HONDURAS.

 

Funcionarios de gobierno de Juan 

Orlando Hernández sustrajeron 

documentos públicos para esconder 

la corrupción

Por Viena Hernández, Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022. 

El 23 de marzo de 2022, se hizo oficial la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos de Documentos Públicos denominada Ley de Secretos, a través de su publicación en Diario Oficial La Gaceta, sin embargo, el temor a ser descubiertos llevó a varios funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández a sustraer o destruir documentos que deberían salir a la luz pública.

Ante esa situación que violenta las leyes de transparencia, la Comisionada de Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, señaló que los funcionarios del gobierno de Xiomara Castro deben interponer las denuncias ante el Ministerio Público para que sean judicializadas.

De esa forma, se procedería a hacer un análisis y al encontrar que hubo actos que infringieron la ley, en cuanto al hurto de documentos que la población debe conocer, sobre todo, luego de la publicación de la derogación de la Ley de Secretos.

Algunos titulares de instituciones han denunciado que no han encontrado documentos de las gestiones pasadas, convirtiéndose en un grave delito de sustracción de documentos públicos, porque la documentación es propiedad del Estado de Honduras y no de una sola persona o grupo.

A inicios de marzo, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Javier Santos, denunció que la administración de Hernández, el expresidente en calidad de extraditable, con el cambio de gobierno, decidieron destruir documentos clave para investigar casos de corrupción ligados a su gobierno, siendo Casa de Gobierno uno de los entes que siempre alegó esconder información porque comprometía la seguridad del Estado.

Sin embargo, Ardón dijo que “entre cielo y tierra no hay nada oculto”, aunque los documentos hayan sido destruidos, y que lo implicados en ocultar información en su momento deberán responder por sus actos. En efecto, por entorpecer la divulgación y acceso a la información y obstaculizar la transparencia, los entes operadores de justicia deben hacer su trabajo.

Una vez instaurada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), se espera que haya acompañamiento en este tipo de investigaciones, puesto que reservar información representa una violación a la Constitución de la República.

INFORMACIÓN NO PUEDE SEGUIR ESCONDIDA

Hay poco más de 16 normativas que establecen reservas, pero al derogar la Ley de Clasificación de Documentos de Documentos Públicos, se ha dejado claro que todo decreto que se anteponga a la Ley de Transparencia también deberá quedar sin validez de manera tácita.

Por tanto, ninguna información puede permanecer escondida, únicamente la que el IAIP estime después de una revisión y análisis.

En el caso de Tasa de Seguridad Poblacional, está se encuentra bajo la modalidad de fideicomiso, pero con la derogación de la Ley de Secretos, la reserva de información también debe disiparse.

Según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se han iniciado auditorías para determinar que la documentación esté completa y que se haya cumplido con la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Contratación del Estado.

Luego, el Tribunal podrá emitir los hallazgos en cuanto a la responsabilidad civil y administrativa, acompañada del respaldo de las instituciones y las denuncias que se presenten ante el Ministerio Público, para que proceda la investigación y judicialización.

En su mayoría, la Ley de Secretos benefició la reserva de documentos relacionados a erogaciones financieras, lo cual generó desconfianza porque se trata de los recursos del Estado, es decir, impuestos, donaciones y préstamos que los hondureños deben pagar.

La rendición de cuentas debe ser una de las exigencias de la población y se debe garantizar que los fondos han sido invertidos y manejados de manera correcta.

“Todo servidor público que se haya llevado documentos de las instituciones ya tiene la primera responsabilidad de sustracción de documentos públicos”, dijo Ardón, al tiempo que manifestó que con las debidas denuncias se evitará que estás acciones lesivas queden en la impunidad.

Uno de los indicadores que Honduras ha reprobado debido a la falta de transparencia y la impetuosa corrupción de los últimos años, es la Cuenta del Milenio, cuyos indicadores se enfocan en este tipo de incongruencias, donde se desconoce que pasa con el dinero de la población y las donaciones de otros países.

Fuente: Criterio

Xiomara Castro derogó la ley de 

secretos

Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022. 

La normativa que estuvo vigente desde 2014 clasificó información sobre el uso de los recursos del Estado impidiendo su acceso a periodistas y a la ciudadanía en general.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, firmó la derogación de la ley de secretos que estuvo vigente durante los dos últimos gobiernos del exmandatario Juan Orlando Hernández. La medida blindó información sobre el uso de los recursos del Estado impidiendo su acceso a periodistas y a la ciudadanía en general. El gobierno de Castro ahora se encamina a investigar la corrupción del partido Nacional que se instaló desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009.

El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, indicó que la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (2014-2022) reafirma el compromiso de lucha contra la corrupción de la mandataria del partido Libertad y Refundación. Con este paso, Pastor señaló que espera que la desclasificación brinde acceso a información de lo que sucedió en el pasado y que a su vez siente un precedente para el manejo transparente de la información.

“La infame ley de secretos resultó en el uso discrecional y oscuro de los recursos y de las tomas de decisiones desde el poder”, añadió el funcionario a . “Al no haber ley de secretos, el acceso a la información por parte de la ciudadanía está garantizado”, precisó.

La ley de secretos resultó en la vulneración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada en 2006 durante el primer año del gobierno del expresidente Zelaya. Sin embargo, desde la presidencia del Congreso Nacional, Hernández aprobó la ley que blindaría sus dos periodos como jefe de Estado (2014-2022). Actualmente, el exmandatario nacionalista es reclamado por la justicia estadounidense que lo acusa de haber introducido 500.000 kilos de cocaína al país norteamericano.

Periodismo y la ley de secretos

La aplicación de la normativa vulneró el derecho de acceso a la información pública para ciudadanía, dificultando la profesión periodística en uno de los cuatro países más peligrosos para ejercerla en la región, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Su aplicación habilitaba la clasificación de información como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, durante 5, 10, 15 y 25 años respectivamente.

Además, la ley permitía que se declaren como «materia clasificada», aquellos «asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional, y el logro de los objetivos en esas materias».

El escondite de la corrupción

En los últimos 12 años los gobiernos del partido Nacional que se sucedieron en el poder triplicaron la deuda externa de Honduras, un país en bancarrota según lo precisó Castro en la toma de posesión. En este sentido, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, señaló que esta normativa impidió el acceso a información sobre el gasto público. “El tema es que la Ley de Secretos se pasó en tiempos de la narcodictadura para tener a escondidas del pueblo muchas transacciones económicas que eran de corrupción para que no nos diéramos cuenta y que nadie las pudiera revisar y auditar”, aseguró citado en el portal de Radio América.

Barquero además detalló que ahora la documentación podrá ser revisada y derivada a la justicia hondureña para que investigue los actos de corrupción detrás de la ley de secretos.

El diputado del partido Libertad y Refundación, Rasel Tomé, aseguró que la derogación de la ley de secretos se trata de una promesa cumplida del gobierno de Castro. “Esta fue una promesa que nosotros hicimos, que en Honduras el gobierno del Partido Libre iba a hacer un corte en la historia; no somos como la dictadura del Partido Nacional, queremos transparencia, rendición de cuentas y que el pueblo se entere en qué se utilizan los fondos públicos”, aseguró citado por medios locales.

“Usted puede preguntar cuánto se gasta en viáticos, cuánto costó el avión presidencial, cuánto costaron las vacunas, cuánto costaban los carros blindados; todo eso va ser publico y de conocimiento de todo el pueblo hondureño”, afirmó Tomé, quién a su vez ordenó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la desclasificación de “todo aquello que la dictadura había dejado en reserva”.

Contra la impunidad

El pasado dos de marzo, día en el que también se conmemoraron seis años del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, el congreso hondureño aprobó casi por unanimidad la derogación de la ley de secretos. La decisión del órgano legislativo unicameral buscaba que las instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y autónomas eleven documentación al IAIP.

Ahora la mandataria Castro, la primera jefa de Estado del país centroamericano, está más cerca de cumplir con una de sus promesas de campaña: la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). En los últimos días el canciller hondureño, Enrique Reina, aseguró que en abril llegará a Honduras la misión de la ONU que trabajará en la creación de la CICIH.

Detienen a más de 100 agresores contra 

mujeres

Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022. 

El Gobierno de Honduras se comprometió el miércoles  a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en el país.

Las fuerzas de seguridad hondureñas detuvieron el miércoles a 134 personas en el marco de una operación para prevenir la violencia de género y castigar a los agresores de mujeres y niñas en el país.

El Ministerio Público indicó que los detenidos fueron imputados por delitos en perjuicio de mujeres en el país centroamericano, donde en 2021 fueron asesinadas 318 féminas.

Las autoridades hondureñas presentaron 279 requerimientos contra igual número de personas por delitos sexuales, maltrato familiar y violencia de género, añadió.

La operación denominada Débora VI se llevó a cabo en todo el territorio hondureño en coordinación entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer con el fin de castigar a agresores de mujeres.

Durante la operación, fiscales de protección a la mujer realizaron 215 inspecciones a juzgados de paz, postas policiales, hospitales y centros de salud para confirmar la atención a las mujeres y niñas víctimas de violencia doméstica, maltrato familiar o delitos sexuales.

El Gobierno de Honduras se comprometió el miércoles  a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en el país.

El compromiso quedó plasmado en un documento firmado en Tegucigalpa por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y la coordinadora residente de las Naciones Unidas en el país, Alice Shackelford.

«Como mujer no puedo estar en la Presidencia si no lucho por el respeto y por la defensa de los derechos de las mujeres en mi país», subrayó la mandataria hondureña.

Xiomara Castro afirmó que para reducir las muertes violentas de mujeres en su país «no basta con combatir las causas que producen la violencia, sino que también se necesita actuar en consonancia y coordinación con todos los sectores».

Fuente. TeleSUR

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