08 de octubre de 2020
Según una encuesta de Argentina Opina, la fórmula obtendría el 42 por ciento de los votos
Alberto Fernández ganaría las elecciones si fuesen este domingo
Más allá de las dificultades que impuso el coronavirus y las graves secuelas económicas del gobierno de Mauricio Macri, el Frente de Todos que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner se impondría con claridad si hubiera elecciones este domingo. A nivel nacional, el Frente de Todos obtendría el 42 por ciento de los votos frente al 31 de Juntos por el Cambio, la alianza que encabeza Macri. La diferencia de 11 puntos es mayor a la conseguida en la elección de 2019. En el tercer lugar estaría José Luis Espert y un poco más allá Roberto Lavagna. Las distancias serían aún mayores en territorio bonaerense, donde la dupla Fernandez-Fernández conseguiría el 48 por ciento frente al 25 de la coalición que encabezaron Macri y Miguel Angel Pichetto.
Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por Opina Argentina, la consultora que lidera Facundo Nejamkis. En total se entrevistaron 1.500 ciudadanos de todo el país, con encuestas telefónicas pero también presenciales, respetando las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social.
Las dificultades que afronta el gobierno de Alberto Fernández son indudables y se manifiestan en una baja en casi todos los indicadores, incluyendo los que tienen que ver con el manejo de la pandemia. Aún así, hay un 54 por ciento que considera que el Ejecutivo está enfrentando bien el coronavirus, es decir que existe una mayoría que considera adecuado lo hecho por la Casa Rosada.
El punto más crítico para cada uno de los consultados tiene que ver con la economía, en especial el desempleo y la inflación. Casi el 60 por ciento de los encuestados ponen el acento en esos aspectos. Muy atrás está la inseguridad y en cuarto lugar la cuestión de la pandemia. Sin embargo, todos los temas están relacionados entre sí, porque difícilmente pueda mejorarse la economía si no se consigue cierta normalidad en lo epidemiológico.
Lo llamativo del trabajo de Opina Argentina es que la mayor parte de los consultados considera que al país le iría peor con un gobierno de Macri. Es decir, que se hubieran manejado peor el virus y la economía. El 38 por ciento piensa que el Frente de Todos está en mejores condiciones para reactivar la actividad económica, frente a un 21 por ciento que cree que lo podría lograr el macrismo. Y nada menos que el 45 por ciento dice que el país estaría peor si la cuestión sanitaria hubiera estado en manos de Mauricio Macri.
Todo se sintetiza en un ensayo casi experimental de Opina Argentina en el terreno electoral, dado que no hay comicios a corto plazo. Pero la consultora de Nejamkis preguntó por cómo sería el voto de cada encuestados si las elecciones fueran el domingo.
*Tomando los encuestados de la totalidad del país, el Frente de Todos conseguiría el 42 por ciento de los votos, frente al 31 de Juntos por el Cambio. Son 11 puntos de diferencia, más que los siete que hubo en octubre de 2019.
*En el tercer lugar aparece José Luis Espert y la franja ubicada más a la derecha del macrismo.
*El cuarto lugar es llamativo, Otros. Según le dijo Nejamkis a este diario son personas enojadas que dicen que van a votar a otros porque están disconformes con las dos fuerzas mayoritarias.
*Atrás viene Roberto Lavagna con un cinco por ciento de los votos, algo parecido a lo ocurrido un año atrás.
*Más lejos se posiciona la izquierda que, de todas maneras, en elecciones legislativas como las que se vienen, suelen conseguir buenos porcentajes.
El cuadro de situación global exhibe a un gobierno que no tiene una situación fácil, tanto por la covid-19 como por el cuadro económico, pero que sigue teniendo una mayoría que lo acompaña y una preeminencia electoral de máxima importancia.
Entre 2009 y 2019 el PRO vendió casi 230 hectáreas de dominio público
Diez años inmobiliarios del Gobierno porteño
Imagen: Guadalupe Lombardo
Entre 2009 y 2019, bajo la gestión del PRO, el Gobierno porteño vendió aproximadamente 150 hectáreas de tierra de la Ciudad a través de 26 leyes que se sancionaron en la Legislatura. Al mismo tiempo, durante el mandato presidencial de Mauricio Macri (2015-2019), la Agencia de Bienes del Estado posibilitó la subasta de otras 78 hectáreas de tierras nacionales dentro del distrito a través de transferencias de suelo y acuerdos urbanísticos entre ambas jurisdicciones. La mayoría de las tierras fueron destinadas a desarrollos inmobiliarios de lujo. En la superficie de tierra desafectada de la Ciudad se podrían haber construido viviendas para 86.275 personas, teniendo en cuenta que el tamaño promedio de los hogares es de 2,4 integrantes, según datos del Censos. O, si se toma el tamaño promedio de los hogares en villas, que a 2019 era de 4,5 integrantes, se podrían haber desarrollado viviendas para 161.766 personas. O se podrían haber ampliado los espacios verdes de la ciudad en un 39,7 por ciento. La Legislatura porteña tratará hoy otro proyecto en este mismo sentido: implicará la privatización definitiva de un amplio sector de Costa Salguero para habilitar la construcción de un barrio premium con diez bloques de edificios.
Los datos surgen del informe “La década vendida. Política de suelo de las gestiones PRO en la Ciudad: enajenación de dominio público y negocios inmobiliarios”, elaborado por el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña y su equipo de asesores de política urbana. El estudio se elaboró a partir de un relevamiento realizado durante los meses de agosto y septiembre de este año con relación a la cantidad de inmuebles autorizados a enajenar por las gestiones del PRO de la Ciudad y los que se autorizaron a subastar en su paso por el Estado Nacional.
El relevamiento señala que durante los años considerados, se desafectaron “prácticamente 150 hectáreas (149,7ha) en distintos tipos de bienes raíces, ya sean terrenos vacantes o inmuebles consolidados”. Que en la mayoría de los casos han sido para “el desarrollo de negocios inmobiliarios, aunque también existen casos de desprendimiento de inmuebles de dominio privado (departamentos de 2 o 3 ambientes por ejemplo) por ser costoso su mantenimiento”. Pero en todos los casos, sostiene el informe, se evidencia “una total falta de visión del manejo de estos bienes para el desarrollo de políticas públicas activas en términos habitacionales”.
La política de destinar las tierras a fomentar emprendimientos inmobiliarios suntuosos “en las zonas más privilegiadas de la Ciudad, donde la vivienda es un recurso de especulación financiera”, advierten los responsables del estudio, se da en un contexto donde la Ciudad “muestra un índice de crecimiento poblacional estable desde hace más de 70 años, con un fuerte crecimiento de la inquilinización, 35,2% del total de los hogares (EPH, 2019), y un déficit habitacional que en la actualidad se calcula cercano al 15% de la población, y que ascendía a más del 11,5% según el último Censo Nacional”.
En el periodo referenciado, los datos muestran que el proceso de venta de suelo público en la Ciudad “se aceleró fuertemente a partir de fines de 2015, ya que el control por parte del Pro del Ejecutivo local junto al Gobierno nacional significó un esquema institucional perfecto para consolidar grandes negocios inmobiliarios sobre una reserva de suelo nacional vacante que se encontraba en el distrito”. La superficie de suelo nacional en el distrito subastado tuvo su punto máximo durante el año 2017, cuando se enajenaron 42.177metros cuadrados, mientras que en 2018 fueron 20.614 metros cuadrados y en el 2019 15.612 metros cuadrados.
Al mismo tiempo, señalan que el suelo nacional subastado, “tuvo una particularidad, ya que el mismo se encontraba, en general, desafectado de usos ferroviarios en zonas de alto valor (Catalinas II, Estación Colegiales, Estación Villa Urquiza, etc) De esta manera, si bien su superficie es prácticamente la mitad que la enajenada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las operaciones, que en general fueron subastas vendidas a valores por debajo del mercado, generaron U$D 503.236.653”.
La cantidad de suelo autorizada a enajenar por las gestiones del Pro al frente del Gobierno de la Ciudad en el período 2009-2019 y de la Nación entre 2017 y 2019 es casi equivalente a la superficie que posee todo el barrio de Santa Rita, el cual posee 2,3km2 frente a los 2,28km2 enajenados.
Para ejemplificar cómo se fueron dando los procesos de entrega de tierras a privados para desarrollos inmobiliarios, el informe toma algunos casos testigo, como lo que sucedió con parte de los predios de la Ex AU3, que se convirtió en el corredor Donado y Holmberg, que corren en paralelo, a la altura de los barrios de Villa Urquiza y Villa Ortúzar, donde se construyeron edificios con oficinas , restaurantes y bares, o los casos de Casa Amarilla, en La Boca y la Villa Olímpica, en Villa Soldati. Donde el denominador común es que el Gobierno porteño mediante diferentes instrumentos y mecanismos (ya sea entregando subsidios para desalojar los terrenos o cediendo una parte de las tierras para viviendas sociales) termina enajenando los predios para desarrollos urbanísticos privados.
El relevamiento también le dedica un capítulo al proyecto del oficialismo que introduce modificaciones al Distrito Joven para, entre otras cuestiones, habilitar la construcción de diez edificios en 7,5 hectáreas de Costa Salguero, una zona donde el metro cuadrado puede cotizar arriba de los 9000 dólares. La iniciativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que de concretarse significaría la privatización de un sector de la Costanera Norte, será tratada hoy.
En la sesión, Barroetaveña expondrá parte de los datos consignados en este informe que señala que “la explotación del predio de Costa Salguero representa seguramente el caso más emblemático de un sistema que en la práctica está puesto al servicio de los negocios de un conjunto de empresarios, a costa del patrimonio del conjunto de los porteños”. Después describe toda una serie de irregularidades que arrastra la concesión del predio a la empresa Telemetrix S. A. desde 1988, cuando la Administración General de Puertos Sociedad del Estado le otorgó un permiso de uso para la explotación del predio. Cuestionamientos que fueron desde el exiguo canon que paga la empresa hasta reclamos para permitir la circulación en el camino de sirga de la Costanera Norte.
Por último, el informe critica la Ley 6289, votada el 5 de diciembre pasado, que autoriza la enajenación de los terrenos, y señala que “fue tipificada como venta de bienes de dominio privado, interpretación de carácter polémico, razón por la cual no se cumplió con el procedimiento de doble lectura”. Pero además de cuestionar el mecanismo empleado por el bloque oficialista para aprobar la ley, cuestiona sus fines: “Resulta sorprendente que el Gobierno promueva el concurso y la revitalización de este predio a través de un mega desarrollo urbanístico orientado al mercado inmobiliario, generando el primer emprendimiento de esta características en la Costanera Norte en la historia de la Ciudad, y que además limita con uno de los barrios populares más grandes de la misma (Barrio 31), cuyas problemáticas ambientales y habitacionales no se han solucionado y se han visto vulneradas en los últimos meses”.
Barroetaveña explicó a este diario que “quisimos poner en contexto y con datos todo el proceso de venta de tierras que se fue dando durante la gestión del PRO, que se vio acelerado cuando confluyeron en la gestión en Nación y Ciudad. En los países centrales el suelo es un bien escaso, entonces para planificar el crecimiento las ciudades se plantean si quieren que crezca la mancha urbana o no, si quieren que crezca la población. Algunas plantean crecer en densificación, otras no, y ahora con la pandemia se puso todo en cuestión. Pero lo que está claro, es que el suelo es un bien escaso que no podés reproducir y es esencial para cualquier planificación”.
Y agregó: “la Ciudad tiene hace 70 años la misma población y sin embargo viene duplicando el déficit habitacional porque se genera construcción para la especulación inmobiliaria, para la reserva de valor, y por otro te explotó la gente en las villas y creció 10 puntos la cantidad de personas que alquila. Esas 150 hectáreas se podrían haber utilizado de otra forma. Para resolver parte del problema habitacional o para casi aumentar un 40 por ciento el espacio verde, lo que significaría estar en los 10 metros de espacio verde por habitante como recomienda la Organización Mundial de la Salud”.
El legislador, que integra la Comisión de Planeamiento Urbano, remarcó que “Buenos Aires tuvo con su Constitución y su Plano Urbano Ambiental una idea clara de desarrollo y uso del suelo que con el macrismo no solo se perdió sino que se transformó en una máquina de enajenación de suelo público para negocios privados”.
El NEOKIT PLUS fue desarrollado por científicos del Conicet
La Anmat aprobó un nuevo
test rápido de coronavirus
Imagen: CONICET
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó una nueva versión del test argentino para detección rápida del coronavirus. El NEOKIT PLUS posibilita el diagnóstico de Sars-CoV-2 a través de la toma de un hisopado común o de saliva, lo que permite ahorrar tiempo y costos.
"El NEOKIT PLUS mejora la versión original de NEOKIT Covid-19, ya que permite una extracción del genoma viral sin la necesidad de realizar previa purificación del ARN del virus", señaló el Conicet en un comunicado de prensa.
El texto del organismo señala que "de esta manera, otro desarrollo argentino logra un nuevo avance en el combate de la pandemia, reflejando el potencial y la calidad del sistema científico y tecnológico local"
El NEOKIT Covid-19 Y NEOKIT PLUS fueron desarrollados por científicos y científicas del Conicet del Instituto César Milstein, en el marco de la Unidad Coronavirus Covid-19, creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Conicet y la Agencia I+D+i.
Ambos son tests para la detección de coronavirus de alta confiabilidad, facilidad de uso, rapidez de diagnóstico y bajo costo y comenzaron a producirse en el país a través de un acuerdo entre NEOKIT e Y-TEC, la empresa de tecnología de YPF y el Conicet.
Se comprobó que la AFI macrista los plantó para perjudicar a
Cristina Fernández de Kirchner
La famosa "ruta del dinero K" partió de testigos falsos
Imagen: NA
Dos falsos testigos plantados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en tiempos de Mauricio Macri admiten que mintieron y aceptaron una condena por falso testimonio agravado a tres años de prisión en suspenso. Los falsos testigos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, participaron de una maniobra que buscaba sacar al juez Sebastián Casanello de la causa que los grandes medios llamaron La ruta del dinero K, pero que terminó sin ningún Kirchner en el banquillo de los acusados. Para remover a Casanello y poner un juez más amigo, los testigos dijeron que vieron al juez en la quinta presidencial de Olivos hablando con Cristina Fernández de Kirchner, algo que se comprobó falso: el magistrado nunca estuvo allí y, en verdad, tampoco estuvieron Corizzo y Scozzino, por lo que quedó probado que falsificaron la historia. Ahora reconocieron esa falsificación. El punto clave es que el aparato de Comodoro Py quiere cortar las responsabilidades en los dos testigos truchos, mientras que Casanello exige que se avance sobre la responsabilidad de dos piezas de importancia dentro de la AFI, el ex fiscal Eduardo Miragaya y el abogado Santiago Viola.
Los abogados de Corizzo y Scozzino, el defensor oficial Ricardo Rosset y el letrado Adrián Arena, aceptaron la propuesta del fiscal de juicio Nicolás Czizik de lo que se conoce como juicio abreviado: los acusados reconocen su responsabilidad y admiten la pena propuesta por el fiscal, en este caso tres años de prisión en suspenso, pena alta para un falso testimonio agravado por ser en causa penal. El paso siguiente es la vista a la víctima de la maniobra, el propio Casanello, asistido por el abogado Nicolás Dálbora. Todo indica que aceptarán también lo propuesto por el fiscal porque significa un reconocimiento taxativo de la operación que se hizo contra el magistrado. La última palabra la tendrá el Tribunal Oral Federal número 3, formado por Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, quienes deben decidir si convalidan lo acordado por todas las partes. La lógica indica que, antes de que termine octubre, darán el visto bueno.
Más allá de estas idas y vueltas procesales, lo que queda claro es el gravísimo accionar de los servicios de inteligencia de Macri en la justicia y la política. El objetivo consistía en poner un juez amigo de Cambiemos al frente de la causa por la Ruta del dinero. Como el sorteo le otorgó la instrucción a Casanello, el macrismo quiso sacarlo y para eso armó la operación de dos testigos que vieron al magistrado en Olivos junto a CFK. La jugarreta era afirmar que la expresidenta y el juez eran parte de un complot, recusar a Casanello y poner un magistrado alineado con Cambiemos. Cuando todo esto se publicó en los medios hegemónicos, Casanello afirmó que nunca estuvo en la quinta presidencial y que nunca habló con la expresidenta, ni siquiera por teléfono. El andar del expediente demostró que el juez decía la verdad.
La maniobra fue grotesca. Corizzo dijo que estuvo en Olivos porque era chofer de Presidencia pero que justito no llevó el celular, lo que impedía usar la geolocalización para determinar si estuvo allí. También afirmó que viajó a la quinta presidencial con otro chofer, por eso no aparecía en el registro de entradas y para redondearla sostuvo que las instrucciones se las dio "Luciana", una secretaria de Wado De Pedro. El ahora ministro no tenía ninguna secretaria de ese nombre. Como el testimonio de Corizzo se caía a pedazos, la AFI metió en la jugada un segundo testigo, igual de trucho: Carlos Scozzino. Ahora ambos reconocieron su mentira.
Pero el punto neurálgico de todo el caso es el papel de la AFI, supuestamente con el ex fiscal Miragaya y el abogado Santiago Viola a la cabeza. La operación tenía un doble objetivo:
* Una especie de forum shopping para colocar a la cabeza del expediente a un juez amigo.
* Infiltrar a la defensa de la familia de Lázaro Báez. Trataron de convencer al constructor, y en especial a los hijos, de que había un complot entre Casanello y CFK para que los Báez cargaran con todas las culpas y así se librase a la expresidenta. Eso hacía necesario recusar al magistrado. De paso se ganaron la confianza quedándose con la defensa de los hijos. Por esa vía fueron apretando a Báez, intentando convertirlo en "arrepentido", algo que el santacruceño rechazó una y otra vez. La coacción se hizo incluso difundiendo a través de programas amigos escuchas de sus diálogos telefónicos desde la cárcel.
El desafío no es entonces sólo la condena de Corizzo y Scozzino, sino dejar en claro la responsabilidad de la AFI, Viola y Miragaya. El aparato de Comodoro Py ha jugado a favor de ellos y a ambos se les revocó el procesamiento, incluso con el respaldo del fiscal Carlos Stornelli. Casanello-Dálbora apelaron esa decisión y pelean para que la Cámara Federal, después de un tortuoso trámite, los vuelva a procesar.
En la actualidad se está llevando adelante justamente el juicio por la Ruta del Dinero, en que Casanello dejó fuera de la acusación a Cristina Kirchner porque no encontró ningún vínculo entre el dinero de Báez y la vicepresidenta o alguno de los integrantes de la familia Kirchner. Todas las empresas, sociedades y cuentas del santacruceño tenían como beneficiarios finales a sus hijos. Incluso el constructor hizo un testamento que dice exactamente lo mismo: en caso de fallecimiento, todos sus bienes serían para su familia.
Lo impactante es que en el juicio, la defensa de los hijos de Báez reveló que efectivamente fueron víctimas de una maniobra de la AFI y nombraron en forma explícita a Santiago Viola y Eduardo Miragaya como los responsables. En paralelo, el periodista de C5N, Tomás Méndez, declaró en la causa y sostuvo que la maniobra con los testigos falsos se armó en el bar Exedra, de Córdoba y Carlos Pellegrini, algo que -según él- se podría chequear por la geolocalización de los celulares de quienes participaron del encuentro. Aportó datos que, al menos hasta ahora, no se terminaron de investigar.
Por supuesto que siempre flota la sospecha de que no se rompe la alianza entre Comodoro Py y el aparato de inteligencia ilegal que manejó el macrismo. Por lo cual la investigación avanza poquito y nada.
Diputados aprobó los beneficios fiscales para empresas de tecnología
La Economía del
Conocimiento tiene su ley:
los principales puntos
La iniciativa contó con el respaldo del Frente de Todos y de los interbloques provinciales -Unidad para el Desarrollo, Federal y Movimiento Popular Neuquino-, que sumaron 133; en tanto que 88 integrantes de Juntos por el Cambio se abstuvieron. Los dos diputados de la Izquierda, dos del PRO y Graciela Camaño, de Consenso Federal, fueron los cinco votos en contra.
El proyecto original había sido aprobado por Diputados en junio y luego modificado por el Senado, por lo que la semana pasada regresó a la Cámara baja para su sanción definitiva con la aceptación de las modificaciones introducidas al texto.
La principal diferencia entre ambas sanciones radicaba fundamentalmente en el escalonamiento de los beneficios a las empresas según su volumen, ya sean grandes, medianas o pequeñas. "No se trata de una cuestión discriminatoria sino de administrar recursos escasos, como los fiscales, para que los mismos vayan a los que más los necesitan, y por eso se orientó esa masa de recursos en ese sentido", explicó el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos) al inicio del debate.
Los principales puntos de la ley de Economía del Conocimiento
-El régimen de promoción estará vigente desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029.
-Las actividades comprendidas son la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear.
-Se podrán adherir las empresas constituidas en la Argentina o habilitadas a trabajar en el país.
-Las empresas deberán acreditar que el 70 por ciento de su facturación del último año esté vinculadas a las actividades promovidas.
- En el caso de emprendimientos nuevos se deberá acreditar fehacientemente el desarrollo de las actividades promovidas.
-Los beneficiarios deberán acreditar la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleados: un uno por ciento para las micro empresas, un dos por ciento para las pymes y un cinco por ciento para las grandes.
-Las empresas que inviertan en capacitar a desocupados menores de veinticinco y mayores de 45 años o mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal, podrán computar por el doble de su valor.
-Otro requisito que deben cumplir es realizar exportaciones de bienes de las actividades promovidas en un porcentaje respecto de su facturación total del último año de al menos cuatro por ciento para las Micro Empresas y diez por ciento para las Pequeñas y Medianas Empresas y un trece por ciento para las Grandes Empresas.
-Los beneficiarios de la ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el setenta por ciento de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado.
-Dichos bonos podrán ser utilizados por el término de veinticuatro meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales.
-El bono de crédito fiscal no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la ley.
-El beneficio ascenderá al ochenta por ciento de las contribuciones patronales cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales de mujeres, personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales; profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; o personas residentes de "zonas desfavorables".
-El proyecto crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento.
Los trabajadores dejan el histórico edificio después de 17 años de gestionarlo
Federico Tonarelli sobre la mudanza del Bauen: "Nadie
nos puede decir que no
hemos peleado"
Imagen: Sandra Cartasso
Los trabajadores del Hotel Bauen dejan el histórico edificio de Callao 360 después de 17 años de autogestionarlo. Desde que la noticia se conoció, la semana pasada, Federico Tonarelli no deja de recibir llamados. “Nosotros venimos pensando y discutiendo hace meses dejar el inmueble; tenemos un proceso de internalización de soltarlo ya hecho, y por eso estamos un poco mejor parados emocionalmente que todos los que se van enterando en estos días”, dice a PáginaI12 el referente de la cooperativa. En este momento están rematado muebles, cortinas, colchones, heladeras; todo lo que se pueda vender, para pagar las deudas con los proveedores. Tonarelli asegura que los llamados “son cálidos” --se refiere a toda la militancia social y política de las últimas dos décadas ha pasado alguna vez por el hotel--, a pesar de la enorme frustración que genera la decisión. “Nadie nos puede decir que no hemos peleado; pero los conflictos que tienen al Estado como un actor importante y no se resuelven en el momento en que deben resolverse, finalmente terminan mal", dice.
--¿Por qué lo dejan?
--Tomamos la decisión por una serie de factores, de los que la pandemia fue el último golpe. Trabajamos con los tres rubros más afectados: el turismo, la gastronomía y los espectáculos. En el mundo turístico se piensa que tiene que pasar todavía un año más para la recomposición. Sin vacuna, sin apertura real, con rebrotes en Europa, sin migración interna ni turismo interno… Hay una conjunción de factores que tienen que ver con los servicios que nosotros brindamos que es tremenda para nosotros.
-- Tenían también una orden de desalojo pendiente, con todas las instancias de apelación agotadas.
-El 2 de diciembre pasado fue el último sacudón. Si bien nuevamente logramos evitar el desalojo con movilización, con tres mil personas en la puerta, Mercoteles sigue pidiendo la restitución del inmueble. Venimos además de un 2019 en el que estuvimos seis meses clausurados, el giro comercial nuestro fue nulo. Entonces, ¿en qué situación estamos hoy? Acumulando deudas millonarias. La decisión tiene que ver con eso. No podemos seguir un año así porque no vamos a poder pagar lo que debemos: proveedores, servicios, impuestos…
--¿Cuántos trabajadores tiene la cooperativa?
-Somos 70, de los 130 que supimos ser en casi toda nuestra existencia.
- ¿De qué vienen viviendo?
- Algunos del Ingreso Familiar de Emergencia, aunque sólo los que pudieron cobrarlo, porque como es un ingreso familiar, el que tiene a su compañero con trabajo en blanco no lo cobra. Otros con la asistencia a las cooperativas que da el ministerio de Trabajo, que comparadas con las ATP son ínfimas.
--¿Por qué ínfimas?
-Un trabajador gastronómico, que es el rubro nuestro, para el que su empleador pidió el ATP cobró del estado 34 mil pesos. En cambio, un trabajador gastronómico de una cooperativa como el Bauen cobró 6500 por dos meses y 16.500 otros dos meses. Es una diferencia abismal.
--¿No fueron contratados para recibir pacientes de covid?
-No, se recurrió a otros hoteles, pero a nosotros no. Sabemos que el macrismo tiene un encono fenomenal con la cooperativa, siempre estuvo del lado de la vieja patronal. Algunas de sus clausuras tuvieron que ver con cosas triviales, pero con otras nos pedían cosas imposibles de cumplir. La ciudad nos pedía cuestiones ligadas al inmueble que no estábamos en condiciones de presentar porque no tenemos la posesión legal. Estuvimos 17 años sin habilitación oficial, por ejemplo, aunque cumplíamos con toda la normativa: plan de evacuación, hidrantes, todo como corresponde, pero sin un papel para acreditar la posesión legal del inmueble.
--Que el edificio no se haya expropiado no es atribuible sólo al macrismo. También hubo responsabilidad de los gobiernos kirchneristas.
--Cuando nos referimos a un tema jamás solucionado decimos eso. Nosotros hubiésemos querido que se votara la ley de expropiación antes de que Macri llegara al gobierno nacional. Eso no sucedió, ley se votó en diputados en 2015 (el kirchnerismo esperó hasta la última sesión de diputados de 2015 para aprobarla) y en senadores en 2016. Es decir, se la dejamos servida en bandeja a Macri para el veto. Y con eso, el Estado perdió la posibilidad de recuperar un activo que era suyo, de su patrimonio, porque sabemos que este hotel es patrimonio estatal debido a que las hipotecas con las que fue construido, con créditos del estado, quedaron impagas. Nuestra decisión se basa en ese tema troncal, innegable, y en toda la sucesión de cosas que vinieron ocurriendo desde el veto de Macri hasta acá, las múltiples clausuras de parte de la ciudad y la pandemia que termina siendo un golpe de gracia.
--Anunciaron que la cooperativa no va a desarmarse, sino a buscar un nuevo lugar. ¿El estado nacional va a tener un papel en esa mudanza?
-Estamos trabajando con el INAES (el organismo responsable de promover el cooperativismo) y en conversaciones con los ministerios de Cultura y de Turismo.
-¿Qué quieren hacer?
--Probablemente nos reformulemos como un espacio menos hotelero gastronómico que el actual para pasar a un espacio más gastronómico cultural. Todavía no está claro, pero esa es un poco la idea; depende también de la pandemia, de cuánto dure. Lo que sabemos es que no vamos a tener 200 habitaciones en pleno centro de la ciudad. Entonces, probablemente la preponderancia de la hotelería sobre la gastronomía y la cultura, que teníamos acá, va a invertirse. Eso es más o menos lo que tenemos en mente.
--¿Qué piensan sobre tener que dejar el edificio, tras de 17 años de resistencia, en el gobierno del Frente de Todos?
-A diferencia de todos los que se enteraron ahora, nosotros venimos como un pasito adelante, venimos madurando esto desde hace unos meses, discutiéndolo mucho. Entonces tenemos un proceso de internalización de soltar el edificio y estamos un poco mejor parados emocionalmente que los que recién se enteran. Entendemos que este gobierno se encontró con situaciones que no preveía, con la pandemia y la necesidad de asistir la atención de la salud, y que ni siquiera tuvo tiempo de ocuparse de cuestiones como la nuestra. Lo que sí tenemos claro es que esto tendría que haberse resuelto antes. Y como no se resolvió antes, tenemos este problema hoy.
-Aunque sabemos que la cooperativa del hotel Bauen excede al edificio, no es fácil incorporar la idea.
-No podemos negar la importancia del edificio. Lo que sí estamos haciendo es un trabajo de explicar que todo lo que pasó acá durante los últimos 17 años fue determinación y obra de los miembros de la cooperativa. Este era un hotel ligado a los sectores dominantes, y con los hombres y mujeres que integran la cooperativa se convirtió en su versión antagónica. Ahí es donde hacemos hincapié. Nosotros hemos producido el cambio de lo que ocurrió en este edificio, construyendo el cooperativismo con organizaciones gremiales, políticas, de la cultura. Entonces, si fue posible hacerlo acá, vamos a poder desarrollarlo en otro lugar. Y vamos a poder dormir con los dos ojos cerrados. Porque te aseguro que en estos 17 años hemos salido sobresaltados de la cama infinidad de veces, producto de este problema jamás resuelto. Y en algún punto necesitamos trabajar en paz, dormir tranquilos, proyectar la empresa cooperativa más estratégicamente. Acá todo era la urgencia, porque siempre estaba el fantasma del desalojo, nunca sabíamos qué podía pasar. No es menor eso. En la vida de un trabajador estar así 17 años es demoledor. Desde lo emocional, desde lo físico, desde lo familiar… Lo primero que decimos es que no se nos puede reclamar no haber peleado. Segundo, para nosotros fue demoledor en lo personal, para cada uno de nosotros, y aún así pudimos. Entonces, estando un poco más aliviados, creo que vamos a poder hacer mucho más.
Los ataques judiciales a la cooperativa
Después de 42 años, cierra el Hotel Bauen. La historia de la cooperativa, sin embargo, comenzó en 2001, cuando la empresa que gestionaba el hotel (Solari SA) quebró y abandonó el edificio, dejando a la deriva a todos sus empleados. Sin resignarse a perder los puestos de trabajo en plena crisis, en 2003 los trabajadores y trabajadoras formaron una cooperativa y empezaron a autogestionar el hotel. En 2007, apareció en la escena la empresa Mercoteles SA reclamando la propiedad del hotel y dando comienzo a una larga batalla legal con amenazas de desalojo que perduraron hasta la actualidad.
En el año 2016, luego de una ardua lucha, los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa lograron que, en la última sesión parlamentaria del año, se sancionase una ley que declaraba el edificio de utilidad pública y aprobaba la expropiación del tradicional Hotel Bauen. La idea era que el Estado expropiara el edificio a cambio de los créditos impagos durante 40 años y le otorgase la gestión del hotel a la cooperativa. Pero el gobierno de Mauricio Macri vetó la ley y, a partir de entonces, comenzó un nuevo derrotero judicial que llevó a que, en el 2019, el hotel estuviera clausurado durante varios meses. Finalmente, a las reiteradas batallas judiciales se le sumó la pandemia, que terminó volviendo imposible su supervivencia.
El reporte del Ministerio de Salud
Coronavirus en Argentina:
se registraron 401 muertos
y 16.447 casos en las últimas
24 horas
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 401 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 22.226. Además se registró el récord de contagios diarios: se reportó 16.447 positivos, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García.
Con estos registros, suman 840.915 positivos en el país. Por su parte, del total de contagiados, hay 3.997 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 62,8 por ciento a nivel nacional y en un 63 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reporte completo
📌 Hoy fueron confirmados 16.447 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 840.915 positivos en el país, de los cuales 670.725 son pacientes recuperados y 147.964 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 401 nuevas muertes, son 214 hombres y 187 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 22.226*.*Dos hombres, residentes en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, fueron reclasificados.
📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 29.441 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.140.435 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 47.170 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:Buenos Aires 5.222 | 451.286
Ciudad de Buenos Aires 956 | 131.797
Catamarca 8 | 335
Chaco 207 | 9.693
Chubut 381 | 5.624
Córdoba 1.749 | 44.942
Corrientes 5 | 1.361
Entre Ríos 170 | 8.619
Formosa -1 | 105
Jujuy 65 | 16.355
La Pampa 33 | 930
La Rioja 119 | 5.430
Mendoza 771 | 29.336
Misiones 7 | 125
Neuquén 1204 | 10.690
Río Negro 339 | 14.991
Salta 289 | 14.251
San Juan 6 | 993
San Luis 125 | 2.000
Santa Cruz 162 | 5.780
Santa Fe 2.137 | 55.031
Santiago del Estero 60 | 4.228
Tierra del Fuego** 216 | 5.636
Tucumán 2.217 | 21.377
Fuente:Pagina12
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