Fe: 30.600 dosis.
- Santiago del Estero: 8.400 dosis.
- Tierra del Fuego: 1.350 dosis.
- Tucumán: 14.850 dosis.
El Día Internacional de la Mujer, marcado por los femicidios recientes
Un 8M contra la violencia de género
Este lunes, desde las 12, convocadas por las organizaciones feministas, políticas, sociales, laborales y estudiantiles, una multitud de mujeres volverá a movilizarse en todo el país por el Día Internacional de la Mujer. Esta vez la consigna principal será “Basta de femicidios! Basta de medidas cautelares que no sirven y de jueces y fiscales sin visión de género que miran para otro lado. Basta de apañar a policías violentos”. En ese contexto, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación aseguró que “reconstruimos un Estado para hacernos cargo de las violencias de género y no mirar para el costado”.
En una declaración pública, Elizabeth Gómez Alcorta señaló que el país se encuentra ante una realidad en la cual “la pandemia cobró un indeseado protagonismo” que generó “desigualdades que afectan a mujeres y a la comunidad LGBTIQ+” . Al mismo tiempo, resaltó que la covid-19 puso de relieve “el lugar que ocupamos las mujeres en la economía y en el desarrollo productón”. Al mismo tiempo, puso de manifestó “la presencia indispensable de las mujeres” en “las actividades esenciales, los cuidados, la docencia y los servicios de salud”. La contracara fue la pérdida de puestos de trabajo de las mujeres en sectores como el comercio, la gastronomía, el turismo y la hotelería, los más golpeados en la crisis.
Las consignas de este 8M, reflejan el repudio y el reclamo de medidas concretas y eficaces para ponerle fin a la ola de femicidios, la mayoría anunciados por situaciones previas que no fueron asistidas ni resueltas por los organismos del Estado. Por eso exigen: “Basta de comisarias que no funcionan o que no te quieren tomar las denuncias; basta de privilegios para machitos violentos; basta de palabras bonitas y de planes” oficiales que “no funcionan”. Y concluyen que “los femicidios son una cuestión de Estado” que debe ser resuelta por los organismos del Estado.
Las organizaciones feministas convocaron a concentrarse cerca de mediodía en Avenida deMayo y 9 de Julio, para luego marchar hacia el Congreso. En el mismo lugar, pero a partir de las 16,30, es el llamado de Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS y de la agrupación feminista Las Rojas. Desde allí marcharán también hacia el Congreso. Castiñeira sostuvo que este 8M “volveremos a reclamar por los problemas urgentes como el drama de que hay un femicidio o un trans travesticidio cada 20 horas en Argentina”. Puntualizó que “esta realidad genera aún mayor indignación porque estos casos son claramente evitables”. Mencionó como ejemplo el femicidio de Ursula Bahillo, en Rojas, a manos del policía Matías Ezequiel Martínez, quien desde 2018 tenía denuncias por violencia de género y abuso sexual de una niña. Ursula lo había denunciado 18 veces, Castañeira dijo que “es indispensable que el gobierno destine presupuesto real para erradicar la violencia hacia las mujeres y personas LGBTT”.
El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a través de la edición 2021 del programa “Nosotras Movemos el Mundo” (NMEM), señala la realidad de un presente que “no tiene precedentes: nos encontramos atravesadxs por una profunda crisis social generada por la pandemia de la covid-19”, en forma simultánea “con los altos índices de violencias de género y sus manifestaciones más extremas, los femicidios, travesticidios y transfemicidios”.
Ante esta situación, como parte del Estado “nos exigen fortalecer de manera urgente todos los mecanismos y herramientas” vigentes “para revertir esta compleja realidad”. Sostienen que desde el Ministerio trabajan “desde el primer día con la certeza de que las violencias de género no son hechos aislados sino la expresión y el resultado de una estructura social y cultural desigual que debe transformarse desde todos los lugares y en todos los espacios”. Por eso, el NMEM es reivindicado como “una de las principales apuestas culturales” de la actual gestión porque tiene “el propósito fundamental de hacer visibles estos patrones culturales que reproducen las violencias de género y poner en valor los procesos, luchas y conquistas de los movimientos feministas y de la diversidad”.
Luego de mencionar las medidas sociales y económicas del actual gobierno para enfrentar la crisis generada por la pandemia, la titular del Ministerio, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que representa a un Estado “que se hace cargo y no mira para el costado” y que “no se resigna ni naturaliza las violencias”. Agregó que por esa razón, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández “hizo una clara convocatoria a que las políticas para reducir las violencias por motivos de género en nuestro país sean, por primera vez, políticas de Estado”.
Esto significa que se impulsará que las medidas para solucionar el problema no dependan “del gobierno de turno” sino de “todos los Poderes del Estado, de todos los niveles, nacional, provinciales y municipales”, pera que todos “prioricen estas agendas y trabajen de manera coordinada para hacerles frente”.
Por su parte, Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, declaró que la pandemia “trastocó todos los planes de gobierno y nos puso a trabajar focalizadas en mejorar los dispositivos de atención de las violencias, en especial del ámbito doméstico y familiar”. Dada la situación se hizo “un trabajo enorme, incansable, de todos los equipos (…) en acciones casi sin las herramientas que requiere la administración estatal, porque estamos justamente en proceso de construcción” de las mismas.
De todos modos, se trabajó “en los 135 municipios, articulando con más de 100 sindicatos y con cientos de organizaciones sociales”.
Este 8M, Estela Díaz encabezará desde este fin de semana actos en distritos del interior provincial, con talleres de género y prevención de las violencias. La ministra visitará hoy el distrito de Hipólito Yrigoyen, donde se reunirá con el intendente Ignacio Pugnaloni y con las secretarias áreas de género de la Región cuarta. Por la tarde se realizarán talleres de comunicación y género, educación y trabajo, mujeres y arte, en el Centro Cultural local.
Fuente:Pagina12
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