La Justicia embargó a Gabriel Batistuta por una cifra multimillonaria
La rebeldía tributaria le sale cara al Bati
El juez federal de Reconquista caucionó bienes a pedido de Afip ante la negativa del ex jugador de la Selección a pagar el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas.
El ex futbolista y productor agropecuario Gabriel Batistuta fue embargado por la Justicia Federal de Reconquista por más de 71 millones de pesos a partir de una demanda de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el incumplimiento en el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. El ex goleador de la Selección Argentina había presentado una medida cautelar para no pagar el tributo pero tanto en primera como en segunda instancia se desestimó su pedido y se dio lugar al embargo preventivo.
Luego de que el Congreso Nacional aprobó la ley que estableció el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia a fines de 2020, Batistuta fue una de las figuras públicas que se manifestó abiertamente en contra del mismo y rápidamente solicitó una medida cautelar para impedir que AFIP avance en el cobro del también llamado “impuesto a la riqueza”. En un primer momento, la medida cautelar la presentó ante el fuero en lo Contencioso Administrativo N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al considerar inconstitucional la obligación de pagar el Aporte Solidario, pero el Tribunal se declaró incompetente y remitió la solicitud a Reconquista, de donde es oriundo y en cuya zona posee unas 126 mil hectáreas de campo.
La solicitud recayó en manos del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien desestimó en mayo la medida cautelar pedida por el ex jugador de Newell’s, Boca y River, entre otros equipos, para no pagar el tributo. La defensa de Batistuta apeló, por lo que el caso pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Sin embargo, el Tribunal de Alzada de la capital de Chaco, integrado por las juezas María Denogens, Rocío Alcalá y Patricia García, aprobó la resolución del juez el 29 de junio pasado, por lo cual quedó desestimado el planteo. Cerrada esa etapa del litigio, Alurralde hizo lugar a la demanda presentada luego por AFIP y el pasado 17 de agosto ordenó el embargo preventivo sobre tres inmuebles del empresario agropecuario. Según informaron medios porteños, el embargo es por $71.096.882,09, de los cuales $46.059.135,85 son en concepto de capital y los restantes $25.037.746,24 por intereses.
El camino que eligió Batistuta para no afrontar el tributo aprobado por el Congreso fue una de las opciones elegidas por algunos de los contribuyentes alcanzados ya que otros optaron por esperar una resolución del Tribunal Fiscal y algunos prefirieron pagar el impuesto y judicializar después, es decir, conseguir en los tribunales una devolución de lo pagado. Esto es porque por el momento no hay una definición de fondo sobre la inconstitucionalidad del tributo, argumento que esgrimen aquellos que no quieren pagarlo.
La semana pasada, mientras esperaba que la Cámara Federal de Apelaciones se expida sobre la causa, Batistuta otorgó una entrevista a La Nación Deportes en la que volvió a dejar en claro por qué no está de acuerdo con el impuesto. "No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida y ahora sos un mal tipo. Otra herencia de la famosa grieta. Me rompí los dos tobillos, yo no robé un peso, pero sin embargo, soy un hijo de puta. En todo caso, si querés, sería un tipo no generoso, supuestamente. Yo tengo una empresa de ropa acá, pago millones de pesos de impuestos por el campo”.
La postura del ex Fiorentina sobre este y otros temas se acerca al discurso de legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio, espacio político que lo tentó varias veces para encabezar una candidatura en la provincia y con el que tiene recurrentes contactos. Sin ir más lejos, en marzo de este año se reunió en un bar rosarino con Germán Pugnaloni, vicepresidente del PRO en Santa Fe. Incluso la senadora nacional Carolina Losada se hizo eco de este encuentro en redes sociales y celebró la reunión escribiendo “Genios los tres”, ante el posteo de una foto en la que se los ve a Batistuta, Pugnaloni y el abogado Marcos Ameriso, amigo en común de los dos.
Las Fuerzas Armadas ya asisten en el combate de incendios
Militares en el delta
Las Fuerzas Armadas comenzaron a desplegarse en la región con el objetivo de fortalecer la lucha contra los incendios en el Delta del Paraná. Para eso se coordinó con autoridades municipales, provinciales y nacionales la instalación y operación de un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en la localidad de Alvear. Según informaron desde el Ministerio de Defensa de la Nación “a través de los sistemas de comando, control y comunicaciones de las Fuerzas Armadas que ya se encuentran operando, se monitorea la situación actualizada en tiempo real tanto de la evolución de las operaciones de lucha contra el fuego como del estado y ubicación de los medios de personal y material empeñados en cada uno de los sectores”.
Paralelamente, se movilizaron recursos de las unidades militares del litoral con los cuales, en inmediaciones del mencionado COE, se inició la instalación de una Base de Apoyo que permitirá organizar y recuperar a los brigadistas. Al mismo tiempo, se pusieron a disposición medios de Aviación de Ejército, como así también medios navales y embarcaciones “para sumar capacidades para enfrentar el siniestro desde los cursos de agua”.
A su vez, informaron que en distintas unidades permanecen alistados los brigadistas militares certificados por el Sistema Nacional de Lucha contra el Fuego para incorporarse a las actividades a medida que se los requiera y a esto se sumará un helicóptero del Ejército para operaciones de reconocimiento, control y traslado de brigadistas. "Estos medios de comando y control permitirían enlazar y coordinar las acciones de los tres Centros Operativos instalados en Zárate, San Pedro y Alvear, los que cubren una línea de acción de más de 240 km de longitud en zonas de acción que abarcan 3 provincias: Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires", aseguraron desde el Ministerio de Defensa.
La Escuela Hospitalaria y Domiciliaria de Rosario cumplió 50 años
Empatía y enseñanza a donde sea
"Trabajamos desde un lugar de empatía y sabemos que se dejan huellas muy lindas". Con esas palabras, Claudia Oviedo relató la tarea diaria de quienes integran la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria N° 1391, que cumplió 50 años. Allí donde hay niños, niñas y niñes en situación de internación, un grupo de docentes da clases "a pie de cama", con propuestas lúdicas, lectura de cuentos y actividades escolares según la edad. El objetivo de la institución, como se destacó durante el acto aniversario, es garantizar el derecho a la educación de infancias y adolescencia que se encuentran atravesando situaciones especiales de salud.
“Cuando uno habla de trayectoria y habla de las escuelas, está hablando de historias compartidas que han dejado huellas y marcas en la biografía de muchas personas: estudiantes, docentes, padres, familias, médicos y asistentes que han compartido el desarrollo de esta tarea”, dijo la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, cuando participó de los festejos por los 50 años. En ese contexto mencionó que se trata de una “gran tarea porque vincula salud y educación, que sin duda son las dos grandes políticas de cuidado que debe tener un Estado".
El trabajo del equipo docente se da en el Hospital Víctor J. Vilela, el Hospital de NIños Zona Norte, el Centenario y el Provincial, donde acompañan a niñas, niños y niñes desde el nivel inicial. "Adaptamos todo lo necesario para esa actividad", relató la directora de la Escuela. Hace 24 años que Claudia es docente y hasta 2020 dio clase en esa institución que ahora dirige. Para ella, la docencia es "desde la parte de acompañamiento en este lugar". Sin embargo, asegura que en muchos casos no es fácil. "Es todo muy variable, de acuerdo a cada situación y al momento. Incluso nos suelen llamar de terapia -con los recaudos necesarios-, porque los médicos consideran que les hace bien", señaló sobre la importancia de su tarea con las infancias y adolescencias.
En ese sentido, aseguró que muchas veces el trabajo se convierte en una "tarea de alto impacto para el docente y en muchos momentos tratamos de que no estén solos, sino con algún par". Este año, entre marzo y mayo, más de un centenar de niños, niñas y adolescentes tuvieron actividad con la Escuela Hospitalaria. "Lo que tratamos de transmitir, más allá de los contenidos escolares, lo que intentamos todos los días y con cada uno de los niños es transmitir esperanza; desde ese lugar trabajamos mucho. Se puede aprender matemática o lengua pero desde un lugar de empatía y sabemos que se dejan huellas muy lindas. La misión de esta escuela es acompañar las trayectorias. Siempre un niño puede aprender y eso nos reconforta mucho", aseguró.
En el acto aniversario, Cantero agregó que la escuela hospitalaria "desde hace 50 años viene trabajando para garantizar el derecho a la educación de nuestras infancias y adolescencia más allá de situaciones que se atraviesan con alguna dificultad". Y agregó: “La escuela hospitalaria es una modalidad que está en crecimiento en Argentina y en nuestra provincia también. Celebramos que estos 50 años nos encuentre con una escuela que da la oportunidad para garantizar a niños, niñas y adolescentes nada más y nada menos que el derecho a la educación”.
En el mismo acto, Oviedo se refirió a las iniciadoras de la escuela: “Podemos imaginar que no escatimaron esfuerzos para lograr sus objetivos de garantizar el derecho a la educación a todas las niñas y los niños en situación de enfermedad. En nombre de Esperanza Giménez Rafuls, y de todas las docentes que la acompañaron, anhelamos estar rindiendo el mejor homenaje hacia ellas, que sentaron las bases”.
Era una conocida militante y activista trans
Conmoción por el crimen de Alejandra Ironici
La militante y activista trans Alejandra Ironici fue encontrada sin vida dentro de su casa de la ciudad de Santa Fe. Tenía 43 años y era reconocida como una pionera dentro de la comunidad, ya que en 2012 fue la primera trans del país en obtener su DNI por vía administrativa en la provincia Santa Fe, previo a la aprobación de la ley de Identidad de Género. A finales de ese año, también fue la primera en ingresar a trabajar al Estado provincial, cuando la pusieron en funciones en el área de asistencia social en el perinatológico del hospital Iturraspe de Santa Fe. Dolor, conmoción y pedidos de justicia, en las redes sociales.
Según las primeras informaciones, el cuerpo de Alejandra fue encontrado -presumiblemente, con heridas de arma blanca- dentro de su casa de Pasaje Público 8100, donde se producía un incendio. Esta mañana, desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que la fiscal Alejandra Del Río Ayala ordenó medidas y si bien no confirmaron de quién se trata, se indicó que hay una persona detenida.
Esteban Paulón, director de Políticas LGBT y exsubsecretario de Políticas de Diversidad Sexual habló en LT8: "Era mi amiga y compañera de militancia en el socialismo. Estamos tristes y conmocionados. Todavía no caemos. Fue encontrada por su sobrino, pero el autor material sería su pareja que se había dado a la fuga, incluso tenía el celular de ella. Se inicio la búsqueda y fue detenido. Había habido un comentario de Alejandra porque había dejado trascender a gente amiga que estaba en una situación de violencia. No tenía denuncia formal pero había una conciencia de esta situación", expresó.
La ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, Florencia Marinaro, dijo en radio Aire de Santa Fe que "es un crimen de odio". En Twitter agregó: "Es demasiado el dolor que nos provoca la muerte de Alejandra Ironici. Se va una amiga, con quien aprendí sobre los derechos conquistados y el trabajo de cada día. Estamos con su familia, con la comunidad y con lo que implique trabajar por la justicia en coord con la Fiscalía".
Otras voces manifestaron su dolor. "Con mucho dolor, nos enteramos que la compañera Alejandra Ironici, a quien tuve el honor de entregarle el primer DNI trans del país, fue asesinada. Una gran luchadora, una valiente. Lamento mucho su pérdida", escribió el exgobernador Antonio Bonfatti.
La concejala Norma López escribió: "Las Mujeres Peronistas de Santa Fe exigimos Justicia por el travesticidio de Alejandra Ironici, gran militante de los derechos de las personas trans y una de las imprescindibles en el #feminismo de nuestra provincia".
La diputada Lucila De Ponti sumó: "Gran dolor por el TRAVESTICIDIO de Alejandra Ironici una enorme luchadora por los derechos de la comunidad trans y x la igualdad. Su asesinato nos vuelve a mostrar las terribles consecuencias de la violencia y la discriminación. Hasta siempre compañera".
También la diputada socialista Lionela Catalini reclamó: "Exigimos Justicia por Alejandra".
No olvidar, no perdonar
En agosto de 1972 se produjeron dos acontecimientos que inscriben a Trelew, ciudad de la provincia del Chubut, en la memoria colectiva y que debe por lo tanto persistir de modo perenne en todo racconto de las luchas sociales de la Región Argentina.
Uno de ellos es una pueblada contra la dictadura cívico militar imperante entonces, encabezada por el general Alejandro Lanusse. El otro el intento de fuga y posterior fusilamiento en la base de la armada Almirante Zar de los combatientes, que no lograron alcanzar el avión en el aeropuerto.
Dice el periodista y escritor Tomás Eloy Martínez, quien cubrió estos acontecimientos a la distancia desde la revista Panorama, que en su recorrida posterior por Trelew pudo dimensionar la real magnitud de los hechos, la pueblada que fue ignorada por los medios de prensa locales y por supuesto por los de Buenos Aires. Mucho más claras eran las marcas de la masacre perpetrada por los uniformados. A la distancia podemos considerarla como un anticipo de la siniestra metodología del terrorismo de estado entronizado desde 1973, luego con las tres A y a partir de 1976 como sistema articulado cívico-militar.
Los tres sobrevivientes de los fusilamientos en Trelew fueron aniquilados durante la contraofensiva ordenada por la cúpula de organización Montoneros durante los años de plomo de la dictadura cívico-militar-eclesial.
A pesar del transcurso de los años, estas huellas de la lucha popular y el dolor colectivo no se evaporan. Deben persistir con potencia y debemos transmitirlas a las nuevas generaciones, es nuestro deber de revolucionarios.
Como afirma el escritor tucumano y suscribimos nosotros a cincuenta años de la masacre, "la historia nos ha marcado con su cicatriz, pero por nada del mundo queremos que esa cicatriz se borre".
Carlos A. Solero
Fuente:Rosario12
Vuelco en la causa por presunto espionaje
De un disco rígido aportado para incriminar a funcionarios de Sain, se recuperaron archivos eliminados con informes patrimoniales a Molina (UPCN) y su familia, realizados durante la gestión de Pullaro.
Un disco rígido aportado como prueba por una testigo de identidad reservada a la causa que investiga presuntas irregularidades en la recopilación de información por parte de funciones del Ministerio de Seguridad provincial –o “espionaje ilegal”, según el fiscal general Jorge Baclini–, puede convertirse en una caja de Pandora y resultar un tiro por la culata para dos querellantes del caso, el diputado Maximiliano Pullaro y el secretario general de UPCN, Jorge Molina. Los peritos que analizaron el disco duro recuperaron elementos que habían sido borrados, que fueron agrupados en una carpeta con el nombre de “archivos eliminados”. Entre ellos hay “perfiles” del capo del sindicato estatal e informes patrimoniales sobre los bienes de sus familiares y allegados realizados por la Subsecretaría de Delitos Económicos de la cartera de Seguridad entre fines de 2017 y principios de 2018, cuando el ex progresista Pullaro era su titular.
En la documentación no se hace referencia a la existencia de orden judicial o pedido de un fiscal que justifiquen las búsquedas efectuadas en bases de datos abiertas y cerradas y la confección de los perfiles, es decir, lo mismo que le reprochan judicialmente a parte del que fuera el equipo de Marcelo Sain en Seguridad. Aunque, en rigor, a un año del inicio de la investigación de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, los funcionarios bajo investigación aún no fueron acusados. Sólo vilipendiados públicamente.
En la audiencia de Cámara sobre la constitución como querellante de UPCN celebrada el martes 16 de agosto pasado, en la que se debatió sobre la recuperación de los archivos borrados del disco rígido, nada se dijo sobre circunstancias que justificaran su confección. De ser así, Pullaro quedaría preso de los mismos cargos de los que acusó públicamente a los ex funcionarios de Sain –aunque en este caso con prueba contundente–, y Molina encontraría razones para enconarse con el actual diputado de Juntos por el Cambio y constituirse en querellante de una eventual investigación judicial. Podría presumirse que nada de eso va a ocurrir.
Sin novedades
A un año de la denuncia presentada por el director del Organismo de Investigaciones (OI), el tuitero bueno Víctor Moloeznik, sobre presuntas irregularidades en la recopilación de información por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Sain, los fiscales Hernández y Jiménez no han acusado formalmente en una audiencia a los investigados.
La causa fue iniciada en agosto de 2021 con la denuncia del ex funcionario del Frente Progresista, Moloeznik, y alimentada por las declaraciones de un grupo de militantes de la UCR seguidores de Pullaro, que en su momento el ministro hizo ingresar a dedo al Organismo de Investigaciones, la policía judicial que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Organismo que también fue generosamente nutrido con la militancia y el funcionariado frentista.
Sin novedades sobre las acusaciones y luego de nueve meses de los allanamientos realizados el 26 de noviembre del año pasado en las sedes Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, los fiscales Hernández y Jiménez centran su estrategia ahora en darle “volumen” al caso por medio de la constitución de nuevos querellantes particulares.
Así se sumaron el diputado Pullaro, luego el presidente del multimedios La Capital y Televisión Litoral, Gustavo Scaglione, más tarde el abogado penalista rosarino Jorge Bedouret y el titular de UPCN, Molina. Y la provincia de Santa Fe, claro, a través de su fiscal de Estado.
El disco
Paradójicamente, en ese proceso aparecieron evidencias acerca de la presunta recolección ilegal de información por parte del Estado, pero durante la gestión de Pullaro como ministro.
Una testigo de identidad reservada aportó a la causa un disco rígido en el que había grabado un audio que le envió Pablo Álvarez, funcionario de la cartera de Seguridad durante la gestión de Sain.
En la charla grabada hablan sobre si es oportuno “peinar” a Molina, jefe de UPCN, acción que en la jerga significa buscar información sobre una persona o un hecho.
El audio hace referencia al posible vínculo de UPCN con el dinero hallado en la oficina del asesinado empresario turístico Hugo Oldani, más de 3 millones de pesos y 1,1 millón de dólares en efectivo, cuyo origen no estaba acreditado.
El abogado de Molina señaló como “especulación” intentar investigar a su cliente en relación al dinero negro secuestrado –y desaparecido con la anuencia de la fiscal santafesina Cristina Ferraro– en las oficinas de Turismo Oldani, cuyos directivos luego fueron procesados en la Justicia Federal por “intermediación financiera no autorizada”.
Dijo en la audiencia de Cámara del martes que a Molina “nunca lo indagaron por ese hecho”.
Lewis, representante de Álvarez, repuso que “la sospecha era tan evidente que hasta había artículos periodísticos que hablaban de eso”, según recordó a El Eslabón, y en la audiencia leyó una nota de La Política Online.
“Cuando se investiga no sólo se lo hace a personas que terminan imputadas, sino en ocasiones para ver si se lo puede imputar o no”, sostuvo Lewis, y aclaró que además del audio de Álvarez en referencia a “peinar” a Molina, no existe otra evidencia de que eso se hubiese llevado a cabo.
Además, remarcó, había una causa judicial en trámite, la investigación por el dinero negro encontrado en la cueva de Oldani, que derivó en el procesamiento de su hija y otras diez personas, que irán a juicio.
Sorpresa
Pero el disco rígido aportado por la testigo de identidad reservada para incriminar a Álvarez, resultó ser una caja de sorpresas.
Al ser peritado por la Justicia, se determinó que había una serie de archivos eliminados que los técnicos informáticos recuperaron.
Según pudo saber este semanario, se trata de “perfiles” realizados a Molina a fines de 2017 y, con mayor énfasis, en febrero de 2018, mientras transcurrían las paritarias estatales de ese año.
Lewis había puesto en conocimiento de los fiscales del hallazgo de esa información en la audiencia de primera instancia por la constitución de querellante de UPCN en la causa seguida a los funcionarios del equipo de Sain.
En la audiencia de Cámara del último martes, realizada a raíz de la apelación de las defensas a la decisión de primera instancia de aceptar como querellante al jefe del sindicato estatal, Lewis leyó en detalle la información contenida en los “archivos eliminados”, pero recuperados.
Se trata de informes patrimoniales de Jorge Molina, su esposa, sus hijos y personas allegadas a él en UPCN. En total fueron 15 los “peinados” entre 2017 y 2018, cuando Pullaro era ministro de Seguridad.
Los informes fueron elaborados por la Subsecretaría de Delitos Económicos de la cartera. Las búsquedas, según consta en la documentación digitalizada, fueron efectuadas por personal del ministerio con sus usuarios en bases de datos abiertas y cerradas.
Por medio de esos “perfilamientos”, la gestión Pullaro supo que dos hijos de Jorge Molina, constituyeron en el año 2009, junto a otros dos socios, la firma Casiraghi SA, con domicilio en la provincia de Mendoza.
Los mismos hijos constituyeron al año siguiente Viñas del Trébol SA, también en Mendoza, dedicada al cultivo de vid para la elaboración de vinos.
También pudieron determinar los funcionarios de Pullaro que los hijos de Molina tenían 19 y 22 años cuando conformaron la primera sociedad cuyana. Dos jóvenes emprendedores.
Y supieron que un tercer hijo del jefe sindical, que trabaja en la Cámara de Diputados de la provincia y recibe pagos “alternadamente” de UPCN, se asoció con otra persona cuando tenía 21 años, en 2013, en la firma Inversiones Hoteleras SRL, para brindar servicio de alojamiento.
El 9 de febrero de 2018, por ejemplo, funcionarios de Delitos Económicos realizaron una consulta a la base de datos Nosis –a la que se accede por un módico pago mensual– por número de cuit. La búsqueda quedó registrada en la carpeta “Molina Adriana. Ver si es familiar”, eliminada del disco sorpresa.
Las deudas que Jorge Molina tenía por entonces con el Nuevo Banco de Santa Fe, el Macro y el Hipotecario, entre otras entidades financieras, también quedaron registradas en el perfilamiento, del mismo modo que los dos lotes que tenía en Desvío Arijón, uno de ellos de 15.663 metros cuadrados compartido al 50 por ciento con su pareja, Rosanna Veneziano.
Lo que se dice, un rastrillaje exhaustivo.
Sin respaldo
Lewis dijo que, a diferencia del audio con el que se pretende incriminar a Álvarez, relativo a la causa Oldani, en los “perfilamientos” realizados a Molina por Pullaro “no consta en ningún lado que hubiese investigación, ni se remiten los informes a ningún fiscal ni ningún juez”.
“Hay perfiles patrimoniales muy detallados, pero no surge que se corresponda con ninguna causa” en trámite, abundó el abogado defensor.
El representante legal de Molina en la audiencia se quejó: consideró “improcedente” la lectura de esos informes durante la audiencia de Cámara por constitución de querellante.
El fiscal Hernández, por su parte, protestó al señalar que lo que Lewis hacía era justificar el presunto accionar de sus defendidos en conductas homologables pero realizadas con anterioridad por otros funcionarios del Ministerio de Seguridad.
“Considero que lo que hicieron mis defendidos no es espionaje, porque no hay evidencia y existía una causa judicial. Lo que decimos es que los elementos que ellos están trayendo a la causa no son incriminantes para los ahora imputados, sino para los funcionarios de Pullaro”, sostuvo Lewis.
El 26 de noviembre de 2021, antes de que concluyeran los allanamientos sin orden ni testigos –según consta en el acta– encabezados por los fiscales Hernández y Jiménez a las oficinas de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, el diputado Pullaro puso en evidencia la intencionalidad político-institucional del caso al asegurar a la prensa que lo que estaba sucediendo constituía el “hecho más grave de la democracia santafesina”, porque “es una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado” con el fin de “carpetear a políticos de la oposición”.
En aquél entonces sus declaraciones fueron interpretadas como un señalamiento –precoz, por cierto– a los funcionarios de Sain que estaban siendo requisados. Es lógico, todavía no se conocían los archivos eliminados del disco rígido sorpresa, que ahora podrían poner en evidencia un posible caso de proyección en términos psicológicos.
Fuente:ElEslabon
Delitos de lesa humanidad
“El ex teniente Amelong quiere irse a su casa”, alertaron los organismos de derechos humanos al rechazar el pedido de prisión domiciliaria del represor que acumula tres perpetuas por robo de bebés, secuestros y torturas.
En la previa a la continuidad del juicio Guerrieri IV –en el que este lunes, desde las 11 comienzan las testimoniales– el Espacio Juicio y Castigo expresó su malestar por el pedido de la defensa de Daniel Amelong de arresto domiciliario. «El único lugar para los genocidas es la cárcel», reza un viejo lema de los organismos, que quieren hacer cumplir con el ex Teniente Coronel del Ejército.
“Provocador hasta el cansancio en cada instancia judicial en la que se presentó, nunca mostró señales de arrepentimiento y siempre redobló la apuesta hostigando la memoria de cada compañero desaparecido y a cada familiar que tuvo que escuchar sus palabras. Este es Amelong y ahora se quiere ir a su casa”, advirtieron desde el espacio que nuclea a organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos.
El pasado 11 de agosto, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de la defensa de Amelong, quien alega problemas de salud para irse a su casa. Pero otra sala del mismo tribunal –en lo que significaría “un escándalo jurídico” según sostienen los organismos– pretende darle el gusto al represor.
Amelong integró el Batallón de Inteligencia 121 y tuvo bajo su órbita los centros clandestinos La Calamita (en Granadero Baigorria), Quinta de Funes, La Intermedia (en La Ribera), Escuela Magnasco,Ceferino Namuncurá y la Fábrica Militar Domingo Matheu de Rosario. En juicios por delitos de lesa humanidad recibió ya tres condenas a prisión perpetua, otra a 18 años y también es juzgado actualmente en la megacausa Guerrieri IV. “Expulsado del Colegio de Abogados, título que ostentó con soberbia y burla en cada juicio que enfrentó”, recordaron desde Juicio y Castigo en un comunicado, y agregaron: “Robo de bebés, secuestros y torturas, son algunas de las atrocidades que llevó a cabo durante esos años”.
Por su parte, desde la agrupación Hijos Rosario remarcaron: “Las domiciliarias para los genocidas son impunidad encubierta. El pueblo argentino así lo manifestó evitando el fallo del 2×1 para los condenados por delitos de lesa humanidad”. Y agregaron: “Amelong nunca se arrepintió ni mostró respeto por sus víctimas y los familiares, ni siquiera por los tribunales que lo juzgaron”.
“Permitir que Amelong, un torturador y asesino varias veces condenado en juicios por delitos de lesa humanidad, tenga prisión domiciliaria, es poner en peligro al conjunto de la sociedad fallando en contra del pueblo argentino que apoya el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia”, concluye el escrito.
Fuente:RedaccionRosario
Gonnet sobrevoló el humedal y vaticinó humo para tres días más por lo menos
La ministra de Ambiente estuvo en la base de Alvear, donde se coordina el combate contra el fuego, y participó de un reconocimiento aéreo de las islas en llamas. El diagnóstico que encontró es preocupante.
Una serie de operativos se realizan en el desigual combate a las quemas en las islas entrerrianas, donde a pesar de ser varias las agencias nacionales y provinciales, en los últimos días el fuego se propagó por el Delta. Luego de haber recorrido desde un helicóptero del Ejército, la ministra de Ambiente Erika Gonnet trazó una evaluación preocupada acerca de la situación sobre los operativos en desarrollo.
A través del Ministerio de Defensa por estos días se instaló el Ejército y realizó un comando unificado de todas las fuerzas provinciales con el Grupo Albatros de la Prefectura Naval. Arribaron además brigadistas de Córdoba y del sur, y se está unificando la logística para avanzar en conjunto.
"La superficie quemada es muy amplia", dijo la funcionaria luego de sobrevolar el humedal junto a autoridades del cuerpo de Ejército que se instaló en Alvear.
“Lo que pude ver desde el aire fue cómo una columna de humo ingresa en toda la región metropolitana de Rosario, y el humo por la rotación del viento va a estar hasta pasado mañana en Rosario según el Servicio Meteorológico”, adelantó Gonnet.
También dialogó con el móvil de la radio el brigadista chubutense Andres Solís, miembro de la
Brigada Nacional Sur: “Se está trabajando en un operativo muy grande. Vamos en el helicóptero, hoy haremos una apertura de línea preventiva para evitar el avance de un foco. Vamos a trabajar en conjunto con dos destacamentos más, con herramientas manuales llegando al suelo mineral para cortar el avance del foco”.
Desmentida por un video
Sobre un video que circuló en redes sociales donde un supuesto brigadista espontáneo aseguró que quería apagar el fuego y los bomberos prendían, la ministra Gonnet precisó: “El episodio sucedió el domingo por la mañana en cercanía de la traza de la ruta a Victoria, y un grupo de voluntarios quería trabajar. Los brigadistas trabajan en georreferencia con aviones hidrantes, para indicarles dónde lanzar el agua, por lo que se les explicó que debía retirarse porque se frenaba el operativo, porque no hay manera de que se siga trabajando. Se está trabajando bien, coordinados bajo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y hay que ser respetuosos de eso”.
Detienen a un supervisor municipal por abuso sexual de una empleada
Una trabajadora en tareas de limpieza denunció a un funcionario de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana por haber abusado de ella el viernes en el edificio municipal de Riccheri al 1500. El acusado cumple funciones como supervisor.
Un empleado de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad fue detenido este lunes acusado de haber violado a una mujer que trabaja en el sector limpieza dentro del predio que se encuentra en Riccheri al 1500.
El agente arrestado, que tiene el rango de supervisor, sería imputado el próximo jueves por abuso sexual. En la investigación del caso interviene el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Ramiro González Raggio.
La denuncia fue radicada este domingo al mediodía por la víctima ante el Área de Investigación en Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rosario.
Además de la acusación por violación, la víctima afirmó haber sido acosada en reiteradas oportunidades por el supervisor, y añadió que el viernes pasado al mediodía la atacó mientras limpiaba una oficina.
El acusado, ante el conocimiento de la denuncia en curso, no acudió a trabajar este lunes, por lo que la policía, por orden del fiscal González Raggio, lo aprehendió en su domicilio de la zona oeste, cerca de Mendoza y Circunvalación.
Según información del seno municipal, la mujer agredida le contó la situación padecida a una compañera quien lo comunicó al jefe de turno. Fue entonces que se activó el protocolo del programa Telefóno Verde, de la Secretaría de Género municipal.
Fuente:RosarioPlus
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