El Huracán Alejandra
La Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó anuló el desquicio de reformas estructurales que le dejó su predecesor interino: creación de cuerpos técnicos, modificación del régimen de selección de magistrados, diseño de la política criminal y de persecución penal, fijación de políticas de superintendencia y de personal, incrementos presupuestarios y pagos irregulares.
Por Horacio Verbitsky
Gils Carbó con el escribano Etchegaray: auditoría al asumir.
Las espinas de la Rosza
Al fallar en el caso “Rosza”, en 2007, la Corte Suprema de Justicia estableció en forma taxativa que las facultades excepcionales y transitorias otorgadas a un magistrado subrogante sólo se justifican para no paralizar la administración de Justicia y privar a los justiciables de su derecho a un tribunal que atienda sus reclamos sin demoras. Los votos de Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay en esa misma causa añadieron que el cometido constitucional de un juez suplente nunca fue “integrar el Poder Judicial sino evitar la denegación de Justicia asociada a la paralización de los tribunales vacantes”. Entre las ilegítimas resoluciones anuladas ahora por Alejandra Gils Carbó figuran los ascensos y la creación de una serie de cargos muy bien remunerados, en los cuales González Warcalde designó a personas de su confianza personal, que se consignaron aquí el 27 de mayo (“Salto a la garrocha”). Gils Carbó devolvió a sus tareas anteriores a casi todos los funcionarios mencionados en aquella nota: los secretarios letrados Gustavo López Arean y Jaquelina Clemmensen, quienes habían sido ascendidos a cargos de Secretario, con rango y sueldo de camarista, a los que en una situación normal se llega sorteando difíciles concursos y luego de veinte años de carrera; los escribientes titular y auxiliar Francisco Palma y Agustín Moreno, quienes habían saltado cuatro rangos para ser Prosecretario y jefe de despacho; la escribiente auxiliar Angeles María Martínez Zuviría, que avanzó cinco niveles; los secretarios letrados, que perciben la misma remuneración que un juez de primera instancia, Benjamín Fernández Pezzano y Pablo Daniel Eiroa; la oficial Marina Narváez, que había trepado tres escalones, de oficial a subsecretaria letrada, y la subsecretaria Clarisa Federico. Todos ellos se desempeñaban en el Area de Derecho Penal a cargo del propio González Warcalde y ahora deben volver a la casilla anterior, lo mismo que Francisco José Ulloa, quien regresará a la Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos. Gils Carbó también revocó un pago excepcional injustificado de casi cien mil pesos al fiscal federal Carlos Rívolo, quien deberá devolverlo.
El quiosco
Un funcionario de la Procuración le dijo a Gils Carbó que en los meses previos a su designación “asaltaron el quiosco y se llevaron todas las golosinas”. El fundamento común a todas las resoluciones del viernes es que al actuar como Procurador interino, González Warcalde no estaba facultado para tomar irrazonables decisiones de fondo que condicionan el desempeño futuro de la Procuración y su presupuesto:
- Designó en la estructura de la Procuración a 612 agentes interinos o contratados y ascendió a 44 funcionarios y empleados dentro de la estructura central del organismo. Llegó a efectivizar a un contratado para cubrir una licencia por embarazo. El Régimen de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal (Resolución 128 de 2010) dispone que los magistrados subrogantes sólo pueden efectuar designaciones con carácter interino. La Asesoría Jurídica de la Procuración General advirtió que sólo era razonable el ejercicio de las competencias del Procurador suplente para “el desenvolvimiento normal y habitual de la gestión administrativa”, dado el carácter excepcional y transitorio de su mandato. Pero además, la ley 19.549 es precisa en su previsión de que los actos administrativos no pueden “perseguir otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto”. Esta delimitación de las atribuciones del Procurador interino “impidió que los agentes adquieran estabilidad en los cargos”, por lo que la Procuradora deberá revisarlos en el lapso de un mes. Lo más probable es que, ya anulados los ascensos en los cargos más altos, el resto sea confirmado y sólo haya unas pocas cesantías.
- También obsequió un 10 por ciento adicional por título universitario, al margen del criterio de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Righi había reglamentado la bonificación, de modo que fuera automática para todos los abogados. González Warcalde la extendió a cualquier título universitario en carreras de por lo menos cuatro años, aunque no tuvieran relación con la tarea de los agentes, por ejemplo, un ingeniero agrónomo. Como no se dio la intervención obligatoria a la Secretaría General de Administración ni se realizó un censo de los agentes beneficiados para analizar el impacto presupuestario, la resolución no consolidó situaciones jurídicas individuales y su derogación no afecta derechos adquiridos.
- Además, González Warcalde modificó el cómputo del concepto salarial por antigüedad. En aplicación de un criterio fijado por la Corte Suprema, Righi había dispuesto que la bonificación se pagara por la antigüedad de servicio en cualquier dependencia del Estado o del título, la que fuera más favorable al beneficiario. En cambio González Warcalde estableció sin darle intervención ni a la Asesoría Jurídica ni a la Administración un régimen mixto en el que ambas opciones se suman. AGC dejó sin efecto esa resolución.
Como si su mandato no fuera por pocos meses sino definitivo, González Warcalde encaró un ambicioso plan de reformas estructurales: creó una Dirección de Cuerpos Técnicos, un Laboratorio Informático Forense, una Oficina de Optimización Laboral, un nuevo Régimen de Selección de Magistrados y constituyó una Comisión Redactora para la elaboración de un proyecto de ley orgánica del Ministerio Público. Encabezaban esa Comisión los dos fiscales generales de la Ciudad de Buenos Aires, su titular, Germán Garavano, y el adjunto, Luis Cevasco, y no la integraba ningún fiscal del fuero más extenso, el de instrucción. Garavano fue director académico de FORES (el grupo de lobby judicial creado en apoyo de la dictadura militar y luego reciclado como think tank de Maurizio Macrì y Francisco De Narváez) y es un declarado crítico de las regulaciones estatales que a su juicio obstaculizarían el crecimiento. Cevasco solicitó el arresto y procesamiento de los delegados gremiales del subte. Al asumir, Gils Carbó sugirió a Garavano que lo mejor para todos era una renuncia sin escándalo, que obtuvo en el acto. Ahora disolvió el engendro junto con las demás creaciones de última hora de González Warcalde.
Por último, Gils Carbó repuso al fiscal subrogante Fernando Gustavo Javier Gimena ante el tribunal oral federal que lleva las causas por violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero, en respuesta a una petición de los organismos defensores de los derechos humanos. González Warcalde lo había desplazado, colocando en su lugar al fiscal Pedro Eugenio Simón, que hizo su carrera como abogado desalojando campesinos de tierras apetecidas por grandes terratenientes.
De Righi a Gils Carbó
Por Horacio Verbitsky
La renuncia del Procurador Esteban Righi, quien luego de decir que no sería ni Redrado ni Alberto Fernández se llamó a silencio aún luego de que la Justicia absolviera a su esposa y a otros abogados de su estudio acusados de tráfico de influencias por el vicepresidente Amado Boudou, fue aceptada el 11 de abril. Quedó a cargo de la Procuración una de las joyas remanentes del menemismo judicial, Santiago González Warcalde, yerno y esposo de las ex diputadas cordobesas Leonor Alarcia y Marta Alarcia. En 1993 tuvo que investigar amenazas a periodistas y sólo esclareció el caso de un lunático experto en comunicaciones, porque también había interferido las del avión de Carlos Menem. En 2004, dictaminó a favor de la libertad del ex militar Jorge Varando, autor de los disparos desde el banco HSBC que el 20 de diciembre de 2001 causaron la muerte del joven manifestante Gustavo Ariel Benedetto, de 23 años. Según González Warcalde, no es posible sostener que Benedetto fuera un manifestante sin evaluar “la legitimidad de su accionar, teniendo en cuenta el decreto 1678/2001” por el que De la Rúa declaró el Estado de sitio. Es decir que bien muerto estuvo. Además habilitó su despacho un sábado para disolver la Fiscalía Antisecuestros, cuando investigaba a policías federales por el secuestro del hijo del ex ingeniero Juan Carlos Blumberg. La asamblea de fiscales repudió la decisión, adoptada “en un día inhábil, sin premura ni necesidad”, según ellos para frenar una investigación que podía llegar hasta el ministro de Justicia de entonces, Gustavo Beliz. González Warcalde también apoyó el recurso extraordinario del ex dictador Jorge Videla, quien consideraba prescriptos los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Plan Cóndor y dictaminó a favor de la liberación de Menem en el juicio por la venta clandestina de armas a Ecuador y Croacia. La candidatura para sucederlo en la Procuración del Síndico General de la Nación, Daniel Penoso, naufragó en la audiencia pública. Los decretos de transparencia en las designaciones judiciales que firmó Néstor Kirchner permitieron que Penoso exhibiera sin cortapisas la extensión y profundidad de su ignorancia. El 8 de junio, la presidente CFK retiró su pliego y envió el de Gils Carbó, una decisión sorpresiva, ya que no tenía conocimiento ni relación personal con ella, sino más bien un antecedente polémico, que fue revalorizado con los años: en abril de 2007, como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Nación, AGC solicitó que se revocara la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión con sus acreedores. Esto a su vez afectaba la reclamada fusión de Cablevisión con Multicanal, que Kirchner aprobó en la última semana de su presidencia. El desempeño de AGC en la audiencia de confirmación fue superlativo y esto le permitió exceder con holgura los dos tercios necesarios para obtener el acuerdo: el 18 de agosto, 63 senadores la confirmaron y sólo tres se opusieron. La primera mujer que conduce la Procuración General fue designada por decreto el 24 de agosto, juró ante la presidente el 29 y el 30 mostró la impronta de su cometido al presentarse en su sede en compañía del escribano general de Gobierno, Natalio Pedro Etchegaray, para documentar el estado financiero, presupuestario, contable y de contrataciones de la Procuración General de la Nación y la cantidad de resoluciones protocolizadas por Righi y por González Warcalde. Le llevó cuarenta días desmantelarlas.
Por Horacio Verbitsky
El fiscal federal Carlos Rívolo deberá devolver a la Procuración General casi cien mil pesos que cobró en forma indebida gracias a una resolución del Procurador interino Luis Santiago González Warcalde, que la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó revocó el viernes 12. Además, González Warcalde y Rívolo serán sometidos a un sumario administrativo que analizará las respectivas conductas. El episodio se originó en la colaboración que Rívolo prestó al fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal Ernesto Rizzi, en el juicio por el accidente de LAPA (causa “Deutsch, Gustavo y otros s/delito de acción pública”). En febrero de 2010, Rívolo pidió que le pagaran la diferencia entre el cargo de fiscal de primera instancia, que siguió ocupando, y el de Fiscal General ante los Tribunales Orales, que asciende a 97.940,79 pesos. La Asesoría Jurídica dictaminó que no correspondía, ya que no actuó como subrogante designado por el Procurador, que es el único caso que lo permite, sino como coadyuvante por designación del Fiscal de la causa. Es decir, no reemplazó al titular, sólo lo ayudó en su tarea. El Procurador General Esteban Righi rechazó el reclamo y Rívolo lo consintió. Pero este año, a pocos días de asumir como procurador interino y sin que conste en el expediente ningún pedido de Rívolo, González Warcalde sacó la causa del archivo, eludió a la Asesoría Jurídica y le pidió una opinión al secretario de la Procuración Pablo Revilla. Al dejar sin efecto la resolución de Righi, González Warcalde destacó su “conocimiento personal” de los problemas que hubo en esa causa y “la generosa entrega” de Rívolo, es decir consideraciones subjetivas sin asidero normativo. Con este antecedente todos los fiscales comenzaron a pedir que se les pagaran las denominadas coadyuvancias, que son parte de la función que cubre su salario. Por supuesto, no había ninguna previsión presupuestaria para enfrentar esta catarata. El viernes, Gils Carbó volvió todo a su cauce, dejó sin efecto la resolución, ordenó a Rívolo que devolviera los casi cien mil pesos cobrados en forma indebida y remitió las actuaciones a la Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos para que evalúe la responsabilidad de González Warcalde, Rívolo y Revilla, quienes no podían desconocer los vicios del procedimiento.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agnddhh
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