Giammattei elegirá a un nuevo fiscal
general de Ministerio Público
Por Miguel Salay, Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022.
El presidente de Guatemala pronto deberá elegir a un nuevo fiscal general del Ministerio Público, pero de acuerdo a analistas se proyecta más corrupción.
Queda muy poco tiempo para que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, elija de una terna de seis finalistas al nuevo o nueva fiscal general del Ministerio Público, las proyecciones no son nada favorables para garantizar una investigación y persecución del crimen de manera independiente e imparcial, de momento quedan 15 aspirantes.
La comisión que se encarga de depurar el listado de aspirantes descartó a jueces de mayor riesgo en la contienda por llegar a la jefatura del Ministerio Público, organizaciones civiles han estado pendientes del proceso de elección del nuevo fiscal general y advierten que durante cinco años más se perpetuará la impunidad.
Uno de los indicadores más palpables que el proceso intenta llevar a la jefatura del Ministerio Público a un candidato que beneficie a las élites criminales es que varios de los aspirantes ya trabajan directamente para el presidente.
En el Congreso de la República la idea que pueda haber un fiscal independiente es bastante remota.
Se han planteado varias tachas en contra de aspirantes a la fiscalía como en el caso de la actual fiscal general del Ministerio Público a quien se le comprobó que plagió su tesis doctoral, no obstante, continúa en la contienda, y así otros casos similares que demuestran falencias en el proceso de elección.
El próximo fiscal general del Ministerio Público estará a cargo de tan importante institución durante los próximos 5 años, tiempo suficiente para sacar de las cárceles a las estructuras criminales que han saqueado al país los últimos 15 años.
Fuente: HispanTV
Los creyentes en bitcoin buscan un
nuevo paraíso en Atitlán
Por Roman Gressier, Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022.
Inspirados en el experimento salvadoreño de Bitcoin Beach, ya hay quienes sueñan con crear un criptoparaíso centroamericano entre tres pueblos maya en Guatemala, alrededor del icónico Lago Atitlán.
Al caer la noche, un microbús lleno de turistas norteamericanos y europeos sin mascarillas frena a la entrada de San Pablo La Laguna, un enclave maya tzutujil en el altiplano guatemalteco. Una capilla evangélica abarrotada arroja luz sobre el cruce. “¡San Marcos, San Marcos!”, grita el conductor. Un turista francés, inquieto, susurra a la mujer que le acompaña: “¿Qué hacemos aquí?”
Soy el único en bajar del bus. El conductor me acompaña en la oscuridad hasta una línea de pequeños carritos motorizados: “Ya pagué su tuktuk. Suerte”. Para ahorrarse un tramo de viaje ha decidido, sin consultarme, convertir mi boleto a San Marcos en un trayecto con dos ancianas kaqchiquel en un tuktuk al que le cuesta subir el camino empedrado.
San Marcos y San Pablo son solo dos de los 19 pueblos —muchos con nombre de santo— que rodean el Lago Atitlán, punto de encuentro de tres pueblos maya: los kaqchiquel, los k’iche’ y los tzutujil. De las 400,000 personas que viven en la cuenca del lago, más del 90 % son indígenas. Por ocho décadas, Atitlán, espejo para atardeceres en el cráter de un volcán dormido, ha sido un imán para turistas, expatriados adinerados, misioneros y otros nómadas. La primera oleada de visitantes tras la construcción de una carretera a la Ciudad de Guatemala en los años 1940 intentó convertir el lugar en una glamorosa “Cancún de las montañas”. Dos décadas después, en Panajachel se asentó la primera comuna hippie en Guatemala.
Era cuestión de tiempo que llegaran los bitcoineros.
Hay en estos días quienes miden la distancia a Atitlán no en las tres horas que la separan de la capital de Guatemala sino en la media jornada en bus desde la playa salvadoreña El Zonte, sede de Bitcoin Beach, el pequeño experimento comunitario que un grupo de surfistas impulsó hace tres años para mover dinero al margen del sistema bancario y que se ha vuelto sitio sagrado para cripto-evangelistas del mundo entero desde que el año pasado el presidente Nayib Bukele los halagó y declaró el bitcoin moneda de curso legal en El Salvador. Ese evangelio ha llegado a Atitlán, donde los locales sobreviven con los quetzales del día a día. Los padres de este esfuerzo son un misionero cristiano de Estados Unidos y un elusivo criptogurú nacido en Guatemala.
El misionero de bitcoin
Patrick Melder es quizá la única persona que puede decir que sus escritos sobre bitcoin condujeron a alguien al cristianismo. Un canoso excirujano e inventor retirado del Ejército estadounidense que vive en las afueras de Atlanta, Georgia, tiene 54 años y puso pie en Panajachel por primera vez en 2012, cuando él y su familia vinieron a dar talleres de arte a los niños del Centro Educativo Josué, una escuela cristiana privada. Se enamoraron de la comunidad y volvieron cada verano hasta 2018, el año en que Melder comenzó a estudiar el bitcoin.
Ahora se define como maximalista, alguien que no promueve el uso de otras criptomonedas. Tiene un podcast, Misión Bitcoin, y el año pasado publicó en inglés el libro “El argumento cristiano a favor del bitcoin”. Para el ex emprendedor de tecnología canadiense-israelí Tomer Strolight, otro escritor bitcoinero autoproclamado “ateo militante”, los escritos de Melder fueron una revelación. Dice que en un futuro primer viaje a Guatemala espera que Melder lo bautice en el Lago Atitlán.
Algunas de las comunidades alrededor del lago, como la de San Pablo, han intentado aislarse de las grandes cantidades de extranjeros que lo visitan durante todo el año, pero en Panajachel abundan los letreros en inglés y existen dos hoteles de lujo. En la arteria central del pueblo hay una pizzería Domino’s y una capilla mormona con cancha de básquetbol cuyo portón e impecable fachada de ladrillo contrastan con las modestas edificaciones del entorno.
De día sus tiendas ofrecen todo tipo de mercancía de tejido y cuero para los mochileros y turistas a cambio de quetzales en efectivo mientras los tuktuks recorren las calles de asfalto. Cuando cae la noche, la mayoría de los negocios cierran, la policía hace la vista gorda y las discotecas y bares burlan la ley seca. La Covid-19 sofocó el comercio, pero nuevos visitantes han revivido la economía del pueblo en los meses recientes.
Melder volvió a finales de enero con la idea de que Pana pueda beneficiarse además de los bitcoineros. “Estamos tratando de generar una economía circular de bitcoin parecida a la de El Zonte”, dice a El Faro con un café matutino en la mano en el Porta Hotel del Lago, en Panajachel. “Pero con un toque distinto: a diferencia de dar capacitaciones comunitarias, estamos usando la capacitación formal escolar”.
El Centro Educativo Josué está a unos minutos caminando desde el mercado y, seducido por la promesa de que la criptomoneda llevará a la independencia económica de la comunidad, accedió el año pasado a que Melder dé a los estudiantes charlas sobre bitcoin. Él, mientras elabora con la escuela una currícula para niños a partir de seis años, asegura que los vecinos de Panajachel podrán un día generar ahorros y cosechar beneficios económicos a través de la minería de bitcoin que luego se pueden invertir en crear una fuente de energía renovable.
Melder se describe como “republicano de hueso colorado”, pero dice que bitcoin le abrió los ojos a las injusticias del “colonialismo monetario” y que las políticas de los poderes globales como Estados Unidos y Francia le dan asco. Tiene otro argumento moral a favor del bitcoin: dice que poseerlo enseña valores cristianos como la responsabilidad individual y la gratificación diferida. “Estas verdades sobre el bitcoin se parecen bastante a lo que sabemos de Jesús”, dice. “Por mucho tiempo traté de llevar estos temas por separado, hasta que ya no pude más.”
Señala otra diferencia clave con Bitcoin Beach: “En El Zonte recibieron una donación anónima de bitcoin para echar a andar la economía”. Él está buscando financiamiento privado y asegura que no tiene interés financiero personal en el proyecto. Tampoco ha tenido, de momento, contacto con el gobierno central. “Apenas conozco la situación política acá en Pana”, asegura. “No me puedo imaginar cómo está la situación un nivel o dos arriba, así que por ahora no hace falta”.
Su promoción del bitcoin en Panajachel sería imposible sin un intérprete. Josué De León, hijo de la fundadora del Centro Educativo Josué, es un universitario pensativo y cerebral de 19 años, que creció desmantelando computadoras con su padre y curioseando en línea. Internet no solo le enseñó inglés, también le llevó al mundo de bitcoin a los 14 años. Negoció su tarifa como traductor para Melder en bitcoin.
“Nosotros sabemos cuánto ha sufrido Pana por la pandemia”, dice De León. Al completar la carrera de psicología sueña con trabajar con jóvenes. “Este es un proyecto no para mi generación sino para las que siguen”, dice.
La escuela de su madre, Nancy Ríos, tiene 40 estudiantes de Panajachel y los pueblos vecinos. En años prepandémicos la asistencia rondaba los 55 niños. “Siempre hemos tenido gente de muy bajos recursos y gente media”, dice Ríos. El año pasado la escuela acordó con Melder pagar a los estudiantes satoshis, o fracciones de bitcoin, a cambio de limpiar el lago y otros trabajos comunitarios. De León, su madre y su hermana Flor, de 22 años, dicen que su relación de varios años con Melder, la esperanza de independizar a Panajachel del turismo y su interés en la energía renovable influyeron en su decisión de sumarse al proyecto.
No parece que la dueña del Josué esté al tanto de que múltiples organizaciones ambientalistas han denunciado los altos niveles de desechos electrónicos que genera la minería de bitcoin, y su enorme consumo de energía. El prominente bitcoinero Nic Carter calculó el año pasado en el Harvard Business Review que la red mundial de bitcoin consume actualmente 110 teravatios-hora (Twh) de electricidad al año. En 2016, el último año de datos disponibles al público, el consumo nacional de Guatemala fue de 86.
De León fue el intérprete en las conversaciones que Melder tuvo en enero con el alcalde de Panajachel, César Piedrasanta. A la primera reunión asistieron por Zoom el minero de bitcoin salvadoreño-estadounidense Gerson Martínez y Ricardo Carmona, cofundador de Biomining, una empresa mexicana especializada en convertir los desechos naturales en fuente de energía para la minería de bitcoin.
“La otra vez tuvimos una reunión virtual con varios amigos que están en el extranjero, que mencionan cómo podemos generar [electricidad] como municipio, en bien común de nuestra gente”, dijo a El Faro Piedrasanta durante una segunda reunión con Melder, un representante de recursos humanos de la alcaldía y una jueza municipal. “Tenemos que sentarnos para ver cómo aplicar el bitcoin para captar más ingresos para nuestra gente”, dijo el alcalde, un aparente converso al plan de Melder.
Melder y De León también se reunieron con vendedores y residentes locales para enseñar la billetera digital desarrollada por Bitcoin Beach y explicar la forma de realizar transacciones y convertir bitcoin en quetzales. Trataron de convencerles de que el bitcoin es una inversión que puede generar ganancias a largo plazo, a pesar de la volatilidad a corto plazo, aunque la mayoría de vendedores en Panajachel trabaja en la economía informal y sabe o quiere saber poco de bitcoin. Apenas algunos de ellos lo ven como fuente de propinas, porque solo alguno que otro turista pide utilizarlo.
Artisan Coffee GT y la cadena centroamericana de helados Sarita empezaron a aceptarlo, pero la primera fue Zaruki’s Zone, una camioneta de comida rápida manejada por salvadoreños. Usan la Chivo Wallet de Nayib Bukele.
Enrique González, un artesano que vende textiles y cuero en su tienda Kique Craft, se mudó de Chichicastenango a Panajachel hace una década seducido por la economía turística. Cuando golpeó la pandemia de coronavirus se mantuvo a flote vendiendo mascarillas de tela. Para finales del año pasado, una publicación de Bitcoin Lake en Facebook le llamó la atención: “Ahora busco una fuente de ingreso, una nueva estrategia”, dice a El Faro. Asistió a un taller organizado por Melder en la Iglesia Calvary y bajó la billetera de Bitcoin Beach a su celular.
Todavía lleno de preguntas, recurrió a internet, la madre tierra del bitcoin. Encontró pocas certezas: “Muchos dicen que es algo que puede venirse abajo. Otros explican que es un riesgo y otros decían que era algo seguro”, dice del valor de la criptomoneda.Por ahora no se atreve a aceptar pagos en bitcoin, pero en el primer mes después del taller recibió siete propinas de turistas que sumaron 10 dólares. “Lo único que quiero es poderlo transferir, porque con esto puedo vender un producto, pero no lo puedo ver físicamente en quetzales”, se queja. La familia De León Ríos entiende el escepticismo ante las promesas de foráneos. “Hemos sido estafados muchas veces antes”, dice Nancy Ríos, “así que la gente desconfía”. Ella tampoco sabía de bitcoin hasta que Melder volvió a aparecer en sus vidas el año pasado. “Aquí llegan muchos proyectos, pero cuando algo falla o se cierra el proyecto las personas ya crearon dependencia”, dice. “Nos gusta lo autosostenible”.
Tan cerca pero tan lejos
El cofundador de Bitcoin Beach Mike Peterson dice que el proyecto en El Zonte no tiene vínculos formales con otros en Atitlán, “pero estamos compartiendo lo que hemos aprendido con diversos proyectos y hacemos lo posible por apoyarlos”.
La Ley Bitcoin de Bukele creó un fideicomiso para garantizar el valor de las transacciones en bitcoin desde el momento en que se realiza una compra en bitcoin hasta que el negocio quiera convertirlo en dólares, pero esa medida no cruza la frontera guatemalteca. Cuando se le pregunta a Melder si las comunidades de Atitlán deberían seguir el camino de El Salvador, toma distancia: “Yo no tengo comentario sobre el contexto regulatorio. Creo que la gente es lo suficientemente astuta para decidir si usar bitcoin o no”.
En febrero de 2021, el Banco Central de Guatemala recordó que la única unidad monetaria del país es el quetzal y solo el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República. Añadió que “las monedas virtuales no son respaldadas por el Estado de Guatemala” en parte porque “podrían no cumplir con estándares de protección o procesos de mitigación de riesgo”. En un correo electrónico a El Faro en enero, la Junta Monetaria del Banco de Guatemala reafirmó esa postura y añadió que no conoce ningún estudio, propuesta de ley, ni reglamento relacionado a las criptomonedas en el país.
En contraste con otras divisas de la región, el quetzal ha evitado por décadas cualquier crisis severa de inflación y retenido su poder adquisitivo. Hasta 1987 el intercambio entre el quetzal y el dólar estadounidense era fijo uno por uno. Desde ese año, en pleno conflicto armado, el Banco Central lo ha devaluado en varias ocasiones y hoy se cotiza a algo menos de ocho por dólar.
Aunque el bitcoin es menos que un zumbido en el oído de los residentes de Atitlán y su uso se limita a entusiastas individuales, eso podría cambiar este año en lo que bitcoineros adinerados ojean nuevos rincones de Centroamérica. Un proyecto incluso está buscando echar raíces en Costa Rica. La influencer Stacy Herbert, que en enero anunció que ella y su esposo Max Keiser buscarán la ciudadanía en El Salvador, dijo que Atitlán sería “el siguiente lugar en hiperbitcoinizarse”.
Pero el éxito de ese nuevo evangelio en Atitlán no solo dependerá de asuntos de regulación. Es incierto cómo las autoridades indígenas, opuestas a la privatización y especulación de tierras y recelosas de los proyectos de explotación que suelen llegar del exterior, reciben a los nuevos predicadores. En enero, el consejo de ancianos kaqchiquel de Panajachel envió una carta abierta al alcalde Piedrasanta en la que condenaron la usurpación y arrendamiento de tierras ancestrales por el gobierno central y exigieron al alcalde que deje de conceder permisos de construcción en las playas del lago.
“Las playas públicas por historias pertenecen al municipio”, escribieron los ancianos. “Como pueblos originarios pedimos que se respeten nuestras formas ancestrales de organización”.
Melder quiere ver una oportunidad en esas reivindicaciones. Afirma que uno de los mayores beneficios de bitcoin es la posibilidad de “codificar de forma inmutable los derechos de propiedad” y que la tecnología blockchain podría ayudar a prevenir el despojo de tierras por el gobierno.
“No tengo complejo de mesías. La meta principal es proporcionar una oportunidad educacional y tecnológica para los niños, para que tengan un acercamiento con bitcoin”, dice. “Si eso fuera todo lo que lográramos, ya estaría contento”.
El otro Lago Bitcoin
Melder no es el primer bitcoinero en plantar su bandera en Atitlán. Al otro lado del lago, a media hora en lancha motorizada, otro proyecto en San Marcos La Laguna lo antecede por más de un año. El esfuerzo, conocido inicialmente como Crypto Atitlán, ya dio algunos frutos: desde noviembre, al menos seis negocios turísticos han empezado a aceptar bitcoin.
El fundador de la iniciativa es un ingeniero industrial guatemalteco-estadounidense y consultor de criptomonedas que se hace llamar Rishi Bond. Tiene 38 años, habla con fluidez tanto español como inglés y dice que nació y creció en Guatemala. Añade que sacó su maestría en administración de empresas en un programa conjunto entre la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y la Universidad Francisco Marroquín, el bastión libertario de Guatemala.
Explica que se mudó a San Marcos hace año y medio para comenzar una serie de talleres llamados “Cripto y cacao” y que ha cultivado una comunidad de inversionistas y entusiastas de criptomonedas por Telegram. De los más de 450 miembros del grupo, dice que el 95 % habla principalmente en inglés, pero que de vez en cuando tienen también eventos en español.
“El objetivo de Crypto Atitlán es abrir una oenegé formal para recibir donaciones desde dentro y fuera de Guatemala únicamente en bitcoin, y con ellas financiar programas sociales aquí en el Lago Atitlán”, dice a El Faro. Limitarse al bitcoin implicaría un giro radical para su comunidad, ya que, a diferencia de Melder, dice que les interesan otras criptomonedas. Asegura que lanzará el proyecto oficialmente a principios de abril, justo a tiempo para la Conferencia Bitcoin 2022 que se celebrará del 6 al 9 de ese mes en Miami.
La ONG, dice, enseñará inglés, carpintería o computación y proporcionará equipo electrónico. “Teniendo una red de millonarios de bitcoin, vamos a ir a la comunidad y hacer un estudio económico donde preguntamos lo que les interesa aprender, generar participación del municipio y, de ahí, formar diferentes programas”, dice.
Alrededor del lago hay un apodo para San Marcos: “Gringotenango”. En varios lugares del pueblo hay tablones repletos de anuncios —casi ninguno hecho por las comunidades indígenas locales— que invitan a todo tipo de talleres. A diferencia de Crypto Atitlán, que según Bond da talleres gratuitos, las tarifas de estos talleres —que incluyen yoga, medicina alternativa, sanación a través del sonido, autosuficiencia y emprendedurismo— van desde los 50 quetzales (6.50 dólares) a los varios cientos.
Incluso el taller más barato escapa al bolsillo de la mayoría de habitantes locales. Las lanchas que hacen el viaje de Panajachel a San Marcos cobran a los vecinos locales 20 quetzales en lugar de la tarifa regular de 25 (3.25 dólares). “De otra manera a muchos de los jornaleros que hacen varios viajes al día no les alcanzaría el dinero para cenar”, dice un vendedor de boletos.
El cacao es otra piedra angular del turismo en San Marcos. Varios lugares hacen ceremonias supuestamente inspiradas en la tradición maya, en las que los participantes lo toman en forma de bebida. No es raro escuchar a los turistas hablar de trances y experiencias espirituales intensas, a pesar de la falta de propiedades psicodélicas del grano y antigua moneda mesoamericana.
Una sede habitual de talleres en el municipio es un centro privado para turistas conocido como “Eagle’s Nest” (nido del águila), incrustado en una colina en el Barrio 2 de San Marcos. En kaqchiquel el lugar se llama Tz’un Ucuy, que en español se traduce como “punta de la nariz del palo de chipilín”. Para llegar hay que subir una cuesta empinada de unos 600 metros entre casas de cemento y lámina. No hay supermercado en San Marcos, pero a lo largo de estos 600 metros encuentras dos iglesias evangélicas.
Eagle’s Nest, un complejo de cabañas de madera con alojamiento, estudio de yoga, sala de masajes y una vista imponente del lago, es uno de los negocios que empezó a aceptar bitcoin a finales del año pasado. En una placa en el restaurante, atendido por mujeres kaqchiquel del Barrio 2, se lee, en inglés: “La Embajada de la India en Guatemala agradece a Eagle’s Nest Atitlán en reconocimiento a su contribución al Séptimo Día Internacional de Yoga en Atitlán, Guatemala, junio de 2021.
Otros comercios, agrupados cerca de un camino al muelle apodado “Hippie Highway” (carretera hippie), han empezado también a aceptarlo. Lush, un hotel a la orilla del lago donde el cuarto más barato supera los 50 dólares (unos 400 quetzales) por noche, es uno de ellos. “San Marcos como comunidad es un lugar muy experimental para tudo (sic) que se quiere hacer,” responde por correo la empresa en una mezcla de español y portugués cuando se les pregunta por sus planes de futuro. “Acceder a un mercado que no quiere usar más divisas normales, que tan poco (sic) quiere pasar por bancos”.
Lush empezó a aceptar bitcoin a finales de enero. Ese mismo día, el grupo de Bond celebró un evento en inglés llamado “Cómo resguardar tus criptos”. Decenas de personas asistieron a un sermón en el que se habló sobre criptodivisas, técnicas de lavado de cerebro de la CIA, ingeniería social y la filosofía de la religión del psicólogo suizo Carl Jung.
Bond y Melder han quedado para conocerse. De momento parecen haberse puesto de acuerdo en unificar sus nombres: “Yo tengo mi versión de Lago Bitcoin y Patrick tiene la suya”, dice Bond, que ya no usará la denominación Cripto Atitlán. “Espero poder unir nuestras fuerzas”.
Fuente: El faro
Jueza Erika Aifán, desde el exilio:
“Estaba en riesgo mi vida”
Por José Luis Sanz, Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022.
La jueza antimafia Erika Aifán renunció hoy a la carrera judicial y anuncia su exilio en Estados Unidos. Uno de los últimos bastiones de independencia judicial en Guatemala, Aifán denuncia un pacto en la Corte Suprema para encarcelarla y su temor a que el mismo Estado atentase contra ella si seguía en su país. Confirma además que Alejandro Giammattei le pidió el mes pasado por carta la declaración del Testigo A, que acusa al presidente de haber recibido sobornos de constructoras. Con la ley en la mano, ella se negó a entregársela.
La última vez que Erika Aifán visitó Washington la exfiscal general Thelma Aldana, asilada política desde 2019, le dijo entre risas que esperaba no volver a verla pronto. La broma escondía un nudo en la garganta: ya entonces, a inicios de noviembre, parecía inevitable que la jueza se terminara sumando en un momento u otro al exilio guatemalteco en la ciudad.
Al frente del Tribunal de Mayor Riesgo D, especializado en casos complejos de alto impacto, Aifán ha procesado en los últimos seis años por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico a decenas de los empresarios, políticos o capos criminales más poderosos de su país. También a abogados y jueces corruptos. Por ello ha sido constantemente amenazada, espiada y perseguida judicialmente.
En febrero, El Faro reveló además que, en uno de los casos que Aifán instruye, un testigo acusó al presidente Alejandro Giammattei de haber financiado su campaña electoral con 2.6 millones de dólares provenientes de sobornos de empresas constructoras. Razón suficiente para que la Fiscal General de Guatemala, convertida en brazo ejecutor de Giammattei, haya impulsado solo en 2022 siete antejuicios para retirar la inmunidad y encarcelar a la jueza que, de lo contrario, podría un día encarcelar al presidente de Guatemala.
El miércoles 9 de marzo por la noche, sin avisar a su equipo de guardaespaldas, Erika Aifán cruzó por tierra la frontera con El Salvador para después volar a Costa Rica y de allí a Estados Unidos. Esta mañana sus abogados presentaron formalmente ante la Corte Suprema de Justicia su renuncia a la carrera judicial, efectiva a partir del 5 de abril. Con ella son ya quince los operadores de justicia guatemaltecos forzados a escapar del país en los últimos once meses.
¿Ha decidido exiliarse?
Sí, he decidido exiliarme. No veo otra opción para garantizar mi integridad física. La protección que debieran haberme dado el Estado de Guatemala y las autoridades del organismo judicial me toca buscarla en otro país.
Hace dos semanas alguien cercano a usted me dijo que tenía tomada la decisión contraria, que iba a enfrentar en Guatemala el proceso en su contra y estaba dispuesta a ir a prisión.
Esa fue mi primera decisión. Me imaginé en la cárcel y preparé un plan de acción si eso sucedía. Sin embargo, es evidente que no me enfrentaría a un debido proceso ni a un sistema de justicia democrático, con garantías. Y más allá del tema legal, en Guatemala estaban en riesgo mi vida y mi integridad física, así que, tras evaluarlo junto a mi familia y los abogados que me han estado asesorando, consideramos que debía buscar otros espacios para poder defenderme y protegerme.
¿Temía también por su seguridad si iba a la cárcel?
Sobre todo en el caso de ir a la cárcel. Tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia me ha dotado desde 2006 de personal de seguridad que se ha reforzado a lo largo del tiempo, ante el riesgo inminente de que pudieran atentar en contra de mi vida. Pero esa protección me sería retirada en el momento que se me separara del cargo, y no hay una sola cárcel en Guatemala que pudiese ser segura para mí. Desde 2016 mi tribunal ha conocido casos contra estructuras criminales con gran poder operativo y bélico a nivel nacional y transnacional, y he ordenado detención preventiva contra personas en casi todas las cárceles del país.
¿No cree que el Estado pueda garantizar su seguridad o en realidad temió que el mismo Estado atentase contra usted?
Mi labor jurisdiccional me ha permitido saber que en Guatemala hay estructuras criminales inmersas en los tres poderes del Estado. De hecho he instruido el único caso que incluye investigaciones a personas de alto perfil de los tres poderes del Estado que pudieran estar involucradas en delitos. Y durante este tiempo, lejos de un apoyo, por parte del Estado y sus diferentes entidades lo que he tenido es ataques, hostigamientos y amenazas. Sin duda un ataque en mi contra podía provenir del Estado de Guatemala.
¿Incluso del presidente Alejandro Giammattei?
No quiero individualizar y señalar nombres. Podría provenir de cualquiera de las personas que están señaladas dentro de los procesos que tuve a mi cargo, y ahí hay señalamientos en contra del presidente.
Entre otros, el testimonio que le relaciona con los 26 millones de dólares en efectivo encontrados en 2020 en Antigua Guatemala y acusa al presidente de financiar su campaña con sobornos de constructoras. ¿Es cierto que Giammattei le pidió en las últimas semanas una copia de la declaración del Testigo A?
El señor presidente solicitó una copia de la grabación de la declaración, así es. Dijo que tenía conocimiento de que hacía referencia a su persona. Rechacé su solicitud porque él no es parte procesal dentro del expediente; no es parte acusadora, sujeto adhesivo ni sindicado. Y quiero ser enfática en aclarar que el proceso está bajo reserva, pero la solicitud que hizo el presidente no lo está precisamente porque él no es parte en la investigación. Por eso puedo hablar de ella.
En sus últimos días en Guatemala defendió a puerta cerrada su inocencia frente al juez que evalúa si recomendar a la Corte Suprema su desafuero. ¿Qué sucedió en esas audiencias?
Hubo dos audiencias destinadas a que yo ejerciera mi derecho de defensa como indica la ley. Duraron muchas horas porque, con apoyo de mis abogados, hice un análisis extenso para desvirtuar cada punto de los señalamientos que se me hacen. Se me acusa de haber ordenado la investigación de hechos en agravio de magistrados y jueces que gozan de inmunidad, así que en la primera audiencia pedí que el magistrado pesquisidor me pusiera a la vista las resoluciones que supuestamente firmé y a través de las cuales supuestamente ordenaba esas investigaciones, pero no pudo hacerlo e indicó incluso que ninguna resolución firmada por mí había sido presentada como prueba. Días después, en la segunda audiencia, trató de que se cambiara lo consignado en ese punto del acta.
Creo que precisamente por circunstancias como esta él rechazó mi solicitud de que la audiencia fuera abierta al público: para poder manipular el acta. Nosotros nos opusimos, claro, y quedó recogido tanto lo sucedido el primer día como el intento del pesquisidor de alterar lo que ya constaba, porque evidentemente no puede existir responsabilidad mía en estos supuestos hechos si no aparecen resoluciones con mi firma. Y no pudo presentarlas porque no existe ninguna. No sé si en este momento pueden estar fabricándolas.
Es una acusación grave.
Si esta audiencia hubiera sido pública los guatemaltecos hubieran podido percibir que dentro del expediente del caso no existe ninguna resolución firmada o emitida por mí que significara una investigación contra jueces o magistrados que tienen derecho de antejuicio. Y hubiesen podido escuchar cada uno de los argumentos y ver las pruebas que desvanecen la denuncia que el Instituto de Magistrados presentó en mi contra. En privado es más fácil para él generar impunidad y corrupción.
Otro ejemplo: el denunciante pidió que fueran escuchados testigos, y pregunté porque me interesa escuchar esos testimonios para poder defenderme. Pero el magistrado fue enfático en señalar que no me va a permitir estar presente en las declaraciones de los testigos si decide hacerlas. Eso restringe mi derecho de defensa. Por todas estas razones pienso que el pesquisidor ya tenía tomada una decisión en mi contra antes de las audiencias, y no es lógico esperar que después de todo este esfuerzo por vulnerar el debido proceso resuelva a favor mío.
¿Fue lo sucedido en esas audiencias lo que la impulsó a salir de Guatemala?
Ya tenía la decisión tomada. Postergué mis planes de salida del país porque se programó una segunda audiencia, y de haberse programado una tercera los hubiera pospuesto otra vez. Quería dejar sentados mis argumentos de defensa y mis pruebas en este proceso de antejuicio, no ya de cara al procedimiento nacional sino a los internacionales, que aun cuando demoren en el tiempo considero que tienen alguna viabilidad por la que seguiré luchando. He solicitado medidas provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hecho también una petición de fondo. Y estoy analizando otras acciones contra el Estado de Guatemala.
¿Cree que la Corte Suprema también tiene una decisión tomada en su contra?
Indiscutiblemente. Solicité que varios magistrados se recusaran por conflictos de interés, pero lo que han hecho es abstenerse de responder y van a resolver mi caso con mi solicitud en trámite, a pesar de que la ley prohíbe a los jueces suspender la tramitación de los procesos. Están vedando mi derecho a tener un juez imparcial, independiente. Eso lo dice todo.
Se refiere al hecho de que buena parte de los magistrados de la Corte Suprema, que es la que decide si se le retira la inmunidad, aparecen señalados en uno de los procesos que usted está viendo.
La gente conoce esa investigación como “Comisiones Paralelas 2020”, e indaga la posible cooptación del proceso de selección de cortes. Por lo menos 7 de los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia están señalados en el caso. Fueron diez en principio, pero tres están ahora en otros organismos. También están señalados algunos magistrados de salas de apelaciones, que en ausencia temporal de alguno de los magistrados de pleno ocuparían su lugar. La denuncia en mi contra es además por supuesto abuso de poder en mi instrucción del caso Comisiones Paralelas. Es evidente que esos magistrados tienen un interés directo en que yo siga o no siendo la jueza a cargo del caso.
Y hay otros conflictos: la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver a favor o en contra mía, y el Instituto de Magistrados, que me denuncia, han tenido conversaciones en privado, lo que está prohibido por la ley de la carrera judicial. La presidenta de la Corte Suprema ha dado, según información del departamento financiero contable, al menos un pago de 20,000 quetzales al Instituto. Tienen relaciones económicas. Y además de todo esto, quien me denuncia es el presidente del Instituto, el magistrado pesquisidor, que es quien me escuchó y recibió mis pruebas de descargo, es el secretario del Instituto, y el tesorero del Instituto forma parte del pleno de la Corte Suprema. En resumen: denunciante, investigador y juzgador son parte de la junta directiva del Instituto que me denuncia. Es ilógico pensar que el resultado va a ser a mi favor. No puedo pensar que la corte está haciendo todo esto para favorecerme.
En los últimos diez meses se han exiliado ya quince operadores de justicia porque la Fiscal General abrió acusaciones contra casi todos ellos. Gente como Juan Francisco Sandoval, si no hubiera salido de Guatemala, probablemente estaría en la cárcel.
Probablemente estaría muerto. Hay un componente de odio muy fuerte hacia el licenciado Juan Francisco Sandoval y hacia mí. Es perceptible en lo que algunas de las personas que hemos investigado o juzgado han dicho contra nosotros tanto en audiencias como fuera de ellas. Y es perceptible a través de los mensajes en las redes sociales. El riesgo no solo de una detención, sino de muerte, es muy fácil de acreditar en el caso del licenciado Sandoval, por los hechos que le hizo saber la Embajada de Estados Unidos acerca de un atentado estructurado contra su vida .
¿Por qué ese odio? ¿Qué fibra han tocado ustedes?
Simplemente no detuvimos investigaciones o juzgamientos porque la persona señalada pudiera tener poder económico, político o de otra naturaleza. Yo juzgué de igual manera a personas de alto perfil y a otras que no son consideradas como personas de poder en la estructura social. Se les dio el mismo trato e intentamos cumplir siempre con la objetividad del debido proceso. Tocamos esferas de poder que no están acostumbradas a que la justicia les alcance.
He escuchado varias veces que el hecho de que en 2018 se forzara a altos empresarios a disculparse en público por participar en actos de corrupción fue recibido como una humillación. ¿Cree que aquello exacerbó ese odio?
Sí, esas percepciones exacerbaron el odio hacia nosotros. He tenido conocimiento de múltiples comentarios en torno a aquella circunstancia, en la que debo indicar claramente que no tuve ninguna intervención.
¿Se refiere a la conferencia de prensa en la que se disculparon? Hay quien se la atribuye a usted. Dicen que aquel día dobló el brazo a empresarios.
Se dice que pudo haber alguna presión o coerción para obligar a que aquello sucediera, pero yo no tuve nada que ver. Parte de ese odio hacia mí, hacia lo que represento y el trabajo que hice, son las distorsiones en la información. En este caso únicamente conocí lo tratado en la sala de audiencias. Todo lo que pudo suceder fuera de ese proceso era ajeno a mi persona. Ni siquiera tuve conocimiento. Me enteré de aquella situación en el mismo momento que todos los guatemaltecos, por los medios de comunicación.
¿Qué ha pasado en Guatemala para llegar a este punto?
El estado ha sido cooptado por miembros de estructuras criminales. Lo venimos señalando desde hace mucho, en diversas sentencias judiciales. Se ha socavado el estado democrático y las estructuras criminales han hecho un esfuerzo muy importante por obtener impunidad y para ello cooptar el sistema de justicia. Cuando vemos que en Guatemala ya no se cumplen las formas del debido proceso ni aun en las más altas cortes, nos damos cuenta de que el sistema de justicia ha sido socavado.
¿Cómo describiría usted esas estructuras criminales?
Es una macroestructura que tiene perfiles internacionales, raíces en el pasado de Guatemala, y que involucra a muchos sectores.
¿Personas ligadas al Ejército, actores políticos, empresariales, economías ilícitas?
Sí. Solo el expediente 359, que algunos detractores han llamado públicamente “la multicausa” al mismo que cuestionan la competencia de mi juzgado para conocerla, toca a muchos de los sectores que menciona. Es un expediente histórico, porque la investigación permitió revelar una estructura criminal con nexos en diferentes actores políticos, jurídicos, económicos. El componente militar es el único que no aparece en ese expediente en concreto, aunque sí hay otros procesos abiertos que nos permiten pensar en la posible participación de otros actores: líneas de narcotráfico, intervención de militares, etc.
El expediente 359 se ramifica en el caso Comisiones Paralelas, en distintas estructuras de corrupción dentro del Ejecutivo y el Legislativo, e incluye también el caso de lavado de dinero que se deriva del dinero encontrado en Antigua Guatemala, el testimonio que involucra al presidente Giammattei… Todos esos casos están interrelacionados.
Sí, todo forma parte del mismo expediente por lo que doctrinariamente se conoce como vinculaciones objetivas. Muchas de las fases de este proceso, o casos, fueron fruto de hallazgos inevitables en el desarrollo de la investigación de ese expediente.
¿Va a pedir asilo en Estados Unidos?
Estoy analizando distintas opciones.
¿Deja la judicatura?
Sí, dejo la judicatura.
¿Qué va a ser de los casos en los que ha estado trabajando, incluido el que alcanza al presidente Giammattei?
No lo sé. No sé qué pueda pasar con ellos. La Corte debería nombrar un juez o jueza independiente. Pero en el contexto actual, cuando la misma Corte obliga a la salida de alguien que no ha hecho más que trabajar de manera objetiva, honesta e independiente, no espero que lo hagan.
Hace tres años dijo en una entrevista: “el día que deje de creer será el día que deje de luchar”. ¿Está dejando de creer? ¿Deja de luchar?
No. Dejo la judicatura, que es diferente. Fue una decisión difícil. Han sido casi 20 años de trabajo. Pero no dejo de creer. Cambio el plano de lucha. Voy a enfocarme en los procedimientos internacionales y en otros espacios.
En 2015 la ciudadanía de Guatemala salió a las calles en defensa de estructuras de justicia como la CICIG o la Fiscalía, en contra la impunidad y la corrupción, y provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, que hoy sigue en la cárcel y en proceso de juicio. ¿Dónde está esa ciudadanía hoy?
Es complicado el contexto del país. La pandemia, la pobreza, las circunstancias, han ido generando decepción, cansancio en la población. Son frecuentes las manifestaciones de inconformidad hacia acciones de los tres poderes del Estado, pero ahora se producen en las redes sociales. Se ha instalado en el país una estrategia de terror que podemos ver también en la persecución que está realizando la Fiscal General contra quienes estuvimos involucrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Hay miedo.
¿Ve salida a esta situación?
No en el corto plazo, pero en el largo ninguna situación, por buena o mala que sea, es sostenible. Tengo la esperanza de que Guatemala pueda un día recuperar el estado de derecho y fortalecer de nuevo su sistema de justicia. Una oportunidad importante pudo ser la elección de fiscal general, pero también ahí veo algunos vicios. No estoy segura de que la persona que sea designada para estar los próximos años al frente de la Fiscalía General pueda devolver esa confianza y credibilidad a la institución.
Se podría decir que usted no es imparcial: quería optar al cargo y la Corte Constitucional no se lo permitió.
No hablo desde lo personal, sino porque tengo conocimiento de muchos compañeros jueces y juezas que hubieran hecho un papel excepcional de llegar a ser Fiscal General y se les ha cerrado esa oportunidad, precisamente porque no se busca elegir a alguien por méritos o porque vaya a desarrollar un trabajo independiente. Muchos jueces tienen un conocimiento en materia penal amplio y una formación que hubiera elevado el nivel del proceso de selección. En otras ocasiones compañeros y compañeras juezas han integrado la nómina final de seis candidaturas que se presenta al presidente de la república, pero esta vez no se permitió participar a ningún juez o jueza. Creo que eso vulnera gravemente la independencia judicial, porque se ve como un castigo al hecho de que nuestras resoluciones no se presten a intereses espurios o políticos.
¿Cuál va a ser su futuro?
Esa es la pregunta más difícil. No lo sé. Ahorita solo puedo partir de la decisión que ya tomé: dejar de ser jueza en Guatemala y buscar otros espacios para defender la Justicia y el estado de derecho, que es en lo que sigo creyendo.
Fuente: El faro
Envio:RL
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