CHILE.

 

Denuncias por homo y transfobia 

descienden un 12 %

Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022. 

Se registraron 1.114 denuncias o casos de discriminación en 2021, entre ellos tres asesinatos y 78 agresiones físicas.

Las denuncias por homofobia y transfobia descendieron un 12 por ciento en Chile durante el año 2021, lo que representa la primera baja reportada desde hace ocho años, informaron este jueves activistas locales.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), de las comunidades de lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (LGBTIQ+) de Chile, subrayó que registraron 1.114 denuncias o casos de discriminación en 2021, entre ellas tres asesinatos y 78 agresiones físicas.

El XX Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual de Género reveló que el 19 por ciento del total de denuncias fue contra gais; el 13,2 contra lesbianas; el 11,4 contra trans y el 56,4 atacó a la población LGBTIQ+ en su conjunto.

Los datos indicaron que la violencia contra la comunidad bajó en un 80 por ciento, a raíz de la reciente aprobación del matrimonio igualitario en Chile. Las agresiones físicas y verbales también presentaron un decrecimiento del 40,9 por ciento. 

De igual manera, se registró un descenso en la discriminación educacional del 63 por ciento, los asesinatos también bajaron en un 50 por ciento; la homofobia y transfobia en la familia y los barrios disminuyó en un 46,6 por ciento.

Sin embargo, en contraste con estas estadísticas, la discriminación institucional aumentó en un 3,1 por ciento, así como las declaraciones de odio en un 47,8 por ciento.

En diciembre del 2021 se aprobó en Chile la ley de matrimonio igualitario, legislación que respondía a más de tres décadas de lucha de los movimientos LGBTIQ+ de ese país, el aumento de la violencia contra la población de la comunidad y la falta de representación y derechos que sufrían.

Chile se convirtió en el octavo país de Latinoamérica y el Caribe en aprobar el matrimonio igualitario, vigente a partir del 10 de marzo pasado, luego que se presentase el proyecto en 2017 y se mantuviera estancado en el Parlamento durante cerca de cuatro años.

Fuente: TeleSUR

Misión imposible: servir a dos 

señores

Por Manuel Cabieses Donoso, Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022.

El Gobierno del presidente Boric no puede escapar a una definición. Tendrá que tomar partido: o con el gran empresariado o con el pueblo.

Ningún Gobierno puede servir a la vez a la oligarquía y a quienes necesitan desesperadamente igualdad de derechos.

No cabe duda que la “Historia Universal de la Desfachatez” consignará con letras mayúsculas la reciente amenaza de Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). El jefe del Estado mayor de la burguesía declaró insuficientes las garantías que el Gobierno ofrece al empresariado.

“Tenemos que hablar -dijo- de un acuerdo de gobernabilidad que dé certezas jurídicas” (1). Se trata, por supuesto, de exigir privilegios para las inversiones privadas y los mecanismos que permiten operar sin límite a la codicia del gran empresariado. Sutil no se anda con sutilezas en sus demandas. El Gobierno, sostiene, debe ir “más allá de una reforma tributaria” y abandonar proyectos tales como empresas estatales de ferretería, farmacia, construcción e inmobiliarias.

¡Qué patudez la de este tipo! Plantea -ni más ni menos- que rehacer a la medida del gran empresariado el programa de Gobierno. Hace solo tres meses más de 4 millones y medio de chilenos votaron por ese programa y la oligarquía ya quiere echarlo abajo.

¿Cómo se atreve la CPC y su jerarca a desafiar la voluntad democrática del 56 por ciento del electorado? Esa mayoría votó un programa de por sí moderado a fin de asegurar la derrota del fascismo e instalar un Gobierno que garantice el tránsito a la nueva institucionalidad que propondrá la Convención Constitucional.

La piedra en el zapato del gran empresariado es precisamente la Convención. Teme que de allí salga una Constitución “demasiado” democrática en lo político y “muy” avanzada en lo social. O sea que la Convención dé a luz instituciones y leyes como nunca antes tuvo la República. Pero en vez de compartir las expectativas del pueblo, Sutil afirma que la Convención “genera inestabilidad”.

Esa es la maniobra fundamental que impulsa la derecha: crear condiciones que hagan fracasar la Convención. Su arsenal mediático dispara en esa dirección y utiliza todo tipo de sofismas, incluso ridiculizar las polémicas de los convencionales.

La televisión es el ariete más eficaz de esta guerra sicológica. El propio Sutil negocia la compra de CNN Chile a la empresa norteamericana WarnerMedia. Quien domina la imagen domina las conciencias. Mientras los medios de comunicación, incluyendo el espectro radioeléctrico, sean propiedad privada de unos pocos, ignorando su función social, la estabilidad de ningún Gobierno democrático estará asegurada. Lo demuestra nuestra propia historia.

El Gobierno del presidente Boric tendrá que tomar partido. Ceder al “acuerdo de gobernabilidad” con el gran empresariado o cumplir su compromiso con el pobrerío y la clase media empobrecida que lo llevaron a La Moneda.

Chile, según la CEPAL, es el país de América Latina en que el patrimonio de los ricos representa la mayor tajada del Producto Interno Bruto (PIB): 16,1 por ciento. En países enormes y de grandes fortunas como Brasil y México el porcentaje es inferior: 14,2 por ciento y 12,2 por ciento, respectivamente.

Los súper ricos chilenos se las han arreglado -incluyendo golpe de Estado y terrorismo de Estado- para aumentar sus fortunas mediante una codicia insaciable, extorsionando gobiernos, parlamentos e instituciones del Estado. La conducta mezquina y mafiosa del gran empresariado ha convertido a Chile en uno de los países con mayor desigualdad del mundo.

El año pasado, mientras la mayoría se debatía en el desempleo y el endeudamiento, los más ricos duplicaban sus fortunas. El grupo Luksic se encaramó a los 23.300 millones de dólares, Ponce Lerou a los 4.100 millones, Paulmann a los 3.300, Piñera a los 2.900, y así también los Angelini, Saieh y Yarur. El mismo salto tuvieron las ganancias de los bancos y grandes empresas.

¡Chile es Jauja para el empresariado pero no le basta! Intenta además someter al nuevo Gobierno a un “acuerdo de gobernabilidad” que convertirá en liliputienses las ya modestas reformas planteadas en su programa.

El Gobierno, si se empeña, podría resistir el asedio oligárquico defendiendo sus compromisos electorales, asegurando a la vez respeto a las resoluciones de la Convención Constitucional.

Sin embargo, también es tarea de las organizaciones sociales oponerse al “acuerdo de gobernabilidad” que plantea el gran empresariado. El próximo primero de mayo puede ser la oportunidad de una gran movilización de trabajadores, pobladores, mujeres, desempleados, estudiantes, jubilados, pequeños y medianos empresarios, etc., para rechazar la imposición oligárquica.

El Gobierno del presidente Boric no puede escapar a una definición. Tendrá que tomar partido: o con el gran empresariado o con el pueblo.

Ningún Gobierno puede servir a la vez a la oligarquía y a quienes necesitan desesperadamente igualdad de derechos. Es una realidad confirmada por la historia. Hace ya 2.000 años un rico recaudador de impuestos, algo así como un director de Impuestos Internos de la época, escribió en su evangelio: “Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá menos a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza” (2). No lo habría dicho mejor Carlos Marx.

Tribunal rebajó a cautelar a carabinero 

Sebastián Zamora imputado por empujar 

a adolescente del Pío Nono sólo a 

firma quincenal

Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022.

Nuevamente cambiaron la medida cautelar a Sebastián Zamora, quien como funcionario de Carabineros de Chile empujó desde el puente Pío Nono a un adolescente de 16 años. Mientras personas cumplen más de dos años en prisión preventiva por protestar, la justicia establece esta exigua cautelar a un agente del Estado imputado por homicidio frustrado a un menor de edad, es decir, un caso de violación a los derechos humanos.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cambió por segunda las medidas cautelares a Sebastián Zamora, imputado por el homicidio frustrado de un adolescente en el marco del caso Pío Nono en tanto funcionario de Carabineros de Chile.

En marzo del año pasado el tribunal ya había cambiado la cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario, a solicitud su abogado defensor Alejandro Peña, exfiscal responsable del montaje denominado «Caso Bombas».

El ahora exuniformado, dado de baja con la absurda excusa de haber mentido sobre el uso de su cámara corporal, se encuentra imputado por empujar a un adolescente de 16 años desde el Puente Pío Nono el de octubre de 2020, uno de los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos y derechos de la infancia registrados durante el primer año de pandemia.

Cabe recordar que videos filtrados de las cámaras de carabineros dan cuenta del adoctrinamiento que reciben al interior de la institución, provocando risas y burlas tras el crimen contra el menor de edad. Una conversación sostenida al interior de un furgón policial muestra a funcionario refiriéndose a manifestantes indicando: «son maricones, saben que si nos gritan les vamos a sacar la conchetumare y los vamos a tirar al Mapocho».

Fuente: Resumen Chile

Congreso aprueba nueva prórroga 

a estado de excepción

Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022. 

Chile cuenta con cerca de 1.4 millones de migrantes, de ahí la necesidad de frenar el flujo irregular por el altiplano norte y recuperar el clima de seguridad en la región.

El Congreso de Chile aprobó este miércoles y a partir del 1 de abril, una nueva prórroga por 15 días del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) que desde el pasado 15 de febrero rige en la macrozona norte del país, ante la crisis migratoria y de seguridad existente.

Se trata de las provincias de Arica y de Parinacota (Región de Arica y Parinacota), de Tamarugal (Tarapacá) y El Loa (Antofagasta), las cuales con 128 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones habían recibido el favor de la Cámara de Diputadas y Diputados; previo a su aprobación en el Senado hizo con 41 votos a favor, sólo uno en contra y otra abstención.

La nueva solicitud de extensión responde a la incertidumbre e inseguridad reinante en esa región, derivada “del preocupante aumento de ingresos clandestinos por las zonas fronterizas de la zona norte, lo que puede ser aprovechado por el crimen organizado transnacional dedicado al narcotráfico, el contrabando de mercancías y el tráfico de migrantes».

Por lo que esta medida permitirá implementar estrategias de control entre las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad, con el objetivo de fortalecer el despliegue en la frontera y puntos priorizados; además, de incrementar los medios de vigilancia, y la posibilidad de detectar delitos en la zona.

Paralelamente el ejecutivo labora en un plan el cual contempla «medidas que apunten a la gestión de una migración segura, ordenada y regular que proteja la seguridad, dignidad y derechos humanos de todas las personas que habitan el país, considerando, particularmente, las necesidades de las comunidades de acogida», según expresaron en un documento rector.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, remarcó que la semana próxima viajará a la macrozona para consensuar con las comunidades las acciones a seguir, al tiempo que comunicó esta será la última prórroga solicitada.

En tal sentido detalló que el plan prevé un programa de desarrollo para la zona, con la activación de iniciativas de inversión; y recuperación de espacios públicos, actualmente perdidos por la migración.

Además de modificar el decreto 265, el cual establece la posibilidad de colaboración de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo y el combate al crimen organizado.

Chile cuenta en la actualidad según estimaciones con 1.4 millones de migrantes, lo que constituye más del 7 por ciento de su población. Muchas de esas personas han ingresado a la nación suramericana en condiciones de irregularidad y a través de los pasos fronterizos del altiplano en el norte de Chile, limítrofes con Bolivia.

Fuente: TeleSUR

A pesar de ser fuertemente repudiados 

por sus crímenes y abusos represivos, 

ahora los Carabineros -en tiempo de Boric- 

dicen que «respetarán los derechos

humanos»

Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022

Carabineros, la fuerza policial más represiva de Chile, firmó un acuerdo con el Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas (AIPG), con el fin de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de derechos humanos. El director de Carabineros, el general Ricardo Yañez, un hombre que carga con múltiples acusaciones de violar precisamente esos derechos, dijo que el convenio permitirá dotar a cada efectivo de las herramientas para poder cumplir sus funciones «sin vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos». Esto realmente recuerda aquel dicho de que en vez de aplicar la picana sobre los detenidos con corriente eléctrica de 220 voltios lo harán con la de 120.

El gobierno de Gabriel Boric había ratificado días atrás su decisión de impulsar un cambio «de fondo y estructural» en la fuerza policial chilena, luego de que se multiplicaran las críticas por un nuevo accionar represivo de sus agentes y se difundiera que escuchaban conversaciones de un dirigente mapuche luego asesinado. Hechos que fueron y son moneda corriente para ese cuerpo militarizado que tanto elogiaran el dictador Pinochet y los ex presidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera.

Yañez destacó que el acuerdo da cuenta de la responsabilidad de Carabineros de «generar una cultura de respeto a los derechos humanos, hoy día muy presente» en los «procesos formativos» de la fuerza. El convenio fue firmado por Yañez y la directora de Programas para América Latina de AIPG, María Eugenia Carbone. «Es un tremendo hito en este camino de reforma que hemos emprendido», dijo el general al noticiero 24 Horas.

El acuerdo fue suscripto en la misma semana en la que hubo diversas acusaciones a Yañez y organizaciones de derechos humanos pidieron su renuncia. Incluso para este viernes está convocada una protesta para solicitarle al presidente Gabriel Boric la destitución del oficial, a quien responsabilizan por la violación de derechos humanos durante el estallido social iniciado en octubre de 2019.

El gobierno de Boric anunció días atrás una reforma profunda de Carabineros. «Es un cambio de fondo y estructural, porque queremos mejores policías para nuestro país, más eficientes y con apego irrestricto a los derechos humanos«, explicó la vocera del gobierno, Camila Vallejo. La funcionaria dijo que el ministerio del Interior ya tiene en análisis “algunas medidas para adoptar a corto plazo”, entre ellas la prohibición del uso de balines, mientras trabaja en la «modificación de los protocolos para permitir y resguardar el derecho a la manifestación».

Estudiantes convocan a movilización 

para aumentar beca de alimentación

universitaria este viernes a nivel 

nacional

Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022.

Para este próximo viernes 25 de marzo a las 12:00 hrs, estudiantes de la UdeC, UCSC y UBB convocaron a una marcha para exigir el aumento del valor de la beca de alimentación para la educación superior (BAES).

La movilización convocada para este viernes es una convocatoria nacional que levanta la organización de la lucha BAES y las federaciones de estudiantes agrupadas en la Confech.

Las organizaciones estudiantiles denuncian que el valor de la beca no ha aumentado desde los 32 mil pesos mensuales en más de 10 años.

En conversación con Resumen, Gabriela Gamonal, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC) señaló que «buscamos llamar la atención por la situación en la que se encuentra la beca de alimentación BAES que no ha incrementado su monto en más de una década con lo cual cada vez se volvió más difícil que esta fuera suficiente para las necesidades del estudiantado«.

La presidenta de la FEC puntualizó que «es absolutamente absurdo que esta cifra pueda ser suficiente para la alimentación de una persona considerando los precios actuales en el comercio, que son producto de la crisis y la especulación»

La dirigenta estudiantil agregó que «en el actual gobierno participan ex dirigentes estudiantiles, los cuales plantearon este mismo tema en algun momento y sería de auna absoluta inconsecuencia el no dar respuesta a este tema tan significativo para la cotidianidad de los y las estudiantes.

Gabriela reiteró que el llamado es «a exigir una solucion a este problema que nos aqueja hace más de una década y sobre el cual sucesivos gobierno no han dado solución»

Contexto de inminente crisis alimentaria

Según el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el valor de la comida ha alcanzado un alza de 32,8 % en 2021.

En el contexto de nuestro país, donde se incrementa la importación de alimentos y la dependencia por tanto de sus valores internacionales. Un ejemplo claro de ello es lo sucedido con el aumento de valores de las carnes.

Chile cerró el año 2021 con una inflación anual acumulada del 7.2%, mucho más alta de 6% proyectado y a pesar de las consecutivas alzas de las tasas de interés por parte del Banco Central.

El problema de la inflación es que no solo ocurre en Chile, es un fenómeno internacional que también vive Estados Unidos y Europa en estos momentos, donde sus bancos centrales también han adoptado la misma receta de aumentar tasas de interés. Sin embargo, en diversos países del mundo ya comienzan a salir voces que exigen otro tipo de medidas.

La inflación que afecta a todo el mundo y que se ha traducido principalmente en el aumento de precios de alimentos y combustibles, al menos en EEUU se ha podido demostrar que está siendo aprovechada por empresarios para poder aumentar sus valores y escudarse en la inflación.

«No es sólo inflación, es aumento de precios. Las corporaciones están utilizando la ‘inflación como una tapadera para subir los precios y registrar ganancias récord. Tenemos las pruebas» escribió para para el Minneapolis Post la PhD Lindsay Owens, es asesora de política económica de la senadora Elizabeth Warren.

Fuente: Resumen Chile

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