Perotti evitó definirse por el fallo a favor de CABA
"Es una discusión de coyuntura"
El gobernador le bajó el precio a los reclamos del gobierno nacional y 18 provincias.
Desde Santa Fe
Omar Perotti evitó ayer opinar sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales de fondos coparticipables: 30 mil millones más que la deuda histórica que Santa Fe recién cobró en 2022, después de una demanda de 15 años: ocho años del juicio y siete de reclamos para ejecutar la sentencia que se cumplió el 17 de octubre, hace sólo dos meses. “Uno no puede estar a favor de un fallo cuando lo favorece y en contra cuando no le gusta”, se excusó el gobernador. Y así, ni siquiera criticó los tiempos de la Corte que en el caso de Santa Fe se tomó tres lustros para resolver el pleito y ordenar el pago, mientras que la denuncia del jefe de gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta la resolvió en dos años y con una medida cautelar que aumentó la coparticipación del 1,4% al 2,95%, sin siquiera analizar el fondo del asunto.
Perotti esquivó las definiciones sobre la sentencia de la Corte nacional a favor de Rodríguez Larreta después de un silencio de casi dos semanas sobre el tema. No firmó el documento de los 18 gobernadores que denunciaron la afectación de los recursos federales en beneficio de CABA: “Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”. Y la vice Alejandra Rodenas tampoco firmó un planteo similar de 16 vicegobernadores y vicegobernadoras que advirtieron que los “argentinos no somos iguales”. “La Corte perjudicó a 44 millones de argentinos para beneficiar a tres millones que viven en el distrito más rico del país. Eso no es federalismo”.
Perotti ayer participó de la reunión del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales junto los gobernadores de Chaco y Santiago del Estero, donde el tema estuvo presente por medio del propio presidente, que aprovechó para criticar el fallo con eje en los recursos que perderán las provincias a través del presupuesto nacional.
En la misma semana, tres precandidatos a gobernadores del peronismo también le pidieron a Perotti que se pronuncie sobre el despojo. El diputado nacional Marcos Cleri advirtió que los 180.000 millones que “la Corte pretende darle al gobierno de Rodríguez Larreta” impactarán en Santa Fe con un recorte de recursos que estimó en “más de 15.000 millones de pesos que recibe la provincia”. El diputado nacional Eduardo Toniolli coincidió: “El alineamiento de la oposición santafesina con el fallo anti federal y escandaloso de la Corte a favor” de CABA “era esperable”. “Halcones y palomas, todos responden a los porteños”. Pero el gobernador Perotti, “¿no va a salir a defender a los santafesinos?”, preguntó. Mientras que el diputado provincial Leandro Busatto dijo que el fallo de la Corte es “un insulto sin precedentes al federalismo”. El “silencio de Perotti hace ruido”, agregó.
“Uno no puede estar a favor de un fallo cuando lo favorece y en contra cuando no le gusta”, dijo Perotti. Y explicó que “buena parte de los fundamentos de la Corte” que favorecieron a Rodríguez Larreta “los toma de los planteos de Santa Fe, Córdoba y San Luis” en sus demandas contra la Nación. Pasó por alto que a Santa Fe le costó quince años cobrar una deuda histórica por 150.000 millones, mientras la ciudad de Buenos Aires en dos años ya tiene una cautelar de la Corte que ordena pagarle más de 180.000 millones.
Según Perotti, el fallo de la Corte es una “coyuntura”, lo que debe discutirse es la “cuestión de fondo”, que es la ley de coparticipación federal que está pendiente desde la reforma de la Constitución de 1994, hace 30 años. “El centralismo hizo mucho mal a la Argentina. La mirada del AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) le hace mal. Son una aspiradora de recursos del territorio productivo y del interior del país”, dijo Perotti por la emisora Aire de Santa Fe.
Lo que debe discutirse es “el costo de la energía, el combustible, el transporte y el gas” que “suma mucha plata” en subsidios para los porteños. “Esa es la discusión del federalismo” y la que “el centralismo porteño trata de evitar, que no avance” y que hoy “cuesta mucho más vivir y producir” en las provincias que en CABA.
“Nosotros no nos prendemos en esta discusión de coyuntura (sobre el fallo de la Corte) –exageró Perotti-, queremos discutir el fondo” del asunto. “Tenemos mucho para discutir. Cómo hacemos para llegar con más infraestructura al interior y mejorar las comunicaciones. Es la única forma de favorecer arraigo y es lo que tratamos de hacer en Santa Fe”.
La línea Perotti de no arriesgar una opinión sobre el fallo de la Corte y reclamar un “reparto más equitativo” de los fondos coparticipables ya la había planteado 24 horas antes su propia ministra de Gobierno Celia Arena cuando habló del supuesto “verdadero federalismo”.
“Santa Fe está de acuerdo de un reparto equitativo de los recursos. En su momento, el gobernador se manifestó respecto a eso. Las otras cuestiones (como el fallo a favor de Rodríguez Larreta) son coyunturales. Santa Fe mantiene una coherencia en la defensa del federalismo y de reclamo por los recursos que corresponden a las provincias”, dijo Arena. Y recordó que “el debate de los fondos coparticipables viene desde la reforma de la Constitución en 1994. Entonces, es muy importante que se avance en un acuerdo en donde las provincias tengan una voz preponderante en la distribución de los recursos”.
Inexplicable
Portuarios y concesionaria tienen cita hoy en Buenos Aires
TPR cedió otro poco, faltan los despedidos
La empresa resolvió quitar de la negociación su pretensión de extender la jornada laboral. El gremio insiste con que reincorpore a los últimos 5 cesanteados.
El conflicto entre la concesionaria Terminal Puerto Rosario y los trabajadores nucleados en el sindicato Supa tiene hoy su enésimo capítulo, y como la semana pasada, de nuevo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ante la titular del área, Kelly Olmos. El diferendo cedió en parte porque al menos la empresa arrimó una oferta de mejora salarial muy cercana a la pretensión gremial y porque reconvino en retroceder con la mayoría de los despidos. Pero se mantiene firme en no reincorporar a 5 operarios, y allí se encuentra detenida la compulsa. Sin embargo, después de la audiencia de la semana pasada, los trabajadores lograron otro avance, que no es tan solo lograr que TPR desista de avanzar sobre acuerdos preexistentes del régimen laboral: en concreto, la empresa retiró de la negociación su pretensión de extender la jornada laboral de 6 a 8 horas.
"Tenemos cita a las 11 con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Vamos con la mejor expectativa, como siempre, pero veamos con qué nos salen ahora. Porque siempre hubo algo más. Nosotros buscamos reincorporar a todos los muchachos, ninguno afuera", dijo el titular del sindicato portuario, César Aybar, ayer por la tarde.
El conflicto campeó desde abril, en un tire y afloje permanente. Y recrudeció en el último trimestre, cuando la concesionaria (integrada por Vicentin y la chilena Ultramar SA) dobló la apuesta: llegó a suspender a medio centenar de operarios, exigió extender la jornada laboral y dejó de pagar el sueldo. Ante la reacción gremial previsible, TPR fue por más y descontó del salario los días de huelga.
En el Supa deducen que la posición beligerante que demostró la empresa hasta aquí obedece a una suerte de "extorsión empresaria" hacia el Enapro, el ente de control en el que está presente el Estado, que le había venido marcando incumplimientos contractuales en el muelle, en lo referente a la falta de inversión y mantenimiento. "Lo que hicieron fue provocar a los trabajadores y tirarle el problema en la calle a la Provincia y a la Nación", resumió entonces Aybar.
A TPR le quedan 9 años de concesión de los muelles estatales en Rosario, y la hipótesis que baraja el gremio y el Gobierno mismo es que la empresa pretende forzar una prórroga del derecho a explotación de la terminal y en condiciones de menor exigencia.
Desde la audiencia en la cartera laboral la semana pasada, y el cambio de interlocutor por parte de la concesionaria –salió de la mesa Gustavo Nardelli, de Vicentin, y asumió un ejecutivo de Ultramar– el panorama parece despejarse, aunque el sindicato mantiene bloqueado el acceso a los muelles I y II de la terminal rosarina.
Desde entonces, TPR aceptó reincorporar a casi todos los despedidos, menos a 5 a quienes acusa de causar desmanes durante las protestas. "La empresa mantiene la postura de sostener esos despidos. No hay forma de avanzar en acuerdo si hay despidos", reafirmó Aybar.
La concesionaria, entonces, ofreció una recomposición salarial del 95% anual, normalizar el pago de salarios y bono, y ahora, también accedió a dejar de exigir que la jornada laboral sea de 8 horas, y no de 6, como dicta el convenio portuario. Pero esos 5, siguen afuera.
"No justificamos la violencia, pero el contexto es de gente en la calle, Navidad con incertidumbre, y una desesperación muy grande", terció Aybar acerca de la posición que reiterará esta mañana en el Ministerio de Trabajo.
"Al menos ahora la empresa dejó la pretensión de aumentar la jornada laboral. Seguiremos entonces con el régimen de siempre, 6 horas de trabajo diarias", dijo.
Al ser consultado sobre el receso de verano que ostenta la actividad portuaria, Aybar reconoció que es un factor que no les favorece en la puja. Pero observó: "Sí, es un momento en que el trabajo merma, pero con todo este parate que hay mucho trabajo atrasado como para cumplir con los clientes, así que puede ser un enero movido. Esperemos también que la empresa demuestre voluntad de hacer las inversiones de infraestructura que corresponde", advirtió.
La provincia ratificó la medida para el viernes 30
Que sí, que no, al final habrá asueto
El gobierno provincial confirmó que el próximo viernes 30 será día de asueto provincial para el personal de la administración pública, ratificando así lo dispuesto por el decreto 2817 que el propio gobernador Perotti firmó a mediados de mes.
Al respecto, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri afirmó: “Venimos haciendo un trabajo con las distintas áreas de gobierno, particularmente con aquellas que tienen a su cargo cuestiones sensibles para la comunidad y que deben realizarse antes del cierre presupuestario, como licitaciones de obra pública, la aplicación de la ley de Emergencia en Seguridad, compra de medicamentos, decretos de política salarial referida al sector público provincial. Por la evolución que venimos viendo que tienen estas gestiones, estamos en condiciones de confirmar que la provincia tendrá asueto el 30 de diciembre, lo cual ya está dispuesto por una norma legal”.
Asimismo, el funcionario ratificó que “el trabajo consistió en hacer un relevamiento área por área, a lo que se agrega a que en el Poder Judicial, que trabaja muy relacionado con el Ejecutivo, también van a tener asueto. De manera tal que viendo esta situación y la evolución de las gestiones, se dispuso el asueto”, concluyó.
La aclaración fue necesaria después de las dudas generadas desde el propio Ejecutivo a pesar de haber firmado el gobernador un decreto que declaró asueto el 24 y el 30. Esas dudas crecieron la semana pasada, cuando la Casa Gris no adhirió al feriado nacional del martes 20 por el festejo de la Copa del Mundo y, en cortocircuito con algunos municipios y comunas que no siguieron sus pasos, resolvió dar marcha atrás con el asueto del 24.
Hospitales de Niños Vilela y Zona Norte
Niños y niñas que llegan con heridas de balas
En lo que va del año, ambos efectores públicos recibieron a 19 chicos y chicas, cada uno, como consecuencia de balaceras.
Un día después de la muerte de Candelaria Enrique, la niña de 5 años que fue víctima de una "bala perdida" durante los festejos de Navidad, un nene de la misma edad resultó baleado en una pierna este lunes por la noche, en un ataque armado en barrio Vía Honda. Ante la balacera, Thian debió ser trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. A ese efector, llegaron en todo el año, 19 niños, niñas y adolescentes con heridas similares, ocasionadas por disparos de armas de fuego. Además, en el Hospital de Niños Zona Norte, recibieron otros 19 casos por hechos cometidos en el marco de la misma violencia urbana.
El nuevo ataque, que dejó internado a Thian L. ocurrió el lunes por la noche, en 24 de Septiembre y pasaje Manantiales. Según trascendió, los tiradores pasaron en una moto y también alcanzaron a un hombre de 32 años -que fue herido en la pierna y se fue del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez sin el alta médica-, y otro de 25 años, que fue trasladado al hospital Carrasco, pero luego derivado al Heca.
En cuanto a Thian, ayer se pudo saber que la bala impactó en la pierna izquierda y que sería dado de alta en las próximas horas.
Viviana Esquivel, directora del Vilela, indicó que en este año ingresaron 19 niños, niñas y adolescentes con lesiones similares. Si bien indicó que en 2021 fueron 32 los casos, no dejó de manifestar preocupación y de destacar el trabajo que hace el equipo interdisciplinario sobre las víctimas de este tipo de hechos y sus familias, en coordinación con el trabajo que hacen otros equipos en cada territorio que las infancias habitan.
Por su parte, la directora del Hospital de Niños Zona Norte, Mónica Jurado, reportó la misma cantidad de casos, en 2022, que los que llegaron al Vilela. "La semana que viene, además, vamos a tener datos comparativos con años anteriores", adelantó sobre el informe que preparan en conjunto. Para Jurado los casos suman preocupación. "Un solo caso para nosotros es preocupante. Es todo un equipo de trabajo el que se activa ante un caso de este tipo: son trabajadores sociales, de salud mental, terapistas, es un abordaje que no se puede dar desde un solo lugar". Además, planteó que "en general, los niños no son receptores (como objetivo) de la bala, sino que están en contexto de violencia", lamentó.
Los casos por heridas de bala no son los únicos que preocupan, ya que este año también hubo que lamentar hechos extremos, en los que resultaron víctimas niños, niñas y adolescentes, como fue el reciente caso de Candelaria, durante la noche de Navidad, quien iba al mismo jardín de infantes al que concurría Auriazul, otra niña de 6 años que en mayo pasado fue asesinada junto a sus padres. Ya en el inicio del año se conoció el caso de Elena, de un año y medio, que también fue alcanzada por las balas contra sus padres, a las salida de una boda en Ibarlucea, en enero pasado.
Costo de vida en barrios populares de Rosario
Doscientas lucas para "vivir"
El dato se desprende de un relevamiento del consumo en lugares como Casiano Casas, La Sexta, Bella Vista y Mangrullo.
El costo de vida para una familia de los barrios populares de Rosario trepó en diciembre a 201.742 pesos, lo que significa un aumento del 93 por ciento en el transcurso del 2022. El dato se desprende de un relevamiento realizado por la diputada Lucila De Ponti junto al Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) el cual registra y compara regularmente el consumo en barrios representativos como Casiano Casas, La Sexta, Bella Vista y Mangrullo.
El estudio indicó que solamente para cubrir las necesidades indispensables de alimento un hogar debe destinar como mínimo 81.806 pesos y un adulto rosarino necesita 26.474 pesos para no caer debajo de la línea de indigencia. Los alimentos básicos siguen liderando los aumentos. De los 37 productos analizados, 21 superaron el 100 por ciento de aumento, e incluso 3 de ellos superan el 200 por ciento: fideos secos tipo tallarín 208%, papas negras 249% y cebollas 298%.
Un claro ejemplo de esto se verificó también en la canasta navideña, la cual arrojó un aumento del 97% respecto a lo que costaba en diciembre 2021. Los productos que más aumentaron son el atún en aceite (+127%), y la garrapiñada (+112%), mientras que el pan dulce fue el producto que menos variación anual tuvo (+74,77%).
“La inflación en general y especialmente la suba de los alimentos esenciales impacta principalmente en los sectores de menores recursos, porque deben aportar la mayor parte de sus ingresos para garantizar sus necesidades básicas”, explicó la diputada De Ponti. Para la legisladora del Movimiento Evita, “la brecha entre ingresos y el costo de vida continúa ampliándose y esto se traduce en una mayor desigualdad”.
Al comparar el Costo de Vida con diferentes ingresos de referencia, se evidencia una caída del poder adquisitivo. El salario mínimo, vital y móvil (SMVyM) de 57.900 pesos cubre apenas el 29%. Tampoco cubren el Costo de Vida el salario promedio de un obrero de la construcción (67%), de un empleado de comercio (63%), y de trabajadores de casas particulares (41%).
“En nuestro país una de cada cinco familias argentinas nació y vivió en pobreza en los últimos 25 años. Se trata de toda una generación obligada a encontrar estrategias de supervivencia en la informalidad, con precariedad y sin respuestas de la sociedad. Nuestra responsabilidad es reconocer lo que existe e intentar transformarlo”, explicó De Ponti.
“Uno de los caminos es tratar de acercar a productores y consumidores, eliminando los eslabones especulativos en la formación de precios, lo que permite cuidar el poder adquisitivo. Los mercados de la economía popular son una experiencia que demuestra que un comercio más justo es posible”, aseguró.
“En ese sentido presentamos una ley de fomento para la economía social que propone créditos a tasas accesibles, exenciones impositivas y acceso a espacios de comercialización para productores de alimentos de consumo regional. Todos los esfuerzos deben concentrarse en acompañar esta situación que ya no admite demoras”, finalizó.
La ciudadanía del agua
Los que venimos desde hace 27 años científicamente investigando y abordando en terreno y en praxis la temática ambiental del agua, tanto en contexto urbano como así también en el ámbito de humedales y de ríos, sabemos académica y técnicamente la regresión ambiental que significó la ley 11.220 del Estado de Santa Fe. Esta ley se sancionó en contexto y a medida de las privatizaciones del agua en la década de los ´90 del siglo pasado. Pero, toma la ratio legis de otras normas que mercantilizaban el agua con carácter absolutamente recaudacionista. Es decir, el agua para ésta ley no era un derecho humano y menos un bien común público. El agua era una mercancía a vender como cualquier otro objeto del mercado.
Sabemos que el mercado es un constructo social que existió y existirá en los distintos sistemas sociales, aún antes de la modernidad. Hubo mercado en la antigüedad, en el feudalismo, en el capitalismo, en las economías de gestión planificadas y centralizadas y en el capitalismo de Estado. Hay mercados en todos variopintos lugares, legal e ilegal. Mercado totalitario y mercado autoritario. La ley 11220 fue y es una norma de mercado autoritario que aún maneja privatizadamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Estuvo, otrora pergeñada para que la privatización del agua y saneamiento durante 1995 para un monopolio predominantemente francés que era Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. Es hija dilecta de la mercantilización del agua en un contexto de mercado autoritario absoluto. Los ineficientes, ineptos y corruptos años de los 90 del siglo XX, sindicaron un Estado sometido a los negocios monopólicos de posición dominante para la gran corporación económica. El Estado gestor de negocios, depredó a la ciudadanía.
Así , la ley 11220 vulnera el principio de municipalismo de la Constitución Nacional, transgrede el ambientalismo inclusivo al generar una configuración de no tratamientos de los fluídos cloacales en las ciudades, no tiene una percepción ambiental, sanitaria y del derecho humano a la salud. Hay ciudades como en Rosario, que se vierten 400 millones de litros diarios de efluentes cloacales sobre el río Paraná sin tratamiento alguno. Es tan feudal esta norma que sigue anclada solamente en los 14.000 mil metros cúbicos /segundos promedios del Paraná para descargar en ello la capacidad de dilución. Se rige evidentemente más por cuestiones económicas que de salubridad.
Decimos que esta ley que seca al agua y enriquece solo al mercado y empobrece a las personas, connota una vez más su mezquina y anticientífica configuración, veamos la tarifa de agua y saneamiento el 1 x 1 sigue cotizándose por metros cuadrados de superficie y no por el consumo realizado. Lo cual genera un contexto confiscatorio y profunda injusticia social y ambiental. Una persona en una casa de 80 metros cuadrados paga igual que cuatro personas en dicha dimensión de superficie. Aún hoy la mayor recaudación económica de los servicios proviene de los metros cuadrados y es mucho menor la cantidad de personas bajo el control de mediciones. Lo máximo del feudalismo de agua de éste plexo legal es autorizar el corte del vital suministro a las personas que no abonan.
Es tan retrógrada esta ley, que recuerda a la antigüedad, en el derecho romano al deudor incumplidor se lo vendía como esclavo para que el acreedor recuperara su crédito era la venta trans Tiberium (más allá del Tiber) con esta norma vuelve la inanición de agua por deuda. Toda una institución violatoria del derecho humano al agua y saneamiento y sin embargo está en vigencia. Un escándalo.
En sociología trabajamos y distinguimos entre naturalización y normalización. La primera es la etapa donde lo que ocurre es ultrajante a la dignidad de las personas, pero la sociedad no da consentimiento, lo ve y lo toma como algo que está. Su repetición y cronocidad hace que las personas lo normalicen, es decir, dan su conformidad. La ley 11220 logró la normalización cultural que las personas no accedan a la gestión segura del agua. Actualmente, aproximadamente 290 mil personas sufren el no acceso integral al agua en 231 barrios populares (barrios vulnerables y villa de emergencias) en Santa Fe. Técnicamente el acceso a la gestión segura del agua implica tres parámetros que son: 1) disposición del vital elemento las 24 horas de los 365 días, 2) inmediatez, la ubicuidad del proveimiento se debe dar en la casa de todas las personas y 3) la calidad del agua que sea integralmente potable y segura (inodora, incolora e insípida).
La ley 11220 debe ser derogada por otra ley superadora y que conjugue con el ambientalismo inclusivo, justicia social y ambiental y desde ya con el derecho humano al agua y al saneamiento. El agua es vida y no mercancía.
La nueva norma en su ingeniería estructural debe dar cuenta también de varias cuestiones: el agua y saneamiento no se debe facturar, con la nueva ley lo debería sostener el Estado con el presupuesto público como lo hace con la educación y la salud pública, se debe establecer el consumo medido y dejar sin efecto el metraje cuadrado, asimismo dejar sin efecto por ende la autorización de cortar el agua por deuda. Se tiene que instituir también el agua y saneamiento total en la provincia, con la vinculante y decisiva participación de los Estados municipales y comunales. La salud de las de los ríos, que son personas no humanas sujeto de derecho, debe ser cuidada con plantas de tratamientos de los vertidos cloacales. Nunca más agua contaminada por fluidos de materia fecal vertida en los ríos. El único responsable de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento debe ser el Estado. No hay políticas públicas que se imputen al proveedor público si el Estado no asume en su plenitud la responsabilidad sanitaria del agua y saneamiento. En la nueva ley, se debe también actualizar y en algunos casos prohibir en otros, la existencia de químicos que son permitidos actualmente por esta vetusta norma jurídica. El profundo problema del arsénico se debe adaptar a 10mg por litro.
El Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress), debe continuar con más funciones vinculativas y decisorias autónomas. Hay que jerarquizarlo. El directorio debe ser conformado por la oposición que se decida parlamentariamente, así el control es más eficiente. Debe ser paritario e igualitario el directorio. La futura entidad proveedora del agua en la actual zona de afectación de Assa, debe tener en su órgano de dirección representantes de la ciudadanía del agua al igual que en el directorio del ente regulador que serán elegidos conjuntamente con la elección del parlamento provincial.
La Nueva Ley del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, debería establecer en su artículo primero, que es una función principal, fundamental y esencial del Estado de Santa Fe garantizar y asegurar el derecho humano al agua y saneamiento a todas las personas de la provincia. Todo habitante tiene el derecho y deber de reclamar a la provincia el acceso integral al agua y también la facultad a las personas de realizar las tareas técnicas urgentes a costa del Estado y bajo la dirección técnica de la proveedora de los servicios sanitarios o bien de las universidades públicas existentes en la provincia. El Estado rechaza toda discriminación legal o fáctica de acceso a agua. No hay agua de primera y de segunda en la provincia de Santa Fe. Toda agua debe ser única, sostenida por la provincia y en plena igualdad de condiciones para todas las personas. Es la justicia social y ambiental del ambientalismo inclusivo la que rige la presente norma. Para salvar el derecho humano al agua y saneamiento, hay que derogar la 11220.
(*) Director de Cátedra del Agua UNR. Codirector Asamblea provincial del Agua (2002) y Asamblea por los Derechos Sociales (1995). Magíster y Especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Centros Territoriales de Denuncia
Los Centros Territoriales de Denuncia funcionan como un espacio alternativo a las comisarías y brindan atención, orientación a la comunidad y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones.
De los ocho existentes en Rosario, el CTD de calle Mendoza al 3500 recibió 12.275 denuncias, hasta noviembre de 2022; de las cuales 5.029 fueron por robo, 1.988 por accidentes de tránsito, 783 por estafas, 565 por daños, 261 por hostigamiento y 213 por lesiones. De ese total, un 3% son denuncias en contexto de situaciones por violencia de género (371) y un 2,44% en contexto de violencia familiar (300).
En tanto que el CTD Sudoeste (COP) tomó 1.537 denuncias: 588 por robos, 163 accidentes de tránsito con lesiones, 139 por amenazas, 50 por lesiones, 49 por estafas. Del total, 121 denuncias fueron por hechos en contexto de violencia de género, lo cual representa un 7,87% del total, y un 4,48% (69) fueron denuncias en contexto de violencia familiar.
El CTD Noroeste recibió un total de 1.718 denuncias: 533 por robos, 205 por amenazas, 144 accidentes de tránsito con lesiones. Un 10,2% (186) de las denuncias allí radicadas fueron por delitos en contexto de violencia por razones de género, y un 9,48% (163) en contexto de violencia familiar.
El CTD Sur tomó 2.748 denuncias, de las cuales 836 fueron por robos, 312 accidentes de tránsito con lesiones, 306 por amenazas y 126 por estafas. De ese total, un 7,38% son denuncias en contexto de género (203) y un 5,74% en contexto de violencia familiar (158).
Por otra parte, el CTD ubicado en calle Corrientes al 2100, donde también existe un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) tomó 4.190 denuncias. De esas, 831 fueron por robos, 497 por el delito de amenazas, 487 por estafas, 350 por accidente de tránsito con lesiones, 142 por desobediencia, 129 por hostigamiento. De ese total, un 3,05% son denuncias en contexto de género (128) y un 1,36% en contexto de violencia familiar (57).
Ministerio de Seguridad de Santa Fe
Fuente:Rosario12
Casos de Herrera, el “chantapufi” y el agro
La circulación del dinero narco, su visibilidad y condena social. Las cuevas como recipientes preexistentes del producto de otras tramas ilegales aceptadas: granos, inversiones financieras atractivas.
Los circuitos financieros opacos en los cuales los narco de la zona cambian millones de pesos de la venta ilegal de estupefacientes por dólares –necesarios para reaprovisionarse, porque es un mercado que, como el inmobiliario, opera en moneda extranjera– no fueron constituidos para ellos, al menos hasta donde se sabe, sino que eran preexistentes y por allí circula dinero negro de otras actividades ilícitas menos resonantes y más aceptadas socialmente, como la evasión impositiva o la comercialización de granos no declarados. En la penúltima semana del año hubo tres noticias sobre el mundo de los delitos económicos: la primera sentencia judicial de remate en el fuero civil contra el ex titular del Rofex (mercado de futuros), Luis Herrera, por una deuda de 370 mil dólares; el allanamiento a una mutual ubicada en Mitre al 900 de Rosario en una causa por estafas de un falso bróker de seguro, conocido periodísticamente como “chantapufi”; y la incautación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de 18 camiones con más de 600 toneladas “de granos provenientes de productores apócrifos”, según un comunicado del organismo recaudador.
Grandes fortunas
El juez civil y comercial de la 16ta nominación de Rosario, Mauro Bonato, firmó esta semana la primera sentencia de remate contra bienes del financista Luis Herrera, imputado junto a su esposa y dos hijos a principios de noviembre último por 85 casos de presuntas estafas, que el fiscal estimó en unos 7 millones de dólares de perjuicio para las potenciales víctimas.
En general, a Herrera no se lo apostrofa en la prensa como “temible delincuente” porque su conducta no provocó hechos de sangre ni daños materiales inmediatos como el robo de un celular. La presunción de inocencia le está garantizada, continúa el proceso en libertad ambulatoria tras el pago de una fianza de 3 millones de dólares.
Según publicó el periodista Juan Chiummiento en el diario La Capital, el juez Bonato firmó una sentencia de remate contra Herrera ante un reclamo de 370 mil dólares de un particular que había firmado un mutuo con el financista, quien no hizo frente a su responsabilidad contractual cuando tuvo que devolver el dinero más los intereses pactados entre las partes.
De acuerdo a esta nota, la causa “se inició tras la falta de pago de un contrato de mutuo firmado el 26 de enero de 2021, por el cual Herrera recibió 370.000 dólares, monto que se obligó a cancelar con más los intereses pactados mediante un pago único, en efectivo, el 20 de julio de ese año. Para esa fecha, el ex presidente del Rofex ya había exteriorizado su cesación de pagos, por lo que no honró su compromiso”.
Herrera fue detenido a principios de noviembre junto a sus hijos, por la Policía local y por orden del fiscal de Delitos Económicos Miguel Moreno, quien unos días después los acusó por los delitos de estafa y administración fraudulenta.
Herrera estaba al frente de la reconocida agencia de bolsa local Fernández Soljan, que perteneció a su suegro, y fue presidente del Rofex en 2012 e integró la comisión directiva de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Hasta septiembre de 2021, cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió las actividades de la agencia bursátil, Herrera ocupaba el cargo de tesorero del Matba-Rofex, el mercado de futuros.
Según la acusación del fiscal Moreno, el financista se valió “del nombre, prestigio, confianza, imagen y operatividad en el tiempo” de la agencia de bolsa que dirigía para “desplegar una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado, valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores”.
En la acusación, Moreno indicó que Herrera persuadía a sus clientes de que “sus ahorros eran recibidos en carácter de comitentes del ALYC (Agente de Liquidación y Compensación) para ser aplicados a inversiones en el mercado de capitales regulado por la ley 26.831, a cambio de la cual se les prometía un rendimiento de renta fija”.
“Pero lo que realizaban era recibir el dinero en efectivo de forma irregular no ajustándose a las formalidades impuestas por la normativa tributaria”, dijo el fiscal.
Y apuntó que “este dinero, en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados y/o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, era aplicado a operaciones financieras irregulares no especificadas (préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas) y/o a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos”.
De acuerdo a la investigación, a partir del año pasado el financista entró en crisis “a consecuencia de una pérdida de confianza”, por lo que los inversores comenzaron a reclamarle su dinero, pero los imputados “comenzaron a manifestar excusas dilatorias” que originaron nuevos reclamos.
Según el fiscal, Herrera continuó captando nuevos ahorristas mientras no reintegraba el dinero que anteriores inversores le reclamaban.
El financista Herrera presentó un concurso preventivo de acreedores a principios de este año, pero le fue rechazado por la Justicia en primera y segunda instancia, lo que ocasionó su cesación de pago.
Para la Fiscalía, al verse en problemas para devolver el dinero a los inversores, comenzó a desviarlos “dando origen a un sistema de estafa piramidal”, que se sostiene mientras existen nuevos ahorristas que realizan aportes al mismo.
Según contó Chiummiento en la nota mencionada, “el patrimonio de Herrera se ubicaría entre las grandes fortunas del país. Cuando sus contadores presentaron los trámites para el pago del aporte solidario, el mismo ascendía a poco más de 1.030 millones de pesos (a valor fiscal), lo que podía categorizarlo entre las dos mil familias más ricas del país”.
De a toneladas
Otra fuente de circulación de dinero negro es la comercialización ilegal de parte de la producción agrícola de la rica zona núcleo de la pampa húmeda. La que se embandera con la celeste y blanca, no ya durante el Mundial de Fútbol sino cuando el Estado le plantea alguna forma de intervención o regulación en un mercado que consideran intocable.
El miércoles 22 de diciembre, la Afip informó por medio de un comunicado que la Dirección General Impositiva (DGI) “incautó 18 camiones con más de 600 toneladas de granos de trigo, soja y maíz que habían sido obtenidos en el mercado informal”.
“Los procedimientos permitieron desarticular maniobras fraudulentas en la comercialización de materias primas por parte de productores apócrifos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Salta. Las principales irregularidades detectadas consistieron en la falta de documentación respaldatoria y la obtención de la mercadería de parte de operadores sin capacidad económica ni financiera”, abundó la comunicación oficial.
En el caso de Santa Fe, los procedimientos se realizaron en dos terminales del sur de la provincia, donde está enclavado uno de los mayores complejos portuarios agroexportadores del mundo.
Allí, “una investigación de las áreas especializadas en actividad agropecuaria que posee el organismo permitieron descubrir una serie de movimientos sospechosos de parte de un contribuyente que planeaba maniobras de evasión por más de 500 millones de pesos”. Uno por quinientos.
A partir de esos indicios, la Afip “llevó a cabo fiscalizaciones presenciales en los puertos de Timbúes y de General San Martín, en donde se encontraron e interdictaron 5 y 3 camiones, respectivamente, con 153 y 90 toneladas de soja en cada caso”.
Según el organismo la carga “provenía de Santiago del Estero y había sido producida por un contribuyente que no contaba con capacidad económica ni financiera para justificar su actividad”.
El 15 de diciembre la Afip comunicó que desarticuló maniobras fraudulentas en la comercialización de granos por casi 600 toneladas valuadas en más de 55 millones de pesos, en rutas de Córdoba y Entre Ríos.
Un día después, el organismo “desarticuló en las provincias de Salta y Mendoza maniobras fraudulentas en la comercialización de 360 toneladas de ajo, maíz y soja”.
El mismo 16 secuestró mercadería ilegal valuada en más de 200 millones de pesos durante “la realización de 9 allanamientos llevados a cabo en locales comerciales, depósitos y domicilios particulares ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”.
Diez días antes, la Afip interdictó 230 toneladas de granos durante distintos operativos de fiscalización llevados a cabo en la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. “La mercadería tiene un valor comercial de 20 millones de pesos”, informó.
“En primer lugar, funcionarios de la Dirección Regional Rosario realizaron el secuestro de 36 toneladas de trigo que eran trasladados a bordo de un camión de carga, en la localidad santafesina de Timbúes, al detectar que la misma estaba a nombre de un operador que no cuenta con capacidad económica ni operativa para su comercialización”, dice el comunicado del organismo, como un mantra sobre las operaciones ilegales. Algún destino hubiese tenido ese dinero, si la carga no hubiese sido detectada y secuestrada. ¿Cuánto pasa y cuánto queda?
De la oscuridad de ese mercado también se nutren las cuevas donde los malvados narcos cambian pesos por dólares.
Timador
El miércoles 21 de diciembre la policía de Rosario allanó una mutual ubicada en Mitre al 900. Las mutuales suelen ser otro de los dispositivos opacos para la circulación de dinero de dudosa procedencia.
En este caso, fueron detenidas tres personas que, luego de que se les formaran causas por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos local, recuperaron la libertad. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestró 8.870.640 pesos; 7.133 dólares y cheques por 279.248 pesos.
Si bien no se brindaron mayores detalles, las medidas están relacionadas con las maniobras atribuidas a un falso asesor de seguros que ofrecía plazos fijos en dólares y pesos con tasas altas de interés a adultos mayores. Algo similar a las maniobras endilgadas a Herrera, pero sin el prestigio de su nombre.
Por eso, periodísticamente, el acusado Carlos Dante R. es llamado “chantapufi”.
El hombre de 52 años está detenido desde mediados de noviembre pasado luego de ser denunciado por al menos diez inversores que confiaron su dinero al presunto bróker a cambio de altas tasas de interés difíciles de conseguir en el mercado.
Al no devolver el dinero, unas 10 personas lo denunciaron y para el fiscal Mariano Ríos Artacho, que investiga el asunto, el perjuicio estimado sobre las víctimas ronda los 600 mil dólares.
Para el fiscal, el acusado habría realizado maniobras fraudulentas ofreciendo a la víctima plazos fijos de presuntas empresas de seguros y mutuales, con tasas nominales anuales del 55, 56, 58 y 61 por ciento (en relación a los plazos fijos en pesos) y tasas de los plazos fijos en dólares del 13 o del 16 por ciento.
Luego emitían los formularios falsos de constitución de los plazos fijos y también los formularios de ampliación y de renovación a nombre de las empresas aseguradoras. Cuando los imputados no pudieron abonar el capital aportado junto a los intereses, las víctimas comenzaron a reclamar el pago de los mismos, por lo que suscribieron un reconocimiento de deuda y abonaron sólo la suma de mil dólares.
Con sus matices y singularidades, los tres casos relatados aparecen como reveladores de la trama de circulación “negra” de dinero que procura obtener apariencia lícita por medio de operaciones financieras o de comercialización y que están independizadas de la economía narco, que también aceita esos mecanismos pero es la que no reúne consenso social.
Fuente:ElEslabon
Alquileres en Rosario se pactan 50% más del índice que marca la ley
El Índice para Contratos de Locación, establecido por la ley de alquileres, contempla un aumento del 77,6% interanual para los pactos vigentes. Pero para alquilar por primera vez, la oferta exige hasta 121% más que hace 12 meses. "Ni el aumento del dólar ni la inflación explican semejante incremento", reprochan desde el centro de estudios que relevó el mercado.
El mercado de alquileres en Rosario aumentó mucho más que lo estipulado por el Índice para Contratos de Locación (IPL) que por ley debería regularlo: 50 por ciento por encima de lo que debería ser, en el caso de los contratos nuevos.
En sencillo: mientras la actualización fijada por ley para los contratos en curso imponen una renovación con 77,6% de incremento en el precio, para el caso de los contratos nuevos a celebrar, la oferta es mucho superior.
"Si quiero contratar un nuevo alquiler de departamento, voy al mercado y me encuentro con que un monoambiente me sale 121% más que el año pasado", explicó la economista Celina Calore, del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (CESO), autor del relevamiento.
El actual índice de actualización de alquileres se publica en la página del BCRA, en la sección "Principales Variables". Este índice es actualizado según un promedio de los aumentos inflacionarios (Índices de Precios al Consumidor) y salariales.
Para establecer el aumento "aceptable", hay que considerar la fecha de firma del contrato, para saber calcular el incremento que habrá que pagar. Luego, hay que ingresar al sitio oficial del BCRA y dirigirnos a la sección "Índice para Contratos de Locación" y buscar las fechas correspondientes. Luego, dividir el monto del alquiler pactado originalmente por el ICL correspondiente. El valor obtenido hay que multiplicarlo por el ICL actual y, de esa forma, se sabrá cuánto habrá que abonar.
Los corredores inmobiliarios pretenden explicar estos excesos por culpa de la ley de alquileres que provocó una retirada de unidades para alquilar y achicó la oferta en el mercado.
Sea verdad o no la explicación de las inmobiliarias, hoy alquilar un monoambiente en Rosario aumentó 121% en relación con lo que el mercado requería hace 12 meses, y hoy el promedio de canon es de $42.000. Esto equivale a casi el 68% del Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy araña los 62.000 pesos. Y si se trata de una jubilación mínima ($50.124), la proporción de la locación llega al 83,8% de ese ingreso.
El trabajo del CESO reseña que en el caso de departamentos de dos ambientes (1 dormitorio), el aumento interanual hoy llega a 113%; y para el caso de las unidades de tres ambientes (2 dormitorios), los nuevos contratos se pactan con 85,7% más en promedio de actualización.
La evolución inflacionaria de la oferta no se condice con la del dólar. El precio oficial de la divisa incrementó este año 64%. Y la inflación interanual al mes de noviembre marcó, según el Índice de Precios al Consumidor del Indec, un aumento de 92,4%. "Con lo cual, ninguna de las variables antes mencionadas puede explicar los aumentos de precios de alquileres de hasta 121,1% en algunos tipos de unidades", observó Calore.
Anuncian fuerte inversión para Rosario: urbanización, escuelas, Salta 2141, y más
El gobierno provincial presentó el plan de obras de 2023 para el departamento, a razón de 50 mil millones de pesos. Destacan el memorial de Salta 2141, intervenciones fuertes en Tablada y sobre bulevar Seguí, y 1.464 viviendas, entre otras.
El gobierno provincial presentó este miércoles el plan de obras para Rosario y Gran Rosario para 2023, que ascienden a los 50 mil millones de pesos. Entre las mismas se destacan la edificación de la estructura de hormigón armado y planta baja de "Salta 2141: espacio cultural y educativo de la memoria y la música", obra cloacal en el Hospital Regional Sur, la remodelación de Ayacucho, entre Lamadrid y Seguí; la remodelación de Seguí, entre Oroño y Ayacucho, la construcción de la Escuela Primaria Barrio Nuevo Alberdi y 1464 nuevas viviendas.
Calle Salta 2141
La obra de calle Salta 2141 tiene un presupuesto: $ 388.740.142 y un plazo de 360 días. Consta de la ejecución de la estructura de hormigón armado y arquitectura de planta baja y comprende la ejecución de tabiques, columnas, vigas, losas, etc., como así también las excavaciones, demoliciones e impermeabilización. La obra se trata de un edificio de dos cuerpos con un subsuelo. El cuerpo delantero del edificio tiene 6 pisos, azotea, planta de tanques y sala de máquinas para ascensores. El cuerpo posterior posee 4 pisos y azotea.
En planta baja se ejecutará en esta etapa la arquitectura. Cuenta con dos salas con revestimiento acústico, baños públicos y privados con accesibilidad y también un office. El memorial se conforma por un espejo de agua con una escultura con estrellas de acero inoxidable, bancos de hormigón armado que se transforman en cantero bajo el lucernario, y el nombre de las victimas del siniestro amuradas al tabique de hormigón.
Estación de Bombeo en el Hospital Regional Sur
Cuenta con un presupuesto de $ 812.766.909 y un plazo de obra de 240 días. "Para brindar el servicio, debido a los recurrentes problemas de vandalismo e inseguridad producidos en las instalaciones de la Estación de Bombeo de Barrio Las Flores, surge la necesidad de realizar su traslado a una nueva ubicación con menor vulnerabilidad, acceso rápido y sin dificultad y alimentación eléctrica confiable", explicaron. La nueva Estación estará al sur del predio del Hospital con capacidad final de recibir e impulsar los efluentes de los barrios Tío Rolo, Puente Gallegos, 17 de agosto, Las Flores E, Irigoyen, Las Flores Sur, San Martín SE y SO, más los propios del Hospital.
Escuela Primaria Barrio Nuevo Alberdi
Cuenta con un presupuesto de $ 383.096.890 y un plazo de obra de 240 días. La escuela estará ubicada en calle Benito Álvarez entre Joaquín Suárez y Matheu. "La implementación de nuevas metodologías no se podrá llevar a cabo sin que vaya acompañada de cambios en las estructuras físicas de la escuela. La densidad deberá ser menor, los modos de ocupación de los espacios distintos, priorizando el movimiento y el tránsito, y la apertura de espacios hacia otros lugares para habitarlos no solamente en el recreo. Además de las condiciones educativas, curriculares y socio-afectivas es necesario brindar condiciones edilicias eficientes que permitan despertar y estimular el pensamiento crítico", detallaron.
Remodelación de Seguí, entre Oroño y Ayacucho
Cuenta con un presupuesto de $2.970.614.400. "Su intervención es necesaria debido al escaso ancho actual de calzada, el avanzado grado de deterioro y la conveniencia de incorporar ciclovías para dar continuidad a dicha red", subrayaron. El proyecto consiste en la reconstrucción total de la avenida, contemplando dos calzadas de hormigón con cordones integrales de 8,80 metros de ancho, que posibilitarían cada una un carril de estacionamiento, dos de circulación, resultando un cantero de 8 metros que incluye la ciclovía junto con el arbolado existente. El ancho de las veredas actuales no se vería afectado.
Fuente:RosarioPlus
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