Ecología Social. Contradicciones de
la energía verde: Argentina invierte
en proyectos extractivos para enfrentar
la crisis
Fernanda Paixão, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 21 de agosto de 2022.
Foto: Fernández con una batería de litio en la tecnológica estatal Y-Tec.
Hidrógeno verde, litio, gas y petróleo son las grandes apuestas del Gobierno para atraer capital extranjero
El presidente argentino, Alberto Fernández , visitó la primera planta piloto de baterías de litio del país en La Plata el martes (16). El proyecto se enmarca en una apuesta por el desarrollo científico y tecnológico para la diversificación de la matriz energética, por un lado, y la exportación, por otro.
“El valor del litio es muy diferente si se exporta solo como mineral que como batería”, dijo Fernández durante la visita a la nueva fábrica, al señalar que Argentina tiene la segunda reserva de litio más grande del mundo. del precio del litio».
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El proyecto forma parte de una serie de inversiones que viene realizando el país en energías renovables y mejor aprovechamiento de sus recursos, en un contexto de fuerte crisis económica. Julio registró la mayor variación mensual de inflación del año, con un aumento de precios de 7,4%.
En este sentido, Argentina busca diversificar su matriz exportadora y de generación de divisas, actualmente concentrada en las agroexportaciones. Este objetivo se persigue con la ampliación de la capacidad productiva y tecnológica para explorar fuentes energéticas contaminantes como el petróleo, el gas y los minerales, así como proyectos más alineados con la transición energética. Este escenario incluye también el trigo transgénico desarrollado en el país , aprobado en siete países para su comercialización mundial.
Es el caso de la extracción y producción de litio e hidrógeno verde, cuya regulación está en trámite para iniciar actividades.
“Desde hace mucho tiempo, pero sobre todo luego del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, la Argentina busca producir divisas y, en ese sentido, los proyectos extractivos han entrado con toda su fuerza”, señala Jonatan Nuñez. , historiador y miembro del Grupo de Estudios sobre Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Ambientalistas y sectores de la sociedad que se oponen a este tipo de proyectos advierten sobre los impactos inmediatos en los lugares donde se realizan actividades extractivas. Este es el caso de la exploración Vaca Muerta en la Patagonia, la cuarta mayor reserva de petróleo no convencional y la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo.
“Las necesidades energéticas internas de Argentina se cubren con el gas que se extrae de Vaca Muerta a través del fracking o fracturación hidráulica”, destaca Núñez. “Los precios de los hidrocarburos aumentaron con la guerra en Ucrania y, según expertos en geopolítica del gas y el petróleo, no se estabilizarán en los próximos tres años. La zona ya comenzó a tener consecuencias diarias. Cerca de la capital neuquina, los sismos se registraron que no ocurrían antes del inicio de la actividad del fracking en la región”, dice.
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Si bien el activismo ambiental y el activismo de las propias comunidades locales es persistente e incluso logra frenar algunos de estos proyectos, estos avanzan desde una perspectiva nacionalista y desarrollista, mientras se abren las puertas a las multinacionales y al capital extranjero.
“Hay empresas alemanas, americanas y francesas cuyos países de origen tienen una legislación avanzada en materia de protección ambiental, y donde no aplican determinadas técnicas, pero las aplican en Sudamérica y África”, dice Núñez. “Son países que brindan los pasos con menor valor agregado y, por lo tanto, utilizan el discurso desarrollista, como el implementado en Argentina”.
inversión en litio
Como mineral esencial para la producción de baterías para dispositivos eléctricos, el litio está en el centro de la transición energética en términos de movilidad y transporte eléctrico. Por ello, la inversión en litio ha aumentado notablemente en Argentina en los últimos años.
La construcción de la usina en La Plata contó con una inversión de 770 millones de pesos (cerca de R$ 29 millones) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la universidad pública nacional de La Plata y Y-Tec, empresa de tecnología propiedad de YPF, en su mayoría Empresa petrolera estatal argentina.
También hubo crecientes anuncios de inversión extranjera para la construcción de fábricas y aumento de la producción de litio, con capitales franceses, chinos y estadounidenses. Es el caso de la francesa Eramet y la siderúrgica china Tsingshan, que anunciaron una inversión de US$ 400 millones para una planta de litio en la provincia de Salta. La minera china Zijin Mining Group destinará US$ 380 millones a una planta de carbonato de litio en Catamarca.
Argentina, Bolivia y Chile cuentan con cerca del 60% de las reservas mundiales de litio, formando el llamado Triángulo del Litio. Los tres países abrieron discusiones para decisiones horizontales sobre el mineral con el Foro Permanente de Diálogo Técnico sobre Innovación, Desarrollo Tecnológico y Agregación de Valor al Litio en junio de este año. El foro es promovido por la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
México y Brasil, con menores reservas, también están invirtiendo en exploración de litio.
Parte del avance tecnológico apunta a proyectos de energías renovables, como la extracción y producción de baterías de litio, e hidrógeno verde. Durante la COP26, en 2021, la minera australiana Fortescue anunció una inversión de US$ 8.400 millones en Argentina hasta 2028 para un proyecto de producción de hidrógeno verde, en el sur del país, en Río Negro.
Hidrógeno verde: ¿combustible del futuro?
El hidrógeno es un elemento químico abundante en la naturaleza, pero para ser utilizado como combustible, debe separarse de la molécula de agua. Cuando se obtiene de forma tradicional, con gas natural, su producción es altamente emisora de dióxido de carbono (CO2); El hidrógeno verde se extrae con electricidad generada por energías renovables, como la eólica o los paneles solares.
Por eso se le llama el “combustible del futuro”, como dijo el propio presidente Alberto Fernández durante la COP26 en Glasgow.
El hidrógeno verde es especialmente útil para el transporte pesado, como camiones, aviones y barcos, y para las industrias química, de calefacción y siderúrgica.
Multinacionales mirando al sur global
El desarrollo de tales proyectos depende y busca capital extranjero. La entrada de multinacionales en los territorios del sur global que guardan recursos de interés del norte global ilustra un escenario de sujeción al capital, pues se eluden normas que establecen la necesidad de consultar a la población, especialmente a la local, sobre la explotación de los mismos. territorios. .
“Con todos estos proyectos de minería, litio e hidrógeno verde, que involucran empresas chinas, norteamericanas y otras, lo que está haciendo Argentina es contribuir a la transición energética de estos países”, enfatiza el biólogo y filósofo argentino Guillermo Folguera. “Además, es necesario cuestionar la magnitud de esta transición. Las discusiones sobre el cambio a vehículos con batería de litio no incluyen una perspectiva estructural”, dice.
“Claro que los gases de efecto invernadero están mostrando el nivel irreversible de daño a nuestro planeta, pero veo claramente una estructura epistémica: la idea de construir la crisis climática como un problema global del que saldremos con el sacrificio de algunas comunidades. «, él dice.
Efectivamente, estas áreas tienen un nombre en contextos de extractivismo y diferentes formas de explotación, y se denominan “zonas de sacrificio” .
Jonatan Nuñez, quien ha investigado la capa del presal en Brasil, destaca los posibles paralelismos en términos de exploración de territorios en América Latina siguiendo los ciclos políticos de la región.
“En 2010, una ley en Brasil otorgó a Petrobras facultades para explorar el presal y las concesiones a terceros se regían por cláusulas muy estrictas. Argentina, también en un ciclo político que sigue a Brasil y otros países de la región en este momento, expropia [nacionaliza] YPF en 2012, también con el objetivo de explotar soberanamente a Vaca Muerta”.
“En 2016, con la destitución de Dilma [Rousseff], días después se cambió la ley petrolera. En el mismo año, con la toma de posesión de Mauricio Macri, también se modificaron una serie de reglamentos para la exploración. La primera etapa de desarrollo fue preparada por el estado o semiestatales y, a partir de 2016, fue notable el aumento de la presencia de empresas multinacionales”, dice el historiador, al señalar que, en el caso de Brasil, la presencia mayoritaria fue de la británica Shell.
La complejidad de la discusión abre, entonces, interrogantes sobre el posible sometimiento económico y territorial del sur global a la extracción de los llamados recursos naturales, pues el contexto global ya anuncia poco margen para continuar con la explotación de la naturaleza.
“Nos metimos en una discusión rara en la que la dicotomía pasa a ser ‘empresa nacional o internacional’, en que las multinacionales son malas, pero celebramos la explotación de las empresas nacionales”, apunta Guillermo Folguera. “Todo un lío que pasa por alto el punto más importante, que es: ¿para qué? ¿Por qué la Argentina va a exportar trigo HB4, por ejemplo, transgénico? ¿Por qué sería una buena noticia? El discurso desarrollista busca naturalizar y silenciar estos temas”, él dice.
Montaje: Thales Schmidt
Prensa brasileña: EEUU bloquea
avión venezolano en Argentina,
incitando crisis diplomática
Por Lucas Estanislao, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 21 de agosto de 2022.
Aeronaves de carga venezolanas bloqueadas por sanciones estadounidenses; Relaciones Caracas-Buenos Aires podrían verse afectadas.
El secuestro de un avión de carga perteneciente a Venezuela en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, por orden de la justicia argentina, se ha convertido en el episodio más reciente de bloqueo de mercancías venezolanas en el exterior por las sanciones impuestas por EE. recién -Reanudación de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Alberto Fernández.
El Boeing 747 de Emtrasur, empresa encargada del transporte de carga que pertenece a la aerolínea estatal Conviasa, tiene prohibido salir de Argentina desde el 8 de junio. La justicia porteña, que hasta el momento no ha encontrado irregularidades en la aeronave ni en la tripulación, justifica la retención del avión en virtud de un tratado de cooperación judicial con EE.UU.
Durante los más de dos meses que la aeronave lleva detenida en el aeropuerto de Ezeiza, el juez de la corte de Lomas de Zamora, Federico Villena, ha impedido la salida del país de la tripulación y permitido que se realicen inspecciones a la carga de la aeronave. incluidos los agentes del FBI .
La colaboración de los órganos judiciales argentinos con EE.UU. culminó con la incautación de la aeronave a pedido de un tribunal de Columbia, Washington, el 11 de agosto. El tribunal estadounidense alega que Conviasa habría «eludido las sanciones» al comprar el avión a la empresa iraní Mahan Air, ya que ambas empresas están sancionadas por EE.UU.
En entrevista con Brasil de Fato , la abogada venezolana Olga Álvarez dice que la detención de la aeronave es ilegal, ya que no violó ninguna ley argentina ni protocolo internacional y es considerada irregular solo por las sanciones unilaterales de Estados Unidos.
“La justicia argentina se ha sometido, con renuncia a su propia soberanía, a leyes que son extraterritoriales, que no tienen efectos fuera de los Estados Unidos, y que, además, responden a intereses perversos ya cuestionados por organismos internacionales vinculados a las Naciones Unidas, que tipifican como coercitivas medidas unilaterales como crímenes de lesa humanidad”, dice.
El caso ha tensado las relaciones entre Caracas y Buenos Aires, que han dado sus primeros pasos hacia la normalización en los últimos meses. El gobierno venezolano protesta contra las decisiones de la justicia argentina y exige la liberación de la aeronave y su tripulación. Mientras tanto, los miembros del gabinete de Fernández han tratado de aliviar las tensiones entre los países, diciendo que el episodio no constituye una crisis diplomática.
El embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, quien asumió hace menos de un mes, llegó a decir recientemente que la incautación de la aeronave sería una operación de «opositores al campo popular» y que tendría como objetivo «perjudicar las relaciones entre Argentina y Venezuela y el crecimiento de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)”, actualmente presidida por Argentina.
Para la coordinadora de la Red en Defensa de la Humanidad en Argentina, Paula Klachko, a pesar de las «interesantes posiciones» adoptadas por Fernández en el contexto de la integración regional, como oponerse al bloqueo de EE.UU. a Venezuela, el gobierno argentino no está actuando como debería para proteger el avión venezolano.
“La llegada de este gobierno, que incluía en su programa la necesidad de reconstruir la integración latinoamericana y una postura soberana hacia Estados Unidos, era una esperanza, pero el hecho de que el país sea parte del bloqueo que Estados Unidos dirige contra Venezuela en este caso el avión nos cae como un balde de agua fría”, evalúa.
¿Por qué el avión está bloqueado en Argentina?
El avión de Emtrasur aterrizó por primera vez en Argentina el 6 de junio, procedente de México, trayendo autopartes. El plan inicial de la tripulación era repostar la aeronave y regresar a Venezuela, pero se negó el combustible en suelo argentino. Dos días después, el Boeing venezolano se dirigía a Uruguay, donde se había prometido la liberación de suministros. Durante el vuelo, sin embargo, las autoridades uruguayas decidieron negar el ingreso del avión a su territorio, lo que obligó a la tripulación a regresar a Argentina.
Fue entonces, el 8 de junio, que se retuvieron los pasaportes de los 19 tripulantes y se inspeccionó la carga por primera vez. Desde entonces la aeronave no puede salir del aeropuerto de Ezeiza.
Las primeras justificaciones de la Justicia argentina para retener el avión venezolano surgieron de denuncias planteadas por diputados de la derecha argentina, por la Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA) y por la Delegación de Asociaciones Argentinos Israelíes (DAIA). Según ellos, los tripulantes tenían vínculos con el atentado contra el edificio AMIA ocurrido en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos.
Los cargos se basan en el hecho de que 5 de los 19 tripulantes del avión son iraníes. Históricamente, Argentina, EE.UU. e Israel acusan a Irán de haber actuado junto al grupo armado libanés Hezbolá en la realización del atentado, aunque las agencias de inteligencia han descartado la participación iraní durante las investigaciones.
Según Álvarez, estas denuncias de la fiscalía y de sectores de la política argentina constituyen una falsa justificación para permitir que Estados Unidos bloquee y se apodere de un activo que pertenece al Estado venezolano.
“Fue un falso pretexto, un falso positivo, un simulacro para justificar la detención de la aeronave, alegando supuestas actividades terroristas que nunca han sido ni serán probadas. Es una persecución, un caso de lawfare, como los que se cometen en Brasil. y también en Argentina contra opositores políticos, porque este caso también tiene un carácter político”, dice el abogado venezolano.
Tras el decomiso de la caja negra del avión, los documentos y los teléfonos celulares de los tripulantes, las autoridades argentinas no pudieron encontrar irregularidades en la aeronave, su carga o su tripulación, además de que no hubo alerta de organismos internacionales de control como la Interpol.
Además, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, Agustín Rossi, aseguró , aún en junio, que los tripulantes iraníes eran instructores de aviación que acompañaban a los profesionales venezolanos durante el vuelo y que el caso era una «operación para generar desgaste y desgarrar al gobierno» de Fernández. La información también fue presentada por el equipo de defensa días después.
Dos semanas después de que el avión aterrizara en el país, las acusaciones ya estaban perdiendo fuerza cuando, el 21 de junio, la fiscal a cargo del caso, Cecilia Incardona, presentó un nuevo dictamen al juez Villena y le pidió al tribunal que profundizara la investigación, alegando que la existencia de un presunto vínculo de uno de los pilotos iraníes, Gholamreza Ghasemi, con «organizaciones terroristas». Lo que argumentó la fiscalía fue que Ghasemi estaba en el directorio de una compañía de aviación de carga iraní que servía a las Fuerzas Quds, una división especial de la Guardia Revolucionaria de Irán, una rama de las Fuerzas Armadas iraníes que Washington considera una «organización terrorista».
La defensa de la tripulación, por su parte, alega que se trata de un homónimo, es decir, dos personas con el mismo nombre, y garantiza que Ghasemi nunca trabajó para la citada empresa ni prestó servicios al Ejército iraní.
Avión venezolano de Emtrasur está varado en suelo argentino desde el 8 de junio / AFP
Las nuevas acusaciones presentadas por la fiscalía obtuvieron el apoyo de varios parlamentarios de la derecha argentina, asociaciones israelíes e incluso de la embajada de Israel en el país. Un grupo de senadores republicanos estadounidenses formado, entre otros legisladores, por los ultraderechistas Marco Rubio y Ted Cruz, llegó a enviar una carta al fiscal general estadounidense, Merrick Garland, pidiendo al Departamento de Justicia que se involucre en el caso y «ayude prontamente» Argentina a investigar el avión venezolano.
A mediados de julio, cuando el avión llevaba más de un mes detenido en el país, un tribunal del Distrito de Columbia, en Washington, emitió una orden de incautación contra la aeronave alegando que las empresas venezolana e iraní habían «violado las sanciones». negociar la venta del Boeing. La decisión marcó la entrada oficial y pública de Estados Unidos en el caso.
El juez Federico Villena incluso ordenó la liberación del cargamento y la devolución de los pasaportes de 12 tripulantes, permitiéndoles salir del país, pero la decisión fue impugnada por la fiscalía, lo que paralizó nuevamente el proceso.
El 2 de agosto, el Departamento de Justicia de EE. UU. reforzó la orden de la corte de Columbia y solicitó nuevamente la incautación de la aeronave con base en la supuesta «violación de sanciones» por parte de la venezolana Conviasa y la iraní Mahan Air, solicitud que fue aceptada por el juez. Villena el día 11 de este mes. La decisión fue justificada por la justicia argentina en virtud de un tratado de cooperación judicial firmado en 1991 entre Estados Unidos y Argentina.
Según la abogada venezolana Olga Álvarez, el uso de tal tratado no debería tener validez legal, ya que los delitos alegados por la corte estadounidense “no tienen carácter criminal, sino político”.
“Desde el punto de vista de Estados Unidos, incluso puede ser que evadir una de sus sanciones unilaterales sea un acto de rebelión ilegal, pero eso no es un delito bajo la ley argentina, ni bajo la ley venezolana, ni bajo la ley internacional”, agregó. explicó el abogado.
La decisión del juez argentino aceleró las protestas en Caracas y provocó manifestaciones negativas de la diplomacia iraní sobre el caso, que catalogan la medida como «un secuestro» y piden la liberación inmediata de la aeronave y su tripulación.
Sobre el riesgo de que el avión sea extraditado a EE.UU. tras la incautación decidida por las autoridades argentinas, Álvarez dice que sería «una barbaridad» que solo se puede evitar con la resolución diplomática y política del caso.
“Este es un caso de persecución política que ha sido judicializado y, por tanto, la salida debe ser diplomática y política. [Se podría producir una extradición del avión a Estados Unidos], con consecuencias diplomáticas. Es posible que Estados Unidos obtenga una victoria ilegal de este tipo, pero tendrá consecuencias políticas y diplomáticas si no se corrige a tiempo una aberración como esta”, dice.
Venezuela y Argentina: diplomacia o bloqueo
Las protestas de Venezuela provinieron del gobierno, sindicatos y movimientos populares. Días antes de que el juez argentino aceptara el pedido de incautación del avión venezolano, se realizó una marcha en Caracas para pedir no solo la devolución de la aeronave, sino también otros bienes del Estado bloqueados en el exterior, como la refinería Citgo y las reservas de oro en el Banco de Inglaterra.
El 11 de agosto, el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, acompañado de una representación de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, se reunió con el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, para entregarle un documento firmado por los trabajadores de Conviasa pidiendo la liberación del avión. y tripulación.
Velásquez también pidió a Laborde reunirse con su homólogo argentino, el ministro Alexis Guerrera, para «evaluar juntos cuál es la situación y buscar la mejor alternativa».
El diputado chavista Pedro Carreño también se reunió con el embajador argentino y presentó una resolución aprobada por el Parlamento de Venezuela que exige la devolución de la aeronave. “No dudamos de la disposición del gobierno argentino y creemos en la palabra del embajador, aunque sabemos cómo opera el imperialismo”, dijo entonces el parlamentario.
Laborde, por su parte, calificó el encuentro como «un encuentro sincero», pero expresó al diputado su descontento con las declaraciones de Carreño sobre el presidente Alberto Fernández. “Este tipo de situaciones dificulta fortalecer las relaciones bilaterales y el proceso de integración que necesita Pátria Grande”, dijo Laborde.
El diplomático se refería a un discurso pronunciado por Carreño en el Parlamento venezolano días antes, en el que calificó al presidente argentino de «títere del imperialismo». “[Queremos] exigirle al gobierno argentino la devolución del avión, que es venezolano, y decirle al presidente Fernández que demuestre si es un títere del imperialismo o si realmente gobierna este país”, dijo el parlamentario.
El secuestro del avión venezolano en Argentina se convirtió en el primer incidente diplomático entre ambos países desde que Laborde presentó sus credenciales para asumir como embajador en Venezuela el pasado 25 de julio. El acto sirvió para formalizar un proceso de normalización de relaciones entre Caracas y Buenos Aires que había sido prácticamente roto por el expresidente Mauricio Macri durante su gestión.
Pese al silencio por parte del presidente argentino Alberto Fernández, el embajador del país dio señales de que el gobierno peronista no está de acuerdo con las medidas adoptadas por la Justicia. En una entrevista con la radio AM750 de Argentina el pasado martes (16), Laborde afirmó que los tripulantes del avión venezolano están retenidos «sin nada que pueda desacreditarlos» y destacó que el caso podría ser «una operación del adversario del campo popular». «.
“También existe el entendimiento de que esto amenaza con dañar una relación que se ha recuperado recientemente entre Argentina y Venezuela y también contra el crecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos [CELAC]. […] Para nosotros es natural pensar que muchos opositores que no quieren esta situación exageren y griten por el tema del avión”, dijo el embajador.
Para la coordinadora de la Red por la Defensa de la Humanidad en Argentina, Paula Klachko, la incautación del avión podría ser una operación para frenar el acercamiento entre ambos países, aunque el gobierno de Fernández debería tomar medidas más contundentes sobre el caso.
“Parte de esto tiene que ver con la intención de Estados Unidos de romper estas relaciones que se estaban reconstruyendo, aunque sea con retraso, pero en un buen momento y de manera sólida. El problema es que los representantes del gobierno se quejan de esta situación, pero no «No actuar. Parecen querer ganar tiempo retrasando la resolución, pero esto ya se está volviendo insostenible. La tripulación sigue aquí, secuestrada. Es una vergüenza internacional», evalúa Klachko.
Montaje: Thales Schmidt
Los dueños del fuego: quiénes están
detrás de los incendios en el Delta
Por: Gastón Rodríguez*, Resumen Latinoamericano, 21 de agosto de 2022.
Ya hay más de 95 mil hectáreas de humedales quemadas. La pamperización del Delta y la entrega de tierras públicas en favor de privados que las utilizan para agroganadería. Por qué queman en agosto. Las denuncias al dueño de los jugos Baggio y a familiares de intendentes.
Un apellido que resulta familiar de tanto verlo en mesas y góndolas. Un intendente de la zona que también es ganadero y que invita a pensar que no es ajeno a la práctica extendida de quemar campos para renovar pasturas. Empresas que ocultan socios, cargos y reputaciones, pero a la vista de todos provocan un desastre ambiental. Muchos de los responsables de los incendios en las islas del Delta de Paraná –el mismo humo que llegó al AMBA y que motivó la intervención de las Fuerzas Armadas– ya están identificados, algunos hasta tuvieron que dar explicaciones ante la Justicia. Ninguno, por ahora, recibió un castigo ejemplar.
“El agronegocio está usando al territorio del PIECAS (en referencia al Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta) como zona de sacrificio. Los incendios expresan la expansión compulsiva de la frontera agrícola ganadera sobre el humedal. Más allá de algunos procesamientos e indagatorias, en gran medida se trata de corporaciones o sociedades que la única lógica que tienen es la del negocio”, explica Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas y miembro de la Multisectorial Humedales Rosario.
“La mayoría de estas personas jurídicas –continúa– son establecimientos ganaderos que utilizan la práctica del fuego para la renovación de la pastura. No estamos hablando de gente que realiza agricultura familiar y que tiene la lógica del arraigo, sino de empresarios como el caso de Baggio, que ni siquiera residen en la zona, pero convierten al humedal en una zona productiva ganadera”. Según un informe que la Municipalidad de Rosario presentó a la Justicia, en los dos últimos años detectaron que en 10 puntos del Delta se iniciaron hasta 59 incendios.
En junio de 2020, el Juzgado Federal N°2 de Paraná, en Entre Ríos, inició una causa contra Rufino Pablo Baggio, “Pino” para los íntimos, uno de los hijos del fundador de la empresa reconocida por comercializar, entre otros productos, los jugos en cajitas. También es dueño de más de 30 mil hectáreas de campo sobre las islas del Delta que, según los registros satelitales, suelen prenderse fuego. El propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, le pidió públicamente a la Justicia entrerriana un “disciplinamiento” para el heredero con el objetivo de “desalentar los focos”.
Además de Baggio, Ambiente también es denunciante en otras dos causas penales que investigan quemas intencionales en las ciudades entrerrianas de Diamante y Victoria ocurridas durante abril, junio y julio pasados. Como todavía no se logró identificar a los autores, el expediente duerme en los despachos de los fiscales.
El periodista rosarino Juan Chiummiento publicó un mapa interactivo del Delta medio del Paraná cruzando datos catastrales de propietarios de campos con imágenes satelitales de los focos activos. Así surgió que la familia del intendente de Victoria por JxC, Domingo Maiocco, es dueña de más de 10 explotaciones agroganaderas. “Existe una pamperización de los humedales porque el modelo sojero desplazó la actividad ganadera hacia zonas bajas. En las islas siempre hubo una ganadería de muy baja escala, pero desde 2007 aumentó exponencialmente la cantidad de cabezas de ganado en la zona y por ende el abuso del uso del fuego. Fue una herramienta de manejo del pajonal, ahora es una herramienta de aniquilación”, remarca María Fernández Benetti, de la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM).
Según los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario (SENASA), solo en los últimos cinco años la cantidad de ganado en las islas creció casi un 50% con el consecuente aumento de los pedidos de permisos de explotación. “Lo que te dicen los ganaderos –agrega Micheloud– es que las quemas son tradicionales, lo cual no implica que sean legales. Sabemos que los autores materiales pueden ser peones, puesteros o perejiles, pero la Justicia debería investigar y llegar a los autores intelectuales. Ahí está la clave. La discusión de fondo son los modelos productivos absolutamente incompatibles con la salud de los humedales”. Cabandié habló de «la avaricia del sector productivo, que en vez de esperar que se renueven naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo, queman pajonales, pasturas para renovarlas antes de las lluvias de primavera». Un tercio de los 9350 focos iniciados en el Delta durante 2022 ocurrieron solo en agosto.
Foto: Sebastian Granata / Télam
Tierra pública, ganancia privada
Mientras la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) confirmaba que hasta el jueves pasado se habían quemado de 95 mil hectáreas del Delta del río Paraná y daba cuenta, además, de la presencia de aerosoles y otros contaminantes en el aire de la región, el SENASA respondía un pedido de información pública del diario La Capital de Santa Fe: revelaba que el gobierno de Entre Ríos es titular de 76 establecimientos –con una superficie total de 83.925 hectáreas– donde funcionan 523 unidades productivas vinculadas a la ganadería.
“El 80% de las tierras del Delta es entrerriana y de ese porcentaje solo una parte menor es privada. Una de las cosas de las que nadie habla, o se habla a media voz, es que la mayoría de las tierras que se están incendiando son de dominio público provincial, o sea que no pueden tener dueños. Entre Ríos no tiene una ley que regule la tierra pública por lo que durante años fueron otorgadas a dedo por los políticos”, denuncia Fernández Benetti.
“La tierra de dominio público –completa– no puede ser vendida ni arrendada; lo que te pueden dar son permisos de uso gratuito u oneroso. Por ejemplo, las Islas de las Lechiguanas, en el departamento de Gualeguay, están prendidas fuego. Allí hicieron terraplenes para la explotación ganadera, pero ¿quién dio ese permiso? Si pagan algo, ¿dónde va esa plata? ¿Están usurpadas? ¿Por qué la provincia no las recupera?”.
La abogada aclara que los usurpadores de las tierras del Delta no son los isleños históricos, contemplados como pobladores nativos, sino “las enormes explotaciones ganaderas que están pulverizando todo. La propiedad de la tierra es clave para entender la demora del gobierno de Entre Ríos en dar información sobre los titulares reales; no quiere abrir el catastro (un censo de la propiedad inmobiliaria) no solamente para encubrir a los dueños privados, sino para dejar en una nebulosa su gestión de la tierra pública”.
Micheloud aporta: “todas las organizaciones del tercer sector estamos compulsando información, pero hay muy poca en lo que refiere a cómo se fueron dando las autorizaciones para realizar estas actividades». Y concluye esperanzado: “ojalá que este ecocidio sea el punto de inflexión para que Argentina finalmente tenga una Ley de Humedales y el Delta deje de ser una zona liberada a los negocios agropecuarios e inmobiliarios”. «
Acciones legales «por atentado contra la naturaleza»
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está analizando la posibilidad de «iniciar directamente a los dueños o a quienes trabajan en los lugares donde se inician los incendios en las islas del Delta del río Paraná, adelantó el viceministro de esa cartera, Sergio Federovisky.
En declaraciones al canal de noticias C5N, el funcionario sostuvo que «prácticamente la totalidad de los incendios en la zona son intencionales» e insistió en la responsabilidad de la Justicia para investigar los casos.
En tanto, tres de los acusados por los incendios en el Delta seguirán detenidos luego de declarar ante la Justicia entrerriana. Se trata de un hombre de 54 años y sus dos hijos de 18 y 22, todos oriundos de Santa Fe y acusados de realizar quemas intencionales en la isla «Del holandés» a la altura de Arroyo Seco, a unos 32 kilómetros de Rosario.
El pasado lunes, un cuarto hombre fue apresado por personal de la Agrupación Albatros y de la Prefectura de Victoria al momento de comenzar un incendio.
Foto: Sebastian Granata / Télam
Humedales: entre la ley que no sale y los 300 años que tardarán en recuperarse
Según denuncian especialistas y autoridades de la región, las quemas se realizan, en la mayoría de los casos, con el objetivo de preparar el terreno para distintas actividades que van desde negocios inmobiliarios hasta la producción agrícola y ganadera. Dos cuestiones parecen quedar claras con los nuevos fuegos en el Delta: la necesidad de que la Justicia investigue a los culpables, y exista una la Ley de Humedales.
Es uno de los pedidos que sostiene desde hace tiempo la denominada Multisectorial Humedales, con base en Rosario y conformada por distintas organizaciones de la sociedad civil. Lo acompaña con una campaña de recolección de firmas que lleva reunidas más de 750.000 adhesiones (<Change.org/PorLosHumedales>). El proyecto a ser debatido perdió estado parlamentario y volvió a ser presentado este año, aunque aún no hay certezas de que el recinto la trate.
«El Servicio Nacional del Manejo del Fuego tiene chequeado que el 95% de los incendios son intencionales. Nosotros agregamos que son intencionales con el propósito de expandir la frontera agrícola ganadera en el humedal, la pampeanización del humedal del Delta», aseguró a Télam Lucas Micheloud, integrante de la Multisectorial y referente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Advirtió que «el daño ambiental es enorme, de escala colosal», ya que los sistemas productivos actuales son «incompatibles con la salud de los ecosistemas». Remarcó que la ley «va a permitir tener un ordenamiento del territorio del Delta del Paraná con una mirada profundamente federal y adaptando cada jurisdicción para buscar un equilibrio de estos ecosistemas».
«Vamos a necesitar entre 300 y 400 años para recuperar el humedal que teníamos», estimó Paola Peltzer, doctora en Ciencias Naturales y profesora adjunta de la cátedra de Ecología de la Restauración de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su colega, Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, acotó: «Estamos hablando de consecuencias ambientales muy grandes porque no podemos reemplazar a los humedales por cultivo, es una locura. Sin los humedales el tipo de clima que tenemos se alteraría y cambiaría todo el ciclo biológico de un montón de especies».
Cabandié y Alberto Fernández: modelo productivo y Fuerzas Armadas
El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, sobrevoló el viernes la zona afectada. Sostuvo que «hay varias cuestiones» que hacen a la problemática, «que principalmente está atravesada por factores climáticos, pero también por factores productivos».
«Tenemos que irnos al año 94, cuando Argentina toma el modelo sojero y empieza a capitalizar cada vez más el monocultivo y en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, cuando la soja expulsó al ganado del continente a las islas del Delta del Paraná. Estamos hablando de dos millones de hectáreas, principalmente de Entre Ríos», detalló.
«Lo que sucede es que la avaricia del sector productivo. Esta es la razón principal, hay algo vinculado también a proyectos inmobiliarios, quemar para preparar la tierra, un cambio de suelo con futuro de proyectos inmobiliarios, pero el 90 por ciento es quema de pajonales para extender la superficie de pastura del ganado. Estamos muy lejos de discutir el modelo productivo que es dañino por varias cuestiones». «Aca hay culpables, hay 100 o menos delincuentes que están perjudicando a 5 millones de personas. Entonces, si queremos analizar esta problemática desde la perspectiva ambiental, haganlo, pero esto es un tema productivo, tiene consecuencias ambientales pero las razones de porqué tenemos estos fuegos, es un tema productivo», concluyó.
Ayer también se refirió a los incendios el presidente Alberto Fernández. Lo hizo por redes sociales, donde aseguró: «No podemos tolerar que continúe habiendo incendios en el Delta que afectan al ambiente y a la salud de millones de argentinos y argentinas. No vamos a permanecer pasivos ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos».
Anunció que dispuso «la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas para frenar los incendios. Activamos el Comando Conjunto de Zona de Emergencia de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires».
Comenzó a trabajar en las últimas horas «la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias y un equipo de asesores militares», quienes están «evaluando la situación y organizando las tareas de apoyo». Y completó: «El Ministerio de Ambiente ya ha realizado las denuncias correspondientes y está colaborando con la Justicia para determinar responsabilidades. El Estado debe estar presente para proteger a los argentinos y argentinas».
El vengador de Trelew
Por Ricardo Ragendorfer¨*, Resumen Latinoamericano, 21 de agosto de 2022.
Durante el atardecer del 15 de agosto de 1972, siete hombres corrían por la pista del aeropuerto de Trelew para subir a un avión de la compañía Austral. Uno de ellos lucía uniforme de teniente del Ejército.
Este, al atravesar la escotilla, sintió sobre su sien el caño de una pistola y, sin pronunciar palabra alguna, alzó los brazos.
Quien lo apuntaba estuvo a punto de volarle la tapa de los sesos. Pero otro de los recién llegados, gritó:– ¡Pará, «Gallego»! ¡Es el «Vasco»!–.
El Gallego, quien entonces bajó el arma, era Víctor Fernández Palmeiro, e integraba la dirección militar del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Y el Vasco, quien entonces soltó una bocanada de alivio, era Fernando Vaca Narvaja, e integraba la Conducción Nacional de Montoneros. Su disfraz había sido el motivo de aquella confusión casi fatal.
La voz que le salvó el pellejo era la de Mario Roberto Santucho, el jefe máximo del ERP. También estaban allí dos de sus cuadros: Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna; los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, además de Carlos Goldemberg, Ana Wiesen, ambos de las FAR, y Alejandro Ferreira Beltrán, del ERP.
Los seis primeros acababan de fugarse del penal de Rawson. El resto, junto al Gallego, era parte del apoyo externo a la evasión.
Seguidamente, guardaron la llegada de un segundo grupo de fugados. Los minutos pasaban. Y la nave secuestrada no podía permanecer allí por más tiempo. Al final despegó.
De modo que, después, otros 19 guerrilleros que habían huido del penal, quedaron varados en el aeropuerto. Y se entregaron.
Mientras tanto, el avión volaba hacia la ciudad chilena de Puerto Montt.
Rapsodia chilena
El país trasandino era gobernado por Salvador Allende. Para él, ese asunto fue embarazoso, dadas las presiones del bloqueo impulsado por Estados Unidos. Debido a tal razón, malograr las relaciones con Argentina, cuyo presidente era el general Alejandro Lanusse, no resultaba muy aconsejable. Por lo tanto, sus opciones eran dos: acceder a la extradición exigida por el dictador o conceder a los guerrilleros el asilo y un salvoconducto para viajar a Cuba, como ellos solicitaban. En tanto, permanecían alojados en una sede policial de Santiago.
Aquel fue el contexto en el cual llegaron los abogados Gustavo Rocca, Mario Amaya y Eduardo Luis Duhalde. Era la mañana del 22 de agosto.
Entonces trascendía que, en la base naval Almirante Zar de Trelew, los otros 19 guerrilleros habían sido fusilados. Se trataba de Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Mario Emilio Delfino, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Lea Place, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart, Mariano Pujadas, Ana María Villarreal de Santucho (esposa del líder del ERP), María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar. Los últimos tres lograron sobrevivir a sus heridas.
«La situación no pudo ser más dramática», diría Duhalde, a casi 39 años de los hechos, con los ojos clavados en una fotografía enmarcada. Fue durante una conversación con quien esto escribe.
La escena transcurría en su oficina del edificio de la calle 25 de Mayo, desde donde, a partir de 2003, comandaba la política de Derechos Humanos del gobierno kirchnerista. En aquella habitación atiborrada con retratos, afiches y libros, él solía matizar dicha tarea con inolvidables tertulias. Ahora, sus dedos recorrían esa fotografía. Se trataba de una imagen agrisada con tres siluetas: la suya –peinado a la gomina, con bigote y sin barba–, junto a las de Osatinsky y Quieto en el Chile de entonces.
Y prosiguió con su relato, ubicándolo en ese martes, cuando tuvo que comunicar la maldita noticia a los fugados. «Ellos –dijo– estaban en un salón amoblado con una mesa muy larga. ‘Robi’ (como todos llamaban a Santucho) estaba sentado en la cabecera. Yo, como pude, les informé sobre la masacre, antes de enumerar los nombres de los muertos. Cada uno reaccionó de manera diferente. Hubo gritos, llantos y puteadas. Robi puso sus brazos sobre la mesa, los cruzó para apoyar la cara y quedó así por más de dos horas, sin pronunciar una sola palabra. Quedó como petrificado, mientras, a su alrededor, los gritos llenaban el cuarto. Pocas veces vi una escena tan desgarradora. Aún hoy no sé qué fue más conmovedor: si el llanto y los gritos o el silencio y la inmovilidad de Santucho».
En medio de tales circunstancias, la incertidumbre acerca de sus propios destinos se prolongaría hasta el viernes.
«Todo se resolvió de una manera inesperada, durante un almuerzo en La Moneda con Allende y su gabinete en pleno –contaría Duhalde–. Porque, a los postres, él tomó la palabra. Su cara irradiaba una seriedad ambigua. Entonces, dijo: ‘Chile no es un portaaviones para que se lo utilice como base operativa. Porque Chile es un país capitalista con un gobierno socialista. Y para mí todo es realmente muy difícil’. Rocca, Amaya y yo nos hundíamos cada vez más en nuestras sillas. Y Allende, tras un instante de silencio que nos pareció eterno, continuó: ‘La disyuntiva es devolverlos o dejarlos presos’. Únicamente atiné a desviar la mirada hacia Rocca; ambos habíamos palidecido. En aquel instante, Allende fundió un puñetazo sobre la mesa con la siguiente frase: ‘¡Pero este es un gobierno socialista, mierda, así que esta noche los muchachos se van a La Habana!’. Así lo dijo».
Poco antes de partir hacia la capital cubana, Santucho fue visitado por Beatriz Allende, la hija mayor del mandatario. Sus palabras fueron: –Mi padre te envía su pistola, pa’ que te defendai. Lamenta mucho lo de tu compañera. Dice que no comparte el camino que elegiste, pero que jamás te olvides de ser fiel a tus ideas. Y que te abraza.
En aquel mismo instante, los ojos de los allí presentes se clavaron en la pantalla de un televisor que retransmitía un tape originalmente emitido por el Canal 7 de Buenos Aires con la versión oficial de la masacre. Su portavoz, un jerarca de la Armada, resumió la cuestión con tono cuartelero:
«Se abrió fuego a raíz de la tentativa de evasión del grupo subversivo alojado en la ase Almirante Zar. En el enfrentamiento armado no hubo bajas entre el personal naval». La Historia probaría la falsedad de sus dichos.
Se trataba del contralmirante Hermes Quijada.
Al escrutar su rostro, los ojos del Gallego adquirieron un extraño brillo.
El último whisky
Nacido en España a fines de 1946, era hijo de republicanos que emigraron a la Argentina unos años después. De allí su apodo. Ya en su juventud encontró trabajo como obrero metalúrgico y, luego, en un frigorífico.
A los 15 años se sumó a la «Fede», el ala juvenil del Partido Comunista (PC). Luego probó suerte en una agrupación adscripta al maoísmo local hasta recalar finalmente en el ERP. Ahora era uno de sus cuadros militares.
Exactamente un año atrás había terminado en la cárcel de Villa Devoto tras un intento de secuestro al general Julio Alsogaray. Pero casi cinco meses más tarde, haciéndose pasar por su hermano durante una visita, puso los pies en polvorosa. Así pasó a ser uno de los prófugos más buscados del país.
El tipo se movía en la clandestinidad como un pez en el agua, incluso desatendiendo los criterios de seguridad del ERP. Por ese motivo su vínculo con Santucho era, por momentos, tenso.
A ello, ya en La Habana, se le sumó el encarnizado debate acerca de la postura a tomar ante una fórmula peronista en las elecciones del año venidero (Santucho proponía el voto en blanco y el Gallego se inclinaba hacia el apoyo a la candidatura de Cámpora). Lo cierto es que se incubaba así una escisión en la estructura de dicha milicia.
En tanto, al Gallego se le metió entre ceja y ceja la idea de ajusticiar al contralmirante Quijada.
Al mes y medio, los refugiados en Cuba regresaron al país por distintas vías. El Gallego lo hizo con pasaporte falso, a través de un periplo aéreo que incluyó Praga y Madrid para desdibujar ante los funcionarios migratorios de Ezeiza su permanencia en la isla de Fidel.
Entonces –junto a Jorge Bellomo– motorizó la ruptura con el ERP. Así nació el ERP 22 de Agosto. Y puso en marcha el plan para liquidar al marino.
En la mañana del 30 de abril de 1973, Quijada y su chofer salieron de la cochera del edificio de Arenales al 1900 en un Dodge Polara. El marino tenía una metralleta en la entrepierna y el otro, una pistola en la cintura.
Ninguno advirtió que los seguía una motocicleta Gilera 300. Detrás del conductor, iba el Gallego.
El Dodge se detuvo ante el semáforo de Junín y Cangallo. Y el Gallego entonces se bajó para dispararle a Quijada en la cabeza. Finalmente, regresó a la moto para escapar por Cangallo.
En eso, cuando la Gilera aceleraba, alcanzó a escuchar el estampido de un disparo y un ardor en la espalda.
El chofer había bajado del auto y lo alcanzó con ese único tiro.
Quijada, ya moribundo, fue ingresado al Hospital Naval. Allí empezó a tomar sus primeras lecciones de arpa.
El Gallego, con la bala alojada en un riñón y desangrándose por dentro, fue llevado a un puesto de control. Se negaba a ser llevado a un hospital.
–Eso terminaría en la cárcel, y no quiero ir preso –dijo entonces.
Y pidió una botella de whisky para compartir con quienes estaban con él. Así exhaló su último suspiro.
Víctor Fernández Palmeiro merece ser recordado.
*Tiempo Argentino
Sergio Massa designó a Gabriel
Rubinstein como secretario de
Programación Económica
Resumen Latinoamericano, 21 de agosto de 2022.
Según expresó el ministro en su cuenta de Twitter, la designación de Rubinstein se había demorado porque el economista debía resolver «un tema familiar y sus responsabilidades contractuales», aunque cuando se rumoreaba su llegada, quedó en el ojo de la tormenta por sus tuits con insultos a figuras del Gobierno. Las disculpas de Rubinstein por redes sociales.
Sergio Massa completó su «equipo económico». Este domingo, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que Gabriel Rubinstein será el secretario de Programación Económica, tras varios días de indefinición sobre quién cumpliría el rol de «viceministro». El nombre del economista había circulado varias veces, aunque su llegada se frenó cuando salió a la luz sus tuits muy duros con críticas al Gobierno y al kirchnerismo, con fuertes consideraciones personales, y elogios a los economistas de Macri.
De forma oficial, de acuerdo a la publicación de Massa, la llegada de Rubistein -hombre vinculado a Roberto Lavagna- se demoró por «un asunto personal» . «Hace algunos días empezamos el trabajo en el ministerio de Economía. Para confirmar el secretario de Programación Económica debimos esperar a que quien elegimos resolviera un tema familiar y disolviera sus responsabilidades contractuales incompatibles con la función pública», tuiteó Massa este domingo.
Y completó: «Finalizados estos trámites y gestiones, desde mañana se integra formalmente al equipo del ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein como nuevo secretario de Programación Económica».
Casi en simultáneo, el titular de la consultora GRA (Gabriel Rubinstein y Asociados) le agradeció a Massa la oportunidad de llegar al Palacio de Hacienda. «Con profesionalismo y pasión, brindaré lo mejor, frente a los desafíos que nos toca enfrentar», tuiteó el flamante secretario, quien asumirá su cargo este lunes.
En tanto, Rubinstein también salió a pedir disculpas por los tuits agresivos con varios dirigentes del Frente de Todos. «Quiero destacar además la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo a pesar de comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no correspondia efectuar», escribió en su cuenta personal de Twitter.
El recorrido de Rubinstein
Titular de la consultora GRA (Gabriel Rubinstein y Asociados), fue el negociador con el Fondo Monetario Internacional y representante en el Banco Central de Roberto Lavagna, en los años en que éste ocupó el ministerio con Néstor Kirchner. Salió en 2005, con su jefe político. De hecho, su designación llega como una especie de acuerdo de Massa para rodearse de funcionarios de confianza y de consulta, con terminales con el lavagnismo.
Pero Rubinstein, de perfil más que conservador en lo económico, desató una tormenta en redes sociales y grupos de Whatsapp a raíz de tuits muy duros con críticas al Gobierno y al kirchnerismo, con fuertes consideraciones personales, y elogios a los economistas de Macri. Además retuiteó mensajes del libertario José Luis Espert pidiendo la liquidación de Aerolíneas Argentinas, criticando con dureza al presidente Alberto Fernández y resaltando, en un mensaje propio, que «sumarse al kirchnerismo para mí sería como decir: ‘soy un idiota, pero vivan Néstor y Cristina, carajo'». También otro que indicó que el Gobierno de los Kirchner fue el más autoritario después de la dictadura.
Rubinstein es, en verdad, una concesión del resto del Frente de Todos a Massa para que arme su gabinete con posibilidades abiertas. Y no fue opción única: entre muchos sondeos de economistas no alineados con el peronismo que realizó Massa, también estuvo el nombre de Marina Dal Poggeto, de la consultora Eco Go, hoy más cercana al espacio del radical Facundo Manes. Una diferencia no menor es que de todos los consultados, Rubinstein es el único con comportamientos públicos muy ofensivos, más allá de su pensamiento económico.
El diario Jornada, de Trelew, homenajeó
al fotógrafo quien tomó la última imagen
de lxs 16 guerrillerxs fusiladxs
Resumen Latinoamericano, 21 de agosto de 2022.
Con múltiples actividades y la emisión de un programa con testimonios de los familiares de las víctimas, Diario Jornada y Cadena Tiempo rememoraron el día en que la Marina asesinó a 16 presos políticos en los calabozos de la Base Almirante Zar.
En la redacción del Diario Jornada se llevó a cabo este sábado el descubrimiento de unaplaca en homenaje a Emilser Pereira, el fotógrafo de este diario que cubrió la Masacre de Trelew hace50 años, que contó con la presencia de los familiares de las víctimas.https://www.youtube.com/embed/I5MR79aOkus
En ese marco, se rindió homenaje al trabajo fotoperiodístico de Emilser, el reportero gráfico de Jornada que cubrió los brutales asesinatos de 16 presos políticos en 1972.
A tal efecto se llevó a cabo el descubrimiento de una placa y un cuadro con la última foto con vida de los presos políticos en el viejo Aeropuerto de Trelew, tomada por Pereira.
Emilser: militancia, persecución y cárcel
A 50 años de la Masacre de Trelew, la historia del fotógrafo de «Jornada» que sacó las últimas fotos de los militantes políticos asesinados por efectivos de la Armada.
Una placa en su memoria. A partir de hoy, la Sala de Fotografía del diario Jornada llevará el nombre de Emilser Pereira, en su honor.
Por Juan Arcuri
A poco de cumplirse medio siglo del asesinato de dieciséis presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew, seguimos recordando a un personaje central de aquella historia negra: el reportero gráfico Emilser Pereira, trabajador de Jornada, quien fue el que consiguió las imágenes que hicieron historia.
Emilser formó parte de la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos detenidos en la cárcel de Rawson en 1972 y a partir de 1973 comenzó a militar activamente en el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). En ese rol concurre a los congresos realizados en Resistencia y Rosario.
Patricio Torné lo recuerda así: “Tuve el privilegio de tenerlo como compañero y, aunque la urgencia de la época no nos permitió frecuentarnos como hubiésemos querido, junto a Miri, su compañera, entre otras cosas, pudimos ir al cine y después, entre café y ginebra, descular las películas en el San Marcos; juntarnos a leer y debatir la situación política, y cumplir con algunas acciones solidarias en los barrios La Laguna y La Loma”.
De ahí también su participación solidaria con todos aquellos chilenos perseguidos, que llegaban a nuestro país tras el golpe de Pinochet.
La actividad creciente de la Triple A desde fines de 1973 fue una señal de alerta para toda la militancia. Amenazas y persecuciones intimidatorias se fueron haciendo cotidianas en 1974. Emilser y Miri no fueron ajenos a eso. Volviendo una noche a su casa en Honduras 139, frente a “la zanja”, encuentran un gran moño negro en la puerta de su casa. En noviembre son arrestados, al igual que cientos de ciudadanos, y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (ley 20840 de Seguridad Nacional) por decreto secreto 1474/1974.
Alojados en la Comisaría de Rawson primero, trasladados a la Comisaría de Puerto Madryn después, a fines de febrero son confinados en el pabellón 6 del penal de Villa Devoto.
En mayo de 1975, tras generar una huelga de hambre, todos los presos vuelven a ser trasladados. Emilser y Omar “Chiquito” Torroija (fallecido recientemente), son llevados al penal de Rawson y golpeados salvajemente.
Nuevamente son trasladados en un Hércules C130 como únicos detenidos. Atados de pies y manos, recibiendo todo tipo de improperios de los guardias y amenazas de ser arrojados al mar. Regresados al penal de Villa Devoto, reinician las luchas por mejores condiciones que deriva en una nueva huelga de hambre superior a los 30 días.
En dicho penal permanecerán detenidos hasta que luego de varias presentaciones de abogados -Mario Abel Amaya y Hipólito Solari Yrigoyen, entre otros-, en los Tribunales Federales de Capital Federal logran por el artículo 23 de la Constitución el “derecho de opción” de salida del país en un país no limítrofe. A través de una visa de cortesía venezolana, podrán llegar a Caracas.
Amaya visita a menudo a las y los presos políticos en la cárcel de Devoto y acompaña a Miri y a Emilser al Aeropuerto de Ezeiza en la primavera de 1975. Ese abogado ejemplar y ese reportero gráfico, actor y militante que se habían cruzado nerviosos entre flashes y alboroto la noche del 15 de agosto del ’72 en el Aeropuerto de Trelew, vuelven a encontrarse en otro aeropuerto. Conmueve imaginar aquella despedida, de abrazos, tristeza, llanto y presagios oscuros.#
Los años de Emilser Pereira en el exilio
Una placa en su memoria. A partir de hoy, la Sala de Fotografía del diario Jornada llevará el nombre de Emilser Pereira, en su honor.
Al llegar al Aeropuerto Maiquetia de Caracas, a Emilser Pereira y Miri Ludueña los esperaban Wendy Domínguez y Omar Torroija, quienes habían logrado salir antes de la Argentina. Los abrazos del reencuentro parecían interminables. Compartieron un primer tiempo juntos, lo que permitió a los hijos de los exiliados más cercanos descubrir en Emilser un “tío” cariñoso, siempre dispuesto a los juegos y al paseo como lo recuerdan siempre Ana Sol y Jojo.
Todos ellos participaron con otros compatriotas de la creación de un organismo de solidaridad y lucha contra la dictadura cívico militar: el Comité Venezolano de Solidaridad con el Pueblo Argentino. Excepcional espacio multipartidario de fluida relación con el gobierno socialdemócrata.
Desde allí se denunciaba permanentemente y se daba a conocer al mundo las terribles violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Se realizaban innumerables actividades culturales, solidarias, muchas de ellas a beneficio de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Emilser comenzó a trabajar por aquellos años en dos oficinas comerciales de argentinos residentes; luego en Editorial ATECA; en la Fundación Ateneo de Caracas; y su último trabajo fue en Editorial Kapelusz.
No podemos saber si no pudo o no quiso retomar allí su pasión por el teatro o la fotografía. Su vital optimismo se fue apagando con el tiempo, nunca pudo adaptarse al exilio y sufrió mucho el desarraigo. Nunca dejó de recibir noticias e información desde Trelew.
A mediados de 1986, le detectaron un cáncer de garganta, del que fue operado con éxito. Pero a finales del año siguiente una metástasis tomó sus pulmones. Estuvo internado en el hospital “Domingo Luciani” de Caracas, donde murió el 23 de febrero de 1988. Fue sepultado en el Cementerio General del Sur en Caracas.
Con la vuelta de la democracia en la Argentina, Emilser no pudo regresar como hubiera querido o como debió haber sido. Como tantos compatriotas expulsados por la dictadura dispersos en el mundo, se adaptó con lo elemental para sobrevivir, pero no se integró. “Pagó el precio del destierro”, cuenta con tristeza Wendy. “Le quitó la fuerza vital…” a aquel muchacho alto, flaco, de cámara en ristre, con gracia en las tablas y militante soñador.
Hoy vuelve a la Redacción, sin la teletipo, sin el revelado urgente, sin las rotativas. Vuelve para quedarse en la memoria por su trabajo, por su solidaridad, por su esperanza en el futuro que soñaban.
Envio:RL
A pesar de los papelones y la falta de pruebas hoy culmina su show con el pedido de penas
Los bloopers más insólitos del fiscal Luciani en el juicio contra Cristina Kirchner
Los fiscales tuvieron que recurrir a otros expedientes porque en los 3 años del juicio hasta sus testigos les declararon en contra. Pero las incorporaciones terminaron en un papelón tras otro. Aún así, el show mediático debe seguir. Este lunes es el momento del anunciado pedido de altas penas.
Nada. En tres años, los diarios alineados con el macrismo no publicaron ni una nota sobre el juicio de las rutas de Santa Cruz. La razón: audiencia tras audiencia la acusación fue recibiendo palizas catastróficas. Le declararon en contra hasta los propios testigos de la fiscalía. Ahora, esos mismos medios cubrieron extensamente el alegato de los fiscales que roza lo insólito: no pudieron recurrir a nada del propio juicio. La casi totalidad de sus argumentos provienen de otros expedientes que los jueces les autorizaron a usar el último día del juicio, o sea que no se discutieron nunca en las audiencias.
Aun así, son argumentos que no demuestran nada. Los usaron para hacer ruido mediático. Los fiscales no se privaron incluso de hacer papelones descomunales equivocando pruebas como principiantes. Por ejemplo, dijeron que 17 obras no fueron votadas por el Congreso Nacional sin advertir que sí fueron votadas, pero con otra denominación, ésta última otorgada por la Comisión de Presupuesto del Congreso. O se plantaron en la ruta provincial 288 en la que se presupuestó un terraplen y se preguntaron "¿dónde está el terraplén? ¿Acá no se ve ninguna elevación?" La realidad es que en llanuras como las patagónicas, el terraplen se construye bajo tierra porque las elevaciones producen inundaciones y, por ejemplo, podría ahogarse el ganado.
Nada importa. Tras la derrota en cada una de las audiencias desde mayo de 2019, Diego Luciani y Sergio Mola sólo se concentraron en producir humo, jueguito para la tribuna, tratando de presentar como flamantes las pruebas ya demolidas en el juicio.
El truco de la asociación ilícita
Todo el show mediático derivará este lunes en los pedidos de condena que, como ya se adelantó hasta el cansancio en los medios que les marcan el paso, inclusive en las tapas de Clarín y La Nación de este domingo, serán altos y por los dos delitos en juego: asociación ilícita y defraudación al estado. Lo de la asociación ilícita, se sabe, es el truco que se usa cuando no hay pruebas para vincular a las personas con el delito y entonces se argumenta que pertenecer a la banda es el delito en sí mismo. Se creó para poder condenar a los miembros de los sindicatos o de las organizaciones guerrilleras, aunque no hubiesen cometido ningún delito.
Aún así, con Cristina Kirchner y también con Julio De Vido tienen un problema serio. No aparecen firmando ninguna resolución, ningún decreto, no hay un mail ni un whatsapp donde den una instrucción o una orden que favorezca a Lázaro Báez.
Lo único que el dúo Luciani-Mola esgrimió --sacado de la causa en la que condenaron a José López por los nueve millones de dólares que tiró en el convento de General Rodríguez-- son dos (2) mensajes en los que López le dice a un gerente de Báez que hablará con CFK por una cuestión de pagos a Austral Construcciones. Un mensaje es de 2014 y el otro en 2015 de López y un secretario de CFK, es decir no hay siquiera algo de Cristina misma. Y, por su parte, existen registros de dos aparentes reuniones de Báez con CFK en Olivos, ambas en 2010. Esa es la curiosa "prueba" de una "asociación ilícita".
Votadas por el Congreso, controladas por la provincia
La realización de las obras fue votada, en todos los casos, por el Congreso Nacional, en las leyes de Presupuesto. Las licitaciones las hizo la provincia de Santa Cruz, que también adjudicó las obras y ejerció el control. O sea, el gobierno nacional -CFK o Julio De Vido- nunca tuvieron ninguna intervención decisiva. Y, de acuerdo a la auditoría mandada a hacer por el propio macrismo, no se pagó nada que no se hubiera construido y lo construido fue de buena calidad.
Parte de las obras fueron abandonadas porque el gobierno de Mauricio Macri canceló todo el financiamiento, de manera que las constructoras -la de Báez y la mayoría de las demás- tuvieron que frenar los trabajos. Eso mismo no ocurrió en 2019 cuando asumió el Frente de Todos: las obras se continuaron.
Los fiscales dijeron que los diputados y senadores votaron la mayoría de las obras, pero que no les mandaron toda la información. Es decir, los legisladores fueron ineptos y les pasaron por arriba. Hay que tener en cuenta que todos los miembros del Congreso pelean las obras para sus provincias, de manera que le dan muchísima importancia a las leyes de presupuesto. Pero, además, transcurrido el período se vota lo que se llama Cuenta de Inversión, que es la aprobación de lo que se hizo con los fondos. Todas las revisiones de la época de Cristina fueron aprobadas por el Congreso.
Cuando dependía del Gobierno nacional, Báez no ganó
Durante el juicio testimoniaron varios empresarios, incluyendo al primo de Macri, Angelo Calcaterra. Todos sostuvieron que no hubo irregularidades y que Báez ganó porque tenía todo el personal y toda la maquinaria disponible y habiendo sido el gerente general del Banco de Santa Cruz, jugaba muy de local en la provincia. Eso mismo ocurre en numerosos distritos, donde una empresa acumula algo parecido al 80 por ciento de las obras: ocurre en Jujuy, San Juan y Misiones, entre otras.
En Santa Cruz no sólo se hicieron rutas. También hubo un enorme presupuesto para obras eléctricas. Las licitaciones fueron hechas nacionalmente, no en Santa Cruz, pero bajo el mismo gobierno, aquí en Buenos Aires, y rigiendo la misma “asociación ilícita”, Báez no ganó ninguna obra, entre otras cosas porque no tenía la maquinaria adecuada.
También perdió la licitación más importante de la historia de Santa Cruz, referida a las centrales Jorge Cepernik y Néstor Kirchner. En ese concurso fue asociado al primo Angelo, el hombre del Grupo Macri.
Los fiscales, 3 años de papelón en papelón
A lo largo del juicio quedó evidenciada la mala investigación original -sin siquiera una pericia- y la desastrosa preparación de Luciani-Mola. Página/12 publicó no menos de 50 notas sobre las audiencias, mientras los medios alineados con el macrismo escondían el papelón.
Como estaba cantado, también en los alegatos los fiscales cometieron auténticos bloopers.
- No hay terraplén. El geógrafo, especializado en obras viales, Guillermo Sordo, reflejó el grotesco de una presentación de Luciani sobre la ruta provincial 288. Exhibió fotografías de un técnico --los fiscales nunca fueron a las obras-- y sostuvo que el terraplén presupuestado nunca se hizo porque no se veía ninguna elevación. Sordo --reflejado por los periodistas Ariel Zak y Juan Amorín--, tuvo que explicarle al fiscal que en una llanura no se hace el terraplen por elevación, sino que va bajo tierra. Si fuera una especie de montaña, provocaría inundaciones, muertes de ganado y juicios contra el estado. “Se excava un cajón para meter los cimientos”, sintetizó Sordo en diálogo con Página/12. “Es obvio que no se puede poner asfalto sobre la tierra. Debajo tiene ese compactado que evita que el agua se filtre y se produzca una depresión. Pasan camiones por ahí”. La conclusión de Luciani fue que el terraplén no se hizo y, por lo tanto, hubo sobreprecios.
- El Congreso no autorizó. Luciani anunció con pompa que había descubierto que una parte de las obras -17- nunca fueron votadas por el Congreso Nacional. Por ejemplo, la ruta provincial 25 no figura con ese nombre en el presupuesto, sino que se votó en el llamado "Inciso 5, transferencias a instituciones provinciales". Dentro del inciso 5 figura efectivamente como ruta Provincial 25.
- El testamento de Báez: Como sucede con las otras pruebas metidas improvisadamente en el alegato, Luciani quiso dar a entender que las propiedades de Báez son de los Kirchner. El análisis de ese documento fue hecho en su momento por el juez Sebastián Casanello en la causa de La Ruta del Dinero. Los beneficiarios del testamento son los cuatro hijos del constructor, pero tiene una cláusula que les impide dividir los bienes por 30 años. El objetivo es evitar las peleas entre los hijos y mantener la empresa y los bienes como una unidad. Pero no significa que Báez no puede disponer de los bienes o que los bienes son de otro. Es una cláusula habitual en testamentos de empresarios.
- Hoteles: Luciani-Mola utilizaron en el alegato que Lázaro Báez y Néstor Kirchner tuvieron relaciones comerciales. Es público y notorio. Con contratos en blanco, escrituras y transferencias bancarias. Y que Valle Mitre, de Lázaro Báez, le pagó a la familia Kirchner el alquiler mensual del hotel Alto Calafate. Según la defensa ejercida en esa causa --ya en 2015-- era el valor de mercado y un cálculo hecho por este diario, implicaba unos 129 pesos por cada una de las 103 habitaciones. Por entonces, había cuartos que se alquilaban a 1.600 pesos. Los Kirchner se dedicaron al alquiler de propiedades desde antes que Néstor Kirchner tuviera su primer cargo: intendente de Río Gallegos.
Antes de manejar los expedientes judiciales más conocidos de Comodoro Py, el mismo juez, Julián Ercolini, sostuvo en otra causa que un presidente puede mantener su actividad comercial. Fue en relación a un contrato de la familia Kirchner con un importante contratista de obra pública, ya fallecido, Juan Carlos Relats. El tema motiva muchas polémicas a nivel mundial, por ejemplo, cuando Donald Trump realizó actividades oficiales en sus resorts y hoteles.
Un juicio de fachada
Como se ve, los fiscales salieron a pescar en otros expedientes porque no pudieron conseguir pruebas en este juicio. Y las que exhibieron, fueron refutadas en las audiencias con el testimonio de empresarios, exfuncionarios, actuales funcionarios. Los contadores de los fiscales y de las defensas firmaron una pericia unánime de que no hubo sobreprecios y los ingenieros discreparon entre ellos respecto de esa cuestión, aunque los que dictaminaron la existencia de sobreprecios hicieron agua en las audiencias. El tema debió resolverse con más testimonios de peritos que dirimieran cuál era la metodología correcta.
Lo concreto es que Luciani-Mola tuvieron que traer pruebas de otras causas porque no había forma de encajar a CFK en el esquema. En el Frente de Todos dicen que ya todo está digitado: juegan al fútbol juntos, fueron de visita a Casa Rosada y, como ocurre en Brasil, Ecuador, Bolivia, lo que rige es la utilización de la justicia para la persecución política. Eso que el fiscal dice que no existe: el lawfare. Basta decir que lo que decida el Tribunal Oral será revisado por jueces que iban a jugar al paddle a Olivos o visitaban asiduamente la Casa Rosa. O sea, todo indica que el juicio fue solo una fachada y tienen el paquete atado.
La vicepresidenta pidió declarar mañana en el juicio
La jugada de Cristina Kirchner para desmontar el show de la causa Vialidad
CFK destacó que los fiscales incurrieron en una “abierta violación del principio de defensa en juicio” y armaron una acusación con “cuestiones que nunca habían sido planteadas”. Para dejar al descubierto la maniobra solicitó la ampliación de su declaración indagatoria.
La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió ampliar su declaración indagatoria durante la audiencia de este martes en el insólito juicio que se le sigue por la denominada causa Vialidad. El planteo se hizo público minutos despues de que los fiscales comenzaran la exposición en la que pedirán las penas a los acusados y se basa en nuevas acusaciones que no estaban incluidas en ese proceso. El objetivo de CFK es hablar ante el tribunal para dejar al descubierto el show que se armó en torno a la causa y la falta de fundamentos de las acusaciones.
"Montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas"
El anuncio de Cristina Kirchner fue hecho públicamente a través de un mensaje en sus redes sociales, donde denunció que los fiscales de la causa, que la acusan de supuestas irregularidades en la licitación de obras públicas, obraron “en abierta violación del principio de defensa en el juicio”.
El motivo por el cual los representantes del Ministerio Público actuaron de esa manera es porque “montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas” durante el juicio, explicó.
Un freno al show mediático-judicial
La presentación busca poner al descubierto el show mediático montado por la acusación y la fiscalía y del fiscal Diego Luciani, que mantiene una relación personal con uno de los miembros del tribunal, Rodrigo Gimenes Uriburu, con quien disputó partidos de fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri.
En su mensaje, la vicepresidenta reiteró “la falta de pruebas” en su contra y, por el contrario, la existencia de pruebas contundentes que echan por tierra buena parte de los argumentos que la acusan. Por ejemplo “las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (el ex titular de Vialidad Javier) Iguacel”.
Por estas razones, añadió, Cristina Kirchner instruyó a su abogado, Carlos Beraldi, que “a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”.
La sentencia escrita y el juicio de la historia: lo que dijo CFK cuando declaró en 2019
No será la primera vez que la ex mandataria enfrentará cara a cara a sus acusadores, aunque esta vez será de manera virtual por ser la modalidad mantenida a pesar de que otros tribunales volvieron a la presencialidad en sus audiencias.
Tampoco será la primera vez que CFK desarmará los argumentos de una causa que es parte del lawfare en su contra, que apunta a proscribirla de la política nacional y que, tal como lo dijo en la audiencia del 2 de diciembre de 2019, ya tiene la sentencia firmada.
“Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, les dijo a los jueces y a los fiscales, entre ellos Luciani, en aquella oportunidad.
Anticipado por los medios opositores y rechazado por todas las tribus del FdT
Pedido de penas del fiscal Luciani: Un show judicial que busca la proscripción de Cristina Kirchner
Hubo pronunciamientos de más de 500 intendentes, del bloque de diputados, militantes, intelectuales y dirigentes. Cerca del presidente Alberto Fernández creen que la "causa es una barbaridad jurídica". Desde el kirchnerismo no se descarta que se organice una convocatoria para los próximos días.
"Lo que va bien es la independencia del partido judicial", dijo con ironía el secretario de la Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque. Debajo de la frase, publicó en sus redes sociales las tapas de este domingo de los diarios Clarín y La Nación que, de forma casi calcada, afirmaron que este lunes el fiscal Diego Luciani pedirá en la causa por la Obra Pública en Santa Cruz "una dura condena", y "10 años de prisión" para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ante ese escenario, que desde el oficialismo denominan de Lawfare, en el Gobierno evalúan los pasos a seguir. En la previa, más de 500 intendentes de todo el país; el bloque de diputados del FDT; militantes; intelectuales y dirigentes repudiaron "la utilización del sistema judicial para anular políticamente a la vicepresidenta". Cerca del presidente Alberto Fernández, en tanto, opinaron en diálogo con Página12 que "esa causa es una barbaridad jurídica y no tiene nada que ver con el derecho".
La Vicepresidenta está en estos momentos en Buenos Aires y, si bien no se sabe con exactitud dónde verá lo que tiene para decir en esta última audiencia el fiscal Luciani, se estima que será en su despacho del Senado. "Todavía no hay definiciones. Paciencia", dicen algunos voceros de La Cámpora sobre los pasos a seguir. Cerca de CFK, más allá de que Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, señaló que para ella se impone "hacer una pueblada para defender a CFK", indican que no están pensando hacer una movilización este lunes. No se descarta, sin embargo, que desde el kirchnerismo organicen una convocatoria para los próximos días.
Los militantes de base de La Cámpora estuvieron reunidos en distintos plenarios durante el fin de semana hablando del Lawfare y analizando qué harán en las semanas que se avecinan. En los días anteriores, también recuerdan desde la agrupación que lidera el diputado Máximo Kirchner, "ya hubo manifestaciones ciudadanas" en contra de la persecución judicial a CFK. Se hicieron en distintas plazas y la más grande fue hace ocho días en Parque Centenario. Allí miles de personas se aglutinaron bajo la consigna “no al lawfare mediático y judicial”. Desde la Cámpora, días atrás, también realizaron pintadas y pusieron afiches en distintos pueblos de todo el país que decían: "si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar"; "jueces macristas: con Cristina no se jode", y "fuerza CFK".
El mensaje que este domingo temprano difundieron en apoyo a la vicepresidenta 509 intendentes peronistas de 22 provincias, surgió como idea en un chat de whatsapp del que participan la mayoría de ellos y en el que también están algunos funcionarios del Ministerio del Interior que conduce Eduardo "Wado" de Pedro. Luego, se fue corriendo la voz y en las distintas provincias empezaron a sumar firmas.
En el escrito, los líderes locales consensuaron escribir que "la persecución judicial sobre la Vicepresidenta, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anularla social y políticamente". En diálogo con este diario, uno de los intendentes firmantes indicó que tomaron la definición de expresarse públicamente porque "todos teníamos la sensación de que algo había que hacer".
En esa línea, Pol Huismann, intendente El Hoyo- Chubut, opinó que "sería tremendo que pidan esa condena, pero es a lo que apuntan hace mucho tiempo. Nosotros estuvimos aquel 13 de abril de 2016 en Comodoro Py y ya en ese momento la persecución estaba declarada". Sobre los pasos a seguir, los intendentes consideran que "si hay una hondonada hay que ir a donde haya que ir y no hay que permitir que avancen". Juan Manuel García, intendente de Machagai- Chaco-, resaltó que "en la Argentina existe un partido judicial en el que hay empresarios, jueces, fiscales y políticos, y creemos que hay una clara intencionalidad de desprestigiar a la vicepresidenta y de correrla del escenario en 2023. Por eso decidimos lanzar el documento".
Horas más tarde, también el domingo, los diputados del FdT publicaron otro escrito en el que resaltaron que repudian "todo intento de persecución política y judicial". "La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución", dijeron. Además, opinaron que "no habrá acción en su contra que la aleje del amor genuinamente ganado en el corazón de millones de argentinos y argentinas".
Estos pronunciamientos se sumaron a la solicitada de intelectuales y dirigentes que fue publicada en este diario el domingo, en la que se expresó que "lo que antes se impuso por medio de la violencia ilegal perpetrada por el Estado --desde los bombardeos de la Plaza de Mayo de 1955 hasta la trágica experiencia del terrorismo militar-- hoy intenta abrirse paso bajo la simulación de un proceso judicial".
En el FdT consideran que la sentencia contra CFK, como dijo ella misma, "ya está firmada", porque fiscales, jueces y opositores juegan al fútbol juntos, son amigos y tienen los mismos objetivos políticos. Habrá que esperar al lunes para conocer los detalles de este nuevo capítulo de la embestida judicial.
Fuente:Pagina12
Funcionarios, gremios y empresarios se reúnen para definir la actualización del salario
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionará primero a las 14 con la participación de dos representantes por sector en la llamada Comisión Técnica, para luego, una hora después, iniciar el plenario de 32 miembros -16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora-, en ambos casos a través de una videoconferencia.
El Gobierno había convocado a los integrantes del organismo tripartito, que encabeza el ministro de Trabajo Claudio Moroni, a dos sesiones para el 18 de este mes, pero el encuentro fue postergado hasta este lunes -en acuerdo con la CGT- ante la ausencia en la Argentina del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.
La postergación para el lunes se resolvió a través de la resolución 7/2022 del Ministerio de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial el 3 de agosto y luego modificada por la resolución 8/2022 de la misma cartera, que postergó el horario de inicio del plenario desde las 12 a las 15 en razón a los "diversos planteos realizados" y "con el fin de garantizar la participación de todos los integrantes" del Consejo.
Los participantes deberán definir el nuevo piso salarial y sus tramos y el monto de las prestaciones por desempleo, aunque todo indica -es la previsión del sector gremial- que de ninguna manera "se alcanzarán los poco más de 111 mil pesos que el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sostuvo que son necesarios para no ser pobre".
Las fuentes de la CGT a las que tuvo acceso Télam confiaron que la central obrera aún "no determinó una posición", pero detallaron que este lunes las 10 los integrantes de la mesa chica debatirán ese tema en el gremio de sanidad (ATSA).
"No se fijó todavía una posición, ya que la central obrera viene de una multitudinaria marcha contra los formadores de precios y los especuladores de mercado y debatió estos días la propuesta de otorgamiento de un bono y su reclamo de paritarias libres, por lo que esa postura se resolverá este lunes en el sindicato de sanidad", detallaron los voceros.
Tanto la CTA que conduce el docente Hugo Yasky como su par Autónoma (CTAA) que lideran el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro también convocaron para el lunes -de forma previa al encuentro del Consejo del Salario- a sus respectivas conducciones para determinar la postura que plantearán por tarde, en la reunión tripartita.
"La CTA deliberará el lunes para fijar posición, pero llevará al Consejo una postura propia y no en coincidencia con la CGT. Eso es muy difícil", adelantó Yasky a Télam desde Trelew, adonde viajó para asistir a los actos por el 50° aniversario de la masacre que la dictadura de Agustín Lanusse produjo el 22 de agosto de 1972 en esa ciudad.
En tanto, desde la CTA Autónoma, que el 11 de agosto renovó autoridades por 4 años, confiaron que esa central también sesionará el lunes, en las horas previas al encuentro del Consejo del Salario, y adelantaron que allí ratificarán su "postura histórica" consistente en que el haber mínimo supere a la inflación prevista para el año.
"Es preciso, aunque sea de forma gradual, convenir un plan de recuperación salarial por lo perdido desde la época del macrismo y superar el guarismo inflacionario de este año, que todas las fuentes estiman en no menos del 90 por ciento. Además, el haber mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas y, aunque no sea el ámbito, hay que establecer el ingreso universal", plantearon desde la CTA Autónoma.
Otras fuentes gremiales detallaron que la CTA y la CGT podrían reclamar un 45 por ciento de aumento sobre el actual valor del salario mínimo, lo que lo elevaría a poco más de 68 mil pesos, para alcanzar "las previsiones inflacionarias del año", aunque existen -añadieron- diferencias respecto de la exigencia de los tramos para cobrarlo.
La Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, que conducen el bancario Sergio Palazzo y el gráfico bonaerense Héctor Amichetti, ratificó que los argentinos deben tener "sus necesidades básicas cubiertas", y sostuvo que las paritarias son la vía para actualizar los salarios del personal registrado en las variadas actividades.
En diálogo con Télam, Amichetti insistió con la histórica posición de ese espacio gremial y sostuvo que "ningún trabajador debe percibir un ingreso inferior a 111.298 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, según lo afirmó el propio Indec".
"Ningún trabajador debe percibir un ingreso inferior a 111.298 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, según lo afirmó el propio Indec"Héctor Amichetti
"Ningún trabajador debe ganar en el país menos de ese monto, difundido por el propio Indec, pero es muy difícil que este lunes pueda acordarse esa cifra, en especial ante la resistencia de las cámaras. Por lo mismo, tendrán que otorgarse sumas fijas que compensen el desfase existente entre la realidad y los ingresos", subrayó Amichetti.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se había reunido por última vez el 16 de marzo y convino -con la oposición de la CTA Autónoma- un incremento del 45 por ciento en 4 tramos, pero en mayo el Gobierno adelantó esa mejora y, desde el 1° de junio, es de 45.540 pesos y, desde agosto, de 47.850 pesos para los trabajadores mensualizados.
También desde este mes el valor de la hora para el personal jornalizado es de 239,30 pesos y, los montos mínimos y máximos por desempleo, de 13.292 y 22.153 pesos,
El Gobierno sostuvo entonces que "la recuperación del salario es una prioridad y una condición necesaria para que la economía sostenga la actual reactivación en marcha".
El organismo tripartito está constituido por 32 integrantes: 16 por la parte trabajadora y otros tantos en representación de las cámaras empresarias de todas las actividades.
En caso de no producirse un acuerdo entre los participantes del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el ministro de Trabajo tiene la potestad de laudar.
Incendios en el Delta del Paraná: hay focos en Rosario-Victoria, San Pedro y Zárate
"Desde Santa Fe hasta Zárate, hay 280 kilómetros y hay pequeños pocos en toda su extensión, pero hay tres grandes focos que son Rosario-Victoria, San Pedro y Zárate", sostuvo el militar.
Tornero detalló, en diálogo con TN, que el viernes se terminó de conformar la brigada de emergencia de Santa Fe y Entre Ríos y a partir de ahí comenzaron a movilizarse medios por parte de las Fuerzas Armadas.
"El Ejército está preparado para este tipo de trabajo porque lo que es la planificación y actividades en el terreno las hacemos de forma permanente. Lo que hacemos es adaptar las operaciones militares a la lucha contra el fuego pero tenemos los medios para desplazarnos por el terreno", precisó.
"El Ejército está preparado para este tipo de trabajo porque lo que es la planificación y actividades en el terreno las hacemos de forma permanente. Lo que hacemos es adaptar las operaciones militares a la lucha contra el fuego pero tenemos los medios para desplazarnos por el terreno"
El comandante indicó que el sábado pasado se efectuó una reunión de coordinación con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y otros representantes de la zona, tras lo cual los integrantes del comando conjunto se sumaron "al trabajo que ya viene realizando todo el sistema de lucha contra el fuego" en las Islas del Delta del río Paraná.
Luego se decidió armar un puesto comando y centro de operaciones de emergencia en el aeródromo de la ciudad de Alvear en Santa Fe con una carpa dormitorio para 300 personas, carpa comedora para 80 comensales y otros "medios para el apoyo, para el análisis de la situación y para poder trabajar de forma coordinada".
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