4 de junio de 2022

ROSARIO - SANTA FE.

 


Final del juicio a uno de los grandes capos del crimen

Se cumplió el presagio: perpetua

El mismo Alvarado lo había anticipado. El tribunal convalidó la acusación fiscal por homicidios, balaceras y lavado. 

Por Luis Bastus
Edery y Schiappa Pietra pudieron sostener con pruebas las acusaciones.. Imagen: Sebastián Granata

Al cabo de tres meses de juicio oral y el desfile de un centenar de testigos, Esteban Lindor Alvarado confirmó ayer desde el penal federal de Ezeiza lo que presentía desde que lo apresaron en febrero de 2019 en un cámping de Embalse Río Tercero: un tribunal oral de Rosario lo condenó a prisión perpetua como uno de los capos de la mafia que agita la ciudad desde hace una década. Y ahora en el Ministerio de Seguridad provincial sopesan el negro vaticinio del testigo clave que fue amigo, cómplice y probable víctima de Alvarado, que luego se abrió y murió asesinado el año pasado: "El Esteban cuando se vea con perpetua va a ordenar un crimen por día". Para los fiscales, tarea cumplida y condena ejemplar, pero no dejan de señalar que hay mucha tela para cortar en cuanto a la red de complicidades que ese hombre de 43 años construyó con policías corruptos, negocios para lavar dinero y también actores de la política que fueron mencionados durante las audiencias. 

El tribunal integrado por Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Más Varela, convalidó el pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, y le impuso prisión perpetua a Alvarado más una multa de 316 millones de pesos (computa el valor de inmuebles y vehículos decomisados). Los cargos son homicidio agravado por arma de fuego, premeditación y concurso de dos o más personas como instigador, amenazas coactivas, jefe de asociación ilícita, y 5 casos probados de lavado de activo

Cuatro de sus colaboradores acusados en juicio también recibieron pena perpetua. Son Mauricio Laferrara, Matías Ávila, Germán Fernández y Facundo Almada.

Los otros dos en el banquillo eran pareja al momento de los hechos, y quedaron involucrados en maniobras de lavado de activos para Alvarado. Uno es el constructor Miguel Ángel Grecci Hazzi, condenado a 4 años y 8 meses de cárcel, y una multa de 76,5 millones de pesos. Debe cumplirla en prisión efectiva. Los cargos en su contra: asociación ilícita y lavado de activos. No así su ex pareja, la decoradora y comunicadora Damiana Ghirardi, que fue condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional y multa de 46 millones por lavado. Fue la única que ayer volvió a la calle y sin esposas.

El Centro de Justicia Penal lució ayer más custodiado que nunca, en función de la relevancia de los condenados y de los antecedentes: esa sede judicial fue atacada a tiros entre 2017 y 2018, durante el juicio a Los Monos, facción rival de Alvarado.

Un centenar de testigos compareció desde el 21 de febrero, incluidos dos testimonios grabados previamente por seguridad de los declarantes y por decisión de los fiscales que temían que aquellos no llegaran vivos al juicio. En uno tuvieron razón, el del mecánico Carlos Argüelles, que declaró en agosto de 2020 y que en setiembre pasado lo mataron a balazos en su taller de Garay al 3500. Él presentía que su ex socio y amigo lo había condenado a muerte, aunque Alvarado lo negaría luego. 

Argüelles llegó a acusarlo de haber instigado más de 100 homicidios y planificado muchos más, de haber intentado secuestrar a un hijo del entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, y de urdir una suelta de paquetes de marihuana desde una avioneta, con la cara del actual diputado radical, sobre la cancha de Rosario Central durante un partido de fútbol.

La otra testigo que grabó su declaración y también resultó clave como elemento de prueba es Mariana Ortigala, que sobrevivió a una ráfaga de balazos en 2020 cuando llegaba a su casa en Roldán, y que desde entonces vive como testigo protegida. Sin embargo, ayer se hizo presente en la audiencia para ver cómo su enemigo era condenado a perpetua. Ortigala fue amiga de la ex mujer de Alvarado, y también es amiga de la mujer de un rival como lo es Guille Cantero, jefe de Los Monos. Desde ese lugar atestiguó y fundamentó la acusación fiscal contra Alvarado.

Mariana Ortigala, testigo protegida sobrevivió a una ráfaga de balazos

"El fallo me hace feliz porque él lo merece, pero la sociedad necesita que lo aíslen porque si sigue en un pabellón con celulares y con su gente, el problema será peor porque va a perder los parámetros de resguardo desde su celda, y no le va a importar matarme a mí o a un fiscal”, intuyó Ortigala. 

Otros testimonios destacados fueron los ex ministros de Seguridad Maximiliano Pullaro y Marcelo Sain. Y, sobre todo, el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Emiliano Lencina, quien reveló que en 2012 había presentado una investigación sobre narcotráfico en Rosario, con Alvarado y Luis Medina como ejes centrales. Y que el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque desestimó y no quiso profundizar. Esto valió una denuncia de los fiscales al Consejo de la Magistratura para revisar el desempeño de Bailaque.

Recién en 2017 Alvarado empezó a tener una causa penal en la Justicia federal por narcotráfico, y ese proceso todavía está abierto: es un contrabando de media tonelada de marihuana decomisada en Río Negro, en un camión de la flota de Toia SRL, empresa de logística de Alvarado. Antes, nunca había sido molestado por ese fuero.

Cuando tomó la palabra dos veces por teleconferencia durante el juicio, el criminal se despegó de casi todos los cargos y dijo que él ya se sentía condenado de antemano por no haber arreglado con los fiscales y aceptado complicar con sus declaraciones al senador sanlorencino Armando Traferri y a la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

Aunque las defensas de los imputados intentaron desestimar la acusación en distintos puntos, los jueces convalidaron el trabajo de Schiappa Pietra y Edery. Hubo desde por lo menos 2013 una asociación ilícita para desplegar negocios ilícitos, con la pantalla de algunas empresas legales, y con recursos extremos como los asesinatos del prestamista Lucio Maldonado y el joven Cristian Enrique, ambos cometidos en 2018. El primero, secuestrado al llegar a su casa de Garibaldi al 600, y trasladado hasta la casa de Alvarado en el paraje Los Muchachos, sobre la ruta A-012, para luego aparecer muerto a tiros en el comienzo de la autopista Aramburu, frente al barrio Las Flores, énclave histórico de Los Monos. Los fiscales interpretan que quisieron aparentar que los Canteros estaban detrás de ese crimen. El segundo era un muchacho secuestrado en Cabin 9, cuyo cadáver apareció unos días más tarde en la ruta 14, en las afueras de Soldini.

A la banda le cargaron también intimidaciones varias, como sendas balaceras contra la sede de Tribunales y el Centro de Justicia Penal, el envío de una cabeza de perro muerto en la casa de Marina Marsili, perito contable del Ministerio Público de la Acusación. Esa funcionaria luego también sufrió una balacera en su domicilio familiar.

Además de las siete personas condenadas ayer, hay otras 22 que ya recibieron pena en juicios abreviados, y ahí están los policías que trabajan en complicidad y a las órdenes de la organización comandada por Alvarado. Estos son los policías Pablo Bancora (MPA), Luis Quevertoque (División Judiciales), comisarios Marcelo David Rey y Martin Rey, comisario Cristian Di Franco y el ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas Javier Makhat. También la ex pareja de Alvarado, Rosa Capuano, su primer abogado, Claudio Tavella, y otros colaboradores satélites en el tráfico de drogas y en las empresas de lavado: Marcelo Nicolás Ocampo, Jorgelina Chaves, Flavia Gori, Estefania Toledo, Ricardo Ianni, Nadia Toledo, Leandro Suárez, Jorge Laferrara, Gustavo Ramos, Jorge Benegas, Valeria Nasca, Bibiana Zarate, Adrián Fernández y Marta Audo Gianotti.

Los fiscales Edery y Schiappa Pietra salieron satisfechos del final del juicio. "Pudimos demostrar una organización criminal que durante diez años prosperó al amparo de un montón de posibilidades que tuvo con infiltraciones en la policía y un entramado económico que quedó en evidencia. Demostramos cómo Alvarado pudo construir esa red de relaciones que le permitió desarrollar esa organización”, concluyeron.


Chivo

La noticia corrió rápido ayer en el escenario político santafesino: El presidente Alberto Fernández estaba esperando el momento para el regreso de Agustín "Chivo" Rossi al gabinete nacional. El anuncio formal podría hacerse hoy mismo pero se sabe que reemplazará a Cristina Caamaño al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El ex ministro de Defensa tiene una relación muy cercana con el presidente e integra la mesa chica que consulta habitualmente el mandatario.



La marcha del Ni Una Menos volvió a inundar las calles de Rosario

La gran marea contra la violencia machista

Las demandas y reclamos quedaron expresadas en carteles y cánticos, también en la proclama leída al unísono en el monumento

Por Lorena Panzerini
La marcha cerró en el Parque a la Bandera con música en vivo.. Imagen: Andres Macera

La fuerza de la marea que tiene siete años en las calles inundó ayer el centro de Rosario para exigir el fin de las violencias machistas. Las columnas comenzaron a llegar a las 18 al Parque Nacional a la Bandera, donde hubo festival con música en vivo y una feria con más de cien emprendedorxs de la economía popular. Las demandas y reclamos quedaron expresadas en carteles y cánticos, pero también en la proclama leída al unísono, mientras en el escenario se reproducían imágenes en verde y violeta. Mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, identidades no binarias, indígenas, originarias y afro gritaron una vez más para que el reclamo de Ni una menos sea una realidad.

"Ya vas a ver, las pibas que vos mataste van a volver", fue el canto con el que partió la marcha, pasadas las 16.30, desde la plaza San Martín. "Ni una menos. El ajuste es violencia. El Estado es responsable", rezaba la bandera de la cabecera. Cerca se levantaba la bandera verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; y hubo otras de organizaciones, sindicatos y agrupaciones barriales y estudiantiles.

Durante la jornada del 3J se dieron a conocer datos que dieron cuenta de los motivos para seguir en las calles. La Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad publicó el informe de gestión en violencia de género 2022, que indica que entre el Teléfono Verde (0800 444 0420) y el Contacto Violeta por WhatsApp (3415781509), hubo un total de 7.238 llamadas y contactos. Además, MuMaLá -Mujeres de la Matria Latinoamericana-, el Observatorio Lucía Pérez y La Casa del Encuentro, dieron a conocer que hubo cerca de 2 mil víctimas de femicidios en todo el país desde el primer Ni Una Menos, que se gestó tras el femicidio de Chiara Páez, en Rufino, hace siete años.

Desde el escenario, además, repudiaron lo sucedido en Circunvalación y Maradona, el jueves pasado. "Desde el movimiento transfeminista repudiamos energicamente la represión sufrida por parte de la policía provincial. La protesta para evitar el desalojo, de más de 85 familias y 300 niñes terminó en violencia institucional ejercida sobre nuestras cuerpas. Abrazamos a Silvia (la mujer embarazada que estuvo detenida durante cuatro horas, y ayer fue parte de la marcha) y a todas las compañeras y pedimos viviendas dignas para ellas; y que estos hechos de violencia no se repitan", leyeron. 

Las organizaciones nucleadas en el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria que durante semanas se reunió en asamblea para organizar la jornada de lucha, exigieron en una proclama colectiva: "Ni unx menos, vivxs nos queremos. ¡Basta de discriminación y violencia simbólica, mediática, obstétrica, política, física, sexual, psicológica, laboral, económica, en la casa y en la calle, en el trabajo y en la pareja!".

Entre los principales puntos de las demandas, reclamaron por una "justicia transfeminista. ¡Reforma judicial ya!", exigieron, y expresaron que es necesario un "real acceso a la justicia y fallos judiciales con perspectiva de género". También plantearon "que las fuerzas de seguridad tengan paridad y formación de género".

Exigieron real acceso a la justicia con perspectiva de género.

El reclamo también apuntó al cumplimiento de la Ley de Cupo Trans; cumplimiento de la capacitación de la Ley Micaela. También exigieron "el cumplimiento efectivo de las leyes de infancia" y repudiaron "la vulneración de derechos y la revictimización". Además, reclamaron "justicia por Nora. Repudiamos el mal accionar del fiscal Cimino". 

Para las organizaciones, "sin espacios laborales libres de violencia, no hay ni unx menos". La proclama agrega: "Exigimos intervención del Estado ante los casos de violencia institucional; más presupuesto y acceso integral, efectivo y garantizado en situaciones de violencia; la extensión del programa Acompañar; la implementación efectiva de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas en formato accesible; la efectiva implementación de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y garantías para trabajadores de la salud que garantizan los abortos. ¡Sobreseimiento a Miranda ya!". 

Al mismo tiempo, plantearon reclamos por "una Ley de Salud Mental que contemple y garantice la atención frente a los consumos problemáticos; que el estado eduque y capacite en perspectiva anticapacitista. Necesitamos poder hacer valer nuestra autonomía: rampas, ascensores, intérpretes de lengua de señas y operadoras para el acceso de todes". También exigieron "terminar con las discriminaciones de raza, género y orientación sexual; acabar con las normas hegemónicas de belleza que nos invisibilizan y nos estereotipan; basta de patologizar nuestros cuerpos".

Ante los femicidios, travesticios y transfemicidios, insitieron: "Paren de matarnos, todas las víctimas de lesbotransfemicidios presentes". También retumbó la pregunta de "¿dónde está Tehuel?", y apuntaron a la demanda de "acceso a la vivienda digna, un real acceso a la salud y a los alimentos; reconocimiento del trabajo en los merenderos; conectividad para todes y un freno al ciberodio en las redes sociales. Exigimos el reconocimiento a las tareas de cuidado. Sin licencias igualitarias no hay responsabilidad parental compartida. Sin trabajo digno, no hay ni unx menos". 

También demandaron: "No a la trata. Licencias que contemplen los tratamientos médicos y farmacológicos para personas transgéneros; espacio laborales libres de violencia; paridad en los espacios políticos, en los espacios públicos, en los medios de comunicación y en todos los espacios laborales; derechos laborales y sociales para las/les trabajadores sexuales; basta de precarización laboral, sin autonomía económica, no hay ni unx menos". 


Repercusiones por la condena al ex director del ente portuario de Santa Fe

La reparación resultó irrisoria

El diputado Busatto criticó el juicio abreviado y dijo que "hay una justicia para el poder y otra para el resto de los ciudadanos".

El diputado peronista Leandro Busatto.

Desde Santa Fe

El diputado Leandro Busatto que presidió la comisión investigadora de la Legislatura que reveló en 2014 cómo operaba el ex administrador del Puerto de Santa Fe Marcelo Vorobiof dijo ayer que la condena al ex funcionario de Hermes Binner y Antonio Bonfatti a tres años de prisión en suspenso demuestra que hay “una justicia para casos vinculados al poder y otra para el resto de los ciudadanos”. “Una justicia para ricos y otra para pobres”, que “se puede estar al frente de una estafa millonaria, no ir preso y pagar una reparación irrisoria respecto de los delitos que cometió”. La investigadora logró probar que Vorobiof contrataba “empresas fantasmas” que cobraron 538 mil dólares, que hoy serían casi 70 millones de pesos y, nueve años después, le aplican una multa de 8 millones que a la luz de los hechos y el tiempo que pasó hoy resulta "insignificante", advirtió el legislador.

El jueves, en un proceso abreviado que la fiscal Bárbara Ilera pactó con el abogado defensor Roberto Busser, Vorobiof se declaró culpable de los dos cargos que le imputaron: “estafas por administración fraudulenta” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. A cambio, el juez Gustavo Urdiales homologó el acuerdo y le aplicó tres años de prisión de ejecución condicional, una multa de 8 millones (cinco millones para el MPA y tres para el Puerto de Santa Fe) y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Así, zafó del juicio oral y público y de la cárcel.

Vorobiof llegó al gobierno del Frente Progresista de la mano de los radicales, entre ellos el ex intendente de Santa Fe Mario Barletta (hoy diputado nacional de Juntos por el Cambio y de su mano derecha, José Corral. Binner lo nombró administrador del Puerto de Santa Fe en 2010 y Bonfatti le aceptó la renuncia en agosto de 2014, ya en pleno destape de la investigadora que presidía Busatto.

La comisión legislativa logró probar que Vorobiof operaba con “empresas fantasmas” que “cobraron 538.000 dólares”, que hoy “serían 67.519.000 pesos, sin impuestos”, recordó el legislador.  “Determinamos que el Ente habría dejado de percibir recursos legítimos en el orden de los 30 millones de dólares” porque cobraba a las empresas un cánon muy inferior al que correspondía”. Eso ocurrió "en 49 de los 51 casos analizados, según información que brindó el propio Ente"  y en algunos casos, el arancel "apenas llegaba al 3% del valor real”.

“El perjuicio económico” que Vorobiof “le generó a la provincia fue enorme”, remarcó Busatto. “Lo dijimos en el informe final”, de la investigadora. Por lo tanto, la multa de 8 millones que acordó la fiscal Ilera y homologó el juez Urdiales hoy resulta “insignificante”.

Marcelo Vorobiof, el ex funcionario condenado por estafa con fondos públicos.

“La condena a Vorobiof demuestra que hay una justicia para casos vinculados al poder y otra para el resto de los ciudadanos”, insistió Busatto. “Este es un caso de corrupción de los gobiernos del Frente Progresista” de Binner y Bonfatti y “si fuera un ex funcionario de otro signo político los medios estaría repiqueteando por todos lados”.

Y criticó la baja condena porque “Vorobiof representa el círculo rojo santafesino, esos factores de poder que no son visibles, pero que operan en el andarivel económico de la ciudad y en los medios”. En 2014, “hubo que hacer mucho esfuerzo para darle visibilidad” al tema, agregó Busatto.

-Lo que llama la atención es que pasaron nueve años para llegar a esta sentencia y en un proceso abreviado –le planteó un periodista de LT9.

-Demasiada lentitud para investigar. Demasiada incomodidad en la justicia para impulsar los procesos que involucran al poder. Esta es la realidad. Vorobiof era y es un hombre del poder. Cometió un ilícito, y hoy después de un proceso penal, ya no es inocente. Es culpable –contestó Busatto.

La comisión investigadora que presidió Busatto fue integrada por los diputados del PJ Ricardo Olivera, Federico Reutemann, Héctor Acuña y Mario Lacava porque sus colegas del socialismo y la UCR se negaron a sumarse. En diciembre de 2014, cuando se presentó el informe final, el legislador le reprochó ese hecho al Frente Progresista. “No integraron la comisión, no aportaron la información que requerimos y se negaron a tratar el informe final” en una “actitud de complicidad” con lo que sucedía en el Puerto de Santa Fe.

Fuente:Rosario12



Hartas de la violencia patriarcal

Rosario se sumó a la marcha nacional de Ni una menos

 

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